Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01053-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01053-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01053-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
1 de abril de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01053-00
Accionante: Bibiana Judith Calderón Rico
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01053-00
Accionante: BIBIANA JUDITH CALDERÓN RICO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Tesis: La solicitud de amparo es improcedente cuando
está dirigida en contra de un fallo de tutela.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Bibiana Judith
Calderón Rico en contra del fallo proferido el 6 de diciembre de 2021 por
la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
expediente de tutela nro. 11001 0315 000 2021 04265 01.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora, actuando por conducto de apoderado, promovió acción
de tutela en contra de la precitada providencia con el fin de que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo
vital, seguridad social y vida digna, para lo cual formuló las siguientes
pretensiones1:
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 01053 00.
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Accionante: Bibiana Judith Calderón Rico
“[…] PRIMERO: DECLARAR, que la SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO no tenía que reabrir la
CONTROVERSIA ADMINISTRATIVA promovida por la señora BIBANA
(sic) JUDITH CALDERON RICO en contra de la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, porque eso ya estaba definido por el
H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN E.
SEGUNDO: DECLARAR, que la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
DEL CONSEJO DE ESTADO, tuvo conocimiento de la parte
considerativa como resolutiva de la sentencia de segunda instancia
proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E.
TERCERO: DECLARAR, que la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
DEL CONSEJO DE ESTADO, decidió no tener en cuenta las
consideraciones jurisprudenciales y legales realizadas por el H.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN E, en su fallo de segunda instancia,
proferido el 04 de junio de 2021.
CUARTO: DECLARAR, que la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
DEL CONSEJO DE ESTADO, en la sentencia de tutela proferida el 06
de diciembre de 2021 incurrió en una VÍA DE HECHO - POR DEFECTO
SUSTANTIVO al interpretar una disposición normativa desbordando
el sentido de la misma.
QUINTO: DECLARAR, que la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
DEL CONSEJO DE ESTADO, en la sentencia de tutela proferida el 06
de diciembre de 2021 incurrió en una VÍA DE HECHO - POR DEFECTO
SUSTANTIVO al interpretar una norma sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso, las cuales son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática.
SEXTO: Como consecuencia de lo anterior, declarar que la decisión
proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO
DE ESTADO no acató el precedente jurisprudencial constitucional en
la sentencia de tutela proferida el 06 de diciembre de 2021 y como
consecuencia de ello, se vulneraron derechos fundamentales ya
mencionados de la señora BIBANA (sic) JUDITH CALDERON RICO.
SÉPTIMO: Que se declare que con la decisión proferida la SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO persiste la
vulneración de derechos fundamentales de la señora BIBANA (sic)
JUDITH CALDERON RICO.
OCTAVO: TUTELAR los derechos fundamentales de la ACCIONADA al
DEBIDO PROCESO; al TRABAJO; al MÍNIMO VITAL; a la SEGURIDAD
SOCIAL y a la VIDA DIGNA, los cuales siguen siendo vulnerados por
las actuaciones y omisiones realizadas por la SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO.
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Accionante: Bibiana Judith Calderón Rico
NOVENO: Con el fin de garantizar el restablecimiento de los
Derechos Fundamentales de la ACCIONADA al DEBIDO PROCESO; al
TRABAJO; al MÍNIMO VITAL; a la SEGURIDAD SOCIAL y a la VIDA
DIGNA, respetuosamente solicito DEJAR SIN EFECTO la sentencia de
tutela proferida el 06 de diciembre de 2021 por la SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO, mediante la
cual se ordenó la revocatoria del fallo de segunda instancia proferido
el 04 de junio de 2021, por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E.
DÉCIMO: Con el fin de garantizar el restablecimiento de los Derechos
Fundamentales de la ACCIONADA al DEBIDO PROCESO; al
TRABAJO; al MÍNIMO VITAL; a la SEGURIDAD SOCIAL y a la VIDA
DIGNA, respetuosamente solicito DAR CUMPLIMIENTO en un
término máximo de 48 horas, al fallo de segunda instancia proferido
el 04 de junio de 2021, por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E.
DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a la SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO no reabrir ningún proceso
de carácter judicial referente a la nulidad de la resolución 0209 del
02 de marzo de 2015, cuando exista fallo judicial que ya los haya
reconocido y que, en esa medida, respete las decisiones que hacen
tránsito a cosa juzgada y garantice la seguridad jurídica que se
obtiene a través de los fallos judiciales […]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La actora informó que promovió demanda bajo el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Indicó que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, en sentencia del 30 de
septiembre de 2019, negó las pretensiones.
Sostuvo que, en contra de la precitada decisión, interpuso recurso de
apelación y la Subsección E, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en providencia del 4 de junio de 2021, la revocó y
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de
declarar la nulidad del acto administrativo que tuvo por terminado el
nombramiento en provisionalidad y, a título de restablecimiento del
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derecho, ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil a reintegrarla
sin solución de continuidad.
Explicó que el juez de segunda instancia resolvió el asunto con
fundamento en la sentencia de unificación SU – 917 de 2010, proferida
por la Corte Constitucional, en la que se estableció “que la falta de
motivación de los actos administrativos que desvinculen a los funcionarios
públicos en cargos provisionales constituye una violación al derecho
fundamental del debido proceso”2.
Aseguró que, mediante la Resolución nro. 1029 del 25 de octubre de
2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil cumplió el fallo proferido
el 4 de junio de 2021.
Informó que la Registraduría Nacional del Estado Civil interpuso acción de
tutela en contra de la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por la
Subsección E, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que correspondió por reparto a la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, y en fallo del 9 de septiembre de 2021, negó el
amparo.
Añadió que la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó
impugnación en contra de la sentencia de primera instancia y la
Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en fallo proferido
el 6 de diciembre de 2021, la revocó, amparó el derecho fundamental al
debido proceso de la entidad y, por consiguiente, dejó sin efectos la
providencia del 4 de junio de 2021.
Alegó que en el fallo proferido el 6 de diciembre de 2021 por la Subsección
B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, se configuró un defecto
sustantivo porque se desconoció la sentencia de unificación SU – 917 de
2
Ibídem.
4
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2010, así como la providencia T - 147 de 2013, proferidas por la Corte
Constitucional.
Acotó que en el fallo cuestionado se hizo una interpretación parcial del
literal c), del artículo 20, de la Ley 1350 de 2009.
Expuso que esta acción de amparo es procedente para atacar el aludido
fallo de tutela, puesto que se trata de la protección del derecho
fundamental al debido proceso.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. Por auto del 17 de febrero de 20223, fue admitida la acción de tutela
y se dispuso notificar a los consejeros que integran la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado; vincular, por tener interés en el
resultado del proceso, a los consejeros que integran la Sección Cuarta de
esta Corporación, a los magistrados de la Subsección E, Sección Segunda,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y al representante legal de
la Registraduría Nacional del Estado Civil4.
En dicho proveído fue negada la medida cautelar solicitada por la parte
actora y se preciso que “no será solicitado el expediente de tutela motivo
de esta acción dado que puede ser consultado en el aplicativo SAMAI”.
3.2. El consejero Julio Roberto Piza Rodríguez, quien fue ponente del fallo
de tutela proferido en primera instancia el 9 de septiembre de 2021,
rindió informe en oportunidad vía correo electrónico5, en el que solicitó la
desvinculación del trámite porque la accionante no cuestiona ninguna
3
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 01053 00.
4
Esta orden se cumplió el 22 de febrero de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
01053 00.
5
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 01053 00.
5
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decisión emitida por la Sección Cuarta de esta Corporación, sino que ataca
la sentencia del 6 de diciembre de 2021 de la Subsección B, Sección
Segunda, del Consejo de Estado.
3.3. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado
Civil remitió informe en término vía correo electrónico6, en el que sostuvo
que la acción no es procedente por cuanto se ataca lo resuelto en un fallo
de tutela.
3.4. Los señores Diana Biviana Díaz Rincón y Rodrigo Tovar Garcés, en
“condición de Registradores Distritales del Estado Civil”, rindieron informe
en oportunidad vía correo electrónico7, en el que indicaron que la solicitud
de amparo es improcedente porque se dirige contra un fallo de tutela.
3.5. La Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, y la
Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca guardaron silencio.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,8 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril
de 20219, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro.
6
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 01053 00.
7
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 01053 00.
8
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
9
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
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Accionante: Bibiana Judith Calderón Rico
080 del 12 de marzo de 201910 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la petición de desvinculación del presente trámite tutelar
que formuló el señor consejero Julio Roberto Piza Rodríguez, la Sala
advierte que dicha solicitud no es procedente, comoquiera que su
vinculación se hizo en calidad de tercero con interés en el proceso y así
se dispondrá en la parte resolutiva.
4.3. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:
4.3.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil interpuso acción de tutela
con el fin de controvertir la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por
la Subsección E, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. TUTELAR, los derechos fundamentales al debido proceso
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 4 de junio de
2021 por la citada Corporación, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 11001- 3335-007 – 2016- 00458-02.
2. REVOCAR la sentencia del cuatro (4) de junio de 2021 proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E (…) dentro del proceso radicado 11001-
3335-007-2016-00458-02, y DECLARAR que violó el artículo 29 de
la Constitución Política de Colombia.
10
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por la parte actora, así como de la
consultada adelantada en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del expediente de
tutela con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 04265 00.
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Accionante: Bibiana Judith Calderón Rico
3. ORDENAR, la revisión de la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN E (…), el día cuatro (04) de junio de 2021, a fin de que
se garantice el debido proceso y profiera la providencia de reemplazo
[…]”.
4.3.2. La tutela correspondió por reparto a la Sección Cuarta del Consejo
de Estado que, en sentencia del 9 de septiembre de 2021, negó las
pretensiones.
4.3.3. Inconforme con la decisión de primera instancia, los apoderados de
la Registraduría Nacional del Estado Civil la impugnaron y la Subsección
B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en fallo proferido el 6 de
diciembre de 2021, dispuso:
“[…] PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de 9 de septiembre de 2021,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó́ el
amparo del derecho al debido proceso invocado por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
SEGUNDO. - CONCEDER el amparo del derecho fundamental al
debido proceso, deprecado por Registraduría Nacional del Estado
Civil, y en consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia de 4 de junio
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, por los motivos señalados en esta
decisión.
TERCERO. - ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, que, dentro del término de treinta
(30) días siguientes a la notificación de esta providencia, emita una
decisión de reemplazo, tomando como referente los argumentos
expuestos en la parte motiva de esta providencia. Sin perjuicio de la
autonomía que le asiste, para adoptar la decisión de fondo que
corresponda […]”.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
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Accionante: Bibiana Judith Calderón Rico
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la
Corte Constitucional ha establecido que “no se trate de sentencias de
tutela”12; lo anterior, debido a que, “conforme con el procedimiento
establecido para adelantar este tipo de procesos –artículo 86 de la
Constitución Política y Decreto Estatutario 2591 de 1991− los errores en
que incurren los jueces de instancia y que afectan el derecho al debido
proceso, pueden ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional en
sede de revisión”13.
En ese sentido, se tiene que la regla general es que la acción de amparo
es improcedente para cuestionar un fallo de tutela; sin embargo, en la
sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional unificó jurisprudencia
respecto “de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la
sentencia”, así:
“[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por
distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él
o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela,
la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia
ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena
o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo
procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante
el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente,
12
Corte Constitucional. Sentencia C- 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
13
Corte Constitucional. T - 286 del 23 de julio de 2018. M.P.: José Fernando Reyes
Cuartas.
9
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que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de
una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista
otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si
éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar,
notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la
demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se
trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha
sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener
la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional […]”.
En el asunto bajo examen, la accionante, a través de este mecanismo,
controvierte el fallo de tutela proferido el 6 de diciembre de 2021 por la
Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, y para ello alega
que en dicha providencia se incurrió en defecto sustantivo porque fue
desconocida la sentencia de unificación SU – 917 de 2010, así como la
providencia T - 147 de 2013, ambas proferidas por la Corte
Constitucional; también adujo que se hizo una interpretación parcial del
literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la petición de amparo deviene
improcedente, porque la parte actora ataca un fallo de tutela y no
demuestra de manera clara y suficiente que la decisión adoptada haya
sido producto de una situación de fraude, puesto que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional, para la configuración de la cosa juzgada
fraudulenta “se requiere estar en presencia de un proceso que
formalmente ha cumplido con todos los requisitos procesales, pero que
materializa, en esencia, un negocio jurídico fraudulento a través de
10
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medios procesales, e implica un perjuicio ilícito a terceros y a la
comunidad”14.
También ha precisado que “la cosa juzgada fraudulenta no se configura
únicamente en el evento en que se adopte una decisión con fines ilegales
ligados a una intención dolosa, sino que también se materializa en
aquellos eventos en los que el juez adopta una decisión fundada en el
fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial”15.
Sin embargo, en este evento, la parte actora no alegó ni acreditó que el
fallo de tutela haya sido adoptado de manera ilegal o con fraude a la ley;
por el contrario, la accionante sustenta la petición de amparo en la
consideración que el fallo de tutela incurrió en defecto sustantivo, de
modo que lo que se observa es que pretende controvertir lo decidido en
la sentencia por no estar de acuerdo con lo resuelto.
En consecuencia, la petición de amparo es improcedente por cuanto está
dirigida en contra de un fallo de tutela y no se advierte que en dicha
decisión exista fraude.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el señor consejero Julio
Roberto Piza Rodríguez, según lo señalado en precedencia.
14
Corte Constitucional. Sentencia T – 073 del 25 de febrero de 2019. M.P.: Carlos Bernal
Pulido.
15
Ibídem.
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la señora Bibiana Judith Calderón Rico en contra del fallo proferido el
6 de diciembre de 2021 por la Subsección B, Sección Segunda, del
Consejo de Estado, por lo explicado en la parte motiva.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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