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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01070-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01070-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 28 de abril de 2023, por medio de la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por el municipio de Sopó y, en su lugar, NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso del municipio de Sopó, en consideración a los motivos expuestos. 9 Ver pie de página 8. 10 de 11 Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01 Demandante: Municipio de Sopó Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia Decisión: Revoca - Niega ______________________________________________________________________________________________________________ SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01070-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 28 de septiembre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01
Demandante: Municipio de Sopó
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la decisión de segunda instancia
mediante la cual se revocó la sentencia de primer grado que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, accedió a las mismas, en una demanda de nulidad y
restablecimiento en la que se cuestionó un acto administrativo que declaró insubsistente a
un servidor nombrado en un cargo de carrera, en provisionalidad.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por la parte demandante, en contra de la
Sentencia de 28 de abril de 2023, mediante la cual la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo por no superar el requisito de relevancia constitucional.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Trámite de la acción de tutela. 1.3.
Sentencia de primera instancia e impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 11 de febrero de 2022, el municipio de Sopó, a través de
apoderada judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, así como del principio de seguridad
jurídica, con ocasión de la expedición de la Sentencia de 30 de noviembre
de 2021, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 25899-33-33-003-2017-00277-01.

1 El artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01
Demandante: Municipio de Sopó
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - Niega
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERA: Con fundamento en los hechos mencionados, solicito de los
Honorables Consejeros de Estado, TUTELAR los derechos fundamentales al
Debido Proceso, Defensa, Acceso a la Administración de Justicia y Seguridad
Jurídica y/o los demás derechos que encuentren vulnerados al estudiar de
fondo el presente asunto.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, ordenar anular y/o dejar sin
efectos la Sentencia proferida el 30 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “F” con
Ponencia de la Magistrada Beatriz Helena Escobar Rojas, mediante la cual
dicho Tribunal revocó la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral Zipaquirá de 31 de julio de 2019,
proferidas dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho Radicado bajo el No. 25899-33-33-003-2017-00277-00 instaurada por el
señora Carlos Alirio Rueda Lozada en contra del Municipio de Sopó.

TERCERA: De acuerdo con los diferentes lineamientos mayoritarios del Consejo
de Estado y de los “precedentes” constitucionales esbozados, en casos como
el presente y como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al Tribunal
accionado que en un plazo no superior a los 20 días siguientes a la notificación
de la providencia que ampare los derechos fundamentales solicitados, emita
la decisión de reemplazo, tomando como referente las motivaciones o los
precedentes judiciales que en este escrito hemos sustentado y en
consecuencia se nieguen las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del Derecho.

CUARTA: De ser procedente solicito se vincule al señor Carlos Alirio Rueda
Lozada a efectos de que ejercite su derecho a la defensa y contradicción.

QUINTA: Se profieran las demás órdenes que el Despacho disponga para el
cumplimiento debido del fallo de tutela que se profiera.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:

4. 1) Carlos Alirio Rueda Lozada estuvo vinculado, en provisionalidad, al
municipio de Sopó, en el cargo de celador, grado 477, código 10. Su
nombramiento fue prorrogado en varias ocasiones mediante Decretos No.
78 de 8 de mayo de 2014, 179 de 7 de noviembre de 2014, 63 de 7 de
mayo de 2015, 173 de 4 de noviembre de 2015, 81 de 3 de mayo de 2016,
179 de 1 de noviembre de 2016 y 63 de 27 de abril de 2017.

5. 2) Mediante Decreto No. 98 de 30 de mayo de 2017, dicho ente
territorial dio por terminado el nombramiento en provisionalidad del señor
Rueda Lozada.

6. 3) Carlos Alirio Rueda Lozada presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Decreto No. 98 de 30 de mayo de
2017, con fundamento en que el referido acto administrativo se
encontraba viciado de nulidad pues fue expedido: (a) con infracción a las

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01
Demandante: Municipio de Sopó
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - Niega
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normas en que debían fundarse, toda vez que no se basó en una causal
admisible para dar por terminado el nombramiento en provisionalidad, (b)
con falsa motivación, ya que no hubo razones objetivas y específicas que
justificaran la terminación del vínculo con la autoridad administrativa y, (c)
con desviación de poder, en atención a que la desvinculación tuvo como
base unos motivos diferentes a los incorporados en el acto (no especificó
cuáles eran esos motivos).

7. 4) El asunto le correspondió al Juzgado 3 Administrativo de Zipaquirá
que, mediante Sentencia de 30 de noviembre de 2021, negó las
pretensiones de la demanda. Para ello, indicó que los empleados
nombrados en provisionalidad gozaban de una estabilidad relativa, que
esa designación no se equiparaba con la de los empleados nombrados en
propiedad. Señaló que el acto administrativo se fundamentó en la causal
de vencimiento del plazo de nombramiento, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Agregó que no existió ninguna
prueba que permitiera concluir que la desvinculación obedeció a una
venganza personal. Por último, expresó que el señor Rueda Lozada no
gozaba de fuero sindical, como circunstancia que exigiera algún tipo de
autorización para la terminación del vínculo con la autoridad
administrativa.

8. 5) Carlos Alirio Rueda Lozada apeló esa decisión2 y, el 30 de
noviembre de 2021, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia apelada, accedió a
las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del acto administrativo
demandado y ordenó al municipio de Sopó que reconociera y pagara los
salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el reintegro efectivo del
demandante al cargo que desempeñaba.

9. La autoridad judicial evidenció que el municipio de Sopó no había
realizado los trámites necesarios para adelantar el concurso de méritos
para la provisión de empleos de carrera administrativa en vacancia
definitiva. Adicional a lo anterior, encontró que la única motivación para la
desvinculación del señor Rueda Lozada fue la finalización del plazo de
nombramiento. Sin embargo, no se observaron razones tales como el
mejoramiento del servicio, u otra razón objetiva que justificara la necesidad
de desvincular al demandante.

2 En el recurso de apelación el demandante insistió en que el acto administrativo estuvo viciado de las causales

de infracción a las normas en que debía fundarse y falsa motivación. Adicional a lo anterior, agregó que el
argumento de la autoridad administrativa referente al vencimiento del término del nombramiento no constituía
una razón suficiente para su desvinculación, en atención a que no existía una persona en carrera que ocupara
ese cargo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01
Demandante: Municipio de Sopó
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - Niega
______________________________________________________________________________________________________________

10. El fundamento de la vulneración radicó en que, a su juicio, la
decisión adoptada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente.

11. Sobre el defecto sustantivo indicó que la autoridad judicial
accionada no tuvo en cuenta que, de conformidad con el artículo 10 del
Decreto 1227 de 2005 y 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015, el vencimiento
del término de un nombramiento es una causal de retiro de un empleado
en provisionalidad.

12. En relación con el defecto fáctico indicó que el tribunal accionado
no valoró de manera adecuada la motivación del Decreto No. 98 de 30
de mayo de 2017, pues dicho decreto se fundamentó en razones que no
constituían una justa causa para dar por terminado el nombramiento.

13. Por último, indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desconoció el precedente contenido en las Sentencias de la Corte
Constitucional T-147 de 2013, T-407 de 2016, T-84 de 2018 y del Consejo de
Estado de 26 de febrero de 2015, Rad. 2014-02479; de 17 de septiembre de
2014, Rad. 2014-00824; de 24 de mayo de 2019, Rad. 2019-00637; de 8 de
octubre de 2020, Rad. 2020-00345; de 25 de febrero de 2021, Rad. 2021-
00019 y de 30 de agosto de 2021, Rad. 2021-02247, las cuales hicieron
referencia al vencimiento del periodo de nombramiento en
provisionalidad, como causa justificada para la desvinculación del servicio.

1.2. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante Auto de 15 de febrero de 2022, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción constitucional,
tuvo como demandada a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y vinculó a Carlos Alirio Rueda Lozada y al Juzgado 3
Administrativo de Zipaquirá.

15. El 18 de marzo de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió sentencia mediante la que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por el aparente incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. Decisión que fue impugnada por el
municipio de Sopó.

16. Esta Sala, como juez de tutela de segunda instancia, en Sentencia
de 17 de agosto de 20223, revocó la decisión de primer grado y, en su
lugar, accedió a las súplicas de amparo de la parte actora.

3 Rad. 11001-03-15-000-2022-01070-01

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01
Demandante: Municipio de Sopó
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - Niega
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17. El 25 de enero de 2023, Carlos Alirio Rueda Lozada formuló un
incidente de nulidad con fundamento en las causales 4 y 8 del artículo 133
del CGP4, esto es, por indebida representación de las partes y falta de
notificación del auto admisorio.

18. Con Auto de 10 de marzo de 2023, el despacho ponente encontró
configurada la causal de nulidad alegada y, en consecuencia, decretó la
nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la acción de
tutela. Por tal razón, ordenó la devolución del expediente a primera
instancia, con el fin de que se rehiciera el trámite respectivo.

1.3. Sentencia de primera instancia e impugnación

19. Una vez se adelantó el trámite procesal del asunto, con posterioridad
a la declaratoria de nulidad, mediante Sentencia de 28 de abril de 2023, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.
Para ello señaló que los reparos planteados por la parte demandante
estaban encaminadas a mostrar su desacuerdo con las conclusiones a las
que llegó el juez natural del asunto, por lo cual evidenció que lo
pretendido por el demandante era utilizar este mecanismo constitucional
como si se tratara de una instancia adicional.

20. La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia.
Para ello señaló que lo pretendido con la acción de tutela no era acudir a
una instancia adicional al proceso ordinario, sino solicitar la protección de
los derechos fundamentales en los que incurrió la autoridad judicial con los
defectos advertidos. Insistió en la configuración de los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente, como fueron propuestos en el escrito de
la acción de tutela.

21. Hizo referencia a que la interposición de la acción de tutela
obedeció a la aparente vulneración de derechos fundamentales,
ocasionada con la expedición de la sentencia de segunda instancia por
parte de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento No. 25899-33-33-003-2017-00277-01, y no se trataba de un
abuso de los mecanismos judiciales, como lo puso de presente y pretendió
hacerlo ver el señor Rueda Lozada en el informe rendido.

4 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(…) 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder. (…) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación
del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. (…)”

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01
Demandante: Municipio de Sopó
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - Niega
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Identificación de defectos. 2.3. Sobre la
postura del vencimiento del término de un nombramiento, como causal válida para la
desvinculación de un servidor designado en un cargo en provisionalidad 2.4. Fijación de la
controversia. 2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.6.
Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos fundamentales. 2.7.
Conclusión.

2.1. Identificación de derechos

22. Pese a que la parte accionante, en su solicitud de amparo, señaló
como vulnerados varios derechos fundamentales, esta Sala centrará su
análisis en la violación del derecho al debido proceso, pues ante una
presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una
actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado
durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Asimismo, la vulneración
de los demás derechos invocados, surge como consecuencia de la misma
afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de encontrar
lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo.

2.2. Identificación de defectos

23. La Sala estima pertinente precisar que, si bien, la parte demandante
alegó en el escrito de tutela la configuración de un defecto fáctico, lo
cierto es que no cumplió con la carga argumentativa mínima, ya que su
reparo se circunscribió a la valoración inadecuada de la motivación
contenida en el Decreto 98 de 30 de mayo de 2017, lo cual, resulta ser una
reiteración de lo planteado a título de los demás defectos, esto es, del
defecto sustantivo y del desconocimiento del precedente, los cuales
giraron en torno a la normatividad y jurisprudencia sobre dicho aspecto. Es
más, en la impugnación, nada se dijo sobre el presunto defecto fáctico,
motivo por el cual, al igual que el juez de tutela de primera instancia, esta
Sala se sustraerá de su estudio.

2.3. Sobre la postura del vencimiento del término de un nombramiento,
como causal válida para la desvinculación de un servidor designado en un
cargo en provisionalidad

24. Esta Sala de Decisión, en una oportunidad anterior5, había accedido
a la solicitud de amparo presentada por el municipio de Sopó, en este tipo
de asuntos, toda vez que, se había considerado que se configuraban los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente en la medida en

5 Sentencia de 30 de agosto de 2021, Expediente No. 11001-03-15-000-2021-02247-01.

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Decisión: Revoca - Niega
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que, de conformidad con los artículos 10 del Decreto 1227 de 2005 y
2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, así como la posición de la Corte
Constitucional fijada en las Sentencias T-753 de 2010, T-147 de 2013, T-360
de 2015 y T-407 de 2016, el vencimiento del término de un nombramiento
constituía una causal válida para el retiro de un servidor designado en un
cargo en provisionalidad.

25. Sin embargo, se debe advertir que, como se pondrá de presente
más adelante, no existe un criterio jurisprudencial unificado sobre el tema,
motivo por el que la Sala, en lo sucesivo, analizará cada caso en concreto
de conformidad con la motivación de la sentencia objeto de tutela y los
defectos alegados, pues si bien a la fecha resulta pacífico que los actos de
desvinculación de servidores nombrados en provisionalidad deben ser
motivados, lo cierto es que no existe una sola postura en lo referente al
vencimiento del plazo de nombramiento, como causal de motivación
válida para la desvinculación de servidores designados en provisionalidad.

2.4. Fijación de la controversia

26. Establecer, luego de verificados los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, si la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como juez
de segunda instancia, incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente6 sobre la motivación del acto de
terminación del nombramiento en provisionalidad cuando se produce el
vencimiento del término. Como consecuencia de lo anterior, se procederá
a confirmar, modificar o revocar el fallo impugnado, según sea el caso.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7

27. La Sala advierte que esta acción de tutela es procedente porque no
existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la providencia enjuiciada (14/12/2021) y la de interposición
de la presente acción de tutela (11/2/2022). (3) No se enjuició un fallo de
tutela, pues la controversia se relaciona con la sentencia de segunda
instancia proferida en un proceso de nulidad y restablecimiento del

6 Puntualmente, respecto de los artículos 10 del Decreto 1227 de 2005 y artículo 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de

2015 y de las sentencias de la Corte Constitucional T-147 de 2013, T-407 de 2016, T-84 de 2018, y del Consejo de
Estado de 26 de febrero de 2015, Rad. 2014-02479; 17 de septiembre de 2014, Rad. 2014-00824; 24 de mayo de
2019, Rad. 2019-00637; 8 de octubre de 2020, Rad. 2020-00345; 25 de febrero de 2021, Rad. 2021-00019 y 30 de
agosto de 2021, Rad. 2021-02247.
7 Este análisis se hace de conformidad con el orden establecido en la Sentencia T-66 de 2019 de la Corte

Constitucional.

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Decisión: Revoca - Niega
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derecho. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible
los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.

28. Contrario a lo señalado por el juez de tutela de primer grado, (5) la
controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta
afectación de la garantía fundamental al debido proceso, con ocasión de
la aparente errada interpretación de la normativa relacionada con la
terminación del plazo, como causal de desvinculación de un servidor
público. Adicional a lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela
no se interpuso con el objeto de utilizarla como una instancia adicional al
proceso ordinario, en la medida en que lo cuestionado a través de los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, es la incorrecta
aplicación normativa y jurisprudencial, la cual podría tener incidencia en
los derechos reclamados por la autoridad demandante.

2.6. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

29. La Sala negará la solicitud de amparo al no advertir la configuración
de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

30. Según la parte actora, la autoridad judicial demandada pasó por
alto que el vencimiento del término de duración del nombramiento en
provisionalidad constituía una razón de motivación para su terminación, de
conformidad con la jurisprudencia y la normatividad.

31. Para resolver, es preciso indicar que, el Tribunal demandado, al
proferir la Sentencia de 30 de noviembre de 2021, hizo alusión a las
Sentencias de la Corte Constitucional SU-250 de 1998, SU-917 de 2010, T-147
de 2013 y SU-556 de 2014 y del Consejo de Estado de 23 de octubre de
2012, Rad. 11001-03-15-000-2012-00671-01(AC), 3 de diciembre de 2015,
Rad. 11001-03-15-000-2015-01280-01y 25 de febrero de 2016, Rad. 11001-03-
15-000-2015-02002-01, para indicar que la motivación del acto de
desvinculación de provisionales era un requisito propio del debido proceso
y, a su vez, que dicha motivación debía cumplir con el principio de razón
suficiente. Además, citó apartes de las mencionadas providencias en las
que se abordó lo relacionado con la desvinculación por terminación del
período de 6 meses fijados desde el nombramiento y, en virtud de las
mismas, precisó que esa no era una causal de retiro y concluyó (se
trascribe):

“(…) el acto de retiro de los empleados provisionales debe seguir la regla
general de motivación de los actos administrativos, pues quien ejerce un
cargo en provisionalidad no puede asimilarse a un empleado de libre

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nombramiento y remoción, ya que su origen legal no es la confianza para
ejercer funciones de dirección o manejo, sino la necesidad inmediata de suplir
una vacante y evitar la paralización de la función pública mientras se surten
los procedimientos ordinarios para proveerla con absoluto rigor.

En el presente asunto la desvinculación del actor se fundamentó en el
vencimiento del plazo del nombramiento provisional, y frente a dicha causal la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha concluido que la desvinculación
de un servidor provisional por la sola terminación del plazo del nombramiento,
incumple con el principio de razón suficiente.
(…)
De conformidad con lo expuesto, se advierte que el solo vencimiento del
plazo no constituye una razón válida para que se entienda que el retiro del
empleado provisional esté suficientemente justificado, pues dicho plazo solo se
entiende concedido por la norma para iniciar el proceso de convocatoria y
proveer los cargos a través de un concurso de méritos y no para justificar la
razón en que se funda la desvinculación del servidor.”

32. Por su parte, el municipio demandante alegó que conforme con lo
dispuesto en los artículos 10 del Decreto 1227 de 2005 y 2.2.5.3.4 del
Decreto 1083 de 2015, así como las sentencias de la Corte Constitucional T-
147 de 2013, T-407 de 2016, T-84 de 2018 y del Consejo de Estado de 26 de
febrero de 2015, Rad. 2014-02479; 17 de septiembre de 2014, Rad. 2014-
00824; 24 de mayo de 2019, Rad. 2019-00637; 8 de octubre de 2020, Rad.
2020-00345; 25 de febrero de 2021, Rad. 2021-00019 y 30 de agosto de 2021,
Rad. 2021-02247, es posible determinar que el vencimiento del plazo del
nombramiento, si era una razón suficiente para desvincular a un empleado
designado en provisionalidad en un cargo.

33. Al respecto, la Sala advierte que, pese a que no cabe duda de que
los actos de desvinculación de empleados designados en provisionalidad
deben contener la motivación referente al retiro del servicio del empleado,
lo cierto es que actualmente no existe una postura unificada8 respecto de
si el vencimiento del plazo del nombramiento constituye una razón válida
para la desvinculación.

34. Por lo anterior, era válido que la autoridad judicial cuestionada
considerara que el vencimiento del plazo de nombramiento, por sí solo, no
constituía un motivo suficiente para dar por terminado ese nombramiento
en provisionalidad del señor Rueda Lozada, de conformidad con la
normatividad y el precedente, en el que se sustentó esa decisión.

8 Al respecto el Consejo de Estado ha establecido, de un lado, que el vencimiento del plazo de nombramiento

no es razón suficiente para desvincular a un servidor público de provisionalidad (ver, entre otras, la Sentencia de
la Sección Segunda del Consejo de Estado de 19 de febrero de 2015 proferida en el expediente No. 50001-23-33-
000-2013-00012-01), de otro lado ha establecido que dicho plazo si podría constituir razón suficiente (ver, entre
otras, la Sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 22 de abril de 2021 proferida en el
expediente No. 11001-03-15-000-2021-00109-01). En similar sentido la Corte Constitucional ha indicado que la
desvinculación de un empleado provisional debe motivarse de manera clara, detallada y precisa, y debe
obedecer a razones objetivamente fundadas, relacionadas con el servicio (Sentencia SU-917 de 2010), pero
también señaló que la expiración del plazo del nombramiento constituye justificación para la desvinculación de
quien ocupa un cargo en provisionalidad (Sentencia T-407 de 2016).

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01
Demandante: Municipio de Sopó
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - Niega
______________________________________________________________________________________________________________

35. En atención a lo expuesto, la Sala considera que el análisis
efectuado por la autoridad judicial accionada fue razonado y
fundamentado, ya que acogió una postura9 de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, y analizó la controversia de conformidad con el
ordenamiento jurídico legal y vigente y la jurisprudencia que era aplicable
a su caso en concreto, en ejercicio de la autonomía judicial.

36. Así, el fallo que se pretende sea dejado sin efectos a través de la
acción de tutela, no incurrió en los defectos alegados, en la medida en
que la aplicación normativa y jurisprudencial realizada no fue contraria a
la Constitución o la normatividad aplicable el caso, sino que precisamente
se fundamentó en el ordenamiento jurídico legal y vigente, además fue
válidamente sustentada, si se tiene en cuenta que se fundamentó en
precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

37. En ese orden, el operador judicial, en ejercicio de su función de
aplicación e interpretación acogió una postura y adoptó una decisión
razonable.

2.7. Conclusión

38. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su
lugar, negara el amparo de tutela solicitado por el municipio de Sopó, en
consideración a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por
Carlos Alirio Rueda Lozada, al proferir la Sentencia de 30 de noviembre de
2021, no incurrió en los defectos invocados.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 28 de abril de 2023, por medio de la
cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente el amparo solicitado por el municipio de Sopó y, en su lugar,
NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso del
municipio de Sopó, en consideración a los motivos expuestos.

9 Ver pie de página 8.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01
Demandante: Municipio de Sopó
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - Niega
______________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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