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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01071-01

Fecha
20 de mayo de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01071-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 17 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Notificar a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz. Radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-01 Demandante: Eugenio Rangel Manrique Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia TERCERO. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-01071-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-01
Demandante: EUGENIO RANGEL MANRIQUE
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 17 de marzo de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, por medio de la cual se resolvió:

Primero: Denegar las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva presentadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil
y el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: Denegar la solicitud de coadyuvancia presentada por las señoras
Irma Lida López de Uribe, Carmen Rosa Rivera de Alvarán, Ruth Neira
Escarpetta, Blanca Ligia Ceballos Rudas, Rubiela Ceballos Rudas, María
Grimanesa Marín de Enríquez, Marleny Correa González, María Francelina
Espinosa de Martínez, Viterbina Rangel Serrano y Sugey Yenifer Rosero
Medina por falta de legitimación en la causa por activa, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Denegar la solicitud de vinculación de la Procuraduría 7 Delegada
ante la Sección Quinta del Consejo de Estado presentada por el señor César
Emilio Valero Soto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-01
Demandante: Eugenio Rangel Manrique
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Cuarto: Declarar improcedente el amparo solicitado por no cumplirse el
requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 11 de febrero de 20221, el señor Eugenio Rangel Manrique, por intermedio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander y la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso2, con ocasión de las
sentencias del 3 de junio de 2021 y 27 de enero de 2022, por medio de las que se
anuló su elección como alcalde municipal de Villa del Rosario, Norte de Santander,
por el periodo constitucional 2020-2023. Formuló las siguientes pretensiones:

1.Declarar que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y la Sección
Quinta del Consejo de Estado, al proferir las sentencias de fecha 3 de junio de
2021 y enero 27 de 2022, mediante las cuales declararon la nulidad del acto de
elección del señor Eugenio Rangel Manrique, incurrieron en violación de sus
derechos fundamentales a ser elegido como Alcalde del Municipio de Villa del
Rosario – Norte de Santander para el periodo constitucional 2020 – 2023.

2.Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los derechos
fundamentales de Eugenio Rangel Manrique de elegir y ser elegido, debido
proceso, seguridad jurídica y confianza legítima.

3.Que se dejen sin validez las sentencias de fecha 3 de junio de 2021 proferida
por Tribunal Administrativo de Norte de Santander y del 27 de enero de 2022,
de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante las cuales se anuló en
primera y segunda instancias, el acto administrativo de elección del señor
Eugenio Rangel Manrique, como Alcalde del municipio de Villa del Rosario –
Norte de Santander y en su lugar le ordene proferir las decisiones que en
derecho corresponde, conforme a los parámetros constitucionales, legales y

1 Se advierte que, el 29 de abril de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 De igual forma, alegó la vulneración de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido y los

principios de legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-01
Demandante: Eugenio Rangel Manrique
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

precedentes constitucionales con fuerza vinculante, en los términos que se
determine en la sentencia de tutela.

4.En caso de haberse ejecutado el fallo que se impugna, y el Alcalde Eugenio
Rangel Manrique haya sido removido del cargo, por quien le corresponda el
cumplimiento de los fallos aquí impugnados, oficiar informándole la decisión
adoptada y los efectos automáticos de incorporación al cargo del accionante,
una vez se adopte la decisión de primera instancia, en caso de ser favorable,
aún en caso de haberse realizado una nueva elección atípica, teniendo en
cuenta el principio que establece que el que es primero en el tiempo es primero
en el derecho y por cuanto de realizarse una elección nueva, sería con
fundamento en la existencia de vacante definitiva, y en caso de prosperar la
presente tutela, habrán desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho
tenidos en cuenta para la segunda elección, produciéndose el decaimiento del
acto administrativo de la elección posterior.

De igual forma, como medida provisional solicitó lo siguiente:

[P]ara evitar que se genere una inestabilidad gubernamental en el municipio
referido, como quiera que el legislador autoriza que en tales circunstancias el
juez constitucional pueda adoptar medidas cautelares para evitar que las
violaciones de los derechos fundamentales se conjuren o prorroguen
innecesariamente – artículo 7 del decreto 2591 de 1991- solicito que se decrete
la medida provisional de suspensión de la ejecución de las sentencia proferida
por Tribunal Administrativo de Norte de Santander y por la Sección Quinta del
Consejo de Estado de fechas 3 de junio de 2021 y 27 de enero de 2022,
referidas en el presente escrito de tutela, hasta tanto se adopte la decisión, al
menos de primera instancia […].

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:

En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el señor Edgar Mastrangelo
Rojas Montaño promovió dos demandas en contra del señor Eugenio Rangel
Manrique en su calidad de alcalde electo del municipio de Villa del Rosario para el
periodo 2020-2023, al considerar que existieron evidentes irregularidades en las
mesas de votación, que finalmente marcaron la diferencia entre el elegido y quien
le sigue en votos.

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Demandante: Eugenio Rangel Manrique
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en providencia del 3 de junio de
2021, resolvió, entre otros, declarar la nulidad del acta de escrutinio general que
nombraba al señor Eugenio Rangel Manrique, como alcalde electo del municipio de
Villa del Rosario y, en su lugar declaró electo como alcalde para dicha entidad
territorial, para el periodo 2020 a 2023 al señor Carlos Julio Socha Hernández.

La anterior decisión fue objeto de apelación y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en sentencia del 27 de enero de 2022, confirmó el fallo de primera instancia,
determinando, además, la remisión de copia del expediente a la Fiscalía y a la
Procuraduría para que se determinara la eventual configuración de conductas
penales y/o disciplinarias.

1.3 Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos fáctico y sustantivo, por aplicación indebida del artículo 213 del CPACA
que les permitió a los jueces accionados decretar de oficio unas pruebas para
«habilitar la negligencia del demandante» y así descartar la evidente caducidad del
medio de control de nulidad electoral. Así lo expuso:

[S]i lo que debe imperar en las decisiones judiciales es la verdad procesal, para
que se adopten fallos en derecho, lo que debió prevalecer era la observancia
de la norma precitada, en cuanto con su aplicación la única realidad probable
era que el demandante pudo haber utilizado los medios virtuales durante todos
los 30 días que tenía a su alcance y no lo hizo y no habilitar pruebas para
conjurar su negligencia, sin que pueda alegarse que no era conocedor de estos
mecanismos de acceso, en cuanto la ley impera para todos los ciudadanos y
su desconocimiento no sirve de excusa, porque con ello, de manera contraria
a impartir justicia, violó abiertamente el derecho fundamental al debido proceso
y a la seguridad jurídica y confianza legítima del demandado a que a partir del
22 de enero – inclusive, su elección no podía ser demandada, así como los
derechos de igual naturaleza de los electores.

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Asimismo, manifestó que tanto el Tribunal como el Consejo de Estado, habían
incurrido en defecto fáctico al tener por excluidos del censo electoral a los 189
ciudadanos, a quienes no se les había notificado el acto de exclusión del censo
electoral, sin que esto implicara trashumancia.

De otra parte, alegó que se incurrió en defecto sustantivo, por no haberse resuelto,
bajo el principio de la favorabilidad, la incompatibilidad suscitada entre el artículo
275-6 del CPACA y el 151 del Código Electoral, referente al grado de
consanguinidad de los jurados de votación con los candidatos.

En cuanto a la configuración del defecto procedimental, reiteró que la prueba de
oficio decretada en el proceso que descartó la caducidad del medio de control e
impidió que se archivara el asunto, vulneró gravemente su derecho fundamental al
debido proceso.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 15 de febrero de 2022, la magistrada sustanciadora de la
Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó
notificar a los señores magistrados de la Sección Quinta de esta misma
Corporación y, como terceros con interés, a los señores Edgar Mastrangelo Rojas
Montaño, Robert Paul Vaca Contreras y Cesar Emilio Valero Soto, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

De otra parte, manifestó que, teniendo en cuenta que a esa fecha, la decisión
atacada no se encontraba en firme, porque se habían interpuesto solicitudes de
aclaración y adición de la misma, las cuales aún no habían sido resueltas, resultaba
improcedente acceder a la solicitud de la medida provisional deprecada en la tutela

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2.2. Los señores Cesar Emilio Valero Soto, Ruth Neira Escarpetta, Blanca Ligia
Ceballos Rudas, Rubiela Ceballos Rudas, María Grimanesa Marín de Enríquez,
Marleny Correa González, María Francelina Espinosa de Martínez, Viterbina
Rangel Serrano, Sugey Yenifer Rosero Medina, Carmen Rosa Rivera de Alvarán e
Irma Lida López de Uribe solicitaron ser reconocidos como coadyuvantes del
accionante, al considerarse afectados con las sentencias atacadas.

2.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por conducto de la magistrada
ponente del fallo enjuiciado, rindió el informe respectivo y solicitó que se negaran
las pretensiones de la tutela, para lo cual manifestó que, respecto de las
alegaciones realizadas por la supuesta caducidad del medio de control de nulidad
electoral, tal como se sostuvo en la providencia atacada, el 21 de noviembre y el 4
de diciembre de 2019 no corrieron términos en los despachos judiciales por
alteraciones al orden público, sin que el demandante estuviere obligado a presentar
la demanda de forma virtual, por lo que no se configuró la alegada caducidad.

En cuanto a la aplicación de los artículos 275.6 del CPACA y el 151 del Código
Electoral, señaló que el principio de favorabilidad no tiene aplicación en el proceso
electoral «debido a que el medio de control no está concebido como una sanción,
sino que lo que busca es ejercer el control de legalidad sobre los actos
administrativos electoral, en abstracto».

Finalmente, resaltó que lo que busca el accionante es reabrir un debate fallado en
la instancia judicial correspondiente, sin demostrar el desconocimiento de las
garantías fundamentales o una actuación caprichosa o irracional del juez ordinario.

2.4. El Consejo Nacional Electoral se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la tutela y manifestó que dicha entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el accionante, por lo que solicitó que se declarara la
falta de legitimación en la causa por pasiva.

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2.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil se refirió a sus funciones y expuso
que no es la llamada a proteger los derechos señalados por el accionante, toda vez
que no fungió como juez natural de la causa dentro del proceso en el que se profirió
la decisión cuestionada, por lo que se configura la falta de legitimación en la causa
por pasiva en su favor.

2.6. El señor Edgar Mastrangelo Rojas Montaño se opuso a las pretensiones de la
tutela, por inexistencia de los defectos alegados por el accionante, para lo cual
planteó los mismos argumentos expuestos en el proceso de nulidad electoral, del
cual se logró concluir que en la mesa de 11 del puesto 01 de la zona 01 del
municipio de Villa del Rosario, actuó como jurado de votación un sobrino del señor
Eugenio Rangel Manrique, razón por la cual, en cumplimiento del artículo 275-6 del
CPACA, se debían declarar la nulidad de los 65 votos que obtuvo el referido en
dicha mesa.

2.7. El señor Gilberto Gómez Gutiérrez, quien manifestó ser residente del municipio
de Villa del Rosario, Norte de Santander, solicitó que se desestimaran las
pretensiones de la tutela y que se instara a la Sección Quinta del Consejo de Estado
para que tomara las medidas necesarias para que se diera la continuidad
administrativa del municipio.

2.8. El señor Robert Paul Vaca Contreras y el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Sección Primera del Consejo de Estado, en fallo proferido el 17 de marzo de
esta anualidad, declaró la improcedencia de la tutela por incumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional.

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Como fundamento de lo anterior, realizó una comparación entre los argumentos
expuestos en el escrito de apelación interpuesto en el proceso de nulidad electoral,
y los argumentos de la demanda de tutela, para concluir que el accionante
pretendía ejercer la tutela como una instancia adicional de un asunto que ya fue
decidido en el proceso ordinario.

En cuanto a las solicitudes de coadyuvancia, manifestó que las señoras Ruth Neira
Escarpetta, Blanca Ligia Ceballos Rudas, Rubiela Ceballos Rudas, María
Grimanesa Marín de Enríquez, Marleny Correa González, María Francelina
Espinosa de Martínez, Viterbina Rangel Serrano, Sugey Yenifer Rosero Medina,
Carmen Rosa Rivera de Alvarán e Irma Lida López de Uribe no se hicieron parte
en el proceso electoral, por lo que no existe legitimación alguna para actuar en el
proceso de la referencia y resaltó que «la participación en el censo electoral no
legitima a las electoras para coadyuvar las pretensiones de la acción de tutela
contra la providencia judicial que anuló la elección».

4. Impugnación

La parte demandante impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los
argumentos de la tutela frente a la configuración de los vicios alegados y manifestó
que, contrario a lo resuelto en el fallo de primera instancia, la tutela no busca que
el juez constitucional actúe como una tercera instancia sino que le ordene al juez
ordinario que declare la nulidad de la decisión atacada y profiera «la sentencia que
en derecho corresponda» .

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de

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cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20123, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de
algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones

3 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García

González.

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en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

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Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos4, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional».

Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial
mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 17 de marzo de 2022, por la Sección Primera del Consejo de
Estado.

Para ello, se examinará, en los términos de la impugnación, el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, fundamento de la decisión de primera
instancia. Solo en el evento de demostrarse que se cumplió este y todos los
requisitos generales, se analizará la existencia o no de los defectos alegados contra
la sentencia proferida el 27 de enero de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

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A ello se suma que, tratándose de tutela contra sentencia de órgano de cierre, la
argumentación debe estar dirigida a demostrar que la «decisión riñe de manera
abierta con la Constitución y [sea] definitivamente incompatible con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad5».

3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En los términos de la acción de tutela, el reproche formulado por el señor Eugenio
Rangel Manrique radica en que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir
la providencia del 8 de julio de 2021, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
procedimental, por aplicación indebida del artículo 213 del CPACA lo que implicó
que se descartara la caducidad de la acción y se siguiera con el proceso de nulidad
electoral; y, de otra parte, en defecto sustantivo al no resolver, bajo el principio de
la favorabilidad, la incompatibilidad suscitada entre el artículo 275-6 del CPACA y
el 151 del Código Electoral, referente al grado de consanguinidad de los jurados de
votación con los candidatos.

La Sala coincide con el análisis del a quo, en cuanto a que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, porque se está ejerciendo para convertir este
mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia
adicional del proceso de nulidad electoral.

Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación en contra del fallo del 3 de junio de 2021, dictado por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, y los propuestos en la solicitud de tutela, se
evidencia que los defectos en que supuestamente incurrió la parte demandada

5
Corte Constitucional, sentencia SU-217 de 2019 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
Esta consideración constituye una reiteración de la regla adoptada por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-917 de 2010 y SU-050 de 2017.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido en el
proceso ordinario.

En el escenario que propone la parte actora, la Sala tendría que examinar
nuevamente los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión de declarar la nulidad del acta de escrutinio general que nombraba
al señor Eugenio Rangel Manrique como alcalde electo del municipio de Villa del
Rosario, los cuales fueron resumidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado
así:

90. El apoderado judicial de Eugenio Rangel Manrique apeló la sentencia de
primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

7.1.1. La caducidad a pesar de ser un presupuesto procesal de la demanda no
ha sido objeto de valoración por parte del despacho, situación que debe
decidirse aun de oficio, por ser un presupuesto procesal de la acción y, por
ende, de estar probado es insaneable

91. Manifestó que a pesar de haberse determinado que la contestación fue
extemporánea, el acto acusado fue notificado el 16 de noviembre de 2019 y la
demanda presentada el 22 de enero de 2020, por lo que es evidente que ya
habían trascurrido más de los 30 días establecidos en el artículo 164-2 literal
a) de la Ley 1437 de 2011, lo cual no fue analizado por el Tribunal. Afirmó que
desde el auto de 13 de noviembre de 2020 en el que se declaró no probada la
excepción de falta de legitimación propuesta por la RNEC y el CNE, el
magistrado ponente fue renuente a resolver esta petición. No se estudió la
caducidad a pesar de que se debe abordar de oficio, según lo dispuesto en el
artículo 180-6 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia C-227 de 2009.

92. Dijo el apelante que dicha irregularidad se mencionó en la primera
audiencia de trámite para sanearse como nulidad del proceso, pero el
magistrado mantuvo su determinación de no abordarla. También se insistió en
los alegatos de conclusión en que la caducidad opera de pleno derecho, pero
el Tribunal, sin prueba alguna, justificó su actuar en 2 días de vacancia judicial
por anormalidad laboral.

93. El recurrente aseguró que, contrario a lo dicho por el a quo, según la
Circular CSJNSC19-17 de 21 de noviembre de 2019 del Consejo Seccional de
la Judicatura, en dicha fecha se modificó la jornada laboral con ocasión de las
marchas convocadas por las centrales obreras, pero sin interrupción ni
suspensión de términos, por tanto, es un día hábil que debe contabilizarse. En
consecuencia, la demanda presentada el 22 de enero de 2020 fue
extemporánea dado que el término de caducidad inició el 18 de noviembre de

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-01
Demandante: Eugenio Rangel Manrique
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2019 y terminó el 21 de enero de 2020, al excluirse el lapso de vacancia judicial
y el día de la Rama Judicial.

94. Concluyó que la demanda tramitada bajo el radicado 2020-00010 se
presentó en forma extemporánea y, en consecuencia, se deben denegar las
súplicas.

7.1.2. Excepción de inconstitucionalidad

95. En este acápite el demandado planteó varios aspectos que se reseñan a
continuación:

(i) Defecto sustantivo de la sentencia de 3 de junio de 2021 por
desconocimiento de la interpretación bajo el principio pro homine

96. El recurrente indicó que el Tribunal falló con fundamento en el artículo 275-
6 de la Ley 1437 de 2011 y desechó la aplicación de la norma de igual contenido
y vigencia, prevista en el artículo 151 del Código Electoral, por lo que incurrió
en defecto sustantivo.

97. Agregó que el juez de primera instancia debió aplicar el artículo referido del
Código Electoral por ser más favorable, pero acogió la norma más lesiva para
el demandado con lo que vulneró el principio pro homine.

98. Afirmó que “…el principio de interpretación conforme a la Constitución
corresponde al desconocimiento del principio de reserva de Ley Estatutaria,
como lo exige la Constitución Política en el artículo 152 literal c), en cuanto el
contenido del artículo 275 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011, que se refiere a
una típica función electoral.

Esto no quiere decir que las causales de nulidad electoral previstas en el
precepto que se excepciona debían ser tramitadas necesariamente como ley
estatutaria, pero estas deben corresponder a requisitos y condiciones previstas
en el ordenamiento jurídico para la validez de las elecciones. Así, al prever que
los jurados de votación sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes
de los candidatos hasta el tercer grado de consanguinidad, mediante una ley
ordinaria, el legislador desconoció la reserva de ley estatutaria en materia de
funciones electorales. Por consiguiente, la norma que aumentó en un grado de
consanguinidad para el ejercicio de las funciones de jurado de votación… debe
inaplicarse por vía de excepción de inconstitucionalidad y tener como referente
formal para el asunto, lo previsto en el numeral 10 del artículo 151 del Decreto
Ley 2241 de 1986, en cuyo tenor la prohibición para desempeñarse como
jurados de votación respecto de un candidato es el segundo grado de
consanguinidad”.

99. Consideró que el Tribunal negó la excepción de inconstitucionalidad porque
se basó en un vicio de incompetencia, lo que desconoce que están en juego
los derechos a elegir y ser elegido del demandado, así como el derecho al
sufragio de quienes votaron por él.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-01
Demandante: Eugenio Rangel Manrique
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
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100. El apelante sostuvo que el cargo de nulidad por la existencia de jurados
con parentesco dentro del grado inhabilitante señalado, no puede
fundamentarse en la Ley 1437 de 2011. Por tanto, de haberse aplicado la
excepción de inconstitucionalidad, el demandado no perdería los 65 votos que
obtuvo en la mesa 11, puesto 01, zona 01 en la que actuó su sobrino Rony
Stiven Cumbe Rangel.

101. Concluyó el recurrente que está demostrado que la mencionada causal de
nulidad debió tramitarse como ley estatutaria, por lo que el descuento de 65
votos al demandado es injustificado porque los obtuvo de manera legítima y
son determinantes para conservar su elección como alcalde de Villa del
Rosario.

102. Se refirió al principio pro homine, según el cual, de existir más de una
interpretación posible, se debe preferir la que propenda por la protección,
garantía y promoción de los derechos fundamentales, en este caso, el de elegir
y ser elegido, aspecto que no fue tenido en cuenta por el Tribunal porque
decidió con base en una norma que desconoce la reserva de ley. Al existir 2
interpretaciones posibles se debió privilegiar, la más favorable al demandado,
según la cual, la participación de su sobrino como jurado de mesa debe regirse
bajo el artículo 151- 10 del Decreto Ley 2241 de 1986.

i) Otra causal de inconstitucionalidad

103. A juicio del apelante, la excepción de inconstitucionalidad debe aplicarse
porque la causal de nulidad del artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011 no está
en consonancia con los artículos 40 y 83 de la Constitución, dado que si bien
la actuación de los jurados está amparada por la presunción de buena fe porque
se trata de particulares que ejercen función pública del escrutinio y por la
presunción de legalidad en virtud del principio del mismo nombre consagrado
en el artículo 123 Superior, lo cierto es que el artículo 275-6 no se basó en
supuesto reales sino en un hecho circunstancial, que es la participación de un
jurado que sea pariente de un candidato, sin que realmente se haga un estudio
de la actuación de éste en el proceso electoral, lo que cercena las prerrogativas
de los aspirantes que han obtenido una votación legítima.

104. Para la parte demandada, la causal de nulidad referida conduce a la
drástica medida de excluir al candidato la votación que obtuvo en la mesa, lo
cual puede arrojar un resultado contrario a la voluntad mayoritaria, libre y
legítima expresada en las urnas, por lo que, además, afecta a los electores
quienes depositan su voto sin haber incurrido en ninguna irregularidad.

105. Para demostrar la procedencia de la excepción planteó el siguiente
interrogante: “¿Qué justifica anular los votos válidos depositados en una mesa
de votación en la que uno de los seis jurados de votación es sobrino del
candidato elegido?”.

106. A su juicio, esta causal de nulidad es diferente de las demás de naturaleza
objetiva -trashumancia, violencia y falsedad- porque en estas la anomalía es
constatable y medible, mientras que la del 275-6 de la Ley 1437 de 2011 carece

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Demandante: Eugenio Rangel Manrique
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

de un fundamento objetivo real porque se basa en una sospecha y desconoce
la presunción de buena fe.

107. Afirmó que el trabajo del sobrino fue constantemente monitoreado por los
restantes jurados y el proceso de votación y escrutinio se surtió bajo la
vigilancia de los candidatos, sus apoderados, los testigos electorales y los
delegados de los órganos de control.

108. Se advierte el carácter desproporcionado al comparar la norma de la Ley
1437 de 2011 con el artículo 151 del Código Electoral, pues mientras que al
candidato se le anulan los votos, a la persona que funge como jurado sin
excusarse de prestar ese servicio debido al parentesco, se le impone una
sanción de arresto inconmutable hasta de 30 días.

109. Por último, sostuvo que la elaboración de las listas de jurados por parte
de la RNEC se da sin la participación previa de los candidatos por lo que no
tienen la posibilidad de enterarse de que un pariente suyo pudo haber sido
designado para esa función, lo que ocurre, no por descuido o desidia, sino por
vacíos normativos al no haberse previsto una etapa en la que se dé traslado a
los contendores de la lista de jurados para hacer las consultas necesarias.

7.1.3. Trashumancia

110. En este acápite, el apoderado del demandado planteó los siguientes
argumentos contra el fallo de primera instancia:

i) El cumplimiento o no de la orden proferida por el CNE de excluir votantes del
censo electoral no le puede ser oponible a ninguno de los candidatos en
disputa, pues era una competencia privativa de la RNEC el depurar el censo
electoral

111. Mencionó que de acuerdo con la Resolución 4930 de 18 de septiembre de
2019, “Por medio de la cual se adoptan decisiones dentro del procedimiento
administrativo breve y sumario tendiente a determinar la presunta inscripción
irregular de cédulas de ciudadanía en el Municipio de VILLA DEL ROSARIO –
NORTE DE SANTANDER, para las elecciones de autoridades locales a
realizarse el 27 de octubre del año 2019”, las medidas adoptadas por el CNE
en ejercicio de facultades de policía administrativa son de aplicación inmediata,
sin perjuicio de los recursos procedentes. Así lo establecen el artículo 4 de la
Ley 163 de 1994 y el parágrafo del artículo 2.3.1.8.6 del Decreto 1294 de 2015.

112. En ese orden, para el apelante, existía una orden de policía que debía ser
cumplida de inmediato por la autoridad competente, esto es, la RNEC: el
Registrador delegado en lo electoral, la Dirección de Censo Electoral, la
Gerencia de informática y la delegación departamental de Norte de Santander.
Por tanto, no se le puede endilgar responsabilidad al demandado por el
ejercicio del voto de los ciudadanos cuya inscripción fue irregular.

113. Indicó que aparecer en el censo electoral luego de la depuración de los
7756 ciudadanos inscritos, no los hace trashumantes, pues revisados los

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Demandante: Eugenio Rangel Manrique
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

“excluidos” se tiene que la mayoría integra el censo de Villa del Rosario por
haber inscrito su cédula antes de 2019, es decir, estaban registrados antes de
la exclusión del CNE, lo que los habilita para ejercer su derecho al voto en dicho
municipio, razón por la que erró el Tribunal al verificar únicamente la exclusión
y no determinar la ubicación en el censo.

(ii) La orden dada por el CNE hace referencia a dejar sin efecto un
procedimiento de inscripción, lo cual no implica sanción o imposibilidad de
ejercer el derecho al voto y, por ende, se anula la inscripción realizada, pero
ello no conlleva a la exclusión del ciudadano del censo electoral

114. El recurrente insistió en que la exclusión de cédulas no implica
trashumancia porque el elector a quien se le anuló su última inscripción, puede
sufragar en el puesto de votación que tenía habilitado antes aquella. Es decir,
el dejar sin efecto una inscripción no se traduce en una sanción que le impida
votar a un ciudadano determinado.

115. Indicó que, pese a figurar en el censo electoral, luego de la depuración de
los 7.756 ciudadanos inscritos, la mayoría de ellos integraban el censo electoral
de Villa del Rosario. Lo anterior, por haber inscrito su cédula antes de 2019 en
dicho municipio, por lo que estaban registrados en otro puesto de la misma
municipalidad. Por lo tanto, esos ciudadanos no eran trashumantes.

116. Para soportar lo anterior, informó que consultó cada una de las 189
cédulas de los ciudadanos señalados como trashumantes, en el link dispuesto
por la RNEC para verificar el censo electoral,
(https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/) y encontró que “todas ellas
hacen parte del censo electoral de Villa del Rosario, y sus inscripciones tienen
las siguientes fechas: 3 vienen inscritos desde 1988; 1 en el año 1989; 2 en el
año 1990; 3 en el año 1993; 2 en el año 1994; 6 en el año 1997; 1 en el año
1999; 2 en el año 2000; 4 en el año 2003; 2 en el año 2005; 5 en el año 2007;
1 en el año 2008; 4 en el año 2009; 6 en el año 2011; 1 en el año 2012; 1 en el
año 2013; 1 en el año 2014; 2 en el año 2015; 2 en el año 2016; 39 en el año
2017; 33 en el año 2018 y 67 en el año 2019, (…)”8 : (Negrilla del texto original).

117. Agregó que 56 de los 189 ciudadanos, aparecen con Sisben en Villa del
Rosario, según la base de datos del Departamento de la Prosperidad Social;
además, 12 son propietarios de bienes inmuebles en ese municipio, lo que
evidencia la residencia electoral, como se aprecia en el documento que
denominó Anexo 1, “el cual no implica una nueva prueba, sino que se constituye
en una verificación de cada uno de los votantes en el censo electoral, a guiza
del mismo ejercicio hecho por el despacho pero verificando su continuidad en
el censo electoral, y no teniendo la cancelación de la inscripción del año 2019
como una inhabilidad para ejercer el derecho al voto”.

118. Subrayó que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 163 de 1994 se
presume que la residencia electoral es aquella en la que se encuentra
registrado el votante en el censo electoral. Dicha presunción no fue desvirtuada
pues si bien está probado que por Resolución 4930 de 2019 se dejó sin efectos

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-01
Demandante: Eugenio Rangel Manrique
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

la inscripción de varias cédulas en Villa del Rosario, ello se refiere solo a las
inscripciones realizadas en 2019 y no las anteriores.

119. El apelante cuestionó que el Tribunal se limitó a confrontar el contenido
de la resolución mencionada, con el ejercicio del derecho al voto, al partir de
una premisa falsa: dejar sin efecto una inscripción equivale a inhabilitar al
elector. Dio por probado, no estándolo, que las 189 personas no eran
residentes, “cuando ello nunca quedó determinado y por el contrario con la
verificación que se aporta… es fácilmente desvirtuable…”. (iii)Lo argumentado
en la parte motiva no se refleja en la parte considerativa y por ende no es
oponible ni exigible como sustento de la nulidad declarada

120. El apoderado del demandado manifestó que el juez de primera instancia
consideró probada la trashumancia, sin embargo, nada dijo al respecto en la
parte resolutiva de la providencia. Esta omisión hace inoponible la sentencia
que solo se refirió a los referidos 65 votos -de la mesa en la que un pariente del
ganador actuó como jurado- cuya eliminación, en gracia de discusión, no serían
suficientes para declarar la nulidad de la elección. (iv)Falta de competencia del
Tribunal para realizar un nuevo escrutinio y declarar la elección de un cargo
uninominal

121. El apelante resaltó que la sentencia de 4 de marzo de 2021, expediente
27001-23-33-000-2019-00047-01 de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
invocada por el Tribunal como fundamento para no ordenar la realización de
nuevos escrutinios, no es aplicable al presente caso pues no se trata de
falsedades que se puedan determinar con los documentos aportados con la
demanda.

122. Adujo que el no decretar un nuevo escrutinio obedeció a apreciaciones
que en criterio del a quo hacían posible la exclusión de votos porque se omitió
privilegiar el derecho a elegir de los votantes dado que no verificó su ubicación
en el censo electoral.

Con fundamento en la apelación, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
providencia del 27 de enero de 2022, resolvió lo siguiente frente al caso concreto:

4. La caducidad en el presente caso

232. En sus escritos de apelación, el demandado y el tercero impugnador
afirmaron que se debe declarar la caducidad de la demanda de nulidad
electoral.

233. Al respecto, se recuerda que la oportunidad para proponer una excepción
mixta, como la caducidad, es la contestación de la demanda, según lo prevé
artículo 175-3 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, como se detalló en los
antecedentes de esta providencia, el demandado no la propuso, circunstancia

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

que resulta relevante si se tiene en cuenta que las etapas y oportunidades
procesales se deben surtir conforme a las formas previstas.

234. Es decir, la ley precisa las oportunidades para plantear las excepciones y
para su decisión, esto es, i) por auto en los términos del parágrafo 2 del artículo
175 de la Ley 1437 de 2011; o ii) cuando requieran de prueba, en la audiencia
inicial regulada en el artículo 180-6 de la Ley 1437 de 2011, por lo que, en
principio, las excepciones previas y mixtas, como lo es la caducidad, deben
resolverse antes de que se dicte fallo. Por tanto, la caducidad debió ser
planteada con las contestaciones, de modo que la apelación, no es el escenario
procesal para ello.

235. Ahora bien, el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 determina el contenido
de la sentencia y, en su inciso segundo, menciona que en dicha providencia se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre “cualquiera otra que el
fallador encuentre probada”. No se trata entonces, de las excepciones previas
o mixtas formuladas en la contestación de la demanda, comoquiera que estas
debieron decidirse en etapa anterior.

236. Entiende la Sala que, la expresión “encuentre probada” significa que el juez
solo decidirá en la sentencia sobre las excepciones que tengan dicha
connotación. Precisamente, para tener claridad acerca de este aspecto, por
auto de 4 de noviembre de 2021, se decretó una prueba documental respecto
de unas piezas que ya obraban en el expediente y se dispuso el traslado de los
mismos.

237. Al ser analizados, se considera que, aunque es cierto que la certificación
del presidente de Asonal Judicial Seccional Cúcuta y la del Coordinador de
Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de esa
ciudad, no son idóneas para acreditar si el 21 de noviembre de 2019 corrieron
o no términos judiciales puesto que los mentados servidores no tienen dicha
función, sí permiten evidenciar que hubo afectación del orden público en ese
municipio, lo que incidió en que los despachos judiciales no prestaran el servicio
con normalidad.

238. En cuanto a la circular, se observa que el presidente del Consejo Seccional
de la Judicatura tuvo en cuenta la misma afectación del orden público, al
referirse a las marchas convocadas y al cierre de vías, para decidir modificar la
jornada laboral. No obstante, dicho ajuste no necesariamente demuestra que
los despachos judiciales permanecieran abiertos.

239. En este punto, es pertinente indicar que, respecto a la contabilización de
los términos por paro judicial, la Corte Constitucional, en sentencia T-432 de
2018, manifestó que es importante verificar el material probatorio en cada caso,
a fin de determinar si para la fecha de presentación de una determinada
actuación, el despacho judicial tenía o no acceso al público.

240. En dicha providencia, se reiteró lo dicho en la sentencia SU-489 de 2016,
en el sentido de indicar que los ceses de actividades o huelgas de los
funcionarios de la administración de justicia carecen de fuerza vinculante, pero

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

la interrupción de la prestación continua del servicio sí tiene efectos en derecho.
Por tanto, si se configuran circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que
impidan el cumplimiento de cargas procesales, no se pueden derivar
consecuencias negativas para las partes. En consecuencia, es deber del juez
establecer en el caso concreto si el despacho judicial prestó el servicio para la
correcta contabilización de los términos y así determinar el cumplimiento de la
carga procesal.

241. En la mencionada sentencia de unificación, el Tribunal Constitucional hizo
un recuento de su jurisprudencia sobre la protección del debido proceso y la
contabilización de términos en los casos de ceses de actividades judiciales […].

242. Por ende, esos documentos que la Sala decidió tener como prueba,
analizados en contexto con las certificaciones emitidas por la secretaria del
Tribunal, permiten concluir que el 21 de noviembre de 2019 no corrieron
términos en razón a las jornadas de protestas que forzaron el cierre de los
despachos, lo cual se aviene al criterio de la Corte Constitucional.

243. Dado que los secretarios de los despachos judiciales “tienen la misión de
auxiliar al juez en el ejercicio de su función, anotar la fecha de presentación de
los escritos y cuidar el transcurso de los términos (Decreto 1265 de 1970)”21 y,
según el artículo 115 del CGP, les corresponde emitir por solicitud verbal o
escrita, certificaciones sobre la existencia de procesos, su estado y la ejecutoria
de providencias, sin necesidad de auto, las constancias emitidas por dicha
funcionaria, son idóneas para acreditar que los términos fueron suspendidos.

244. Además, como se indicó, gozan de credibilidad puesto que todos los
documentos coinciden en mencionar las protestas del “21N”, por tanto, es
razonable concluir que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander tuvo
que ser cerrado por las manifestaciones y, en consecuencia, en dicha fecha no
corrieron términos judiciales, según el inciso final del artículo 118 del CGP.

245. Cabe agregar que es irrelevante que una persona ajena al presente
proceso haya solicitado a la secretaria del Tribunal expedir las certificaciones,
porque lo hizo en ejercicio del derecho fundamental de petición; además, el
artículo 115 del CGP no exige que esta provenga de alguna de las partes o
intervinientes y, el proceso de nulidad electoral no está sometido a reserva.

246. En cuanto a las afirmaciones de la apoderada del CNE, se observa que no
hay prueba que acredite las distancias y los tiempos de recorrido en Cúcuta, de
modo que no son de recibo.

247. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra probada
la caducidad en el presente caso, en tanto durante los días 21 de noviembre y
4 de diciembre de 2019 no corrieron términos judiciales. En consecuencia, se
proseguirá con el análisis de los argumentos de las apelaciones.

[…]

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-01
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7.1. Sobre los argumentos de las apelaciones referidos a la causal de nulidad
del artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011 266.

Excepción de inconstitucionalidad por desconocimiento de la reserva de ley
estatutaria, de los artículos 40 y 83 de la Constitución y el principio de eficacia
del voto.

267. Tanto el demandado como el tercero impugnador plantearon que la norma
aplicable al presente caso es el artículo 151 del Decreto 2241 de 1986 y no el
275- 6 de la Ley 1437 de 2011 por ser contrario al artículo 152 literal c) de la
Constitución.

268. Como fundamento de la excepción, se hizo referencia a la reserva de ley
estatutaria para la consagración de la causal de nulidad en cuestión por tratarse
de función electoral. No obstante, de manera contradictoria, el apoderado del
demandado afirmó que “[e]sto no quiere decir que las causales de nulidad
electoral previstas en el precepto que se excepciona debían ser tramitadas
necesariamente como ley estatutaria”.

269. Además, se alegó el desconocimiento del principio pro homine según el
cual, de existir más de una interpretación posible, se debe preferir la que
propenda por la protección y garantía de los derechos fundamentales, en
particular, el de elegir y ser elegido, aspecto que no fue tenido en cuenta por el
Tribunal porque decidió con base en una norma que desconoce la reserva de
ley, a pesar de existir otra que está vigente y regula una situación con identidad
factual, esto es, la inhabilidad para que los jurados de votación sean parientes
de los candidatos.

270. La parte demandada agregó que, mientras que un artículo extiende la
inhabilidad hasta el tercer grado de consanguinidad, otro la prevé hasta el
segundo grado. Por tanto, la participación del sobrino del demandado como
jurado de mesa debe regirse bajo el artículo 151 del Decreto Ley 2241 de 1986
y, en consecuencia, no deben excluirse los votos que obtuvo en la mesa 11,
puesto 01, zona 01.

271. Adicionalmente, para el apoderado del demandado, la actuación de los
jurados de votación está amparada por la presunción de buena fe porque se
trata de particulares que ejercen función pública del escrutinio, ello quiere decir
que para afectar los votos que se depositaron en donde se ejerce la mencionada
labor electoral es necesario verificar si se presentó alguna irregularidad en la
misma mesa.

272. Además, alegó que la causal de nulidad del artículo 275-6 de la Ley 1437
de 2011 conduce a la drástica medida de tener que excluir al candidato toda la
votación obtuvo en la mesa según lo establece el artículo 288-4 de la Ley 1437
de 2011, lo cual puede arrojar un resultado electoral contrario a la voluntad
mayoritaria, libre y legítima expresada en las urnas, como ocurre en el presente
caso.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-01
Demandante: Eugenio Rangel Manrique
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

273. En el mismo sentido, la RNEC consideró que si bien es cierto el jurado de
votación presuntamente sobrino del candidato electo ha debido declararse
inhabilitado, no es viable anular los votos depositados en la mesa en la que
actuó, en aplicación del principio de eficacia del voto que implica respetar la
voluntad de los electores.

274. Al respecto, la Sala estima pertinente referirse a varios aspectos:

275. La excepción de inconstitucionalidad tiene su génesis normativa en el
artículo 4 de la Constitución, en virtud del cual, las normas constitucionales son
un referente para la creación de las disposiciones legales en el sistema jurídico
colombiano, por consiguiente, debe prevalecer la aplicación de la norma
superior frente a aquella de otro rango que se le yuxtaponga. Además, está
consagrada en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 como un medio de control.

276. Esta excepción faculta no solo a los jueces, sino a toda autoridad pública,
para inaplicar una norma jurídica cuando detecten que contradice postulados
constitucionales. Además, supone la responsabilidad de identificar a plenitud la
incompatibilidad de la norma inferior con la Carta Política, ya que solo de esa
manera se legitimaría el límite al ejercicio del poder normativo en cabeza del
legislador y el ejecutivo.

277. Por lo anterior, la Sección ha concluido que, de oficio o a petición de parte,
en cualquiera de los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, es procedente establecer si una norma es contraria
o no a la Constitución y, en caso afirmativo, inaplicarla. Decisión que solo valdrá
para el caso concreto, pues los efectos erga omnes solo se determinan en sede
de nulidad o constitucionalidad bajo el procedimiento especializado respectivo.

[…]

279. Las materias sometidas al trámite de ley estatutaria están determinadas en
el artículo 152 de la Constitución, entre ellas: “c) Organización y régimen de los
partidos políticos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones
electorales”. Por tanto, la regulación respecto de algunos componentes
importantes en materia electoral está sometida a la reserva de ley,
particularmente de las leyes de naturaleza estatutaria.

280. En cuanto a la reserva legal, esta Sala ha entendido que “[e]l desarrollo de
los asuntos electorales mediante las leyes estatutarias debe entenderse con
alcances restrictivos, pues una postura contraria… llevaría a que cualquier
situación relacionada con la materia tuviera que tratarse a través de la norma
de especial jerarquía, sin tener en cuenta las competencias del legislador
ordinario y de los organismos autónomos que tienen facultades para su
regulación”. Es decir, no todos los aspectos directamente relacionados con el
ámbito electoral deben reglarse mediante leyes estatutarias.

281. En consonancia con lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia
C515-04, la Sección ha indicado que las normas de contenido electoral tienen
incidencia y efectos en los resultados electorales, por lo que es fundamental

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que su reglamentación sea igualitaria y transparente, razón por la cual, su
promulgación debe ser sometida a procedimientos especiales; es decir, el
previsto para las leyes estatutarias. Sin embargo, pueden excluirse de ello, las
disposiciones electorales que sean eminentemente accesorias o
instrumentales.

282. Por tanto, no puede perderse de vista que la función electoral tiene como
fin la elección de representantes en las otras ramas del poder público o sus
titulares, de manera directa o indirecta, en otras palabras, su propósito es
concretar la democracia participativa y el diseño institucional, entre otros.

283. Ahora bien, en sentencia de unificación, esta Sección sostuvo que “el acto
electoral antes que el derecho del elegido, es el derecho del elector y que, por
ende, en esta materia el principio pro homine opera a favor del segundo y no
del primero, lo que se traduce en pro hominum (humanidad), pro electoratem
(electorado) o pro sufragium (electores)”.

284. A dicha conclusión se arribó al estimar que frente al ejercicio de la función
electoral ya sea por parte del pueblo mediante el sufragio o por los diversos
órganos del Estado que tienen atribuida dicha potestad, el juez electoral debe
hacer compatibles los principios en que se funda el Estado democrático con
todo el sistema de principios y valores constitucionales, por lo que el análisis no
puede tener como fin último o único la prevalencia de los derechos del elegido.

285. A partir del panorama expuesto, la Sala considera que el argumento de la
apelación que se estudia, no está llamado a prosperar, por cuanto: 6.1.1. No
existe reserva de ley estatutaria para las causales de nulidad electoral.

286. No se evidencia que el artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011 esté en
abierta contradicción con la Constitución, porque la determinación de las
causales de nulidad de los actos electorales no supone el ejercicio de función
electoral de modo que no requieren de consagración mediante ley estatutaria.

287. Es claro que las causales establecidas en el artículo 275 conciernen solo
a los actos electorales. Sin embargo, su definición no implica la regulación de
una función electoral, en tanto no atañen a la elección de servidores públicos,
sino al control judicial -posterior- de los actos que resultan de la materialización
de dicha potestad.

288. Además, tampoco se evidencia que al consagrarse las circunstancia por
las cuales se deba anular una elección, se esté regulando los componentes
esenciales del ejercicio del derecho al voto, asunto que es de reserva de ley
estatutaria.

289. Al revisar la jurisprudencia constitucional frente a asuntos en los que se
cuestionó que las causales de nulidad electoral en ese entonces contenidas en
el Decreto 01 de 1984 y que actualmente están en el artículo 275 de la Ley 1437
de 2011, desconocían la reserva de ley estatutaria, debe mencionarse el fallo
C-142- 0144 , en el que la Corte Constitucional declaró exequible los preceptos
acusados.

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290. En este caso, resulta imperativo precisar que el único argumento sobre el
cual se pronunció la Corte en lo que respecta a la vulneración de la referida
reserva consistió, en que el Decreto 01 de 1984 por ser anterior a la Constitución
de 1991, en cuanto a la regulación de las causales de nulidad electoral no
cumple con las exigencias procesales para la expedición de una ley estatutaria,
reproche respecto del cual el tribunal constitucional concluyó: “Violación de la
reserva de ley estatutaria 4. La Corte ha señalado en repetidas oportunidades,
que las normas expedidas antes de entrar en vigencia la Constitución no se
tornan inconstitucionales, por no haberse expedido de conformidad con las
condiciones que la actual Carta les impone. En la sentencia C-582 de 1996 la
Corte señaló: “Ya se señaló que no se pueden invalidar normas anteriores al
régimen constitucional por ausencia de requisitos relacionados con la
competencia de los órganos, que por obvias razones no podían ni conocerse ni
observarse cuando no se habían estipulado constitucionalmente.” Por lo tanto,
por este aspecto, las normas se declararán exequibles”.

291. Como puede apreciarse de esta providencia que analizó el artículo 223 del
CCA, el cual guarda algunas similitudes con el 275 de la Ley 1437 de 2011, por
ejemplo, en cuanto a la causal de nulidad por relación de consanguinidad y
afinidad entre el candidato y los jurados de votación, la Corte Constitucional
concluyó que no se desconocía la reserva de ley estatutaria, pero no puede
obviarse el hecho de que llegó a tal conclusión únicamente al analizar el
argumento del demandante, consistente en que el Decreto 01 de 1984 era
anterior a la Constitución de 1991.

292. Si bien el fallo C-142 de 2001 debe ser tenido en cuenta con la anterior
precisión, es decir, sin perder de vista los cargos que fueron en su momento
expuestos, el mismo constituye un pronunciamiento en el que la Corte como
guardiana de la Constitución no advirtió que por el hecho de que una norma con
rango de ley ordinaria estableciera las causales de nulidad electoral
desconociera la reserva estatutaria y, por el contrario, “la Corte Constitucional
ha señalado que según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso
de la República expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y
reformar sus disposiciones. Con base en esta competencia y en general en la
importancia que la ley posee como fuente del Derecho, el Legislador goza, por
mandato constitucional, de amplia libertad para definir el procedimiento en los
procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”.

293. Lo expuesto confirma que la regulación de las causales de nulidad electoral
si bien es un aspecto relevante, debe ser objeto de desarrollo por parte del
legislador ordinario, en la medida que hace referencia a la libertad configurativa
del legislador para estructurar los procesos judiciales como también se refiere
a los aspectos posteriores al ejercicio del derecho al voto y no a asuntos
esenciales del mismo.

294. En efecto como lo señaló la misma Corte Constitucional en sentencia C-
283 de 201746, no todo asunto de naturaleza electoral debe considerarse que
es materia de ley estatutaria, a saber: “(…) 30. La amplitud de las actividades
directamente relacionadas con la función electoral explica que la jurisprudencia

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de esta Corte haya concluido que la reserva de ley estatutaria en la materia,
prevista en el literal c del artículo 152 de la Constitución Política, no pueda ser
objeto de la interpretación restrictiva que rige en cuanto a la reserva de ley
estatutaria en materia de derechos fundamentales y, por el contrario, deba ser
entendida de manera suficientemente amplia para que se cumplan los objetivos
queridos por el Constituyente: lo que ocurre en materia de derechos y deberes
fundamentales, la amplitud de la reserva de ley estatutaria no vacía la
competencia del legislador ordinario, teniendo en cuenta el carácter delimitado
de las actividades y órganos que se involucran en las funciones electorales, es
decir, que no se corre el riesgo de limitar excesivamente las competencias del
Congreso de la República en las que la ley ordinaria es la regla general”.

295. En síntesis, teniendo en cuenta lo antes señalado se puede observar que
el legislador estatutario no ha considerado que las causales de nulidad electoral
sea un asunto de su competencia, por el contrario, se ha dejado este tema al
desarrollo de la facultad ordinaria del Congreso de la República, por entender
que se trata de un aspecto posterior al ejercicio del derecho al voto circunscrito
al control judicial.

[…]

6.2. Sobre los argumentos de las apelaciones referidos a la causal de nulidad
del artículo 275-7 de la Ley 1437 de 2011 319. El demandado alegó que no se
le puede endilgar responsabilidad por el ejercicio del voto de los ciudadanos
cuya inscripción fue irregular pues era una competencia privativa de la RNEC
el depurar el censo electoral.

320. Este cuestionamiento no es de recibo, pues basta mencionar que la
Sección ha reiterado que la declaratoria de nulidad de un acto electoral, no tiene
naturaleza sancionatoria dado que “El juez solo debe confrontar la disposición
que se dice vulnerada con el acto de elección o designación, para determinar si
el mismo se aviene o no a los supuestos exigidos por la disposición que se dice
desconocida, juicio meramente objetivo que protege la voluntad popular del
electorado”.

321. El apoderado del alcalde adujo que aparecer en el censo electoral luego
de la depuración de los 7756 ciudadanos inscritos, no los hace trashumantes,
pues revisados los “excluidos” se tiene que la mayoría integra el censo de Villa
del Rosario por haber inscrito su cédula antes de 2019, es decir, estaban
registrados antes de la exclusión del CNE, lo que los habilita para ejercer su
derecho al voto en dicho municipio.

322. Informó que consultó cada una de las 189 cédulas de los ciudadanos
señalados como trashumantes, en el link dispuesto por la Registraduría para
verificar el censo electoral, (https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/) y
encontró que “todas ellas hacen parte del censo electoral de Villa del
Rosario…”: (Negrilla del texto original).

323. Agregó que 56 de los 189 ciudadanos, aparecen con Sisben en Villa del
Rosario, según la base de datos del Departamento de la Prosperidad Social;

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además, 12 son propietarios de bienes inmuebles en ese municipio, lo que
evidencia la residencia electoral. Al efecto, aportó el documento que denominó
Anexo 1, “el cual no implica una nueva prueba, sino que se constituye en una
verificación de cada uno de los votantes en el censo electoral…”.

324. Subrayó que, si bien está probado que por Resolución 4930 de 2019 se
dejó sin efectos la inscripción de varias cédulas en dicho ente territorial, ello se
refiere solo a las inscripciones realizadas en 2019 y no las anteriores; y dijo que
el Tribunal partió de una premisa falsa: dejar sin efecto una inscripción equivale
a inhabilitar al elector y, además, dio por probado, no estándolo, que las 189
personas no eran residentes, “cuando ello nunca quedó determinado y por el
contrario con la verificación que se aporta… es fácilmente desvirtuable…”.

[…]

327. Asimismo, en la providencia que se sigue, la Sala precisó que uno de los
mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia electoral, es la facultad
concedida al CNE por el artículo 4 de la Ley 163 de 1994, consistente en que
mediante un procedimiento breve y sumario (i) compruebe si el inscrito no reside
en el respectivo municipio, y en caso afirmativo (ii) declare sin efecto la
inscripción correspondiente, con lo cual se logra evitar que personas ajenas a
una entidad territorial tengan injerencia en los comicios locales57 . 328. El
Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, mediante el cual se adicionó el capítulo
8 al Decreto 1066 de 2015, titulado “Trashumancia Electoral”, comprendido
entre los artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.8., prevén la facultad y el deber en cabeza
de la RNEC, de cruzar la información suministrada por los ciudadanos al
momento de inscribir su cédula de ciudadanía para votar en los distintos
procesos electorales, con “cualquier base de datos pública o privada que se
considere útil para establecer la residencia electoral” (parágrafo del artículo
2.3.1.8.3.), aunque el Decreto 1066 de 2015 en sus artículos 2.3.1.8.1 a
2.3.1.8.3 hace referencia a las bases más relevantes para tal efecto58, todo con
el propósito de entregar los resultados del cruce realizado al CNE, a fin de que
adopte las decisiones correspondientes frente a la inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía, y por ende, que se ofrezcan de manera oportuna y eficaz
garantías para el proceso electoral, como lo indica la parte motiva del Decreto
1294 de 201559.

329. En ese sentido, en el artículo primero de la Resolución 4930 de 2019 “Por
medio de la cual se adoptan decisiones dentro del procedimiento administrativo
breve y sumario tendiente a determinar la presunta inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía en el Municipio de Villa del Rosario” se dispuso dejar sin
efecto la inscripción de las cédulas de ciudadanía para las elecciones de
autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de 2019, como consecuencia
de haberse acreditado sumariamente la no residencia electoral de los
ciudadanos relacionados en el archivo anexo digital.

330. Según se lee en la resolución referida, el CNE realizó el cruce de bases de
datos a partir de la información brindada por la RNEC la cual se contrastó con
las siguientes bases de datos: • Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales – SISBEN, administrada por el

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Departamento Nacional de Planeación – DNP • Sistema de Seguridad Social –
BDUA del ADRES, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social • Agencia
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE; Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social – DPS; • De la Oficina de
Instrumentos Públicos y/o de la Superintendencia de Notariado y Registro • De
la Oficina Instituto Geográfico Agustín Codazzi • Censo electoral • Registro de
miembros de consejos comunitarios afrodescendientes, resguardos indígenas
y kumpany del Ministerio del Interior • Registro Único de Víctimas – RUV de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, adscrita
al DPS

331. Además, el CNE practicó pruebas adicionales y conformó una comisión de
instrucción que realizó 1130 visitas especiales a las direcciones registradas de
los ciudadanos que inscribieron su cédula para ejercer el derecho al voto.

332. De acuerdo con lo expuesto, los argumentos de la apelación frente a la
acreditación de la trashumancia no están llamados a prosperar, pues si bien la
decisión del Tribunal se basó en las decisiones adoptadas por la autoridad
electoral, para considerar acreditada la causal de nulidad en cuestión, lo cierto
es que no hay prueba en el expediente que permita a la Sala arribar a una
conclusión distinta.

334. Asimismo, advirtió que i) el demandado contestó la demanda
extemporáneamente y, en todo caso no solicitó el decreto de ninguna prueba y
ii) las demás autoridades e intervinientes tampoco lo hicieron. 335. La decisión
sobre las pruebas fue notificada en estrados y, según el acta de la audiencia,
solo se pronunció el tercero Robert Paul Vaca Contreras quien manifestó la
necesidad de que se decretaran las pruebas que fueron negadas en los
numerales 3.4.1 y 3.4.2, petición coadyuvada por el demandante. Al respecto,
el magistrado señaló que, dado que no se presentó recurso alguno, se debía
continuar con la diligencia. En consecuencia, al no haberse impugnado quedó
en firme la decisión adoptada frente a las pruebas referidas a la residencia
electoral.

336. Por lo anterior, la Sala concluye que tanto el demandado como el
impugnador pudieron haber solicitado las pruebas que consideraran necesarias
y pertinentes para probar los supuestos de su defensa, controvertir las de la
parte actora con las cuales fundamentó el cargo de trashumancia y surtir el
debate que echa de menos el tercero, pero no lo hicieron. Tampoco elevaron
solicitud probatoria en segunda instancia.

337. Ahora, las resoluciones expedidas por el CNE sobre trashumancia fueron
aportadas por el demandante justamente para cumplir la carga que le
correspondía y acreditar la causal de nulidad alegada -275-7 de la Ley 1437 de
2011-, pues en esos actos, se concluyó que los titulares de las cédulas cuya
inscripción se dejó sin efecto, no eran residentes electorales en Villa del
Rosario, a partir del cruce de información con diferentes bases de datos y las
visitas realizadas. Decisión que se presume legal y está precedida del
procedimiento de que trata el Decreto 1294 de 2015 y la Resolución 2857 del 6

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de noviembre de 2018 que, como se indicó, incluye el análisis cruzado de
información de bases de datos e institucionales y visitas. Conclusiones que, se
insiste, no fueron desvirtuadas por la parte demandada. 338. Adicionalmente,
se observa que en el escrito de apelación el apoderado del demandado
mencionó haber consultado las 189 cédulas de los ciudadanos señalados como
trashumantes en el link dispuesto por la RNEC y aportó el “Anexo 1” como
“evidencia” o “verificación” de que 56 de las 189 personas que según el Tribunal
votaron a pesar de haber sido declarados trashumantes, realmente no lo son
porque algunos aparecen registrados en el SISBEN de Villa del Rosario, y otros
son propietarios de inmuebles en dicho municipio. A renglón seguido, hizo la
precisión de que el mismo “no implica una nueva prueba, sino que se constituye
en una verificación de cada uno de los votantes en el censo electoral”. 339. En
otras palabras, aunque se cuestionó en la apelación que las 189 personas cuya
inscripción fue dejada sin efectos por el CNE estaban habilitados para votar
dado que su inscripción anterior era en el mismo municipio, lo cierto es que no
hay prueba que así lo demuestre […].

En efecto, es evidente que la solicitud de amparo deviene en improcedente, porque
busca revivir la discusión planteada y decidida en el proceso de nulidad electoral.
Obsérvese que las inconformidades planteadas por la parte actora en la tutela, son
idénticos a los propuestos ante el jueces de primera y segunda instancia en el
proceso ordinario, los cuales resolvieron, razonablemente, que:

i) Respecto a la supuesta configuración de la caducidad, que no era obligación
del entonces demandante presentar la demanda de forma virtual, aunado al
hecho de que la radicó oportunamente, teniendo en cuenta las alteraciones
del orden público que obligó a suspender términos judiciales;
ii) En cuanto a la aplicación preferente del artículo 151 del Código Electoral
sobre el 275-6 del CPACA, resolvió que estas disposiciones no son
excluyentes y, teniendo en cuenta que no se trataba de una sanción, no
había lugar a dar aplicación al principio de favorabilidad; y finalmente
iii) Sobre los cargos por trashumancia, razonó que la exclusión de 189 cedulas
por parte del CNE se realizó basado en todas las plataformas de información
sobre dichos ciudadanos, sin que se hubiera aportado prueba que
demostrara lo contrario.

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A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte actora no los
comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue
decidido razonablemente por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en el único y el preferido medio
de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses,
menos aun cuando la providencia que se cuestiona ha sido proferida por un órgano
de cierre, caso en el cual, se reitera, la propia Corte Constitucional ha venido
sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es necesario que la decisión
contenga una anomalía de tal entidad que riña abiertamente con la Constitución y
la jurisprudencia que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de
derechos fundamentales, circunstancias que, vale decir, en este caso no se
presentan.

Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico,
son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para
zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional
de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina
por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural6.

La Sala precisa que la tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional
y, por ende, no puede convertirse en el único y preferido medio de la parte que
pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses. El ejercicio
hermenéutico que realiza el juez natural en la decisión judicial forma parte de su
autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de

febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00.

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cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
que haga necesaria su intervención.

En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia de
criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en sentir
de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela
intervenga.

Ciertamente, la tutela no puede abrirse a un estudio ilimitado y adicional de una
providencia que ha sido emitida por un órgano de cierre, pues la propia Corte
Constitucional ha venido sosteniendo que para la prosperidad de una tutela de esas
características es necesario que la decisión contenga una anomalía de tal entidad
que riña abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia que esa Corporación
ha trazado al definir el alcance y límite de derechos fundamentales, circunstancias
que, vale decir, en este caso no se presentan.

Por todo lo dicho, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 17 de marzo de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-01
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TERCERO. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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