Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01108-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01108-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01108-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
7 de abril de 2022
Demandantes: Wilson Borja Díaz y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01108-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., siete (07) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01108-00
Demandantes: WILSON BORJA DÍAZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCION TERCERA –
SUBSECCION C
Temas: Tutela contra providencia judicial por defecto fáctico, decisión
sin motivación y desconocimiento del precedente fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por el
señor Wilson Borja Díaz y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución
Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
1. Con escrito radicado el 11 de febrero de 2022 al correo electrónico
“tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co”, los señores Wilson Alfonso Borja Díaz,
Tomás Enrique Quiñones, Geovanni Aldana Patiño, Luisa Fernanda Borja
Rodríguez, Diodela del Carmen Herrera Ibáñez, Carlos Rodolfo Borja Herrera,
Andrés Felipe Quiñones Prieto, Lina Paola Quiñonez Prieto, Jeny Marcelina
Sandoval, Paula Alejandra Aldana Sandoval, Valentina Borja Herrera, actuando
por medio de apoderada judicial, instauraron acción de tutela contra el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C, con el fin de que sean amparados sus
derechos fundamentales “a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a la
igualdad y seguridad jurídica, a la verdad, al derecho a la sindicalización, y a la reparación
integral (…)”.
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 16 de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C, mediante la cual se confirmó la
providencia del 9 de abril de 2014 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección C en Descongestión, que negó las pretensiones de
la demanda. Lo anterior, en el trámite del proceso de reparación directa con
radicado N.º 25000-23-26-000-2003-00079-01, 25000-23-26-000-2003-00066-00,
25000-23-26-000-2003-00067-00, 25000-23-26-000-2003-00065-00 (acumulados)
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Demandantes: Wilson Borja Díaz y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
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instaurado contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía
Nacional, y el Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA Defensa Jurídica
Departamento Administrativo DAS.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales a la vida, la integridad
personal, al debido proceso, igualdad y seguridad jurídica, verdad, a la
reparación integral de la víctima, vulnerados por los yerros encontrados en la
providencia del Honorable Consejo de Estado - Sección Tercera radicado
25000-23-26-000-2003-00079-01 / 2003 0079 (acum. 2003-0065, 2003-0066,
2003-0067) del 16 de diciembre de 2020 (notificada el 13 de agosto de 2021)
frente al caso de los señores WILSON ALFONSO BORJA DÍAZ, TOMÁS
ENRIQUE QUIÑONES y GEOVANNI ALDANA PATIÑO.
2. Que se TUTELE el derecho fundamental a la sindicalización del señor
WILSON ALFONSO BORJA DÍAZ, vulnerados por los yerros encontrados en
la providencia del Honorable Consejo de Estado - Sección Tercera radicado
25000-23-26-000-2003-00079-01 / 2003 0079 (acum. 2003-0065, 2003-0066,
2003-0067) del 16 de diciembre de 2020 (notificada el 13 de agosto de 2021)
frente a su condición de dirigente sindical.
3. Que se TUTELE el derecho fundamental al debido proceso, igualdad y
seguridad jurídica, verdad y reparación integral de los familiares de las
víctimas directas, por los yerros encontrados en la providencia del Honorable
Consejo de Estado - Sección Tercera radicado 25000-23-26-000-2003-00079-
01 / 2003 0079 (acum. 2003-0065, 2003-0066, 2003-0067) del 16 de
diciembre de 2020 (notificada el 13 de agosto de 2021) en el caso concreto.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE la sentencia del
Honorable Consejo de Estado - Sección Tercera de radicado 25000-23-26-
000-2003-00079-01 / 2003 0079 (acum. 2003-0065, 2003-0066, 2003-0067)
del 16 de diciembre de 2020 (notificada el 13 de agosto de 2021).
4. Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al Honorable Consejo
de Estado - Sección Tercera, proferir una nueva sentencia en que se tomen
en cuenta las consideraciones expuestas en esta demanda.” (Sic a toda la
cita)1
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Wilson Alfonso Borja Díaz se desempeñó desde 1990 como presidente
de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado –
FENALTRASE, además ha sido socio de CIANDES LTDA, consultoría,
interventoría y asesoría para el desarrollo social, donde ejerció funciones de
coordinación de proyectos especiales.
5. El señor Borja Díaz se reunió en la CUT, con miembros del Comité de Impulso
del Frente Social y Político, para discutir su posible participación en este proyecto.
En dicha reunión el accionante fue informado que se había dado orden al jefe
1 Folio 18 de la demanda de tutela. Índice 1 del aplicativo SAMAI.
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paramilitar de Bogotá de atentar contra cinco dirigentes sindicales entre ellos uno
de FENALTRASE.
6. La anterior información se puso en conocimiento de las personas que se
encontraban en dicha reunión, así como de los representantes del comité de la
oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior e igualmente vía telefónica
al coronel Hernández, Jefe de Protección del DAS.
7. Ante dichas amenazas el señor Borja Díaz fue incluido en un sistema de
seguridad con el que contaba el partido comunista, razón por la cual le fue
otorgado el acompañamiento de escoltas y el suministro de vehículos en regular
estado, al punto que los gastos de estos automotores eran sufragados por el líder
sindical.
8. Ante las amenazas serias que recibía el líder sindical contra su vida, el
Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- le entregó un vehículo marca
Chevrolet Rodeo y le asignó tres escoltas de confianza quienes portaban chalecos
antibalas y armas.
9. El 15 de diciembre de 2000, el señor Borja Díaz emprendió su recorrido rutinario
en la camioneta asignada junto con su conductor, el señor Tomás Enrique
Quiñones Mendigaño y su escolta Geovanni Aldana Patiño, al salir de su conjunto
residencial se escucharon varios disparos, uno de los cuales hirió al señor
Quiñones, quien se bajó del vehículo y efectuó varios disparos al aire, luego se
deslizó hacia la parte de atrás del carro, abrió la puerta trasera y dijo a su
compañero Geovanni que le pasara la metralleta, sin embargo esta arma no
contaba con balas.
10. El escolta respondió los tiros desde el interior del vehículo y junto con el señor
Borja intentaron comunicarse con la central del DAS, momento en el cual el líder
sindical recibió un impacto de bala en su pierna derecha, de igual manera, intentó
marcar desde su teléfono al número 112 de la Policía Nacional sin obtener
respuesta alguna.
11. En el proceso penal que se inició por lo anteriores hechos, del cual tuvieron
conocimiento el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá en
primera instancia, y el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda, se destacó que
una de las personas que participó en el atentado perteneció a un grupo paramilitar
y que estaba vinculado con diferentes miembros activos y retirados del Ejército
Nacional.
12. Proceso No. 2003-00079: El 11 de diciembre de 2002 el señor Wilson Alfonso
Borja Díaz y otros presentaron una demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
Policía Nacional, Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA Defensa Jurídica
Departamento Administrativo DAS, con el objeto de que se les declarará
responsables patrimonialmente por el atentado que sufrió el señor Borja, en
calidad de líder sindical, en el que presuntamente participaron miembros del
Ejército Nacional, y en consecuencia, se le pagaran los perjuicios materiales e
inmateriales sufridos.
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13. Proceso No. 2003-00067: El 11 de diciembre de 2002 el señor Tomas Enrique
Quiñones Mendigaño y otros presentaron una demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, Policía Nacional, Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA Defensa
Jurídica Departamento Administrativo DAS, con el objeto de que se les declarará
responsables patrimonialmente por el atentado que sufrió el señor Wilson Alfonso
Borja Díaz en el que presuntamente participaron miembros del Ejército Nacional,
donde resultó lesionado el señor Quiñones Mendigaño por hacer parte del equipo
de seguridad del líder sindical, en consecuencia, se le pagaran los perjuicios
materiales e inmateriales sufridos.
14. Proceso No. 2003-00066: El 11 de diciembre de 2002 el señor Geovanni
Aldana Patiño y otros presentaron una demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
Policía Nacional, Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA Defensa Jurídica
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS2, con el objeto de que se les
declarará responsables patrimonialmente por el atentado que sufrió el señor
Wilson Alfonso Borja Díaz en el que presuntamente participaron miembros del
Ejército Nacional, donde resulto lesionado el señor Aldana Patiño por hacer parte
del equipo de seguridad del líder sindical, en consecuencia, se le pagaran los
perjuicios materiales e inmateriales sufridos.
15. Proceso No. 2003-00065: El 11 de diciembre de 2002 la señora Emilce
Concepción Medigaño y otra presentaron una demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, Policía Nacional, Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA Defensa
Jurídica Departamento Administrativo DAS, con el objeto de que se les declarará
responsables patrimonialmente por el atentado que sufrió el señor Wilson Alfonso
Borja Díaz en el que presuntamente participaron miembros del Ejército Nacional,
donde resulto lesionado el señor Tomas Enrique Quiñones Mendigaño por hacer
parte del equipo de seguridad del líder sindical, en consecuencia, se le pagaran
los perjuicios materiales e inmateriales sufridos.
16. El medio de control 2003-00079 le correspondió ser conocido en primera
instancia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C en Descongestión que ordenó la acumulación de los anteriores
procesos por medio del auto de 2 de julio de 2003. Luego, mediante fallo del 9 de
abril de 2014, decidió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas
a la parte vencida, por cuanto estimó que:
“En el caso concreto, se tiene que si bien las partes del extremo activo
demostraron con el proceso penal allegado al expediente que varios de los
participantes en el atentado del 15 de diciembre de 2000 eran miembros del
Ejército Nacional, no probaron que sus actuaciones delictivas estuvieran ligadas
con las funciones que estos desempeñaban en ocasión del servicio, pues aquí era
clave este elemento diferenciador respecto a la circunstancia con la que actuaron
los militares y por lo que se logra inferir, de acuerdo al criterio de esta Sala, con los
comportamientos desplegados por estos agentes se rompe todo vínculo con el
2 A hoy es la parte procesal, teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Seguridad
-DAS se suprimió el 31 de octubre de 2011 mediante el Decreto 4057 de 2011.
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servicio, ya que estas actuaciones se ejecutaron por fuera de este y donde el
factor “servicio” no está presente en ninguna forma.
En esa línea de pensamiento, los medios de convicción valorados permiten arribar
la negación de las pretensiones de la demanda.” (sic para toda la cita)
17. Inconforme con lo anterior, la parte demandante apeló dicha decisión de la
cual tuvo conocimiento en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que, por medio del fallo de 16 de diciembre de 2020
confirmó la providencia de primera, en tanto consideró que:
“Aunque algunos miembros del grupo que atento contra la vida de Wilson Alfonso
Borja Díaz tenían vínculos con el Ejercito, no se aportó prueba que acreditara que
hubieran actuado dentro del servicio, ni que sus actuaciones tuvieran conexión con
el mismo. Según las pruebas, el atentado contra el lider sindical escapo del
funcionamiento del servicio público a cargo de la fuerza pública, pues los
atacantes, al momento de los hechos, no se identificaron como miembros del
Ejercito ni llevaban instrumentos que permitieran señalarlos como sus agentes. En
efecto, el informe del atentado de la Dirección General de Investigaciones del DAS
identifico a los atacantes como sicarios [hecho probado 8.11]. A su vez, las
sentencias proferidas por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de
Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá concluyeron que el ataque fue coordinado
por paramilitares de las Autodefensas Unidad de Colombia AUC, que los
implicados en el momento del ataque se transportaban en dos motocicletas y un
vehículo particular marca Mazda placas B2200, color blanco, que había sido
robada, y que escaparon en un vehículo marca Mazda 323, color verde,
identificado con placas robadas a un automóvil de un capitán del Ejercito [hechos
probados 8.17 y 8.20].”
En esa línea de pensamiento, los medios de convicción valorados permiten arribar
la negación de las pretensiones de la demanda.” (sic para toda la cita).
1.3. Fundamentos de la solicitud
18. La parte demandante aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales “a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a la
igualdad y seguridad jurídica, a la verdad, al derecho a la sindicalización, y a la reparación
integral de los accionantes”, que la providencia atacada incurrió en un defecto
fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento de precedente, por las
razones que se exponen a continuación:
19. Respecto a la decisión sin motivación manifestó que esta Corporación
incurrió en dicho yerro por carecer de apoyo probatorio para soportar su decisión,
así como de argumentos que la fundaran, pues solo se afirmó en la sentencia
atacada que “no se aportaron pruebas”.
20. Indicó que en relación con el defecto fáctico que la autoridad judicial omitió
valorar precisamente las pruebas relativas a la relación de las fuerzas militares y
los paramilitares en la ejecución del atentado, las cuales aportó la parte
demandante, concretamente comunicaciones, e informes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
21. Por otro lado, afirmó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, al momento de tomar la decisión descontextualizó las sentencias penales y los
recortes de prensa relacionados con el atentado.
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22. Expresó que dentro de los oficios y comunicaciones que no fueron valoradas
dentro del proceso se encuentran:
Comunicación del 14 de julio El señor Wilson Borja se dirigió al Dr. Jaime Córdoba
de 1994 Triviño, Defensor del Pueblo, “solicitándole que se
investigue por qué la DIJIN solicita información sobre la
Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del
Estado"
Comunicación del 19 de julio El señor Borja se dirigió al Dr. Gustavo Arrieta,
de 1994 Procurador General de la Nación, “solicitándole que se
investigue por qué la DIJIN solicita información sobre la
Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del
Estado"
Comunicación del 04 de Dirigida al Dr. Fernando Botero Zea, ministro de Defensa,
octubre de 1994 al Ministerio en donde el señor Borja le informa que “El Mayor General
de Defensa EDDIE ALBERTO PALLARES le informa el trámite para
adquirir y además están confundiendo la FENALTRASE y
sus nombres con otros que tienen amparada una serie de
armas”
Comunicación del 11 de Dirigida al Dr. Horacio Serpa Uribe, ministro de Gobierno,
octubre de 1994 al ministro en donde “se remite copia del telegrama del ministro de
de Gobierno Defensa y del panfleto donde se plantea la amenaza de
muerte, al igual con oficios que tienen que ver con la
DIJIN y sus investigaciones sobre los miembros del
ejecutivo de FENALTRASE”.
Comunicación del 24 de Dirigida al Defensor del Pueblo, en donde la DIJIN
octubre de 1994 al Defensor informa que “el requerimiento de investigar a
del Pueblo FENALTRASE fue por solicitud de la Procuraduría
Delegada para la Policía Judicial y Administrativa”.
Oficio 0067 del 13 de mayo El ST. EDGAR AUGUSTO AGUILLÓN, del Departamento
de 1997 de Policía de Guaviare Sección de Inteligencia, le solicita
al presidente de SINTRENAL información relacionada con
el sindicato, como los nombres, apellidos y números de
cédula de todos los miembros y todos los datos del
sindicato en general.
23. De igual manera, señaló que no se tuvieron en cuenta las comunicaciones
mediante las cuales el señor Borja manifestó directamente a las autoridades que
las personas que estaban detrás de las amenazas eran las Fuerzas Militares en
colaboración con los Paramilitares, pues evidenciaban claramente la identificación
del trabajo conjunto entre las fuerzas militares –como Institución- y los
paramilitares, para la ejecución de atentados contra líderes sociales y sindicales
en aquella época de violencia, dichas pruebas son:
Comunicación del 19 de El señor Borja manifestó que el escolta no contaba con
marzo de 1998 arma de dotación, que él había sido amenazado por
agentes de la Policía, que el vehículo estaba en mal
estado, que sus escoltas eran tratados con el apelativo de
reinsertados, y que las armas seguían siendo
insuficientes, teniendo en cuenta los atentados contra los
líderes sindicales y las amenazas telefónicas de las que
había sido objeto.
Comunicación del 22 de Wilson Borja le advirtió a las entidades estatales sobre “la
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septiembre de 1998 presencia de presuntos paramilitares en Bogotá, que
tienen como tarea realizar trabajo de inteligencia a los
líderes sindicales, y que personas que se identifican
como agentes del DAS estuvieron preguntando por él”.
Comunicación del 09 de Wilson Borja volvió a insistir en la garantía de su
febrero del 2000 seguridad y “responsabilizó al gobierno por atentados que
pudieran presentarse en su contra en días siguientes,
teniendo en cuenta los homicidios que había perpetrado
un grupo paramilitar en el Valle del Cauca”.
Oficio del 17 de febrero del el DAS presentó informe de evaluación del servicio de
2000 – Informe del DAS seguridad y “constató las amenazas de paramilitares por
motivos laborales por las que Wilson Borja podría ser
víctima de hechos contra su integridad personal”. Sin
embargo, calificó el riesgo como medio-medio y
únicamente recomendó continuar con el servicio de
seguridad prestado.
Comunicación del 02 de El señor Borja comunicó nuevamente que había sido
agosto del 2000 prevenido de elementos de los cuerpos militares en
acuerdo con los paramilitares contra su persona, para lo
cual trasladaron a cuatro personas a esta ciudad, que
prepararan las condiciones de dicho atentado. Agregó
que las amenazas se debían a la convicción de algunos
de que el ELN podría ser derrotado militarmente. Ante
esto, pidió fortalecer su esquema de protección, sugirió
un escolta más con motocicleta, colocarle al carro
asignado un papel de seguridad contra explosivos,
dotación de radio y armas lo más modernas posibles para
sus escoltas.
Comunicación del 06 de El señor Borja alertó que su situación de seguridad se
septiembre del 2000 había agravado y que la responsabilidad era de las
Fuerzas Militares: “porque en los Comandos del Ejército,
las Fuerzas Militares y en la inspección General de esta
fuerza se viene planeando atentar contra mi vida”, dado
que lo consideraban un acólito de la guerrilla, por lo que
solicitó nuevamente que se tomaran "las medidas
necesarias para garantizar su seguridad”.
Denuncia pública de El SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS
SINTRAUNIC OL UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA SINTRAUNICOL
SECCIONAL CALI manifestó que los terroristas del
ESTADO COLOMBIANO han atentado contra la vida del
líder sindical y exigió al GOBIERNO NACIONAL garantías
para el ejercicio de la labor sindical y acabar con la
violación a los DERECHOS HUMANOS.
Comunicación del 07 de Dirigido al Dr. LUIS FERNANDO LONDOÑO, Ministro del
marzo de 2003 al Ministerio Interior, fechado 7 de marzo de 2003 en el que informaba
de Interior que se estaba fraguando un nuevo atentado contra su
vida por parte de las personas que se encontraban
recluidas en las cárceles por cuenta de los hechos del día
15 de diciembre de 2000; los cuales eran para la fecha de
los hechos integrantes de la fuerza pública.
Comunicación dirigida al El señor Borja informó al entonces presidente que "se
presidente Álvaro Uribe habían planeado tres atentados contra su vida por parte
Vélez de integrantes de la Brigada 13 del Ejército Nacional; los
cuales no pudieron llevarse a cabo debido a que no tiene
rutina en sus desplazamientos. Además, las amenazas y
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señalamientos de que fue víctima su colega ALEXANDER
LOPEZ MAYA y la presidenta del sindicato del Ministerio
de defensa “ASODEFENSA”
Escrito de los familiares de Los familiares de JENNY MARCELINA SANDOVAL, aquí
JENNY MARCELINA demandante y esposa de la victima directa GIOVANNI
SANDOVAL (víctima) ALDANA PATIÑO, solicitan asilo político en Canadá en
razón al sin número de amenazas, señalamientos y
agresiones de que son víctimas desde el hecho
generador del daño hasta la actualidad por parte de
personas allegadas a los sindicados (integrantes de la
fuerza pública) que se encuentran condenados u
procesados por estos hechos.
24. Agregó que tampoco fueron tenidas en cuenta los elementos probatorios en
relación con el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en el cual el organismo internacional ordenó medidas cautelares contra el Estado
colombiano, a raíz del atentado del 15 de diciembre de 2000, las cuales son:
Informe del 29 de diciembre La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
del año 2000 ordenó medidas cautelares contra el Estado Colombiano
por el atentado de 15 de diciembre del año 2000, a favor
de WILSON ALFONSO BORJA y sus escoltas, de la
siguiente forma: a. Adoptar las medidas necesarias para
proteger directamente la vida y la integridad personal del
Sr. Borja Díaz. b. Establecer una forma de comunicación
directa e inmediata que permita al Sr. Borja Díaz y a su
custodia, solicitar el auxilio o cooperación que requieren
en caso de sospecha de ataques, amenazas o ataques
contra el mismo. c. Iniciar una investigación seria,
imparcial e inmediata para establecer los responsables de
las amenazas y ataques alegados contra el Sr. Borja
Díaz, procesar a los responsables y facilitar la prevención
de futuros ataques.
Informe del 16 de abril del La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
año 2001 respecto al caso de WILSON BORJA, informó que: "El 29
de diciembre de 2000 la Comisión otorgó medidas
cautelares y se dirigió al Estado colombiano con el fin de
solicitar se llevaran adelante gestiones para proteger la
vida y la integridad personal del Presidente de la
Federación Nacional de Trabajadores al Servicio de
Estado, Wilson Alfonso Borja Díaz, quien el 15 de
diciembre de 2000 fue objeto de un atentado en el cual
resultó herido junto a sus escoltas. Poco después, el
atentado fue reivindicado ante la prensa por el líder
paramilitar Carlos Castaño Gil, quien señaló que el señor
Borja Díaz continuaba siendo objetivo militar. Tras la
respuesta del Estado, las partes continuaron presentando
información y observaciones con relación a estas
medidas cautelares”.
25. Adujó que la valoración de los informes mencionados era indispensable para
determinar el sentido de la decisión ya que el análisis de la responsabilidad del
atentado no se habría encaminado a “agentes en hechos particulares y aislados”, sino
a la participación del Estado en la consecución del atentado. Esto, teniendo en
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cuenta la advertencia referida de que la Comisión Interamericana sólo tiene
competencia para analizar denuncias sobre la vulneración a derechos humanos
por parte de Estados miembros de la Convención Interamericana.
26. Por otra parte, explicó que se descontextualizaron las sentencias penales en
donde los imputados eran los señores Uriel Olaya Grajales (soldado activo regular
del Ejército Nacional), José Misael Valero Pastrana (Soldado profesional), Mayor
César Alonso Maldonado Vidales, Jorge Ernesto Rojas Galindo, Evangelista Basto
Bernal y John Fredy Peña Ávila por negar que la participación de los agentes
militares se dio en el marco del servicio, toda vez que se encuentran indicios y
pruebas de que los agentes se encontraban (i) en servicio activo, (ii) trabajando de
forma planificada y coordinada en anuencia con los paramilitares.
27. Puso de presente que la autoridad judicial accionada consideró que los
recortes de prensa y las informaciones difundidas en los medios de comunicación
"no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia, y
en esas condiciones serán valoradas en este proceso”, no obstante la parte
demandante explicó que las versiones periodísticas son una “prueba auxiliar”, que
si bien no constituyen plena prueba de la situación que describen, sí apoyan las
demás aportadas en el proceso, las cuales deben leerse de forma integral y bajo
las reglas de la sana crítica.
28. Señaló que se realizó una lectura “sesgada, caprichosa y arbitraria” de la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá para decir que "no hay prueba de que las
armas usadas fueran de propiedad del Estado”, pues se demostró la relación entre los
miembros de la fuerza pública y las autodefensas ilegales, de la anuencia de estos
agentes con los actores ilegales, además que la misma aseguró que uno de los
miembros condenados por tentativa de homicidio y concierto para delinquir se
encontraba en servicio activo para la fecha en que sucedió el atentado.
29. Por último, en lo relacionado con el desconocimiento de precedente, señaló
que la providencia atacada no tuvo en cuenta que en el caso concreto, la
autoridad accionada se refirió a la actividad de un tercero totalmente ajena al
servicio, este punto, aunque es reconocido en las sentencias y en la jurisprudencia
del Consejo de Estado, el precedente exige un análisis más integral de los
elementos de la responsabilidad y de la justificación sobre la actividad de un
agente fuera del servicio, por lo que no aplicó las siguientes sentencias:
• Sentencia del 5 de febrero de 2021. Consejo de Estado. Sección Tercera.
Subsección A. Radicado No. 52338. C.P. José Roberto Sáchica Méndez:
Explicó que aborda el tema de una persona que resultó muerta por el impacto de
un proyectil de un arma de dotación oficial, luego de que eludiera un retén
instalado por la Policía Nacional mientras se desplazaba en motocicleta en zona
urbana del municipio de Bello, Antioquia. En la Sentencia, el Alto Tribunal debate
la responsabilidad del agente de Policía en ejercicio de sus funciones y la
ocurrencia el deceso a partir del disparo de un arma de dotación oficial.
• Sentencia del 25 de julio de 2019 Exp 50315 C.P. Martha Nubia Velásquez
Rico:
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Indicó que la providencia desata la controversia sobre responsabilidad del Estado
que surgió de hechos ocurridos el 20 de octubre de 2009, en que el patrullero de
la Policía Nacional Dilsio Alejandro Jiménez Crúz, en momentos previos a realizar
un cambio de turno, fue atacado por un compañero mientras se encontraba en un
vehículo de dicha institución, quien, luego de reclamarle por un “dinero”, le disparó
con su arma de dotación oficial en dos oportunidades, causándole la muerte.
• Sentencia del 27 de abril de 2016 Exp 50231 C.P. Hernán Andrade Rincón:
Argumentó que el fallo analiza la responsabilidad del Estado en el marco de la
actividad de una banda criminal de la que hacían parte varios agentes de la Policía
Nacional que operaba en zonas rurales de Bogotá, esta banda delincuencial se
dedicaba al hurto, tortura y asesinato de transportadores. En esta sentencia,
además de señalarse la responsabilidad de la Nación por la actuación de sus
agentes, se pone de presente el deber de control y vigilancia de los superiores
sobre sus hombres a cargo.
• Sentencia del 13 de agosto de 2014 Exp 30025 C.P. Hernán Andrade
Rincón:
Dijo que en esta se resuelve la acción de reparación que interpusieron los
familiares de una persona que fue asesinada con arma de fuego de dotación
oficial por parte de un agente de la Policía Nacional, al creer que la esposa de este
último mantenía una relación extramatrimonial con la víctima directa.
• Sentencia del 23 de julio de 2014 Exp 29327 C.P. Carlos Alberto Zambrano:
Adujo que esta providencia desata la controversia sobre un caso de un agente de
Policía del municipio de Candelaria, Valle, que asesinó a la mujer con la que
mantenía una relación extramatrimonial justo antes de suicidarse. Se alega en el
proceso que el agente se encontraba uniformado y en disponibilidad de servicio.
• Sentencia del 26 de julio de 2012 Exp 25245 Danilo Rojas Betancourth:
Ventiló el hecho ocurrido el 17 de octubre de 1996 al medio día, cuando el agente
de la Policía Nacional Luis Alberto Aponte se encontraba en servicio en el
Comando Central de la Policía Nacional de Barranquilla, para posteriormente
dirigirse a su residencia ubicada en el barrio Costa Hermosa de Soledad, donde se
encontraba su esposa, la señora Heidy Patricia Olier Ceballo, a quien le dio
muerte con su arma de dotación oficial y posteriormente se suicidó.
• Sentencia del 14 de junio de 2001, Exp. 13.303, M.P. Ricardo Hoyos Duque
Argumentó que esta sentencia resolvió las pretensiones de los demandantes que
señalan que el 4 de abril de 1991 los alumnos de grado 11 de la Concentración
Educativa Efe Gómez se dirigieron de Vegachí hacia Puerto Berrío con el fin de
presentarse en la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional para definir la
situación militar. En el camino, los adelantó un campero en el que se transportaba
entre otros, el agente de Policía Francisco Javier Herrera Zapata que realizó
disparos al aire y uno de estos, acabó con la vida de uno de los estudiantes.
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30. Estableció que todas las sentencias son acciones de reparación directa
emitidas por el Consejo de Estado, que las mismas resuelven acciones
interpuestas contra el Estado por la acción u omisión de un agente del mismo y
finalmente, todas las sentencias abordan el precedente judicial creado en torno a
la responsabilidad del Estado por culpa de sus agentes y las reglas de valoración
del juez.
31. Argumentó que no se tuvo en cuenta que el Consejo de Estado en la sentencia
de 10 de junio de 20173, precisó lo siguiente: “Frente a los actos violentos de terceros,
la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado considera que el concepto
de falla del servicio opera como fundamento de reparación cuando: i) en la producción del
daño estuvo suficientemente presente la complicidad por acción u omisión de agentes
estatales; ii) se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió de modo indiscriminado
el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las autoridades y estas,
siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las brindaron o las mismas
fueron insuficientes o tardías, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico
(infracción a la posición de garante); iii) la población, blanco del ataque, no solicitó las
medidas referidas; no obstante, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales
circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna
actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque; y iv) el Estado
omitió adoptar medidas de prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente
una situación de riesgo objetivamente creada por este.”
1.4. Trámite de la acción de tutela
32. Mediante auto del 18 de febrero de 20224, se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación5 a la parte actora, así como a los magistrados del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, como autoridad judicial accionada.
33. Así mismo, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, a la
Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, Patrimonio
Autónomo PAP Fiduprevisora SA Defensa Jurídica Departamento Administrativo
DAS, al Ministerio Público y a los señores Emilce Concepción Mendigaño, Diana
Esperanza Amórtegui Gutiérrez, Claudia Milena Chaparro Mendigaño, Maria
Aracely Patiño, Sandra Liliana Aldana Patiño, quienes fueron la autoridad judicial
de primera instancia, las entidades demandadas y los demandantes,
respectivamente, en el medio de control de reparación directa que se cuestiona en
sede de tutela.
34. Encontrándose el expediente al despacho para proferir la sentencia de primera
instancia en el proceso de la referencia, de las contestaciones y el material
probatorio allegado, se advirtió que el asunto no solo involucra la sentencia de
segunda instancia, sino todo el trámite adelantado en el expediente ordinario, por
lo que por medio de auto de 18 de marzo de 2022 se vinculó a la Subsección “C”
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que conoció
3 Consejo de Estado, Expediente núm. 25000-23-26-000-1995-00595-01(18860). M.P. Ramiro
Pazos Guerrero.
4 Índice 4 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
5 Actuación realizada el 23 del mismo mes y año
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del asunto previo a la acumulación del proceso de reparación directa con radicado
N.º 25000-23-26-000-2003-00079-01, 25000-23-26- 000-2003-00066-00, 25000-
23-26-000-2003-00067-00, 25000-23-26-000-2003- 00065-00 (acumulados), o
quien haga sus veces, en aras de garantizar su derecho de contradicción y
defensa.
1.5. Intervenciones
35. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente6, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Policía Nacional
36. Con escrito remitido el 25 de febrero de 2022 al buzón web de la Secretaría
General de la Corporación, el jefe del área jurídica solicitó negar el amparo
deprecado por considerar que no se violaron los derechos fundamentales del
accionante.
37. Señaló que la decisión proferida por la autoridad judicial demandada estuvo
ajustada a derecho por cuanto observó que no existió una omisión en el deber de
protección del señor Borja Díaz por parte de la institución, pues a la Policía
Nacional no le fue atribuida la responsabilidad de salvaguardar la seguridad del
accionante, ni fue requerida por el mismo para que se emplearan las actuaciones
tendientes a otorgar esquema de seguridad, vehículos blindados, armas de fuego
y elementos de protección como chalecos balísticos.
38. Indicó, que frente a la afirmación de la parte demandante en lo que respecta a
la presunta responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS,
por considerar que no se adoptaron las medidas suficientes en cuanto al
fortalecimiento del personal de seguridad del señor Borja Diaz, se debe tener en
cuenta que actuó de manera diligente ya que realizó las evaluaciones del nivel del
riesgo en diferentes ocasiones y como consecuencia de esto, implementó las
gestiones necesarias para proteger la vida del accionante, asignando un personal
como esquema de seguridad, un vehículo y armas de fuego.
39. Adujo que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para
disuadir la acción de los grupos ilegales ya que la cantidad de elementos de
protección o funcionarios a cargo de la seguridad no garantiza una cobertura total
a la protección de la integridad del señor Wilson Borja ni a su esquema de
seguridad, tan es así que la actuación del personal de seguridad logró repeler el
ataque del 15 de diciembre de 2000.
40. Finalmente, concluyó que la presente acción de tutela es improcedente, toda
vez que no se demostró que se causara un perjuicio irremediable a los actores por
la decisión tomada por esta Corporación en la sentencia del 16 de diciembre de
2020.
6 De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,
Índice 7, Oficio No. 21867, 21868, 21869, 21870, 21871, 21872, 21873, 21874 y 21875 del 23 de
febrero de 2022; Índice 9, Oficio No. 23222 del 25 de febrero de 2022 y Índice 27, Oficio No.
35007.
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1.5.2. Fiduprevisora S.A.
41. Por medio de memorial presentado el 28 de febrero de 2022 al buzón web de
la Secretaría General de la Corporación, el apoderado de la sociedad solicitó
negar las pretensiones de la parte demandante por considerar que no se
vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora.
42. Señaló que, conforme al material probatorio del proceso de reparación directa,
la providencia atacada determinó que en el momento en que se perpetró el
atentado contra el demandante Borja Díaz, éste contaba con esquema de
protección por parte de miembros del extinto Departamento de Seguridad – DAS,
quien adoptó en debida forma medidas para que su seguridad fuera efectiva.
43. A su vez, adujo que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad -
DAS, evaluó en forma continua el nivel de riesgo, para lo cual adoptó medidas
para que la seguridad del señor Borja fuera efectiva y le brindó un esquema de
seguridad que lo protegió al momento del atentado.
44. Indico que en el presente caso, se parte de la base de que el hecho que se
analizó es el que produce el daño, pero no resulta atribuible a la administración
sino a un evento ajeno a ella, por lo que no es imputable a la administración.
1.5.3. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
45. La autoridad judicial accionada contestó que las consideraciones esgrimidas
en la providencia del 16 de diciembre de 2020 son suficientes para explicar la
improcedencia del amparo solicitado.
46. A pesar de que la Subsección “B” y “C” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y los señores Emilce Concepción Mendigaño,
Diana Esperanza Amórtegui Gutiérrez, Claudia Milena Chaparro Mendigaño, Maria
Aracely Patiño, Sandra Liliana Aldana Patiño fueron debidamente notificados7,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
47. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
48. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C y le corresponde conocer como máximo
tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
7 Fueron notificados por aviso, Índice 20 del expediente digital.
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2.2. Legitimación en la causa
49. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
50. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.
51. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-
416 de 19978, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela.
52. En la sentencia T-086 de 20109, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que
la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante
legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
53. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 201110, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer
que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
54. En la sentencia T-435 de 201611, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo
cual quedó reiterado en la SU-454 de 201612, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda13.
8 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416 del 28.08.97., M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
9 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083 del 15.02.10., M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
10 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176 del 14.03.11., M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435 del 12.08.16., M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado
12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454 del 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
13 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 del
08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318 del 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló:
“En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez
constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se
sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración
del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los
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55. Con fundamento en el marco conceptual expuesto14, la Sala advierte que los
señores Wilson Alfonso Borja Díaz, Tomás Enrique Quiñones, Geovanni Aldana
Patiño, Luisa Fernanda Borja Rodríguez, Diodela del Carmen Herrera Ibáñez,
Carlos Rodolfo Borja Herrera, Andrés Felipe Quiñones Prieto, Lina Paola
Quiñonez Prieto, Jeny Marcelina Sandoval, Paula Alejandra Aldana Sandoval y
Valentina Borja Herrera son titulares de los derechos fundamentales que
reclaman, en consideración a que fueron los demandantes en el proceso
acumulado de reparación directa en el que se dictó la providencia cuestionada.
56. En consecuencia, los accionantes gozan de legitimación en la causa por activa
en el presente trámite constitucional, presupuesto procesal que al superarse
permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de
los derechos presuntamente vulnerados.
57. En relación con la autoridad judicial accionada, se advierte que la demanda se
dirigió contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que profirió la
decisión que, a juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales, por
lo que se encuentra legitimado por pasiva.
2.3. Problema jurídico
58. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y el informe presentado, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
59. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
● ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró los
derechos fundamentales “a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a
la igualdad y seguridad jurídica, a la verdad, al derecho a la sindicalización, y a la
reparación integral” de la parte actora, por presuntamente incurrir en un
defecto fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento de precedente,
al proferir la sentencia de 16 de diciembre de 2020, mediante la cual
confirmó el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección C en Descongestión, el 9 de abril de 2014,
que negó las pretensiones de los accionantes en el curso del proceso de
reparación directa que promovieron, contra el Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, Policía Nacional, y el Patrimonio Autónomo PAP
Fiduprevisora SA Defensa Jurídica Departamento Administrativo DAS?
mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto
se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
14 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,
ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia del 27.02.20., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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60. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
61. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201215 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16 y declaró
su procedencia.17
62. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y vi)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.
63. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
64. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.2.1. Relevancia constitucional18
15 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
17 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
18 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia del 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia del 20.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia del 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-
00; Sentencia del 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia del 06.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
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65. En el presente caso, la Sala entiende superado este requisito, por cuanto al
realizar el test de procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos
de la demanda y las pretensiones, se advierte que la parte actora solicita, entre
otros, la garantía de los derechos fundamentales al “a la vida, a la integridad
personal, al debido proceso, a la igualdad y seguridad jurídica, a la verdad, al derecho a la
sindicalización, y a la reparación integral” que consideró vulnerados con la sentencia
que confirmó el fallo que negó sus pretensiones de declarar patrimonialmente
responsables a las entidades accionadas por el atentado sufrido el 15 de
diciembre de 2000 en el proceso de reparación directa19.
66. En el presente caso se alegó la vulneración del derecho al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, lo que implica que la
misma trascienda el ámbito meramente legal. Igualmente, se solicitó la protección
del derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 superior, también el de
reparación integral de la Carta.
67. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de
tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de
sus derechos ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa
ordinaria, quien tenía la obligación de constituirse en garante de los derechos
fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de
convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela, quien deberá analizar el
caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho.
68. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento judicial establecido por la ley para su protección.
69. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas20.
Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 23.10.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
19 Según lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es
conjurar aquellas situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves falencias,
de relevancia constitucional, que conllevan una decisión incompatible con la Constitución
(Sentencia T-817 de 2012 de la Corte Constitucional). Por tal razón, la jurisprudencia constitucional
ha reiterado que uno de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en contra
de providencias judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional; esto es,
que se oriente a la protección de derechos fundamentales (Sentencia SU-573 de 2017, reiterando
las consideraciones expuestas en la C-590 de 2005) esto se refiere a que , “involucre garantías
superiores y no sea de competencia exclusiva del juez ordinario”(Sentencia SU-050 de 2018).
20 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00004-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-
000-2019-05258-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05291-00; sentencia
del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05354-00; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05153-00; sentencia
del 30.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05121-00; sentencia del 30.01.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05167-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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2.4.2.2. Tutela contra tutela21
70. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto a este aspecto, toda
vez que, no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza,
pues la sentencia cuestionada corresponde a un proceso de reparación directa
adelantado por la parte actora en contra de la Nación - Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, y el Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora SA Defensa
Jurídica Departamento Administrativo DAS.22
2.4.2.3. Subsidiariedad23
71. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que la sentencia fue dictada en segunda instancia, sin
que contra de tal decisión procedan recursos ordinarios adicionales, poniendo así
fin al proceso.
72. La Sala encuentra que en relación con el defecto denominado decisión sin
motivación, resulta procedente el recurso extraordinario de revisión, pues, a juicio
del actor, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C que, profirió la
sentencia del 16 de diciembre de 2021 sin “sustento jurídico, fáctico ni probatorio, sino
que por el contrario son consideraciones arbitrarias y contrarias a las pruebas que
obraban en el proceso.”.
21 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia del 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00014-00; Sentencia del 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00400-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00092-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-
15-000-2020-00179-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-
15-000-2020-00141-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04788-01; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00137-00; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-
00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00;
Sentencia del 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05202-00.
22 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
23 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-
03-15-000-2019-05025-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-
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73. Así las cosas, se advierte que la parte accionante cuenta con el recurso
extraordinario de revisión, bajo la causal “existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, prevista en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, para exponer los motivos por los cuales
considera que el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C adoptó
una decisión sin argumentos probatorios y jurídicos.
74. Lo anterior, por cuanto esta Corporación ha considerado que la nulidad
originada en la sentencia ocurre al “[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir
una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido
en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria
contra un tercero que no fue vinculado al proceso.”24 (Destacado por la Sala)
75. Por consiguiente, dicho reparo debe ser formulado por los actores ante el juez
competente para conocer del recurso extraordinario de revisión y haciendo uso de
tal mecanismo procesal.
76. En consecuencia, en relación con el aludido cargo, la Sala declarará la
improcedencia de la solicitud de tutela por no cumplir el requisito de la
subsidiariedad, pues se observa que los accionantes cuentan con otro mecanismo
de defensa de los derechos que pretende sean protegidos a través de la acción de
tutela, como lo es el recurso extraordinario de revisión.
77. Por otra parte, la Sala tendrá por superado el requisito de subsidiariedad en
relación con los demás defectos alegados frente a la providencia censurada por no
ser posible interponer otros recursos ordinarios ni extraordinarios, estos últimos en
consideración a que los argumentos expuestos no están consagrados como
causales de revisión ni de unificación de jurisprudencia, por lo que no son
procedentes ni idóneos en el caso concreto
2.4.2.4. Inmediatez25
78. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, porque la parte actora considera vulnerados sus derechos con la
providencia dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C,
el 16 de diciembre de 2020, la cual fue notificada el 12 de agosto de 2021 a las
partes e intervinientes por medios electrónicos, por lo que cobró ejecutoria el 17
de agosto del mismo año.
24 Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-2017-
02091-00 (REV), actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la República,
magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de la Sala Catorce
Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor:
José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
25 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00;
Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-
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79. Por su parte, el escrito de tutela se radicó el 11 de febrero de 2022, de tal
manera que se presentó en un plazo inferior a seis (6) meses, el cual se considera
razonable de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la posición
unificada del Consejo de Estado.
2.4.3. Generalidades del defecto fáctico
80. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015,26 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:
81. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen, entre otras, las siguientes
características:
Evento Características
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan
probatorio decisivos frente a los hechos que se pretenden
determinante probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
para identificar la ordinario. En este punto, se requiere que de forma
veracidad de los específica, se concrete en el escrito de amparo,
hechos alegados cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
por las partes fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
a) Se identifiquen los elementos de prueba no
valorados por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en
forma legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador,
arbitraria de las resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
pruebas por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
aportadas alterado.
Se requiere entonces que:
a) La parte precise cual o cuales de las pruebas
fueron objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular,
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la consideración del operador judicial se aleja de
las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta
de vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la
cual arribó el juez de instancia, en ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
con fundamento decide el asunto con base en pruebas que no
en pruebas observaron los requisitos legales para su producción o
obtenidas con introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
violación del ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación,
debido proceso pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el
problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una
prueba que desconoce el debido proceso de las
partes.
Para su configuración corresponde señalar:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.
82. Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe
precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
83. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad
jurídica, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la
Constitución Política.
84. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida
en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de
tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues ello resulta desacertado.
2.4.4. Del desconocimiento del precedente
85. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte como órgano de cierre para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin
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que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que
aquella sea considerada como precedente. También se considera que constituyen
precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas
tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
86. Sin embargo, resulta necesario advertir que “«…debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el
resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad
creadora del juez.»”27
2.5. Análisis del caso concreto
87. Teniendo en cuenta lo ya resuelto en el acápite 2.4.2.3, el accionante también
alegó que la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada incurrió en
un defecto fáctico y desconocimiento de precedente, por las razones que se
exponen a continuación:
88. En lo relacionado con el defecto fáctico, la parte actora adujó que la autoridad
judicial accionada no tuvo en cuenta las pruebas relativas a la relación de las
fuerzas militares y los paramilitares en la ejecución del atentado, las cuales aportó
la parte demandante a partir de las comunicaciones señaladas en el numeral 20
de esta providencia como el informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y las sentencias penales, los recortes de prensa.
89. Así mismo, indicó que se omitió el análisis de las comunicaciones retratadas
en el numeral 21 de esta sentencia, mediante las cuales el señor Borja manifestó
directamente a las autoridades que las personas que estaban detrás de las
amenazas eran las Fuerzas Militares en colaboración con los Paramilitares, pues
evidenciaban claramente la identificación del trabajo conjunto entre las fuerzas
militares –como Institución- y los paramilitares, para la ejecución de atentados
contra líderes sociales y sindicales en aquella época de violencia.
90. También, agregó que no se valoraron los informes que se encuentran en el
numeral 22, relacionados con el proceso ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en el cual el organismo internacional ordenó medidas
cautelares contra el Estado colombiano, a raíz del atentado del 15 de diciembre de
la misma anualidad
91. De igual manera, explicó que se valoraron indebidamente las sentencias
penales en donde los imputados eran los señores Uriel Olaya Grajales (soldado
activo regular del Ejército Nacional), José Misael Valero Pastrana (Soldado
profesional), Mayor César Alonso Maldonado Vidales, Jorge Ernesto Rojas
Galindo, Evangelista Basto Bernal y John Fredy Peña Ávila por negar que la
participación de los agentes militares se dio en el marco del servicio, como los
recortes de prensa y las informaciones difundidas en los medios de comunicación.
92. Desde ese panorama, la Sala advierte que la parte demandante cumplió con la
carga argumentativa requerida para el estudio del defecto fáctico, y que su
argumentación va dirigida a que la autoridad judicial accionada realizó una
27 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01
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indebida valoración de las pruebas, por lo anterior, será analizada la sentencia de
16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C, en segunda instancia, dentro del medio de control de reparación
directa, comoquiera que fue la que puso fin al trámite ordinario. Dicha providencia
realizó el estudio de los elementos probatorios de la siguiente manera:
“Esta acreditado que Wilson Alfonso Borja Díaz era el presidente de la
Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado al momento de
los hechos [hecho probado 8.1] y que el Departamento de Seguridad – DAS
evaluó su nivel de riesgo en varias ocasiones, le brindó un esquema de
protección y adoptó medidas para que su seguridad fuera efectiva [hechos
probados 8.2 a 8.10]. También se probó que a 15 de diciembre de 2000, a las
6:00 am aproximadamente Wilson Alfonso Borja Díaz y su servicio de escoltas
fueron atacados por varias personas con armas de fuego de largo alcance en
un parqueadero ubicado en el conjunto residencial Bochica en la Calle 80 con
Carrera 102 de Bogotá. Que en el cruce de disparos resultó herido un
miembro del punto atacante, quien fue asesinado por sus compañeros
después del atentado y que el esquema de seguridad logró repeler el ataque
[hecho probado 8.11]. A su vez, se probó que esa fecha el líder sindical
ingresó a la clínica Partenón por heridas con arma de fuego causadas en el
atentado [hecho probado 8.12] y que tuvo una pérdida de capacidad laboral
del 30.38 % [hecho probado 8.24].” (sic para toda la cita).
93. De lo transcrito, esta Sala encuentra que la autoridad judicial accionada realizó
el análisis de los hechos conforme a las pruebas recaudadas dentro del proceso,
los cuales corresponden a lo dicho por la parte accionante. A partir de ello,
concluyó que el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, evaluó el nivel
de riesgo del señor Borja en varias ocasiones, le brindó un esquema de protección
y adoptó medidas para que su seguridad fuera efectiva [hechos probados 8.2 a
8.10], le otorgó las medidas de seguridad suficientes, tan es así que el día del
atentado el esquema de seguridad logró repeler el ataque [hecho probado 8.11]
del que fueron víctimas.
94. De igual manera, se evidencia que las comunicaciones relacionadas en los
numerales 22 y 23 de esta providencia, que informaban sobre las amenazas
recibidas por el señor Wilson Borja Díaz fueron tenidas en cuenta en la valoración
probatoria para determinar que los llamados realizados por el señor Borja Diaz
para pedir protección fueron atendidos por la entidad encargada. Pues en el fallo
de 16 de diciembre de 2020 la autoridad judicial relacionó en los hechos probados
lo siguiente:
“8.2. El 17 de febrero de 2000, la división de seguridad a instalaciones
avanzadas del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS evaluó el
servicio de seguridad de Wilson Alfonso Borja Díaz y concluyó que su nivel de
riesgo era medio – medio porque existían indicios de presencia de amenazas
con una dirección concreta, es decir, una posibilidad de que el hecho pudiera
suceder y recomendó al comité técnico de la Dirección de Protección del
Departamento Administrativo de Seguridad – DAS continuar con el servicio de
protección, reentrenar al esquema de seguridad y extremar las medidas de
autoprotección, según da cuenta copia simple del informe n°.089 (f.296 a 304
c.18).
8.3. El 7 de marzo de 2000, el comité técnico de la Dirección de Protección del
Departamento Administrativo de Seguridad – DAS avalo la sugerencia de la
división de seguridad a instalaciones avanzadas de esta entidad, según da
cuenta, copia simple del oficio n°. 0550 (f.294 c.18)” (sic para toda la cita).
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95. En ese sentido, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C al
tenor de dicha interpretación determinó que si bien, el señor Wilson Borja Diáz fue
víctima de un atentado, en el cual también salieron perjudicados los integrantes de
su equipo de seguridad, lo cierto es que la autoridad involucrada con anticipación
otorgó medidas de protección solicitadas por el señor Borja para velar por su
seguridad, como esquema de seguridad y armas de dotación por lo que al
momento del ataque pudieron responder.
96. En relación a lo anterior, la autoridad judicial accionada indicó:
“La Sala reitera que estos eventos en que se imputa omisión, debe tenerse en
cuenta que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para
disuadir la acción de los grupos ilegales aunque Wilson Alfonso Borja Diaz fue
victima de un atentado contra su vida y resultó herido por arma de fuego,
según las pruebas, el ataque fue frustrado gracias al esquema de seguridad
que le fue suministrado por parte del Estado, que logró resistir y repeler el
ataque y proteger la vida del líder sindical. Por ello, no se configuró una
omisión al deber de protección.” (sic para toda la cita).
97. La Sala observa que el fallo de 16 de diciembre de 2020 destacó que los
miembros de las fuerzas militares, de policía y los agentes de seguridad deben
soportar el riesgo de padecer eventuales daños, por lo que en lo relacionado con
los accionantes que pertenecieron al esquema de seguridad del señor Borja Díaz,
tendrán derecho a las indemnizaciones o reconocimientos patrimoniales ya
establecidos en caso de lesiones sufridas, los cuales ya están previstos por la ley,
motivo por el cual el medio de control de reparación directa no es el trámite
adecuado para dicho fin, pues el Estado solo será responsable frente a estos en
caso de haber incurrido en una falla del servicio o por haberlos hecho asumir un
riesgo mayor al que debían afrontar situación que indicó la autoridad judicial
demandada que no se demostró en el proceso.
98. Igualmente, en relación con si se logra demostrar que existió una falla del
servicio por parte del Estado o si se hizo asumir un riesgo mayor a miembros de la
fuerza pública, en este caso específico a agentes de seguridad asignados para
proteger al señor Borja Díaz, el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C explicó que el daño le seria atribuible al hecho de un tercero. De la
providencia mencionada se resalta lo siguiente:
“De modo que, como el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS le
brindó a Tomas Enrique Quiñones Mendigaño y Geovanni Aldana Patiño el
equipamiento y el entrenamiento que conforme con su capacidad institucional
y tras evaluar el nivel de riesgo del protegido, consideró necesarios para el
cumplimiento de su misión no se probó una falla del servicio.
En el expediente tampoco obró prueba de que Tomas Enrique Quiñones
Mendigaño y Geovanni Aldana Patiño hubieran sido expuestos a un riesgo
mayor al que debían afrontar sus demás compañeros, pues los integrantes de
los esquemas de seguridad brindados por el Estado se encuentran expuesto a
ataques dirigidos a quienes protegen. De manera que, cuando Tomas Enrique
Quiñones Mendigaño y Geovanni Aldana Patiño ingresaron a trabajar en el
servicio del Departamento de Seguridad – DAS y aceptaron ser agentes de
seguridad del líder sindical, asumieron el riesgo de padecer eventuales daños
en el ejercicio de sus funciones de protección.” (sic para toda la cita).
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99. Lo anterior, corrobora que dentro del proceso de reparación directa se analizó
si existía una falla del servicio frente a los accionantes que eran los agentes de
seguridad al servicio del señor Borja Díaz, al punto de evidenciar que se trataba
de un riesgo que ellos ya habían asumido padecer eventualmente al pertenecer al
Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, motivo por el cual decidió que
no podían prosperar las pretensiones de los señores Tomas Enrique Quiñones
Mendigaño y Geovanni Aldana Patiño.
100. De igual manera, se estableció respecto al argumento presentado por la parte
actora de que el ataque sufrido por ellos lo realizaron miembros de la fuerza
pública, específicamente del Ejército Nacional, la autoridad judicial accionada
explicó:
“Si el hecho que causa el daño se origina en un proceder propio y
estrictamente personal del autor, que no tiene relación ni ligamen alguno con
el servicio por ser ajeno a las funciones y aislado de los fines estatales, no
puede comprometer a la administración y, por ello, se configura la causal de
exoneración de responsabilidad del Estado por la falta personal del agente. El
nexo con el servicio no se deduce automáticamente por el solo hecho de que
el agente que cometió la conducta delictiva se encuentra vinculado a la
administración. Existe este nexo, cuando el daño se produce en circunstancias
que constituyen expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio
público.
Quedo probado en el proceso que el Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá condenó a Cesar Alfonso Maldonado Vidales,
Regulo Rueda Chaves, Juan Evangelista Basto Bernal y a Jorge Ernesto
Rojas Galindo por los delitos de concierto para delinquir y tentativa de
homicidio y John Fredy Peña Avila por el delito de concierto par delinquir, por
el atentado contra Wilson Alfonso Borja Díaz, y que el Tribunal Superior de
Bogotá confirmó esas decisiones [hechos probados 8.17 y 8.20] también se
probó que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá
condeno a Juan Evangelista Basto Bernal por el delito de tentativa de
homicidio contra Tomas Enrique Quiñones Mendigaño y Geovanni Aldana
Patiño por el delito de homicidio consumado contra Helmer Horacio Rueda
Daza, integrante del grupo que atento contra la vida de Wilson Alfonso Borja
Díaz y Maria del Pilar Bolaños, vendedora de tintos del sector donde
ocurrieron los hechos [hecho probado 8.21]. A su vez, se demostró que el
juzgado condeno a Cesar Alonso Maldonado Vidales como determinador del
homicidio de Helmer Horacio Rueda Daza y Maria del Pilar Bolaños [hecho
probado 8.21].
Frente a las calidades de los autores de estos delitos, esta acreditado que,
para la época de los hechos Cesar Alonso Maldonado Vidales era mayor del
Ejército y Juan Evangelista Basto Bernal era informante de esa entidad [hecho
probado 8.22]. En las providencias penales también se señaló que otras
personas que eran miembros o exmiembros del Ejército, participaron en el
ataque del líder sindical Wilson Alfonso Borja Díaz.
Aunque algunos miembros del grupo que atentó contra la vida de Wilson
Alfonso Borja Díaz tenían vínculos con el ejercito no se aportó prueba que
acreditara que hubieran actuado dentro del servicio, ni que sus actuaciones
tuvieran conexión con el mismo.” (sic para toda la cita).
101. De lo anteriormente citado se extrae que si bien se identificaron a los autores
materiales y determinadores del atentado y dos de ellos se demostró que
ostentaban la calidad de mayor e informante del Ejército Nacional, ninguna de las
pruebas que reposan dentro del proceso pudo evidenciar que su actuación fuera
producto o a causa del servicio.
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102. Así mismo, en la providencia enjuiciada se analizaron las comunicaciones
relacionadas por el accionante las cuales se encuentran en el numeral 23 de esta
sentencia, de dichas pruebas con las demás que obran en el expediente, la
autoridad judicial demandada encontró probado que el señor Borja Díaz era
víctima de amenazas contra su vida, lo cual se demostró con las comunicaciones
relacionadas, lo que llevó consigo que se concluyera que estaba en riesgo la
seguridad del líder sindical y que frente a esto el Departamento Administrativo de
Seguridad - DAS le proporcionó un esquema de seguridad y un vehículo oficial
para trasladarse, sin que con las comunicaciones se hubiera podido demostrar la
participación del Ejército Nacional en esas actuaciones delictivas, análisis
probatorio que es razonado, adecuado y acorde con las reglas de la sana crítica
103. Por lo tanto, no era posible que la autoridad judicial declarara la
responsabilidad del Estado sin que este hecho estuviera plenamente demostrado,
análisis que, se reitera, es adecuado y razonable.
104. De igual manera, dentro del proceso se realizó un estudio de los elementos
probatorios allegados que demostró que los vehículos donde se transportaron los
atacantes el día del atentado eran particulares, así como las armas que se usaron,
pues ninguna era propiedad del Estado, motivo por el cual se puede concluir que
no hay ningún vínculo que permita atribuir responsabilidad al Estado.
105. Ahora bien, respecto de las sentencias del proceso penal que condenaron a
los involucrados, se puede evidenciar que la autoridad judicial accionada sí las
tuvo en cuenta dentro del análisis probatorio, solo que argumentó que el hecho de
que algunos de los culpables del atentado ostentaran la calidad de miembros de la
fuerza pública no era un punto que tuviese por sí mismo la potencialidad de variar
la decisión, pues no se probó que actuaran dentro del servicio ni que sus
actuaciones tuvieran conexión con el servicio público durante el atentado contra el
señor Wilson Borja, por lo que el daño causado es producto de su culpa personal.
106. Ahora bien, frente a si se tuvieron en cuenta los informes relacionados con el
proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se
señaló que el organismo internacional ordenó medidas cautelares contra el Estado
colombiano, en los cuales ordenaba al Estado, adoptar las medidas necesarias
para proteger directamente la vida y la integridad personal del señor Borja Díaz.
107. Lo anterior, teniendo en cuenta que la parte actora consideró que la
valoración de dichos informes era indispensable para determinar el sentido de la
decisión ya que el análisis de la responsabilidad del atentado no se habría
encaminado a “agentes en hechos particulares y aislados”, sino a la participación
del Estado en la consecución del atentado; esto, teniendo en cuenta que la
Comisión Interamericana sólo tiene competencia para analizar denuncias sobre la
vulneración a derechos humanos por parte de Estados miembros de la
Convención Interamericana.
108. La Sala advierte que la sentencia atacada encontró probado que: “8.18. El 29
de diciembre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó
medidas cautelares a favor de Wilson Alfonso Borja Díaz, según da cuenta oficio No. DDH
57784 del Ministerio de Relaciones Exteriores (f. 205 c.9)” esto, junto a las demás
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pruebas aportadas al proceso evidenciaron que existían amenazas contra la
integridad del señor Borja Díaz y que el Estado, a través del DAS, proporcionó la
seguridad correspondiente pero concluyó que los poderes de protección y cuidado
del Estado no son ilimitados para disuadir el actuar ilegal y que, en el caso en
estudio, las decisiones adoptadas para garantizar la seguridad del líder sindical
evitaron un desenlace más trágico, por lo que no existió omisión en las
obligaciones del Estado.
109. De igual manera, estos informes aportados por los accionantes fueron
emitidos de manera posterior a los hechos ocasionados el 15 de diciembre de
2000, por lo que la autoridad judicial accionada no los podía estudiar para tomar
una decisión respecto a si existió una falla del servicio frente al atentado, ya que el
juez de la reparación directa evalúa las actuaciones previas o concomitantes al
hecho dañino para determinar si existe responsabilidad del Estado por la acción y
omisión de sus agentes.
110. Igualmente, los accionantes también alegaron que la autoridad judicial
accionada en la providencia cuestionada incurrió en un defecto por
desconocimiento de precedente, pues la jurisprudencia exige un análisis más
integral de los elementos de la responsabilidad y de la justificación sobre la
actividad de un agente fuera del servicio para concluir que se trata de la actividad
de un tercero totalmente ajena al servicio, y específicamente menciono como
desconocidas varias providencias.
111. Adujo como desconocida la sentencia del 5 de febrero de 2021. Consejo de
Estado. Sección Tercera. Subsección A. Radicado No. 52338. C.P. José Roberto
Sáchica Méndez, la cual no se puede considerar como precedente para el caso
que nos ocupa teniendo en cuenta que la misma fue proferida luego de quedar
ejecutoriada el fallo de 16 de diciembre de 2020, el cual es objeto de controversia.
112. También alegó la inaplicación de los fallos del 25 de julio de 2019 Exp 50315
C.P. Martha Nubia Velásquez Rico, el fallo del 23 de julio de 2014 Exp 29327 C.P.
Carlos Alberto Zambrano, Sentencia del 26 de julio de 2012 Exp 25245 Danilo
Rojas Betancourth, del 14 de junio de 2001, Exp. 13.303, M.P. Ricardo Hoyos
Duque y de la sentencia del 13 de agosto de 2014 Exp 30025 C.P. Hernán
Andrade Rincón. Sin embargo, la Sala encuentra que dichas providencias no
corresponden a los mismos supuestos fácticos del caso que nos ocupa, pues en el
caso que hoy nos ocupa ya se tuvo probado dentro del proceso de reparación
directa que las armas con las cuales realizaron el ataque eran particulares y no de
dotación oficial.
113. Adicionalmente, mencionó la sentencia del 27 de abril de 2016 Exp 50231
C.P. Hernán Andrade Rincón28, la cual, en sentir de la parte actora, es aplicable al
caso concreto porque analizó la responsabilidad del Estado en el marco de la
actividad de una banda criminal de la que hacían parte varios agentes de la Policía
Nacional que operaba en zonas rurales de Bogotá. Esta se dedicaba al hurto,
tortura y asesinato de transportadores. En esta sentencia, además de señalarse la
responsabilidad de la Nación por la actuación de sus agentes, se pone de
28 Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de abril de 2016, Rad.
25000-23-26-000-2011-00479-01 (50231). M.P. Hernán Andrade Rincón.
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presente el deber de control y vigilancia de los superiores sobre los hombres a su
cargo.
114. Sin embargo, al analizar dicho fallo se observa que no es un precedente
aplicable a la controversia objeto de debate, en razón a que los supuestos fácticos
de esta providencia no son similares a los del caso que nos ocupa, pues dicha
sentencia sostiene que los delitos cometidos por los agentes de policía fueron
perpetrados por la realización de retenes en horas de la madrugada, mientras los
policiales se encontraban en turno de servicio en zonas rurales de los municipios
de Funza y Mosquera, Cundinamarca, y así obligaban a los conductores a que
descendieran de los vehículos y les permitieran verificar la carga, momento en el
que, aprovechándose de esas circunstancias, los demás delincuentes -que se
encontraban escondidos-, procedían a intimidarlos con armas de fuego y a
ocultarlos en el monte, donde posteriormente procedían a darles muerte con
disparos a corta distancia en la cabeza.
115. La Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación, determinó en dicha
sentencia que lo acontecido se encuentra inescindiblemente atado a la prestación
del servicio de la Policía Nacional, razón por la cual concluyó que con su
ocurrencia se configuró una ostensible falla del servicio por parte de la demandada
-tanto por acción como por omisión-, pues destacó que fue su condición de
policías activos y en servicio lo que les permitió realizar retenes en la vía pública
en horas de la noche y en el lugar de su jurisdicción, esto es el municipio de
Mosquera, Cundinamarca (mientras se suponía que cumplían con la obligación de
garantizar la seguridad ciudadana).
116. Es así como, no son supuestos fácticos similares pues en el presente caso
nunca se logró demostrar esa relación inescindible entre la prestación del servicio
como soldados o exintegrantes del Ejército de algunos de los integrantes de la
banda delincuencial que atento contra los demandantes y la ocurrencia del
atentado del 15 de diciembre de 2000, o que con ocasión de dicha calidad se
hubiese facilitado la comisión de sus conductas delictivas.
117. Por último, argumentó que no se tuvo en cuenta que el Consejo de Estado en
la sentencia de 10 de junio de 201729, precisó lo siguiente: “Frente a los actos
violentos de terceros, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
considera que el concepto de falla del servicio opera como fundamento de reparación
cuando: i) en la producción del daño estuvo suficientemente presente la complicidad por
acción u omisión de agentes estatales; ii) se acredita que las víctimas contra quienes se
dirigió de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de
protección a las autoridades y estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para
ello, no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que su
omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante); iii) la
población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el acto
terrorista era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en
el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma
eficiente y oportuna el ataque; y iv) el Estado omitió adoptar medidas de prevención y
seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente
creada por este.”
29Consejo de Estado, Expediente núm. 25000-23-26-000-1995-00595-01(18860). M.P. Ramiro
Pazos Guerrero.
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111. Para la Sala de Sección no es de recibo el argumento presentado por los
demandantes sobre la falta de aplicación del anterior precedente, toda vez que tal
como lo cita la parte actora, se trata de identificar que no se haya cumplido con el
siguiente supuesto: “ii) se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió de modo
indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las
autoridades y estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las
brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que su omisión es
objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante)”, en este caso la
autoridad judicial accionada determinó que el extinto Departamento Administrativo
de Seguridad – DAS, entregó al demandante, señor Borja Díaz, de manera
oportuna y realizando las evaluaciones de nivel de riesgo necesarias, todas las
medidas de protección, como esquema de seguridad, agentes entrenados, armas
oficiales y vehículo blindado, por lo que el Estado no omitió adoptar ninguna
medida razón por la cual consideró que no infringió su posición de garante.
112. Finalmente, la Sala encuentra que el juez del proceso de reparación directa
expuso razones suficientes por las cuales no podía acceder a las pretensiones de
los demandantes, pues se acreditó y argumentó porque no se comprometió la
responsabilidad del Estado.
113. Así pues, no se acreditaron los defectos alegados, por cuanto la sentencia
proferida por la autoridad judicial accionada se ajustó a derecho.
2.6. Conclusión
114. Las anteriores razones son suficientes para considerar que no resulta
procedente la intervención excepcional del juez constitucional de tutela, pues la
providencia censurada se dictó atendiendo parámetros de razonabilidad y carece
de arbitrariedad, motivo por el cual prevalecen los principios de cosa juzgada y
autonomía judicial.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo respecto del
defecto de decisión sin motivación, con fundamento en las razones expuestas en
esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo deprecado en la acción de tutela presentada por
el señor Wilson Alfonso Borja Diaz, de conformidad con lo señalado en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
30
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