RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01118-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01118-00

Fecha
28 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01118-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

28 de marzo de 2022

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis en su calidad de presidente del
Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte
Demandado: Presidencia de la República

Temas: Derecho de petición / Carencia actual de objeto por hecho
superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Héctor Mauricio Álvarez
Lenis en su calidad de presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y
Transporte contra la Presidencia de la República.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Héctor Mauricio Álvarez Lenis en su calidad de presidente del
Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte, promovió demanda en
orden a que se tutele el derecho fundamental de petición.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la Presidencia de la
República, resolver de fondo, de manera clara y precisa la petición elevada el 23 de
diciembre de 2021.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró que el 23 de diciembre de 2021, a través de correo electrónico,
elevó petición dirigida a la parte accionada, de la cual no ha recibido respuesta, pese
a estar vencidos los términos previstos en la ley para el efecto.

1.1.3. Fundamentos de derecho

En el libelo introductorio se exponen los siguientes aspectos:

i) De acuerdo con las sentencias T-491 del 2001 y T-730 de igual año, la
Presidencia de la República vulnera el derecho de petición al omitir brindar una
respuesta de fondo, clara y precisa sobre lo solicitado, dentro del término dispuesto
por la ley para tal fin.

ii) También se desconoce el derecho objeto de solicitud de amparo, cuando las
peticiones son retenidas o enviadas a un destinatario diferente de aquel a quien le
corresponde resolverlas.

1.2. Actuación Procesal

Mediante auto del 22 de febrero de 2022, se dispuso admitir la acción de tutela,
notificar a la Presidencia de la República como accionado, y se le requirió para que
indicara si ya dio respuesta, congruente y de fondo, a la solicitud presentada el 23 de
diciembre de 2021, por el señor Héctor Mauricio Álvarez Lenis en su calidad de
presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte, o de no
haberlo hecho, indicara las razones. Igualmente, se resolvió no decretar la medida
provisional solicitada por la parte accionante.

1.3. Contestación de la demanda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

1.3.1. Del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República —
DAPRE

El apoderado judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República — DAPRE — y/o del señor presidente de la República, solicitó negar por
improcedente el amparo solicitado en atención a los siguientes argumentos:

i) La petición formulada por el señor Héctor Mauricio Álvarez Lenis radicada el
24 de diciembre de 2021, fue tramitada de fondo a través del Oficio OFI22-00021245
/ IDM.

ii) El DAPRE y la Presidencia de la República carecen de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que no son responsables directos de la definición
sobre las solicitudes de reconocimiento y pago de indemnización administrativa por
desplazamiento y menos aún otorga proyectos productivos a las víctimas
1reconocidas por el Estado colombiano.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que prevé que
«[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la
República […] serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo
de Estado» en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25 del Acuerdo 080
de 20192, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado
en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre
todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas

1 Sobre el particular, refiere a las funciones generales del DAPRE, previstas en el artículo 3 del
Decreto 1784 de 2019 y, advierte que, se encuentran encaminadas a prestar apoyo logístico y
administrativo al señor presidente de la República en el cumplimiento de sus funciones, que son
principalmente las consignadas en el artículo 189 de la Constitución.
2
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si se vulneró al señor Héctor Mauricio Álvarez Lenis en su
calidad de presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito, el derecho
fundamental de petición y si la respuesta emitida por la Presidencia de la República
satisface el núcleo esencial que exige una respuesta de fondo, eficaz, oportuna y
congruente con lo solicitado.

2.3. El derecho fundamental de petición

La Corte Constitucional en la sentencia C-818 de 2011,3 sintetizó las reglas que
previamente habían sido desarrolladas por la jurisprudencia en materia de protección

3 Referencia: expediente D-8410 y AC D-8427, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos

10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309
(parcial) de la Ley 1437 de 2011 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo”, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, sentencia del
11 de noviembre de 2011». Las anteriores normas se declararon inexequibles y se dispuso, diferir los
efectos de la inexequibilidad declarada de los artículos 13 a 33 del CPACA, hasta el 31 de diciembre
de 2013.
Sobre el derecho fundamental de petición, dicha sentencia señaló: «a) El derecho de petición es
fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la
información, a la participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o
se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara,
precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no
se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre
en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen
autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo
determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es
necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza
funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la
administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la
efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

del derecho fundamental de petición. La sentencia precedente declaró inexequibles
las normas analizadas de la Ley 1437 de 2011, bajo los siguientes fundamentos:

i) No obstante que el anterior Código Contencioso Administrativo a pesar de
contener una regulación sobre el derecho de petición, no fue tramitado por una ley
estatutaria, debe tenerse en cuenta que esa regulación se trataba de una norma
preconstitucional- Decreto Ley 1 de 1984, proferida en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confirió el artículo 11 de la Ley 58 de 1982 y, por tanto, dentro
del ordenamiento constitucional colombiano no existía la figura de las leyes
estatutarias.

ii) Como lo ha admitido la Corte Constitucional,4 en principio la actualización
estructural del contenido de un derecho fundamental debe ser discutido en la
célula legislativa a través del procedimiento estatutario.5 En este sentido, es
indudable que los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, actualizan el derecho
fundamental de petición, consagrado expresamente como fundamental en la
Constitución Política de 1991, y reconocido igualmente por la jurisprudencia
constitucional desde 1992.

iii) Fija por demás, su procedencia frente a particulares, situación no contemplada
en la regulación pre-constitucional y que como se advirtió hace parte de su
estructura.

se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración
para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se
cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la
Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver
oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más
del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994».
4 Incluso en la sentencia C-791 del 21 de octubre de 2011 magistrado ponente: Humberto Antonio

Sierra Porto
5 En iguales términos, lo señaló la sentencia C-973 de 2010, magistrado ponente:.Nilson Pinilla Pinila

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

iv) Los temas mediante ley estatutaria se hacen necesarios a) cuando se trata de
normas que se refieren a contenidos muy cercanos a los elementos estructurales
esenciales del derecho de petición y b) los artículos 13 a 33 contienen un desarrollo
integral y sistemático del derecho fundamental de petición, y por tanto, todas las
materias tratadas, sea cual fuere su contenido específico, han debido ser objeto de
una ley estatutaria.

v) Dicho trámite legislativo fue realizado a través del procedimiento ordinario, tal
y como consta en la certificación expedida por el secretario general del Congreso de
la República, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo, de fecha 5 de abril de 2011,
la Ley 1437 de 2010, se ciñó al trámite que se exige para las leyes ordinarias y fue
tramitado en dos legislaturas, razón por la cual los artículos 13 a 33 deberán ser
declarados inexequibles.

vi) En relación con el ámbito de las disposiciones afectadas por el vicio, y tal y
como se ha procedido en otras oportunidades, el defecto trae consigo la
inconstitucionalidad de todos los artículos relacionados con la materia que regula el
derecho fundamental, en la medida en que al hacer un desarrollo integral del mismo,
todos ellos resultan afectados, en cuanto nacieron a la vida jurídica mediante el
trámite de una ley ordinaria y no de una ley estatutaria, como era imperativo que
ocurriera en cumplimiento de los preceptos superiores.

La Corte Constitucional expidió la sentencia C-951 de 2014,6 que estudió el proyecto
de Ley Estatutaria sobre el derecho fundamental de petición, el cual se convirtió en

6 Declaró exequible el Proyecto de Ley Estatutaria 65 de 2012, Senado, número 227 de 2012 «Por
medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», con las siguientes salvedades: del
artículo 13 la expresión “en relación a (sic) las entidades dedicadas a su protección o
formación” contenida en el inciso final del mismo artículo, la cual se declara EXEQUIBLE, siempre y
cuando no excluya la posibilidad de que los menores de edad presenten directamente peticiones
dirigidas a otras entidades para el pleno ejercicio de sus derechos
fundamentales; INEXEQUIBLES las expresiones “ante el funcionario competente” del inciso primero
y “o ante el servidor público competente” del parágrafo 3º del artículo 15 del proyecto de Ley
Estatutaria revisado y EXEQUIBLE el resto de la disposición, bajo el entendido que la exigencia de
que las peticiones sean presentadas por escrito, deberá ser motivada por la autoridad correspondiente
mediante acto administrativo de carácter general; EXEQUIBLE el artículo 16 del proyecto de Ley
Estatutaria revisado, siempre y cuando el numeral 2º se entienda sin perjuicio de que las peticiones de
carácter anónimo deban ser admitidas para trámite y resolución de fondo, cuando exista una

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

la Ley 1712 de 2014 y, que en esencia, mantuvo los pilares del citado derecho los
cuales se han consignado en múltiples sentencias, entre ellas, la T-230 de 20207 en
la cual esa corporación expresó la caracterización de ese derecho de la siguiente
manera:

i) Su condición de derecho fundamental implica una garantía que promueve un
canal de diálogo entre los administrados y la administración.

ii) Su fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los
ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho.

iii) Tiene dos componentes esenciales: a) la posibilidad de formular peticiones
respetuosas ante las autoridades y b) como correlativo a ello la garantía de que se
otorgue respuesta de fondo, eficaz, oportuna y congruente con lo solicitado.

iv) Su núcleo esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta
resolución, a la existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la
decisión al peticionario.

a) Respecto de la formulación de la petición

justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad; EXEQUIBLE el
artículo 22 del proyecto de ley estatutaria examinado, sin perjuicio de que deba enviarse la respuesta
a todos los que hayan formulado la petición; EXEQUIBLE el artículo 24, con excepción del parágrafo,
el cual se declara EXEQUIBLE bajo el entendido de que los eventos allí previstos, también son
aplicables para el numeral 8 referente a los datos genéticos humanos; EXEQUIBLE el artículo 26 del
proyecto de Ley Estatutaria revisado, en el entendido de que en los municipios en los que no exista
juez administrativo, se podrá instaurar este recurso ante cualquier juez del lugar; EXEQUIBLE el
artículo 31, salvo la expresión “gravísima” que se declara INEXEQUIBLE; EXEQUIBLE el artículo 32,
salvo la expresión “estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este
título” contenida en el inciso segundo que se declara EXEQUIBLE, bajo el entendido de que al
derecho de petición ante organizaciones privadas se aplicarán, en lo pertinente, aquellas
disposiciones del Capítulo I que sean compatibles con la naturaleza de las funciones que ejercen los
particulares.
7 Referencia: Expediente T-7.040.215, Asunto: Acción de tutela instaurada por el señor Christian
Fernando Joaquín Tapia en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán,
magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez, sentencia del 7 de julio de 2020.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

i) Cualquier persona podrá dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades, ya
sea verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio idóneo —artículo 23 de la
Constitución Política y 13 del CPACA—.

ii) La petición puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas, lo
cual es una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos administrativos ante
las autoridades públicas.

iii) Estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas y responderlas de
forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido, de acuerdo con los
estándares establecidos por la ley.

b) Pronta resolución

i) Otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición consiste
en que las solicitudes formuladas ante las autoridades o los particulares deben ser
resueltas en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley
para tal efecto.

ii) En la actualidad rige el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020,
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-242-2020.8

iii) La ampliación transitoria de los términos para atender peticiones, prevista en
la citada norma, es conforme a la Constitución, porque si bien es una medida que
modifica una norma estatutaria, como lo es el artículo 14 del CPACA, lo hace de forma
temporal a fin de permitir el ejercicio racional del derecho examinado con respecto
del criterio de proporcionalidad.

8 Referencia: Expediente RE-253, Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 491 de 2020,
“por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”,
magistrados ponentes: Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger, sentencia del 9 de
julio de 2020.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

iv) La ampliación de términos persigue una finalidad legítima desde una
perspectiva constitucional, como lo es superar de forma racional las afectaciones
causadas en el desarrollo de las actividades de las autoridades debido a las
restricciones implementadas para enfrentar la pandemia originada por el coronavirus
Covid-19 y, en este sentido, cumple con el mandato superior de prestar los servicios
de forma adecuada, continua y efectiva.

v) La medida se orienta a satisfacer un bien constitucional (buen funcionamiento
del Estado) y aunque afecta el ejercicio de un derecho constitucional (de petición), lo
hace en el ámbito de su regulación legal y reglamentaria y con el objetivo de permitir
su más adecuada realización, razón por la cual la limitación temporal que se impone
satisface el juicio de proporcionalidad.

vi) Los plazos establecidos por el legislador excepcional no anulan la oportunidad
que subyace al derecho de petición, ya que la regla general para responder las
peticiones se modificó de 15 a 30 días, lo cual no es un término excesivamente largo,
y que una situación similar ocurre con la ampliación de 10 a 20 días para la atención
de peticiones de información y documentos, o de 30 a 35 días para las consultas, en
los que, a pesar de que se aumentaron los tiempos de respuesta para las solicitudes
de estirpe no iusfundamental, en ningún caso se supera el doble del término legal
ordinario.

c) Respuesta de fondo

i) El componente del núcleo esencial supone que la contestación a las
peticiones debe observar ciertas condiciones para que sea constitucionalmente
válida. Es decir, la respuesta de la autoridad debe ser:

a) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión;

b) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; c) congruente,
de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo
solicitado;

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

c) consecuente, con el trámite que se ha surtido, de modo que si la respuesta
se produce con motivo de una petición formulada dentro de un procedimiento del que
conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con
ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que,
si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones
por las cuales la petición resulta o no procedente.

d) Notificación de la decisión

Para materializar la decisión es imperativo que el solicitante conozca el contenido de
la contestación realizada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva
notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el
CPACA.

2.4. Hechos probados

En el expediente militan los siguientes elementos de prueba:

2.4.1. Petición presentada por el accionante el 23 de diciembre de 2021, a través de
correo electrónico, dirigida al señor presidente de la República de Colombia con el
siguiente asunto:

«Solicitud Objeción, proposición eliminatoria, artículos 56, 57, del proyecto de
LEY 266/2021 SENADO, 393/2021 CAMARA, “Por el cual se dictan normas
tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras
disposiciones”, y proposición modificatoria de los artículos 58 y 59 del mismo.»

2.4.2. En el cuerpo del escrito, el peticionario manifiesta la solicitud de presentar
objeción respecto de los artículos 56 y 57 y proposición modificatoria de los artículos
58 y 59 del proyecto de Ley a través del cual el legislativo pretende dictar normas
tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, por inconveniencia.

Para el efecto citó apartes de las sentencias C-866 de 1999, C-550 de 2003, C-577
de 2006, C-306 de 2009; los artículos 1 y 3 de la Ley 769 de 2002; 2, 4 y 6 de la Ley
1310 de 2009; 1, 4 y 13 de la Ley 1943 de 2017; los conceptos del Consejo de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil 1826 de 2007 y 2433 de 2020, así como los
conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función pública 187011
del 2015, 74771 del 2016, 91781 del 2019 y, después de hacer un comparativo entre
la norma que rige las situaciones administrativas de los agentes de tránsito y las
modificaciones introducidas en el aludido proyecto de ley (de las cuales destacó con
letra roja algunos fragmentos), concluyó que dado el alto grado de responsabilidad
que tienen dichos servidores «no pueden ser objeto de delegación o contratar con
particulares».

2.4.3. Finalmente, después de explicar que el proyecto de ley es contrario a las
políticas establecidas por el Gobierno Nacional en el marco de la política de
convivencia y seguridad ciudadana, solicitó lo siguiente:

«Por tal motivo solicito la eliminación de los apartes distinguidos en color rojo de este
escrito, en el proyecto de ley 266/2021 SENADO, 393/2021 CAMARA, “Por el cual
se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se
dictan otras disposiciones”, en el entendido de que no es dable la delegación de la
autoridad y funciones de policía judicial de los agentes de tránsito de las entidades
territoriales, a contratistas o prestadores de servicios y demás establecidos en los
artículos 56, 57, 58 y 59 del proyecto de ley».

2.4.4. Oficio OFI22-00021245/IDM 13010000 del 4 de marzo de 2022, suscrito por el
secretario jurídico de la Presidencia de la República, a través del cual responde la
petición del accionante en los siguientes términos:

«De manera atenta, hacemos referencia a sus comunicaciones trasladadas a la
entidad el 23 de diciembre de 2021, EXT21-00146033 y EXT21-00146034, radicadas
en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 24 de
diciembre de 2021, mediante las cuales expone factores de inconveniencia respecto
de algunos apartados del proyecto de ley identificado en el trámite ante el Congreso
con el número 266/2021 SENADO, 393/2021 CAMARA, “Por el cual se dictan
normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan
otras disposiciones”, y que actualmente corresponde a la ley 2197 de 2022.

En atención a las mismas, es importante tener en cuenta que el citado proyecto de ley
fue de iniciativa gubernamental, presentado por los ministros del Interior, de Justicia y
del Derecho, y de Defensa Nacional, y durante el trámite legislativo se respetaron
todas las garantías de participación y las formalidades a las que hacen referencia la
Constitución Política y la Ley 5 de 1992. El proyecto incluso contó con comisiones de
conciliación en las que se resolvieron las diferencias entre los textos aprobados por
las plenarias de Cámara y Senado.

Con estos antecedentes, que acreditan una amplia deliberación en el Congreso, y
después de consultar con los sectores interesados, se sancionó y promulgó la Ley

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

2197 de 2022, que goza de presunción de constitucionalidad, concepto explicado por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-160 de 2016 M.P., Luis Ernesto Vargas
Silva, en los siguientes términos:

“En la medida en que las leyes son producto de la actividad democrática deliberativa
del Congreso, están amparadas por la presunción de compatibilidad con la
Constitución. Esta presunción no solo puede ser derrotada a través del ejercicio del
control de constitucionalidad que, en el caso de aquellas normas susceptibles de la
acción pública, supone la existencia de una acusación concreta que demuestre la
oposición entre el precepto legal y la Carta Política. Esta condición exige, por
ejemplo, que el cargo cuente con condiciones de certeza y especificidad”

Así las cosas, en caso de considerar que en el texto que fue finalmente promulgado
por el Gobierno nacional persisten los elementos de inconveniencia mencionados en
sus escritos de diciembre de 2021 y que éstos pueden ir en contravía de la
Constitución Política, lo procedente es adelantar una acción pública de
inconstitucionalidad para que el máximo tribunal de esa jurisdicción resuelva de fondo
sus inquietudes sobre la materia.»

2.4.5. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República envió a los
correos electrónicos reportados por el accionante singtt2019@gmail.com y
hectorm1173@gmail.com el día 4 de marzo de 2022, con confirmación de entrega,
según pantallazos anexos la mencionada respuesta.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

El señor Héctor Mauricio Álvarez Lenis señaló que la Presidencia de la República
transgredió su derecho fundamental de petición, pues, sin justificación alguna y
superado el plazo razonable, no ha resuelto la solicitud de presentar objeciones que
formuló como presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte,
respecto del proyecto de Ley 266 de 2021 Senado de la República – 393 de 2021
Cámara de Representantes «Por el cual se dictan normas tendientes al
fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones», que
radicó el 23 de diciembre de 2022.

Los artículos 165 a 168 y 241 numeral 8 de la Constitución Política, 79 numeral 4,
196 a 201 de la Ley 5 de 1992, establecen la forma en que han de tramitarse las
objeciones que el presidente de la República realice a los proyectos de ley, bien por
inconveniencia o por inconstitucionalidad, en cumplimiento de su labor preventiva de
defensa de la Carta.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

Las normas en mención otorgan al primer mandatario seis días para devolver con
objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez
días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de
veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta, que deben contarse en días
hábiles a partir del día siguiente a aquel en que el proyecto fue recibido para sanción
presidencial. Si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto
el proyecto con objeciones, el presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. Si las
cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el presidente tendrá el deber
de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos.9

En el sub lite, advierte la Sala que el jefe de la Oficina Jurídica del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, anexó a esta actuación copia del
Oficio OFI22-00021245/IDM 13010000 del 4 de marzo de 2022, en el cual se le
informa al accionante que el proyecto de ley objeto de petición fue de iniciativa
legislativa del Gobierno Nacional a través de los ministros del Interior, de Justicia y
del Derecho y de Defensa Nacional, y durante el trámite legislativo se garantizó la
participación y las formalidades, de tal manera que las diferencias con los textos
aprobados por las plenarias de Cámara y Senado se resolvieron a través de
comisiones de conciliación.

Agregó que, después de una amplia deliberación en el Congreso, y de consultar con
los sectores interesados, fue sancionada y promulgada la Ley 2197 de 2022, la cual
goza de presunción de constitucionalidad. Por tal motivo, advirtió que de considerarlo
necesario, podía acudir a la Corte Constitucional, a través de una acción pública de
inconstitucionalidad, para que fueran estudiados los aspectos de inconveniencia que
mencionó en el escrito, de manera que fueran resueltos por el Alto Tribunal.

Ante esta circunstancia, la afectación que pudo haberse ocasionado a los derechos
fundamentales de la parte accionante se encuentra actualmente superada y, por
tanto, no existe mérito para proferir una decisión de fondo en el presente asunto, en
atención a que el amparo solicitado se dirigía a que las objeciones por
inconveniencia puestas de presente en la petición, se tuvieran en cuenta en el

9 Sentencia C-452 de 2006.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

trámite del proyecto legislativo, sobre el cual se surtió la etapa de objeción y sanción
presidencial cuya ley fue promulgada el 25 de enero de 2022 con el número 2197.

En consecuencia, el asunto fue resuelto mediante el Oficio OFI22-00021245/IDM
13010000 del 4 de marzo de 2022 (notificado al accionante ese día) en el que la
accionada respondió de manera clara y congruente lo solicitado el 23 de diciembre
de 2021, de acuerdo con las particularidades de la petición, situación que implica, en
definitiva, que en la actualidad, no existe vulneración palpable y evidente de las
garantías fundamentales deprecadas.

No se puede perder de vista que la facultad constitucional de presentar objeciones
por inconstitucionalidad o inconveniencia a los proyectos de ley antes de
sancionarlos recae en el presidente de la República y, que los ciudadanos y
agremiaciones cuentan con la acción pública de inconstitucionalidad para advertir a
la autoridad judicial competente los motivos que podrían desvirtuar el atributo de
presunción de legalidad o constitucionalidad.

Para la Sala es claro que la ley sobre la cual el accionante propuso objeciones fue
promulgada el 25 de enero de 2022, esto es, con antelación a la presentación de la
presente acción de tutela que fue radicada el 12 de febrero de igual año, y por ello
resulta inocua cualquier inconformidad que realice la Presidencia de la República,
comoquiera que no produciría ningún efecto frente a una norma que ya se encuentra
en rigor. Además, como se dijo, la demanda de amparo fue interpuesta con
posterioridad al momento en que entró en vigencia la ley que el accionante pretendía
objetar, por tanto, la amenaza al derecho de petición conculcado quedó superada.

No obstante, no debe perderse de vista que la Presidencia de la República sí excedió
el término de la Ley 1755 de 1025 y el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, para
resolver la petición elevada por el aquí tutelante. En ese orden de ideas, esta Sala
hace un llamado a que dicha situación no vuelva a repetirse. Esto en ninguna medida
significa que necesariamente las peticiones deban ser resueltas favorablemente, sino
que la respuesta a las solicitudes respetuosas presentadas por la ciudadanía,
corresponden ser emitidas en forma oportuna y no como sucedió en el sub-lite,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

puesto que de forma extemporánea se expidió solamente hasta el 4 de marzo de
2022 y como resultado de la acción de tutela.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,10 cuando la situación
fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece o se modifica,
en el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio, podría
generar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante «la solicitud de
amparo pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el
que recaería una eventual decisión del juez de tutela».11

Así las cosas, si la actuación u omisión que causa la supuesta amenaza o
vulneración se extingue o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón
de ser como mecanismo idóneo y expedito de protección judicial, pues la decisión
que puede adoptar el juez, respecto del caso concreto, resultaría inocua e iría en
contra del objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.12

Conforme a lo expuesto, se tiene que dentro del trámite de la tutela se constató la
satisfacción del pedimento fundamental planteado por el accionante. En este sentido,
colmada la pretensión que sustentó la interposición de la acción de tutela, carece de
objeto cualquier decisión que pudiera emitir el juez constitucional al respecto.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye, que debe declararse la cesación de la actuación por carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que, según el informe rendido por la entidad
demandada, mediante el Oficio OFI22-00021245/IDM 13010000 del 4 de marzo de

10 Véase, por ejemplo, la sentencia T 533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del

fenómeno de la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo
pretendido en la demanda de amparo no ejerza ningún efecto sobre la protección, es decir, sea
infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
11Ibidem.
12Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2003.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01118-00
Demandante: Héctor Mauricio Álvarez Lenis
Presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte

2022 se dio respuesta de fondo, clara y precisa respecto de la petición radicada el 23
de diciembre de 2021.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto, por
hecho superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: En caso de que no fuere impugnada la presente providencia, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

M.E.C.G.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.