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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01122-01

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01122-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de marzo de 2022, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual amparó los derechos fundamentales de la señora María Paola Pérez Bermúdez. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-01122-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

2 de junio de 2022

Demandante: María Paola Pérez Bermúdez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01122-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01122-01
Demandante: MARÍA PAOLA PÉREZ BERMÚDEZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Derecho al descanso laboral - Vacaciones de funcionarios y
empleados de la Rama Judicial1 - confirma el amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia contra la sentencia de
14 de marzo de 2022, por medio de la cual, la Sección Tercera, Subsección “B”
del Consejo de Estado, amparó los derechos fundamentales de la accionante.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora María Paola Pérez Bermúdez, presentó acción de tutela el 16 de
febrero de 2022, contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín – Antioquia, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, y el Consejo
Superior de la Judicatura, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales “[…] al trabajo, dignidad humana, igualdad y salud consagrados en los
artículos 25, 12, 13 y 48 de la Carta Política […]”.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la negativa de las entidades accionadas de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal que permitiera el nombramiento de la persona que la
reemplace durante el periodo de sus vacaciones, dada su calidad de asistente
social grado 18 en propiedad, en el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia.

1
Se reitera posición de la Sala sobre el asunto en sentencias de 10 de diciembre de 2020, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp: 11001-03-15-000-2020-03827-01, 6 de agosto de 2021, M.P.
Rocío Araújo Oñate, Exp: 11001-03-15-000-2020-03100-00 y 12 de mayo de 2022, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra, Exp: 11001-03-15-000-2022-02143-00.
1

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Demandante: María Paola Pérez Bermúdez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01122-01

1.2. Pretensiones

La parte actora elevó las siguientes peticiones:

“1. Amparar mi derecho fundamental al trabajo, en condiciones dignas, a la salud de
los servidores judiciales, igualdad, que se nos viene vulnerando por parte del Juez
coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, Antioquia, el Consejo Superior de la
Judicatura y el Director Ejecutivo de la Rama Judicial Seccional Antioquia o quien
haga sus veces, ordenándole que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
del fallo, inicie las acciones pertinentes, en aras de garantizar la provisión de los
recursos y proceda a expedir el respectivo CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL que se requieren para que la COORDINACIÓN DEL CENTRO
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, también
proceda a concederme las vacaciones renumeradas a que por ley tengo derecho y
que se encuentran causadas, que solicité del martes 19 de abril de 2022 hasta el
viernes 13 de mayo de 2022, ambas fechas inclusive, y me fueron negadas.

2. Que se ordene al Director Ejecutivo de la OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA- Dirección Financiera, o quien haga sus veces,
que omita tener como fundamento para la expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal de los empleados, la Circular PSAC11-44 de
noviembre 23 de 2011.

3. Ordenar al Director Ejecutivo de la OFICINA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
SECCIONAL ANTIOQUIA- Dirección Financiera, o quien haga sus veces, que cada
vez que la suscrita como empleada adscrita al CENTRO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA, solicite las vacaciones,
unas vez causadas y concedidas por la COORDINACIÓN DEL CENTRO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, y ante
petición del Juzgado, se adelante el trámite pertinente para que se obtenga el
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, para la persona que me
ha de reemplazar durante el disfrute de mis vacaciones como servidora judicial. Ello
para no incurrir en temeridad, toda vez, que no es posible que cada vez que
solicitemos las vacaciones nos las nieguen por no contar con el CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, tengamos que acudir a esta acción
constitucional por los mismos hechos y derechos”. (Sic para toda la cita)

1.3. Hechos

La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:

1.3.1. La accionante se encuentra vinculada a la Rama Judicial, como asistente
social grado 18 en propiedad desde el 30 de diciembre de 2016, desde ese
entonces, afirma que, luego de cumplir un año de servicio en la institución ha
realizado los trámites correspondientes, para disfrutar del periodo de vacaciones al
que tiene derecho.

1.3.2. No obstante, en la actualidad tiene pendiente por disfrutar dos periodos de
vacaciones, los cuales corresponden a las siguientes fechas: desde el 30 de
diciembre de 2019 al 29 de diciembre de 2020 y entre el 30 de diciembre de 2020
al 29 de diciembre de 2021.

1.3.3. El 8 de febrero de 2022, la actora y el coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

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de Medellín y Antioquia solicitaron a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín – Antioquia la expedición de los certificados de
disponibilidad presupuestal necesarios para la concesión de uno de los dos
periodos de vacaciones que tiene pendiente por disfrutar (entre el 30 de diciembre
de 2019 al 29 de diciembre de 2020), el cual mencionó, deseaba tomar desde el
martes 19 de abril de 2022 hasta el 13 de mayo de la misma anualidad.

1.3.4. El 10 de febrero de 2022, por medio de oficio N.º DESAJME022-523 de 10
de febrero de 2022 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín – Antioquia le informó a la tutelante que expediría el certificado de
disponibilidad presupuestal N.º 010122 para concederle los mencionados días de
descanso, sin embargo, manifestó que no era posible expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal que garantizara el rubro para nombrar el reemplazo
transitorio de la señora María Paola Pérez Bermúdez.

1.3.5. Mencionó la parte demandante que en atención a que ya se había expedido
el certificado de disponibilidad presupuestal, le solicitó al juez que coordina el
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia el disfrute de sus vacaciones; no
obstante, a través de la Resolución 47 de 10 de febrero de 2022 su nominador
negó tal requerimiento, hasta tanto se disponga del presupuesto para nombrar su
reemplazo, ello con ocasión a las altas cargas de trabajo que se manejan
actualmente en el centro de servicios con ocasión de la pandemia del Covid-19, la
implementación de la virtualidad y las restricciones de ingreso a la sede de trabajo.

1.3.6. Adujo que contra la Resolución N.º 47 de 10 de febrero de 2022 interpuso
recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera negativa por parte del titular
del despacho, por medio de la Resolución N.º 048 de 11 de febrero de 2022.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La señora María Paola Pérez Bermúdez consideró que la parte accionada
transgredió sus derechos fundamentales “[…] al trabajo, dignidad humana, igualdad y
salud consagrados en los artículos 25, 12, 13 y 48 de la Carta Política […]”, toda vez
que, con fundamento en cuestiones de carácter administrativo, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia negó la
designación de un reemplazo para poder disfrutar de su periodo de vacaciones, al
cual tiene derecho.

Puso de presente que su nominador está inconforme con la posición adoptada por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia al
no diligenciar la obtención del certificado de disponibilidad presupuestal para
nombrar su reemplazo, pues tal negligencia afecta la correcta prestación de los
servicios, máxime teniendo en cuenta que los despachos de ejecución de penas y
medidas de seguridad son los más congestionados del país.

Alegó que con ocasión a que no ha podido disfrutar las vacaciones a las que tiene
derecho, no ha podido descansar física ni mentalmente.

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1.5. Trámite de la acción de tutela

En auto de 17 de febrero de 2022, el magistrado ponente de la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y ordenó
notificar al director de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín – Antioquia, al coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia,
y a la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, para que si lo
consideraban del caso ejercieran su derecho a la defensa y presentaran un
informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Medellín –
Antioquia

El director ejecutivo mencionó que, si bien es cierto la dirección ha respondido
negativamente las solicitudes de la demandante concernientes a la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal que permita nombrar su reemplazo, lo
cierto es que ello obedece a que el nivel central -Unidad de Planeación- no
autoriza a las seccionales la expedición de los mencionados certificados y
tampoco ubica recursos en el rubro correspondiente.

Afirmó que en efecto se expidió un certificado de disponibilidad presupuestal para
el disfrute de las vacaciones de la actora, y que la falta de disponibilidad para
efectos de un reemplazo no es un argumento válido para que el nominador de la
tutelante le niegue el disfrute del derecho a las vacaciones o que sirva como
excusa para trasladar la responsabilidad al operador del gasto.

Agregó que hasta tanto se expida una circular diferente a la PSAC11-44 la Unidad
de Planeación solo autorizará la asignación de recursos para reemplazos de los
jueces que pertenecen al régimen de vacaciones individuales y a los servidores
que laboren en despachos cuya planta de personal sea de 3 o menos empleados.

1.6.2. Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia

El juez nominador de la señora María Paola Pérez Bermúdez sostuvo que había
lugar a acceder al amparo invocado por la demandante y, en consecuencia, se
debía ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Medellín – Antioquia emitir la asignación presupuestal que se requiere a fin de
conceder las vacaciones solicitadas por la tutelante, y proceder a designar el
correspondiente reemplazo. De igual manera, solicitó su desvinculación al
proceso.

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 14 de marzo de 2022, la Subsección “B” de la Sección Tercera
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del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de la señora María
Paola Pérez Bermúdez, en los siguientes términos:

“[…] 2°) Ordénase al director o quien haga sus veces de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia que en el término de diez (10)
días, contados a partir de la notificación de esta providencia, adelante las gestiones
necesarias para apropiar los recursos requeridos para garantizar el reemplazo del
actor (sic) y expida el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.
Una vez cumplida esa orden, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, el titular
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia deberá conceder la solicitud de
vacaciones de la demandante, de forma que se garantice su derecho al descanso
[…]”.

Explicó el a quo que, los asuntos de índole administrativo y de organización
interna de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín –
afectaron el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente le
asiste a la tutelante, pese a que el descanso constituye una garantía fundamental
derivada del derecho al trabajo en condiciones dignas, como ya lo ha resuelto esta
Corporación en anteriores oportunidades.

Mencionó que, si bien por regla general la acción de tutela no es el medio idóneo
para dictar órdenes que impliquen erogaciones y/o apropiaciones presupuestales,
no puede perderse de vista que la falta de expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal implicó que el titular del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Medellín y Antioquia retardara indefinidamente el disfrute del derecho al
descanso de una de las empleadas de su despacho, pues ante la falta de
nombramiento de un reemplazo se generó la imposibilidad de que la señora Pérez
Bermúdez pudiera gozar de un derecho ya causado: sus vacaciones, en orden a
evitar la amenaza de la prestación del servicio a cargo del despacho.

Ahora bien, en relación con el argumento de la entidad accionada sobre la
imposibilidad de desconocer los lineamientos de la Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, el juez de
primera instancia indicó:

“[…] es preciso anotar que estos no son de recibo pues tanto funcionarios como
empleados judiciales tienen derecho indistintamente a disfrutar de un periodo de
descanso -sin que sea dable distinguir o poner obstáculos infundados en razón
únicamente del cargo-, correspondiente a 22 días de vacaciones por cada año de servicio,
sin que el hecho de que no exista una norma que reglamente el procedimiento especial
para nombrar el reemplazo de los empleados pueda ser justificación válida para negar el
goce de ese derecho, como lo han reconocido otras salas de esta Corporación de manera
reiterada […]”.

1.8. Impugnación

A través de correo electrónico de 29 de marzo de 2022, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia impugnó la sentencia de
14 de marzo de 2022, y solicitó que se revoque la decisión del a quo.

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Adujo que proceder a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
para cubrir los gastos por reemplazo de la señora Pérez Bermúdez, reviste una
complejidad que no está “en sus manos”, toda vez que los bienes y recursos que
tiene por función administrar, dependen de los fondos que se sitúen desde la
Dirección Ejecutiva del Nivel Central y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Aseguró que, debe tomar medidas de carácter administrativo que permitan el
cabal manejo de los recursos, su correcta aplicación y utilización, de tal forma que
se garantice el funcionamiento del servicio público de administración de justicia
con el menor traumatismo posible.

Frente al punto, precisó que dichas medidas obligan a la entidad a que tengan un
manejo y distribución eficiente de los recursos apropiados, motivo por el cual, se
hace estrictamente necesario, entre otros, que quienes pretendan gozar
efectivamente de su derecho legal y constitucional al descanso, deben presentar
con al menos dos meses de antelación su solicitud de expedición de certificado de
disponibilidad presupuestal, tanto para el pago de vacaciones y primas de
vacaciones.

Finalmente arguyó que, pese a todo lo anterior, en cumplimiento del fallo,
procederá a dar cumplimiento a la orden impartida por la Sección Tercera
Subsección, “B” del Consejo de Estado en el fallo de 14 de marzo de 2022, “[…] en
el sentido de que, en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia adelante las gestiones necesarias para apropiar los recursos requeridos
para garantizar el reemplazo del actor y expida el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal. (...); de tal manera que con ello podamos coadyuvar a la
materialización del derecho al descanso del actor (sic) Y a su vez, remitiremos notificación
y CDP para reemplazo al nominador, para lo de su cargo […]”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia
contra el fallo de tutela de 14 de marzo de 2022, proferido por la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del
Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

En relación con la solicitud de desvinculación realizada por el juez coordinador del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, esta Sala la negará, toda vez que:
(i) es parte accionada en el trámite tutelar; y (ii) es una de las entidades que
interviene en el trámite relacionado con el disfrute de las vacaciones de la señora
María Paola Pérez Bermúdez, uno de los aspectos sobre el cual precisamente se
fundamenta y reprocha la presente acción constitucional.

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 14 de marzo de 2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección
“B” del Consejo de Estado, a través de la cual amparó los derechos fundamentales
“[…] al trabajo, dignidad humana, igualdad y salud consagrados en los artículos 25, 12,
13 y 48 de la Carta Política […]”.

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) naturaleza de la acción de tutela; y (ii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o,
excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub
examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría
desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y,
de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.5. Caso concreto - Reiteración de jurisprudencia2

La señora María Paola Pérez Bermúdez interpuso acción de tutela, con el fin de
que se amparen sus derechos fundamentales “[…] al trabajo, dignidad humana,
igualdad y salud consagrados en los artículos 25, 12, 13 y 48 de la Carta Política […]”.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la negativa de las entidades accionadas de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal que permitiera el nombramiento de la persona que la
reemplace durante el periodo de sus vacaciones, dada su calidad de asistente

2
Al respecto ver las sentencias del 30 de mayo de 2019, Exp. Rad. No. 11001-03-15-000-2019-
01633-00, del 26 de septiembre de 2019, Exp. Rad. No 11001-03-15-000-2019-03992-00 y del 6
de agosto de 2020, Exp. Rad. No 11001-03-15-000-2020-03100-00, en los cuales, la Sección
Quinta del Consejo de Estado analizó casos similares al presente.
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social grado 18 en propiedad, en el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia.

En providencia de 14 de marzo de 2022, la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de la señora María
Paola Pérez Bermúdez, en los siguientes términos:

“[…] 2°) Ordénase al director o quien haga sus veces de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia que en el término de diez (10)
días, contados a partir de la notificación de esta providencia, adelante las gestiones
necesarias para apropiar los recursos requeridos para garantizar el reemplazo del
actor (sic) y expida el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.
Una vez cumplida esa orden, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, el titular
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia deberá conceder la solicitud de
vacaciones de la demandante, de forma que se garantice su derecho al descanso
[…]”.

Como consecuencia de lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín – Antioquia impugnó la sentencia de 14 de marzo
de 2022, y solicitó que se revoque la decisión del a quo, dado que expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos por reemplazo de
la señora Pérez Bermúdez, reviste una complejidad que no está “ en sus manos”,
toda vez que los bienes y recursos que tiene por función administrar, dependen de
los fondos que se sitúen desde la Dirección Ejecutiva del Nivel Central y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

No obstante, adujo que iba a cumplir el fallo del a quo, y por consiguiente
expediría el certificado de disponibilidad presupuestal con el fin de que se pudiera
garantizar el nombramiento del reemplazo de la accionante, sin embargo, a este
trámite de tutela no se allegó prueba que demostrara que a la fecha dicho
presupuesto ya se hubiese tramitado, motivo por el cual, esta Sala de Decisión
confirmará el fallo del juez de primera instancia, con fundamento en los siguientes
argumentos:

En primera medida, advierte la Sección que, en lo que respecta al acto
administrativo por medio del cual se le informó a la accionante que no era posible
proferir el certificado de disponibilidad, el mecanismo para controvertirlo es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 20113, en el cual puede solicitar el decreto de las
medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 ibídem, por lo tanto,

3
“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel.”
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en principio, el juez de lo contencioso administrativo es el llamado a dirimir las
controversias que de él surjan.

Sin embargo, esta Sala ha considerado4 que en ciertos eventos las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo judicial para
precaver la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual torna
imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su primacía
dentro del ordenamiento jurídico.

En primer lugar, para establecer la procedencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el
accionante debe alegar que un acto particular y concreto vulnera un derecho
subjetivo por incurrir en alguna de las causales de nulidad previstas en el
ordenamiento jurídico.

En este caso, los argumentos expuestos por la parte actora contra la decisión de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia,
se sintetizan en que sus derechos fundamentales no pueden ser vulnerados por
cuestiones de carácter administrativo.

De lo solicitado por la tutelante no se puede inferir que pretenda atacar la legalidad
del acto administrativo proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín – Antioquia, presupuesto que es indispensable
para la procedencia de la pretensión del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Por lo tanto, aunque en principio el acto administrativo que negó la posibilidad de
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de
la accionante, podría ser controvertido a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y solicitarse la medida cautelar pertinente, la Sala
considera que la señora María Paola Pérez Bermúdez no posee un instrumento
jurídico idóneo para el amparo de sus garantías alegadas, toda vez que, como se
evidenció, no pretende atacar su legalidad y su inconformidad no se encuadra en
ninguna de las causales para la procedencia del referido medio de control.

Lo anterior, resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo con lo
hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta controversia,
pues con la petición de amparo no se solicita una revisión de legalidad del acto
administrativo a través del cual se negó el disfrute a las vacaciones.

Ahora bien, al descender al estudio concreto de los hechos objeto de discusión, se
encuentra demostrado que, si bien, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín – Antioquia por medio del acto administrativo N.º
DESAJME022-523 de 10 de febrero de 2022 le informó a la tutelante que le
expediría el certificado de disponibilidad presupuestal N.º 010122 para que tomara
las vacaciones compensadas, lo cierto es que le manifestó que no era posible
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantizara el rubro para

4
Ver las Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 30 de junio de 2016. M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 25000-23-41-000-2016-00617-01 y del 30 de agosto de
2018. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 50001-23-33-000-2018-00171-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01122-01

nombrar el reemplazo transitorio de la señora María Paola Pérez Bermúdez, el
cual es imposible de emitir.

Al respecto, la Sección Quinta considera que el descanso debe entenderse como
uno de los derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición
mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto
intelectual como física, para así proteger su salud corporal y mental, y fortalecer su
dedicación para el desarrollo de sus actividades.

Por lo tanto, impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar la señora María
Paola Pérez Bermúdez, pues, se reitera, jurisprudencial y legalmente se ha
considerado que las vacaciones constituyen un derecho fundamental que tienen
todos los empleados, por lo que no puede ser trasgredido en función del servicio.
Tan es así, que esta Corporación ha amparado el derecho fundamental al
descanso en acciones de tutelas con similares supuestos fácticos5.

Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que “se
considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones
anuales pagadas o la renuncia a las mismas ”6.

En el presente caso, la accionante pretende única y exclusivamente el goce o
disfrute material del periodo de tiempo al que tiene derecho por concepto de
vacaciones que, por razones de presupuesto, no le fue concedido.

Sin embargo, esta Sala considera que los argumentos de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia para justificar la omisión
de autorizar el rubro presupuestal correspondiente para designar provisionalmente
a quien reemplazará en su ausencia a la actora, expresados en el escrito de
impugnación, no pueden usarse para desconocer el derecho al disfrute de las
vacaciones a las cuales tiene derecho, toda vez que el carácter fundamental de
dicha garantía ha sido reconocido por la Corte Constitucional, sin que sea válido
oponer trabas administrativas que afecten el núcleo fundamental de este derecho.

En otras palabras, la autoridad no puede imponer cargas a la accionante que le
impidan ejercer su derecho fundamental, máxime cuando escapa del resorte del
tutelante el encontrar las medidas de orden presupuestal u organizacional para
proveer el cargo en su ausencia temporal.

Así las cosas, negarle el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de
limitaciones de carácter administrativo, no es una carga que deban soportar los
servidores judiciales y, en ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicio
para acceder al disfrute del derecho, el empleado debe comunicar al nominador

5
Consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-
2020-04490-0 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A. Rad. 17001-23-31-000-2010-00041-01. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; Consejo de Estado,
Sección Cuarta, Sentencia del 12 de diciembre de 2018. Rad. 08001-23-33-000-2018-00756-01
M.P. Milton Chaves García. Consejo de Estado, Sección Segunda. Rad.: 19001-23-33-000-2014-
00469-01. M.P.: Gustavo Gómez Aranguren, sentencia del 5 de febrero de 2015.
6
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de
junio de 1963.

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sobre la programación de las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo
presupuestal o administrativo, para poder acceder al descanso remunerado.

De otro lado, se tiene que la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de
2005, cuyo asunto fue “asignación de recursos para reemplazos por vacaciones
del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados del sistema
penal acusatorio”, y la Circular No. 44 de 12 de mayo de 2005, en la que
estableció el procedimiento para la programación de vacaciones individuales de
los servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Administrativa profirió la Circular PSAC11-44, que señaló de manera expresa
la derogatoria de lo establecido en las referidas circulares “para efectos de no incluir
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones individuales
cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual deberán seguir el
procedimiento de aquí (sic) se señala y que permitirá gestionar los recursos para el
nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar a ello ”.

Así las cosas, se considera que si bien la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura profirió una circular en la que dispuso directrices dirigidas a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del país atinentes a la programación
de vacaciones de los funcionarios judiciales y la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para garantizar los reemplazos, la omisión de
establecer un procedimiento para el efecto no puede servir de fundamento para
desconocer el derecho al descanso.

Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público tiene
derecho a disfrutar de un descanso remunerado, por cada año de servicio
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de
1968 y 1045 de 1978).

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas
en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, de modo que, conforme a lo expuesto en
precedencia, la Sala considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones
dignas de la señora María Paola Pérez Bermúdez, por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín – Antioquia, por lo que se
confirmará la decisión de 14 de marzo de 2022, proferida por la Subsección “B” de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual amparó los
derechos fundamentales de la señora María Paola Pérez Bermúdez.

2.6. Conclusión

Conforme con lo expuesto, esta Sala de Decisión confirmará en su integridad lo
resuelto por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado en el fallo
de 14 de marzo de 2022, dado que, se encontró que los derechos fundamentales
“[…] al trabajo, dignidad humana, igualdad y salud consagrados en los artículos 25, 12,
13 y 48 de la Carta Política […]” de la señora María Paola Pérez Bermúdez fueron
transgredidos.

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3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Medellín y Antioquia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de marzo de 2022, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual
amparó los derechos fundamentales de la señora María Paola Pérez Bermúdez.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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