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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01131-01

Fecha
19 de mayo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01131-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

19 de mayo de 2022

1

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01131-01
Demandante: Municipio de Medellín

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01131-01
Demandante: Municipio de Medellín
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad

Temas: Tutela contra providencia que declaró la caducidad del medio de
control de controversias contractuales / ausencia del requisito de
subsidiariedad / configuración de las causales de procedibilidad
defectos sustantivo o material y fáctico respecto de la condena en
costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por el ente territorial accionante contra la
sentencia del 25 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el municipio de
Medellín, ante el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el municipio de Medellín, por medio de apoderado, promovió demanda en
orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01131-01
Demandante: Municipio de Medellín

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene al Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia en la que atienda los
lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso puesto a su consideración.

1.1.2. Los hechos

El ente territorial accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) Interpuso demanda en el medio de control de controversias contractuales
contra el señor Juan Guillermo Yepes Giraldo, con el propósito de que se declarara
el incumplimiento del Contrato de Arrendamiento 044 del 1 de junio de 2009, con
ocasión de la falta de pago de cánones y el vencimiento del plazo para la entrega del
bien inmueble objeto del contrato.

ii) El Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante
sentencia del 26 de enero de 2019, declaró oficiosamente la caducidad del medio de
control. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad el 18 de noviembre de 2021, corporación que
adicionalmente, condenó en costas al municipio de Medellín.

1.1.3. Los defectos invocados

El accionante señala que la decisión cuestionada incurre en vía de hecho por
configurarse las causales de procedibilidad defectos procedimental, desconocimiento
del precedente jurisprudencial y fáctico en la medida que:

i) Estableció de manera errónea el término de caducidad, toda vez que aplicó las
normas del CPACA, pese a que dicha codificación no reguló este aspecto y, la
realidad procesal muestra que el municipio de Medellín suscribió el Contrato 044 el 1
de junio de 2009, fue renovado mediante Acta 01 del 28 de diciembre de 2009; de
suerte, que su vigencia perduró hasta el día 31 de diciembre de 2010. Por ende, al
momento de presentarse la demanda el día 27 de julio de 2015, no se había
superado el término fijado en la ley para impetrar la respectiva acción, pues no había

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Demandante: Municipio de Medellín

transcurrido el periodo decenal regulado en la Ley 791 de 2002, 1 ni los veinte (20)
años que para el efecto establece el artículo 55 2 de la Ley 80 de 1993.3

ii) El medio de control de controversias contractuales, debió tramitarse por el
proceso verbal establecido en los artículos 368 y ss del CGP; esto es, por remisión
directa del artículo 306 del CPACA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
75 de la Ley 80 de 1993, como lo aceptó el Tribunal accionado en el auto del 18 de
enero de 20214, en un asunto de connotaciones fácticas y jurídicas análogas y con
fundamento en diversas providencias del Consejo de Estado, Sección Tercera. 5

iii) Desde la primera instancia se le impartió a la demanda interpuesta en el
medio de control de controversias contractuales, un trámite que no corresponde; de
modo que de haberse aplicado el procedimiento correcto la decisión cuestionada no
habría incurrido en una vía de hecho, dado que el procedimiento verbal para lograr la
restitución de bien inmueble no fija un término de caducidad.

iv) Se abstuvo de analizar detenida y adecuadamente la realidad procesal surtida,
al imponer la condena en costas al municipio de Medellín, puesto que utilizó un
criterio objetivo respecto del contenido del artículo 365 del CGP, sin tener en cuenta
que la única intervención que realizó el demandado en el proceso ordinario fue la de
acudir al despacho judicial a materializar la notificación personal del auto admisorio
«y luego se desatendió del mismo al punto que no realizó una intervención procesal
(asistir a audiencia, contestar la demanda, presentar recursos, memoriales, ni
constituyó apoderado judicial)».

1.2. Actuación Procesal

1
Por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil.
2
ARTÍCULO 55. De la prescripción de las acciones de responsabilidad contractual. La acción
civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley
prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La
acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años.
3
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
4
Copia de esta providencia fue aportada al plenario por la parte accionante el 21 de febrero de 2022.
5
Dentro de las providencias referidas en el auto del 18 de enero de 2021 proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia se encuentra: a) la del 29 de agosto de 2013 proferida en el radicado
25000-23-26-000-1998-02194-01 (22988), con ponencia del magistrado Ramiro de Jesús Pazos
Guerrero y b) la del 25 de febrero de 2009 proferida en el radicado 73001-23- 31-000-1997-05889-01
(16493) con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez.

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Demandante: Municipio de Medellín

A través del auto del 22 de febrero de 2022, el Consejo de Estado, Sección Primera,
admitió la acción de tutela, y dispuso notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad para que rindieran el informe
respectivo y allegaran las pruebas del caso dentro de los tres días siguientes.

Igualmente, se vinculó al Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín
y al señor Juan Guillermo Yepes Giraldo, en calidad de terceros con interés legítimo
a quienes se les otorgó tres días para que se pronunciaran sobre la acción de tutela
y se ordenó al primero de los mencionados que hiciera llegar el expediente del medio
de control de controversias contractuales con radicado 050013333015201500971-01.

1.3. Contestación de la demanda

No obstante que fue notificado en debida forma, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, guardó silencio.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Del Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín

El juez quince administrativo oral del circuito de Medellín, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, dado que no se incurrió en vía de hecho,
comoquiera que no se presentaron los presupuestos de configuración del defecto
procedimental.

Para el efecto expuso lo siguiente:

i) Las inconformidades que se traen a colación en sede de tutela, son nuevas
argumentaciones, que no fueron ventiladas en el trámite ordinario que se surtió bajo
las ritualidades propias del proceso contencioso administrativo, de acuerdo con la
demanda que fue presentada ante esta jurisdicción por el ente accionante al
determinar la competencia y la caducidad, aspectos sobre el cual adujo que «[l]a

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acción ejercida se encuentra vigente de conformidad con lo establecido en el artículo
164 del CPACA».

ii) Para sustentar el recurso de apelación contra la decisión que en primera
instancia decretó la caducidad de la acción, no hizo alusión a que el término para que
operara ese fenómeno era el regulado en la legislación civil, y se limitó a señalar que
no procedía por tratarse de un bien fiscal.

iii) No puede el juez constitucional convertirse en una tercera instancia para
analizar y valorar argumentos nuevos que exponga el accionante en sede de tutela,
en un asunto ya debatido ante el juez natural.

iv) La providencia del 28 de enero de 2019, fue proferida por ese despacho
judicial, conforme a las normas positivas de carácter sustantivo y adjetivo que
regulan el ejercicio de las acciones propias de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo; además, efectuó un análisis juicioso y detallado de las pruebas
allegadas válidamente a la actuación y de la jurisprudencia relacionada con el tema
del ejercicio oportuno del derecho de acción, lo que conllevó a la decisión allí
adoptada.

1.4.2. El señor Juan Guillermo Yepes Giraldo no intervino en la actuación.

1.5. La sentencia impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado, declaró improcedente el amparo
solicitado por el no cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, con
fundamento en las siguientes razones:

i) La parte actora no cumplió con la carga argumentativa mínima para
estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial,
toda vez que no indicó específicamente cuáles fueron las: a) reglas y sub-reglas
jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que mencionó en su escrito de
tutela, y mucho menos argumentó que las b) situaciones fácticas y los c) problemas
jurídicos en ambos casos eran análogos o similares.

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ii) El Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial horizontal, teniendo en cuenta que solo las
sentencias proferidas por el Consejo de Estado, como órgano de cierre, son las que
fijan reglas y sub-reglas que deben ser tenidas en cuenta por los demás operadores
judiciales.

iii) La inconformidad relacionada con la condena en costas, tiene su origen en un
asunto de contenido económico; aspecto que además, fue decidido por el juez
natural, por lo cual no le corresponde al operador constitucional hacer
pronunciamientos adicionales, pues ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo para convertirlo
en una instancia adicional.

1.6. La impugnación

El ente territorial accionante fundamenta su inconformidad con la sentencia de
primera instancia en los siguientes aspectos:

i) En el escrito de tutela sí se explicaron las razones jurídicas por las cuales la
decisión judicial objeto de reproche, incurrió en una vía de hecho, que no fue solo por
el desconocimiento del precedente, sino también, por una infracción directa de la
norma, esto es, se aplicó un procedimiento totalmente distinto al que correspondía,
circunstancia que perse, conlleva a la afectación del derecho fundamental al debido
proceso, por violarse las formas propias de cada juicio.

ii) Mediante memorial del 21 de febrero de 2022, se aportó copia del auto
proferido por el Tribunal accionado del 18 de enero de 2021, donde al resolver un
caso análogo indicó que ante la ausencia de regulación expresa en el CPACA, sobre
el trámite adecuado para las pretensiones de restitución de bien inmueble arrendado,
por remisión expresa del artículo 306 ibidem, debe acudirse al procedimiento
establecido en el artículo 384 del CGP.

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iii) Los argumentos por los que se cuestiona la condena en costas, se fundan en
que el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió justificar tal imposición, por lo cual
esa decisión es caprichosa en tanto no atendió la realidad procesal.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la impugnación
del fallo de primera instancia proferido el 25 de marzo de 2022, por la Sección
Primera de esta corporación, que declaró improcedente el amparo solicitado.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la providencia del 18 de noviembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad,
dentro del medio de control de controversias contractuales con radicación
050013333015201500971-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si
con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso e igualdad.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos

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resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la
Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional 6 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en
la sentencia C-590 de 20057, en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su
procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las
siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se

6
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
7
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto
material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte
hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar
plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20128, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el
debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros
fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 20149 se acogió un plazo seis meses, contados a partir de la notificación

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejera ponente María Elizabeth
García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejero ponente: Jorge Octavio
Ramírez. Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término
de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra la sentencia expedida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad del 18 de noviembre de
2021 en el medio de control de controversias contractuales radicado
050013333015201500971-01

2.4.1. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.

2.4.2. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la providencia censurada fue proferida en segunda instancia en el
medio de control de controversias contractuales 050013333015201500971-01.

2.4.3. El asunto tiene relevancia constitucional. En ese sentido y a diferencia de lo
señalado por la primera instancia, la invocada protección de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad es suficiente para satisfacer este
requisito.

2.4.4. Se presentó con inmediatez porque la providencia cuestionada es del 18 de
noviembre de 2021, y la acción de tutela se instauró el 15 de febrero de 2022, 10 a
través de correo electrónico, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la
Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe
sobrepasar los seis meses.

2.4.5. Se agotaron los medios de defensa judicial. Con la finalidad de establecer
si se satisface este requisito, la Sala hará el siguiente análisis:

2.5. Hechos probados

10
Se consultó el sistema de información de procesos judiciales SAMAI.

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2.5.1. El Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Medellín conoció el
medio de control de controversias contractuales radicado 050013333015201500971-
01, que instauró el municipio de Medellín contra el señor Juan Guillermo Yepes
Giraldo el 27 de julio de 201511, con el fin de que se declarara que el demandado
incumplió lo pactado en el Contrato de Arrendamiento 044 del 1 de junio de 2009, en
cuanto al pago de los cánones y el vencimiento del plazo para la entrega del
inmueble objeto del contrato. En consecuencia, solicitó se diera por terminado y se
ordenara la entrega del bien.

2.5.2. La demanda en mención sostuvo, por un lado, que el procedimiento aplicable
era el establecido para el medio de control de controversias contractuales y, por otro,
que la caducidad «se encuentra vigente de conformidad con lo establecido en el
artículo 164 del CPACA».

2.5.3. El 28 de enero de 2019, el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, profirió sentencia de primera instancia en la que declaró probada
oficiosamente la excepción de caducidad del medio de control de controversias
contractuales, al advertir que la demanda debió incoarse a más tardar el 31 de
diciembre de 2012 y ello ocurrió el 27 de julio de 2015. Lo anterior teniendo en
cuenta que a diferencia de lo señalado por la entidad demandante, resulta
improcedente la renovación tácita del contrato de arrendamiento y tampoco es viable
admitir la prórroga automática de los contratos estatales para efectos de computar la
caducidad. Igualmente negó el reconocimiento de la condena en costas.

2.5.4. El municipio de Medellín interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual fundamentó en que:

i) La administración municipal requirió en varias oportunidades al demandado
para que restituyera el bien arrendado, por vencimiento del plazo pactado; sin
embargo, como no fue posible la recuperación se acudió a la vía judicial, en razón al
carácter de bien fiscal del inmueble arrendado.

11
Corresponde a la fecha que figura en el acta individual de reparto que se encuentra incorporada en
el expediente digital allegado.

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ii) La inconformidad se centra en que no es posible decretar la caducidad del
medio de control, sin observar las condiciones y características del inmueble sobre el
que se solicita la restitución, específicamente que se trata de un bien fiscal que
cuenta con una regulación exclusiva, de acuerdo con lo dicho por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la sentencia del 30 de abril de 2012,
proferida dentro del radicado 250002326000199500704-01.

iii) En los contratos de arrendamiento no se pacta su liquidación, dado que se
trata de contratos estatales a los que se les aplican las normas civiles y/o
comerciales por remisión expresa de la Ley 80 de 1993, y en la medida en que la
restitución no se ha efectuado el fenómeno de la caducidad no puede empezar a
computarse.

iv) Durante la oportunidad para alegar de conclusión en segunda instancia, el
ente accionado reiteró los argumentos del recurso de apelación, y añadió que por
tratarse de un bien inmueble estatal este comporta el carácter de imprescriptible e
inajenable, por lo cual el medio de control de controversias contractuales podía ser
presentado en cualquier tiempo.

2.5.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, en sentencia
del 18 de noviembre de 2021, confirmó lo decidido en primera instancia, con
fundamento en los considerandos que serán estudiados en el acápite de esta
providencia «Análisis de la Sala. Caso concreto».

2.5.6. En el trámite procesal, en segunda instancia, se adelantaron las siguientes
actuaciones que la Subsección relaciona de la siguiente manera:

FECHA ACTUACIÓN OBSERVACIÓN
07/02/2019 Memorial parte actora Recurso de apelación
19/02/2019 Auto Concede recurso de apelación
01/03/2019 Acta de reparto Tribunal Administrativo de Medellín,
magistrada Liliana Patricia Navarro
Giraldo
05/03/2019 Auto Admite recurso de apelación
19/03/2019 Auto Corre traslado para alegar de
conclusión
22/03/2019 Memorial parte actora Solamente el municipio de Medellín
presenta alegatos de conclusión

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18/11/2021 sentencia de segunda Confirma la sentencia de primera
instancia instancia

2.6. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos general de procedibilidad de la acción de
tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de
procedibilidad del amparo12 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el
desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación
directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y

12
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y
específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho
causales.

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flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la
carta política.

Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.

En el presente asunto, la parte accionante argumenta que con la sentencia del 18 de
noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad,
incurrió en las siguientes causales de procedibilidad de la acción de tutela, por un
lado, en los defectos i) procedimental y ii) desconocimiento del precedente
jurisprudencial respecto a la manera como la corporación determinó la configuración
del fenómeno de la caducidad del medio de control de controversias contractuales
tendiente a lograr la restitución del bien inmueble y, por otro, iii) defecto fáctico, en
cuanto a los elementos de juicio que tuvo en cuenta para establecer la condena en
costas. En ese sentido, la Sala con la finalidad de determinar la prosperidad del
amparo y la consiguiente tutela o no de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, hará un examen del marco normativo y jurisprudencial de
dichas causales.

2.6.1. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

La Corte Constitucional en sentencia —SU 238 de 2019— 13 señaló que el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el funcionario judicial
por un apego extremo renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva e
incurre con su actuar en la inaplicación de la justicia material y del principio de
prevalencia del derecho sustancial. Igualmente, esa causal se configura cuando
profiere de manera injustificada un fallo inhibitorio.

13
Referencia: expediente T-7.163.048, Acción de tutela instaurada por Comertex S.A. contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, magistrada ponente: Diana Fajardo
Rivera, sentencia del 30 de mayo de 2019.

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Sobre el particular y en concreto, en torno a los escenarios en los cuales el sacrificio
del derecho sustancial para dar cabida a las formas se torna en la causal examinada,
esa corporación señaló:

El error procedimental por exceso ritual manifiesto “se presenta cuando el funcionario
judicial, por un apego extremo y una aplicación mecánica de las formas, renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su
actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del
derecho sustancial.”14 Esta Corporación ha identificado algunos escenarios en los que
puede configurarse, entre los que se cuentan:

“(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos
formales de manera irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan
constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación
se encuentre comprobada; o (iii) incurrir en un rigorismo procedimental en la
apreciación de las pruebas.”15

3.3.1. La jurisprudencia constitucional también ha concluido que una autoridad judicial
puede incurrir en un error procedimental por exceso ritual manifiesto cuando profiere,
de manera injustificada, un fallo inhibitorio. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-024 de
2017 se advirtió que el juez incurre en este defecto cuando al proferir una providencia
judicial, actúa con excesivo apego a las ritualidades, perdiendo de vista que la finalidad
del procedimiento es lograr la efectividad de los derechos, por lo tanto, en sus
actuaciones el fallador debe procurar:

“(i) impartir justicia,16 (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial
que se acerque lo más posible a la verdad real,17y (iii) evitar pronunciamientos

14
Sentencia T-234 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
15
Sentencias SU-565 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo; SU-636 de 2015. M.P. María Victoria
Calle Correa, fundamento jurídico N° 34; T-031 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y SU-
355 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
16
Ver por ejemplo, la sentencia T-264 de 2009. En esa oportunidad, esta Corporación precisó que
puede “producirse un defecto procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un
apego excesivo a las formas” se aparta de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en cuenta que
los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí
mismos. La Corte consideró que la autoridad judicial accionada había incurrido en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, actuando en, “contra de su papel de director del proceso y
del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos materiales, al omitir
la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos que le
permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente al derecho material. Por esta vía,
la autoridad accionada cerró definitivamente las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó su
papel de garante de los derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial,
y su compromiso con la búsqueda de la verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de
decisiones justas”. Sentencia T-264 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
Ver por ejemplo, la Sentencia T-268 de 2010, en la que la Corte al referirse al defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, concluyó que el mismo se presenta “cuando el funcionario judicial, por un
apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica
objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del
principio de prevalencia del derecho sustancial”. T-268 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Lo
anterior, fue reiterado por las sentencias T-386 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; y, T-637 de 2010.
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de la Administración de
Justicia y de los derechos materiales.18”19

En todo caso, esta Sala precisa que no todo fallo inhibitorio configura un defecto de
este tipo, como se dijo, dicha decisión debe ser injustificada. Por ejemplo, esta
Corporación ha tutelado “los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de
justicia ante las decisiones de los jueces, que sin haber agotado todas las opciones
que ofrece el ordenamiento jurídico para resolver el caso, profieren un fallo que deja en
suspenso la resolución del asunto puesto a su consideración.” 20

2.6.2. Desconocimiento del precedente jurisprudencial

En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente21, vale
decir, desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos
y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla
para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente 22; b) que se trate de un problema

18
La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia, supone la garantía
de obtener respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se encuentran
obligados adoptar todas las medidas pertinentes para evitar los pronunciamientos inhibitorios, bien
sea de forma manifiesta, o de forma implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito.
Ver por ejemplo, las sentencias T-1017 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y, T-134 de 2004.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19
Sentencia T-031 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
20
Sentencia T-031 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. En esta Sentencia, se presentan
casos en los que esta Corporación ha concluido que la sentencia cuestionada, en la que el juez
decidió inhibirse, sí incurrió en un error procedimental por exceso ritual manifiesto. Por ejemplo, hace
referencia a las siguientes sentencias: T-1017 de 1999.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-134 de
2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-264 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-1045 de 2012.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-577 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera.
21
Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa
de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos
vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el
conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar
la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi
expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no
puede ser desconocido por los jueces».

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jurídico semejante o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del
asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean semejantes o planteen un punto
de derecho semejante al que se debe resolver con posterioridad.23

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o
magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente
horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente
vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción
o a nivel constitucional.24

En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por
los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. 25 Sin
embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de
las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores. 26

En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en
atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las

23
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
24
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
25
Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
26
Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

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siguientes reglas: «(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que
significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga
argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada,
los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».27

En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud del respeto a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe. 28

De otra parte, en la sentencia SU 332 de 2019, 29 la Corte Constitucional se refiere al
desconocimiento del precedente de las Altas Cortes y para el efecto señaló:

Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia

15. Esta Corte diferenció dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, para lo
cual tomó como criterio diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene
como referente. En esa medida, el precedente horizontal hace referencia al respeto
que un juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces
de igual jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados
por las instancias superiores en cada jurisdicción encargadas de unificar la
jurisprudencia.

16. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos
tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los
principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido
proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para
mantener la coherencia del sistema.

2.6.3. De la causal de procedibilidad defecto fáctico

27
Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
28
Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
29
Referencia: Expedientes acumulados: T-5904426 (Elsa Marina Ñustes Lozano), T-5904482 (Luis
Hernán Medina Urueña),T-5912659 (Margoth Rivera de Quevedo), T-5942333 (Mercedes Castro
Pinilla), T-5942352 (Hipólito Arévalo Tique), magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado,
sentencia del 245 de julio de 2019.

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De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico
cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta
incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión».30

En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en
una dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y
práctica de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende
valoraciones inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto
o la práctica y la valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo
vicio en la valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea
factible fundar una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la
valoración probatoria es manifiestamente arbitraria. En palabras de la Corte:

[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
evaluación probatoria del juez de conocimiento.31 [Negrillas fuera del texto]

De acuerdo con las características del sub examine, la Sala hará énfasis en la
hipótesis denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio»32, cuando advierta que el funcionario judicial, en contra de la evidencia
probatoria, decide apartarse por completo de los hechos debidamente probados y
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido33; o cuando a pesar de existir

30
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
31
Corte Constitucional, sentencia T-1021 de 2005. M. P. Jaime Araujo Rentería.
32
Corte Constitucional. Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
33
Mediante sentencia T-450 de 2001, por ejemplo, se declaró la configuración de este defecto, debido
a que un juez de familia, dentro de un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla en detrimento del demandado.
Textualmente se consignó: «en el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad
de aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su
determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando
a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones
suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso
que se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le
correspondió conocer de la tutela, cuando afirma que: «a pesar de que se adopte la tesis que el juez
en algunas materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no
puede hacer es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su
propio arbitrio, contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual
vulnera ostensiblemente el debido proceso». Por estas razones el fallo de instancia será confirmado».

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pruebas ilícitas, no se abstiene de excluirlas y, por el contrario, con base en ellas
fundamenta su decisión.34

En términos generales, de acuerdo con una sólida línea jurisprudencial establecida
por la Corte Constitucional, el supuesto de indebida valoración probatoria se
configura, entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en
contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos
debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando
a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo
probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial
valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y
pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de
pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no
guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro
del proceso.

34
Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que resuelto mediante sentencia SU-159 de 2002,
en el cual se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de
comunicaciones) tendría la virtualidad de comunicar su vicio a las demás pruebas del proceso.
Sostuvo la Corte en aquella oportunidad: «sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis
constitucional en este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto fáctico. La Corte encuentra que
la grabación de la conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía
General como por la Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la
resolución de acusación y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que
provienen de fuentes separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya
consistido en la información periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las
pruebas sean fruto de ella. En este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una
actividad investigativa que la condujo a pruebas independientes de la grabación, como el patrón de
reuniones y llamadas antes y después de la adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las
comunicaciones provenientes de las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo la
adjudicación por parte de integrantes del comité correspondiente, el análisis de la elaboración y
aplicación de una gráfica de criterios de adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas
completamente ajenas al contenido de la conversación ilícitamente interceptada y grabada (...) La
Corte también rechaza la insinuación de que una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo
probatorio. La Constitución garantiza que la prueba obtenida con violación del debido proceso sea
excluida del acervo. Pero no se puede confundir la doctrina de los frutos del árbol envenenado con la
teoría de la manzana contaminada en el cesto de frutas. La primera exige excluir las pruebas
derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la Constitución. La segunda llegaría hasta exigir
que además de excluir las pruebas viciadas, se anulen las providencias que se fundaron en un acervo
probatorio construido a partir de fuentes lícitas independientes de las pruebas ilícitas, el cual, en sí
mismo, carece de vicios y es suficiente para sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales,
sin admitir ni valorar las manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad
suficiente de pruebas sanas».

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En armonía con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, sólo es factible fundar
una acción de tutela frente a un defecto fáctico, cuando se observa que la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente
arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia».35

En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico, cuando pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica,
de manera tan evidente, que su decisión se muestra forzada y contradictoria de la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.

Finalmente, es pertinente referir que, en la sentencia SU 495 de 202036, la Corte
Constitucional sobre el defecto fáctico, señaló:

Esta Corte ha sido clara en resaltar que los jueces de conocimiento tienen amplias
facultades discrecionales para efectuar el análisis del material probatorio en cada
caso concreto.37 Sin perjuicio de esto, ha señalado que tal poder discrecional debe
estar inspirado en los principios de la sana crítica, debiendo atender los criterios de
objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la
Constitución y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad sería entendida como
arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico
y el juez de tutela podría revocar la providencia atacada.38

35
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994.
36
Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.
37
La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del
material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia
38
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran
poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho
poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la
adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este
desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da

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84. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico “surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión”.39 En ese sentido, la Corte ha señalado que
este tipo de yerro tiene relación con la actividad probatoria desplegada por el juez, y
comprende tanto el decreto y la práctica de pruebas, como su valoración. 40 Por lo
tanto, teniendo en cuenta que la función del juez de tutela no es la de fungir como
una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona 41 la protección de
la acción de tutela por defecto fáctico puede encuadrarse cuando la actuación
probatoria del juez permita identificar un error ostensible, flagrante y manifiesto, que
tenga una incidencia directa en la decisión adoptada42.

85. Esta corporación ha reiterado en su jurisprudencia tres eventos en los que
se configura el defecto fáctico, a saber43 “(i) omisión en el decreto y la práctica de
pruebas indispensables para la solución del asunto jurídico debatido, (ii) falta de
valoración de elementos probatorios debidamente aportados al proceso que, de
haberse tenido en cuenta, deberían haber cambiado el sentido de la decisión
adoptada e (iii) indebida valoración de los elementos probatorios aportados al
proceso, dándoles alcance no previsto en la ley”44.

2.6.4. Defecto sustantivo o material

Ahora bien, la Sala considera necesario referirse para decidir el asunto, además, a
los elementos estructurales del defecto sustantivo o material, toda vez que como se
examinará en el acápite «Análisis de la Sala. Caso concreto», se aduce que el
Tribunal omitió en relación con el artículo 365 del CGP «realizar una lectura
contextualizada de la norma con el debate procesal».

En lo atinente a los elementos estructurales de esta causal ha señalado la
jurisprudencia, que se incurre en defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional
(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del
que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar

por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente” (resaltado
fuera del texto original).
39
ibidem
40
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
41
Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2004.
42
Corte Constitucional, sentencias T-442 de 1994 y T-781 de 2011.
43
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2017
44
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 2007.

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del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada.

La Corte Constitucional en la sentencia SU 495 de 202045 examina el defecto
sustantivo bajo el siguiente razonamiento:

75. Defecto sustantivo. La sentencia SU-399 de 2012 delimitó el campo de aplicación
del defecto sustantivo, al concluir que el mismo se puede presentar en los eventos en
los cuales: (i) la decisión judicial se basa en una norma inaplicable porque “a) no es
pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma cuestionada está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados
expresamente por el legislador”; (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, en términos
generales, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una
norma jurídica de forma manifiestamente errada, por fuera de los parámetros de la
juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial. 46

76. Asimismo, según la providencia referida, dicho defecto se configura (iii) en aquellos
supuestos en los que no se toma en consideración la parte resolutiva de una sentencia
de constitucionalidad; (iv) cuando la disposición aplicada es contraria a la Constitución;
(v) se utiliza un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico “para un fin no
previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión se funda en una hermenéutica no
sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el
caso; (vii) cuando se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso
concreto; o (viii) cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a
una manifiesta violación de la Constitución, entre otros.47

77. No obstante, en dicha providencia se aclara que la autonomía judicial “(…) no
autoriza al funcionario judicial para que se aparte de la Constitución y de la ley, pues la
justicia se administra siguiendo los contenidos y postulados constitucionales de forzosa
aplicación, tales como, la dignidad humana, la eficacia de los principios, derechos y
deberes, la favorabilidad, y, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
(arts. 1º, 2º, 6º, 228 y 230 C.P.)”. Así, no cualquier divergencia con la interpretación del

45
Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.
46
Corte Constitucional SU 399 de 2012
47
En la sentencia SU-399 de 2012 se contemplan, además, como supuestos del defecto sustantivo
aquellos eventos en los que (i) la decisión no está justificada en forma suficiente de tal manera que se
afectan derechos fundamentales y (ii) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial. No obstante, ellos no son incluidos en el presente análisis por considerar que tales
categorías pueden obedecer, en la actualidad, a otros defectos específicos de procedencia de tutelas
contra providenciales judiciales.

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funcionario judicial autoriza al juez constitucional para declarar este defecto, sino que
ella debe ser, de forma flagrante, contraria a derecho.48

“(…) para que la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto
constituya defecto sustantivo, se requiere que el funcionario judicial en
su labor hermenéutica, desconozca o se aparte abierta y
arbitrariamente de los lineamientos constitucionales y legales, de
forma tal que vulnere o amenace derechos fundamentales de las
partes. Es decir, el juez en forma arbitraria y caprichosa, con base
únicamente en su voluntad, actúa franca y absolutamente en
desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.

En todo caso, la interpretación resultante de la norma y su aplicación al
asunto sometido a consideración del juez, no puede ser plausible,
constitucionalmente admisible o razonable para que proceda efectivamente
su enjuiciamiento mediante acción de tutela, pues ello equivaldría a aceptar
que podrían dejarse sin efectos providencias judiciales contentivas de
interpretaciones acertadas de las normas jurídicas, porque el criterio del
juez de tutela no coincide con el del juez natural del caso, lo que no puede
permitirse sencillamente porque el juez constitucional asumiría funciones
que no le corresponden, con el consecuente vaciamiento de las
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los distintos jueces
de la República y por demás, con total anulación de los principios de
autonomía e independencia judicial”49 (Negrillas fuera de texto original).

2.7. Análisis de la Sala. Caso concreto

En aras de establecer si se configuran las causales de procedibilidad que se dejaron
expuestas en párrafos precedentes, se observa que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, al resolver el recurso de apelación propuesto por
el municipio de Medellín, que confirmó la decisión del a quo, la cual declaró de oficio
probada la excepción del medio de control de controversias contractuales y condenó
en costas en segunda instancia, expuso las siguientes consideraciones:

i) De acuerdo con la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, el inmueble
objeto del contrato de arrendamiento no es un bien de uso público, por lo que

48
En tal dirección se indicó que “(…) en materia de interpretación judicial los criterios para determinar
la existencia de una irregularidad son restrictivos, pues se supeditan a la actuación abusiva del juez y
flagrantemente contraria a derecho. De allí que la simple discrepancia o la no coincidencia respecto de
la hermenéutica del operador jurídico por parte de los sujetos procesales, los particulares y las
distintas autoridades judiciales, no invalida la actuación judicial, debido a que se trata de una vía
jurídica distinta para resolver el caso concreto, pero en todo caso compatible con las garantías y
derechos fundamentales y particularmente deja a salvo la autonomía funcional del juez como
fundamento de la aplicación razonable de las normas jurídicas”. Corte Constitucional, sentencia SU-
399 de 2012
49
ibidem

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teniendo en cuenta el criterio residual su naturaleza es fiscal y, conforme a lo
pactado, una vez finalizado, surgía para el arrendatario el deber de restituirlo al
municipio de Medellín, esto es, el 31 de diciembre de 2010. Ante el incumplimiento
de dicha obligación, debía efectuarse el reclamo a través de la acción de
controversias contractuales, antes de que operara el fenómeno jurídico de la
caducidad. Por ese motivo, no hay lugar a admitir que el hecho de que el
arrendatario continuara con la tenencia del bien fiscal ello conllevara la perpetuación
de los términos para demandar.

ii) El Contrato de Arrendamiento 044 de 2009 finalizó por vencimiento del plazo
el 31 de diciembre de 2010, momento a partir del cual entró en la etapa de
liquidación;50 por tanto, el término de caducidad debe computarse desde el
vencimiento de la oportunidad para liquidarlo en aplicación de la regla general, así:
del 1 de enero al 1 de mayo de 2011 para la liquidación bilateral y del 2 de mayo al 2
de julio de 2011 para efectuar la liquidación unilateral. Por esa circunstancia, a partir
de esta última fecha comenzaron a correr los dos años para el ejercicio de la acción
contractual, los cuales vencieron el 3 de julio de 2013 y la demanda fue presentada
el 27 de julio de 2015.

iii) En los eventos de tránsito de legislación, la caducidad de la acción o del
medio de control no se regula por la ley vigente a la fecha de presentación de la
demanda, sino por aquella que se encontraba rigiendo en el momento en que
sucedieron los motivos de hecho o de derecho y en el que el término empezó a
correr,51 luego, la regla de inoperancia de la caducidad en los litigios que versan
sobre bienes imprescriptibles e inajenables prevista en el numeral 1 del literal b) del
artículo 164 del CPACA, no era aplicable para el cómputo de la caducidad puesto
que entró a regir el 2 de julio de 2012 y el contrato de arrendamiento finalizó el 31 de

50
Sobre este punto la sentencia cuestionada reproduce lo dicho por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, en la sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida dentro del expediente con
radicado: 41001 2331 000 204 01652-02 (38858) con ponencia del magistrado Ramiro Pazos
Guerrero.
51
Se fundamentó el Tribunal de Antioquia en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, del 10 de febrero de 2016, proferida dentro del expediente con radicado: 19001 2331
000 2007 00483 01 (44196), que fue reiterada en sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado 08001
23 33 000 2014 01083 02 (65420).

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diciembre de 2010. Adicionalmente, el inmueble objeto de controversia es un bien
fiscal que tiene el carácter de enajenable y embargable.

iv) Como el recurso de apelación interpuesto por el ente demandante no tuvo
vocación de prosperidad, procede la condena en costas en su contra en virtud de lo
previsto en el artículo 365 del CGP.

2.7.1. Ausencia del requisito de subsidiariedad

La Sala observa que la acción de tutela interpuesta no satisface el requisito de
procedibilidad consistente en que se hayan agotado los medios de defensa judicial,
puesto que en el recurso de apelación que interpuso el municipio de Medellín, hoy
accionante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quince Administrativo Oral
del Circuito de Medellín del 28 de enero de 2019, no se expusieron los argumentos
que fundamentan el escrito de tutela.

En ese sentido, las causales de procedibilidad defecto procedimental y
desconocimiento del precedente jurisprudencial, invocadas por el ente territorial
tutelante, las hace consistir en que el Tribunal accionado para determinar la
caducidad del medio de control de controversias contractuales:

i) Aplicó erradamente las normas procesales del CPACA, aun cuando dicha
codificación no regula el trámite que debe darse a la pretensión de restitución del
bien inmueble arrendado.

ii) El término que debió tener en cuenta es el de veinte (20) años previsto en el
artículo 55 de la Ley 80 de 1993; o en su defecto, el de diez (10) años establecido en
la Ley 791 de 2002.

iii) El trámite procesal que corresponde a este tipo de asuntos es el verbal previsto
en el artículo 368 y ss del CGP y,

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iv) Desconoció el precedente jurisprudencial horizontal fijado en el auto del 18 de
enero de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Oralidad.

En suma, a juicio del accionante, el cómputo de caducidad de la acción de
controversias contractuales tendiente a obtener la restitución del bien inmueble no se
rige con fundamento en el artículo 164 del CPACA, sino que se hace necesario
acudir a la legislación civil, dado el carácter privado que caracteriza el negocio
contractual que se celebró.

Los motivos precedentes aunados a que considera que el Tribunal accionado
desconoció su propio precedente, son aspectos que solamente se traen a colación
con motivo de la vía de amparo, por lo cual se vislumbra que el propósito de la
entidad accionante es convertir la acción de tutela en una tercera instancia lo que
implica que no se satisface el requisito de subsidiariedad por cuanto no agotó en
debida forma el mecanismo de defensa que promovió.

En efecto, la Sala advierte que el accionante tuvo la posibilidad de hacer valer ante el
juez natural los sustentos que ahora trae a colación y, en ese sentido, cabe resaltar
que la acción de tutela no puede ser utilizada para subsanar las falencias
argumentativas de las partes. Lo anterior, por cuanto al recurrir la decisión mediante
la cual el a quo decretó de manera oficiosa la caducidad del medio de control de
controversias contractuales, el accionante limitó su desacuerdo respecto de la
naturaleza del bien inmueble objeto de solicitud de restitución y la imprescriptibilidad
del derecho, aspectos que como se observa difieren a lo expresado en la vía de
amparo.

Tampoco acreditó el accionante haber puesto de presente a la Sala Cuarta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, lo decidido por la Sala Segunda de
esa corporación en el auto del 18 de enero de 2021, que en su sentir, definió una
situación análoga a la que fue resuelta en la sentencia cuestionada del 18 de

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noviembre de ese año, motivo por el cual el juez constitucional no está facultado para
referirse a una inconformidad que no haya sido previamente alegada.52

Es sabido que la exigencia que se echa de menos en el expediente busca evitar que
el instrumento tutelar se convierta en un mecanismo para reemplazar las
competencias que el ordenamiento jurídico ha previsto para ejercer el derecho de
defensa y contradicción de las decisiones judiciales ante las instancias ordinarias, y
en ello reside el carácter excepcional de la vía de amparo.

Por esa razón de admitirse el análisis de los reparos señalados en el escrito de tutela
que se detallaron en el acápite de los defectos procedimental y desconocimiento del
precedente jurisprudencial, se desnaturalizaría el carácter excepcional y residual de
la mentada vía constitucional.

Ahora bien, una vez verificadas las pruebas allegadas al plenario, se puede constatar
que la parte accionante no alegó ni acreditó alguna circunstancia que le haya
impedido materialmente, invocar ante el juez natural, los sustentos que trae al
escenario de la acción de tutela o la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que
viabilice el estudio excepcional de este instrumento constitucional.

De esta forma, la Sala deduce que la acción de tutela promovida por el municipio de
Medellín incumple el requisito de subsidiariedad, en lo que respecta a los defectos
procedimental y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2.7.2. Análisis de los defectos sustantivo o material y defecto fáctico

Conforme a los elementos necesarios para que se estructuren las mencionadas
causales, la Sala considera que los argumentos expuestos por la parte accionante se
adecuan a los defectos fáctico, que fue invocado, y al sustantivo o material que
surgió en virtud de la facultad de adecuación que corresponde aplicar al juez
constitucional.

52
Ver entre otras, la sentencia SU-062 de 2018.

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Al respecto, se observa que la decisión judicial objeto de censura adolece de los
defectos sustantivo o material y fáctico, en la medida en que el juicio interpretativo
que realizó el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, para
establecer la condena en costas solamente se limitó a la imposición objetiva en los
términos del artículo 365 del CGP53 por haber sido vencido el municipio de Medellín
en el recurso de apelación, y omitió realizar el análisis valorativo que surge del
numeral 8 ibidem54, el cual tiene por finalidad establecer, para el caso, si el
arrendador, con base en las piezas procesales, resultó afectado en su patrimonio
durante el trámite de la segunda instancia.

En ese sentido, para imponer la condena en costas, de forma conjunta debe
realizarse un análisis objetivo-valorativo, lo cual implica que el criterio para adoptar
esa decisión proviene, por un lado, por la circunstancia de que la parte haya sido
vencida para el caso en segunda instancia con motivo del recurso de apelación y, por
otro, siempre que se hubiere comprobado su causación con motivo de la
impugnación, examen que corresponde realizar al operador judicial, en consonancia
con las piezas obrantes en el expediente, para el caso, las aportadas durante el
trámite de la segunda instancia.

Se colige de lo anterior, que corresponde dejar sin efectos la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el numeral segundo, que condenó en costas al
municipio de Medellín, y se dispondrá que esa corporación emita una nueva
sentencia en la que se realice el juicio valorativo contemplado en el numeral 8 del
artículo 365 del CGP, en orden a establecer la comprobación de causación de costas
durante el trámite de la segunda instancia.

3. Conclusión

53
CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
(…)
54
Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.

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Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la sentencia del 25 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, debe ser modificada en el sentido de rechazar la acción de
tutela interpuesta por la expedición de la sentencia del 18 de noviembre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, por
cuanto adolece del requisito de procedibilidad, que se hayan agotado los medios de
defensa judicial, respecto de las causales de procedibilidad defectos procedimental y
desconocimiento del precedente jurisprudencial. Y en lo referente a las causales de
procedibilidad defectos sustantivo o material y defecto fáctico se concederá el
amparo y, se dispondrá, que esa corporación realice un análisis valorativo de la
causación de costas durante el trámite de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la parte resolutiva de la sentencia del 25 de marzo de 2022
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, la cual quedará así:

Rechazar el amparo invocado por el municipio de Medellín contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, de acuerdo con lo expuesto en
este proveído respecto de las causales de procedibilidad defectos procedimental y
desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Conceder el amparo solicitado respecto de los defectos sustantivo o material y
fáctico. En consecuencia, se dispone dejar sin efectos la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia del 18 de noviembre de 2021 en el numeral segundo,
que condenó en costas al municipio de Medellín, y se ordena a esa corporación
emitir una nueva sentencia en el término de veinte (20) días, en la que examine la

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condena en costas en segunda instancia, conforme a las pautas señaladas en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

M.E.C.G

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