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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01134-00

Fecha
1 de abril de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01134-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01134-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

1 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., primero (1º) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01134-00

Actor: DIEGO FERNANDO YEPES RUEDA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO – Hecho superado.

La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Diego Fernando Yepes Rueda, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

En escrito presentado el 15 de febrero de 2022, el señor Diego Fernando Yepes
Rueda instauró demanda de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales de petición, trabajo, libertad de profesión
u oficio, debido proceso y educación.

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó (se transcribe de forma literal, con
posibles errores incluidos):

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos
constitucionales fundamentales DE PETICIÓN, A LA EDUCACIÓN, AL
TRABAJO, A LA LIBERTAD DE ESCOGENCIA DE PROFESIÓN U OFICIO Y
AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, que fueron invocados,

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01134-00
Actor: Diego Fernando Yepes Rueda
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela

ORDENÁNDOLE a la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA o a quien corresponda:
1. Expedir inmediatamente el correspondiente acto administrativo de
reconocimiento de la práctica jurídica de DIEGO FERNANDO YEPES RUEDA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.810.751 de Bucaramanga,
para optar al título de ABOGADO como egresado de la UNIVERSIDAD SANTO
TOMÁS DE BUCARAMANGA.

2. Hechos

El accionante manifestó que, el 10 de diciembre de 2020, culminó sus estudios en
la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y, posteriormente, realizó su práctica
jurídica en la empresa de servicios públicos domiciliarios RUITOQUE S.A.

Que el 21 de enero de 2022 remitió a la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia solicitud de aval de su práctica jurídica; sin embargo, a la
fecha de presentación de la demanda de tutela no ha recibido respuesta.

3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

3.1. Mediante auto del 18 de febrero de 2022, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la autoridad accionada; se le comunicó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

3.2. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia señaló que, mediante la Resolución número
1640 de 2022, se reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica al señor Diego
Fernando Yepes Rueda, la cual le fue notificada mediante correo electrónico.

En ese sentido, sostuvo que no existe vulneración a los derechos del aquí
demandante y solicitó que se negara la solicitud de amparo, al tratarse de un hecho
superado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01134-00
Actor: Diego Fernando Yepes Rueda
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.

El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de
la Constitución Política, en virtud del cual toda persona tiene derecho a “(…)
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución (…)”.

Por su parte, la Corte Constitucional ha manifestado que el núcleo esencial del
derecho de petición se encuentra en la resolución pronta y oportuna de la cuestión
planteada y, además, que la respuesta debe ser de fondo, clara, precisa, de manera
congruente con lo solicitado y comunicada al peticionario1.

En el caso bajo estudio, se alega que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró los derechos
fundamentales del señor Diego Fernando Yepes Rueda por no expedirle el acto de
reconocimiento de la práctica jurídica, pese a que radicó la solicitud el 21 de enero
de 2022.

Respecto de este tema, la Subsección2, reciente en pronunciamiento, estableció lo
siguiente –argumentos que se acogen en su integridad–:

… la Sala precisa que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la
Salud – OMS calificó el brote del coronavirus COVID-19 como una pandemia.
Por su parte, el Ministerio de Salud profirió la Resolución 385 del 12 de marzo
del 2020, mediante la cual declaró el estado de emergencia sanitaria en todo
el territorio nacional. Así mismo, el Gobierno Nacional, profirió el Decreto
Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

En consideración a lo anterior, el 28 de marzo del 2020, se expidió el Decreto
Legislativo 491, mediante el cual «se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de

1
Corte constitucional, sentencia T-332 del 1º de junio de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: María Adriana Marín, sentencia de 4 de
marzo de 2022, radicación número: 11001-03-15-000-2022-00825 00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01134-00
Actor: Diego Fernando Yepes Rueda
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela

servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica». El artículo 53 de este Decreto estableció que:

Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las
peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de
la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14
de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los (30) días
siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i)Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de
los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii)Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y
cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos
de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará
respuesta, que no podrá exceder del doble inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la
efectividad de otros derechos fundamentales.

(…)

La señora Daniela Alejandra Fonseca Llano considera que el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia vulneró su derecho fundamental de petición, por no haber tramitado y
resuelto la solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica que presentó el 12
de enero de 2022.

De entrada, la Sala advierte que a la fecha de la presentación de la acción de
tutela no se había vencido el término para que la entidad accionada diera
respuesta a la aquí accionante.

En efecto, la solicitud de reconocimiento de práctica jurídica fue presentada,
vía correo electrónico, el 12 de enero del año en curso, mientras que la solicitud
de amparo se radicó el 1° de febrero siguiente, es decir, apenas 14 días
después4. Dicho de otro modo: cuando la señora Fonseca Llano instauró la
acción de tutela ni siquiera había transcurrido el término de 15 días previsto en
la Ley 1755 de 2015, plazo que, como se vio, fue ampliado a 30 días por
disposición del artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020 y que cobija la
situación aquí examinada, por cuanto la petición de reconocimiento de la

3
Original de la cita: “En la sentencia C-242 de 2020, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
condicionada de este artículo bajo el entendido que «la ampliación de términos que contempla para
solucionar las peticiones es extensible a los particulares que deben atender solicitudes»”.
4
Original de la cita: “Los días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de enero de 2022 no fueron hábiles”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01134-00
Actor: Diego Fernando Yepes Rueda
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela

práctica jurídica fue radicada durante la vigencia de la emergencia sanitaria5.

Con todo, conviene señalar que la autoridad demandada ya requirió a la
accionante a fin de que aportara una certificación necesaria para continuar con
el estudio de reconocimiento de la judicatura que realizó en la cárcel La Modelo
de Bogotá, lo cual desvirtúa cualquier conducta negligente respecto del trámite
impartido a la solicitud presentada el 12 de enero de 2022. Así, lo procedente
es que la demandante atienda cabalmente el requerimiento efectuado por la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y, una vez
se examinen los documentos aportados, pueda obtener el aval de su práctica
jurídica.

Bajo ese contexto, la Sala concluye que no se vulneró el derecho fundamental
de petición de la señora Daniela Alejandra Fonseca Llano y, por ende, negará
el amparo solicitado.

Con base en el anterior pronunciamiento, la Sala concluye que el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia no vulneró los derechos fundamentales del señor Yepes Rueda, toda vez
que, cuando se radicó la demanda de tutela –15 de febrero de 2022–, aún no había
vencido el término de 30 días con el que contaba la autoridad para resolver la
petición de reconocimiento de la práctica jurídica del mencionado señor –
presentada el 21 de enero de 2022–.

Sin perjuicio de lo anterior, la Subsección considera pertinente mencionar que,
como lo afirmó la entidad accionada en la contestación de la demanda de tutela,
mediante Resolución No. 1640 de 15 de febrero de 20226 –notificada por oficio de
la misma fecha–, se resolvió la petición del tutelante en el sentido de reconocerle
su práctica jurídica y, en ese sentido, resultaría inocua la intervención del juez
constitucional.

En ese contexto, la Sala negará el amparo solicitado por el señor Diego Fernando
Yepes Rueda.

5
Original de la cita: “El estado de emergencia sanitaria ha sido prorrogado de manera
sucesiva mediante las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020; 222, 738, 1315 y 1913 de
2021, y 304 de 2022. Esta última prorrogó la emergencia hasta el 30 de abril de 2022”.
6
En dicho acto se lee:
“ARTÍCULO 1°: Reconocer la práctica jurídica establecida como requisito alternativo para optar al
título de Abogado a DIEGO FERNANDO YEPES RUEDA, quien se identifica con cédula de
ciudadanía No. (…), y acredita que egresó de la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS –
BUCARAMANGA.
ARTÍCULO 2°: Notifíquese esta Resolución al interesado de conformidad con el Decreto Legislativo
No. 491 del 28 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición”.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01134-00
Actor: Diego Fernando Yepes Rueda
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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