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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01148-00

Fecha
28 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01148-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar el amparo solicitado por la señora Sonia Astrid Sánchez Vega, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01148-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

28 de marzo de 2022

1

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01148-00
Demandante: Sonia Astrid Sánchez Vega

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01148-00
Demandante: Sonia Astrid Sánchez Vega
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Indemnización por enfermedad
profesional. Ausencia de los defectos desconocimiento de
precedente y fáctico.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por Sonia Astrid Sánchez Vega contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, Sonia Astrid Sánchez Vega, quien actúa por intermedio de apoderado,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01148-00
Demandante: Sonia Astrid Sánchez Vega

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del
11 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación 11001-33-35-024-2019-00327-00 y, en su lugar, que se
ordene al Tribunal proferir una nueva decisión en la que se ordene al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar la incapacidad
permanente parcial establecida en la Ley 776 de 2002.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) La señora Sonia Astrid Sánchez Vega prestó sus servicios como docente oficial
entre el 19 de febrero de 2004 y el 25 de noviembre de 2012.

ii) Mediante dictamen de fecha 20 de mayo de 2016, se le determinó una disminución
de la capacidad laboral del 41.8% de origen laboral.

iii) Solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) el
reconocimiento de una indemnización por enfermedad laboral, pero a través de la
Resolución 5983 del 25 de junio de 2019, le fue negada.

iv) Instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Fomag a fin
de que se ordenara el reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad
permanente parcial de origen laboral, establecida en la Ley 776 de 2002.

v) Por sentencia del 25 de septiembre de 2020, el Juzgado 24 Administrativo del
Circuito de Bogotá, Sección Segunda, negó las pretensiones de la demanda.

vi) A través de sentencia del 11 de agosto de 2011, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, confirmó parcialmente la decisión.

1.1.3. Los defectos invocados

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En sentir del apoderado de la accionante, las decisiones del Juzgado y Tribunal
incurrieron en los siguientes vicios o defectos:

i) Defecto sustantivo. No se tuvo en cuenta que a la indemnización por enfermedad
profesional de docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio no le es exigible la vinculación al servicio al momento de la valoración y,
por tanto, la documentación aportada sí es un elemento contundente y suficiente
para demostrar el nexo de causalidad de la enfermedad laboral decretada.

ii) Desconocimiento de precedente jurisprudencial. En el caso, es procedente
citar la sentencia del 7 de febrero de 2013, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso con radicación 25000-23-25-
000-2004-09462-01 (0496-09), en la que se determinó que las normas que definen al
enfermedad profesional y prevén el derecho a percibir indemnización por tal
concepto no exigen que el empleado deba estar vinculado al momento de la
valoración y determinación de la disminución de la capacidad laboral, ni que el hecho
de haber permanecido al servicio con miras a cumplir requisitos para acceder a la
pensión de jubilación sean razones que eximan del reconocimiento de la
indemnización por ese concepto. Por lo anterior, mal estaría exigir como requisito la
vinculación al momento de la valoración.

iii) Defecto fáctico. No se realizó la correspondiente valoración de las pruebas
aportadas, pues los juzgadores las desecharon con el criterio de que la docente no
se encontraba vinculada a la Secretaría de Educación de Bogotá.

Aunque es cierto que la parte demandante debe aportar el material probatorio
conducente para advertir la legalidad del acto acusado, lo cierto es que los
magistrados, con el fin de salvaguardar el debido proceso pueden solicitar de manera
oficiosa los documentos que consideren faltantes para esclarecer las dudas.

Además, con la demanda se allegó el dictamen de pérdida de la capacidad laboral y
copia de los factores salariales que la demandante devengó en el año anterior al
estatus pensional, en el que, claramente, se evidencia que la docente se encontraba

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en incapacidad, lo cual establece un nexo de causalidad entre su enfermedad y su
servicio a la Secretaría de Educación.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 22 de febrero de 2022, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó notificar del proveído al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y al Juzgado 24 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, como accionados, y a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como tercera
interesada en las resultas del proceso; se comisionó al Juzgado 24 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, para que notificara del trámite constitucional, como
terceros interesados, a todas las personas que intervinieron en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-024-2019-
00327-01; exceptuando a la accionante y a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

De igual forma, se requirió al Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, para que enviara copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho arriba mencionado; se reconoció personería jurídica, para actuar dentro
de este proceso como abogado principal, al señor Cristian Aníbal Fernández
Gutiérrez, y como abogados suplentes a los señores Nora Yanine Chaparro Ávila y
Tony Alex Atuesta Solorzano, según poder otorgado por la accionante, de acuerdo
con la documentación contenida en el expediente digitalizado; y se ordenó remitir
copia de la solicitud de tutela a los demandados y a los terceros interesados, para
que dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la providencia,
procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el
respectivo informe.

1.2.2. El 1 de marzo de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al apoderado de la accionante, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, al Juzgado 24 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, al Ministerio de Educación Nacional, y al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Demandante: Sonia Astrid Sánchez Vega

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

El 2 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, por intermedio del magistrado Carlos Alberto Orlando
Jaiquel, solicitó denegar el amparo pretendido, en atención a lo siguiente:

i) En el caso no se configuran los requisitos dispuestos por la Corte Constitucional
para que la acción de tutela proceda contra providencias judiciales, puesto que lo
que pretende la parte accionante es que se surta una tercera instancia, por haber
sido negadas sus pretensiones en el proceso ordinario.

ii) En el asunto no se desconoce la decisión del 7 de febrero de 2013, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, toda vez que la negativa de las
pretensiones fue como consecuencia de la carencia probatoria en el proceso.

iii) Y es que, dentro del plenario, no se acreditó de manera inequívoca la existencia
del nexo causal de la enfermedad de origen laboral con los servicios prestados por la
señora Sánchez Vega entre el 19 de febrero de 2004 al 25 de noviembre de 2012,
esto es, durante su vinculación a la Secretaría de Educación de Bogotá. Al respecto,
se advirtió, que el dictamen de fecha 20 de mayo de 2016, expedido por la Junta de
Calificación de Primera Oportunidad UT. MEDICOSALUD, no documentó la fecha de la
estructuración de la enfermedad de origen laboral.

iv) Aunque en cierto que, en segunda instancia, la demandante solicitó el decreto de
pruebas para establecer la estructuración de la enfermedad de origen laboral, el
Tribunal no accedió al tal pedimento dado que el proceso contencioso administrativo
oral se caracteriza por tener etapas preclusivas

1.3.2. La FIDUPREVISORA S. A.

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Demandante: Sonia Astrid Sánchez Vega

El 3 de marzo de 2022, la FIDUPREVISORA S. A., actuando en calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y
desvincular a la entidad del trámite, por no estar legitimado en la causa por pasiva.
Argumentó lo siguiente:

i) La acción de tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales
que conocieron del proceso actuaron conforme a la normativa establecida y a los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

ii) De otra parte, no es dable afirmar que se haya presentado trasgresión alguna en
contra de las garantías fundamentales de la accionante, pues la actuación fue
adelantada atendiendo los procedimientos legales y en garantía del debido proceso.

1.3.3. El Ministerio de Educación Nacional

El 4 de marzo de 2022, el Ministerio de Educación Nacional, por intermedio del jefe
de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó ser desvinculado de la acción de tutela, en
atención a los siguientes argumentos:

i) El Ministerio no es el responsable de la conducta cuya omisión genera la
vulneración alegada y, en consecuencia, no tiene competencia para pronunciarse
sobre los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela,

ii) Los conflictos allegados a la acción se circunscriben a las actuaciones del
despacho judicial, por lo que las alegaciones deben ser dirimidas de acuerdo a lo
establecido en la normativa que rodea el asunto, de manera que el Ministerio de
Educación no tiene injerencia en la decisión que se tome al respecto.

1.3.4. El Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

El 4 de marzo de 2021, la secretaria del Juzgado remitió copia del expediente 11001-
33-35-024-2019-00327-01, digitalizado por la Oficina de Apoyo para los Juzgados

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Administrativos, así como la copia del acta de notificación del auto admisorio de la
demanda de tutela a las partes intervinientes en el proceso.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 11 de agosto de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 11001-33-35-024-2019-00327-01.

En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso de la parte actora, por incurrir en los defectos desconocimiento de
precedente jurisprudencial e indebida valoración probatoria y, consecuencia de ello,
ser negadas las pretensiones de reconocimiento y pago de la indemnización por
enfermedad profesional solicitada.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

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La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001-33-
35-024-2019-00327-01, la Sala establece lo siguiente:

i) El 15 de agosto de 2019, la señora Sonia Astrid Sánchez Vega, por intermedio de
apoderada, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 5983 del 25
de junio de 2019 proferida por la Secretaría de Educación de Bogotá, mediante la
cual negó una indemnización por enfermedad laboral y, a título de restablecimiento
del derecho, se condene a la demandada a reconocer y pagar la indemnización por
incapacidad permanente parcial de origen laboral, establecida en la Ley 776 de 2002.

ii) Por medio de sentencia del 25 de septiembre de 2020, el Juzgado 24
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, negó las
pretensiones de la demanda y condenó a la parte actora a pagar a favor de la parte
demandada, la suma de $675.742, por concepto de agencias en derecho.

iii) A través de sentencia del 11 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, confirmó la decisión en cuanto
negó las pretensiones de la demanda y la revocó en cuanto condenó a la parte
demandante al pago de costas y fijó las agencias en derecho.

2.5. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», respecto de los
defectos desconocimiento de precedente y fáctico, toda vez que el debate gira en
torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al

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debido proceso,3 previstos en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, pues
según los alegatos del apoderado de la accionante, la litis fue resuelta sin un
adecuado análisis jurisprudencial y probatorio, eventos que de encontrarse
acreditados conducirían a considerar lesivos los intereses de la parte actora.

En cuanto al defecto sustantivo endilgado se tiene que los alegatos del apoderado de
la accionante se suscriben a cuestionar «que el Tribunal no tuvo cuenta que para la
indemnización por enfermedad profesional de docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, no es exigible la vinculación al servicio al
momento de la valoración» y que, por tanto, «la documentación aportada sí es un
elemento contundente y suficiente para demostrar el nexo de causalidad de la
enfermedad laboral decretada».

Dichos argumentos, en estricto sentido, no controvierten la interpretación o aplicación
normativa realizada por la autoridad judicial en torno a la indemnización por
enfermedad profesional de docentes afiliados al Fomag, pues a más de que no se
invocó la normativa presuntamente interpretada o aplicada equivocadamente, lo que
sugieren es una indebida valoración de los elementos probatorios con los cuales se
negó el reconocimiento de la indemnización, de aquí que los alegatos sean
analizados en torno al defecto fáctico.

ii) Se «cumple con el requisito de subsidiariedad», dado que la decisión cuestionada
hace referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión
planteada dentro de un proceso de reparación directa y de los hechos narrados, no
se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de
unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA.

iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», pues la sentencia objeto de censura
data del 11 de agosto de 2021, notificada por correo electrónico el 18 de agosto

3 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de

2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó
su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el
acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando
para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

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siguiente, y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado el 15 de febrero de 2022, esto es, en el
término de los seis meses señalados por esta corporación como prudencial para el
ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.4

iv) En el asunto «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de
realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial y probatorio.

v) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de
manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y
adecuó sus alegatos a la configuración de los defectos desconocimiento de
precedente jurisprudencial y fáctico.

vi) En el sud judice no se cuestiona «una sentencia de tutela», sino la proferida
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.6. Análisis de procedibilidad del amparo invocado

Procede la Sala a resolver, si en el presente caso, existe vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la señora Sonia Astrid Sánchez,
con la adopción de la sentencia del 11 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001-33-35-024-
2019-00327-01, por, presuntamente, incurrir en los defectos «desconocimiento de
precedente y fáctico», al analizar el reconocimiento de la indemnización por
enfermedad profesional reclamada.

4 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

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A modo de contextualización, se tiene que el artículo 7º de la Ley 776 de 2002,5 en
cuanto a la indemnización por enfermedad profesional, establece lo siguiente:

Artículo 7. Monto de la incapacidad permanente parcial. Todo afiliado al Sistema
General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente
parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción
al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales, en una
suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24)
veces su salario base de liquidación.

Así, con respecto al «desconocimiento de precedente jurisprudencial», el apoderado
de la accionante comenta que en el asunto es adecuado citar la sentencia del 7 de
febrero de 2013, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A,6 en torno al derecho a la indemnización por enfermedad profesional, que luego de
hacer referencia a la normativa antedicha, señaló lo siguiente:

Las normas que definen la enfermedad profesional y consagran el derecho a percibir
indemnización por tal concepto, en momento alguno exigen que el empleado deba
estar vinculado al momento de la valoración y determinación de la disminución de la
capacidad laboral, ni que el hecho de haber permanecido al servicio, con miras a
cumplir requisitos para acceder a la pensión de jubilación, sean razones que eximan
del reconocimiento de la indemnización por eses concepto.

En consecuencia, al no existir razones de origen legal que impidan el reconocimiento
de la indemnización reclamada por la demandante o exijan requisitos adicionales a ser
valorada por la entidad competente y haber sido determinada una disminución de la
capacidad laboral por concepto de una enfermedad profesional, mal puede la entidad
pretender la exigencia de ese tipo de requisitos.

En este contexto, alega el apoderado, que mal estaría el exigir como requisito la
vinculación de la docente al momento de la valoración de la disminución de la
capacidad laboral.

Pues bien, sea del caso advertir a la parte actora que la acción de tutela no es la
instancia para zanjar cuestionamientos de tipo legal, a efectos de determinar cuál es
la aplicación que deba darse a determinada normativa, ya que ello corresponde
realizarlo al juez natural en la instancia ordinaria.

5 Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema
General de Riesgos Profesionales.
6 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-25-

000-2004-09462-01 (0496-09).

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Demandante: Sonia Astrid Sánchez Vega

En todo caso, es de indicar que el pronunciamiento traído de referente no constituye
precedente jurisprudencial frente al que el juez natural debiera vigilar su aplicación,
puesto que no corresponde a una providencia judicial emitida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en las que se unifiquen criterios de interpretación
jurídica, sino a una decisión aislada de la Subsección A, en la que se extrae una
regla de decisión que fue adoptada en atención a las particularidades del caso allí
analizado.

Debe tenerse en cuenta que para que el juez de tutela pueda efectuar un estudio por
vulneración de precedente jurisprudencial vertical, debe traerse de referente una
sentencia de unificación, en términos de lo previsto en el artículo 270 del CPACA, o un
conjunto de sentencias en sede de lo contencioso administrativo en las que se haya
resuelto casos con supuestos fácticos y jurídicos iguales, de forma uniforme, esto es,
en las que se identifique una regla jurídica para resolver la controversia; y ninguno de
estos presupuestos son cumplidos en el sub judice.

El criterio jurisprudencial traído a colación por la accionante solo representa una línea
de pensamiento al interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que no
obliga al operador jurídico, y aunque es relevante para el caso, lo allí referido solo
comporta un criterio jurisprudencial aislado frente al que no puede endilgarse un
desconocimiento en su aplicación; de manera que la Sala no advierte configurado el
cargo en el presente asunto.

Ahora bien, también se controvierte en el sub judice la existencia de un «defecto
fáctico», atribuido al hecho de que, bajo el sustento de que la docente no se
encontraba vinculada a la Secretaría de Educación de Bogotá, el juez colegiado no
valoró las pruebas aportadas al plenario. De manera particular, se alega, que con la
demanda se allegó el dictamen de pérdida de la capacidad laboral y copia de los
factores salariales que la demandante devengó en el año anterior al estatus
pensional, en el que se evidencia que la docente se encontraba en incapacidad, lo
cual establece un nexo de causalidad entre su enfermedad y su servicio a la
Secretaría de Educación

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Demandante: Sonia Astrid Sánchez Vega

En el análisis del asunto, el Tribunal procedió a concretar como problema jurídico a
dilucidar, si a la demandante le asistía derecho al reconocimiento y pago de la
indemnización por enfermedad laboral, según el porcentaje asignado en el Dictamen
de pérdida de la capacidad laboral.

En ese contexto, trajo a colación lo consignado en el Dictamen de fecha 20 de mayo
de 2016, proferido por la Junta de Calificación de UT. MEDICOLSALUD, en el que se
conceptuó que la docente ostentaba una pérdida de la capacidad laboral del 41.8%,
de origen laboral, con incapacidad permanente parcial, sin que se determinara la
fecha de estructuración de la enfermedad; así como el Formato Único para la
Expedición del Certificado Laboral, en el que consta que la demandante prestó sus
servicios como docente adscrita a la Secretaría de Educación de Bogotá, con
algunas interrupciones, entre el 19 de febrero de 2004 y el 25 de noviembre de 2012.

Luego de lo anterior, presentó el marco normativo a aplicar en el asunto, a saber, las
Leyes 91 de 1989, 100 de 1993, 812 de 2003 y 776 de 2002, y, posteriormente,
manifestó acogerse a lo consignado en la sentencia del 8 de febrero de 2018
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,7 en la que se
concluyó que debe distinguirse la ocurrencia de la enfermedad profesional (que
comprende el reconocimiento de las prestaciones a que hubiere lugar, el cual
procede por ministerio de la ley), del hecho que el padecimiento que sufra el
empleado sea consecuencia directa de los actos y omisiones del ente patronal (esto
es, del incumplimiento de los presupuestos de salud ocupacional, de la omisión del
ente en acatar recomendaciones dadas por los médicos tratantes, de las condiciones
que el afectado fue desarrollando progresivamente y que llevaron a la pérdida de la
capacidad laboral, etc.), en cuyo caso, el interesado debe demostrar la
correspondiente falla, ya que, lo contrario, sería admitir que la enfermedad
profesional es siempre responsabilidad del empleador.

Así, al abordar el estudio del caso, transcribió in extenso los antecedentes clínicos
plasmados en el Dictamen del 20 de mayo de 2016, a fin de determinar el nexo
causal de la enfermedad de origen laboral con las actividades desarrollados durante

7 Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 68001-23-33-000-2014-00901-

02 (2050-17).

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Demandante: Sonia Astrid Sánchez Vega

la vinculación laboral y las posibles omisiones del empleador que pudieran haber
estructurado la disminución de la capacidad laboral; y, encontró, que la afección por
la cual le fue declarara la disminución de la capacidad laboral, a saber, síndrome del
carpo y manguito rotador, no inició durante el periodo en que la docente fue
vinculada a la Secretaría de Educación de Bogotá, esto es, entre el 19 de febrero de
2004 y el 25 de noviembre de 2012, sino con posterioridad a este periodo de tiempo,
toda vez que los conceptos y exámenes médicos que sirvieron de soporte, datan del
22 de febrero y 31 de mayo de 2013, así como del 31 de octubre de 2015, por lo que
en el asunto no se encontraba demostrado el nexo causal de la enfermedad.

Y, a su turno, al analizar los Formatos Únicos para la Expedición del Certificado de
Salarios, correspondientes al año 2011, en donde se aprecia que la docente estuvo
incapacitada, concluyó que, luego de ser cotejados con los otros medios probatorios,
no daban certeza de que la estructuración de la enfermedad laboral, calificada por el
órgano especializado, hubiera acaecido durante el periodo en que estuvo vinculada a
la Secretaría de Educación, o que advirtieran la existencia de un nexo causal del
deterioro de la salud por las labores que realizó como docente.

En este contexto, se advierte, entonces, que el Tribunal sí valoró las pruebas
echadas de menos por la accionante, pues el juez colegiado fue bastante enfático al
señalar que tanto los antecedentes clínicos plasmados en el Dictamen del 20 de
mayo de 2016, como los Formatos Únicos para la Expedición del Certificado de
Salarios no lograban comprobar, de manera fehaciente, la existencia del nexo causal
requerido para reconocer el derecho a la indemnización.

Las valoraciones realizadas por el Tribunal accionado no pueden considerarse como
irracionales o caprichosas, en tanto es justamente en el ámbito valorativo donde el
juez, a partir de las reglas de la sana crítica, cuenta con una mayor libertad de
análisis para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso; y el hecho de
no estar de acuerdo con ellos, no justifica el uso de la acción de tutela para su
contradicción como si se tratara de una tercera instancia.

Al respecto, la Sala ha sido constante en sostener que la tarea de decidir ante
distintos medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance,

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Demandante: Sonia Astrid Sánchez Vega

deben ser utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso, es una
materia de mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la
sana crítica de la prueba, que en virtud del artículo 176 del Código General del
Proceso constituye una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.

De manera que, el análisis efectuado por el Tribunal, lejos de constituir un defecto
fáctico corresponde a la manifestación de la autonomía e independencia judicial de
que gozan los jueces al analizar el material probatorio puesto a su disposición, que
como lo ha fijado la Corte Constitucional es el «campo en el que la independencia del
juez se mantiene con mayor vigor […].

Ello, por cuanto el juez de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera
más certera el material probatorio que obra dentro de un proceso», 16 sin que al juez
de tutela le esté permitido «convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto», como lo
pretende la parte actora.

Ahora bien, alega el apoderado de la parte actora, que aunque es cierto que la parte
demandante debe aportar el material probatorio conducente para advertir la legalidad
del acto acusado, también lo es que los magistrados, con el fin de salvaguardar el
debido proceso, pueden solicitar de manera oficiosa los documentos que consideren
faltantes para esclarecer las dudas.

Frente a dicho aserto debe la Sala reiterar lo señalado por el Tribunal accionado, en
cuanto a que era de obligación de la interesada el impugnar el Dictamen del 20 de
mayo de 2016, proferido por la Junta de Calificación de UT. MEDICOLSALUD, en torno al
hecho de no haberse documentado la fecha de estructuración de la enfermedad
profesional, y no trasladar esta carga al juez de lo contencioso administrativo.

Además, ha de tenerse en cuenta que el decreto oficioso de pruebas por parte del
operador jurídico, en términos de lo dispuesto en el artículo 213 del CPACA, procede
para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda, y, en el asunto, más que
un punto difuso, lo que existió fue una falta de prueba con respecto de la fecha de
estructuración de la afección que originó la pérdida de la capacidad laboral.

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Demandante: Sonia Astrid Sánchez Vega

Así las cosas, la Sala no encuentra que el Tribunal, al efectuar la valoración del
material probatorio allegado al proceso, haya incurrido en un defecto fáctico que
habilite la procedencia del amparo deprecado y, por lo tanto, lo considera infundado.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el asunto no se configuran
los defectos «desconocimiento de precedente y fáctico» endilgados y, en tal sentido,
denegará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar el amparo solicitado por la señora Sonia Astrid Sánchez Vega, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM

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