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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01161-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01161-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia de tutela proferida el 17 de marzo de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo frente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo, por el no cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional respecto al defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 25 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01 Actor: Samy Ospina Rengifo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01161-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

26 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de
tutela de 17 de marzo de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del
amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 9 de julio de 2021, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con número único de radicación 76001-33-33-003-2015-
00230-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que presentó demanda contra el Municipio de Santiago de Cali, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin
de que se declarara la nulidad del Decreto núm. 4110.20.0928 de 31 de diciembre
de 2014, por medio del cual se tomaron medidas para el mejor ordenamiento del
tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo urbano de
pasajeros en las vías públicas de la ciudad para el año 2015; y del Decreto núm.
4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015 por medio del cual modificó el anterior
acto administrativo.

4. Expresó que en su demanda y a título del restablecimiento del derecho, solicitó
que se condenara a la parte demandada a pagar a su favor la suma de
$126.835.000, correspondientes a la utilidad dejada de percibir por el incremento
del número de días de pico y placa, sin incluir el valor de los honorarios de
abogado.

Sentencia proferida el 9 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 76001-33-33-003-2015-00230-
01

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dispuso en su parte resolutiva lo
siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia No. 285 del 13 de septiembre de 2019,
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali Valle, y en
su lugar se niegan las pretensiones, por las razones expuestas en este proveído.

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Actor: Samy Ospina Rengifo

SEGUNDO: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante,
conforme lo previsto en los artículos 188 del CPACA, en concordancia con los
artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.

Fíjese como agencias en derecho la suma equivalente al 1% de las pretensiones
negadas. Liquidarse por la Secretaria del Juzgado de Origen.

TERCERO: EN FIRME la presente decisión, vuelva el expediente al Juzgado de
origen […]”.

6. Consideró que:

“[…] En el contexto descrito, advierte la Sala que los actos demandados son de
carácter general porque:

i) Crean una situación genérica, abstracta e impersonal como lo es la
implementación del sistema de pico y placa en el perímetro urbano de la
ciudad de Cali, restringiendo la circulación no sólo de vehículos de servicio
público colectivo urbano de pasajeros, sino también a todos los automotores
matriculados en la ciudad de Cali y a lo que circulen de forma transitoria en
el área urbana.

ii) No existe en su resolución una individualización precisa y determinada de sus
destinatarios, pues se dirige de forma general, entre otros, a cualquier prestador
del servicio público colectivo urbano de pasajeros en la ciudad de Cali, es decir,
que sus destinatarios son determinados y,

iii) El sistema o mecanismo del pico y placa es una medida que se adopta en
virtud del interés general sobre el particular y por razones de conveniencia y
necesidad para solucionar el alto flujo vehicular, para la racionalización del
transporte público y como alternativa de construcción de una ciudad viable.

En efecto, aunque posteriormente la administración modificó el acto inicial, y en esa
ocasión el decreto en su parte motiva se refirió a rutas específicas del servicio
público de transporte colectivo y a las empresas que prestaban ese servicio en
áreas puntuales de la ciudad; no se puede obviar que el mismo hace parte de la
medida impuesta primigeniamente de manera general a todos los automotores que
circulen en el área urbana de la ciudad de Cali, razón por la que no es viable
considerar que por su contenido correspondería a un acto de carácter particular.

Así las cosas, el cargo de nulidad planteado por el demandante consistente en que
los actos acusados son de contenido particular y concreto, quedaría desvirtuado, y
en consonancia con ello, tampoco cabría el otro argumento de la demanda
relacionado con la falta de publicación de los actos acusados que, a juicio de la
parte actora, insiste, son de contenido particular y conlleva a su nulidad.

6.6.2. De la falsa motivación y estudios previos.

En este cargo, afirma la parte actora en el libelo que los actos administrativos
cuestionados reflejan una voluntad aparente, pues aunque implementa el método de
pico y placa para vehículos de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las

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Actor: Samy Ospina Rengifo

vías públicas del municipio de Santiago de Cali, la realidad fáctica y jurídica es un
ataque al sistema de transporte colectivo por parte de las autoridades municipales,
relacionadas con cancelación de rutas por un supuesto paralelismo con el Sistema
de Transporte Masivo MIO, lo cual no se encuentra sustentado en un estudio
técnico previo de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 a 34 del Decreto 170 de
2001, ni en los principios del transporte público contemplados en la Ley 105 de
1993.

Que por tanto, aunque en materia de tránsito y transporte municipal la autoridad
competente es el alcalde de la respectiva localidad, sin embargo, en materia de
Sistemas de Transporte Masivo se asigna la competencia a las Secretarias de
Tránsito y Transporte Municipal de las diferentes localidades y no al Alcalde
Municipal.

Sobre este aspecto, el a-quo centró sus consideraciones para acceder a las
pretensiones de la demanda, aduciendo que, si la motivación del acto se erige en
estudio de campo que indican la existencia de paralelismo entre el transporte
colectivo convencional y el MIO, la administración no podía obviar el trámite
pertinente, aunado a que las funciones de las autoridades de tránsito, según el
artículo 3 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, no comprendía el manejo de
los servicios de transporte en las maneras que han sido señaladas en la demanda
[…]”.

[…]

“[…] Para comenzar a analizar este cargo de nulidad debe referirse la Sala en
principio a las siguientes normas. Veamos:

La Ley 105 de 1993, contiene normas sobre los principios rectores del transporte;
regulación de transporte y tránsito relacionada con la reposición del parque
automotor del servicio público de pasajeros y/o mixto y el control de tránsito para el
cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte; sanciones; perímetros
del transporte y tránsito por carretera en el territorio colombiano; definición de la
infraestructura del transporte lo cual tiene relación con las carreteras, vías, líneas
férrea, puentes entre otra; peajes; obras por concesión; y planeación del transporte
y la infraestructura lo cual abarca las políticas y estrategias sectoriales, armónicas
con las contenidas en el plan nacional de desarrollo y el plan de inversiones
públicas para el sector.

A su vez, la Ley 336 de 1996 adoptó el Estatuto Nacional de Transporte, cuyo objeto
era unificar los principios y los criterios para la regulación y reglamentación del
transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación
en el territorio nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las normas
que la modifiquen o sustituyan.

Dicha Ley fue reglamentada por el Decreto 170 de 2001, para reglamentar la
“habilitación de las empresas de transporte público colectivo terrestre automotor de
pasajeros del radio de acción metropolitano, distrital y/o municipal” y la “prestación
por parte de éstas, de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico”, bajo los
criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el
de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se
aplicaran las restricciones establecidas por la ley y los convenios internacionales.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

Así pues, en su Capítulo IV reglamenta sobre las alternativas de acceso al servicio
con los respectivos estudios técnicos previos, bajo las siguientes disposiciones:

“Artículo 32. - Modificación de ruta. Las empresas de transporte que tengan
autorizada una ruta podrá solicitar la modificación de la misma por una sola vez,
pero en ningún caso la longitud y recorrido de la ruta modificada podrá tener
alteración de mas (sic) del 10% sobre la ruta original, ya sea por exceso o por
defecto y no podrá desplazarse más de un terminal. La autoridad Metropolitana,
Distrital y Municipal juzgará la conveniencia de autorizarlo. La modificación
solicitada deberá estar sustentada en un estudio técnico que justifique la necesidad
de atender una demanda de usuarios insatisfecha”.

Artículo 33.- Cambio de nivel de servicio. La empresa podrá solicitar el cambio de
nivel de servicio, siempre y cuando se mantenga dentro de la misma al menos en un
50% el servicio básico de transporte. La autoridad correspondiente de acuerdo con
las necesidades de su territorio fijará en cada caso las condiciones del servicio.

Parágrafo: Para los efectos señalados en los artículos anteriores la autoridad
municipal deberá publicar la petición de la empresa interesada en un diario de
amplia circulación local a costa de la misma, para que las empresas que se sientan
afectadas puedan oponerse a las pretensiones de la solicitante. La oposición deberá
sustentarse técnica y/o jurídicamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la publicación. Si prospera la oposición se negará la solicitud.

Artículo 34.- Reestructuración del servicio. La autoridad competente podrá en
cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar
oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en
condiciones normales de demanda”.

En ese orden de ideas, las autoridades que integran el sector y Sistema Nacional
del Transporte, dentro del marco legal (Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 con sus
decretos reglamentarios) y constitucional, son las que definen las políticas generales
sobre el transporte y el tránsito, habilitan las empresas de transporte público
colectivo terrestre automotor de pasajeros del radio de acción metropolitano, distrital
y/o municipal, regulan y controlan su operación, la prestación del servicio público, la
reestructuración del servicio como la modificación de ruta, la red nacional de
carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, la creación y
funcionamiento de las empresas de transporte público, los permisos, los equipos,
las tarifas y la seguridad de la prestación del servicio, así como todos los aspectos
operativos como recorridos, horarios, frecuencias; bajo los principios de acceso al
transporte, colaboración entre entidades, participación ciudadana, libertad de
empresa, subsidios a determinados usuarios, entre otros; lo cual implica la
prevalencia del interés general sobre el particular, la garantía de la prestación del
servicio y la protección a sus usuarios.

En virtud de todo lo expuesto y teniendo en cuenta los aspectos que abarcan la
alzada que aquí se estudia, corresponde entonces a la Sala verificar si los actos
administrativos cuestionados proferidos por el Alcalde Municipal de Cali contienen
disposiciones relacionadas con la regulación del transporte público, en concreto
sobre la modificación de rutas, cancelación de las operaciones o restauración del
servicio público en desarrollo de la Ley 336 de 1996 y el Decreto 170 de 2001; o si

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Actor: Samy Ospina Rengifo

por el contrario, exclusivamente implementa un sistema de restricción de la
circulación de los vehículos de servicio público colectivo urbano de pasajeros en la
ciudad como medida policiva, con la única finalidad de restablecer el orden público.

Del contenido del Decreto No. 4110.20.0928 de diciembre 31 de 2014 expedido por
el Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, “POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN
MEDIDAS PARA EL MEJOR ORDENAMIENTO DEL TRANSITO (sic) DE
VEHÍCULOS PARTICULARES Y DE SERVICIO PUBLICO (sic) COLECTIVO
URBANO DE PASAJEROS EN LAS VIAS (sic) PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, PARA EL AÑO 2015” se destaca que la medida del pico y
placa ahí impuesta se sustentó en lo siguiente: i) El aumento progresivo del parque
automotor registrado cada año, ii) La deficiencia de la capacidad de infraestructura
vial de la red vial básica; iii) Las obras de construcción del Sistema Integrado de
Transporte Masivo y vi) La amplia intervención de las vías por parte de las entidades
de servicios públicos.

Lo anterior generó en la ciudad numerosas congestiones en horas de mayor
demanda, generando: i) Alta contaminación ambiental; ii) Disminución en la
velocidad; iii) Altas demoras; iv) Mayores tiempos de viaje y iv) Sobre costos de
operación, entre otros.

Que la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal realizó un estudio técnico
sobre el comportamiento del flujo vehicular en el segundo semestre de 2005,
recomendando medidas de restricción de circulación de vehículos particulares en
periodos pico.

A su vez la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, también realizó el
seguimiento de la medida y el efecto sobre el comportamiento del tránsito,
encontrado: i) Un alto volumen de vehículos en el área urbana que están generando
congestiones que inciden de manera negativa en la movilidad Urbana y afectan la
productividad de la ciudad y ii) La red vial principal intervenida drásticamente por las
obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo, obras de las Empresa (sic)
Municipales de Cali y de la Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización.

En virtud de lo anterior, una de las medidas impuestas mediante dicho acto fue la
restricción de la circulación para los vehículos tipo bus, buseta, microbús y
camperos destinados a la prestación del servicio de transporte público colectivo
urbano de pasajeros, de lunes a viernes entre las 5:00 am y las 10:00 pm, de
acuerdo con el último dígito de la placa, con una rotación de cada seis (6) meses.

Posteriormente, mediante Decreto No. 4110.20.00106 de marzo 13 de 2015 (folios
13- 20, cuaderno 1), se modificó aquella medida, ampliando la restricción de la
circulación para ese tipo de vehículos de lunes a domingo entre las 5:00 y las 10:00
pm, de acuerdo con el último dígito de la placa, correspondiendo a dos números por
día.

Como sustento de la anterior modificación, se señaló que la Secretaría de tránsito y
Transporte había realizado la verificación de paralelismo del TPCU sobre las rutas
del MIO, recomendando realizar los actos administrativos necesarios para la
cancelación de las rutas de las Empresas de Transportes COOMOEPAL,
DECEPAZ, CAÑAVERAL, ERMITA Y MONTEBELLO que se encontraban en
paralelismo con el MIO.

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Actor: Samy Ospina Rengifo

En virtud de lo expuesto, es claro para esta Sala que si bien la modificación de la
medida de restricción del tránsito de vehículos de servicio público colectivo urbano
de pasajeros en las vías públicas del municipio de Santiago de Cali, de lunes a
viernes de acuerdo con el ultimo (sic) dígito de la placa por un día de la semana, a
lunes a domingo de acuerdo con dos últimos dígitos de las placas por dia, se basó
en la recomendación de la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de
cancelación de rutas de unas determinadas empresas de transporte público con
relación al paralelismo con el Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO; sin
embargo, dicha situación no implica que la medida implementada tuviera relación
directa con el funcionamiento y operación del transporte público, ni con la
implementación del transporte masivo en la ciudad, sino que sirvió de referente
adicional a las razones que originaron y conllevaron la adopción de dicha medida
para el año 2015, que tuvo incidencia en el ordenamiento de transito de vehículos
por las vías públicas, en tanto que, restringió la circulación de los vehículos de
servicio público de transporte de pasajeros en el horario allí establecido con el fin de
preservar el orden público, el medio ambiente de la ciudad afectado con la
congestión vehicular, y de contera, propender por el mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad.

Esto significa, que aunque en las consideraciones del Decreto No. 4110.20.00106
de marzo 13 de 2015, quedó mencionado el tema del paralelismo entre las rutas del
TPCU sobre los recorridos del MIO y la recomendación por parte de la Secretaria de
Tránsito y Transporte estaba encaminada a reducir paulatinamente la circulación del
TPCU, debe la Sala precisar, que los actos administrativos acusados no fueron los
que sacaron de circulación las rutas que operan del transporte público colectivo,
sino como se ha dicho, restringieron su circulación -igual como lo hicieron otros
actos con los vehículos particulares-, en la medida que regularon las horas y días de
operación de dichas rutas por las vías de la ciudad, lo que sin duda contribuye a
mejorar la movilidad y las condiciones de congestión vehicular.

Por tanto no debía someterse dicha medida a los estudios previos previstos para la
adopción de alternativas de acceso al servicio público de transporte de que tratan
los artículos 32 -modificación de rutas- y 34 - reestructuración del servicio- del
Decreto 170 de 2001, que reglamentó la Ley 336 de 1996, la que a su vez, regula
dicha actividad como industria para el fortalecimiento del sector empresarial y como
servicio público relacionado con la habilitación para su prestación, operación,
permisos, tarifas, entre otros aspectos básicamente administrativos y operacionales,
frente a lo cual no tiene ninguna injerencia la medida adoptada a través de los actos
cuestionados, ni el sustento de la misma.

En efecto, se advierte de la motivación incorporada al texto de dichos actos, que el
principal fundamento de su emisión fue dar solución al problema de la congestión
vehicular, así como también, disminuir el impacto producido por ella en el medio
ambiente, y en últimas, procurar un mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos del municipio constituyéndose por tanto en medida de carácter policivo,
independientemente que sus destinatarios fueran vehículos de servicio público o
particular, pues todos ellos contribuyen a dicho impacto.

Ahora, debe advertirse que la medida contenida en los actos atacados no resultaba
desproporcionada o irrazonable, pues con ella no se restringió de manera absoluta o
indiscriminada la prestación del servicio público de transporte urbano en la ciudad

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Actor: Samy Ospina Rengifo

de Cali en 2015, sino la circulación de dichos automotores en un horario
determinado, todo en beneficio del interés general, bajo estudios de la Secretaria de
Tránsito y Transporte Municipal, sin desconocerse que es un hecho notorio la
situación de infraestructura de la malla vial en la ciudad de Cali y el crecimiento
continuo del parque automotor.

Finalmente valga destacar que esta Corporación ya tuvo oportunidad de
pronunciarse en similares términos. En virtud de todo lo expuesto, queda
desvirtuado el cargo de nulidad por falsa motivación alegado por el recurrente.

6.6.4. De la expedición irregular por falta de competencia del alcalde y
desconocimiento del debido proceso administrativo para su expedición.

El artículo 315 de la Constitución Política consagra que son atribuciones del alcalde:

1. “Cumplir y hacer cumplir la constitución, la ley, los decretos del gobierno, las
ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le importa el alcalde
por conducto del respectivo comandante. (..)”

En virtud del anterior precepto constitucional se concluye que, al alcalde como
primera autoridad de policía del municipio, le corresponde la adopción de medidas
necesarias para conservar el orden público en su jurisdicción, dentro de los
parámetros establecidos por la Constitución y la Ley. Ello teniendo en cuenta
también lo regulado en el artículo 39 del Decreto 1355 de 1979 “por el cual se dictan
normas de Policía”, que dispone que los alcaldes, como agentes del gobernador,
son jefes de policía en el municipio, a quienes, según el artículo 2° del mismo
decreto, les compete la conservación del orden público interno, el cual resulta de la
prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad,
de la salubridad y la moralidad públicas.

Por otra parte, el artículo 1° de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito
Terrestre) consagra que:

“En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo
colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está
sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la
seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los
discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la
protección del uso común del espacio público” (Subraya la Sala) […]”.

[…]

“[…] De la jurisprudencia citada, es dable concluir que siendo el alcalde suprema
autoridad de policía, le corresponde la adopción de cualquier medida que considere
necesaria para conservar y restablecer el orden público, como, por ejemplo, dictar
medidas sobre la congestión vehicular, pues la salubridad, seguridad y tranquilidad
son aspectos que se afectan de manera directa con dicha congestión. A su vez, el
poder de policía otorgado a los alcaldes le permite expedir dentro de su

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Actor: Samy Ospina Rengifo

competencia, normas generales, impersonales y preexistentes, reguladoras del
comportamiento ciudadano que tiene que ver con el orden público y con la libertad,
es decir, hacer la ley policiva y dictar reglamentos de policía.

Por tanto, los alcaldes tienen competencia para expedir reglamentos secundarios o
complementarios, los cuales, al tenor del artículo 9° del Decreto ley 1355 de 1970,
tienen por finalidad precisar el alcance y lograr la cabal aplicación de los
reglamentos autónomos o principales de policía, reservados a la Ley.

De acuerdo a lo anterior, el Alcalde del Municipio de Santiago de Cali tiene plenas
facultades legales para implementar medidas de restricción de la circulación de los
vehículos de servicio público colectivo urbano de pasajeros en la ciudad, en calidad
de jefe de la administración local, máxima autoridad de policía y autoridad de
tránsito dentro de su jurisdicción, pues es legítima una amplia intervención policiva
del Estado en materia de tránsito bajo el amparo de la Constitución y la Ley, con el
fin de garantizar el orden y proteger los derechos de los ciudadanos a través de
medidas proporcionales, razonables y justificadas.

Ahora, sobre la falta de estudios previos para imponer la medida de pico y placa a
los vehículos que prestaban servicio público de transporte urbano de pasajeros a
través de los actos cuestionados para el año 2015, debe advertir la Sala que aunque
tal medida no puede ser desproporcionada ni injustificada, sin embargo, no existe
una norma en el ordenamiento jurídico que imponga de forma específica la
ejecución de estudios técnicos previos para su implementación, por lo que el cargo
de nulidad relacionado con la falta de motivación de los actos cuestionados por la
falta de dichos estudios queda desvirtuado, y en consecuencia de ello habrá de
revocarse la sentencia apelada.

VII. CONDENA EN COSTAS EN ESTA INSTANCIA.

Sobre la regulación de las costas procesales, la Ley 1437 de 2011 tiene el siguiente
texto:

“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia impondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”

A su vez, el Código General del Proceso, antes Código de Procedimiento Civil,
señala en su artículo 365 que se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
siempre y cuando en el expediente aparezcan causadas y comprobadas.

El análisis del artículo 188 del CPACA ha dado lugar a diversas interpretaciones que
oscilan entre entender que establece la obligatoriedad de condenar en costas, hasta
simplemente exigir en todo proceso un pronunciamiento del juez sobre las mismas,
determinando si hay lugar o no a imponerlas, atendiendo las condiciones de cada
caso.

No obstante, en recientes pronunciamientos emitidos por el H. Consejo de Estado,
entre ellos la Sentencia del 25 de enero de 2018. Rad. No 25000-23-42-000-2013-
00330-01 (4922-15). C.P. Rafael Francisco Vargas Suarez, se dispuso frente al
tema lo siguiente:

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Actor: Samy Ospina Rengifo

“(...) Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena
en costas en vigencia del cpaca (sic), concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso). sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará a la parte demandante
al pago de las costas de segunda instancia, por haberse confirmado íntegramente la
sentencia del inferior y teniendo en cuenta la gestión que realizó la entidad
demandada en segunda instancia. (...).

La anterior cita expone lo que ha denominado el órgano de cierre de la jurisdicción
como un criterio objetivo valorativo, es decir que en cada caso al juez le
corresponde examinar la actuación procesal de las partes para establecer la
condena en costas a la parte vencida, de modo tal que la Sala acoge este
pronunciamiento, en tanto la materia objeto de estudio se rige por el precedente
dispuesto en la Sección Segunda del H. Consejo de Estado.

Efectivamente las normas citadas, interpretadas sistemáticamente, y acorde con las
precisiones recientes del Consejo de Estado, indican que la condena en costas sin
perder su naturaleza objetiva debe ser tasada y liquidada con criterios objetivos y
verificables, más aún el artículo 366 del C.G.P, refiriéndose a la liquidación, señala
que el valor de los honorarios y demás gastos del proceso se incluirá siempre que
aparezcan comprobados, esto en consonancia con el numeral 8 del artículo 365
ibídem, es decir, que puede acontecer que las expensas y gastos procesales si no
se comprueban y verifican no se ordene su reconocimiento, además, las costas
están integradas por las agencias en derecho las cuales están sujetas a otros
parámetros con elementos objetivos y verificables al someterse a la reglamentación
dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 2003,
del Consejo Superior de la Judicatura norma vigente al momento de la demanda.

Visto lo anterior, y en lo que se refiere al caso concreto, esta Sala condenará en
costas en ambas instancias a la parte demandante, en tanto fue vencida en el
proceso, y además, teniendo en cuenta la gestión de defensa del apoderado de la

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Actor: Samy Ospina Rengifo

parte demandada durante esta etapa, quien presentó la alzada y alegó de
conclusión, causándole así las costas en lo concerniente a la agencias en derecho.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 6 numeral 3.1.3. del (sic) Acuerdo No.
1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijarán como agencias en
derecho el 1% del valor de las pretensiones negadas […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, en cabeza del Magistrado EDUARDO ANTONIO LUBO
BARROS, los DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO
PROCESO, con ocasión a la sentencia de Segunda Instancia No. 121 del nueve
(09) de julio del 2021.

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS dicha
providencia.

TERCERO: Se ORDENE proferir un fallo apegado a la realidad fáctica y jurídica
del caso en concreto y sean valoradas correctamente las pruebas allegadas al
proceso […]”.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial y en un defecto sustantivo por falta de aplicación del inciso segundo del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Actuación

9. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de 24
de febrero de 2022; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y iii) vinculó al
Municipio de Santiago de Cali en calidad de tercero con interés legítimo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

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Actor: Samy Ospina Rengifo

Intervenciones de la parte demandada y del tercero con interés legítimo

10. La Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica
Pública del Distrito de Santiago de Cali expresó que

“[…] Si bien la tutela se caracteriza por ser un proceso preferente y ágil, no es
posible que ella se constituya como un instrumento judicial carente de garantías
procesales en el que la inmediatez prevalezca sobre los derechos de las partes o
de los terceros. Este proceso al igual que cualquier otro debe regirse bajo los
principios de legalidad y contradicción.

La acción de tutela se concibe en la Constitución de 1991, artículo 89 como una
herramienta que permite el amparo efectivo de los derechos fundamentales que se
consideran amenazados, perturbados o quebrantados; no obstante, tal mecanismo
excepcional no cuenta con una procedibilidad absoluta e ilimitada, pues el
legislados a través del artículo 6 del Decreto 2591 fijó expresas causales de
improcedencia, así:

"Artículo 60. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:

Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante..."

En virtud del principio de residualidad se identifica que la acción de tutela no es la
única opción al alcance de la accionante para hacer valer sus derechos, cuando
existen otros mecanismos legales a los cuales acudir, tal es el caso el Recurso
Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 188 del Código Contencioso
Administrativo, contenido en el Decreto 01 de 1989 aplicable al mentado proceso
de reparación directa.

De lo anterior se concluye que la presente acción carece del agotamiento de
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial y por tanto deben ser
desestimadas las pretensiones de la acción de tutela dado que carece de los
presupuestos contemplados en el principio de residualidad.

Como se aprecia, la acción de tutela es de carácter inmediato ya que opera en
procura de salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados.

Con todo, se concluye que el Municipio hoy Distrito de Santiago de Cali, actuó
dentro de la presente acción siguiendo los parámetros legales y de lealtad
procesal y que de igual manera operó el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en la que se respetó cada una de las garantías procesales y su providencia
fue sustentada debidamente […]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio en esta
oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

12. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 17 de marzo de 2022, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero. Denegar el amparo invocado por el señor Samy Ospina Rengifo, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído […]”.

13. Consideró que:

“[…] En este contexto, bien puede evidenciarse, entonces, que en el caso no se
incurrió en desconocimiento de precedente horizontal, según el entender del
accionante, pues resulta diáfano que, la jurisprudencia que trajo como referente, con
fundamento en la cual se venía accediendo a las pretensiones de reparación,20 a
saber, las sentencias i) del 4 de octubre de 2018,21; ii) del 13 de noviembre de
2019,22 y iii) del 13 de noviembre de 2019,23 fue cambiada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, a partir de la sentencia del 30 de enero de
2020,24 y reiterada en la sentencia objeto de censura, del 9 de julio de 2021, bajo
argumentaciones claras y razonables que justificaron un cambio de criterio en el
asunto, esto es, que los Decretos demandados eran de contenido general y que, la
implementación de la medida no exigía de la realización de estudios previos; de
aquí que no se evidencie vulneración del derecho a la igualdad al respecto.

2.5.3.2. Sobre el cargo de defecto sustantivo

Refiere el accionante que el Tribunal vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, al no tener en cuenta el inciso del artículo 188 del CPACA, adicionado por
la Ley 2080 de 2021,25 relevante para la fijación de la condena en costas, en el que
se prevé que «la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal», aserto que, según alega, retoma el criterio subjetivo en el que se evalúa la
conducta asumida por las partes y si se tuvo un obrar temerario o de mala fe dentro
del proceso. Ello, por cuanto no se valoró que las actuaciones procesales fueron
desplegadas dentro de un marco responsable y eficaz, y con una demanda basada
en fundamentos legales sólidos.

Pues bien, al abordar el estudio del caso, el Tribunal manifestó que, al no existir un
criterio unificado en la jurisprudencia en torno a la condena en costas, se acogía al
criterio jurisprudencial expuesto por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en las sentencias del 25 de enero de 2018,26 y del 7 de abril de
2016,27 en los que se habla de un «criterio objetivo valorativo», según el cual, en
cada caso, al juez le corresponde examinar la actuación procesal de las partes para
establecer la condena en costas.

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Actor: Samy Ospina Rengifo

De esta forma, concluyó que en el caso era procedente condenar en costas en
ambas instancias, a la parte demandante, por haber sido vencida en el proceso y
ante la gestión de defensa del apoderado de la parte demandada durante la
segunda instancia, quien presentó la alzada y alegó de conclusión, lo cual causó
costas en lo concerniente a las agencias en derecho.

Entiende la Sala que el descontento del accionante hace referencia al hecho de no
haberse analizado la conducta procesal de la parte demandante, esto es, bajo un
criterio subjetivo; sin embargo, ello corresponde una lectura equivocada de la
normativa, pues el inciso introducido en el artículo 188 del CPACA, por la Ley 2080
de 2021, no sugiere la valoración de una actuar temerario o de mala fe dentro del
proceso.

Según se advierte, el artículo 188 del CPACA, adicionado por la Ley 2080 de 2021,
en torno a la condena en costas, es del siguiente tenor: «Salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal».

Es decir, que, por regla general, en todo proceso se debe disponer sobre la condena
en costas, a excepción, de procesos en que se ventile un interés público, frente a
los que no es procedente la condena en costas, a menos de que se evidencie que la
demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.

Entonces, no es cierto que se haya retomado un criterio subjetivo de valoración, en
el que se evalúa la conducta asumida por las partes y/o si se tuvo un obrar
temerario o de mala fe dentro del proceso, según el entender del accionante, ya que
sobre el asunto no existe un criterio definido en torno a la aplicación de lo previsto
en la norma y, en tal sentido, no puede endilgarse un desconocimiento en su
aplicación […]”.

La impugnación

14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] Por lo anterior expuesto, la Sentencia No. 167 del 13 de noviembre del 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso con
radicado No. 760013333008-2015-00240-01, la cual declaró la nulidad de los actos
administrativos, por ser de contenido particular y concreto, y no tener estudios
técnicos que sustentaran la implementación de la medida de pico y placa a
vehículos de servicio público, hace transito (sic) a cosa juzgada – erga omnes y,
por lo tanto, impide que se profiera una nueva decisión sobre el mismo acto.

Así las cosas, no es de recibo por parte de este apoderado, que la Sala manifieste
que no se ha incurrido en desconocimiento del precedente horizontal, pues al no

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Actor: Samy Ospina Rengifo

tener en cuenta la providencia del 13 de noviembre del 2019 y las demás
aportadas a la presente acción constitucional, estarían atentando contra el derecho
a la igualdad, el principio de seguridad jurídica y confianza legitima, que rige en
nuestra Constitución.

Cabe resaltar que, las sentencias de fecha 30 de enero del 2020, y la de fecha 09
de julio del 2021, proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, las
cuales indicaron que los actos administrativos eran de contenido general, fueron
expedidas de manera posterior a los precedentes horizontales aquí expuestos,
inclusive, obran providencias recientes (09 de diciembre del 2020 y 05 de octubre
del 2021) en las cuales el Tribunal mantiene la postura de decretar la nulidad de
los actos administrativos, por ser de contenido particular y concreto, y haber sido
expedidos con falsa motivación.

En ese entendido, relaciono los precedentes que han estudiado la legalidad de los
decretos No. 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014, y el No. 4110.20.00106
del 13 de marzo de 2015, y que omitió tener en cuenta el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, al momento de proferir la sentencia de segunda instancia del
09 de julio del 2021, ocasionando un quebrantamiento del debido proceso y el
derecho de igualdad del accionante.

1. Sentencia No. 49 del 04 de octubre del 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso con radicado No. 2015-
0798. (Aportada en la acción de tutela)

2. Sentencia de primera instancia No. 259, proferida dentro del proceso con
radicado No. 2015-00200 del treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve
(2019), precedida por la juez Once Administrativa, Doctora Marisol Apraez.

3. Sentencia No. 166 del 13 de noviembre del 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso con radicado No. 2015-
0201. (Aportada en la acción de tutela)

4. Sentencia No. 167 del 13 de noviembre del 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso con radicado No.
760013333008-2015-00240-01. (Aportada en la acción de tutela)

5. Sentencia de segunda instancia del nueve (09) de diciembre de dos mil veinte
(2020) dentro del proceso con radicado No. 76001-33-33-017-2015-00248-01
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle con ponencia de la Magistrada
Víctor Adolfo Hernández.

6. Sentencia No. 210, del 05 de octubre del 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dentro del radicado No. 76001-33-33-017-
2016-00151-01 […]”.

[…]

“[…] En el marco de las anteriores consideraciones, se desprende que la
imposición de la condena en costas debe ser evaluada siguiendo el criterio
subjetivo, analizando si dentro de las actuaciones adelantadas durante el proceso
judicial, está asociado algún actuar temerario o de mala fe, y como se ha

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Actor: Samy Ospina Rengifo

demostrado por parte de este apoderado, las actuaciones han sido desplegadas
dentro de un marco responsable y eficaz, con una presentación de demanda
basada en fundamentos legales sólidos, tanto así que, el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad del Circuito accedió en primera instancia a la totalidad
de las pretensiones, declarando la nulidad de los actos administrativos y
condenando al Municipio de Santiago de Cali a reparar los daños materiales
causados.

Por otro lado, más adelante, al concluir la sentencia, la Sala manifiesta que no
existe un criterio unificado en la jurisprudencia en torno a la condena en costas,
pues mientras que la Subsección A, dispone que no se valorará la mala fe o
temeridad de las partes; la Subsección B, considera que debe tenerse en cuenta la
conducta de la parte vencida, y establecer si actuó con temeridad o mala fe.

Así las cosas, y mientras el Alto Tribunal no tenga un concepto unificado frente a la
condena en costas, se hace necesario que se adopte la postura de la Subsección
B (criterio subjetivo), con el fin de no hacer más gravosa la situación del
accionante […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20211 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20182 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente

1 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Actor: Samy Ospina Rengifo

señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

17. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito de ii) relevancia constitucional.

18. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad, procediendo posteriormente a v) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
3

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

20. Esta Sección adoptó4 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
5

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”6 que encaje en dichos parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
5 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

6 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.

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proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 7

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de
i) relevancia constitucional.

Acerca del requisito de la relevancia constitucional

26. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 2014 , al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo
8

lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que
interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
8 Ut supra página 6.

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Actor: Samy Ospina Rengifo

funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la
conjunción de dos elementos necesarios [ ]. 11

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[ ]. 12

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la
tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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legalidad [ ]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia
13

constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [ ]. 14

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio
de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ ]; el derecho
15

a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso
penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la
prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de
prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia
SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

27. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado : 16

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”17

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
16 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad
social) y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago
oportuno y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la
conclusión de que el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de
postulados constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”18

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime
teniendo en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

28. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el
actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa
mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial
accionada incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

18 Ibidem.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

29. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
19

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

19 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

31. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

32.Atendiendo a que la Corte Constitucional20 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

33. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 9 de julio de 2021, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con número único de radicación 76001-33-33-003-2015-
20 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

00230-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

35. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela e impugnación.

Acervo y análisis probatorios

36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

36.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el 9 de julio de 2021.

Solución al caso en concreto

Análisis del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional

37. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 188 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En ese orden
de ideas, expresó que:

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

“[…] Aunado a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió
tener en cuenta el inciso del artículo 188, el cual fue adicionado por la Ley 2080 de
2021, relevante para dictar la condena en costas, agravando la situación de mi
cliente y vulnerando aún más el debido proceso […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, la Ley 2080 de 2021, “Por medio de la cual se Reforma el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de
2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción.”, adiciona un inciso en el artículo
188, relevante para la fijación de la condena en costas, el cual dispone lo
siguiente:

“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

El inciso adicionado juega un papel vital para el juzgador al momento de dictar
sentencia y fijar la condena en costas, ya que se retoma el criterio subjetivo, donde
se evalúa nuevamente la conducta asumida por las partes y si se tuvo un obrar
temerario o de mala fe dentro del proceso.

El acceso a la administración de justicia, se encuentra ligado a una serie de
deberes que deben acoger las partes y apoderados dentro del proceso, los cuales
conllevan al desarrollo de actuaciones de buena fe y lealtad, obrando sin
temeridad en sus pretensiones o defensas […]”.

[…]
“[…] En el marco de las anteriores consideraciones, se desprende que la
imposición de la condena en costas debe ser evaluada siguiendo el criterio
subjetivo, analizando si dentro de las actuaciones adelantadas durante el proceso
judicial, está asociado algún actuar temerario o de mala fe, y como se ha
demostrado por parte de este apoderado, las actuaciones han sido desplegadas
dentro de un marco responsable y eficaz, con una presentación de demanda
basada en fundamentos legales sólidos, tanto así que, el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad del Circuito accedió en primera instancia a la totalidad
de las pretensiones, declarando la nulidad de los actos administrativos y
condenando al Municipio de Santiago de Cali a reparar los daños materiales
causados […]”.

38.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional, toda vez que, según lo expuesto en el escrito de tutela, lo que el

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

actor controvierte es que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca lo condenó
en costas.

39.Para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos fundamentales que
tienen su origen en un asunto de contenido económico, como lo es la condena en
costas, el cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez
que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

40.Al respecto, la Corte Constitucional21 ha señalado:

“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un
marcado carácter patrimonial, pues lo que está en discusión es el pago de un
derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad
comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que
excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la
posibilidad de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante
considera afectados. […]”. (Resaltado por la Sala)

41.Al respecto, es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación del artículo 188 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula el
tema de las costas procesales, por cuanto se trata de un asunto de carácter legal
y económico que no le corresponde decidir al juez de tutela, sino al juez natural
del proceso.

42.Asimismo, se resalta que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de esta
Corporación, en reiterados pronunciamientos22, y en especial, en la sentencia

21 Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre

de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

proferida el 11 de diciembre de 202023 señaló en un caso con presupuestos
fácticos similares, lo siguiente:

“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende cuestionarse
resolvió condenar en costas al actor teniendo en cuenta la referida normativa , por
cuanto si bien se revocó parcialmente la decisión de primer grado, la parte accionada
dentro del proceso ordinario actuó en el trámite de la segunda instancia, por lo que
para la Sala no es viable que el señor ECHEVARRÍA PARRA pretenda usar este
mecanismo constitucional para controvertir un asunto de contenido económico,
como lo es la condena en costas procesales, en el que no se vislumbra una
vulneración que amerite la intervención del juez constitucional, en los términos
del artículo 86 Superior.

Bajo esas premisas, se concluye que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para cuestionar asuntos ya resueltos por el juez de conocimiento o
plantear una discusión sobre la aplicación de los artículos 365 y 366 del CGP,
que regulan el tema de costas procesales, pues constituyen un asunto de
carácter legal que no le compete al juez de tutela, sino al operador natural, ello,
en aras de evitar que se convierta en una tercera instancia, conforme lo
manifestó el a quo.

Cabe señalar que en el mismo sentido la Sala se pronunció en sentencia de 5 de
diciembre de 2019, en la que el demandante pretendía a través del mecanismo de
amparo controvertir una decisión proferida dentro de una acción popular en la que no
se condenó en costas a la parte vencida. En dicha oportunidad se dijo:

“[…] Para resolver es necesario realizar un análisis de los requisitos generales y
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, con el fin
de verificar si se cumplieron a cabalidad, en especial con el de relevancia
constitucional.

Cumplimiento del requisito de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2015, definió los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en particular, al
referirse al de relevancia constitucional, señaló lo siguiente […]”.

[…]

“[…] Luego de revisar la jurisprudencia en torno a la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad, es menester recordar que las costas procesales
constituyen aquella erogación económica que debe asumir la parte que resulte

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de diciembre

de 2020, exp. No. 11001-03-15-000-2020-04214-01 (AC). Actor: Carlos Enrique Echevarría Parra. C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

vencida en un proceso judicial, conformada por las expensas, que corresponden
a los gastos necesarios para tramitar el proceso y las agencias en derecho que
obedecen a la suma que el juez debe condenar en beneficio de la parte
favorecida con la condena en costas, con el fin de reconocerle los costos
afrontados por la representación de un abogado o, si actuó en nombre propio,
como contraprestación por el tiempo y el esfuerzo dedicados a la causa […]”.

[…]

“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende
cuestionarse resolvió no condenar en costas o agencias en derecho, al no
evidenciarse temeridad en la actuación procesal, por lo que, para la Sala, no es
viable que el actor pretenda usar este mecanismo constitucional para
controvertir un asunto de contenido económico, como lo es la no condena en
costas procesales, en el que no se vislumbra una vulneración que amerite la
intervención del juez constitucional, en los términos del artículo 86 Superior […]”.

De lo precedente, la Sala concluye que en el caso bajo examen no se cumple con
el requisito de procedibilidad de la acción de tutela, cuando se erige contra
providencias judiciales, como lo es el de relevancia constitucional, lo que da
lugar a confirmar la decisión adoptada por la Sección Quinta en el fallo de 5 de
noviembre de 2020, mediante el cual declaró improcedente el trámite
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia. […]”. (Resaltado por la Sala).

43.De conformidad con lo expuesto, para la Sala no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia la trasgresión de
derechos fundamentales, esa presunta afectación tiene su origen en un asunto de
contenido económico que tiene como fundamento para su reconocimiento un
debate estrictamente normativo y de interpretación judicial.

44. Por último, el actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial
accionada se apartó de su propio precedente judicial. En ese orden de ideas,
señaló que:

“[…] En la sentencia demandada, y optando por una postura sin asidero jurídico, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decide revocar en su totalidad la
sentencia de primera instancia y argumenta que los Decretos No. 4110.20.0928 de
diciembre 31 de 2014, “por medio del cual se tomaron medidas para el mejor
ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo
urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Santiago de Cali, para el
año 2015”,y el Decreto No. 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015“por medio del

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

cual se modifica el Decreto 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 y se toman
medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos de servicio público
colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Santiago de
Cali, para el año 2015”, son de contenido general basado en los siguientes
argumentos:

“i) Crean una situación genérica, abstracta e impersonal como lo es la
implementación del sistema de pico y placa en el perímetro urbano de la ciudad de
Cali, restringiendo la circulación no sólo de vehículos de servicio público colectivo
urbano de pasajeros, sino también a todos los automotores matriculados en la
ciudad de Cali y a los que circulen de forma transitoria en el área urbana.

ii) No existe en su resolución una individualización precisa y determinada de sus
destinatarios, pues se dirige de forma general, entre otros, cualquier prestador del
servicio público colectivo urbano de pasajeros en la ciudad de Cali, es decir, que
sus destinatarios son indeterminados y,

iii) El sistema o mecanismo del pico y placa es una medida que se adopta en virtud
del interés general sobre el particular y por razones de conveniencia y necesidad
para solucionar el alto flujo vehicular, para la racionalización del transporte público
y como alternativa de construcción de una ciudad viable.”

Teniendo todo esto, encontramos que en procesos con iguales presupuestos
facticos e inclusive como consecuencia de la expedición de los mismos
decretos se han fallado varios casos, entre ellos existen las sentencias de
primera y segunda instancia, proferidas dentro de los procesos No. 2015-
00798, No. 2015-00201 y No. 2015-00240 precedidos por la Magistrada
Zoranny Castillo Otalora, y para resaltar, dentro del presente caso, el Juez de
primera instancia Cesar Augusto Saavedra Madrid, declaró la nulidad de
dichos actos y condenó en abstracto al Municipio de Santiago de Cali, con el
fin de resarcir los perjuicios causados como consecuencia de la expedición
de los actos administrativos […]”.

Por último, sobre la diferencia de trato y si la misma está justificada
constitucionalmente tenemos que, indiscutiblemente no existe norma en contrario
que justifique el no reconocimiento de la ilegalidad de los acuerdos frente a mi
poderdante, no se encuentra inmerso en ninguna causal que justifique ni
constitucional ni legalmente el desconocimiento de sus Derechos en el caso que
nos ocupa […]”.

[…]

“[…] En el presente caso, el despacho tuvo conocimiento de las Sentencias
proferidas por otros jueces administrativos en las cuales se declaró la nulidad de
los actos administrativos demandados en casos de idénticos supuestos facticos y
jurídicos, fallos que fueron expuestos dentro el curso del proceso, con el fin de que
fuera tenido en cuenta como un precedente horizontal, que en ultimas podría ser
considerado como cosa juzgada y que en otras palabras, no es más que la
garantía de la seguridad jurídica de la parte actora, la cual ya no debe preocuparse
por la legalidad del acto administrativo demandado, sino solamente por el efectivo
restablecimiento de los perjuicios que se le causaron.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

Por lo anterior, podemos concluir que la operadora judicial de segunda instancia
debió enfocar su estudio en la procedencia del restablecimiento del derecho de mi
poderdante, pues tal como se explicó previamente, la legalidad de los actos ya
cuenta con un precedente horizontal en el cual se determinó que los actos
administrativos demandados sí fueron expedidos en contravía de la ley, razón por
la cual en esta instancia el Magistrado debió enfocar su decisión en la valoración
real de las pruebas que se allegaron con la demanda, para así finalmente
determinar si hay lugar o no a la reparación de los perjuicios ocasionados a mi
cliente con la expedición de los actos administrativos demandados y declarados
nulos en otros casos de idénticas características […]”.

45. Ahora bien, para la Sala, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no
incurrió en defecto sustantivo, toda vez que los criterios jurisprudenciales
emanados por el mismo Tribunal, constituyen antecedentes
jurisprudenciales24, teniendo en cuenta que solo las sentencias que profieren los
órganos de cierre como lo es el Consejo de Estado se constituyen en precedente
judicial al fijar reglas y sub reglas jurisprudenciales que deben ser tenidas en
cuenta por los demás operadores judiciales.

Conclusiones de la Sala

46. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala procederá a declarar improcedente la acción de
tutela por falta del cumplimiento del i) requisito de relevancia constitucional frente
al defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y ii) negará las
pretensiones del amparo respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

24 Así mismo, se resaltan algunos pronunciamientos que han sostenido la misma tesis, entre ellos: Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre de 2016; C.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique Moreno Rubio,
radicación número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 25 de julio de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903062-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 24 de octubre de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903307-01.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia de tutela proferida el 17 de
marzo de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo frente al defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo, por el no cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional respecto al defecto sustantivo por falta de
aplicación del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01161-01
Actor: Samy Ospina Rengifo

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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