Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01176-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01176-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01176-02
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
14 de julio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01176-02
Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01176-02
Demandante: HERÁCLITO MOSQUERA ECHEVERRI
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES
Temas: PETICIÓN
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandada contra la
sentencia del 13 de mayo de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que resolvió:
“PRIMERO. - AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Heráclito
Mosquera Echeverri, conforme las razones expuestas en la parte motivan de esta
decisión. En consecuencia, ORDENAR a COLPENSIONES, que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación, dé respuesta de fondo a la
petición radicada por el señor Heráclito Mosquera Echeverri mediante escrito de 2 de
febrero de 2022 y, asimismo, adelante las actuaciones administrativas que sean
menester, en orden a aclarar la contradicción advertida en ese documento.
SEGUNDO. - AMPARAR DE FORMA TRANSITORIA el derecho al debido proceso
del señor Heráclito Mosquera Echeverri, de conformidad con lo dicho en las
consideraciones de esta providencia. En consecuencia, ORDENAR a
COLPENSIONES, que, en tanto se culmina el procedimiento administrativo que deba
seguirse, con miras a aclarar la situación pensional del actor, en los términos de la
petición de 2 de febrero de 2022, garantice el pago de la pensión de jubilación
reconocida al señor Heráclito Mosquera Echeverri, en la Resolución SUB 290893 de
7 de noviembre de 2018.
TERCERO. - NEGAR las demás pretensiones del amparo.
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Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
CUARTO. - Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.”
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Heráclito Mosquera Echeverri, en nombre propio, ejerció acción de tutela
contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) por
considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de petición,
al mínimo vital, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y a la vida en
condiciones dignas. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al MINIMO VITAL, DIGNIDAD
HUMANA, SEGURIDAD SOCIAL, DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE BUENA FÉ
CONFIANZA LEGÍTIMA y en especial el concerniente a mi INCLUSIÓN EN NÓMINA
DE PENSIONADOS, ORDENANDO seguidamente a COLPENSIONES el pago
inmediato de la prestación.
SEGUNDO: Que COLPENSIONES repare todos los perjuicios causados y que se
sigan generando al Accionante por las fallas relacionadas con su inmotivada
actuación.
TERCERO: Que se condene a la Accionada en las costas que pudieran generarse
en este proceso.”
2. Hechos:
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
El señor Heráclito Mosquera Echeverri afirmó que mediante Resolución núm. VPB
6959 de 18 de noviembre de 2013, Colpensiones le reconoció pensión de jubilación,
conforme con lo dispuesto en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
Con posterioridad, al advertir el posible reconocimiento indebido de la pensión de
vejez, Colpensiones presentó demanda de lesividad, con la finalidad de que
se declarara nula la Resolución núm. VPB 6959 de 18 de noviembre de 2013.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió a la Sección
Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
mediante auto de 26 de julio de 2017, ordenó la suspensión provisional del acto
administrativo demandado y posteriormente en sentencia del 24 de febrero de 2021,
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declaró su nulidad, al advertir que el actor no era beneficiario del régimen de
transición, debido a que no reunía los requisitos exigidos, al momento de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993.
En forma concomitante con el proceso de lesividad, Colpensiones profirió la
Resolución núm. SUB 290893 de 7 de noviembre de 2018, por la cual reconoció
pensión de vejez al señor Mosquera Echeverri, conforme al régimen general de
pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.
Mediante Resolución núm. 52567 del 25 de febrero de 2020, se ordenó la inclusión
en nómina del actor.
Posteriormente, en cumplimiento de la sentencia del 24 de febrero de 2021,
Colpensiones, expidió la Resolución núm. SUB 341243 de 21 de diciembre de 2021,
mediante la que declaró la nulidad del primer acto de reconocimiento pensional, esto
es, la Resolución VPB 6959 de 18 de noviembre de 2013.
El actor indicó que la entidad lo excluyó de forma definitiva de la nómina de
pensionados desde enero de 2022, situación que ha redundado en la suspensión
del pago de la mesada de jubilación.
Por lo anterior el actor señaló que, en escrito del 2 de febrero de 2022, solicitó a
Colpensiones que realice los trámites pertinentes, en aras de garantizar el pago de
la pensión de jubilación; la cual adujo que a la fecha no ha sido contestada por parte
de la entidad y no ha desplegado ninguna actuación, en orden a corregir la
actuación, o bien, dar respuesta a su petición y se encuentra muy afectado pues
carece de los recursos para solventar sus gastos.
3. Argumentos de la tutela
El actor manifestó que el fallo que declaró nulo el primer reconocimiento pensional
y el acto administrativo de cumplimiento de dicha orden judicial, no guardan relación
alguna con las Resoluciones núm. SUB 290893 del 7 de noviembre de 2018 en la
que se dio el nuevo reconocimiento pensional en los términos de la Ley 100 de 1993
y la Resolución núm. SUB 52567 del 25 de febrero del 2020, por medio de la que
se ordenó la inclusión en nómina y el pago de la prestación económica.
Afirmó que su mesada pensional es el único ingreso que percibe y al estar
cancelada su inclusión en nómina lo afecta de manera irreversible tanto a él como
a su familia.
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Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
Señaló que a la fecha de presentación de la acción de tutela desconoce las razones
por las cuales fue retirado de la nómina de pensionados, dado que no ha recibido
ningún tipo de notificación de proceso o la existencia de resolución alguna que
ponga en duda o controvierta sus derechos pensionales adquiridos a partir de la
Resolución núm. SUB 290893 del 7 de noviembre de 2018 y la núm. SUB 52567
del 25 de febrero de 2020 mediante las que se reconoció su derecho pensional y
se ordenó la inclusión en nómina y el pago de las correspondientes mesadas, con
base en la Ley 100 de 1993, respectivamente.
Finalmente, indicó que la petición que radicó el 2 de febrero de 2022 ante
Colpensiones a la fecha tampoco ha sido atendida.
4. Oposiciones
Colpensiones se opuso al amparo solicitado, pues en su concepto, su actuación
se ajustó a Derecho y en estricto obedecimiento de la sentencia de 24 de febrero
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda – Subsección D, que declaró la nulidad de la Resolución VPB 6959 de 18
de noviembre de 2013, y en esa medida señaló que no ha vulnerado derecho
fundamental alguno, pues está obligada al cumplimiento de sentencias judiciales.
Además, afirmó que si el actor cree tener derecho al reconocimiento prestacional
debe agotar los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador para debatir
su derecho y no realizar su solicitud por vía de tutela, pues esta acción solo procede
ante la inexistencia de otro mecanismo judicial.
Alegó que no se evidencia el hecho vulnerador y en esa medida no hay lugar a
estudiar de fondo la solicitud de amparo iniciada por el actor, más aún cuando a la
fecha no tiene petición o trámite pendiente por resolver a favor del ciudadano.
5. Sentencia impugnada
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante fallo del 13
de mayo de 2022, amparó el derecho fundamental de petición del actor y en
consecuencia ordenó que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de dicha
decisión se diera respuesta de fondo a la petición del 2 de febrero de 2022 radicada
por el actor ante Colpensiones, además de que adelante los trámites necesarios
para aclarar porque a la fecha el actor se encuentra suspendido en la nómina de
pensionados.
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Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
Además, amparó de manera transitoria el derecho fundamental al debido proceso
con la finalidad de que se aclare e inicie el procedimiento administrativo que se
requiera para garantizar el pago de la pensión de jubilación reconocida al señor
Heráclito Mosquera Echeverri, en la Resolución SUB 290893 de 7 de noviembre de
2018.
Todo lo anterior al considerar que existió una omisión por parte de Colpensiones
que puso en peligro la subsistencia del actor, pues, la suspensión de la mesada
pensional lo priva injustificadamente de los medios económicos que periódicamente
percibía, sin la existencia de un procedimiento administrativo previo o, bien, una
razón que lo justifique.
Finalmente negó las demás pretensiones de la solicitud de amparo.
6. impugnación
La anterior decisión fue impugnada por la parte demandada que informó que una
vez revisado el cuaderno administrativo del actor se logró evidenciar que mediante
comunicación de 2 de febrero de 2022 bajo el radicado BZ 2022_1336531 solicitó
la revisión de su situación pensional, y en razón a esto efectuó el estudio
prestacional del actor, evidenciando que mediante la Resolución núm. SUB 290893
del 7 de noviembre de 2018, reconoció la Pensión de Vejez a favor del señor
Mosquera Echeverri Heráclito y en Resolución núm. SUB 52567 de 25 de febrero
de 2020, ordenó la inclusión en nómina y el pago de la pensión de vejez reconocida
al actor en los términos de la Ley 797 de 2003.
Manifestó que verificada la nómina de pensionados se encontró que la pensión de
vejez que fue reconocida bajo la Resolución núm. SUB 290893 del 7 de noviembre
de 2018 al señor Mosquera Echeverri, fue retirada por error de la nómina a partir
del mes de enero de 2022 periodo 2022-01, pues la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 24 de febrero de 2021 proceso radicado 2016-
01804 ordenaba era la nulidad de la Resolución VPB 6959 del 18 de noviembre de
2013, mediante la cual se concedió una Pensión de Vejez al asegurado en los
términos de la Ley 33 de 1985.
Por lo anterior afirmó que mediante Resolución núm. SUB 109565 de 25 de abril de
2022, ordenó el reingreso en nómina la pensión de vejez que fue reconocida bajo la
Resolución SUB 290893 del 7 de noviembre de 2018.
Finalmente adujo que dio respuesta de fondo y suficiente al actor, en la que existe
concordancia entre lo solicitado y lo informado en el acto administrativo y en esa
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Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
medida ya cesó la vulneración alegada por el señor Mosquera Echeverri pues se
está en presencia de carencia actual de objeto por hecho superado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela y derecho de petición
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.
El artículo 23 C.P. prevé que el derecho de petición es fundamental y faculta a toda
persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a obtener
una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.
El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre
todos los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad cuestionada no puede
responder con evasivas o con razones que no guarden relación con los temas
planteados en la solicitud.
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el derecho de petición:
“No se satisface con una respuesta meramente formal, sino que es
necesaria una verdadera resolución acerca de lo planteado, de modo que
se defina de fondo el asunto sometido a consideración de la autoridad,
desde luego sobre la base de que ella sea competente. Pero además debe
distinguirse entre el derecho que tiene el peticionario a la respuesta, en
virtud de la garantía constitucional, y el desarrollo interno que, en las
dependencias de la Administración, tenga el curso de la petición formulada.
En efecto, si la petición busca que la autoridad actúe en el ámbito de sus
atribuciones o deberes, cumple su función obrando de inmediato, pero eso
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Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
no la libera de su obligación de informar al peticionario sobre lo actuado y
acerca de los resultados de la actividad emprendida”1.
El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta
oportuna, es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la
respuesta de fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito
de su competencia, debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la
decisión sea o no favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo
decidido y, (v) la falta de competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte
de la petición presentada no significa que el destinatario quede exento de
pronunciarse.
El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.
Problema jurídico
En los términos de la impugnación, le corresponde a la Sala determinar si debe
modificar, revocar o confirmar la decisión impugnada, para lo cual deberá estudiar
si Colpensiones vulneró los derechos invocados por el actor.
Caso concreto
En el sub examine, el señor Heráclito Mosquera Echeverri solicitó la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la
seguridad social y de petición, que estimó vulnerados por Colpensiones, por no
atender la petición de 2 de febrero de 2022 dirigida a saber la situación actual de su
situación pensional y porque se encuentra retirado de nómina.
De la lectura del expediente, se observa que mediante escrito del 2 de febrero de
2022 el señor Mosquera Echeverri radicó petición ante la entidad demandada en la
que manifestó:
“(…)
Ante el no pago de mi mesada del mes de enero de 2022 en el BBVA, el día 1 de
febrero del presente año, me dirijo a la citada oficina de COLPENSONES en busca
de información y la funcionaria del módulo 15 que me atendió me sorprende
diciéndome que me habían sacado de nómina. Esta situación es bastante
1 Sentencia T-178-00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
incomprensible toda vez que la Resolución SUB290693 del 7 de noviembre de 2018
que me reconoció una pensión de vejez no está en cuestión y ni el fallo del Honorable
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como tampoco la resolución SUB341243
del 21 de diciembre de 2021 no hacen y no tenían por qué hacer referencia a dicha
resolución que reconoce mis derechos pensionales adquiridos legalmente.
En concreto desconozco las razones por las cuales habría sido sacado de nómina.
Tal vez el funcionario que gestiono el trámite de mi notificación de la Resolución SUB
341243 se confundió y asumió que la Resolución VPB 6959 del 18 de noviembre de
2013, anulada por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca y revocada por
COLPENSIONES era la que este servidor estaba disfrutando en estos momentos y
en consecuencia debería salir de nómina, desconociendo que la Resolución SUB
290893 que posteriormente reconoció mis derechos pensionales tiene toda validez,
que no tiene nada que ver con el fallo de nulidad del Tribunal, ni con la resolución
expedida por Colpensiones en acatamiento de dicho fallo
El sacarme de nómina ya está generándome muchos y grandes perjuicios. Estoy en
serias dificultades con acreedores financieros, se está tornando más precaria mi
existencia tanto sicológica como física, porque el acoso de los prestamistas agrava
más mi diagnóstico de ansiedad, depresión e hipertensión causado por el cobro
insistentemente perturbador, se incrementan los intereses de préstamos bancarios y
de particulares. El deterioro de mi calidad de vida y la de mi familia será cada vez
más deplorable, agravado por estos tiempos de pandemia.
En conclusión, la que se anuló fue la Resolución VPB 6959 de 2013, no la SUB
290893 del 7 de noviembre de 2018, por lo que comedidamente solicito a ustedes,
se sirvan considerar mi situación pensional, procediendo a examinarla, para
normalizar el giro de mis respectivas sumas periódicas, incluyéndome nuevamente
en nómina.(…)”
Frente a la anterior solicitud y en cumplimiento al fallo de primera instancia de la
presente solicitud de amparo, la Sala evidencia que Colpensiones en oficio del 2 de
junio de 2022, informó al actor:
“Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES. Como resultado de la solicitud de la referencia y con previa
autorización para ser notificado por medio de correo electrónico, le informamos que
anexo a esta comunicación se hace entrega de la copia integra del Acto Administrativo
SUB 109565 del 25 de abril de 2022, mediante el cual se resuelve su solicitud.
En virtud del artículo 56 de la ley 1437 de 2011 y el concepto No. 2316 de 2017 emitido
por la Sala de Consulta y Servicio Civil, se advierte que la notificación electrónica
queda surtida a partir de la fecha y hora en la cual la administración certifica el acuse
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Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
de recibo del mensaje electrónico y, por ende, el interesado tuvo acceso al acto
administrativo.
En la parte resolutiva del acto administrativo se informa si proceden o no los recursos
de reposición y/o subsidio de apelación, los cuales deberán interponerse dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, lo anterior en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 del 2011. Los recursos de reposición serán
estudiados por la dirección o subdirección que expidió el acto administrativo y los de
apelación por su superior jerárquico.
Al presente documento se adjunta acto administrativo y la documentación necesaria
para efectos del pago de la prestación y afiliación a la EPS, la cual debe ser firmada
y presentada ante la entidad correspondiente, en caso que la prestación fuese
reconocida. Si el reconocimiento se efectúa en cumplimiento de una orden judicial y
además se hubiere iniciado proceso ejecutivo para hacer efectivo el cumplimiento de
dicha orden o recibido pago alguno por este concepto (Cobro de Titulo Judicial),
deberá informar de inmediato a la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones a través de la radicación de una petición en cualquiera de los puntos
de atención.
Así mismo, en el caso en que usted devengue o haya devengado otra pensión o
prestación de tipo pensional deberá informarlo de inmediato a la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones a través de la radicación de una petición
en cualquiera de los puntos de atención. Lo anterior so pena de iniciar las acciones
administrativas y penales que se originen con la omisión de reportar esta información.
(…)”
Con base en lo anterior, Colpensiones realizó el estudio de la situación pensional
del actor y, mediante Resolución Núm. SUB109565 del 25 de abril de 2022, resolvió
la solicitud de la parte actora, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al Auto del 09 de marzo de 2022 de Acción
de Tutela del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B Radicado número 11001-
03-15-000-2022-01176-00 Actor MOSQUERA ECHEVERRI HERACLITO, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el Reingreso en nómina de la Pensión de Vejez que
fue reconocida bajo la Resolución SUB 290893 del 07 de noviembre de 2018 en los
términos de la Ley 797 de 2003 al señor MOSQUERA ECHEVERRI HERACLITO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.826.273 y que fue incluido en nómina
bajo la Resolución SUB 52567 de 25 de febrero de 2020, en los siguientes términos
y cuantías:
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Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
Valor mesada a 01 de enero de 2022 = $ 4,612,279.00
ARTÍCULO TERCERO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a
ello, será ingresada en la nómina del periodo 202205 que se paga el último día hábil
del mismo mes en la central de pagos del banco BBVA COLOMBIA de BOGOTA DC
CR 111C 86 74 LC 105 UNICENTRO OCCIDENTE.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la inclusión en nómina de la presente prestación,
se harán los respectivos descuentos en salud conforme a la ley 100 de 1993 en
COMPENSAR EPS.
ARTÍCULO QUINTO: Esta pensión estará a cargo de:
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de esta resolución a la Gerencia de Financiamiento
e Inversiones - Dirección de Contribuciones Pensionales y Egresos de
COLPENSIONES para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEPTIMO: Remitir la presente resolución a la Dirección de Acciones
Constitucionales, conforme lo señalado en la parte motiva del presente acto
administrativo para lo de su competencia.
ARTÍCULO OCTAVO: Esta prestación económica es incompatible con cualquier otra
asignación del Tesoro Público, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la
Constitución Política de Colombia.
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese al señor MOSQUERA ECHEVERRI HERACLITO,
haciéndole saber que contra el presente acto administrativo puede interponer por
escrito los recursos de Reposición y/o Apelación. De estos recursos podrá hacerse
uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito
las razones de inconformidad, según el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.”
Además, se tiene que la entidad demandada aportó certificación del 1º de junio de
2022 en la que se evidencia que, a la fecha, el actor se encuentra incluido en nómina
desde el mes de mayo del presente año:
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Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
Dicha respuesta fue notificada al actor mediante correo electrónico del 2 de junio de
2022 a la dirección aportada por la parte actora, esto es heramos3@hotmail.com
tal y como consta en el siguiente pantallazo:
De lo expuesto, se evidencia que la entidad demandada respondió lo requerido por
el señor Mosquera Echeverri en cumplimiento del fallo de primera instancia, e indicó
que ya fue realizado el estudio de su situación pensional y procedió a dar la orden
de reingreso a nómina a partir del mes de junio de 2022.
La Sala destaca que en relación a la solicitud de declarar carencia actual de objeto
por hecho superado no es posible acceder a lo solicitado dado que la expedición
del acto administrativo y el cumplimiento de Colpensiones se dio con ocasión a la
orden judicial de primera instancia, razón por la que la Sala no puede dejar de lado
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01176-02
Demandante: Heráclito Mosquera Echeverri
que la vulneración alegada si existió tal como lo señaló el a quo y en lo demás la
parte actora no expuso argumentos de impugnación dado que sus escrito estuvo
basado en el cumplimiento del fallo del 13 de mayo de 2022; en esa medida la Sala
no tiene parámetros adicionales para resolver.
Por lo tanto, la Sala confirmará la providencia impugnada proferida el 13 de mayo
de 2022 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la providencia impugnada proferida el 13 de mayo de 2022 por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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