Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01195-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Carácter general: se declara improcedente – la accionante
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01195-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01195-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01195-00
Accionante: ANA LUCÍA GALLEGO LÓPEZ
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
CARÁCTER GENERAL – se declara improcedente – la accionante
dispone de otro medio de defensa judicial para la salvaguarda de
los derechos fundamentales que aduce transgredidos con la
expedición del acto administrativo acusado y no demostró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención
del juez constitucional como mecanismo transitorio.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana Ana Lucía Gallego
López en contra del Presidente de la República1 y de los ministerios del
Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Ana Lucía Gallego López solicitó la protección de sus derechos
fundamentales «[…] al LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y
OBJECIÓN DE CONCIENCIA […]», los cuales fueron presuntamente
transgredidos por las autoridades accionadas como consecuencia de la expedición
y aplicación del Decreto número 1615 del 30 de noviembre de 2021.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que, actualmente, reside en el municipio de Rionegro (Antioquia) y que,
de acuerdo con sus creencias, costumbres e ideologías ha decidido libremente no
vacunarse contra el coronavirus Covid-19.
2.2. Comentó que la Constitución Política de Colombia protege el derecho a la libertad
por lo que ninguna autoridad administrativa puede coartar tal garantía constitucional.
2.3. Refirió que, a través del Decreto número 1615 de 30 de noviembre de 2021, se
dispuso que las entidades territoriales debían adicionar a los protocolos de
1
La Sala entiende que la demanda de tutela se presentó en contra del Presidente de la República.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01195-00
Accionante: Ana Lucía Gallego López
bioseguridad la presentación del carné o el certificado digital de vacunación contra la
enfermedad coronavirus Covid-19, para eventos presenciales que impliquen
asistencia masiva y para el ingreso a «[…] bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así
como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias
[…]».
2.4. Afirmó que el referido decreto resulta violatorio de sus derechos fundamentales
porque de forma autónoma «[…] tomé la decisión de no vacunarme contra el
COVID – 19, pues considero que puede ser una sustancia nociva para mi salud;
además, me encuentro en la facultad de decidir sobre mi cuerpo […]».
2.5. Resaltó que, aunque el decreto enjuiciado goza de presunción de legalidad, «[…]
esto no es eximente para que una autoridad administrativa o judicial pueda aplicar
la excepción de inconstitucionalidad o la de ilegalidad, según el caso […]».
2.6. Señaló que: «[…] si una persona tiene que elegir entre su libre desarrollo de la
personalidad, además, de todas las garantías constitucionales, y, la coacción
propia de la norma, es apenas obvio, cual elegiría. Bajo esta premisa, bastaría con
una simple aplicación de la teoría de "Coherence and Argumentation or the
Genuine Twin Criterialess Super Criterion" y de la “Teoría de los derechos
fundamentales” […]».
2.7. Adujo que, bajo las anteriores teorías, la finalidad del decreto acusado
resultaría desproporcionada en relación con las garantías constitucionales que se
afectarían con su aplicación.
2.8. Apartir de todo lo anterior, concluyó que: «[…] toda actuación destinada a
instrumentalizar a la persona, impidiéndole que pueda tomar las decisiones que
estime convenientes sobre su propio cuerpo, se muestra abiertamente
desproporcionada y contraria a los principios de la constitución política […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
[…] PRIMERO: Tutelar mis derechos Constitucionales Fundamentales al
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y OBJECCION DE
CONCIENCIA, consagrados en los Arts. 16 y 18 de la Carta Magna, en
conexidad con lo establecido en el preámbulo, Art. 2, 20 y 44 de la misma
obra y los demás que a juicio del Juez Constitucional resultes(sic)
transgredidos.
SEGUNDO: Se ORDENE a las entidades accionadas PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA Y POR LOS MINISTERIOS DEL INTERIOR, DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL Y DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,
inaplicar por inconstitucional frente al (la) suscrito(a) el Decreto 1615 de
2021, así como cualquier disposición legal o acto administrativo expedido por
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Accionante: Ana Lucía Gallego López
las autoridades de Colombia de cualquier orden, en las que se disponga la
exigencia de la acreditación de la vacunación del suscrito (a) contra el virus
del COVID-19, en consecuencia, se me permita el ingreso a cualquier entidad
sea pública o privada, evento o lugar de concurrencia masiva o no masiva, al
igual que establecimientos de comercio, sin la exigencia del carné o
certificado de vacunación antes aludido […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La magistrada de la Sección Primera del Consejo de Estado que inicialmente
tuvo a su cargo la sustanciación de este proceso, mediante auto de 22 de febrero
de 20222, remitió el expediente de la referencia con el propósito de que se
resolviera de su acumulación al proceso con radicado número 11001-03-15-000-
2021-10157-00 (Actora: Yuli Yulieth Giraldo Giraldo).
5. El magistrado que actúa como ponente en esta providencia, mediante auto de 24
de febrero de 20223, resolvió (i) negar la acumulación de la presente acción de
tutela al expediente 11001-03-15-000-2021-10157-00 (Actora: Yuli Yulieth Giraldo
Giraldo); (ii) admitir el mecanismo de amparo de la referencia, y (iii) vincular al
Departamento Administrativo de la Función Pública, como tercero con interés
en el resultado del proceso.
V. INTERVENCIONES
6. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se
produjeron las siguientes intervenciones:
6.1. El Presidente de la República, a través de apoderado judicial, rindió informe
en el que desarrolló los siguientes temas: i) el estado actual de la pandemia; ii) los
avances en las coberturas de vacunación en el país; iii) la transmisión del virus y
entornos de mayor riesgo; iv) la efectividad y seguridad de las vacunas; v) la
inmunidad de rebaño; vi) la evidencia sobre la necesidad de alcanzar altas
coberturas de vacunación para evitar nuevos picos; vii) Seguridad de las vacunas;
viii) el certificado de vacunación; y ix) el aumento de casos de Covid-19 en niños
(as) y adolescentes.
6.2. Seguidamente indicó que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de
la subsidiariedad, en tanto que:
[…] 1. La parte accionante sí cuenta con un mecanismo de defensa judicial
que le permite controvertir la constitucionalidad y legalidad del Decreto 1615
de 2021, el cual se encuentra regulado por la normatividad contenciosa
administrativa.
2. Con la expedición del Decreto 1615 de 2021, se fijan restricciones
razonables para que la determinación personal de los anti vacunas no afecte
2
Índice 4 del aplicativo Samai.
3
Índice 9 del aplicativo Samai.
4
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Accionante: Ana Lucía Gallego López
la vida del resto de la población y haga viable la vida en sociedad en tiempos
de pandemia. Es decir, que la norma impugnada propende por la protección
de derechos fundamentales de todos los ciudadanos y residentes en
Colombia, por cuanto procura la garantía de derechos como la protección a la
vida y la salud.
3. En el desarrollo de la presente contestación, se pondrá de presente que con
la expedición del Decreto 1615 de 2021, así como con las múltiples decisiones
adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria,
producto de la pandemia del COVID 19, se propende por la garantía de
derechos de todo el colectivo, para evitar o para mitigar los daños irreparables
que ya hemos padecido, como las pérdidas humanas, o las nefastas
consecuencias en la sostenibilidad financiera de un sin número de hogares
[…].
6.3. En sustento de lo anterior, puso de presente que la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia de 14 de febrero de 2022, resolvió declarar
improcedente las acciones de tutela que pretendían dejar sin efectos el Decreto
1615 de 2021, por lo que en aras de «[…] garantizar el respeto al precedente
judicial, la acción de tutela presentada por la parte actora debe ser resuelta en el
mismo sentido en el que ya se pronunció el Consejo de Estado sobre este asunto
[…]».
6.4. Con base en los argumentos expuestos, arribó a las siguientes conclusiones:
[…] 1. La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un
carácter residual y subsidiario, en consecuencia, se advierte que en el caso
particular y concreto no se cumple con el criterio de subsidiariedad, por cuanto
la parte actora no demuestra una afectación directa y subjetiva a sus derechos
presuntamente vulnerados con la expedición del Decreto 1615 de 2021, en
tanto realiza suposiciones generales e incluso inciertas, que no se proyectan
hacia la materialización de un perjuicio irremediable.
[…]
4. La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad
de un acto administrativo de carácter general e impersonal como lo es el
Decreto 1615 de 2021 y ahora el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021.
[…]
6. En el caso particular y concreto no obra prueba siquiera sumaria de la
presunta obligatoriedad de la inoculación, mucho menos de la vulneración de
los derechos deprecados.
7. La presidencia de la república no ha vulnerado derecho fundamental alguno
al actor, por el contrario, las medidas adoptadas en el Decreto 1615 de 2021
procuran por el cuidado de la salud y la vida en comunidad.
8. De los Hechos expuestos y soportes presentados con la acción no se
concluye la vulneración al derecho al trabajo y vida digna del actor […].
6.5. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitó lo siguiente:
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Accionante: Ana Lucía Gallego López
[…] Con fundamento en lo expuesto, comedidamente solicito a su Despacho
NEGAR por IMPROCEDENTE el amparo solicitado por ausencia del requisito
de subsidiariedad, en tanto la parte actora cuentan con otras vías de acción
para cuestionar la legalidad y constitucionalidad del Decreto 1615 de 2021,
norma de carácter general, impersonal y abstracto que cumple las condiciones
del numeral 5º del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.
En su defecto, negar el amparo solicitado por cuanto no es cierto que se
hayan vulnerado los derechos fundamentales que se invocan en la acción, por
cuanto: (i) Las medidas restrictivas para las personas que no quieren
vacunarse están justificadas constitucionalmente, atienden al principio de
solidaridad y razonabilidad para preservar la vida en sociedad y la dignidad
humana, necesarios para garantizar el goce de los derechos humanos; (ii) la
vacunación contra la Covid-19 no obliga a ningún ciudadano colombiano y
están encaminadas a permitir la vida en sociedad y económica en medio de la
pandemia, protegiendo la salud en conexidad con la vida de todos los
colombianos y residentes en el país, y en ese sentido se justifica la limitación
al derecho a la libertad de locomoción; (ii) desarrolla el principio de solidaridad
que sustenta la prestación de servicios de salud -artículos 48, 49 Y 95 de la
Constitución Política-; y (iii) no es discriminatoria y encuentra plena
justificación en el hecho de que no se interviene en la decisión de no
vacunarse, pero acude a la restricción como único mecanismo para evitar que
la población no vacunada facilite la circulación del virus y el riesgo de
mutación, lo que gravemente sí afecta o al menos pone en riesgo la vida de
todos los colombianos y residentes en el país […].
6.6. Losministerios del Interior, de Salud y Protección Social, de Comercio,
Industria y Turismo, por intermedio de sus apoderados judiciales y a través de
escritos separados, rindieron informes en los que plasmaron argumentos
coincidentes con aquellos expuestos por el Presidente de la República e,
igualmente, solicitaron que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia o que, en su defecto, el mismo se negara, ante la ausencia de
vulneración de los derechos que se afirman transgredidos.
6.7. Eldirector del Departamento Administrativo de la Función Pública rindió
informe en el que solicitó que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia, en tanto que, de conformidad «[…] con lo establecido en el
numeral 5 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, según el cual “la acción de
tutela no procederá cuando se controviertan actos de carácter general, impersonal
y abstracto”, como lo es el Decreto 1615 de 2021 […]».
6.8. Pusode presente que la actora no acredita la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilitara la intervención del juez de tutela, ya que no allegó ni
siquiera prueba sumaria de la supuesta afectación de sus derechos
fundamentales.
6.9. Por lo anterior, concluyó que: «[…] Las reclamaciones de la(sic) accionante, en
razón a su naturaleza deben ser resueltas en ejercicio de las acciones o medios
ordinarios de defensa, con solicitud de suspensión de los efectos jurídicos del
Decreto 1615 de 2021 […]».
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Accionante: Ana Lucía Gallego López
6.10. Porúltimo, aseguró que: «[…] la finalidad del Decreto 1615 de 2021 se
constituye en actuar legitimo del Gobierno Nacional, de cara a la prevención del
COVID-19, mediante la adición a la implementación de protocolos de
bioseguridad, en los términos establecidos en el art. 2 del referido Decreto. De
manera tal que cuestionar estas actuaciones es un poco desacertado en la medida
que solo son apreciaciones subjetivas del accionante, por ende, no se cuenta con
presupuestos facticos y jurídicos que arriben a tal apreciación, máxime cuando lo
que se pretende es contar con esquemas de vacunación completos y evitar de
esta manera la propagación del COVID-19 […]».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
7. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela
presentada por la parte accionante en contra del Presidente de la República y de
los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo, en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
VI.2. Problemas jurídicos
8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
general.
b) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora como consecuencia de la expedición del
Decreto número 1615 de 30 de noviembre de 2021.
9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, para posteriormente proceder a ii) resolver el
caso concreto.
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
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Accionante: Ana Lucía Gallego López
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter general
10. Sobre el particular, la Sala advierte que, por regla general, la acción de tutela no
procede para controvertir actos administrativos de carácter general, por expresa
disposición del numeral 5° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, cuyo
tenor literal dice lo siguiente:
[…] ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá:
(…)
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]
11. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional6 ha sido
reiterativa en sostener lo siguiente:
[…] en relación con la acción de tutela frente a actos dotados de carácter
general, impersonal y abstracto, ha sido abundante la jurisprudencia
constitucional que ha señalado la improcedencia de la misma para controvertir
tal modalidad de actos, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991, e independientemente del contenido de los
mismos. Lo anterior, obedece justamente a la necesidad de que el
mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales mantenga su
naturaleza como un medio de defensa judicial subsidiario y residual, y
que se conserve el orden regular de asignación de competencias a las
jurisdicciones, en aras de asegurar la plena vigencia del principio de
seguridad jurídica […]7. (Se destaca)
12. Lamisma jurisprudencia de la Corte Constitucional8 ha reconocido que, en
algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, siempre y cuando «[…] se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible
establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y
abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una
persona determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer
uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para
el caso concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce
la decisión de fondo por parte del juez competente […]»9. (Negrillas originales del texto
citado)
13. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
6
Ver, entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de 2005, T-435
de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-31 de 1993.
7
Sentencia SU 037 de 2009, proferida por la Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
8
Ibidem.
9
Sentencia C-132 de 2018, proferida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
8
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Accionante: Ana Lucía Gallego López
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
14. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:
[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados
[…].10
15. Así las cosas, resulta dable concluir que, en principio, la acción de tutela resulta
improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos de carácter
general, a menos de que se esté en presencia de una flagrante vulneración de
derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procedería el amparo de manera transitoria.
VI.4. Caso concreto
16. La ciudadana Ana Lucía Gallego López solicitó la protección de sus derechos
fundamentales «[…] al LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y
OBJECIÓN DE CONCIENCIA […]», los cuales fueron presuntamente
transgredidos por las autoridades accionadas como consecuencia de la expedición
y aplicación del Decreto número 1615 del 30 de noviembre de 2021.
VI.4.1. La improcedencia de la acción de tutela en el caso sub examine.
17. Sobre el particular, es de recordar que, tal como se señaló en el acápite VI.3. de
esta providencia, tanto la jurisprudencia de esta Corporación como la de la Corte
Constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos administrativos
de carácter general debido a que los asociados cuentan con distintos medios de
defensa, como lo son: el medio de control de nulidad e incluso el de nulidad por
inconstitucionalidad, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que, según se afirma,
lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.
18. Partiendo de la anterior premisa y comoquiera que la parte actora le atribuye la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al Decreto número 1615 de
2021, la Sala advierte que dicho acto administrativo es pasible de control judicial, a
través del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437
10
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
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Accionante: Ana Lucía Gallego López
de 2011, por lo que es innegable que la accionante dispone de otro medio de
defensa para solicitar la protección de los derechos fundamentales que aduce
como transgredidos.
19. Tan cierto es lo anterior que, actualmente, en esta Sección cursan 15
demandas que buscan dejar sin efectos el Decreto número 1615 de 2021, siendo
la primera en ser admitida la promovida por el señor José Ignacio Morales
Arriaga, con radicación 11001-03-24-000-2021-00884-0011, proceso en el que el
demandante solicitó medida provisional, la cual fue negada mediante auto de 23
de febrero de 2022; providencia que en su parte resolutiva es del siguiente tenor:
[…] DENEGAR la suspensión provisional de los provisional de los efectos
jurídicos de los artículos: 2° -parágrafos del 1 al 3- y 3° del Decreto 1615 de
30 de noviembre de 2021, acto administrativo suscrito por el Presidente de
la República, el Ministro del Interior, el Viceministro de Salud Pública y
Prestación de Servicios encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud y Protección Social, la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo y el Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública […].
20. En ese contexto, la Sala de Decisión advierte que, tal como se consideró en
reciente pronunciamiento de 14 de febrero de 202212 -cuyo objeto era que se dejara sin
efectos del Decreto 1615 de 2021-, la presente solicitud de amparo deviene
improcedente porque la accionante cuenta con otro medio de defensa judicial,
como lo es el medio de control de nulidad, oportunidad en la que, se reitera, podrá
solicitar el decreto de medidas cautelares.
21. Sumado a ello, debe resaltarse que, tal como lo expuso la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación en pronunciamiento de 16 de julio de 2021,
«la acción de amparo no es procedente por el simple hecho de que su resultado
pueda ser más ágil y rápido, pues aceptar dicha tesis implicaría desnaturalizar su
sentido y alcance, de ahí que si el juez evidencia que existen otros mecanismos
de defensa judiciales y que su fin no es evitar un perjuicio irremediable, está
llamado a declarar la improcedencia de la tutela»13.
22. En conclusión, la Sala advierte que en el sub examine no se demostró que el
perjuicio irremediable alegado no podía ser protegido en forma oportuna a través
del medio de defensa judicial ordinario, motivo por el cual el juez constitucional no
puede reemplazar al juez natural de la causa y, en ese sentido, no puede
adentrarse en el fondo del presente asunto.
23. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala de Decisión declarará
la improcedencia del mecanismo de amparo de la referencia.
11
Fue admitida mediante auto de 15 de diciembre de 2021, por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Expediente 11001-03-15-000-2021-10157-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 16 de julio de
2021, expediente 11001-03-15-000-2021-03200-00, C.P. Alexander Jojoa Bolaños (e).
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01195-00
Accionante: Ana Lucía Gallego López
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto
Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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