Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01196-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01196-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01196-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
20 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-01196-011
Actor : Isaac Escobar Romero
Demandados : Magistrados de la sala especial de decisión 17 del Consejo
de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, dignidad
humana y acceso a la administración de justicia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el demandante contra
la sentencia de 31 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado
(sección cuarta), que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Isaac Escobar Romero, por conducto
de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, trabajo,
igualdad, dignidad humana y acceso a la administración de justicia,
presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la sala especial
de decisión 17 del Consejo de Estado.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el auto de 22 de
noviembre de 2021, mediante el cual el Consejo de Estado (sala especial de
decisión 17) declaró infundada la recusación presentada contra el señor
consejero de Estado Gabriel Valbuena Hernández, encargado de desatar el
recurso de súplica interpuesto contra el proveído de 25 de marzo de ese año,
con el que se rechazó el recurso extraordinario de revisión (expediente 11001-
03-15-000-2021-01122-00) formulado contra el de 25 de abril de 2019, con el
que esta subsección confirmó el de 24 de mayo de 2018, por cuyo conducto el
Tribunal Administrativo del Atlántico (sala de decisión A) rechazó por
caducidad la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
contra ese departamento – secretaría de educación (expediente 08001-23-33-
000-2018-00111-00); en su lugar, se les ordene a las autoridades accionadas
emitir una nueva providencia, en la que indiquen que el aludido magistrado
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01196-01
Actor: Isaac Escobar Romero
«está impedido».
1.2 Hechos. Relata el accionante que la secretaría de educación del
Atlántico, mediante Resolución 324 de 22 de enero de 2014, «ordenó pagar
retroactivos a favor del personal administrativo por concepto de
homologación y nivelación salarial» a sus docentes, ente territorial contra el
cual instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente
08001-23-33-000-2018-00111-00), encaminada a obtener la anulación del
referido acto administrativo y el pago de la sanción moratoria por la
equivocación en la liquidación de sus cesantías.
Que del asunto conoció el Tribunal Administrativo del Atlántico (sala de
decisión A), que el 24 de mayo de 2018 lo rechazó por caducidad, toda vez
que no se promovió dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación
de la decisión administrativa enjuiciada, auto contra el cual interpuso recurso
de apelación2, desatado el 25 de abril de 2019 por el Consejo de Estado
(subsección B de la sección segunda), en el sentido de confirmar el proveído
inicial.
Dice que, contra la última de las providencias señaladas en el párrafo
precedente, formuló recurso extraordinario de revisión (expediente 11001-03-
15-000-2021-01122-00), aunque su apoderado, por equivocación, indicó que
obraba como representante judicial del señor Rodolfo Antonio Sandoval
Varela, inexactitud que conllevó que el 25 de marzo de 2021 los señores
magistrados de la sala especial de decisión 17 del Consejo de Estado
rechazaran dicho recurso, con el argumento de que carecía de legitimación en
la causa por activa.
Que apeló la precitada providencia, pero el señor consejero sustanciador
indicó que ese recurso no procedía, sin embargo, lo adecuó a uno de súplica y
remitió el expediente al que le seguía en turno, es decir, al doctor Gabriel
Valbuena Hernández, contra quien promovió recusación, puesto que, a su
juicio, estaba incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 2
del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP), comoquiera que
conoció del asunto contencioso-administrativo por pertenecer a la sección
segunda del Consejo de Estado.
Sostiene que el 22 de noviembre de 2021 las autoridades accionadas
2
No identifica los argumentos expuestos en la alzada.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01196-01
Actor: Isaac Escobar Romero
declararon infundada la recusación, al estimar que el señor consejero de
Estado Valbuena Hernández no conoció del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 08001-23-33-000-2018-00111-00, dado que fue
decidido por los magistrados de la subsección B de la sección segunda y aquel
integra la subsección A, y aunque se pronunció sobre asuntos similares al allí
debatido, ello se debió al ejercicio de su función jurisdiccional.
Que la providencia censurada incurre en defecto sustantivo, comoquiera que
inobservó el numeral 2 del artículo 141 del CGP, pues pese a que se cumplen
los presupuestos allí consignados para la configuración del impedimento
frente al señor consejero de Estado Gabriel Valbuena Hernández, se declaró
infundada la recusación que presentó en su contra.
Afirma que el proveído reprochado también comporta defecto fáctico, en
razón a que al negar la recusación desatendió las pruebas adosadas a las
diligencias, las cuales acreditan que el señor magistrado Valbuena Hernández
integra la sección segunda del Consejo de Estado, por tanto, conoció del
expediente 08001-23-33-000-2018-00111-00, y desató asuntos similares al
allí debatido, como el 11001-03-15-000-2021-01549-00, de manera que no es
imparcial.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 Los señores magistrados de la sala especial de decisión 17 del Consejo
de Estado, por conducto del señor magistrado recusado, indicaron que el
presente asunto carece de relevancia constitucional y de los argumentos
expuestos por el actor no se infiere vulneración de sus derechos
fundamentales.
Que el recurso de súplica que tienen que decidir, se desatará conforme al
ordenamiento jurídico, en especial, a las ritualidades que impone el sistema
normativo para tal fin.
1.3.2 El señor gobernador del Atlántico, por intermedio de la señora secretaria
jurídica del ente territorial, pide su desvinculación de este asunto, comoquiera
que la presunta vulneración de garantías superiores le es atribuible a los
señores magistrados demandados, pero no a él. Asimismo, afirmó que la
decisión de rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
08001-23-33-000-2018-00111-00 se ajusta al marco normativo, dado que no
se promovió dentro del plazo instituido para ese propósito.
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01196-01
Actor: Isaac Escobar Romero
1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (sección cuarta),
mediante sentencia de 31 de marzo de 2022, declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia, al considerar que carecía de relevancia
constitucional, puesto que el actor no empleó una carga suficiente de la que se
deduzca el posible quebranto de alguna garantía superior, tal como lo
demuestra el hecho de que no identificó cuál fue la inferencia probatoria que
trasgrede preceptos superiores ni señaló qué prerrogativas fueron
presuntamente afectadas.
Que el tutelante pretende obtener un nuevo pronunciamiento sobre la
recusación que presentó contra el señor consejero de Estado Gabriel Valbuena
Hernández, lo que denota un uso inadecuado de este instrumento judicial,
máxime cuando en la providencia cuestionada se plasmaron deducciones
razonables del ordenamiento jurídico.
1.5 Impugnación. Inconforme con la anterior decisión, el accionante la
impugnó, con fundamento en las mismas aseveraciones consignadas en el
escrito inicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 323 del Decreto ley 2591 de
19914 y 255 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de
la presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
3
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el
reparto.
[…]».
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«Reglamento interno del Consejo de Estado».
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01196-01
Actor: Isaac Escobar Romero
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión preliminar. Sea lo primero aclarar que esta subsección profirió
el auto de 25 de abril de 2019, por cuyo conducto confirmó el de 24 de mayo
de 2018, con el que el Tribunal Administrativo del Atlántico (sala de decisión
A) rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-23-
33-000-2018-00111-00, por no incoarse oportunamente, y contra el cual se
surte el recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2021-01122-00.
No obstante, la Sala destaca que en este asunto constitucional se controvierte
el proveído de 22 de noviembre de 2021, mediante el cual los señores
magistrados demandados negaron la recusación formulada por el demandante
contra el señor consejero de Estado Gabriel Valbuena Hernández, decisión en
la que, valga precisar, no tuvo incidencia esta subsección.
2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar el auto de 22 de noviembre de 2021, por
cuyo conducto el Consejo de Estado (sala especial de decisión 17) negó la
recusación presentada contra el señor consejero de Estado Gabriel Valbuena
Hernández, encargado de desatar el recurso de súplica interpuesto contra el
proveído de 25 de marzo anterior, con el que se rechazó el recurso
extraordinario de revisión promovido por el tutelante (expediente 11001-03-
15-000-2021-01122-00); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso, trabajo, igualdad, dignidad humana y
acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01196-01
Actor: Isaac Escobar Romero
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01196-01
Actor: Isaac Escobar Romero
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01196-01
Actor: Isaac Escobar Romero
derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales7, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos9.
2.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
trabajo, igualdad, dignidad humana y acceso a la administración de justicia
del actor10; (ii) contra el auto acusado no procede recurso alguno, en virtud
del artículo 143 (inciso final11) del CGP; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial
atacada se profirió el 22 de noviembre de 2021 y la solicitud de amparo se
7
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
10
En ese sentido, no se compadece de la situación de la demandante la determinación adoptada en el fallo de
primera instancia, emitido dentro del asunto de la referencia, por cuanto los argumentos invocados en el
escrito inicial conciernen a la posible configuración de las causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales denominadas defectos sustantivo y fáctico, que de demostrarse
afectarían garantías superiores del accionante, lo que impone efectuar un análisis del fondo del presente
asunto.
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«En el trámite de la recusación el recusado no es parte y las providencias que se dicten no son
susceptibles de recurso alguno».
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Actor: Isaac Escobar Romero
formuló el 17 de febrero de 2022, es decir, dentro de un término prudencial (2
meses y 2 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a las causales específicas denominadas defectos
sustantivo y fáctico.
2.6.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) Por medio de auto de 24 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo del
Atlántico (sala de decisión A) rechazó por caducidad la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por el tutelante contra ese
departamento – secretaría de educación (expediente 08001-23-33-000-2018-
00111-00), encaminada a obtener la anulación de la Resolución 324 de 22 de
enero de 2014, con la que dicho ente territorial le concedió unas acreencias
laborales, y el reconocimiento de la respectiva sanción moratoria por el pago
extemporáneo de sus cesantías.
b) La anterior decisión fue apelada por el demandante, con el argumento de
que el medio de control se promovió oportunamente, y confirmada el 25 de
abril de 2019 por el Consejo de Estado (subsección B de la sección segunda),
habida cuenta de que aquel no se formuló dentro del término señalada en el
artículo 164 (letra d del numeral 2) del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
c) Contra el proveído de 25 de abril de 2019, el accionante interpuso recurso
extraordinario de revisión (expediente 11001-03-15-000-2021-01122-00), en
razón a que, a su juicio, incurría en el causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, pero en él su apoderado, de manera errada, indicó
que representaba al señor Rodolfo Antonio Sandoval Varela, lo que derivó en
que el 25 de marzo de 2021 el Consejo de Estado (sala especial de decisión
17) lo rechazara, en razón a que el señor Sandoval Varela carecía de
legitimación en la causa por activa, puesto que no fue parte en el proceso
08001-23-33-000-2018-00111-00.
d) Contra la última de las providencias el actor interpuso apelación, al estimar
que la imprecisión de su apoderado era un error subsanable que no imponía
rechazar el recurso extraordinario de revisión, alzada rechazada por
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01196-01
Actor: Isaac Escobar Romero
improcedente el 23 de abril de 2021, sin embargo, en aras de garantizar el
acceso a la administración, se dispuso tramitarlo como una súplica.
e) El asunto contencioso-administrativo fue asignado al despacho a cargo del
señor consejero de Estado Gabriel Valbuena Hernández, con el fin de que
desatara la respectiva súplica, pero el 19 de mayo de 2021 el actor lo recusó,
por cuanto conoció del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
08001-23-33-000-2018-00111-00, por pertenecer a la sección segunda del
Consejo de Estado, y el 9 de diciembre de 2019 decidió un proceso idéntico a
aquel (expediente 08001-23-33-000-2017-01076-01) de manera desfavorable
al allí demandante, lo que afectaba su imparcialidad.
f) El 22 de noviembre de 2021 esta Corporación (sala especial de decisión 17)
declaró infundada la precitada recusación, al considerar que el señor
magistrado Valbuena Hernández no estaba incurso en causal de impedimento
alguna, habida cuenta de que no tuvo incidencia en el auto de 25 de abril de
2019, porque fue emitido por la subsección B de la sección segunda del
Consejo de Estado y él integra la subsección A, y la providencia a la que hace
referencia el actor de 9 de diciembre de 2019, fue emitida en otro proceso.
2.5.2 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé
que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional12 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.
Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en
el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al
caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
12
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01196-01
Actor: Isaac Escobar Romero
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos constitucionales»13.
En el sub lite el demandante sostiene que el proveído atacado incurre en
defecto sustantivo, comoquiera que desatendió el numeral 2 del artículo 141
del CGP, pues a pesar de que el señor consejero de Estado Gabriel Valbuena
Hernández colmaba las exigencias allí previstas para ser apartado del
conocimiento del recurso de súplica interpuesto en el trámite del
extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2021-01122-00, se declaró
infundada la recusación.
Con la finalidad de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno indicar que las recusaciones son un instrumento por
cuyo conducto las partes en un proceso judicial, o cualquier persona en sede
administrativa, exponen que la autoridad judicial o administrativa (según el
caso) se encuentra incursa en alguna causal de impedimento, por
consiguiente, debe apartarse del conocimiento de la correspondiente
actuación, puesto que esta afecta los principios de imparcialidad y moralidad,
entre otros, de la función pública.
Las causales de recusación están enunciadas de manera expresa en el artículo
141 del CGP, aplicable en el proceso contencioso-administrativa, en virtud
del artículo 30614 del CPACA, dentro de las que se encuentra la de su numeral
2, que prevé:
Son causales de recusación las siguientes:
[…]
2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en
instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos
de sus parientes indicados en el numeral precedente [parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad].
Para que se configure la precitada causal, el señor juez debe tener bajo su
conocimiento un asunto sobre el cual previamente se pronunció mediante auto
o sentencia, dado que «es natural tratar de defender las propias obras o a la
13
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
«En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo».
11
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de nuestros parientes»15, por tanto, se debe garantizar la imparcialidad
judicial con su apartamiento de las diligencias.
Cabe advertir que para que se configure la recusación estudiada, es
indispensable, se reitera, que el pronunciamiento previo del juez se haya
efectuado en un mismo proceso, pues no operará cuando, en atención a una
postura jurídica, decide varias controversias de la misma manera, dado que
ello no involucra afectación del precepto de imparcialidad, sino acatamiento
del ordenamiento jurídico, en particular, del precedente y del principio de
seguridad jurídica, en virtud de los cuales se espera que una autoridad judicial
decida controversias similares de igual manera. Sobre el particular, la Corte
Suprema de Justicia anotó:
[…] ha expuesto la Corte de forma pacífica que no toda opinión ajena al
proceso origina una circunstancia impeditiva. Tampoco la configura
aquella que expresa el juez en ejercicio de sus funciones, pues «ello
entrañaría el absurdo de que la facultad que la ley otorga al juez para
cumplir su actividad judicial a la vez lo inhabilita para intervenir en
otros asuntos de su competencia» (CSJ AP4977 – 2014). La única
excepción a tal regla es que el funcionario haya dictado la providencia de
cuya revisión se trata.
Del mismo modo, la actividad natural y razón de ser de los funcionarios
judiciales es dictar decisiones en las que, por supuesto, plasman su
criterio sobre determinado asunto. Por ello, el cumplimiento de tal deber
no puede constituir por sí mismo una causal de impedimento para conocer
otros procesos en el futuro […].
En ese orden de ideas, no se incurre en la causal de recusación cuando a un
juez se le asigna un proceso similar a los que previamente ha decidido, pues,
se insiste, una postura jurídica sobre un determinado tema debatido en varios
procesos, no comporta transgresión del principio de imparcialidad.
Realizadas las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite se evidencia que
las autoridades accionadas declararon infundada la recusación presentada por
el demandante contra el señor consejero de Estado Gabriel Valbuena
Hernández, porque no se colmaban las exigencias estipuladas en el numeral 2
del artículo 141 del CGP, inferencia que para la Sala no comporta defecto
sustantivo, por cuanto él no ha emitido pronunciamiento alguno en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-23-33-000-2018-
15
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso: parte general. Dupré Editores. 2019.
Bogotá. P. 275.
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00111-00 ni en el recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2021-
01122-00.
El accionante señala que el mencionado togado está inhabilitado para decidir
el recurso de súplica que interpuso contra el auto que rechazó el
extraordinario de revisión, porque decidió previamente un asunto similar en
un sentido en que le resulta desfavorable, aserción que desconoce la finalidad
de la estudiada causal de recusación, que es asegurar que un juez no decida un
asunto sobre el cual se pronunció con antelación.
Cabe advertir que, como se aclaró anteriormente, el hecho de que un juez
adopte una postura jurídica sobre un determinado tema y decida demandas
relacionadas con este en un mismo sentido, no involucra irregularidad alguna,
de manera que aun cuando el señor magistrado recusado conoció con
antelación de un asunto similar al 11001-03-15-000-2021-01122-00, no le
impide desatar la súplica presentada contra el auto de 25 de marzo de 2021.
Ahora bien, el actor sostiene que el señor consejero de Estado Valbuena
Hernández está impedido, porque integra la sección segunda del Consejo de
Estado y esta conoció de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 08001-23-33-000-2018-00111-00, afirmación que no es de recibo,
porque si bien aquel integra esta sección, hace parte de la subsección A y no
se pronunció sobre lo debatido en esas diligencias, requisito indispensable
para que se configure la causal de recusación prevista en el 141 (numeral 2)
del CGP.
En atención a lo expuesto en precedencia, la Sala evidencia que el auto
censurado, al declarar infundada la recusación presentada por el actor dentro
del recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2021-01122-00, no
incurrió en defecto sustantivo, pues atendió el ordenamiento jurídico y la
naturaleza de esa figura procesal.
2.5.3 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»16.
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01196-01
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La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra17.
En el asunto sub examine el demandante asevera que la providencia acusada
incurre en defecto fáctico, por cuanto no advirtió que los medios de
convicción allegados con la solicitud de recusación demuestran que el señor
consejero de Estado encargado de desatar el recurso de súplica interpuesto
contra el auto de 25 de marzo de 2021, decidió otros litigios iguales al
planteado en el expediente 11001-03-15-000-2021-01122-00, lo que, a su
juicio, involucra carencia de parcialidad.
No obstante, la Sala estima, tal como se advirtió el analizar el defecto
sustantivo, que si bien los medios de convicción acreditan que el señor
magistrado Gabriel Valbuena Hernández desató asuntos atañederos al tema
que le correspondió en el precitado recurso extraordinario de revisión, ello no
involucra irregularidad alguna, toda vez que no se colman los presupuestos de
la causal de recusación prevista en el numeral 2 del artículo 141 del CGP,
pues, se reitera, no se pronunció en el trámite de los procesos 08001-23-33-
000-2018-00111-00 y 11001-03-15-000-2021-01122-00 sobre la controversia
allí debatida.
Así las cosas, el hecho de que se haya probado que el mencionado togado
desató cuestiones jurídicas relacionadas con los precitados expedientes, no
impone colegir que estaba impedido para decidir el respectivo recurso de
súplica, pues para ello resultaba indispensable acreditar que expuso su postura
en los mencionados expedientes, lo cual no ocurrió, situación de la que se
colige que la aseveración de que no se configuró la precitada causal de
recusación, no comporta una deducción arbitraria de las pruebas, por tanto, se
concluye que no aconteció un defecto fáctico.
A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que el fallo censurado
no comporta defectos sustantivo y fáctico, se impone revocar el fallo
impugnado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
17
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
14
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para en su lugar, negar el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Revócase la sentencia de 31 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de
Estado (sección cuarta), que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia; en su lugar, niégase el amparo de los derechos constitucionales
fundamentales debido proceso, trabajo, igualdad, dignidad humana y acceso a
la administración de justicia invocados por el señor Isaac Escober Romero,
conforme a lo indicado en la motivación.
2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Comuníquese el presente fallo a la sección cuarta de esta Corporación y
remítasele copia.
4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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