Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-01199-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-01199-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01199-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
19 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01199-01
Accionante: RAFAEL RODRIGO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Tema: Derecho fundamental de petición ante autoridad judicial
Acción de tutela - sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante contra
la sentencia del 10 de marzo de 2022 proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
El señor Rafael Rodrigo González Velásquez, actuando en nombre
propio, instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, por la presunta vulneración del derecho fundamental
de petición, con fundamento en los siguientes:
1. Hechos
1.1. El accionante manifestó que el 15 de septiembre de 2021, le
solicitó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial información sobre
los procesos con radicados n.º 05001110 2000 2019 02229 01 y
11001080 2000 2021 00010 00, a lo que dicha entidad, mediante Oficio
del 19 de octubre de 2021, le indicó que los expedientes se encontraban
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al despacho de la magistrada sustanciadora y que, además, con dichos
números podía consultar las actuaciones respectivas en el portal de
consulta de procesos de la Rama Judicial.
1.2. Posteriormente, el 22 de octubre de 2021, le solicitó a la
magistrada sustanciadora que le informara las razones por las cuales
no habían sido resueltos pese a que los términos judiciales estaban
vencidos. Esta petición fue reiterada el 30 de noviembre de 2021 y el
12 de enero de 2022, sin que a la fecha de presentación de la acción
de tutela hayan sido resueltas.
2. Pretensiones
Por lo anterior, solicitó:
«[…] Con fundamento tanto en los hechos narrados como en las consideraciones expuestas,
me permito solicitarle TUTELAR EN MI FAVOR los Derechos Fundamentales invocados,
ordenándole a la Presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial proceda a
emitir, aunque ya no oportuna, una RESPUESTA EFICIENTE, CONGRUENTE Y
SUFICIENTE a mi solicitud de octubre 22 de 2021 […]» (sic para toda la cita).
3. Intervenciones
Mediante auto del 22 de febrero de 2022, la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial como accionado.
Dicha entidad, por conducto de la magistrada sustanciadora de los
procesos disciplinarios aludidos por el accionante, precisó que el
derecho de petición no es el mecanismo para lograr el impulso de
proceso disciplinarios, toda vez que el Legislador ha previsto
procedimientos específicos para su trámite, tal como lo ha clarificado la
Corte Constitucional.
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Por tanto, sostuvo que una vez tuvo conocimiento de la solicitud
formulada por el señor González Velásquez, le dio alcance a través de
autos del 24 de febrero de 2022 proferidos en el marco de los procesos
disciplinarios, los cuales fueron notificados en la misma fecha al
accionante a través del correo electrónico ragovel@gmail.com.
4. La providencia impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 10
de marzo de 2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela
frente al derecho fundamental de petición invocado, toda vez que lo
pretendido por el actor en la solicitud presentada el 22 de octubre de
2021, era obtener un pronunciamiento por parte de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial sobre el estado actual de los procesos
disciplinarios identificados con los números de radicación 05001110
2000 2019 02229 01 y 11001080 2000 2021 00010 00,
pronunciamiento que involucra el desarrollo de una actuación propia
del proceso judicial que debe observar los rituales del caso y que, por
tanto, no puede regirse por los términos previstos en el CPACA para
resolver peticiones de índole administrativo.
No obstante, encontró que a través de proveído del 24 de febrero de
2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunció sobre
dichos memoriales, por lo que declaró la carencia de objeto por hecho
superado.
5. Impugnación
Inconforme con la sentencia de primera instancia, el accionante la
impugnó aduciendo que la solicitud formulada el 22 de octubre de 2021
no es de carácter judicial sino administrativo, puesto que le pidió a la
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magistrada sustanciadora de los procesos disciplinarios le informara,
“dado que el término legal para la definición de los mismos se encuentra
vencido, la razón por la cual no ha tomado una decisión al respecto”.
Señaló, además, que si la acción de tutela se hubiera resuelto dentro
de los términos previstos para ello no se habría declarado el hecho
superado.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró el derecho
fundamental de petición del accionante, al no responder la
solicitud formulada el 22 de octubre de 2021?
2. Del derecho de petición ante autoridades judiciales 1
En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades
judiciales, la Corte Constitucional ha señalado2 que, si bien es cierto,
este derecho puede ejercerse ante los jueces y, en consecuencia, estos
se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les
presenten en los términos que la ley señale, pues de no hacerlo
desconocen esta garantía fundamental, también lo es que el juez y las
partes están sometidos a las reglas propias del proceso judicial:
1
Corte Constitucional, sentencia T-192 de 2007.
2
Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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«El juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las
partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones
relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las
normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.)»3.
Por lo tanto, la misma Corte advirtió que:
«Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los
administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de estos últimos son aplicables
las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo
análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984)»4.
Asimismo, señaló:
«Las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad
correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes
dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen
las reglas del proceso»5.
En consecuencia, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de
denuncia del pleito, entre otros, se deben tramitar conforme a las reglas
señaladas por los respectivos ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, el máximo tribunal constitucional estableció que
la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas
por las partes o sus apoderados, propias de la actividad jurisdiccional,
no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al
debido proceso6 y al acceso de la administración de justicia, 7 en la
3
Ibídem
4
Ibídem
5
Sentencia T-344 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
6
Ver las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-007 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
7
El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en varias
sentencias; entre ellas, pueden citarse las siguientes: Sentencia T-006 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-416 de 1994 y T-268 de 1996, M.P.
Antonio Barrera Carbonell, entre muchas otras.
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medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin
motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada 8 al
interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenamiento
constitucional (CP, arts. 29 y 229).
3. Del caso concreto
En el presente asunto, el señor Rafael Rodrigo González Velásquez
alega la vulneración del derecho fundamental de petición, toda vez que,
en su entender, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no respondió
la petición del 22 de octubre de 2021 en la que consultó, respecto de
dos procesos disciplinarios, “dado que el término legal para la definición
de los mismos se encuentra vencido, la razón por la cual no ha tomado
una decisión al respecto” (sic).
La Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia del 10 de
marzo de 2022 declaró la improcedencia de la acción de tutela respecto
del derecho de petición, toda vez que, al tener un contenido relacionado
con los términos judiciales para poner fin a los procesos disciplinarios,
no podía ser entendido como el ejercicio del derecho fundamental de
petición previsto en el artículo 23 constitucional. En todo caso,
comoquiera que la autoridad demandada, a través de proveídos del 24
de febrero de 2022, se pronunció sobre la solicitud del demandante,
declaró la carencia de objeto por hecho superado.
Inconforme con ello, el accionante recurrió el fallo de primera instancia,
insistiendo en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no dio
alcance de fondo a la solicitud por él formulada, la cual, contrario a lo
8
Corte Constitucional T-368/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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señalado por la Sección Primera de esta corporación, sí debe tramitarse
en los términos de una petición.
Sostuvo, además, que si la acción de tutela se hubiera resuelto dentro
de los términos previstos para ello no se habría declarado el hecho
superado.
Al respecto, la Sala observa que la Comisión Nacional de Disciplina, en
los proveídos del 24 de febrero de 2022, se pronunció sobre la solicitud
del accionante, en los siguientes términos:
«(…) se observa el memorial de 22 de octubre del año pasado remitido de manera
virtual a la presidencia de esta Comisión por parte del quejoso, señor Rafael Rodrigo
González Velásquez (…), a través del cual, en lo que a este caso se refiere, señala
que ha estado al tanto de las actuaciones de lo registrado en la “página web de
consulta de procesos de la Rama Judicial”, y advierte que el “término legal para
la definición” de la apelación en este asunto, se encuentra vencido.
Sobre el particular se dirá, en primer orden, que el derecho de petición incoado, no
es el mecanismo para lograr el impulso de una actuación judicial como esta, porque
el legislador ha previsto procedimientos específicos para su trámite, según lo ha
puntualizado la Corte Constitucional al señalar:
(…)
En segundo lugar, debe indicársele al quejoso que en virtud de lo señalado en el
parágrafo del artículo 90 de la Ley 734 de 2002 (…), su facultad se limita
únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad de juramento, a aportar
las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo
absolutorio, restricción prevista por el legislador que surge porque, como en este
caso, el señor Rafael Rodrigo González Velásquez, muy a pesar de haber sido quien
puso en movimiento al operador disciplinario, no puede ser considerado como sujeto
procesal, razón por la cual la solicitud de impulso de esta actuación que deja
entrever, es manifiestamente improcedente.
En tercer orden, debe señalarse al quejoso que este despacho no ha incurrido en
mora, o mejor, la definición del recurso de apelación que formuló contra el auto de
archivo no se encuentra vencida, por cuanto si bien este asunto fue repartido a este
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despacho el 7 de abril de 2021, lo cierto es que se avocó el 6 de mayo siguiente,
decisión notificada al Ministerio Público el 25 del mismo mes y año, encontrándose
en turno de espera para desatar el aludido alzamiento, en tanto no se trata de un
proceso que se encuentre dentro de las excepciones previstas en el artículo 63A de
la Ley 270 de 1996 (adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009), o el
artículo primero del Acuerdo PCSJA21-11710 del 8 de enero de 2021 del Consejo
Superior de la Judicatura, que le dio prioridad a la definición de asuntos que se
encuentren ad portas de prescribir o caducar».
A partir de lo anterior, la Sala coincide con la Sección Primera de esta
corporación en cuanto la solicitud formulada por el accionante, al
encaminarse a obtener el impulso del proceso, no podía ser entendida
como el ejercicio del derecho fundamental de petición sino como una
actuación judicial que tiene un trámite diferente.
Coincide, también, en que los autos del 24 de febrero de 2022
proferidos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el marco
de los dos procesos disciplinarios frente a los cuales el accionante
formuló la petición, evidencian que la causa que dio origen a esta acción
de tutela ha desaparecido, puesto que allí se puso de presente que
dicha solicitud, por ser formulada por el quejoso que no es considerado
como sujeto procesal era improcedente, pero que, en todo caso, los
términos no se encontraban vencidos.
Es importante indicar, entonces, que la carencia de objeto por hecho
superado puede presentarse cuando la circunstancia que reporta la
conculcación del derecho desaparece, situación frente a la cual,
cualquier medida que adopte el juez de tutela carece de efecto, pues
nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a una
circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o contravenir
la decisión que al respecto se haya proferido en instancias diferentes a
la del juez constitucional.
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En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución
Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe
a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado
artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso
concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al
particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y
procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del
derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón
de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que
la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces
inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta
acción»9.
Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los cuales aunque
las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en
apariencia el hecho generador de la acción ha sido superado, en el
fondo este se encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la
luz de las garantías constitucionales, de acuerdo a la interpretación que
en derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y su
«posible superación».
Teniendo en cuenta, entonces, que se ha demostrado que la solicitud
de impulso procesal formulada por el señor Rafael Rodrigo González
Velásquez fue resuelta a través de los proveídos del 24 de febrero de
2022, notificados en la misma fecha, cualquier decisión que esta Sala
de Decisión dicte resultaría inane.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de marzo de 2022
mediante la cual la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela respecto
del derecho de petición y declaró la carencia de objeto
por hecho superado, por las razones expuestas en
precedencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente En comisión
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