Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01209-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
31 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01209-00
Demandante: VALERIA ANDREA FERRER CABRALES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01209-00
Demandante: VALERIA ANDREA FERRER CABRALES
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Tardanza en expedir
resolución de reconocimiento de práctica jurídica. Carencia
actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Valeria Andrea Ferrer Cabrales1, contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, en la que pide el amparo constitucional de los derechos
fundamentales a la educación y al trabajo, que considera vulnerados con la
tardanza en resolver la solicitud de expedición del acto administrativo de
reconocimiento de la práctica jurídica para optar por el título de abogada.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La actora aseguró que es egresada de la Universidad del Sinú Elías Bechara
Zainum y que desde el 19 de marzo de 2021 al 26 de enero de 2022, realizó su
práctica jurídica en el Tribunal Administrativo de Córdoba.
Indicó que el 2 de febrero de 2022, radicó solicitud para el reconocimiento de la
práctica jurídica a través del Sistema de Información del Registro Nacional de
Abogados (SIRNA) y envió la documentación correspondiente al correo
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Por último, menciónó que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela la
solicitud de expedición de la resolución de aprobación de la práctica jurídica no
había sido resuelta aun cuando ya habían transcurrido los diez (10) días hábiles
señalados en el Acuerdo No. PSAA10-7543 de 2010, para resolver este tipo de
solicitudes.
2. Fundamentos de la acción
La demandante manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró sus derechos
1
La acción de tutela se presentó el 17 de febrero de 2022.
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Demandante: VALERIA ANDREA FERRER CABRALES
fundamentales a la educación y al trabajo al no resolver la solicitud de expedición
del acto administrativo de reconocimiento de la práctica jurídica para optar por el
título de abogada, a pesar de que interpuso la solicitud desde el 2 de febrero de
2022.
Refirió que la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum abrió convocatoria para
presentar documentos de graduación, cuyo plazo máximo está por vencerse, por
lo que de no recibir la resolución de reconocimiento de la práctica jurídica no podrá
acceder al título de abogada sino hasta la próxima convocatoria.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela la actora formuló la siguiente petición:
“PRIMERO: Sírvase, TUTELAR los Derechos Fundamentales Constitucionales, tales
como: DERECHO A LA EDUCACIÓN Y AL TRABAJO, y, en consecuencia;
SEGUNDO: Sírvase, ORDENAR a la RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA, expedir el certificado de Práctica Jurídica, el cual me
corresponde por ley, al haber terminado satisfactoriamente mi Judicatura y al no
expedirlo me estaría perjudicando de gran manera en mi vida laboral, pues tendría
que esperar hasta finales del mes de mayo del año hogaño, que abran nuevamente
convocatorias de grado, lo cual considero inmerecido toda vez que he cumplido de
manera eficaz todos los requerimientos para obtener mi título de pregrado y este no
debería verse afectado por la omisión o retardo de esta entidad respecto al
procedimiento requerido”.
4. Pruebas relevantes
Con la acción de tutela la accionante allegó los siguientes documentos:
• Captura de pantalla del correo electrónico de 2 febrero de 2022, mediante el
cual la actora remitió la solicitud de acreditación de la práctica jurídica a la
dirección electrónica regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
• Copia del formulario único de trámites debidamente diligenciado.
5. Trámite procesal
Por auto de 22 de febrero de 2022, la Magistrada Sustanciadora admitió la
demanda y ordenó notificar a la autoridad demandada a quien se le remitió copia
de la solicitud de amparo.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
24015 a 24044 de 28 de febrero de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión2.
6. Oposición
Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
En memorial de 28 de febrero de 2022, la Directora de la Unidad indicó que la
práctica jurídica como requisito alterno para optar al título de abogado se
encuentra reglamentada en los Acuerdos PSAA10-7017, PSAA10-7543 de 2010,
2
La accionante y la autoridad administrativa demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones de
correo electrónico: valeriaferrer0911@gmail.com; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.
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este último, modificado por el Acuerdo PSAA12-9338 de 2012, expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura.
Expresó que debido al aumento desmesurado de solicitudes de reconocimiento de
prácticas jurídicas y expedición de tarjetas profesionales de abogados, así como
por las medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la
pandemia por el COVID-19, se ha sobrepasado la capacidad operativa de la
Unidad. Sin embargo, indicó que se está gestionando el trámite de las solicitudes
en orden de llegada al correo institucional designado para el efecto y por ese
mismo medio se notifican las decisiones que en cada caso se adopten.
Señaló que la accionante pidió el reconocimiento de la práctica jurídica, para lo
cual adjuntó los siguientes documentos: formulario único de múltiples trámites,
copia de la cédula de ciudadanía, certificado de la terminación y aprobación de
materias expedido por la universidad respectiva, actos de vinculación y certificado
de funciones jurídicas.
Adujo que expidió la Resolución Nº 2225 de 24 de febrero de 2022, por medio de
la cual se reconoce el cumplimiento de la práctica jurídica a la egresada Valeria
Andrea Ferrer Cabrales.
Así mismo, refirió que la mencionada resolución fue notificada al correo electrónico
de la solicitante mediante el oficio Nº 2225 de 24 de febrero de 2022, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 491 de 2020.
En ese sentido, solicitó que se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo
teniendo en cuenta que no se vulneró derecho fundamental alguno a la actora,
pues se configuró un hecho superado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
La Sala debe determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró los derechos
fundamentales a la educación y al trabajo con la tardanza en expedir la resolución
de reconocimiento de la práctica jurídica para obtener el título de abogada.
De manera previa, se debe establecer si se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado como quiera que mediante la Resolución Nº 2225 de 24 de
febrero de 2022, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura reconoció el cumplimiento de la
práctica jurídica a la accionante.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
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la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición
que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las
casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.
4. Estudio y solución del caso concreto
En el asunto bajo examen, la señora Valeria Andrea Ferrer Cabrales interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, al considerar que vulneró sus
derechos fundamentales a la educación y al trabajo, con la tardanza en expedir la
resolución de reconocimiento de la práctica jurídica para obtener el título de
abogada.
Al respecto, la Sala encuentra que en el caso concreto se configura el fenómeno
de la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que la pretensión relativa a
que se expida la resolución de reconocimiento de la práctica jurídica se encuentra
satisfecha. Lo anterior, teniendo en cuenta que:
(i) La Directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia suscribió la Resolución Nº 2225 de 24 de febrero de 2022, en la
que se reconoció el cumplimiento del requisito de la práctica jurídica a la
señora Valeria Andrea Ferrer Cabrales3, así:
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La acción de tutela se presentó el 17 de febrero de 2022 y se admitió el 22 de febrero de 2022.
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(ii) El 25 de febrero de 2022, a través del oficio Nº 2225 de 24 de febrero de
2022, suscrito por la Directora de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, se remitió y notificó la mencionada
resolución a la demandante al correo electrónico indicado en el formulario
único de múltiples trámites para notificaciones
valeriaferrer0911@gmail.com, como se observa a continuación:
Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20194, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al
desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud,
cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el
objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.
En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.
El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”5.
4
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
5
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
5
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De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto”6.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”7.
En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por existir un
hecho superado, teniendo en cuenta que la pretensión formulada por la actora en
cuanto a la emisión del acto administrativo de reconocimiento de la práctica
jurídica se encuentra satisfecha, por lo que la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, ya que lo pretendido
se resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.
Asimismo, y aun cuando se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado, teniendo en consideración que (i) esta Sala de Decisión ha conocido un
alto número de acciones de tutela interpuestas por los mismos hechos8; y (ii) el
incumplimiento del plazo de respuesta9 frente a las solicitudes de reconocimiento
de la práctica jurídica (judicatura) pueden poner en riesgo el derecho fundamental
al debido proceso administrativo, así como la garantía de otros derechos como la
6
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
7
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
8
Al respecto se pueden consultar, entre otras las siguientes providencias: sentencia de 24 de febrero de
2022, exp. No. 11001-03-15-000-2022-00990-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 20 de
enero de 2022, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-10305-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencias
de 28 de octubre de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-06536-00 y 11001-03-15-000-2021-03970-00, C.P.
Milton Chaves García; sentencias de 21 de octubre de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-06407-00, Nº
11001-03-15-000-2021-06502-00 y 11001-03-15-000-2021-06329-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
sentencias de 14 de octubre de 2021 exp. Nº 11001-03-15-000-2021-06298-00 y Nº 11001-03-15-000-2021-
06260-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencias de 14 de octubre de 2021, exp. Nº 11001-03-15-
000-2021-06253-00, Nº 11001-03-15-000-2021-06281-00 y Nº 11001-03-15-000-2021-06216-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 30 de septiembre de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-05779-00,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencias de 16 de septiembre de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-
2021-05471-00; Nº 11001-03-15-000-2021-05526-00 y Nº 11001-03-15-000-2021-05046-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencias de 9 de septiembre de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-04710-00;
Nº 11001-03-15-000-2021-05098-00 y Nº 11001-03-15-000-2021-04830-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto; sentencias de 26 de agosto de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-04549-00 y Nº 11001-03-15-000-
2021-04598-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de agosto de 2021, exp. Nº 11001-03-
15-000-2021-04326-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 5 de agosto de 2021, exp. Nº
11001-03-15-000-2021-04184-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 22 de julio de 2021, exp.
Nº 11001-03-15-000-2021-03714-00; sentencia de 15 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-03525-
00, sentencia de 1 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-03303-00, sentencias de 24 de junio de
2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-03303-00 y Nº 11001-03-15-000-2021-01886-00; sentencia de 17 de
junio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-01744-00; sentencias de 10 de junio de 2021, exp. Nº 11001-
03-15-000-2021-01651-00 y Nº 11001-03-15-000-2021-01723-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
sentencias de 10 de junio de 2021, exp. Nº 1001-03-15-000-2021-02185-00 y 1001-03-15-000-2021-02113-
00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia 3 de junio de 2021, exp. Nº 1001-03-15-000-2021-01375-
00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 13 de mayo de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-
01793-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 20 de mayo de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-
2021-01595-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia de 8 de abril de 2021, Exp. Nº 11001-03-15-
000-2021-00977-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia de 25 „de marzo de 2021, exp. Nº
11001-03-15-000-2021-00635-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 18 de febrero de 2021,
exp. Nº 11001-03-15-000-2020-04824-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 26 de noviembre
de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-04562-00, C.P. Milton Chaves García.
9
La solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica fue radicada por la demandante el 2 de febrero de 2022
y la respuesta de fondo se concretó hasta el 24 de febrero de 2022. Téngase presente que el artículo 15 del
Acuerdo Nº PSAA10-7543 de 2010 dispone que estas peticiones deben resolverse en el término de 10 días
hábiles.
6
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Demandante: VALERIA ANDREA FERRER CABRALES
educación y el trabajo, la Sala instará al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para que, en
lo sucesivo, resuelva las peticiones de reconocimiento de práctica jurídica en el
plazo de diez (10) días hábiles, tal y como lo dispone el artículo 15 del Acuerdo Nº
PSAA10-7543 de 2010, para evitar que se repitan los hechos que dieron lugar a la
presentación de la acción de tutela bajo estudio.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado.
Segundo.- ÍNSTASE al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para que, en lo sucesivo,
resuelva las peticiones de reconocimiento de práctica jurídica en el plazo de diez
(10) días hábiles, tal y como lo dispone el artículo 15 del Acuerdo Nº PSAA10-
7543 de 2010, para evitar que se repitan los hechos que dieron lugar a la
presentación de la acción de tutela bajo estudio.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
7
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