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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01210-00

Fecha
22 de abril de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01210-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Elver Romaña Bejarano, en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales atribuida a las providencias del 27 de marzo de 2020 y el 28 de octubre de 2021 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76109-33-33-001-2017-00047- 00/01, por las razones anotadas en la motivación de la sentencia. SEGUNDO. Negar el amparo solicitado, en lo atinente al defecto por desconocimiento del precedente, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de este fallo. TERCERO. Negar la solicitud de amparo en lo concerniente a la pretensión de cumplimiento inmediato de la condena impuesta en la sentencia proferida el 28 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76109-33-33-001- 2017-00047-01. 27 Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00 Demandante: Elver Romaña Bejarano Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Referencia: sentencia de tutela de primera instancia CUARTO. Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones dirigidas contra el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura, en lo concerniente al trámite de la demanda ejecutiva. QUINTO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01210-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

22 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: ELVER ROMAÑA BEJARANO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Elver Romaña Bejarano
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Primero
Administrativo Mixto de Buenaventura y el Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa Nacional.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 17 de febrero de 2022, el señor Elver Romaña Bejarano, por intermedio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura y el
Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, porque
consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social, a la salud, a la vida digna y al mínimo vital, con ocasión de las siguientes
decisiones y/o actuaciones:

• Las sentencias proferidas el 27 de marzo de 2020 y el 28 de octubre de 2021
por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura y el Tribunal

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76109-33-33-001-2017-
00047-00/01
• El trámite de la solicitud de cumplimiento inmediato de las citadas
providencias judiciales, radicada ante el Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa Nacional.
• La demanda ejecutiva, conexa al proceso ordinario, tramitada bajo el
radicado 76109-33-33-001-2022-00010-00

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Que mediante fallo constitucional de instancia, se sirva tutelar de fondo los
derechos fundamentales al principio de legalidad, debido proceso judicial y
administrativo a la seguridad social en pensiones conexo con el mínimo vital,
salud y vida digna de mi poderdante Elver Romaña Bejarano (ex infante de
marina profesional) y de sus menores hijos Jhimariz Edith Romaña Moreno,
Nuip (…) y Juan Manuel Romaña Cardona, Nuip (…), que consideramos
vulnerados dentro de los fallos proferidos dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento de derecho laboral con radicado
76109333300120170004700/01, y la negativa a notificar la resolución de
reconocimiento y pago de la pensión por la nación ministerio de defensa
nacional.

-Que se sirva dentro del fallo constitucional, emitir sentencia sustitutiva en la que
se declare sin valor ni efectos y/o ineficaz y/o se revoquen las siguientes
decisiones judiciales adoptadas por los jueces ordinarios en sus fallos de primer
y segunda instancia, así:

a. Se declare sin valor ni efectos y/o ineficaz y/o se revoque el aparte “conforme
con lo señalado en el artículo 2° del decreto 1157 de 2014 y en la cuantía
dispuesta en el numeral 2.1 de dicha norma”, del numeral 2, de la parte
resolutiva del fallo de primera instancia de fecha 27 de marzo del año 2020,
proferido por Juzgado Primero Administrativo Mixto del circuito judicial de
Buenaventura (Valle del Cauca), dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho laboral con radicado 76109333300120170004700,
por limitar la tasa de remplazo de la pensión de invalidez al 50%, violando lo
establecido en norma de superior rango como lo es la Ley 923 de 2004, artículo
3, numeral 3.5 que establece que la pensión (para el caso en concreto de
invalidez) se debe reconocer sobre la misma tasa de reemplazo de la pérdida de
capacidad laboral calificada, para el caso del 68.03% sobre las partidas
computables señaladas en el Decreto 4433 de 2004, y devengadas como
infante de marina profesional. En su defecto se sustituya tal aparte por uno del
siguiente tenor: en aplicación de la Ley 923 de 2004, artículo 3, numeral 3.5, la
tasa de remplazo de la pensión de invalidez se reconocerá con el 68.03% sobre
las partidas computables señaladas en el Decreto 4433 de 2004, durante el
período 15 de junio del año 2015 al 24 de julio del año 2019, y una tasa de
remplazo del 100% sobre las partidas computables señaladas en el Decreto
4433 de 2004 a partir del 25 de julio del año 2019 en adelante, en aplicación de
la Ley 1779 de 2019.

b. Se declare sin valor ni efectos y/o ineficaz y/o se revoque el numeral 3 de la
parte resolutiva del fallo de primera instancia de fecha 27 de marzo del año
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2020 proferido por juzgado primero administrativo mixto del circuito judicial de
buenaventura (valle del cauca) dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho laboral con radicado 76109333300120170004700,
que negó las demás pretensiones de la demanda, por incurrir en vía de hecho
probatoria al no haber valorado las pruebas que soportan los daños y perjuicios
materiales y morales entre las diferentes pretensiones planteadas.

c. En su efecto se sustituya tal aparte por uno del siguiente tenor: condenar en
abstracto a la entidad demandada al pago de los daños y perjuicios materiales y
morales, cuya liquidación deberá adelantarse mediante trámite incidental ante el
respectivo juez de primera instancia.

d. Se declare sin valor ni efectos y/o ineficaz y/o se revoque el numeral 5 de la
parte resolutiva del fallo de primera instancia de fecha 27 de marzo del año
2020 proferido por Juzgado Primero Administrativo Mixto del circuito judicial de
Buenaventura (Valle del Cauca) dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho laboral con radicado 76109333300120170004700,
que negó la condena en costas a pesar de haberse triunfado en las
pretensiones más importantes dentro del proceso. En su efecto se sustituya tal
aparte por uno del siguiente tenor: condenar en costas y agencias en derecho a
la parte vencida, en aplicación del acuerdo no. PSAA16-10554 agosto 5 de
2016, fíjense como agencias en derecho el 7.5% de las pretensiones
pecuniarias concedidas.

e. Se declare sin valor ni efectos y/o ineficaz y/o se revoque el aparte “ordenar a
la Nación – Ministerio de Defensa - Armada Nacional que sobre las sumas
reconocidas al señor Elver Romaña Bejarano, producto de la pensión de
invalidez se descuente la indemnización por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia”, del numeral primero de la parte resolutiva del fallo
de segunda instancia de fecha 28 de octubre del año 2021, proferido por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho laboral con radicado
76109333300120170004701, mediante el cual adiciona la sentencia no. 0031
del 27 de marzo de 2020 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto
de Buenaventura, por ser violatorio del principio de legalidad y desconocer
sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 003/16 - con radicado No.: 85001-33-33-
002-2013-00060-01(3420-15) del Consejo de Estado, Sección Segunda para la
pensión de invalidez para soldados profesionales; en su efecto se sustituya tal
aparte por uno del siguiente tenor: condenar a la entidad demandada a pagar el
reajuste y/o reliquidación de la indemnización por pérdida de capacidad laboral
el 68.03% dictaminada en el peritaje médico legal de fecha 19 de junio del año
2015 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, debiendo
materialmente liquidar y pagar solo el 36,18%, por cuanto el porcentaje
correspondiente al 31.85% de la pérdida de capacidad laboral restante ya fue
pagado con las resoluciones 734 de fecha 21 de abril del año 2015 y 1130 del 6
de julio del año 2016, independientemente de que se hubiera declarado la
nulidad de las actas de junta médico laboral 167 del 21 de abril del año 2014 y
Tribunal Médico Laboral 14-0029 de fecha 26 de enero del año 2015 en los
fallos accionados de primera y segunda instancia. El valor arrojado por tal
derecho indemnizatorio diferencial, deberá indexarse desde la fecha de su
causación y al momento de su pago conforme a los parámetros del artículo 187
del CPACA.

f. Se declare sin valor ni efectos y/o ineficaz y/o se revoque el aparte “-denegar
la pretensión sobre el reconocimiento como reservista de honor” del numeral
primero de la parte resolutiva del fallo de segunda instancia de fecha 28 de
octubre del año 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho laboral con
radicado 76109333300120170004701, mediante el cual adiciona la sentencia

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

no. 0031 del 27 de marzo de 2020 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo Mixto de Buenaventura; en su efecto se sustituya tal aparte por
uno del siguiente tenor; ordenar a la entidad condenada a reconocer la
condición de reservista de honor, derivada por la misma ley de la pérdida de
capacidad laboral sobre el 68.03% en desarrollo de operaciones militares
dictaminada en el peritaje médico legal;

g. Se declare sin valor ni efectos y/o ineficaz y/o se revoque el aparte “denegar
la pretensión de indemnización de perjuicios materiales y morales”, del numeral
primero de la parte resolutiva del fallo de segunda instancia de fecha 28 de
octubre del año 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho laboral con
radicado 76109333300120170004701, mediante el cual adiciona la sentencia
no. 0031 del 27 de marzo de 2020 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo Mixto de Buenaventura; en su efecto se sustituya tal aparte por
uno del siguiente tenor; confirmar a la entidad demandada a la condena en
abstracto por daños y perjuicios materiales y morales.

h. Se declare sin valor ni efectos y/o ineficaz y/o se revoque el numeral 3 de la
parte resolutiva de la parte resolutiva del fallo de segunda instancia de fecha 28
de octubre del año 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho
laboral con radicado 76109333300120170004701, mediante el cual se abstiene
de condenar en costas a la parte vencida, a pesar de haberse triunfado en las
pretensiones más importantes dentro del proceso; en su efecto se sustituya tal
aparte por uno del siguiente tenor; confirmar la condena en costas y agencias
en derecho proferida por el fallador de primera instancia.

6. Que dentro del fallo constitucional, se sirva inaplicar bajo la excepción de
inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4 de la Constitución y en
aplicación de la sentencia T-681 de fecha 5 de diciembre de 2016, con efectos
interpartes, el parágrafo 1, del artículo 9, de la ley 797 del año 2003, artículo 4
de la Ley 700 de 2001 y artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto los
términos en cada uno de ellos para el cumplimiento de las sentencias y de
máximo de 6 meses a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional para liquidar,
reconocer, notificar y pagar (nominar) las pensiones de invalidez en favor de mi
poderdante, como en el presente caso, en razón que si bien no han sido
declarados inexequibles, en el caso en particular vulneran el derecho
iusfundamental a la seguridad social conexo con el mínimo vital, y vida digna de
mi poderdante.

7. Que dentro del fallo constitucional, se sirva ordenar a la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional lo siguiente:

a. Liquidar indexada la pensión de invalidez con el 68.03% de tasa de
reemplazo con las partidas devengadas como infante de marina profesional y
establecidas en el decreto 4433 de 2004 desde el día 19 de junio del año 2015
hasta el día 24 de julio del año 2019;

b. Liquidar indexada la pensión de invalidez con el 100% de tasa de reemplazo
en aplicación de la Ley 1979 del 25 de julio del año 2019 y con las partidas
devengadas como infante de marina profesional establecidas en el Decreto
4433 de 2004 desde el día 25 de julio del año 2019 en adelante hasta la fecha
en que se pague la prestación social;

c. Proferir y notificar al suscrito apoderado el acto administrativo de
reconocimiento pensional en favor de mi poderdante a más tardar el día 7 de
marzo del año 2022 cuando se cumplen los 4 meses para tal evento por ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

contando desde su radicación de pago de las sentencias el pasado 7 de
noviembre del año 2021;

d. Nominar el pago de la pensión a más tardar en la nómina de pensionados del
mes de abril del año 2022.

8. Que dentro del fallo constitucional, se sirva ordenar al Juzgado de Primera
instancia Administrativo Mixto de Buenaventura que impulse la demanda
ejecutiva acumulada radicada ante tal despacho y dentro del trámite del medio
de control de nulidad y restablecimiento de derecho laboral
76109333300120170004700, la cual contiene medidas cautelares de embargo y
por tanto con prioridad para resolver contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional, así dicha entidad no hubiere liquidado, reconocido y pagado
efectivamente la pensión de invalidez a mi poderdante como se solicita en
numerales anteriores;

9. Que su despacho subsidiariamente si sirva conceder la presente actuación
aún como mecanismo transitorio, y dicte las medidas provisionales para la
protección de los derechos fundamentales impartiendo las órdenes judiciales
que considere pertinentes para conminar a las accionadas a suspender la
vulneración de los derechos fundamentales de mi poderdante e hijos, adoptando
las acciones que permitan restablecer los derechos invocados.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El señor Elver Romaña Bejarano estuvo vinculado a la Armada Nacional, en calidad
de infante de Marina. En ejercicio de sus funciones desarrolló varias patologías de
carácter profesional que dieron lugar a la evaluación de su capacidad laboral.

El Ministerio de Defensa - Armada Nacional profirió (i) la Resolución 318 del 25 de
septiembre de 2008, adicionada por la Resolución 210 del 27 de abril de 2009, por
medio de la cual retiró del servicio al señor Romaña Bejarano por pérdida de
capacidad laboral, y (ii) las Resoluciones 734 del 21 de abril y 1130 del 6 de julio,
ambas de 2015, en las que le reconoció la suma de $12.430.649 a título de
indemnización por pérdida del 31.58% de la capacidad laboral, según la calificación
realizada por la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía.

El demandante solicitó una valoración ante la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá, por estar inconforme con el porcentaje establecido por la Junta
Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral. La Junta Regional de Calificación de

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Invalidez de Bogotá estableció la pérdida de capacidad laboral del señor Elver
Romaña Bejarano era de 68.03%.

Posteriormente, el 21 de julio de 2016, el señor Romaña Bejarano solicitó a la
Armada Nacional (i) el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, (ii) la
reliquidación de la indemnización por pérdida de la capacidad laboral, (iii) la afiliación
al sistema de salud de las Fuerzas Armadas, (iv) el pago de los gastos y perjuicios
derivados del trámite para solicitar las prestaciones reclamadas, y (v) el
reconocimiento de la calidad de reservista de honor por haber perdido más del 25%
de la pérdida de capacidad laboral en operaciones de orden público.

La entidad resolvió sobre las prestaciones solicitadas, así: (i) en oficio OFI16-57865
del 28 de julio de 2016, se remitió a la Resolución 2543 de 10 de junio del 2016, que
negó previamente el reconocimiento de la pensión de invalidez; (ii) en oficio
20160042360394941 del 18 de agosto de 2016, informó que no era procedente
reliquidar la indemnización por pérdida de capacidad laboral, y (iii) en oficio
20160042630411831 del 29 de agosto de 2016, negó el reconocimiento de la
calidad de reservista de honor.

Por tal razón, el aquí demandante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en la que, principalmente, solicitó:

• La valoración del dictamen sobre la pérdida de capacidad laboral del 68.03%.
• La aplicación de la excepción de inconstitucionalidad sobre los actos
administrativos objeto de la demanda de nulidad
• Que se declarara la nulidad de las actas de juntas médico-laborales
realizadas por la entidad demandada, así como de las resoluciones 734 de 21
del abril de 2015, 1130 del 6 de julio de 2015, 2543 del 10 de junio de 2016 y los
oficios OF116-57865 del 28 de julio de 2016, 20160042360394941 del 18 agosto
de 2016 y 20160042630411 del 29 agosto de 2016.
• Que, a título de restablecimiento del derecho (i) se reconociera la pensión de
invalidez por pérdida de capacidad laboral en un 68.03%; (ii) el pago de las
mesadas comprendidas entre el 25 de septiembre de 2008 y el 25 de octubre de
2016, con base en el salario de soldado profesional; (iii) la indemnización por las
patologías presentadas en desarrollo de sus funciones basadas en el 68.03% de
pérdida de capacidad laboral; (iv) se ordenara su vinculación al sistema de salud

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de las Fuerzas Militares y (v) se le reconociera la calidad de reservista de honor
con todas las prerrogativas que ello implica, en razón de la calificación superior
al 25% de la pérdida de la capacidad laboral.

El Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura, mediante auto de 2 de
junio de 2017, inadmitió la demanda para que, entre otros aspectos, se precisara
cuáles eran los actos demandados, debido a la improcedencia de ejercer el control
judicial sobre los oficios OFI16-57865 del 28 de julio de 2016 y 20160042360394941
del 18 de agosto de 2016. Como consecuencia de ello, el demandante adecuó la
demanda y eliminó las pretensiones dirigidas a cuestionar la legalidad de los
referidos oficios.

Una vez se surtió el trámite procesal, el 27 de marzo de 2020, el Juzgado Primero
Administrativo Mixto de Buenaventura profirió sentencia en la que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Las partes apelaron la anterior decisión y, particularmente, el demandante cuestionó
que el juzgado no sustentó la decisión de negar las pretensiones de la demanda
alusivas a la reliquidación de la indemnización, a la inclusión en el sistema de salud
de las Fuerzas Armadas y al no reconocimiento de la calidad de reservista de honor;
además, manifestó su desacuerdo con que se ordenara la liquidación de la pensión
en una cuantía del 50%, y no sobre la base del 68.03%, acorde con la Ley 923 de
2004.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desató la alzada mediante providencia
del 28 de octubre de 2021, en la cual dispuso:

PRIMERO: Adicionar la sentencia No. 0031 del 27 de marzo de 2020
proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura en el
presente sentido:

• Ordenar a la Nación-ministerio de Defensa-Armada Nacional afiliar al señor
Elver Romaña Bejarano al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

• Ordenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional que sobre
las sumas reconocidas al señor Elver Romaña Bejarano producto de la
pensión de invalidez se descuente la indemnización por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

• Denegar la pretensión sobre el reconocimiento como reservista de honor por
las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

• Denegar la pretensión de indemnización de perjuicios materiales y morales
por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo recurrido.

TERCERO: ABSTENERSE de imponer condena en costas por cuanto las
pretensiones y los recursos de apelación prosperan parcialmente.

De otro lado, expuso el demandante que, una vez ejecutoriada la sentencia de
segunda instancia, el 7 de noviembre de 2021, radicó solicitud de cumplimiento y
pago de la condena ante la Dirección de Prestaciones Sociales del Ministerio de
Defensa Nacional.

Por último, narró que, el 25 de enero de 2022, presentó demanda ejecutiva ante el
Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura, pero, a la fecha, no se ha
emitido ningún pronunciamiento judicial al respecto.

1.2. Argumentos de la tutela

1.2.1. Respecto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

La parte actora señaló que las sentencias cuestionadas vulneraron su derecho
fundamental a la reparación integral, porque negaron varias pretensiones sin contar
con sustento jurídico y probatorio para ello. En igual sentido, reprochó que se
hubiera ordenado liquidar la pensión de invalidez en un 50% del salario, y no con
base en el 68.03% de pérdida de la capacidad laboral, acorde con la Ley 923 de
2004.

Insistió en que las autoridades judiciales accionadas (i) debieron reconocer la
totalidad de las pretensiones, (ii) que no se valoraron las pruebas de los perjuicios
materiales y morales derivados de la expedición de los actos que negaron la pensión
de invalidez, (iii) aplicaron indebidamente la Ley 923 de 2014, en relación con la
cuantía de la liquidación de la pensión y (iv) se equivocaron al no condenar en
costas a la demandada.

Expuso que se incurrió en una vía de hecho, porque no se valoró el memorial de
subsanación de la demanda ni las pruebas aportadas, con lo cual se buscaba
reforzar la pretensión de reconocimiento de la calidad de reservista de honor.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

También atribuyó la existencia de una vía de hecho, como consecuencia de
habérsele negado el reconocimiento de los daños y perjuicios -materiales y morales-,
puesto que no se valoraron los hechos en que sustentaba dicha pretensión
resarcitoria, ni el fundamento jurídico contenido en la Ley 1437 de 2011, que prevé
la posibilidad de solicitar la reparación del daño cuando se ejerce la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Sostuvo que se incurrió en desconocimiento del precedente contenido en las
siguientes decisiones:

• La sentencia proferida el 23 de marzo de 2018 por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 05001-23-33-000-2014-
00661-01, toda vez que allí se estableció que cuando se demandan actos que
reconocen prestaciones periódicas no es posible ordenar la devolución de las
sumas de dinero pagadas de buena fe y, por ende, fue desacertada la
decisión en cuanto ordenó descontar de la pensión de invalidez reconocida la
suma pagada por concepto de indemnización por pérdida de la capacidad
laboral.
• La sentencia CE-SUJ2 No. 003/16, dictada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por cuanto allí se admitió, respecto de los sodados, la
compatibilidad entre la pensión y la indemnización por pérdida de la
capacidad laboral.
• La jurisprudencia en la que se unificó el reconocimiento de la suma de hasta
100 SMLMV, por concepto de daño moral derivado de las lesiones personales
(la parte actora no identificó una providencia en particular).
• La providencia del 19 de abril de 2012, proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, dentro del radicado 2500-23-26-000-2000-00716-01 (exp.
26828), en la que se unificó y reiteró la postura de que, ante la inexistencia de
un régimen de responsabilidad especial, es deber del juez encontrar los
fundamentos jurídicos de sus fallos.

1.2.2. Respecto del trámite impartido a la reclamación administrativa para el
cumplimiento de la sentencia.

La parte actora expuso que, el 7 de noviembre de 2021, presentó ante la Dirección
de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa una solicitud de cumplimiento y

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pago de las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, sin que hasta la fecha se hubiese emitido respuesta.

1.2.3. Respecto del proceso de ejecución

El demandante cuestionó que el Juzgado Primero Administrativo Mixto de
Buenaventura no hubiese adelantado actuación alguna en el trámite de la demanda
ejecutiva radicada el 25 de enero de la presente anualidad.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto de 22 de febrero de 2022, el despacho sustanciador admitió la
presente acción y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al juez primero administrativo de
Buenaventura y a la coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio
de Defensa Nacional, en calidad de parte demandada, y, como tercero con interés,
al ministro de Defensa Nacional. También se dispuso notificar a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que la acción es
improcedente, porque busca reabrir un debate que fue definido en primera y
segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Aseguró
que las decisiones están ajustadas a derecho y que los argumentos que la sustentan
no son irracionales o contrarios a la ley.

2.2. El Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura adujo que el Decreto
1157 de 2014 era la norma vigente a la fecha de estructuración de la disminución de
la capacidad laboral en el caso concreto, por lo que solo había lugar a reconocer la
prestación en cuantía del 50% de las partidas computables.

En cuanto a la demanda ejecutiva informó que, mediante auto del 28 de febrero de
2022, se abstuvo de librar mandamiento de pago, dado que no habían transcurrido
10 meses desde la ejecutoria de la sentencia base de ejecución, como lo exige el
artículo 307 del Código General del Proceso.

2.3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio, a pesar de haber sido

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notificados del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20121, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de
algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-
590 de 2005.

1 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García

González.
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Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos2, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de

2 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional».

2. Problemas jurídicos

Dado que se plantearon pretensiones específicas respecto de las decisiones y
actuaciones u omisiones de las autoridades demandadas, la Sala formulará tres
problemas jurídicos. El primero se centrará en determinar si la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así,
descenderá al estudio de fondo con el fin de establecer si el Juzgado Primero
Administrativo Mixto de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor Elver Romaña
Bejarano, con ocasión de las sentencias del 27 de marzo de 2020 y del 28 de
octubre de 2021.

El segundo se circunscribirá a analizar si el Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa Nacional vulneró alguna de las garantías del accionante, en el
trámite de cumplimiento de la condena emitida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y si, en virtud de ello, debe aplicarse la excepción de
inconstitucionalidad solicitada.

Finalmente, se examinará si el Juzgado Primero Administrativo Mixto de
Buenaventura incurrió en una afectación de los derechos fundamentales del señor
Romaña Bejarano, en el marco del proceso ejecutivo para el cumplimiento de la
sentencia ordinaria.

3. Análisis de la Sala

3.1. Primer problema jurídico: requisitos generales y especiales de procedibilidad
de la tutela contra providencia judicial en el caso concreto.

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La parte actora cuestionó las sentencias proferidas dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Consecuente con ello, y en concordancia
con los problemas jurídicos fijados, la Sala estudiará la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales en el caso concreto.

3.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que
la sentencia de segunda instancia fue proferida el 28 de octubre de 2021, mientras
que la solicitud de amparo se presentó el 17 de febrero de 2022, esto es, dentro de
los seis meses siguientes a la expedición y notificación de la decisión. Este término
resulta razonable.

3.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario.

3.1.4 De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin de
establecer si se cumple o no en el presente asunto.

En sentencia del 5 de agosto de 20143, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda

3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.

• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

De los reparos denunciados por la parte demandante únicamente se examinarán los
que se dirigen contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en tanto que allí se definió el litigio.

Así las cosas, se anticipa el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
dado que los argumentos que soportan el embate contra la sentencia constituyen
una extensión de la discusión que se surtió en las respectivas instancias.

En efecto, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el curso de la
actuación administrativa –reclamación previa del reconocimiento de los
emolumentos–, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (demanda y
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia) y los
argumentos propuestos en la solicitud de tutela, se deduce con claridad que lo
pretendido es trasladar al escenario constitucional el debate jurídico que fue decidido
por los jueces de instancia dentro del respectivo medio de control.

Téngase en cuenta que el papel del juez constitucional no es el de superior funcional
de los jueces ordinarios, por ende, le está vedado realizar juicios de corrección4 de
las decisiones judiciales proferidas por estos, salvo casos excepcionales que,
después de constatar lo pretendido por el demandante, no se presentan en esta
ocasión.

La existencia de un juez natural es una garantía del debido proceso que dimana del
artículo 29 constitucional, cuando este se refiere al derecho de ser juzgado «ante
juez o tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de
cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman
funciones que no les han sido encomendadas o que corresponden a otra entidad.

4 En tal sentido puede consultarse la Sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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La ley, en desarrollo de la Carta Política, prevé un proceso y unas autoridades para
dirimir determinadas controversias judiciales, por lo que no podría una autoridad que
no esté investida de competencia resolver litigios que no le han sido asignados. El
juez constitucional no es un juez de lo contencioso administrativo, razón por cual, y
como regla general, no tiene el papel de definir la juridicidad de un acto
administrativo o el reconocimiento de reclamos prestacionales negados por las
autoridades respectivas: cualquier intención dirigida a ese fin debe ser auto
restringida. De lo contrario, la justicia constitucional se antepondría a los principios
del juez natural, independencia y autonomía judiciales.

Volviendo al asunto bajo estudio, la inconformidad que plantea el demandante en la
tutela, respecto de las decisiones judiciales, se centra en cuestionar las razones por
las que (i) se le reconoció la pensión en una cuantía del 50%, en lugar del 68.03%
pretendido, que fue el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral; (ii) la
procedencia del reajuste de la indemnización, como consecuencia de la variación del
porcentaje de pérdida de la capacidad laboral; (iii) que se omitió valorar las pruebas
sobre el reconocimiento de los perjuicios reclamados; (iv) el cumplimiento de las
condiciones para ser reconocido como reservista de honor y (v) que la sentencia
debió condenar en costas a la entidad demandada.

Por su parte, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, al igual que el
escrito de apelación contra la sentencia ordinaria, dan cuenta de que el objeto y los
fundamentos de las pretensiones y la alzada contra la decisión de primer grado son
exactamente idénticos a los argumentos que se esbozan en la tutela, naturalmente,
con exclusión de aquellas pretensiones que fueron concedidas. De ahí que, la Sala
deba desestimar la finalidad del actor en virtud de la cual busca reabrir el debate
sobre los emolumentos y perjuicios que le fueron negados con argumentos que
responden razonablemente a la controversia judicial planteada.

Conviene destacar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió sobre
los puntos de disenso del demandante, así:

• La cuantía de la pensión: el tribunal sostuvo que la Ley 923 de 2004
es una ley marco que trazó elementos generales para fijar el régimen
salarial y prestacional de la fuerza pública. Concretamente, estimó que
dicha ley exigió el deber de acreditar la disminución de la capacidad

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laboral en un porcentaje mínimo del 50%, pero no estableció la tasa de
reemplazo para que el Gobierno Nacional se ocupara de ese punto.
Por tanto, consideró que el quo acertó en la aplicación del numeral 2.1
del artículo 2 del Decreto 1157 de 2014, según el cual, cuando el
porcentaje de pérdida de la capacidad laboral es igual o superior al
50% e inferior al 75%, la cuantía de la mesada es del 50% del salario.

• Improcedencia de la reliquidación de la indemnización por
pérdida de la capacidad laboral. El tribunal hizo un juicio de
corrección sobre la decisión de primera instancia que determinó que
los actos que ordenaron la indemnización debieron demandarse
dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación; en su lugar,
se decantó por la teoría de que como dichos actos se relacionaban
con el reconocimiento de la pensión sí podían demandarse con
posterioridad. Finalmente, concluyó que la indemnización por pérdida
de capacidad laboral era incompatible con el reconocimiento de la
pensión de invalidez porque constituía una doble compensación.

De suerte que negó la reliquidación de la indemnización y, además,
ordenó descontar el valor pagado por dicho concepto de la pensión de
invalidez reconocida.

• La calidad de reservista de honor. El tribunal estimó improcedente decidir
sobre dicho asunto, debido a que, al corregir la demanda, no se incluyó el
acto administrativo que resolvió la respectiva situación jurídica.

• Sobre los perjuicios materiales y morales. Aun cuando la autoridad judicial
accionada admitió que era posible la reparación del daño en los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho, desestimó dichas pretensiones por
falta de prueba de que los perjuicios materiales y morales fueron daños
adicionales a las situaciones que favorecieron al demandante con el
restablecimiento del derecho.

• La condena en costas. El tribunal determinó que ante la prosperidad del
parcial del recurso de apelación se abstenía de condenar en costas.

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En síntesis, la respuesta que dio el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
corresponde a una razonable delimitación de los problemas jurídicos fijados a partir
de las pretensiones de la demanda. En dicho estudio se definieron todos los debates
de la discusión propuesta y se hizo el juicio de corrección en los aspectos que, en su
sentir, fueron valorados inadecuadamente en la primera instancia. Los argumentos
del tribunal ad quem, se muestran razonables al fundarse en normas jurídicas y en la
jurisprudencia que, prima facie, se adecúan al litigio, así como a la valoración las
pruebas aportadas.

Pretender que el juez constitucional asuma un nuevo estudio de estos argumentos,
lo matricularía en el papel del juez ordinario, sin que existan razones que justifiquen
una injerencia de ese tipo, mucho menos si el tribunal demandado, como acaba de
decirse, analizó y decidió razonablemente el conflicto, a partir de una exposición del
marco normativo y jurisprudencial de la pensión de invalidez en el régimen especial
de las Fuerzas Militares, del valor de la pensión de invalidez y su incompatibilidad
con la indemnización por invalidez, del deber de demandar los actos que resuelvan
una situación jurídica sobre la que se reclama un restablecimiento del derecho, de la
procedencia del reconocimiento de los perjuicios y la reparación del daño en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y de las reglas para la condena
en costas en el caso concreto.

Aceptar que el demandante traslade el litigio y su visión particular del caso al
escenario de la tutela, hasta obtener una decisión totalmente favorable a sus
intereses, restaría valor a esta acción constitucional y, de paso, vaciaría la
competencia de los jueces ordinarios y de los medios de control legalmente previstos
para debatir un asunto como el que fue decidido en su escenario natural.
Recuérdese, entonces, que este mecanismo de estirpe constitucional fue creado
para proteger derechos fundamentales y no para que las partes del proceso
ordinario ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En últimas, la inconformidad de la parte actora tiene un móvil económico,
especialmente, en lo que atañe a la negativa del tribunal de imponer condena en
costas a la demandada en aquel proceso. No cabe duda de que lo pretendido por el
señor Romaña Bejarano es que se ordene disponga el reconocimiento de los gastos
en que incurrió para impulsar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
(expensas), así como de los honorarios de abogado (agencias en derecho),

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circunstancia que, a todas luces, no comporta la vulneración de ningún derecho
fundamental por ser un debate estrictamente patrimonial que escapa al ámbito de
protección del juez de tutela.

Así las cosas, habrá de declararse improcedente la tutela respecto de los anteriores
reparos.

• Análisis del desconocimiento del precedente

De otro lado, el demandante alegó el desconocimiento del precedente. Al respecto,
esta Corporación ha sostenido el deber de examinar la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales por este supuesto, a partir de las siguientes reglas5:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció6.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó
de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente7).

5 Sobre el tema, ver, entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
6 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del

hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para
lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica» (se
destaca).
7 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver,

entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.
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e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto8.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la
garantía de la confianza legítima.

Revisados los argumentos de la solicitud de amparo, se descarta que el tribunal
demandado hubiera desconocido el precedente contenido en la sentencia del 23 de
marzo de 2018 (radicado 05001-23-33-000-2014-00661-01), toda vez que allí, en
aplicación del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, la Sección Segunda del Consejo
de Estado sostuvo que en los procesos en los que se discutan prestaciones
periódicas no hay lugar a la devolución de las sumas de dineros pagadas, salvo que
se demuestre la mala fe de quien las recibió. Este caso, la orden de descuento recae
sobre el valor de la indemnización -prestación fija o concreta- y, por ende, es claro
que no se trata de una prestación periódica. Además, la decisión fue coherente con
el estudio de la incompatibilidad del reconocimiento de la pensión de invalidez y la
indemnización por pérdida de la capacidad laboral, el cual se fundó en argumentos
razonables, cuya revisión con prisma de instancia de adicional escapa a la
competencia del juez de tutela.

En el mismo sentido, la parte demandante alegó que se desconoció el precedente
contenido en la sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 003/16, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en lo atinente a la compatibilidad de la
pensión de invalidez y la indemnización por pérdida de la capacidad laboral.
Analizado el contenido de la enunciada providencia, en manera alguna se desprende
la situación fáctica y jurídica propuesta en la tutela. El asunto que allí se debatió y
que unificó la Sección Segunda de esta Corporación fue el reajuste salarial a favor
de los soldados voluntarios que fueron incorporados como soldados profesionales, y
no la compatibilidad de la pensión de invalidez y la indemnización por pérdida de la
capacidad laboral. De hecho, la decisión del tribunal se fundó en un

8 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de
la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte
resolutiva». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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pronunciamiento9 de la Sección Segunda de esta Corporación, en el que se
determinó la imposibilidad de reconocer ambos emolumentos.

Frente a la falta de aplicación de la sentencia que unificó el valor de los perjuicios
morales para los casos de lesiones personales y la sentencia del 19 de abril de
2012, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, con radicado 2500-
23-26-000-2000-00716-01 (26.828), en la que se señala el deber que tiene el
funcionario judicial de elegir el título de imputación aplicable o los fundamentos
jurídicos de la responsabilidad –iura novit curia–,no se evidencia que el tribunal
estuviera obligado a acatar o, más aún, que hubiese desconocido el contenido de
dichos razonamientos en tanto que las pretensiones del proceso ordinario estaban
dirigidas a cuestionar la legalidad de unos actos administrativos, razón por la cual las
reglas que regían el contencioso de validez y el margen de decisión del juez eran las
de la justicia rogada, es decir, la parte debía explicitar las razones sobre las que
versaría el pronunciamiento de la autoridad judicial.

Además, en lo referente a los perjuicios reclamados, el criterio al que se ajustó el
tribunal ad quem fue el de la improcedencia de su reconocimiento por tratarse de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que, si bien es posible
reclamar la reparación del daño, en el caso concreto no se daban los presupuestos
para el efecto.

Así pues, no es que el tribunal desconociera la existencia de las sentencias
enunciadas, lo que ocurre es que el demandante, por vía de tutela, pretende
introducir aspectos propios de la responsabilidad patrimonial del Estado que no
fueron debatidos en la respectiva instancia. Incluso, lo procedente era que atacara la
tesis del tribunal de que los perjuicios reclamados se conjuraban con el
restablecimiento del derecho que había sido ordenado y así no se hizo.

Bajo tales consideraciones, la Sala negará la solicitud de amparo en cuanto al
desconocimiento del precedente alegado.

3.2. Segundo problema jurídico: análisis del trámite de cumplimiento de la
condena.

9 Sentencia de 25 de julio de 2019, radicado 81001-23-33-000-2013-00165-01 (0700-2016)

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

El demandante estimó que la falta de pronunciamiento del Grupo de Prestaciones
Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, respecto de la solicitud de cumplimiento
de las sentencias proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
vulnera sus derechos fundamentales. Además, en escrito del 31 de marzo de 2022
–aportado con posterioridad a la radicación de la tutela– sostuvo que la entidad
desconoció lo previsto en el artículo 2.8.6.4.1 del Decreto 2469 de 2015, en lo
concerniente al trámite oficioso del pago de las condenas.

La Sala encuentra que, en efecto, el 7 de noviembre de 2021, el demandante radicó
mediante correo electrónico una solicitud de cumplimiento de la condena ante la
citada entidad y que, el 17 de diciembre siguiente, dicha solicitud fue
complementada.

En efecto, esta Subsección constata que la entidad accionada se encuentra dentro
del término previsto en el artículo 19210 de la Ley 1437 de 2011, para cumplir con la
condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo
que, en principio, la tutela no es la vía para anticipar o escudar la adopción de los
términos expresamente consagrados por el legislador, de suerte que, no puede
afirmarse que el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa esté
vulnerando los derechos fundamentales del demandante en los términos
reclamados.

Si bien el accionante solicita que el juez de tutela aplique la excepción de
inconstitucionalidad, en relación con el artículo 4 de la Ley 700 de 2001, el parágrafo
1 del artículo 9 de la ley 797 de 2003 y el artículo 192 de la ley 1437 de 2011, lo
cierto es que, en primer lugar, las Leyes 700 de 2001 y 797 de 2003, en manera
alguna se refieren a los términos para cumplir con decisiones judiciales, sino a los
requisitos para el reconocimiento de la pensión y el plazo para decidir la solicitud de
la prestación. En cuanto al enunciado artículo 192 del CPACA, no hay evidencia de
que se hubiese elevado ante el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de

10 «ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE
LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro
del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias
para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de
dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la
ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada (…)».
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Defensa una solicitud bajo dichos parámetros, es decir, no se acreditó una petición
en tal sentido, por consiguiente, le estaría vedado al juez constitucional ordenar la
anticipación del cumplimiento de la condena, sin que previa y directamente se
hubiese requerido en tal sentido a las autoridades encargadas de disponer el
cumplimiento voluntario o forzoso de la sentencia.

Se insiste, esta Corporación no podría sustituir la labor de la accionada y definir si
procede o no la expedición inmediata del acto administrativo de cumplimiento de la
sentencia y la inaplicación de las normas y los términos solicitados, puesto que es el
destinatario de la solicitud, quien, en principio, debe verificar si esta se aviene a las
exigencias legales o si es necesario que el acreedor cumpla con las condiciones
contempladas en el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015. Y aun cuando el
demandante alegó en la adición a los argumentos de la tutela, que la entidad
incumplió el término previsto en el artículo 2.8.6.4.2 del Decreto 2469 de 2015,
ocurre que el parágrafo de la misma disposición normativa supedita la expedición de
la resolución de pago oficiosa a la existencia de disponibilidad presupuestal,
circunstancia de la que esta Sala no tiene información o control alguno.

Conviene señalar que en reciente pronunciamiento de la Sala11 se estudió una
acción de tutela en la que se discutió la vulneración de sus derechos fundamentales
a la vida, a la salud, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la reparación e
indemnización, por falta de cumplimiento de la condena dispuesta en un proceso de
reparación directa. En ese caso, se encontró que la condición del demandante,
quien había sido diagnosticado con paraplejía y se encontraba en situación
socioeconómica bastante precaria, lo ubicaban en un contexto de vulnerabilidad
susceptible de ser protegido por vía de tutela, porque, además, se demostró el
vencimiento (en más de un año) del término previsto en el artículo 177 del Decreto
01 de 1984 para el pago de la condena impuesta.

Esas circunstancias no se evidencian en este caso, porque al momento de
interponer la tutela solo habían transcurrido un poco más de tres meses desde la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia y de la solicitud de cumplimiento, es
decir, la autoridad se encuentra dentro de la oportunidad prevista en el artículo 192
de la Ley 1437 de 2011 para proceder de conformidad, y es por ello que debe

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de tutela del 24 de septiembre de

2021, radicado 11001-03-15-000-2021-05141-00
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

prevalecer su competencia y la parte está obligada, si a bien lo tiene, a solicitarle a
ella la inaplicación de los términos para el cumplimiento de la sentencia judicial

El argumento del demandante sobre su condición de víctima de desplazamiento
forzado no es una situación actual con incidencia en este trámite que permita
flexibilizar la procedencia de la orden de pago por vía de tutela, máxime si está
vigente el término que la ley le confirió a la autoridad y –valga redundar– no se
acredita la existencia de una solicitud expresa ante el pagador. En cuanto al
desplazamiento, fue con posterioridad a ese hecho que el actor se incorporó a la
Armada Nacional y, aunque, según lo debatido en el proceso ordinario, sufrió una
pérdida de su capacidad laboral, esa circunstancia no es suficiente por sí sola para
acceder judicialmente a la pretensión de que se ordene el cumplimiento inmediato
de la sentencia dictada por el tribunal demandado y desatender la competencia de la
entidad en la materia.

En suma, la parte actora no acreditó circunstancias especiales y adicionales que
obliguen a la Sala a sustituir la tarea de la autoridad administrativa y emprender un
estudio de fondo sobre la excepción de inconstitucionalidad en el caso concreto.

Consecuente con lo anterior, la Sala negará la solicitud de amparo en lo
concerniente a la orden de cumplimiento inmediato de las sentencias condenatorias
proferidas en el proceso de nulidad de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantado por el demandante.

3.3. Respuesta al tercer problema jurídico: las pretensiones relacionadas
con la solicitud de ejecución de la condena

Por último, el demandante se mostró inconforme con el Juzgado Primero
Administrativo Mixto de Buenaventura, porque desde el 25 de enero de 2022 radicó
la demanda ejecutiva para el cumplimiento forzoso de la condena, sin obtener
decisión de ninguna naturaleza.

Una vez notificado del trámite de tutela, el juzgado rindió informe con el que acreditó
que, en auto del 28 de febrero de 2022, se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo
de pago, porque la demanda se presentó antes del vencimiento del término de diez

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

(10) meses, previsto en los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011 y 307 de la Ley
1564 de 2012.

Por tanto, al verificarse la existencia de una decisión judicial, desapareció el motivo
de inconformidad con el trámite de la demanda ejecutiva, en tanto que el reproche
del accionante tenía como eje la falta de pronunciamiento del juzgado respecto de la
pretensión de ejecución; y, como la autoridad judicial accionada ya se pronunció
sobre el cumplimiento judicial de la prestación reconocida en la demanda ordinaria,
se configura la carencia actual de objeto. Esta figura se caracteriza por hacer que
cualquier orden que imparta el juez de tutela se torne inocua, es decir, resulta
intrascendente emitir un pronunciamiento de fondo frente a la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren
consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado12. Empero, la
Corte también ha dicho que «es posible que la carencia actual de objeto no se derive
de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a (sic) de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto».

El hecho sobreviniente, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-522 de 201913, se configura cuando exista cualquier otra
circunstancia que determine que «la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado
en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío».

De suerte que las aspiraciones del accionante respecto del debate en el proceso
ejecutivo quedaron satisfechas porque durante el trámite de la acción de tutela se
emitió el pronunciamiento que se echaba de menos, sin que corresponda a la Sala
escrutar las razones que sustentan la referida providencia, puesto que no fue parte
del debate propuesto, precisamente, porque no existía decisión judicial que
cuestionar.

12 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
13 M.P. Diana Fajardo Rivera.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4. Conclusión

De conformidad con el análisis efectuado, la Sala (i) declarará improcedente la
acción de tutela promovida por el señor Elver Romaña Bejarano, en relación con la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la salud, a la vida digna y al mínimo vital, y (ii) negará el amparo
solicitado, en lo que concierne al desconocimiento del precedente alegado y a las
pretensiones sobre el cumplimiento inmediato de las sentencias y la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad. Finalmente, (iii) declarará la carencia actual de
objeto en cuanto a las pretensiones solicitadas contra el trámite del proceso
ejecutivo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Elver
Romaña Bejarano, en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales
atribuida a las providencias del 27 de marzo de 2020 y el 28 de octubre de 2021
proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Buenaventura y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76109-33-33-001-2017-00047-
00/01, por las razones anotadas en la motivación de la sentencia.

SEGUNDO. Negar el amparo solicitado, en lo atinente al defecto por
desconocimiento del precedente, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de este fallo.

TERCERO. Negar la solicitud de amparo en lo concerniente a la pretensión de
cumplimiento inmediato de la condena impuesta en la sentencia proferida el 28 de
octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76109-33-33-001-
2017-00047-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01210-00
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

CUARTO. Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones dirigidas
contra el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura, en lo concerniente al
trámite de la demanda ejecutiva.

QUINTO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

SEXTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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