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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01230-00

Fecha
18 de marzo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01230-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, seguridad social e igualdad invocados por el señor Oliverio Barrero Mendoza, por las razones expuestas en las consideraciones. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01230-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

18 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-01230-001
Actor : Oliverio Barrero Mendoza
Demandados : Magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, seguridad social e
igualdad

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Oliverio
Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, seguridad social e igualdad.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor Oliverio Barrero Mendoza, a través de
apoderado, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan las
garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas
por los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 9 de
diciembre de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Tolima
revocó el de 8 de noviembre de 2019, con el que el Juzgado Tercero (3º)
Administrativo de Ibagué accedió parcialmente2 las pretensiones formuladas
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra el departamento del Tolima - fondo territorial de pensiones
(expediente 73001-33-33-003-2019-00026-01), para negarlas; en su lugar, se
ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que se
concedan las súplicas formuladas en ese asunto contencioso-administrativo.

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Comoquiera que si bien ordenó «[…] reliquidar la pensión de vejez del demandante, teniendo en cuenta el
75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios […]», también lo es que
declaró la prescripción «[…] de las diferencias causadas con anterioridad al 24 de enero de 2016».

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01230-00
Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima

1.2 Hechos3. Relata el accionante que nació el 15 de octubre de 1939, laboró
como docente del departamento del Tolima desde el 9 de marzo de 1960 hasta
el 23 de febrero de 2005 y el fondo territorial de pensiones del Tolima le
reconoció pensión de jubilación, a través de Resolución 879 de 5 de
septiembre de 1979, «[…] al cumplir 20 años de servicios sin contemplar la
edad», con fundamento en la Ordenanza 57 de 1966.

Que el 27 de noviembre de 2012 presentó solicitud de reliquidación pensional
«[…] con el 75% del promedio salarial devengado en el último año de
servicios», negado el 6 de febrero de 2013, por conducto de Resolución 250,
con fundamento en que «[…] no se puede pretender un derecho sustentado en
una norma desaparecida del ordenamiento jurídico», determinación
confirmada el 18 de abril siguiente, con Resolución 107, lo que «[…] dejó
agotada la vía gubernativa».

Dice que, inconforme con lo anterior, acudió ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el departamento del Tolima - fondo territorial de pensiones
(expediente 73001-33-33-003-2019-00026-01), del que conoció el Juzgado
Tercero (3°) Administrativo de Ibagué que, con fallo de 8 de noviembre de
2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al estimar que
«[…] el derecho a la pensión del demandante se consolidó a partir del 1º de
agosto de 1979 y en tal virtud, la misma se debe regir por la Ley 6ª de 1945 y
las normas que la modificaron o adicionaron, en lo referente a edad, tiempo y
monto pensional».

Que, previa interposición de recurso de apelación por el ente estatal
demandado4, la aludida decisión judicial de primera instancia fue revocada el
9 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Tolima, al
considerar que «[…] NO tiene derecho a que la entidad demandada reliquide
y pague su pensión de jubilación, incluyendo como factores pensionales [el]
auxilio de transporte [y las] prima[s] de alimentación, […] navidad y […]
vacaciones, devengadas durante el año inmediatamente anterior al retiro del
servicio, [toda vez que dichos factores no están enunciados] en el artículo 1 de
la Ley 62 de 1985 […]».
3
Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que
presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten datos necesarios para
contextualizar el asunto sub examine. Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de
informalidad, prevalencia del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos
tanto en la petición de tutela, como en los documentos allegados al expediente.
4
Al considerar que, de acuerdo con la línea jurisprudencial vigente del Consejo de Estado, solo es dable
ordenar la reliquidación pensional con la inclusión de los factores sobre los cuales se hayan efectuado
cotizaciones.

2

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Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima

Aduce que la providencia censurada incurre en (i) desconocimiento del
precedente jurisprudencial trazado por el Consejo de Estado, según el cual si
bien es cierto que la pensión de jubilación se otorgó en virtud de la Ordenanza
57 de 1966, anulada posteriormente por el Tribunal Administrativo del
Tolima, también lo es que ello no le resta el carácter ordinario a esa mesada,
por lo que es procedente su reliquidación, máxime cuando se discute su
reajuste, mas no su reconocimiento; (ii) violación directa de la Constitución
Política, toda vez que se desatendió el principio de favorabilidad en materia
laboral, consagrado en el artículo 53 superior: y (iii) defecto sustantivo,
habida cuenta de que concluye que su régimen pensional es el contenido en la
Ley 33 de 1985, cuando, por el contrario, «los [d]ocentes [p]ensionados del
[d]epartamento del Tolima [están cobijados] […] por la Ley 6ª […] de 1945».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 24 de febrero de 2022, admitió la presente acción, ordenó notificar
a los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima y dispuso
vincular a los señores gobernador y director del fondo territorial de pensiones
del Tolima, en los términos previstos en el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima se
oponen el presente trámite constitucional, por cuanto el asunto sometido a su
consideración «[…] era la revisión de la liquidación de la pensión de
jubilación reconocida a un docente con base en la Ordenanza 057 de 1966, la
cual desapareció de la vida jurídica, a través de sentencia proferida por es[a]
corporación [el 13 de diciembre de 1990] y confirmada por el Consejo de
Estado [el 29 de noviembre de 1993], al tornarse ilegal, y en consecuencia
es[a] Sala acogió la tesis planteada […] en [fallo] de 18 de febrero de 2010
[…]» de la sección segunda del Consejo de Estado, que admite la posibilidad
de estudiar «[…] la procedencia de la reliquidación de la [prestación]
extralegal que disfruta el actor, a la luz de las normas que regulan la pensión
de jubilación del sector docente general».

Con base en ello, se estableció que el régimen pensional que le resultaba
aplicable al tutelante era el contenido en la Ley 33 de 1985, y como no

3

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Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima

acreditó haber realizado las cotizaciones sobre los factores enumerados en la
Ley 62 de 1985, no procedía el reajuste pensional solicitado.

2.1.2 Los señores gobernador y director del fondo territorial de pensiones del
Tolima guardaron silencio en la oportunidad procesal prevista para el efecto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas
de reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000,
determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por el
accionante, quien aduce vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, seguridad social e igualdad.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de
1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite
preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar la providencia de 9 de
diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por
cuyo conducto se revocó la de 8 de noviembre de 2019, con la que el Juzgado
Tercero (3º) Administrativo de Ibagué accedió parcialmente a las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que el actor
promovió contra el departamento del Tolima - fondo territorial de pensiones
(expediente 73001-33-33-003-2019-00026-01), para en su lugar, negarlas; y
en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido
proceso, seguridad social e igualdad invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que

4

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Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima

declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio

5

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Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
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iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que la actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso
judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

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Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales5, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20126, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos7.

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 20148, proferido por la sala plena de
lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio
de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el
principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales
y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron
el de inmediatez y subsidiariedad.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social e igualdad del actor; (ii) contra la decisión objeto de censura
no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia
y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada9 quedó

5
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio
de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López
Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
6
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
7
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
8
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,
C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Notificada por correo electrónico el 11 de enero de 2022.

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ejecutoriada el 14 de enero de 2022 y la solicitud de amparo se instauró el 18
de febrero siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (1 mes y 3
días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el
fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas desconocimiento
del precedente, violación directa de la Constitución y defecto sustantivo
invocadas por el actor.

3.5.1 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia10, y la segunda hace
referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente
horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la
providencia adolece de un defecto sustantivo11 en virtud de los principios del
debido proceso, igualdad y buena fe12.

3.5.2 Violación directa de la Constitución. Este defecto se estructura cuando
el juez ordinario adopta una postura que desconoce la Carta Política, y en el
evento de la tutela contra providencia judicial, cuando (i) en esta se deja de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata
y (iii) el juez en sus decisiones vulnera derechos fundamentales sin aplicar el
principio de interpretación conforme a la Constitución.

3.5.3 Defecto sustantivo. Sea lo primero anotar que el artículo 230 de la
Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio

10
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
11
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
12
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M.
P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir
las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como
expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional13 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es
decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso
concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro
asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de
una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso
de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de
alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales14.

3.5.4 Solución al caso concreto. En el asunto sub judice el actor sostiene que
la providencia reprochada incurre en (i) desconocimiento del precedente
jurisprudencial trazado por el Consejo de Estado, según el cual si bien es
cierto que su pensión de jubilación fue reconocida en virtud de la Ordenanza
57 de 1966, anulada con posterioridad por el Tribunal Administrativo del
Tolima, también lo es que ello no le resta el carácter ordinario a esa mesada,
por lo que es factible su reliquidación en los términos solicitados; (ii)
violación directa de la Constitución Política, toda vez que desatendió el
principio de favorabilidad en materia laboral, consagrado en el artículo 53
superior; y (iii) defecto sustantivo, habida cuenta de que inobserva que el
régimen pensional que debe acogerse para examinar el reajuste pensional
deprecado es el contenido en la Ley 6ª de 1945.

Para desatar la primera de las mencionadas inconformidades, resulta oportuno
anotar que el Consejo de Estado, con sentencia de 29 de noviembre de 1993,
confirmó la decisión de 13 de diciembre de 1990 del Tribunal Administrativo
del Tolima, consistente en declarar la nulidad de los artículos 25, 26 y 27 de la
Ordenanza 57 de 1966 (con base en la que se le reconoció la pensión de
jubilación al actor), al estimar que la asamblea del Tolima no era competente
13
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
14
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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del Tolima

para regular prestaciones sociales, no obstante, precisó que «[…] el anterior
pronunciamiento no afecta pensiones hasta ahora reconocidas».

Respecto de las controversias suscitadas ante la jurisdicción contencioso-
administrativa para obtener la reliquidación de las pensiones concedidas con
base en la Ordenanza 57 de 1966, surgieron por parte de esta Corporación dos
interpretaciones en relación con qué régimen pensional les era aplicable a
dichas prestaciones, comoquiera que habían sido otorgadas por una norma que
desapareció del ordenamiento jurídico.

La primera se encuentra consignada en la sentencia de 7 de junio de 200715,
en los siguientes términos:

Conforme a lo expuesto, si la reliquidación de la pensión a la que aspira
el demandante tiene su fundamento en lo establecido por la Asamblea del
Tolima, y tal acto por ser contrario a la Constitución fue declarado nulo
por esta jurisdicción, la petición no puede prosperar. Como ya se indicó,
a las asambleas departamentales no les correspondía regular las materias
relativas a las prestaciones de los empleados al servicio de los
departamentos ni de sus entidades descentralizadas. Por este aspecto las
pretensiones de la demanda no podrían prosperar. La demanda en el
presente caso fue presentada el 30 de noviembre de 2000, luego de la
declaratoria de nulidad de la Ordenanza 57 de 1966.

[…]

En estas condiciones mal podría la Sala reconocer un emolumento con
base en una norma que ya fue declarada nula. En otras palabras, la
Ordenanza no le sirve al demandante de sustento de su pretensión. La
administración en el acto administrativo demandado negó el derecho al
peticionario, entre otros, bajo el argumento de que la liquidación
pensional se efectuó con fundamento en la Ordenanza 57 de 1966. El
estudio de legalidad del acto conforme a los argumentos que expresa el
demandante y que adujo ante la administración, tendientes a que se
incluyan en su liquidación todos los sueldos devengados en el último año
de servicios, incluidos la prima de navidad y académica, implicaría para
la Sala, necesariamente, revisar la decisión acusada a la luz de la
disposición ordenanzal que sirvió de sustento al acto de reconocimiento y
liquidación de la prestación, disposición que ya ha desaparecido del
ordenamiento jurídico, motivo por el cual no están llamadas a prosperar
las pretensiones de la demanda.

La segunda, en providencia de 18 de febrero de 201016, en la que se
determinó:

15 Sección segunda, subsección B, M. P. Alejandro Ordóñez Maldonado, expediente: 73001-23-31-000-200003669-01

(4016-05).
16 Sección segunda, subsección B, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente: 73001-23-31-000-200402509-01.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01230-00
Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima

La actora fue pensionada al cumplir el requisito “tiempo de servicio” que
la Ordenanza 057 de 1966 estableció, pero ésta sola circunstancia no le
otorga el carácter de especial al derecho pensional que en todo caso está
sujeto a las normas que regulan la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes, en cuanto a fatores que conforman la base liquidatoria.

Sobre este punto y como la actora fue pensionaba bajo la vigencia de la
Ley 33 de 1985, ha de precisarse que la normatividad aplicable para
determinar la base liquidatoria, es la Ley 62 de 1985, frente a la cual no
logró demostrar haber percibido además de la asignación básica; las
primas de antigüedad, técnica, ascensional, de capacitación, dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio. Por el contrario, acorde con la certificación anexa al
expediente y suscrita por la Técnica Administrativa del Fondo Educativo
Regional Tolima, la señora Ana Lindelia Valderrama de Rubio percibió
en el año anterior al reconocimiento pensional, esto es, 24 de marzo de
1987 a 23 de marzo de 1988, prima de navidad, de alimentación y auxilio
de transporte (Fol. 72) los cuales a la luz de la normatividad que le resulta
aplicable, no constituyen factor salarial para liquidar el derecho pensional.

En punto a la solicitud de reliquidación de la mesada pensional destaca
la Sala que no se comparten los argumentos consignados en la
providencia recurrida sobre la imposibilidad de peticionar esta
reliquidación y el reajuste del derecho pensional por haberle sido
reconocida en virtud de la Ordenanza 057 de 1966 que finalmente fue
anulada por la autoridad administrativa, porque, a pesar de que el
reconocimiento se dio bajo unos requisitos especiales (los previstos en la
referida ordenanza) ello no le resta el carácter de ordinaria a dicha
pensión, máxime cuando la petición procura la aplicación de las normas
reguladoras de la pensión ordinaria de jubilación. Distinto sería que se
solicitara la aplicación del acto departamental que consagró requisitos
especiales, pues en este evento, no habría lugar a acceder a ello, por el
tantas veces citado argumento, de que solo el Congreso es el autorizado
constitucionalmente para fijar el régimen prestacional y salarial de los
empleados públicos.

De la jurisprudencia trascrita se tiene que, como se anotó, el Consejo de
Estado ha adoptado dos criterios disímiles frente al asunto materia de
controversia; uno, consistente en negar la reliquidación pensional reclamada,
al considerar que el origen de la mesada es ilegal, lo que hace improcedente el
estudio de su reajuste; y el otro, accede a dicha súplica, en razón a que, pese a
la mencionada ilegalidad, se equipara la pensión de jubilación otorgada con
fundamento en la Ordenanza 57 de 1966, a una ordinaria regida por la Ley 33
de 1985.

Revisado el fallo objeto de censura constitucional, se observa que las
autoridades accionadas señalaron que «[…] acogerá[n] la tesis planteada por

11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01230-00
Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima

[su] órgano de cierre en la providencia de [18 de febrero de] 2010, […] y se
revisará la procedencia de la reliquidación de la [prestación social] que
disfruta el actor a la luz de las normas que regulan la pensión de jubilación
del sector docente», es decir, la tesis más favorable, motivo por el cual
analizaron el reajuste deprecado por el tutelante conforme al régimen
pensional contenido en la Ley 33 de 1985.

En este orden de ideas, se colige que acerca del referido tema no existe una
línea jurisprudencial unánime del Consejo de Estado que imponga a los jueces
y tribunales administrativos asumir un rumbo determinado, lo que ha
generado que en algunas oportunidades se acceda a la reliquidación de la
pensión de jubilación con base en la Ordenanza 57 de 1966, mientras que en
otras se niegue, en atención al principio de autonomía judicial. Sobre el
particular, la Corte Constitucional17 sostuvo:

[…] la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el precedente no
puede convertirse en una restricción a la autonomía del juez, por ello
el juzgador puede apartarse del mismo, siempre y cuando, cumpla con
ciertos requisitos: transparencia y suficiencia.

Como se señaló en la parte motiva [...] ante la falta de unidad en la
jurisprudencia sobre un determinado tema le corresponde el juez
exponer en su providencia la diversidad de criterios y, tomar partida
sobre la decisión que interprete mejor el imperio de la ley. En el
asunto bajo estudio, si bien el tribunal accionado no hizo explícita la
diversidad de criterios, considera la Sala que ello no tiene la entidad
ni la trascendencia para constituir una violación del precedente
vertical, por cuanto: (i) esbozó de manera integral los argumentos que
defienden una de las posiciones que el Consejo de Estado ha adoptado
sobre el tema; e (ii) hizo referencia parcial a la diversidad de criterios,
en la medida que citó providencias del alto tribunal de lo contencioso
administrativo que respaldaban su tesis. Por lo tanto, se concluye que
no se configuró la causal por desconocimiento del precedente vertical,
en la medida que, el tribunal accionado en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, por medio de una interpretación razonada y
justificada, tomó partida de la posición que sostiene una parte de la
Sección Segunda del Consejo de Estado […].

Así las cosas, en la sentencia acusada, los magistrados del Tribunal
Administrativo del Tolima, en virtud de su autonomía, acogieron el
pronunciamiento de esta Corporación que estimaron razonable y explicaron
los argumentos de su decisión, con lo que colmaron los correspondientes
criterios de suficiencia y transparencia que se exigen para motivar las

17
Sentencia T-354 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima

decisiones judiciales, por lo que no incurren en desconocimiento del
precedente judicial.

En lo atañedero al reproche de violación directa de la Constitución Política,
consistente en que en el sub lite se desatendió el principio de favorabilidad en
materia laboral, consagrado en el artículo 5318 superior, se evidencia que las
autoridades accionadas no incurrieron en la aludida causal, habida cuenta de
que de lo analizado en precedencia se deduce que no pretermitieron
disposición alguna de carácter ius fundamental o aplicaron la ley al margen de
la Carta Política, por el contrario, acogieron la tesis que le resultaba más
favorable, al estudiar sus pretensiones con fundamento en la Ley 33 de 1985,
distinto es que hayan concluido que no había lugar a conceder la reliquidación
pensional deprecada, lo que no implica inobservancia de sus garantías
superiores.

En relación con el fallo de 18 de febrero de 2010 de esta Corporación, cuyo
criterio fue acogido por los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima, la Corte Constitucional, en sentencia T-24 de 5 de febrero de
201819, sostuvo que «[…] expone argumentos sólidos y constitucionalmente
viables, pues desde este punto de vista se indica que, si bien se reconoce la
invalidez del fundamento de la pensión, las circunstancias que rodean a la
misma no pueden caer en un vacío normativo que desconocería los derechos
de esos pensionados. Por tanto, se argumenta que, al desaparecer el
fundamento de esas pensiones, éstas deben ser asumidas por la regulación
general aplicable al caso (normas ordinarias de pensiones de docentes a nivel
nacional)»; interpretación que resulta ser la más favorable a los pensionados

Por otro lado, el tutelante aduce que la providencia enjuiciada incurre en
defecto sustantivo, pues, a su juicio, al haberse desempeñado como docente
vinculado por el fondo territorial de pensiones del Tolima, el régimen con
fundamento en el cual las autoridades accionadas debieron estudiar su
solicitud de reliquidación pensional es el contenido en la Ley 6ª de 1945, y no
en la 33 de 1985, como erróneamente lo hicieron.

18
«El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad».
19
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

13

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Para decidir si la mencionada inconformidad del tutelante tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno anotar que han sido varias las normas que han
regulado el régimen jurídico aplicable al reconocimiento de las pensiones de
jubilación, en tal sentido el artículo 17 de la Ley 6ª de 194520 preceptuaba:

Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de
las siguientes prestaciones.

a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por
cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se
tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al
1º de enero de 1942.

b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero
haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte
(20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a las dos
terceras partes del promedio de sueldos o jornales devengados, sin
bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de doscientos pesos ($200) en
cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía,
menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o préstamos
que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá
deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del
20% de cada pensión.

Con posterioridad, se expidió el Decreto 3135 de 196821, que, en su artículo
27, dispuso:

Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial
que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de
55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la
respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio.

No quedan sujetas a esta regla general las personas que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la ley
determine expresamente.

Por su parte, la Ley 33 de 198522, sobre el particular, consagró:

20
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
21
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales»
22
«Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público».

14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01230-00
Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima

Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20)
años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco
(55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague
una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción
que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley
disfruten de un régimen especial de pensiones.

[…]
Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente
Ley hayan cumplido quince (15) años contínuos o discontínuos de
servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de
jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.
[…]

Parágrafo 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de
esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de
jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley.

Ahora bien, la anterior Ley fue modificada por la 62 de 1985 en los siguientes
términos:

Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a
cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las
normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute
presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los
efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los
aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará
constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que
hayan servido de base para calcular los aportes.

Parágrafo único. La Caja Nacional de Previsión Social continuará
tramitando y cancelando las cesantías a los empleados y funcionarios de
la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público hasta el 31 de diciembre
de 1985, hasta concurrencia de las transferencias presupuestales que para
el efecto se le hagan.

15

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Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
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Nótese que la citada Ley 33 de 1985, en lo pertinente, prescribe como
requisitos para acceder a la pensión de jubilación por parte de los empleados
oficiales, haber servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegado a
la edad de cincuenta y cinco (55) años. Igualmente, determina que la cuantía
será del 75% del salario promedio. No obstante, en el parágrafo 2º del artículo
1° de dicha norma se consagra un régimen de transición, según el cual los
empleados oficiales que a la fecha de entrada en vigor de esa Ley23 (13 de
febrero de 1985) hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de
servicio, se les aplicará «las disposiciones sobre edad de jubilación» de la
normativa anterior, que para el caso es la Ley 6ª de 1945.

Revisada la sentencia objeto de reproche constitucional, se observa que en su
parte motiva los señores magistrados accionados afirmaron:

De entrada considera la Sala que erró el A quo, al manifestar que el
régimen pensional de[l actor] era la Ley 6ª de 1945 y el Decreto 1045 de
1978, por haber laborado más de 20 años en el servicio oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, pues de una
parte, al haber nacido el 15 de octubre de 1939, al momento de entrar a
regir la Ley 33 de 1985, le faltaba el requisito de la edad establecido en
la [L]ey 6ª de 1945 para acceder a la pensión de vejez (50 años), por lo
que automáticamente queda excluid[o] de la excepción que la misma ley
consagró en favor de quienes [al momento de entrar] a regir hubiesen
cumplido los requisitos para obtener la pensión de vejez.

Tampoco puede beneficiarse de la excepción consagrada para quienes
tuvieran más de 20 años de servicio, porque si bien tenía ese tiempo de
servicio, no se había retirado del mismo, pues su retiro se efectuó en
[febrero] del año 2005.

Su situación se enmarca dentro del régimen de transición que igualmente
la norma consagró para quienes en momento de entrar en vigencia la
[L]ey 33, habían cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de
servicio, [a] quienes continuaban aplicándose las disposiciones
únicamente sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a dicha
Ley, no obstante, los factores salariales base de liquidación para de la
pensión, son los enlistados en la [L]ey 62 de 1985 y en todo caso, solo
servirán como base de liquidación, los mismos factores [sobre los cuales
se hayan efectuado los correspondientes aportes].

De las pruebas allegadas a estas diligencias se desprende que el demandante
(i) nació el 15 de octubre de 1939; (ii) laboró al servicio del departamento del

23
Mediante sentencia C-932 de 2006, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión «rige a partir
de su sanción y» contenida en el artículo 25 de la Ley 33 de 1985 y precisó que la citada ley «[…] entró en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación, esto es, a partir del trece (13) de febrero de 1985».

16

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Tolima como docente desde el 9 de marzo de 1960 hasta el 23 de febrero de
200524 y (iii) le fue reconocida pensión de jubilación, a través de Resolución
879 de 5 de septiembre de 1979, «[…] al cumplir 20 años de servicios»25, con
fundamento en el artículo 25 de la Ordenanza 57 de 1966, prestación social
cuyo valor se calculó en el «[...] sueldo promedio mensual devengado en el
último año de servicio», esto es, entre el 24 de febrero de 2004 y el 23 de
febrero de 2005.

De lo expuesto se evidencia que, en efecto, el accionante es beneficiario del
régimen de transición previsto en el parágrafo 2º del artículo 1° de la Ley 33
de 1985, dado que a su entrada en vigor, este tenía más de 15 años de
servicios, por ende, le era aplicable el régimen anterior en relación con la edad
pensional, sin embargo, para el ingreso base de liquidación (IBL) de su
pensión, los magistrados accionados determinaron que se debía acudir a la Ley
62 de 1985, lo que no deviene en una interpretación caprichosa, toda vez que
esa afirmación estuvo debidamente motivada.

Por consiguiente, no se configura el defecto sustantivo invocado, pues,
contrario a lo aseverado por el actor, no se desconoció el régimen de
transición que lo cobijaba, esto es, el previsto en la Ley 33 de 1985, diferente
es que se haya considerado, con fundamento en aquel, que resultaba
procedente atender las normas anteriores solo en cuanto a la edad, pues frente
al ingreso base de liquidación se debía aplicar lo contemplado en la Ley 62 de
198526, según el cual «[e]n todo caso, las pensiones de los empleados oficiales
de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que
hayan servido de base para calcular los aportes», lo que no contraviene
precepto constitucional alguno.

De igual modo, en tal sentido, lo precisó esta Corporación en sentencia de
unificación de 28 de agosto de 201827, en el entendido de que el ingreso base
de liquidación de las personas que adquirieron su estatus pensional con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y bajo el amparo de
las Leyes 33 y 62 de 1985, se liquida sobre los factores que hayan servido para
24
De acuerdo con el certificado de tiempo de servicios emitido el 2 de abril de 2015 por la señora
coordinadora de hojas de vida de la secretaría de educación del Tolima.
25
Los cuales incluyeron no solo el lapso en el que se desempeñó como docente en el servicio oficial, sino
también 3 años y 5 meses en los que laboró al servicio del Colegio Francisco José de Caldas de El Espinal
(Tolima).
26
«Observando el certificado de salarios del año anterior al retiro del servicio […] se tiene que, además de
la asignación básica, incluida en la liquidación efectuada al momento del [reconocimiento pensional], el
demandante devengó, auxilio de transporte [y] prima[s] de alimentación, […] navidad [y] vacaciones en ese
periodo, las cuales no se encuentran relacionadas en la Ley 62 de 1985, razón por la cual no se encuentra
procedente su inclusión con tal propósito».
27
C. P. César Palomino Cortés, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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calcular aportes.

Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el ejercicio del
razonamiento que efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial,
forma parte de su autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado
por el juez de tutela cuando no observa la vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales que haga necesaria su intervención.

En ese orden de ideas, se concluye que el fallo atacado no incurre en el
defecto sustantivo invocado por el actor, porque la decisión de revocar la
providencia que ordenó el reajuste pensional con la inclusión de todos los
factores salariales que devengó durante el último año de servicios, para
negarla, no contraviene la normativa aplicable sobre el tema, dado que fue
dictada con observancia de aquella.

A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que la sentencia de 9 de
diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, con la
cual se decidió en segunda instancia el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho incoado por el tutelante contra el departamento
del Tolima - fondo territorial de pensiones (expediente 73001-33-33-003-
2019-00026-01), en el sentido de revocar el fallo del Juzgado Tercero (3º)
Administrativo de Ibagué, que accedió parcialmente a las pretensiones allí
formuladas, para en su lugar, negarlas, no incurre en las causales específicas
denominadas desconocimiento del precedente, violación directa de la
Constitución y defecto sustantivo que dieron pábulo al ejercicio de la presente
acción, esta Sala negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso, seguridad social e igualdad invocados por el señor Oliverio
Barrero Mendoza, por las razones expuestas en las consideraciones.

2º. Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

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Oliverio Barrero Mendoza contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Tolima

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

19

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