Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01236-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01236-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01236-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
31 de marzo de 2022
Demandante: Rosa María Cruz Cruz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01236-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01236-00
Demandante: ROSA MARÍA CRUZ CRUZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
TEMAS: Tutela de fondo – derecho de petición – Declara carencia actual
de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por la señora Rosa María Cruz Cruz
contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Distrital del Archivo de
Bogotá de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en adelante,
Dirección Distrital de Archivo, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud
Mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2022 a través de la Secretaría
General del Consejo de Estado, la señora Rosa María Cruz Cruz, en nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Distrital de Archivo, con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de
petición.
Dicha garantía constitucional la consideró vulnerada por la omisión de las
autoridades demandadas en dar respuesta a las solicitudes que presentó el 2 de
febrero y 30 de agosto de 2021, por medio de las cuales pidió el desarchivo del
expediente con radicado N° 11001400301320170132100 que fue conocido por el
Juzgado Trece Civil Municipal del Circuito Judicial de Bogotá.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Rosa María Cruz Cruz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
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• El 2 de febrero de 2021, la señora Rosa María Cruz Cruz, solicitó el desarchivo
del proceso con radicado N° 11001400301320170132100, con petición dirigida a
la cuenta de correo consultaacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
• El mismo 2 de febrero de 2021, se le hizo saber a la actora, mediante correo
electrónico, que su solicitud se tendría radicada con el número 20-12888 y que se
procedería a realizar la correspondiente búsqueda del expediente, dicho mensaje
fue firmado como “Archivo central Bogotá”.
• Mediante escrito de 30 de agosto de 20211, la accionante presentó un nuevo
escrito, esta vez ante la Dirección Distrital de Archivo, donde insiste en el
desarchivo solicitado.
• A través de oficio N° 2-2021-30215 de 22 de septiembre de 2021, el subdirector
de gestión del patrimonio documental del Distrito Capital, explicó a la peticionaria
que dicha oficina de archivo se encarga de custodiar la documentación de las
entidades adscritas a la administración territorial y que no tiene competencia
respecto de los procesos que se adelantan en la Rama Judicial, por lo tanto, su
solicitud sería remitida a la “Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá del Consejo Superior de la Judicatura”.
• Igualmente, mediante oficio N° 2-2021-30320 de 22 de septiembre de 2021, el
mismo funcionario informó al director Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, que le trasladaba la petición de la demandante, por ser de su
competencia, para el efecto relacionó como destino las cuentas
info@cendoj.ramajudicial.gov.co. y
atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co.
• El 28 de septiembre de 2021, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, indicó a la actora sobre las actuaciones anteriores, desde la cuenta de
correo avisoinformativo_sdgs@alcaldiabogota.gov.co.
• La tutelante afirmó en su escrito de tutela que, a la fecha, no ha recibido
respuesta de fondo a la petición de desarchivo, trámite que requiere para
impulsar un proceso de pertenencia frente a un bien inmueble2.
1 Entre los anexos de la demanda obra este documento, pero no se encuentra la constancia de
radicación; no obstante, ya que el Archivo de Bogotá aceptó que trasladó la petición a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, se entiende que sí fue entregado como lo dice la
actora.
2 La actora hace referencia a un proceso con radicado N° 11001400301320170132100, sin ahondar
en detalles sobre el particular.
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1.3. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
“Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y ordenar
a favor mío lo siguiente:
1. Se reconozca mi derecho fundamental de petición al cual tengo derecho en virtud del
artículo 23 de la Constitución Política Nacional.
2. Que se dé respuesta satisfactoria a la petición hecha por mí, a calle 38 sur #72n-45
bloque 7 apto 314 conjunto residencial oikos II y al correo zanayi1988@gmail.com, el
día siete (28) de Febrero del dos mil ventidos (2022).” (Sic para toda la cita)
1.4. Fundamentos de la solicitud
La señora Rosa María Cruz Cruz consideró vulnerado su derecho fundamental de
petición ante la falta de respuesta a la solicitud de desarchivo, por cuanto, a pesar de
que ha pasado un amplio periodo de tiempo desde que fue radicada, a la fecha no se
le ha dado trámite, lo que indirectamente le ha impedido continuar con un proceso de
pertenencia.
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 23 de febrero de 2022, el magistrado ponente de esta decisión admitió
la tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Distrital de Archivo, como autoridades demandadas en este trámite.
Adicionalmente, se vinculó como tercero interesado al Juzgado Trece Civil Municipal
del Circuito Judicial de Bogotá, por considerarse que tiene un interés directo en el
proceso por ser la autoridad que archivó el expediente que solicitó la actora.
Posteriormente, mediante auto de 17 de marzo de 2022 y teniendo en cuenta la
respuesta brindada por el Consejo Superior de la Judicatura, se ordenó la vinculación
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por cuanto informó
que era esta autoridad quien tiene a su cargo la página web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/direccion-seccional-de-administracion-judicial-
debogota-cundinamarca/oficinas-adscritas y las cuentas de correo a las que fue
redirigida la reiteración del desarchivo.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. El Consejo Superior de la Judicatura con memorial del 1° de marzo de 2022,
tras informar que las funciones de archivo de los procesos judiciales en el Distrito
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Capital y que los medios electrónicos utilizados por la actora corresponden a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, propuso la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del presente
proceso.
1.6.2. La Dirección Distrital de Archivo de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá mediante escrito del 4 de marzo de 2022 firmado por el jefe de la
oficina jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, informó que
si bien recibió la solicitud de reiteración en el desarchivo del proceso que menciona
la actora, la entidad accionada carece de competencia para conservar documentos
de la Rama Judicial, y en ese sentido, tramitó la petición remitiéndola a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
Igualmente, consideró que no vulneró los derechos de la accionante y que, al haber
remitido la petición a quien era competente de resolverla, existía una falta de
legitimación en la causa por pasiva frente a esta entidad y, en consecuencia, solicitó
su desvinculación.
1.6.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, compareció
mediante informe del 18 de marzo de 2022, en el cual manifestó que mediante
certificación del Grupo de Archivo Central, se explicó que la solicitud N° 12888 de 2
de febrero de 2021 se encuentra “en trámite”, a causa de la gran cantidad de
peticiones que se han recibido las cuales se atienden en orden de llegada y tuvieron
dilaciones en virtud de la emergencia sanitaria que condujo al cierre de bodegas y el
acceso restringido a las sedes judiciales.
Adicionalmente, señaló que el 4 de marzo de 2022, se envió respuesta a la actora a
las cuentas zanayi1988@gmail.com y dianabasto61@gmail.com explicándole lo
antes referido y que el resultado del trámite de desarchivo será a más tardar el 22 de
abril de 2022.
Basado en dicha certificación, concluyó que la entidad ha actuado conforme los
preceptos constitucionales y legales, ha realizado los trámites y verificaciones
necesarias, para reforzar su argumento, acudió a lo expuesto por la Corte
Constitucional en las sentencias T-114 de 2014, C-367 de 2014 y T-216 de 2013, en
las que se abordó el tema de la imposibilidad material de dar cumplimiento a órdenes
judiciales, en consecuencia, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela
1.6.4. El Juzgado Trece Civil Municipal del Circuito Judicial de Bogotá, pese
haber sido notificado en debida forma se abstuvo de intervenir en el proceso.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Rosa María Cruz Cruz contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Distrital de Archivo, de conformidad con lo establecido por
el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como el Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
El Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Distrital de Archivo y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, solicitaron su desvinculación del
proceso al considerar que no son las competentes para dar respuesta a lo
peticionado en la presente acción.
Para resolver resulta oportuno hacer una contextualización de lo ocurrido, pues se
advierte que existió una confusión por parte de la accionante que la condujo a
reiterar su solicitud de desarchivo ante la Dirección Distrital de Archivo y,
posteriormente, a dirigir la acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, como pasa a explicarse.
En el acuse de recibido y radicado que le fue entregado a la actora el 2 de febrero de
2021 desde la cuenta de correo consultaacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, se
advierte que en la parte final figura “Archivo central Bogotá”, lo cual, aunque es
adecuado, para un ciudadano que no acostumbre a actuar en nombre propio ante la
Rama Judicial, puede resultar confuso.
Lo anterior, por cuanto la denominación “Archivo central Bogotá”, puede hacer
referencia a los archivos centrales de las entidades distritales que, en virtud de la
gestión documental que les asiste, deban conservar documentos3 y que, como se
dijo, puede no resultar distinguible para quienes no son abogados, o servidores
públicos.
De ahí que, cuando la actora insistió en el desarchivo de su expediente, dirigió su
escrito a la Dirección Distrital de Archivo, entidad que, como lo explicó en su informe
y, de acuerdo con lo reglado en el Decreto Distrital 140 de 2021, sí tiene la labor de
“la protección de recursos documentales de interés público”, pero solo de piezas del
Distrito Capital, más no de la Rama Judicial.
3 Para la muestra, bastó una simple verificación en el motor de búsqueda de Google con el parámetro
“archivo central Bogotá”, para que arrojara como resultados páginas de las Secretarías Distritales de
Planeación y de Gobierno, de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial.
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Aunado a lo anterior, cuando en el oficio 2-2021-30215 de 22 de septiembre de 2021,
el subdirector de gestión de patrimonio documental del distrito le manifestó a la
actora que redirigiría su solicitud, señaló que se destinaría hacia “la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá del Consejo Superior de la
Judicatura”, lo que condujo a la demandante a entender que la entidad que debía
resolver el desarchivo era el Consejo Superior de la Judicatura y contra este
interpuso la acción de tutela.
Expuesto lo anterior, para la Sala resulta claro que el Consejo Superior de la
Judicatura no tiene una relación jurídico sustancial frente a los hechos señalados por
la accionante pues ante dicha entidad no se radicó petición alguna y, de hecho,
tampoco le fue remitida por la Dirección Distrital de Archivo, pues el oficio 2-2021-
30320 de 22 de septiembre de 2021 expresamente señaló que las cuentas de correo
electrónico a las que se dirigía eran aquellas que pertenecen a la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bogotá.
Siendo así, ya que no se evidencia nexo alguno entre las peticiones de la actora y el
Consejo Superior de la Judicatura, se accederá a la desvinculación solicitada por
dicha entidad.
Cosa distinta ocurre con la Dirección Distrital de Archivo, pues si bien entre las
funciones de archivo del ente distrital no está la de almacenar documentos de la
Rama Judicial, lo cierto es que sí recibió una petición de la actora y el hecho de que
estuviera erróneamente radicada, no implica que la entidad no tuviera obligaciones
frente a ella.
Lo anterior, por cuanto el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 establece que, en caso
de que el funcionario que recibe una petición no sea competente, debe remitirla a
quien sí lo sea, en ese sentido, existe una relación jurídico procesal entre la señora
Rosa María Cruz Cruz y la accionada en tanto que la tutela fue dirigida en su contra y
se expuso un hecho, como lo es el radicado de la reiteración de desarchivo que, al
margen de que derive en una vulneración de derechos o no, sí denota un nexo entre
la situación fáctica narrada por la actora y esta entidad.
En consecuencia, no se accederá a la desvinculación de la Dirección Distrital de
Archivo.
Finalmente, respecto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
la Sala no la desvinculará, en tanto que es la entidad ante quien se radicó
inicialmente la solicitud de desarchivo y ha reconocido que es la competente para
resolverla, al punto que informó que lo solicitado se encuentra en trámite, en ese
sentido, se negará esta petición.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración al derecho fundamental de petición por parte de la Dirección Distrital de
Archivo y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por no
responder de fondo la solicitud que elevó la actora, relativa al desarchivo de un
expediente.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza
de la acción de tutela; (ii) las generalidades del derecho de petición y; (iv) el análisis
del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable4.
2.5. Del derecho de petición
En el artículo 23 superior el derecho fundamental de petición se define como la
posibilidad que tienen todas las personas de “presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. El
mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
El referido Tribunal Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho, en el sentido de indicar que: “(…) reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o
se reserva para sí el sentido de lo decidido”.
También se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición.
Respecto a la oportunidad, por regla general, a lo previsto en el artículo 5º del
4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 20205 que amplió los términos señalados
en la Ley 1755 de 2015, para resolverla y, de no ser posible, antes de que se cumpla
con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en
el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de
dificultad o la complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición debe versar sobre
aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto
principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial
de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber
de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede
significar una aclaración plena de la respuesta dada.”
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.”
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
“i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se
5 El artículo 5º del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, establece:
“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se
encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se
ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20)
días siguientes a su recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su
recepción.
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la
autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término
señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el
plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del
inicialmente previsto en este artículo. (…)” (Énfasis propio)
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abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario,
con independencia de que su sentido sea positivo o negativo”.
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.6. Caso concreto
2.6.1. En el presente caso, se tiene que la señora Rosa María Cruz Cruz solicitó el 2
de febrero de 2021, bajo el consecutivo 20-12888 el desarchivo del expediente con
radicado N° 11001400301320170132100, que cursó ante el Juzgado Trece Civil
Municipal del Circuito Judicial de Bogotá, por cuanto lo requiere para impulsar otro
proceso en el que está discutiendo una pertenencia de un bien inmueble.
Posteriormente, al no ver que su solicitud fuera atendida, insistió en aquella con
escrito de 30 de agosto de 2021, el cual fue radicado ante la Dirección Distrital de
Archivo, entidad que redirigió el escrito a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, por no ser la competente para conservar documentos de la Rama
Judicial.
Al respecto, esta Sala de Decisión resalta que la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá al contestar la petición de amparo que se estudia,
expresó que a la señora Rosa María Cruz Cruz le fue enviada respuesta sobre la
solicitud de 4 de marzo de 2022, en la cual le informa que, a raíz de la emergencia
sanitaria, no ha podido efectuar el desarchivo solicitado, pues tuvo restricciones para
acceder a las bodegas y a la sedes judiciales, motivo por el cual tiene un
represamiento de aproximadamente 7700 solicitudes, las cuales debe atender en
orden de llegada; no obstante, afirma que su requerimiento será tramitado, a más
tardar, el 22 de abril de 2022.
Tal documento fue notificado al correo electrónico al cual se envió la constancia de
radicado de la petición y al que la actora solicitó que se le remitiera la respuesta en
las pretensiones de esta tutela, dianabasto61@gmail.com y zanayi1988@gmail.com,
respectivamente, así:
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(i) Envío del correo de 4 de marzo de 2022.
(ii) Constancia de entregado del correo de 4 de marzo de 2022.
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2.6.2. Así las cosas, se tiene que encontrándose en curso el proceso de tutela de la
referencia, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá emitió una
respuesta clara sobre el trámite de la solicitud de desarchivo que presentó el 2 de
febrero de 2021, por cuanto le informó los motivos que impidieron adelantar las
gestiones de desarchivo y, le suministró una fecha exacta de los resultados de la
misma.
Frente a este punto, la Sala no desconoce el periodo de tiempo que ha transcurrido
desde la solicitud que elevó la actora hasta la fecha; no obstante, también es cierto
que las peticiones relacionadas con expedientes judiciales en físico, en especial,
aquellos que ya se habían archivado, se encuentran en una situación especial
derivada de las restricciones de movilidad e ingreso a las distintas sedes judiciales
las cuales se adoptaron en virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia de público conocimiento, lo que en efecto impidió el acceso y consulta de
los mismos y que generó traumatismos que fueron ampliamente descritos por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá en su contestación.
Adicionalmente, es importante resaltar que, junto con la actora, se encuentran otros
ciudadanos que en igualdad de condiciones también solicitaron el trámite del
desarchivo de expedientes, puntualmente, la entidad accionada se refirió a más de
7000 peticiones represadas, por lo que ordenar que el requerimiento de la señora
Rosa María Cruz Cruz sea resuelto en un término preferente, podría implicar la
vulneración de los derechos de otras personas que hayan iniciado su trámite de
manera anterior, sumado al hecho que, con lo argumentado y aportado por la señora
Rosa María Cruz Cruz, no se acreditó que se encuentre ante el riesgo de un perjuicio
irremediable.
Ahora, esta Colegiatura destaca que en otras oportunidades6 se ha referido a la
acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados de una manera actual
e inminente.
Asimismo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva
vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la acción
de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
6 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de
2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por
una situación sobreviniente.
En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:
«“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.7
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o
que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro
ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original).
“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i)
“hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente8”.
Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:
7 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
8 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
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(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de
la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por
lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta
perenne.
Al respecto ha señalado el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al
respecto”.9
(iii) Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto
de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la
vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la
acción de tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
«El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada»10.
En ese orden, se tiene que en este caso la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá notificó a las cuentas electrónicas de la señora Rosa María Cruz
Cruz, una respuesta donde explicó los motivos por los cuales no ha tramitado su
solicitud de desarchivo y se impuso un plazo para concretar el trámite
correspondiente.
9 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
10 “Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera”.
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Sobre dicha contestación, es claro que no resuelve puntualmente si accede o niega
el desarchivo; no obstante, en los términos del parágrafo del artículo 14 de la Ley
1437 de 201111, sí es una respuesta válida en el entendido que justifica la mora,
explica sus causas y señala un momento claro para solucionar la solicitud de la
accionante y, si bien la entidad claramente no se manifestó dentro del término que
exige la ley, lo cierto es que la respuesta y su notificación se realizaron durante el
curso de esta acción de tutela, lo que se ajusta a la figura de carencia actual de
objeto por hecho superado por carencia actual de objeto en tanto que la vulneración
existente ha cesado frente al derecho de la actora a recibir información sobre el
estado de la solicitud que, como ya se señaló, se vio afectada por las excepcionales
condiciones que se impusieron a raíz de la emergencia sanitaria.
Así las cosas, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, con
ocasión a que durante el trámite de este mecanismo constitucional la demandante
obtuvo una respuesta sobre su petición de desarchivo en la cual, además, se le
indicó la fecha en la cual obtendrá finalmente lo solicitado.
Finalmente, para la Sala es importante aclarar que, en caso de que la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá no resuelva de fondo la solicitud de
desarchivo para el 22 de abril de 2022, la actora podrá iniciar una nueva acción de
tutela sin que por eso se configure una actuación temeraria de su parte o cosa
juzgada respecto de la solicitud de desarchivo, pues el fundamento para declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado en este expediente es, justamente,
bajo la premisa de que la entidad accionada se ha comprometido con una fecha
puntual para concretar el trámite y, su incumplimiento, implicaría un hecho nuevo que
permitiría a la actora acudir una vez más al juez constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DESVINCULAR de la presente acción de tutela al Consejo Superior de
la Judicatura.
11 “Artículo 14
(…)
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.”
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SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Archivo Central de Bogotá de
la Secretaría General del Distrito Capital y de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá.
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela promovida por la señora Rosa María Cruz Cruz.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente con salvamento de voto)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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