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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01237-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01237-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, que resolvió la acción de tutela presentada por la señora Ximena Herrera Paz, www.consejodeestado.gov.co 19 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-01237-01 Ac c i o n a n t e : X i m e n a P a z H e r r e r a actuando a nombre propio, en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01237-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

12 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01237-01
Accionante: XIMENA PAZ HERRERA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial / Derecho
fundamental al debido proceso / Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho /
Desconocimiento del precedente / Sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad / Control
judicial de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria / Término de prescripción /
Principio de subsidiariedad / Alegatos de conclusión

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la
señora Ximena Paz Herrera, a nombre propio, en contra de la
sentencia de 17 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado
– Sección Quinta, que rechazó por improcedente y negó parcialmente
las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la parte

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accionante en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección del derecho fundamental al debido proceso
se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

La parte accionante presentó medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría General de
la Nación con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo
mediante el cual se le impuso una sanción de destitución del cargo
desempeñaba como profesional especializada código 2028 grado 16
en el INCODER y la inhabilitó por diez años.

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Cauca que,
mediante sentencia de 25 de enero de 2018, accedió a las
pretensiones de la demanda. La parte vencida interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B que, a través de providencia de 26 de agosto
de 2021, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó
lo pretendido.

2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso,
DECRETANDO LA NULIDAD DE LA SENTENCIA.

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SEGUNDO: Ordenar a la ACCIONADA que proceda a dictar nueva
sentencia corrigiendo las falencias observadas en la presente acción de
tutela». (sic en toda la cita)

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante considera que el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B, al proferir la sentencia de 26 de agosto de
2021, incurrió en:

 Desconocimiento del precedente: fijado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-244 de 1996 y C-401 de
2010, según las cuales la potestad disciplinaria debe agotarse
antes de transcurridos 5 años contados entre la consumación de
las faltas y la decisión de segunda instancia, si fue interpuesto
recurso alguno.

Por otro lado, la señora Ximena Paz Herrera señaló que en la decisión
acusada no se tuvieron en cuenta los alegatos de conclusión
presentados por su apoderado en el trámite del recurso de apelación
en el proceso ordinario.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 25 de enero de 2022, el Consejo de Estado –
Sección Quinta, admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B,
como accionado, y al Tribunal Administrativo del Cauca, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, como terceros interesados en las resultas del
proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.

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5. INTERVENCIONES

5.1. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se niegue
lo pretendido por cuanto la finalidad de la acción de tutela de la
referencia es generar una tercera instancia judicial dentro de la
problemática tratada en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, cuyos fallos se emitieron en forma correcta y con apego de
las normas que regulan la temática, a partir de lo cual, se negaron las
pretensiones de la demanda.

Resaltó que la sentencia de 26 de agosto de 2021 se dictó siguiendo
la línea jurisprudencial aplicable al caso, la cual fue fijada por el
Consejo de Estado, y lo que plantea la accionante no tiene vigencia
dentro del ordenamiento jurídico.

5.2. El Tribunal Administrativo del Cauca allegó el expediente
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado número 19001-23-33-000-2015-00281-01.

5.3. Las demás partes guardaron silencio.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado – Sección Quinta, mediante sentencia de 17 de
marzo de 2022, resolvió la primera instancia de la acción de tutela de
la referencia y ordenó:

«PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto
del cargo de desconocimiento de alegatos de conclusión, porque no
superó el estudio del agotamiento de los mecanismos judiciales.

SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido

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proceso de la señora Ximena Paz Herrera, de conformidad con la parte
considerativa de esta providencia».

En primer lugar, el a quo rechazó por improcedente la acción en lo
relacionado con el argumento consistente en que no se tuvieron en
cuenta los alegatos de conclusión en el trámite de la segunda
instancia. Frente a esto, sostuvo que la parte accionante contaba con
otro medio de defensa judicial, esto es, la solicitud de adición prevista
en el artículo 287 del Código General del Proceso, que prevé que la
parte interesada puede solicitar la adición de la sentencia o auto que
omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre
cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto
de pronunciamiento.

En segundo lugar, sobre el desconocimiento del precedente, la
Sección Quinta indicó que si bien el artículo 30 de la Ley 734 de 2002
preveía que la acción disciplinaria prescribía en 5 años contados para
las faltas instantáneas desde el día de su consumación y, para las de
carácter permanente o continuado a partir de la realización del último
acto, la sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2009 del
Consejo de Estado señaló que para efectos de la prescripción de la
acción disciplinaria la sanción debe entenderse impuesta con la
expedición y notificación del acto administrativo primigenio, es decir,
con el fallo disciplinario de primer grado.

En ese sentido, concluyó que la Sección Segunda – Subsección B
determinó correctamente que el término de prescripción se
interrumpe cuando la autoridad que adelanta el proceso impone la
sanción, esto es, cuando expide y notifica el fallo de primera o única
instancia según el caso. En razón de lo anterior, mencionó que en el
caso concreto, el acto primigenio tuvo lugar el 26 de septiembre de

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2013, fecha del fallo disciplinario de primera instancia, el cual fue
notificado a la accionante el 30 de septiembre de 2013, por lo que no
había transcurrido los 5 años previstos en el artículo 30 de la Ley 734
de 2002.

7. IMPUGNACIÓN

La señora Ximena Herrera Paz, a nombre propio, presentó
impugnación en contra de la sentencia de primera instancia, en la cual
reiteró los argumentos expuestos en el escrito contentivo de la
demanda.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la
presente controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto»1.

1
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, con
la expedición de la sentencia de 26 de agosto de 2021 que
resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado número 19001-23-33-000-2015-00281-01,
incurrió en un desconocimiento del precedente y, por
consiguiente, en la vulneración del derecho fundamental del
debido proceso de la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el principio de subsidiariedad, iv) el
desconocimiento del precedente y v) el caso concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta

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corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea razonable y proporcionado entre el momento en que
se presentó la presunta vulneración y el tiempo de presentación
de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de velar por los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los

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casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.2. DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una entidad pública de cualquier índole o de los
particulares, cuya conducta represente una afectación grave a
derechos fundamentales.

Al respecto, el artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991
señala dentro de las causales de improcedencia de la tutela, «cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de
competencias delineada por la carta y el principio de especialidad de
la jurisdicción.

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Por lo tanto, el principio de subsidiariedad constituye un requisito
fundamental para la procedibilidad de la acción de tutela, frente a eso
la Corte Constitucional señaló que para que la tutela proceda se debe
cumplir con las exigencias de que el actor: (i) no disponga de otro
medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que existiendo otro medio
de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el mecanismo
no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de manera
que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.3

El Consejo de Estado estableció que la acción de tutela es de
naturaleza residual y subsidiaria, por lo cual para debatir asuntos
propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es
improcedente, porque su objeto se encuentra definido de forma plena
en el artículo 104 del C.P.A.C.A., que le otorga «además de lo
dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los
que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa».4

3.3. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de

3
Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de
2000, T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.
4
Consejo de Estado. Sentencia del 5 de mayo de 2014. Radicación No: 19001-23-33-000-2014-00061-
01. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a
decidir los casos iguales de la misma forma5. En ese sentido, el
precedente judicial6 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento,
pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos
sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho7.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido8. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o
no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”9.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando «(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a

5
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
6
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
7
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
8
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación»10.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales11, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del
derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial12.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la impugnación presentada por la
señora Ximena Paz Herrera, a nombre propio, en contra de la
sentencia de 17 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado
– Sección Quinta, que rechazó por improcedente y negó parcialmente
las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la parte

10
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico
y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas
por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso
concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
12
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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accionante en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B.

La parte accionante alega la vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia
de 26 de agosto de 2021, la cual negó el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que radicó en contra de la
Procuraduría General de la Nación.

Para resolver, encuentra esta Sala de Subsección lo siguiente:

4.1. En primer lugar, en cuanto a los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
advierte que en este caso la pretensión de amparo constitucional es
de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se contrae
a establecer de manera central si la parte accionada incurrió en la
violación de los derechos fundamentales ya señalados.

Asimismo, se tiene que la interposición del mecanismo se dio en un
lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia
cuestionada se profirió el 26 de agosto de 2021 y la acción de tutela
se presentó el 21 de febrero de 2022. Igualmente, no se trata de
irregularidades procesales ni de una tutela contra tutela.

Sin embargo, la parte accionante señala en los fundamentos de la
acción que en la sentencia del proceso ordinario no se tuvieron en
cuenta los alegatos de conclusión presentados en el trámite del
recurso de apelación ante el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B.

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Al respecto, se tiene que lo pretendido en este punto encaja dentro de
los supuestos que contempla el artículo 287 del Código General del
Proceso para la procedencia de la solicitud de adición de la sentencia,
a saber:

«ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que
de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de
la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma
oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del
inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya
apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de
un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte
sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su
ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre
la complementación podrá recurrirse también la providencia
principal».

En ese sentido, si la parte accionante consideró que en la providencia
de 26 de agosto de 2021 no se resolvieron todos los aspectos de la
litis, debió solicitarle al juez ordinario la adición de la sentencia. De
este modo, al ser la tutela un mecanismo subsidiario y al no
comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio irremediable,
no resulta procedente cuando la parte accionante no hizo uso de los
medios de defensa judicial que son idóneos y efectivos para obtener
el amparo de las pretensiones contenidas en la demanda.

Por lo anterior, esta Sala de Subsección confirmará el numeral
primero de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por el

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Consejo de Estado – Sección Quinta, que rechazó por improcedente la
solicitud relacionada con la inobservancia de los argumentos
expuestos en los alegatos de conclusión.

4.2. En segundo lugar, la señora Herrera Paz alega la configuración de
un desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional
en las sentencias C-244 de 1996 y C-401 de 2010, según las cuales la
potestad disciplinaria debe agotarse antes de transcurridos 5 años
contados entre la consumación de las faltas y la decisión de segunda
instancia, si fue interpuesto recurso alguno.

Sobre este punto, de conformidad con los argumentos que
fundamentaron la decisión acusada, se tiene que la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado aplicó el precedente
sentado por esta corporación en la sentencia de unificación de 29 de
septiembre de 2009, la cual estableció que el término de prescripción
de 5 años se interrumpe con la expedición del acto principal y su
respectiva notificación al disciplinado.

Al respecto, se indicó:

«La Sala precisa que ciertamente la sentencia del 29 de septiembre
de 2009 de la Sala Plena del Consejo de Estado unificó la
jurisprudencia sobre la prescripción en materia disciplinaria, al
sostener:

“En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
según la cual tratándose de régimen sancionatorio disciplinario,
la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el
acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que
es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los
recursos de la vía gubernativa.” 13.

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Susana Buitrago
Valencia, sentencia del 29 de septiembre de 2009.

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Posteriormente, esta sentencia del 29 de septiembre de 2009 de Sala
Plena del Consejo de Estado fue revocada por el fallo de tutela del 17
de abril de 2013, proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, volviendo a la tesis anterior,
esto es, que la sanción se debía considerar impuesta dentro del plazo
de 5 años contados desde la comisión de la falta hasta la expedición y
notificación de la decisión disciplinaria inicial, o cuando se
interpusieron recursos éstos debían fallarse y notificarse dentro del
lapso referido14.

Sin embargo, la citada sentencia de tutela del 17 abril de 2013 fue
impugnada, y la Sección Cuarta de esta Corporación resolvió ésta
mediante providencia del 6 de marzo de 2014, disponiendo:

“2.- REVÓCASE la sentencia de 17 de abril de 2013, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”,
Sala de Conjueces (…).

En su lugar, NIÉGASE por improcedente la solicitud de tutela
instaurada por Álvaro Hernán Velandia Hurtado contra el fallo de
29 de septiembre de 2009 proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.” 15.

En consecuencia, la tesis imperante es la establecida en la sentencia
del 29 de septiembre de 2009 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
jurisprudencia que viene siendo reiterada por la Sección Segunda de
la Corporación, verbi gracia, las sentencias del 4 de septiembre de
2017 y 21 de julio de 2017, al indicar:

Subsección A,

“Ahora, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante
sentencia del 29 de septiembre de 2009 señaló que la autoridad
competente dentro de los cinco años siguientes al cometimiento
de la conducta investigada, únicamente debía concluir la
actuación administrativa, lo que se traduce en que basta con la
expedición y notificación del acto administrativo principal
(primera instancia) pues es el que resuelve de fondo el proceso
sancionatorio, para evitar que prescriba la acción disciplinaria.
Conforme a esa postura, no es necesario que dentro del término
señalado se decidan los recursos interpuestos contra la decisión
principal.”16.

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 23 de mayo de 2002, Consejero
ponente Jesús María Lemos Bustamante, radicado 17112, Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado.
15
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejera ponente Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, radicado
11001-03-15-000-2010-00076-03
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente William Hernández Gómez,
radicado 11001-03-25-000-2012-00118-00 (0524-12).

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Subsección B,

“Con base en esta norma (artículo 30 de la Ley 734 de 2002) el
término prescriptivo se empieza a contar desde el día de la
celebración del contrato, toda vez que son faltas instantáneas,
siendo consumadas el día de la suscripción de los acuerdos de
voluntades y se interrumpe con el acto sancionatorio de primera
instancia y su notificación, tal como lo estableció la Sala Plena
de lo Contencioso en la sentencia del 29 de septiembre de 2009,
al sostener que: “la Sala adopta la tesis según la cual tratándose
de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer
esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la
actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
gubernativa” 17».

Por lo anterior, esta corporación consideró que la conducta
reprochada a la señora Ximena Paz Herrera ocurrió entre los días 1 a
5 de diciembre de 2008, pero se finiquitó el 11 del mismo mes y año,
toda vez que en dicha fecha se le cancelaron los viáticos cuya
comisión no cumplió. En este sentido, y como el acto primigenio
dentro del proceso disciplinario se profirió el 26 de septiembre de
2013, que fue notificado personalmente a la actora el día 30 de
septiembre de 2013, a su apoderada el 28 de septiembre de 2013, y
por edicto de fecha 8 de octubre de 2013, es claro que no habían
trascurrido los 5 años previstos en el artículo 30 de la Ley 734 de
2002, tal como lo estableció la Sala Plena de lo Contencioso en la
sentencia del 29 de septiembre de 2009. En consecuencia, no operó la
prescripción de la acción disciplinaria.

Frente a esto, la parte accionada expuso que realizar otra
interpretación sería errónea y lesiva del ordenamiento jurídico,
comoquiera que desconoce el precedente jurisprudencial establecido
por el Consejo de Estado, según el cual la sanción disciplinaria se

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado ponente César Palomino Cortés,
radicado 11001-03-25-000-2012-00152-00 (0668-12).

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impone de manera oportuna si dentro del término legal para ejercer
esta potestad, se expide y se notifica el acto principal que concluye la
actuación y no el que resuelve los recursos en vía gubernativa.

Señalado lo anterior, no advierte esta Sala de Subsección que se haya
incurrido en ninguna de las causales específicas de procedibilidad
alegadas, ni en vulneración alguna de derechos fundamentales, sino
que al existir dos posturas, una fijada por la Corte Constitucional y
otra por el Consejo de Estado, el juez de lo contencioso administrativo
se decantó por aplicar el precedente fijado en la sentencia de
unificación dictada por su órgano de cierre.

En este orden de ideas, al no advertirse un desconocimiento del
precedente, esta Sala de Subsección también confirmará el numeral
segundo de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta, que negó la acción de tutela
presentada por la señora Ximena Herrera Paz, actuando a nombre
propio, en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B, en lo relacionado con el desconocimiento del
precedente.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia de 17 de marzo de 2021,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, que resolvió la
acción de tutela presentada por la señora Ximena Herrera Paz,

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actuando a nombre propio, en contra del Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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