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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01238-00

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01238-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECONOCER a la Fiscalía General de la Nación como coadyuvante en este asunto. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela en lo relativo a la incongruencia y decisión extra petita, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NEGAR la acción de tutela sobre los demás reproches formulados por la Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01238-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de mayo de 2022

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Demandante: Rama Judicial
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”
Rad: 11001-03-15-000-2022-01238-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01238-00
Demandante: RAMA JUDICIAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
Tema: “B”
Tutela contra providencia judicial. Privación injusta de la
libertad. Niega amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la Rama Judicial contra
la sentencia del 9 de julio del 2021 dictada por Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante mensaje de datos enviado el 18 de febrero de 20221, la Nación –
Rama Judicial, por conducto de apoderada judicial, formuló acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, en procura de que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa
y a la contradicción.

2. En sentir de la parte accionante, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales tuvo lugar con ocasión de la sentencia del 9 de julio del 2021,
dictada por la referida autoridad judicial, al interior del proceso de reparación directa
identificado con número de radicado 25000-23-26-000-2009-00305-01.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, solicitó:

“(…) 1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
a la contradicción y a la igualdad al condenarse de forma arbitraria a la Rama
Judicial, dentro del expediente de reparación directa No.
25000232600020090030501 (…).
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Se envió al correo de la Secretaría General de esta Corporación.
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Demandante: Rama Judicial
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”
Rad: 11001-03-15-000-2022-01238-00

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la sentencia de
fecha 9 de julio del 2021, dentro del proceso de reparación directa No.
25000232600020090030501 (…), y se ordene, por consiguiente, a la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado proferir un nuevo fallo en el que
se denieguen las pretensiones de la demanda.

3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmar el fallo proferido por el a -quo,
por las razones y argumentos expuestos por dicha instancia judicial […]”.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 1º de abril del 1995 unos agentes de la Policía capturaron a unos sujetos
ya que presuntamente habían robado unos elementos en un almacén en la ciudad
de Bogotá. Uno de ellos se identificó como Harvee Jonnattan Barreto Garzón,
pero en realidad su nombre era Henry Oswaldo Barreto Garzón. En la misma fecha
se inició la investigación penal en su contra.

5. Al señor Henry Oswaldo Barreto Garzón se le impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva pero luego se le otorgó libertad provisional.
Cabe resaltar que en todo el proceso se hacía identificar como Harvee Jonnattan
Barreto Garzón, quien es su hermano.

6. El 12 de enero de 1996 se dictó sentencia condenatoria en contra del señor
Harvee Jonnattan Barreto Garzón (pues se reitera que así se hizo identificar en el
proceso, pero en realidad se trataba del señor Henry Oswaldo Barreto Garzón). Por
lo tanto, el 14 de abril del 2003 el verdadero Harvee Barreto Garzón se vio
sorprendido ya que fue detenido por agentes de la Policía, quienes le informaron
que tenían orden de captura decretada en su contra.

7. Al día siguiente, esto es, el 15 de abril del 2003 el juzgado de ejecución de
penas decretó la prescripción de la pena, ordenó la cancelación de orden de captura
en contra del señor Harvee Jonnattan Barreto y dispuso su libertad.

8. Como consecuencia de lo anterior, el señor Harvee Jonnattan Barreto
Garzón presentó acción de tutela, con el fin de que se protegieran sus derechos al
buen nombre, a la honra y a la identidad y le fueran canceladas las anotaciones en
su contra por el aludido proceso penal.

9. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio de sentencia
del 25 de febrero del 2005, resolvió tutelar los derechos alegados por el accionante
y ordenó que se esclareciera la identidad de la persona condenada en el proceso
penal, y que se efectuaran las rectificaciones respectivas.

10. Así, el juzgado que había expedido la condena penal en su contra, modificó
el fallo que dictó en ese sentido y precisó que Harvee Jonnattan Barreto no era la
persona condenada. Así mismo, ordenó la cancelación de todas las anotaciones
existentes en su contra.
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11. Debido a la privación injusta de su libertad, el señor Harvee Jonnattan Barreto
Garzón junto con sus familiares presentaron demanda de reparación directa. En
primera instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, que en sentencia del 26 de abril
del 2012 negó las pretensiones de la demanda.

12. Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación. El medio de impugnación fue conocido por la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, que revocó la providencia del primer grado
y en consecuencia condenó a la Nación – Fiscalía General y a la Rama Judicial, por
la privación injusta que padeció el señor Barreto Garzón.

13. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” indicó
que fue evidente la negligencia de dichas entidades en el trámite penal, ya que no
identificaron en debida forma al sujeto que había cometido el ilícito. Como
consecuencia de esto, se privó injustamente a una persona que no participó en los
hechos y eso configuró un daño antijurídico que debía ser reparado.

14. En vista de lo anterior, condenó a las entidades a i) pagar perjuicios morales
a los demandantes y ii) expedir un comunicado en el que se le pida perdón al señor
Barreto Garzón por la privación injusta que sufrió.

15. En este punto la Sala recalca que la autoridad accionada consideró que se
había presentado una afectación al buen nombre del señor Barreto Garzón,
circunstancia que encontró probada en el fallo de tutela que protegió ese derecho y
ordenó que se hicieran las rectificaciones correspondientes. Así lo dijo:

25. Adicionalmente, la afectación al buen nombre se evidenció en la providencia de
25 de febrero de 2005, en la que el juez de tutela, con ocasión del error presentado
en la identificación del condenado en el proceso penal, resolvió “TUTELAR los
derechos fundamentales del peticionario HARVEE JONNATTAN BARRETO
GARZÓN a la identidad, a la honra, al buen nombre y al habeas data” y, en
consecuencia, “ORDENAR al Juzgado 9 penal del Circuito de Bogotá, que en el
término máximo de 48 horas a la notificación de esta sentencia, inicie un incidente
encaminado a establecer la verdadera identidad del condenado por ese despacho
(…)”. Como fundamento de la decisión se consideró que, a pesar de la declaratoria
de prescripción de la pena y la cancelación de la orden de captura en contra de
Harvee Barreto, su buen nombre había sido afectado con los registros en los bancos
de datos de antecedentes judiciales que lo señalaban como autor de una conducta
de la cual era totalmente ajeno. Por lo anterior, la Sala considera necesario adoptar
una medida con el fin de restablecer el buen nombre del demandante, como así lo
ordenará.

1.4. Sustento de la vulneración

16. La entidad accionante no comparte el hecho de que la Sección Tercera,
Subsección “B”, le haya obligado a expedir un comunicado en el cual debe pedir
disculpas públicas al procesado, por lo que considera que la providencia enjuiciada
incurrió en:

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ii) Desconocimiento del principio de congruencia y del principio de justicia rogada,
debido a que el operador jurídico dictó una sentencia extra petita y no se limitó a
las súplicas de la demanda.

17. Aclaró que el carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativo
significa que i) el juez no puede iniciar de oficio un juicio, pues el libelista es quien
debe identificar e individualizar sus pretensiones y; ii) el funcionario judicial se
encuentra vinculado a lo solicitado en la demanda, de manera que, en principio, el
fallador está impedido para estudiar temas y pronunciarse sobre puntos que no han
sido planteados o sustentados por el actor.

!"# En ese contexto, mencionó que la Subsección “B” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, decidió imponerle a la entidad la obligación de las disculpas
públicas, sin que fuera solicitado en la demanda, lo cual configura una violación a
las garantías alegadas.$

19. Insistió en que lo anterior constituye un reconocimiento extra petita que
desconoce tajantemente el principio de congruencia pues, “las sentencias judiciales
siempre deben ser coherentes con lo pretendido y lo probado, porque lo que debe
resarcirse es la consecuencia o resultado del daño antijurídico y no el hecho que lo
produce”.

iii) Defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, en cuanto
condenó a la parte actora a expedir un comunicado en el cual pidiera disculpas, sin
sustento probatorio y sin verificar los requisitos que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha establecido para la procedencia de estas medidas de reparación

20. El defecto sustantivo lo alegó, debido a que las funciones estatutarias del
director ejecutivo están reguladas en los artículos 98 y 99 de la Ley 270 de 1996,
de lo que se desprende que es el encargado de ejecutar las políticas administrativas
ordenadas por el Consejo Superior de la Judicatura, es decir que es el ordenador
del gasto y el gerente administrativo de la Rama Judicial. En ese orden, manifestó
que las autoridades judiciales gozan de autonomía e independencia por disposición
de la Constitución y la Ley y, por lo mismo, el director ejecutivo no es superior
jerárquico de ninguna entidad judicial y mal haría en expedir un comunicado
cuestionando una decisión que se asumió en un juicio penal.

21. El defecto fáctico, debido a que la obligación se hizo sin que existiera ningún
respaldo probatorio en el que constara que el señor Harvee Jonnattan Barreto
Garzón sufrió una afectación a su derecho al buen nombre. Por lo tanto, manifestó
que la Sección Tercera, Subsección “B”, de manera errada presumió la existencia
del daño, sin analizar los elementos de juicio obrantes en el plenario.

22. Además, considera desconocida la sentencia de unificación del 14 de
noviembre de 2011, criterio que posteriormente fue reiterado en la providencia del
28 de agosto de 2014, en las que se han establecido los requisitos para que proceda
la medida restaurativa ordenada, resaltando que sólo es viable, en la medida en que
se “se verifique su concreción y se precise su reparación integral”.

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23. Indicó que cualquier reconocimiento de perjuicios por parte del juez se
encuentra condicionado a la prueba de su causación, la cual debe obrar en el
proceso. De igual manera, explicó que algunas de las formas más gravosas de
desconocer el debido proceso se dan, por ejemplo, i) al proferir un fallo sin la debida
valoración de las pruebas que fueron allegadas con el fin de acreditar los hechos
objeto de controversia y; ii) cuando el operador jurídico no expone las razones que
lo llevan a adoptar una decisión.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Admisión de la acción de tutela

24. Mediante auto del 10 de marzo del 2022, el magistrado ponente de esta
decisión admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la Sección
Tercera, Subsección “B” de esta Corporación.

25. Igualmente, vinculó como terceros interesados a los señores Harvee Jonnattan
Barreto Garzón, Gina Erika Contreras Narváez y a su hija Erika Nicole Barreto
Contreras por haber sido demandantes en el proceso ordinario; ii) a la Fiscalía
General de la Nación como parte demandada al interior del proceso ordinario; iii) al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión y al representante legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

1.5.2. Intervenciones

1.5.2.1. Fiscalía General de la Nación

26. Por conducto de apoderado, manifestó que apoyaba en calidad de
coadyuvante la tutela presentada por la Rama Judicial. Manifestó que el fallo
cuestionado no analizó en debida forma las pruebas que obraban en el plenario, de
las cuales se concluía que el accionante no sufrió una privación injusta de su libertad
y tampoco se acreditó el daño al buen nombre.

27. En este punto indicó que la providencia enjuiciada incurrió en
desconocimiento del precedente y en defecto fáctico porque no atendió la
sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional, en la cual se estableció que
para definir si existió una privación injusta de la libertad, se debe acreditar que esta
fue abiertamente desproporcional, irrazonable y violatoria de las garantías
fundamentales. Así las cosas, puso de presente que en el fallo enjuiciado no se
acreditaron esos elementos y, por lo tanto, no había lugar a declarar la
responsabilidad de la entidad como erróneamente se hizo en el fallo cuestionado.

28. Además, indicó que tampoco se acreditó que el accionante hubiera sufrido
un daño a su buen nombre que hiciera necesaria la orden de las disculpas públicas.
Sobre este aspecto, hizo las mismas manifestaciones realizadas por la Rama
Judicial en el escrito de tutela.

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29. Por lo tanto, solicitó que fuera reconocida su calidad de coadyuvante y que
se revoque la providencia atacada para que se emita una nueva en la cual se
nieguen las pretensiones de la demanda.

1.5.2.2. Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado

30. El magistrado ponente de la decisión controvertida consideró que la
providencia y el expediente de la acción de reparación directa que originó la
presentación de este mecanismo contienen los argumentos y elementos necesarios
para que el juez constitucional tome la decisión que en derecho corresponda. En
ese orden, indicó que en todo caso estaba presto a atender lo que se disponga en
esta providencia.

1.5.2.3. Demandantes del proceso ordinario

31. Harvee Jonnattan Barreto Garzón y Gina Erika Contreras Narváez, por
conducto de apoderado, se opusieron a las pretensiones de la presente tutela.
Indicaron que la providencia enjuiciada se ajustó a los parámetros jurisprudenciales
y legales.

32. Pusieron de presente que la privación injusta de la libertad se acreditó, debido
a que el señor Barreto Garzón fue capturado sin tener nada que ver en el ilícito en
que cometió otra persona que se hizo pasar por él. Además, que es evidente el daño
al buen nombre sufrido, que se encuentra probado en la sentencia de tutela que
ordenó tutelar dicha garantía, para que se realizaran las medidas pertinentes para
modificar el error en la providencia que lo condenó por pura negligencia.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

33. Esta Sala es competente para conocer de la tutela presentada contra la
providencia dictada por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019! de la Sala Plena
de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

34. La Fiscalía General de la Nación solicitó ser reconocida en este proceso
como de coadyuvante. Al respecto, se debe decir que de conformidad con la
Sentencia T-269 del 2012, esto es posible cuando la decisión de la tutela afecte a
quien solicita ser reconocido en dicha calidad:

En el trámite de la acción de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se
prevé que los terceros con interés legítimo pueden intervenir en el proceso de tutela
actuando como coadyuvantes. El artículo 13 del Decreto 2591 dispone que “quien

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Reglamento interno de la Corporación.
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tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud”. Esto implica, en principio, que con independencia de la categoría
particular dentro de la que pudieran ubicarse en razón de su interés en el proceso y
del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acción de
tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden
afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por
la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones.
En el trámite de las acciones de tutela esta delimitación del papel de los terceros
debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial
que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicitó el amparo y que
luego es vinculada a su trámite, bien por solicitud de las partes o por decisión
oficiosa del juez, puede advertir que su interés no se reduce al resultado del proceso,
sino que también es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados
en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos más o menos
delimitados desde la instauración de la tutela, y porque es la misma persona o
autoridad pública accionada quien con su conducta ha generado esta situación
presentada al juez de tutela.

35. Por lo tanto, en la parte resolutiva se reconocerá a la Fiscalía General de la
Nación calidad de coadyuvante, teniendo en cuenta que como también fue
condenada en el fallo de reparación directa cuestionado, lo que se decida en esta
tutela afecta directamente su esfera jurídica. Sin embargo, debe precisarse que sólo
se hará el estudio frente a los argumentos expuestos en el escrito inicial de la Rama
Judicial, ya que esta figura implica que el coadyuvante interviene “apoyando las
razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no
promoviendo sus propias pretensiones”, como se indicó en la sentencia citada en el
párrafo anterior.

36. En tal sentido, en la presente tutela se analizarán únicamente los cargos
propuestos por la Rama Judicial en el escrito de tutela y no el reparo expuesto por
la Fiscalía General de la Nación consistente en que la autoridad judicial accionada
desconoció el precedente judicial contenido en la sentencia C-037 de 1996 de la
Corte Constitucional.

2.3. Legitimación en la causa

37. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

38. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19913, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales4.

!
3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
4
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de 2007.
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39. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
Nación – Rama Judicial, es la titular de los derechos fundamentales que reclama,
en razón a que integró la parte demandada y condenada dentro del proceso de
reparación directa en el que se cuestiona la providencia aquí enjuiciada.

40. En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto
procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad
y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

41. Asimismo, la demanda se dirigió contra la Sección Tercera, Subsección B de
esta Corporación, entidad que profirió la providencia objeto de censura, razón por
la cual, se encuentra legitimada por pasiva.

2.4. Problemas jurídicos

42. Corresponde a la Sala resolver lo siguiente:

• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
43. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación vulneró los
derechos invocados por la parte actora, ya que según afirma, fue
condenada injustamente a pedir disculpas por la privación injusta de la
libertad del señor Harvee Jonnattan Barreto Garzón?
2.5. Razones jurídicas de la decisión

44. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) generalidades de los defectos alegados;
(iii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iv) análisis del caso
concreto.

2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales7.

!
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8

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Demandante: Rama Judicial
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Subsección “B”
Rad: 11001-03-15-000-2022-01238-00

46. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia9 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial10.

47. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta
con los requisitos especiales.

48. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

49. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará
la carga argumentativa alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el
defecto procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un
!
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi ) Que no se trate de sentencias de tutela.
10
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

9

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efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión
y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

50. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.7. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.7.1. Relevancia constitucional

51. En el sub judice se advierte que se supera este requisito. Ello es así, pues en
primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia proferida
por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la
cual declaró administrativamente responsable a la Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Harvee
Jonnattan Barreto Garzón y la condenó a pagar los perjuicios morales de la víctima
y sus familiares. Además, ordenó la publicación de un comunicado en el que se
reconociera el daño antijurídico causado y se pidiera perdón por la afectación al
buen nombre del capturado.

52. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión pues,
en efecto, la Rama Judicial consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de contradicción y defensa porque en su sentir, el
operador jurídico tutelado desbordó su competencia al reconocer una medida
restaurativa por la presunta afectación al buen nombre del procesado, sin que
estuviera probado en el plenario y que tampoco fue solicitado por los demandantes,
lo que, en su sentir, deviene en la incongruencia de la sentencia, y en una decisión
que desatiende lo probado al interior el proceso contencioso y la jurisprudencia que
ha establecido los requisitos para que proceda la medida restaurativa ordenada.

53. En ese sentido, los argumentos que a juicio de la parte actora eran
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, habrían transgredido el alcance
y aplicación de sus derechos fundamentales, lo que conllevó a que se omitiera el
deber del juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, de
constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.

54. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas
que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende la entidad
accionante, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de
la Carta Política, lo que implica que estas trasciendan el ámbito meramente legal.
En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima
facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos

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fundamentales, después de haber agotado el procedimiento judicial establecido por
la ley para su protección.

2.7.2. Tutela contra tutela

55. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la
providencia que se censura fue proferida dentro un proceso de reparación directa.

2.7.3. Inmediatez

56. En relación con este requisito, la Sala tampoco advierte ningún reproche en
vista de que la sentencia enjuiciada fue notificada por correo electrónico el 12 de
agosto del 2021, según aparece en el sistema Samai. En ese orden de ideas,
quedó ejecutoriada el 18 de agosto de ese mismo año.

57. Entonces, como el escrito de tutela se presentó el 18 de febrero del 2022 en
la ventanilla de atención virtual del Consejo de Estado, tal como se desprende de la
información que se consignó en el sistema de gestión judicial SAMAI, es claro que
este asunto sí supera el requisito adjetivo de la inmediatez.

58. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200512, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.

2.7.4. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la
misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

59. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse la sentencia del
9 de julio del 2021 de una decisión que resolvió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante en un proceso de reparación directa es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios. Sin embargo, la Sala estudiará cada uno de
los cargos alegados por la parte actora para determinar si se agotaron los recursos
extraordinarios y, en consecuencia, determinar si se cumple en cada caso con el
requisito de la subsidiaridad.

!
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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2.7.4.1. Cargo que no cumple con el requisito de subsidiariedad

60. La Sala considera que el cargo referente a la violación a los principios de
congruencia y justicia rogada no cumple con este requisito ya que la parte actora
puede presentar el recurso extraordinario de revisión, como pasa a explicarse.

61. En efecto, la Rama Judicial expresó en el escrito de tutela que la Subsección
“B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia cuestionada
resolvió de manera extra petita, debido a que abordó asuntos no invocados por el
actor judicial. Lo anterior, debido a que ordenó de oficio una medida restaurativa,
siendo que ello no se solicitó, ni mucho menos se probó su causación. Lo anterior,
considera que es contrario a los principios de congruencia y justicia rogada.

62. En ese sentido, esta Colegiatura encuentra que, reiterando el criterio
expuesto por esta Sección en anteriores oportunidades y teniendo en cuenta la
posición de la Sala Veintidós Especial de Revisión de esta Corporación, el dictar
una sentencia extra petita, implica una violación al principio de congruencia, lo cual
es una de las causales de nulidad originada en la sentencia, por lo que contra ella
procede el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley
1437 de 2011, específicamente por la causal contenida en el numeral 5° del artículo
250 ejusdem, postura que señaló:

“2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de
nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad
originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión
contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única,
si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.

(…)

El CPACA no trae una disposición similar, sin que ello signifique que este
principio no se exija, pues de hecho el mismo se encuentra regulado en el
artículo 305 del C. de P. C y 281 del nuevo Código General del Proceso, en
los siguientes términos:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

(…)

12

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En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que
tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en
fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de
una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que
ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la
demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa,
es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el
proceso.

“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o
cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por
una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”:
cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”

(…)

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada
en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso,
el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar. (…)”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

63. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub judice la entidad
accionante alegó una incongruencia externa, conforme a lo indicado por la Corte
Constitucional en los siguientes términos:

“De la congruencia externa de la sentencia se deriva que, salvo disposición legal
en contrario, se vulnera cuando una decisión va más allá de lo pedido, bien
porque se otorgan cosas adicionales a las solicitadas en la demanda
(sentencia ultra petita), o porque se reconoce algo que no se solicitó
(sentencia extra petita), o, finalmente, cuando la decisión no abarca la totalidad
de los extremos planteados en la litis (sentencia infra petita)”13.
!
64. Con lo expuesto, la Sección recuerda que el recurso extraordinario de
revisión14, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la
cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas por incurrir en alguna de las causales taxativamente consagradas en la ley.
!
13
Corte Constitucional, auto 362 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
14
Sobre el recurso extraordinario de revisión pueden consultarse entre otras, las providencias de: (i)
3.11.2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto
Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00; (ii) 7.4.2015 Sala Especial de Decisión
No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00577-00
y; (iii) 3.11.2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E):
Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-01918-00.
13

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65. Según el artículo 248 del CPACA el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales y jueces administrativos y, debe interponerse mediante demanda
que debe reunir los requisitos prescritos por el artículo 162 de ese mismo Estatuto
Procesal, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
acompañada de los documentos necesarios y las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer (artículo 252).

66. Adicionalmente, la Sala manifiesta que, de la revisión del expediente no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable o una condición de vulnerabilidad
iusfundamental que permita flexibilizar el requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela, ante la existencia de un medio judicial idóneo.

67. En este orden de ideas, se tiene que la solicitud de tutela se torna
improcedente por no superar el requisito de procedibilidad adjetivo de la
subsidiariedad debido a que, al margen de la razonabilidad de los argumentos
expuestos por la Rama Judicial frente al punto, los reparos de incongruencia y
sentencia extra petita deben resolverse a través del recurso extraordinario de
revisión para controvertir la providencia judicial censurada, de conformidad con los
artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

68. Por lo tanto, en la parte resolutiva se declarará la improcedencia de la tutela
por este reproche.

2.7.4.2. Cargos que cumplen con el requisito de subsidiariedad:

69. No obstante, el otro cargo cumple con el requisito de subsidiariedad, por
cuanto no existe ningún medio ordinario para alegarlos.

70. En efecto, se trata del reparo contra la condena a pedir disculpas públicas,
pero no por violación al principio de congruencia, sino por los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente alegados, en los que se indicó que
esta no cumple con los parámetros para que se condene a la entidad por violación
a los derechos constitucional y convencionalmente protegidos. En tal sentido, la
Sala los analizará de fondo.

71. Así las cosas, la Sala a continuación estudiará y determinará si se
configuraron los defectos invocados por la parte actora que lograron superar el
requisito de la subsidiaridad.

2.8. Generalidades de los defectos planteados

2.8.1. Del defecto sustantivo

72. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja

14

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de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”15.

%&# '()*(+,-.)*./$,0$10)234(5+)$,06$634(3.)*.6$6(7(.6*068$

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente,
inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

74. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.

2.8.2. Del desconocimiento del precedente

75. Para esta Sala, el precedente es aquella regla de derecho creada por una
alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar
un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en
el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho.

76. Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces de las altas Cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción,
ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe
dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos
normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

77. Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios
y operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución. Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones
judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues aquellas
corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma

!
15 Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del de 2002, T-043 del 27 de 2005, entre otras.
15

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cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente
una actividad creadora del juez como tal16.

78. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida;
(ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.

2.8.3. Del defecto fáctico

79. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201517, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión:

80. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó
decreto y práctica al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema
de pruebas jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer
indispensables la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los
para fallar el requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
asunto importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre
la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando
se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
del acervo expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
probatorio pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario.
determinante para En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el
identificar la escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
veracidad de los fueron desconocidas por el juez.
hechos alegados
por las partes Así las cosas, se configura siempre que:

a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso

!
16
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
17
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
16

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c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar
el sentido del fallo.

Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
irracional o apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente
arbitraria de las equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se
pruebas entiende alterado.
aportadas
Se requiere entonces que:

a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de
indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración
del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la
experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación
con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución
arbitraria del juez natural.

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con
con fundamento base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su
en pruebas producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la
obtenidas con prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en
violación del cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta
debido proceso una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de
la decisión.

81. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

82. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

83. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallador.

2.9. Caso concreto

84. La parte actora alegó que la Subsección “B” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales, con ocasión de la
sentencia del 9 de julio del 2021, a través de la cual las declaró administrativamente

17

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responsables Harvee Jonnattan Barreto Garzón; las condenó a pagar los perjuicios
morales de la víctima directa y sus familiares y, además, les ordenó la publicación
de un comunicado en el que se aceptara el daño antijurídico que le fue causado al
procesado y que, igualmente, le pidieran perdón a la víctima por la afectación al
buen nombre derivada de la privación injusta de la libertad que padeció.

85. En criterio de las entidad, la referida decisión adolece de los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

86. Así las cosas, esta Sala de Decisión anticipa que negará el amparo solicitado.
Por lo tanto, procede la Sala a analizar el cargo formulado por la entidad accionante.

2.9.1 Defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, en
cuanto a la condena a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación de
proferir un comunicado pidiendo disculpas, sin sustento probatorio y sin
verificar los requisitos que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
establecido para la procedencia de estas medidas de reparación

87. La Sala resalta que las medidas de satisfacción por graves violaciones a
derechos humanos se han implementado en la jurisprudencia nacional por lo que,
cuando se presenta una afectación de bienes o derechos convencionales, el
operador jurídico, en ejercicio del control de convencionalidad, está facultado para
ordenar una medida de reparación no pecuniaria, en aplicación del principio de la
“restitutio in integrum”.

88. La identificación de dichas medidas tiene sustento legal y jurisprudencial, y
se ha reconocido en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sustentadas e
implementadas como parte del principio de reparación integral consagrado en el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y desarrollado en el artículo 8º de la Ley 975 de
2005, que determinó el contenido y alcance del derecho a la reparación, el cual
comprende acciones que propendan por la restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

89. En dicho catálogo de medidas se estableció que la satisfacción consiste en
realizar acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la
verdad sobre lo sucedido. Cabe destacar que, posteriormente la Ley 1448 de 2011
“por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, las incluyó en los artículos
139, 141 y 196.

90. Las referidas medidas de satisfacción tienen su origen en instrumentos
internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
han sido incorporadas al derecho colombiano por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, especialmente en las ocho (8) sentencias de unificación sobre perjuicios
inmateriales dictadas el 28 de agosto de 2014, contenidas en el documento final
aprobado mediante acta de la misma fecha denominado “Referentes para la
reparación de perjuicios inmateriales”, en el cual se demarcaron las medidas no
pecuniarias en el derecho interno.

18

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91. Los principios para este tipo de reparación fueron derivados de la tipificación
desarrollada por Louis Joinet en 1997, en el “Informe Final acerca de la cuestión de la
Impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos”; exposición que
identificó las obligaciones de los Estados a la satisfacción del derecho a la justicia,
la verdad y la reparación de las víctimas, así como la adopción de reformas
institucionales y otras garantías de no repetición.

92. En ese orden, la Sala concluye que dichas medidas no deslegitiman a las
autoridades (artículos 98 y 99, Ley 270 de 1996), siempre y cuando se cumpla con
los presupuestos legales y jurisprudenciales adoptados para su reconocimiento, por
cuanto su evocación es facultativa por parte del juez natural.

93. Así, en el entendido de que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
representa a la Rama judicial y la Fiscalía también hace lo propio desde su esfera
jurídica cuando investiga a los ciudadanos que presuntamente cometieron un delito,
son las autoridades competentes para dar cumplimiento a los fallos donde sea
condenada.

94. En ese sentido, se analizará sentencia de unificación del 14 de septiembre
de 2011, la cual fue reiterada en la providencia del 28 de agosto de 2014 en la
medida en que, son las que establecen los presupuestos para que proceda la
reparación por violación a los bienes o derechos constitucional o
convencionalmente protegidos y fueron alegadas como desconocidas por la entidad
accionante.

95. En la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, la Sala Plena
de la Sección Tercera sostuvo que las afectaciones a bienes o derechos
constitucional o convencionalmente afectados deben ser reconocidos como una
tercera categoría de daños inmateriales autónomos. Bajo esta óptica, consideró
que:

“La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente
manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico);
iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente
tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o
afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e
indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida
de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el
reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen
nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros),
siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su
resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento
esta Corporación”18.

96. En la misma decisión, la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó las
características del daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados19 en la que estableció, entre otros, los siguientes presupuestos:
!
18
Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14.09.2011, rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil
Botero.
19
Al referirse a los bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 14.9.2011, indicó
que “i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en
19

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i) La finalidad de enmendar el daño es restaurar por completo a la víctima
en el ejercicio de sus garantías por lo que, dicha reparación se dirige a: i)
recobrar plenamente los bienes o derechos constitucional y
convencionalmente amparados, en forma individual y colectiva; ii)
conseguir, no solo que desaparezcan el origen de la lesión, sino también
que atendiendo a las posibilidades fácticas y jurídicas, que se le brinde al
afectado la posibilidad de volver a disfrutar de sus derechos, idealmente
en similares condiciones que en las que se encontraba antes de la
ocurrencia del daño; iii) tender a que, en próximas ocasiones, la
vulneración o afectación a estos bienes o derechos no se concrete y; iv)
propender por la realización efectiva de la igualdad sustancial.

ii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce tanto al afectado
directo de la lesión como a su círculo familiar inmediato, a saber, el
cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el primer
grado de consanguinidad, incluyendo a las relaciones familiares: a)
biológicas, b) civiles, originadas en la adopción y; c) "de crianza", derivada
de las relaciones de “solidaridad y afecto que se presumen entre ellos”.

iii) Es un perjuicio que se restaura primordialmente a través de medidas de
carácter no pecuniario, es decir mediante instrumentos reparatorios no
indemnizatorias; no obstante, en asuntos extraordinarios cuya reparación
integral, en criterio del juez “no sean suficientes, pertinentes, oportunas o
posibles”, existe la posibilidad de conceder una indemnización a la víctima
directa de hasta 100 SMLMV20, si fuere el caso, “siempre y cuando la
indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la
salud”. En ese punto, aclaró que el valor reconocido tendrá que ser
proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho
afectado y, en todo caso, deberá motivarse por el juez que lo otorgue.
iv) Es un agravio frente al cual debe encontrarse una declaración palmaria
de responsabilidad del Estado, derivada de la manifestación de un daño
a bienes constitucional y convencionalmente protegidos. En tal sentido,
se deben establecer las “medidas de reparación integral adecuadas y
pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las
medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del
caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la
dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los
derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia,

!
fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o
derechos constitucionales convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial,
ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso,
negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales, iii) Es un daño
autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración
de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño
moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza
mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación
fáctica particular, iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos
del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el
impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus
derechos constitucionales y convencionales”.
20
Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho
internacional”. (negrillas fuera del texto original).

v) Es un daño respecto del cual se evidencie el papel del juez, como
protector integral de las garantías fundamentales transgredidas en los
casos de responsabilidad extracontractual, “(…) sin desconocer que las
indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan
directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en
tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional
y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda
a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas”.

97. Posteriormente, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 201421, la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que, cuando
exista una afectación de bienes o derechos constitucional o convencionalmente
protegidos, debe acreditarse la concreción de los perjuicios inmateriales:

“De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia
en materia de perjuicios inmateriales, (…) [será] procederá siempre y
cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción
y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a
través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima
directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o
compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1° de
consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto
que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación
familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas
denominadas “de crianza”.

REPARACION NO PECUNIARIA
AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE DE BIENES O
DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE
AMPARADOS
Criterio Tipo de Modulación
Medida
En caso de Medidas De acuerdo con los
violaciones de hechos probados,
relevantes reparació la oportunidad y
a bienes o n integral pertinencia de los
derechos no mismos, se
convencion pecuniari ordenarán medidas
al y as. reparatorias no
constitucion pecuniarias a favor
almente de la víctima
amparados directa y a su
núcleo familiar más
cercano.

(…) Así mismo, se observa que para la consideración de este tipo de
medidas la base constitucional se desprende los artículos 90 y 93 de
la Carta Política, la base legal del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y
del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Adicionalmente, y para garantizar el derecho a la reparación integral
de la víctima, se tiene en cuenta que debe ceder el fundamento
procesal del principio de congruencia ante la primacía del principio
sustancial de la “restitutio in integrum”, máxime cuando existe la
vulneración del derecho internacional de los derechos humanos”.
!
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, radicado 66001-23-31-
000-2001-00731-01(26.251), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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98. En ese contexto, la Sala observa que, en la sentencia del 9 de julio de 2021,
la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado sí hizo un análisis
sobre la acreditación de este perjuicio. En efecto, encontró que al señor Barreto
Garzón se le había vulnerado el derecho al buen nombre teniendo en cuenta que
un fallo de tutela en el cual un juez de tutela dispuso la protección de dicha garantía,
junto con la identidad, la honra y al habeas data, teniendo en cuenta que estos se
habían afectado con los registros en los bancos de datos de antecedentes judiciales
que lo señalaban como culpable de una conducta en la cual no participó. Se reitera
el aparte de la providencia enjuiciada en la que se hizo este análisis:

25. Adicionalmente, la afectación al buen nombre se evidenció en la providencia
de 25 de febrero de 2005, en la que el juez de tutela, con ocasión del error
presentado en la identificación del condenado en el proceso penal, resolvió
“TUTELAR los derechos fundamentales del peticionario HARVEE JONNATTAN
BARRETO GARZÓN a la identidad, a la honra, al buen nombre y al habeas data”
y, en consecuencia, “ORDENAR al Juzgado 9 penal del Circuito de Bogotá, que
en el término máximo de 48 horas a la notificación de esta sentencia, inicie un
incidente encaminado a establecer la verdadera identidad del condenado por
ese despacho (…)”. Como fundamento de la decisión se consideró que, a pesar
de la declaratoria de prescripción de la pena y la cancelación de la orden de
captura en contra de Harvee Barreto, su buen nombre había sido afectado con
los registros en los bancos de datos de antecedentes judiciales que lo señalaban
como autor de una conducta de la cual era totalmente ajeno. Por lo anterior, la
Sala considera necesario adoptar una medida con el fin de restablecer el buen
nombre del demandante, como así lo ordenará.

99. En ese orden, esta Sección encuentra que en la sentencia censurada se
determinó de manera razonable la afectación al bien o derecho constitucional o
convencional, en la medida en que fue protegido y declarado por un juez
constitucional.

100. Por lo tanto, observa la Sala que contrario a lo aludido por la entidad y la
coadyuvante, no se trató de una mera presunción por el hecho de haber sido privado
de la libertad, sino que la vulneración de dicha garantía venía precedida de una
orden de un juez de tutela que lo protegió y dio órdenes pertinentes para que al
accionante le fueran retirados los registros por la conducta en la cual se probó que
no tuvo ninguna participación.

101. En este punto la Sala resalta que en casos similares22 se han amparado los
derechos de la entidad accionante, pero porque no se encontraron acreditados los
presupuestos para condenar a las disculpas públicas, situación distinta a lo que
ocurrió en este asunto, ya que existió un fallo de tutela que protegió los derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra, a la identidad y al habeas data del señor
Barreto Garzón.

!
22
Al respecto que se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: i) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 2 de diciembre del 2021.
Radicado número 11001-03-15-000-2021-07245-00. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil; ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de octubre del
2021. Radicado número 11001-03-15-000-2021-03772-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
22

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102. En ese orden, se observa que la autoridad judicial accionada contaba con
elementos de convicción que daban cuenta de la afectación a los derechos del
procesado como consecuencia de la negligencia de la Rama Judicial y de la Fiscalía
General de la Nación. En tal sentido, el análisis desplegado no fue caprichoso ni
arbitrario, pues la medida de reparación fue el resultado de un estudio razonable,
que no constituye una vulneración de las garantías alegadas que responde a los
parámetros jurisprudenciales expuestos anteriormente. Por lo tanto, se negará la
acción de tutela por esta inconformidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: RECONOCER a la Fiscalía General de la Nación como coadyuvante en
este asunto.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela en lo relativo a la
incongruencia y decisión extra petita, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NEGAR la acción de tutela sobre los demás reproches formulados por
la Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, ENVÍESE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclara voto

“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.
23

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