Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01238-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01238-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01238-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
12 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01238-01
ACTOR: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
DEMANDADO: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Por falta de
congruencia y tratarse de fallo extra petita / PROVIDENCIA QUE ORDENÓ
MEDIDAS NO PECUNIARIAS POR VULNERACIÓN A BIENES O DERECHOS
CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS - Niega el amparo
solicitado porque no constituye una decisión desproporcionada ni irrazonable pues
se dictó con base en la sentencia de unificación jurisprudencial de esta Sección del
Consejo de Estado sobre la materia.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la Dirección
Ejecutiva Seccional Judicial contra la sentencia de 26 de mayo de 2022, mediante
la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela en lo relativo a la incongruencia y decisión extra petita y negó en relación con
los demás reproches formulados por la Rama Judicial.
Radicación: 110010315000202201238 01
Accionante: Nación – Rama Judicial
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 18 de febrero de 20221, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por
conducto de apoderada judicial, instauró demanda de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
“1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la contradicción y a la igualdad al condenarse de forma arbitraria a la Rama
Judicial, dentro del expediente de reparación directa No.
250002326000200900305-01 en el que actúa como demandante el Harvee
Jonnattan Barreto Garzón y otros; y demandadas la Nación – Rama Judicial y
Nación -Fiscalía General De La Nación.
2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la sentencia de
fecha 9 de julio de 2021, dentro del proceso de reparación directa No.
250002326000200900305-01 en el que actúan como demandante señor
Harvee Jonnattan Barreto Garzón y otros; y demandadas la Nación – Rama
Judicial y Nación -Fiscalía General De La Nación, y se ordene, por
consiguiente, a la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado
proferir un nuevo fallo en el que se denieguen las pretensiones de la demanda.
3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmar el fallo proferido por el a -quo,
por las razones y argumentos expuestos por dicha instancia judicial”.
2. Los hechos
2.1. El señor Harvee Jonnattan Barreto Garzón y su grupo familiar presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, por la privación de la libertad de que fue víctima el
mencionado demandante en el curso de un proceso penal adelantado en su contra
por los delitos de hurto calificado y agravado.
1
Samai, índice 2, anexos 4.
2
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2.2. Mediante sentencia del 26 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
2.3. En providencia del 9 de julio de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado modificó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
resolvió (transcripción literal):
PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la presente providencia,
la Sentencia de 26 de abril de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, que declaró
la caducidad de la acción.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la
Rama Judicial
responsables por la privación injusta de la libertad de Harvee Jonnattan Barreto
Garzón, que ocurrió desde el 14 hasta el 15 de julio de 2003, por la presunta
comisión del delito de hurto calificado y agravado.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la
Rama Judicial a pagar, a título de reparación por los perjuicios morales
causados, las siguientes sumas:
Demandante Indemnizació Indemniza
n a cargo de ción a
la fiscalía cargo de la
rama
judicial
HarveeJonnatta 0.5 SMLMV 0.5 SMLMV
n
Barreto Garzón
Gina 0.5 SMLMV 0.5 SMLMV
ErikaContreras
Narváez
Erika Nicole 0.5 SMLMV 0.5 SMLMV
Barreto
Contreras
CUARTO: ORDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Rama
Judicial que emitan un comunicado, en el mes siguiente a la ejecutoria de esta
providencia, en el cual reconozcan el daño antijurídico causado y pidan perdón
por la afectación al buen nombre de Harvee Jonnattan Barreto Garzón, en los
términos expuestos en esta decisión (…).
2.4. La anterior providencia se notificó mediante correo electrónico el 18 de agosto
de 2021.
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3. Fundamentos de la demanda de tutela
La parte actora señaló (trascripción literal con posibles errores incluidos):
En conclusión en el fallo de fecha 9 de julio de 2021, al haberse condenado a
la Rama Judicial al realizar una obligación de hacer en cabeza de su Director,
no solamente se le concedió a los aquí demandantes y a su núcleo familiar la
reparación a un daño autónomo que la parte actora no pidió en su demanda,
con lo cual se rompió el equilibrio procesal que existía entre la parte actora y la
Rama Judicial, en materia de defensa y probatoria provocando ASÍ UNA
GRAVE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y CONTRADICCIÓN DE LA RAMA
JUDICIAL, al desconocerse el principio de la jurisdicción contencioso
administrativa de la justicia rogada; sumado a ello, desatendió que no existía
prueba alguna que acreditara tal daño, y por razones desconocidas se hizo
caso omiso a la sentencia de unificación de fecha 14 de septiembre de 2011
reiterada y ratificada por la sentencia de fecha 28 de agosto de 2014 y se
adentró a PRESUMIR dicho daño; así como tampoco se realizó la exigente
verificación de procedibilidad así como ni se justificó aunque fuera
sumariamente la razón para conceder este tipo de medidas resarcitorias no
pecuniarias, figura propia de la reparación integral y la grave violación de
derechos humanos; adicionalmente, desnaturalizó las funciones del Director
Ejecutivo y transgredió en forma evidente el principio de la autonomía e
independencia judicial.
Así pues al no haberse realizado la verificación exigida por las sentencias
citadas en el párrafo anterior se ignoró que este tipo de medidas procede
siempre y cuando se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y
se precise su reparación integral.
Indicó que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado vulneró sus
derechos fundamentales porque dictó un fallo extra–petita, dado que reconoció un
perjuicio que no se solicitó en la demanda de reparación directa.
Agregó que ordenar ese tipo de medidas restaurativas –presentar excusas– es
incoherente, desconoce por completo la autonomía e independencia de las
autoridades judiciales y administrativas y, además, “desnaturaliza el ámbito de las
funciones estatutarias del señor Director Ejecutivo reguladas en los artículos 98 y
99 de la Ley 270 de 1996, en cuanto él es el encargado de ejecutar las políticas
administrativas ordenadas por el Consejo Superior de la Judicatura”.
Por las mismas razones, afirmó que también se desconoció el principio de
congruencia de la sentencia, lo que se traduce en una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso.
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4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante auto del 10 de marzo de 2022, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial
accionada y vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Superior de la
Judicatura, a quienes fueron parte actora en el proceso ordinario y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4.2. La Fiscalía General de la Nación manifestó que coadyuvaba la demanda de
tutela y adujo que en el fallo cuestionado no se analizaron, en debida forma, las
pruebas que obraban en el plenario, de las cuales se concluía que el accionante no
sufrió una privación injusta de su libertad y tampoco se acreditó el daño al buen
nombre.
En este punto, indicó que se incurrió en desconocimiento del precedente y en
defecto fáctico porque no atendió la sentencia C-037 de 1996 de la Corte
Constitucional, en la cual se estableció que para definir si existió una privación
injusta de la libertad, se debe acreditar que fue abiertamente desproporcional,
irrazonable y violatoria de las garantías fundamentales.
Así las cosas, puso de presente que en el fallo enjuiciado no se acreditaron esos
elementos y, por tanto, no había lugar a declarar la responsabilidad de la entidad
como erróneamente se hizo en el fallo cuestionado.
Además, indicó que tampoco se acreditó que el accionante hubiera sufrido un daño
a su buen nombre que hiciera necesaria la orden de las disculpas públicas. Sobre
este aspecto, hizo las mismas manifestaciones realizadas por la Rama Judicial en
el escrito de tutela.
4.3. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por conducto
de uno de sus magistrados, señaló que “la providencia y el expediente de la
respectiva acción de reparación directa, contienen los argumentos y elementos
necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho
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corresponda” y, en ese sentido, sostuvo que “estaré presto a atender lo que
disponga la Sala que decida la acción constitucional”.
4.4. Harvee Jonnattan Barreto Garzón y Gina Erika Contreras Narváez, por
conducto de apoderado, se opusieron a las pretensiones de la presente tutela.
Indicaron que la providencia enjuiciada se ajustó a los parámetros jurisprudenciales
y legales. Pusieron de presente que la privación injusta de la libertad se acreditó,
debido a que el señor Barreto Garzón fue capturado sin tener nada que ver en el
ilícito que cometió otra persona que se hizo pasar por él.
Además, sostuvieron que era evidente el daño al buen nombre sufrido, que se
encuentra probado en la sentencia de tutela que amparó dicha garantía, para que
se realizaran las medidas pertinentes para modificar el error en la providencia que
lo condenó por negligencia.
4.5. Los demás sujetos vinculados guardaron silencio.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 26 de mayo de 2022, la Sección Quinta del Consejo de
Estado reconoció a la Fiscalía General de la Nación como coadyuvante en el
asunto, únicamente frente a los argumentos expuestos en el escrito inicial
presentado por la Rama Judicial y no en relación con la condena impuesta en su
contra.
Además, declaró improcedente la acción de tutela en lo relativo a la violación del
del principio de congruencia y decisión extra petita, dado que la Rama Judicial
cuenta con la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de revisión, de
conformidad con los siguientes argumentos:
Con lo expuesto, la Sección recuerda que el recurso extraordinario de revisión,
regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad
6
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de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser
decisiones injustas por incurrir en alguna de las causales taxativamente
consagradas en la ley.
En relación con los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente,
en cuanto a la condena a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación de
proferir un comunicado pidiendo disculpas, sin sustento probatorio y sin verificar los
requisitos que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido para la
procedencia de estas medidas de reparación, negó el amparo con base en los
siguientes motivos:
En ese contexto, la Sala observa que, en la sentencia del 9 de julio de 2021, la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado sí hizo un análisis
sobre la acreditación de este perjuicio. En efecto, encontró que al señor Barreto
Garzón se le había vulnerado el derecho al buen nombre teniendo en cuenta
que un fallo de tutela en el cual un juez de tutela dispuso la protección de dicha
garantía, junto con la identidad, la honra y al habeas data, teniendo en cuenta
que estos se habían afectado con los registros en los bancos de datos de
antecedentes judiciales que lo señalaban como culpable de una conducta en la
cual no participó.
Por tanto, la Sección Quinta del Consejo de Estado encontró que no se trató de una
simple presunción por el hecho de haber sido privado de la libertad el señor Barreto
Garzón, sino que la vulneración de dicha garantía venía precedida de una orden de
un juez de tutela que lo protegió y dio órdenes pertinentes para que al accionante
le fueran retirados los registros por la conducta en la cual se probó que no tuvo
ninguna participación.
6. La impugnación
La Rama Judicial impugnó el fallo de la referencia, para lo cual procedió a citar
algunos fallos de esta Sección del Consejo de Estado en los que se hace referencia
al reconocimiento de medidas restaurativas en casos de afectación relevante a
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados y concluyó que,
en el presente caso, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
infirió y presumió la existencia de un perjuicio que tenía que estar acreditado, motivo
por el cual procedía el amparo pretendido en la demanda de tutela.
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Además, insistió en que el reconocimiento extra petita de dichos perjuicios no
solamente implica el desconocimiento del principio de congruencia sino el
desconocimiento del derecho de defensa que le asiste a la Rama Judicial, pues era
evidente que frente a este daño no se tuvo oportunidad de esgrimir ningún
argumento de defensa.
Afirmó que, en el presente caso, los demandantes no solicitaron medida
restaurativa alguna por afectación a bienes o derechos constitucional o
convencionalmente afectados y, por ende, frente a tal medida ordenada de oficio
no se ejerció el derecho de contradicción y defensa por parte de la Rama Judicial,
y no se encuentra acreditado ese daño en forma alguna.
Como consecuencia, solicitó que se revoque la sentencia de fecha 26 de mayo de
2022 y se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales2.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características 3.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,
exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son 4:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.
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• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
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Referencia: Acción de tutela
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado5.
Conviene mencionar que, cuando se controvierten providencias judiciales dictadas
por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte Constitucional ha
establecido que, además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
los especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional”.
Puntualmente, en sentencia SU–573 de 2017, la Corte Constitucional indicó
(trascripción literal):
Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’6. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:
‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición
de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar
las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela
pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión’.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
6
Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
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Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.
2. Caso concreto
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial alegó que la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado7 desconoció el principio de congruencia de
la sentencia, toda vez que habría dictado un fallo extra–petita en la medida en que
reconoció un perjuicio que no se solicitó en la demanda de reparación directa.
También planteó que incurrió en un defecto fáctico, porque “presumió” la existencia
de una afectación a bienes y derechos constitucionalmente protegidos sin existir
elementos probatorios para ello.
Si bien el recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 de la Ley
1437 de 2011, procede bajo la causal contenida en el numeral 5° del artículo 250
ejusdem para acudir por la violación al principio de congruencia, lo cual es una de
las causales de nulidad originada en la sentencia, lo cierto es que la Subsección se
ha pronunciado de fondo en estos casos, en el siguiente sentido 8:
Como se sabe, las discusiones sobre la valoración del material probatorio son
un campo restringido para el juez de tutela, salvo que se advierta irracionalidad
o capricho en la tasación de los medios de prueba, circunstancias que en este
caso no se presentan9. El hecho de que la accionante no los comparta, no
7
De conformidad con las anotaciones en Samai, la sentencia objeto de reproche fue notificada por
edicto el 18 de agosto de 2021 y la demanda se presentó el 18 de febrero del 2022.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: María Adriana Marín, sentencia de 16
de diciembre de 2020, radicación número: 110010315000202004455 00, reiterado en sentencia de
5 de febrero de 2021, radicación número: 11001-03-15-000-2020-04596-00.
9
Original de la cita: “Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente: «(…) la Corte
debe advertir, en concordancia con su propia jurisprudencia, que sólo es factible fundar una acción
de tutela cuando se observa que de una manera manifiesta aparece arbitraria la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la
prueba ‘debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener
una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto,
según las reglas generales de competencia’. En relación con la competencia del juez de tutela para
la evaluación de los cargos relativos a los defectos fácticos, es importante también precisar, que
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Radicación: 110010315000202201238 01
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido
por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.
La tutela no puede convertirse en el único y el preferido medio de la parte que
pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses, menos aún si
la providencia que se cuestiona ha sido proferida por un órgano de cierre, caso
en el cual, se reitera, la propia Corte Constitucional ha venido sosteniendo que
para la prosperidad de la tutela es necesario que la decisión contenga una
anomalía de tal entidad que riña abiertamente con la Constitución y la
jurisprudencia que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de
derechos fundamentales, circunstancias que, vale decir, en este caso no se
presentan.
Finalmente, precisa la Sala que aunque la parte actora considera que el
«reconocimiento extrapetita» del daño al buen nombre no resulta congruente
con las peticiones de la demanda en el proceso ordinario, ni «atiende a la
legalidad» ordenar disculpas públicas, lo cierto es que esta Corporación, en
sentencia de unificación del 28 de agosto de 201410, estableció que cuando
existe una afectación de bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados, el juez, de oficio o a solicitud de parte, en ejercicio del control de
convencionalidad subjetivo, puede ordenar una medida de reparación no
pecuniaria, en virtud del principio sustancial de la «restitutio in integrum», sin
que ello afecte la congruencia del fallo. Así lo expresó:
De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia
de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la
afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se
encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su
reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de
reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más
cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el
1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que
se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar
biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas ‘de crianza’.
REPARACION NO PECUNIARIA
AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE DE BIENES O DERECHOS
CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS
Criterio Tipo de Modulación
Medida
En caso de violaciones Medidas de De acuerdo con los hechos
relevantes a bienes o reparación probados, la oportunidad y
derechos integral no pertinencia de los mismos, se
convencional y pecuniarias. ordenarán medidas reparatorias no
constitucionalmente pecuniarias a favor de la víctima
amparados directa y a su núcleo familiar más
cercano.
[…] Así mismo, se observa que para la consideración de este tipo de medidas la
base constitucional se desprende los artículos 90 y 93 de la Carta Política, la
base legal del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y del artículo 63.1 de la
dicho juez no puede constituirse en una instancia para «revisar» las valoraciones probatorias de
otros jueces ordinarios» (Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)”.
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Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014,
radicado 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa”.
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Radicación: 110010315000202201238 01
Accionante: Nación – Rama Judicial
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Convención Americana de Derechos Humanos. Adicionalmente, y para
garantizar el derecho a la reparación integral de la víctima, se tiene en cuenta
que debe ceder el fundamento procesal del principio de congruencia ante la
primacía del principio sustancial de la “restitutio in integrum”, máxime cuando
existe la vulneración del derecho internacional de los derechos humanos.
Visto lo anterior, estima la Sala que el cargo por incongruencia tampoco tiene
vocación de prosperidad, pues si bien es cierto que en el proceso ordinario los
demandantes no solicitaron medidas de reparación no pecuniarias, también lo
es que la autoridad judicial accionada, en ejercicio del control de
convencionalidad subjetivo, estaba facultada para ordenarlas, de conformidad
con el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado contenido en la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 201411.
Bajo ese contexto, la Sala concluye que no se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, toda vez que no se acreditó que la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado hubiera incurrido en los defectos
alegados.
Con base en el anterior pronunciamiento, la Sala estima que el hecho de que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en ejercicio de la autonomía
funcional que caracteriza la actividad de los jueces, considerara que había lugar a
dicho reconocimiento para el señor Barreto Garzón y su grupo familiar, dado que la
privación injusta de la libertad de la que fue objeto conllevó a la afectación de su
buen nombre y de su dignidad, ello no constituye una decisión desproporcionada ni
irrazonable, pues se dictó con base en la sentencia de unificación jurisprudencial
de esta Sección del Consejo de Estado sobre la materia, citada dentro del
pronunciamiento que se acaba de trascribir.
Adicionalmente, la decisión atacada contó con el material probatorio a partir del cual
la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado encontró que la
afectación del buen nombre de la víctima directa del daño en el proceso de
reparación directa no se trató de una simple presunción por el hecho de haber sido
privado de la libertad, sino que la vulneración de dicha garantía venía precedida de
una orden de un juez de tutela que lo protegió y dio órdenes pertinentes para que
al demandante le fueran retirados los registros por la conducta en la cual se probó
que no tuvo ninguna participación.
11
Original de la cita: “Ibídem”.
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Radicación: 110010315000202201238 01
Accionante: Nación – Rama Judicial
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Por lo expuesto, se modificará la sentencia objeto de impugnación y, en su lugar,
se negará el amparo solicitado respecto de todas las pretensiones de la demanda
de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 26 de mayo de 2022 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas
en la presente providencia, la cual quedará así:
PRIMERO: RECONOCER a la Fiscalía General de la Nación como
coadyuvante en este asunto.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, ENVÍESE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación: 110010315000202201238 01
Accionante: Nación – Rama Judicial
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
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