Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01246-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01246-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01246-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01246-00
Accionante: Víctor Daniel Villamizar Villamizar y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedente/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL –
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Víctor Daniel Villamizar
Villamizar contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 21 de febrero de 2022, el abogado Víctor Daniel Villamizar Villamizar, en
calidad de agente oficioso de las personas que se presentan en la Tabla No. 1,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, presuntamente
vulnerados por la autoridad judicial, al proferir la decisión del 28 de octubre de 2021,
dentro del proceso ejecutivo Rad. 54518333100120110010103 que promovió contra
el municipio de Pamplona.
Tabla No.1 Agencia Oficiosa - Personas registradas en el escrito de tutela
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y
2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01246-00
Accionante: Víctor Daniel Villamizar Villamizar y otros
Accionado:Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
N° Nombres y Apellidos
1 Reyes Contreras Rico
2 Rosa Emma Penaloza Bautista
3 Dioselina Jaimes
4 Benigna Bautista De Villamizar
5 Rosa María Gelvez Suarez
6 Estefanía Leal Parada
7 Ana Mercedes Bochaga Contreras
8 Urbano Ramírez Delgado
9 Miryam Cecilia Ramírez
10 Carmen Alicia Sierra Acevedo
11 Felix Joaquin Moreno Suarez
12 Nancy Pérez Vera
13 Reynaldo Colegial
14 Virginia Sandoval Sandoval
15 Jose Rumualdo Mendoza Rozo
16 Estefanía Penaloza Gereda
17 Teresadiaz
18 Flor De María Lizcano
19 Jose Maria Vera Vilamizar
20 Ligia Lizcano Villamizar
21 Gladis Estella Fuentes Contreras
22 Jaqueline Florez Rodríguez
23 Jose Zambrano
24 Maria Del Carmen González Cely
25 Dorjs Suárez Contreras
26 Gloria Esperanza Daza
27 Miryam Rico Suarez
28 Belsy Rico Suarez
29 Jose Alirio Alvarado
30 Rosa Miriam Wilches
31 Miryan Cecilia Maldonaoo Wilches
32 Rosmira Gelves Gelves
33 Alfredo Pena Angarita
34 Luis Alfonso Silva Gonzalez
35 Olga María Leal Gafaro
36 Claudia Esperanza Florez Cote
37 Ana Maria Vargas Suárez
38 Ludwing Nunez Badillo
39 Alix Stella Portilla Cacua
40 Claudia Susana Portilla
41 Maria Teresa Rincón De Cuadros
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01246-00
Accionante: Víctor Daniel Villamizar Villamizar y otros
Accionado:Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
42 Rosalbalealparada
43 Freddy Hernando Montana
Santafe
44 Sara María Vera Calderón
45 Javierandres Bayona Gómez
46 Gloria Amparo Buitrago Santafe
47 Clemencia García Jaimes
48 Vniana Rocío Mora Tibamoza
49 Luis Modesto Lizarazo Jajmes
50 Jaime Orlando Lizarazo Jaimes
51 Campo Elías Suárez Jaimes
52 Omaira Mercedes Gafaro Canas
53 Araminta Galvis Acevedo
54 Cleotilde Carvajal Villamizar
55 Amparo Carvajal Villamizar
56 Luis Armando Mogollón Capacho
57 Angel María Castellanos Orduz
58 Numa Argemiro Guerrero Vera
59 Luz Mary Pinzón Martínez
60 Virgelina Montanez Jaimes
61 Marisol Lora Sánchez
62 Maria Eugenia Pabón Mendoza
63 Carmen Helena Figueroa Torres
64 Griselda Sandoval De Villamizar
65 Aura Alicia Pérez Cuadros
66 Blanca Eloina Sandoval Vera
67 Ana Lucy Camperos
68 Armando Cáceres García
69 Gladys Laguado Pabónn
70 Hermes Villamizar Villamizar
71 Nohora Smith Rodríguez Cruz
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:2
<< PRIMERO: Tutelar los siguientes derechos fundamentales: el derecho al debido
proceso y a la defensa, el derecho al acceso a la administración de la justicia y la
prevalencia del derecho sustancial.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se DECRETE LA NULIDAD DE LA
SENTENCIA DE FECHA 28 de octubre de 2021, proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo del Norte de Santander, en Segunda Instancia, dentro del proceso
2 Expediente digital, folio 4 del escrito de demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01246-00
Accionante: Víctor Daniel Villamizar Villamizar y otros
Accionado:Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
radicado No. 5451833310012011-0010103, por vulnerar los derechos
fundamentales debidamente invocados.
TERCERO: Como consecuencia de la NULIDAD DECRETADA y por quedar sin
efecto la decisión atacada, ORDÉNESE, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER, que en un término excesivamente breve, emita una nueva
providencia QUE SE AJUSTE A DERECHO, dentro del proceso citado en el punto
anterior, decisión judicial que deberá ajustarse a los parámetros constitucionales,
legales y las demás circunstancias debatidas en el proceso por la parte actora y
clarificadas a través de la presente acción de tutela. >> (Negrilla del texto original).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada, de
las pruebas allegadas y de lo expuesto por la accionante se tiene, que3:
3.1.- El 23 de septiembre de 2011, el accionante presentó demanda contra el
municipio de Pamplona por los perjuicios causados a un grupo conformado por más
de 90 familias como consecuencia del colapso de múltiples viviendas de interés
social, en la urbanización Valle del Espíritu Santo.
3.2.- El 30 de mayo de 2014, el Juez Primero Administrativo Oral de Pamplona,
declaró administrativa y patrimonialmente responsable al referido municipio por los
hechos ocurridos en la urbanización Valle del Espíritu Santo. En consecuencia,
ordenó a la entidad demandada pagar a título de indemnización, por perjuicios
materiales y morales la suma de $4.568'948.565 MLC. Inconforme con lo anterior,
el municipio interpuso recurso de apelación.
3.3.- El 14 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
modificó el mencionado fallo y decidió: (i) eliminar la indemnización concedida por
concepto de perjuicios morales; (ii) descontó de la indemnización los valores a pagar
por concepto de lucro cesante que correspondían a los arriendos asumidos por los
demandantes al no poder ocupar sus viviendas, y iii) adicionó "indexar los valores
otorgados por perjuicios materiales a la fecha efectiva del pago". Esta sentencia
quedó en firme el 9 de julio de 2015.
3.4.- Ante el incumplimiento de la entidad demandada, los integrantes del grupo
promovieron acción ejecutiva para hacer efectivo el pago de las sumas de dinero
adeudadas por concepto de indemnización.
3.5.- El 11 de julio de 2019, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona
decidió librar mandamiento de pago contra el Municipio de Pamplona, por la suma
de $2.054.388.305,00 por concepto de perjuicios materiales pendientes de pago e
indicó que esta cifra debía ser indexada a la fecha efectiva del pago. De igual forma,
en el numeral segundo de dicho auto, se abstuvo de librar mandamiento de pago
3 Expediente digital, folios 3 y 4 del escrito de demanda.
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Accionado:Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
por los intereses moratorios reclamados, al advertir que la indexación solicitada y
los intereses moratorios tienen su origen en la devaluación de la moneda, de modo
que son incompatibles entre sí, por lo que consideró que, si se libraba mandamiento
de pago respecto de ambos, se estaría condenando a un pago doble derivado de
una misma causa.
3.6.- El 19 de julio de 2019, los demandantes presentaron recurso de apelación en
contra del referido auto. En dicho memorial, solicitaron “(…) revocar el numeral
segundo del resuelve del AUTO INTERLOCUTORIO Nº 147 que ordena NO LIBRAR
MANDAMIENTO DE PAGO por los intereses moratorios reclamados por los
demandantes y en su defecto ORDENAR LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por
concepto de intereses moratorios por la suma de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y
UNO MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA
Y UN PESO. ($2.191'991.571)”.
3.7.- El 28 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
confirmó el auto proferido el 11 de julio de 2019 por el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Pamplona. Para estos efectos hizo alusión a las sentencias
proferidas: el 16 de diciembre de 2020, por la Sección Primera del Consejo de
Estado4; el 11 de abril de 2009, por la Sección Segunda5; el 22 de octubre de 1999,
por la Sección Segunda6; el 2 de agosto de 2019 por la Sección Tercera, Subsección
B7; y el 7 de mayo de 2020, por la Sección Segunda, Subsección A8, para concluir
que: “tal como lo resaltó el A quo, la pretensión de que se libre mandamiento de
pago por concepto de indexación e intereses moratorios concomitantemente resulta
a todas luces improcedente, ya que estos tienen la misma finalidad, esta es,
recuperar el valor adquisitivo de la moneda, razón por la que los argumentos de la
impugnación no tienen la validez suficiente parar a modificar el auto apelado”9.
4.- Según la parte actora, la entidad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo por errónea aplicación del precedente ya que, para negar el pago de los
intereses moratorios solicitados por los demandantes, fundamentó su decisión en
sentencias que no tienen efectos vinculantes para el caso concreto. Esto, debido a
4 Consejo de Estado, Rad. 25000-23-24-000-2012-00574-01A, de fecha 16 de diciembre de 2020,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdez, Actor: Noemí Sanín Posada y otros.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia de 11 de abril de 2019, Radicación: 25000-23-
42-000-
2017-01889-01, (2948-2018), C.P.: Sandra Lisset lbarra Vélez.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección "A", Sentencia del 22 de octubre de 1999, No.
949/99.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, radicado
número:25000-23-36-000-2017-00209-01 (62416), MP.: Martín Bermúdez Muñoz.
8 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección "A", Sentencia del 22 de octubre de 1999.
Radicado No. 949/99 y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección "B". Sentencia del 1º de
abril de 2004. Expediente. 1998-0159
9 Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, Rad. 54518-33-31-001-2011-00101-03,
Cuaderno Principal No. 2 y Segunda Instancia, Auto que resuelve recurso de apelación, fl. 379.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que fueron proferidas en casos con supuestos fácticos que difieren sustancialmente
de los hechos que tuvieron lugar en el marco de la acción de grupo adelantada por
los accionantes en el año 2011.
El accionante advirtió que, a diferencia del caso puesto a consideración del Tribunal
a través del radicado No. 54518-33-31-001-2011-00101-03, en las sentencias a
partir de las cuales se fundamentó el fallo de segunda instancia “no existe una fecha
definida de pago, y en algunas de ellas ni siquiera un valor o un monto cuantificado
a pagar, razón por la cual cuando se ordena por parte del Juez indexar los valores
a la fecha efectiva del pago es razonable inferir que se está protegiendo el valor
adquisitivo del dinero a pagar.
A contrario sensu no ocurre lo mismo con las sumas de dinero ordenadas a pagar
como indemnización por daños materiales a los integrantes del grupo, aquí si se
tiene cuantificado claramente por el señor Juez los valores a pagar, es una condena
en concreto y especial, que no abstracta, en donde expresamente y de forma
perentoria la norma determina la fecha de pago” 10.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 65
de la Ley 472 de 1998, el monto de la condena debía ser depositado por el municipio
de Pamplona a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
Señaló que, en el caso objeto de estudio, “no es la incompatibilidad de las dos figuras
jurídicas - indexación e interés moratorio - el meollo del asunto”, ya que no es posible
que en el marco del proceso ejecutivo promovido por los accionantes se presente
un doble pago producto de indexar y pagar intereses moratorios. Esto se debe a que
la fecha efectiva de pago de la condena es la consagrada en el numeral 3 del artículo
65 de la Ley 472 de 1998, de modo que es a partir de esa fecha que se genera el
incumplimiento de la obligación a cargo del municipio de Pamplona y, en
consecuencia, el derecho de los integrantes del grupo a percibir los intereses
moratorios por ellos reclamados y reglados expresamente por Ley.
Indicó que la entidad accionada también incurrió en un defecto sustantivo por
inaplicar y desconocer los preceptos consagrados en la Ley 472 de 1998 y los
artículos 430 y 422 del C.G.P. En tanto el numeral 3 del artículo 65 de la Ley 472 de
1998, señala el término en el cual el municipio de Pamplona debió efectuar el pago
de las indemnizaciones concedidas a los demandantes.
Por último, manifestó que en la decisión cuestionada se configuró una vía de hecho.
Al respecto, precisó que “como la indexación se da por vía jurisprudencia para
mantener el poder adquisitivo al momento del fallo o lo que es lo mismo de la
condena, y los intereses por mora en el pago, la ley 472 de 1998 claramente indica
10 Expediente digital, folio 6 del escrito de demanda.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
cuando debe efectuarse el pago, lo que implica desde cuando resulta exigible y
cuando se entra en mora para el pago (…) Luego pasados diez (10) días, contados
desde la fecha de ejecutoria, no sería indexación, serían intereses moratorios desde
su exigibilidad”11.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- El 25 de febrero de 2022, el despacho sustanciador requirió al apoderado judicial
para que allegara el poder especial para representar a las personas mencionadas en
el escrito de tutela.
5.1.- El 9 de marzo de 2022, el abogado informó que el grupo conformado en la
sentencia objeto de revisión está compuesto por 52 familias del grupo demandante
y 31 familias del grupo adherente. Así mismo, que por el tiempo transcurrido entre el
momento en que se profirió la sentencia de segunda instancia del medio de control
de reparación de los perjuicios causados al grupo y la presentación de la acción, así
como por el origen campesino de la mayoría de las familias, no le fue posible obtener
la totalidad de poderes solicitados.
Pese a lo anterior, indicó que obtuvo poder de 21 personas que conformaron el grupo
que participó en la demanda adelantada contra el municipio de Pamplona 12 ,
adjuntando dichos documentos.
5.2.- Mediante auto del 24 de marzo de 2022, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela respecto de las personas que le otorgaron poder al abogado, ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada y vinculó al municipio de Pamplona y a
los demandantes en el proceso cuestionado que no le otorgaron poder al referido
abogado13, en calidad de terceros interesados en el proceso.
11 Expediente digital, folio 10 del escrito de demanda.
12 Estas personas son: Ana Francisca Rivera Pérez C. C. Nº 60.251.578, Carmen Helena Figueroa
Torres C. C. Nº 60.257.526, Aux Stella Portilla Cacua C. C. Nº 60.260.166, María Eugenia Pabón
Mendoza C. C. Nº 60.257.349, Miryam Cecilia Maldonado Wilches C. C. Nº 27.789.798, Rosa Miriam
Wilches C. C. Nº 27.778.658, Jaqueune Flores Rodríguez C. C. Nº 60.261.850, José Zambrano C. C.
Nº 5.475.106, Alfredo Peña Angarita C. C. Nº 88.155.387, Gloria Esperanza Daza C. C. Nº
63.391.494, Benigna Bautista De Villamizar C. C. Nº 27.863.922, Reynaldo Colegial C. C . Nº
5.440.541, Glacis Estella Fuentes Contreras C. C. Nº 60.252.632, Dorjs Suarez Contreras C. C. Nº
60.250.325, Carmen Alicia Sierra Acevedo C. C. Nº 60.256.921, Ludwing Nuñez Bacillo C. C. Nº
7.312.392, Flor De María Lizcano Villamizar C. C. Nº 60.256.533, Estefanía Peñaloza Gereda C. C.
Nº 60.259.59678, Luis Alfonso Silva González C.C. 88. 030300, Clemencia García Jaimes C. C. Nº
27.736.402, Aura Alicia Pérez Cuadros C. C. Nº 60.260.117.
13 Reyes Contreras Rico, Rosa Emma Peñaloza Bautista, Dioselina Jaimes, Rosa María Gelvez
Suarez, Estefanía Leal Parada, Ana Mercedes Bochagá Contreras, Urbano Ramírez Delgado, Miryam
Cecilia Ramírez, Félix Joaquín Moreno Suarez, Nancy Pérez Vera, Virginia Sandoval Sandoval, José
Rumualdo Mendoza Rozo, Teresa Díaz, José María Vera Vilamizar, Ligia Lizcano Villamizar, María
del Carmen González Cely, Myriam y Belsy Rico Suarez, José Alirio Alvarado, Rosmira Gelves
Gelves, Olga María Leal Gáfaro, Claudia Esperanza Flórez Cote, Ana María Vargas Suarez, Claudia
Susana Portilla, María Teresa Rincón de Cuadros, Rosalba Leal Parada, Freddy Hernando Montaña
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01246-00
Accionante: Víctor Daniel Villamizar Villamizar y otros
Accionado:Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
5.3.- Igualmente, requirió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Pamplona para que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente identificado con
el radicado No. 54-518-33-31-001-2011-00101-03.
(i) Tribunal Administrativo de Norte de Santander14
6.- El 30 de marzo de 2022, la autoridad judicial accionada, solicitó declarar
improcedente el recurso de amparo. Lo anterior, al considerar que la acción de tutela
no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Precisó que los accionantes
pretenden agotar una tercera instancia dentro del trámite del proceso ejecutivo y
alegó que a través de la acción de tutela el accionante pretende dirimir una
controversia de contenido netamente económico, al solicitar al juez de tutela que libre
un mandamiento de pago por la suma de $2.191.991.571, monto que inicialmente
fue solicitado por los accionantes en la demanda ejecutiva, por lo que el asunto no
debe discutirse en el marco de la acción constitucional, al no estar relacionado con
la amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales constitucionales
alegados por la parte actora.
(ii) Alcaldía de Pamplona15
7.- El 4 de abril de 2022, el municipio de Pamplona se opuso a las pretensiones de
la demanda y solicitó declarar improcedente la acción de tutela, sostuvo que: (i) el
abogado Víctor Daniel Villamizar carece de legitimación en la causa por activa, al no
contar con un poder especial que lo faculte para actuar en el presente trámite; (ii)
tampoco se cumplen con los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional
para que el señor Villamizar ejerza la agencia oficiosa de las personas mencionadas
en el escrito de tutela, al no demostrar que estas se encuentran imposibilitadas para
actuar en nombre propio; (iii) la parte accionante se equivoca al considerar que los
apartes jurisprudenciales citados en la decisión atacada no eran aplicables al caso
estudiado ya que desarrollan asuntos similares ya estudiados por las altas cortes; y,
(iv) contrario a los argumentos expuestos por los demandantes, la autoridad judicial
accionada aplicó el contenido del numeral 3 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998,
disposición que llevó al Tribunal a librar mandamiento de pago en el proceso
ejecutivo que promovieron los accionantes ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
Santafé, Sara María Vera Calderón, Javier Andrés Bayona Gómez, Gloria Amparo Buitrago Santafé,
Viviana Rocío Mora Tibamoza, Luis Modesto y Jaime Orlando Lizarazo Jaimes, Campo Elías Suarez
Jaimes, Omaira Mercedes Gáfaro Cañas, Araminta Galvis Acevedo, Cleotilde y Amparo Carvajal
Villamizar, Luis Armando Mogollón Capacho, Ángel María Castellanos Orduz, María Helena Ramón
Pulido, Numa Argemiro Guerrero Vera, Luz Mary Pinzón Martínez, Virgelina Montañez Jaimes,
Marisol Lora Sánchez, Griselda Sandoval de Villamizar, Blanca Eloina Sandoval Vera, Ana Lucy
Camperos
14 Expediente digital, intervención contenida en 2 folios.
15 Expediente digital, intervención contenida en 18 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01246-00
Accionante: Víctor Daniel Villamizar Villamizar y otros
Accionado:Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
II. CONSIDERACIONES
C- Cuestión previa
8.- Por haber sido cuestionado por la entidad pública accionada al contestar la
demanda, la Sala reitera que el abogado Víctor Daniel Villamizar se encuentra
legitimado por activa para interponer la presente acción en nombre de las 21
personas que le confirieron poder especial para promover el presente trámite judicial.
Así fue definido en el auto admisorio, al considerarse que el poder otorgado para el
trámite del proceso ejecutivo no lo legitima para promover una acción de tutela, al
lado de lo cual no existe evidencia que permita considerar que está legitimado para
obrar como agente oficioso de los restantes demandantes en el proceso ejecutivo.
D. La acción de tutela contra providencias judiciales
9.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales16.
9.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior17.
9.2.- Así entonces, recurrentemente se ha indicado que los requisitos generales
alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes18:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de inmediatez.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,
exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01246-00
Accionante: Víctor Daniel Villamizar Villamizar y otros
Accionado:Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
• Que no se trate de sentencias de tutela.
9.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional19.
En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
9.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional20 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 21 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada
19 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.
20 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo
siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un
mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión
de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo
intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de
instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso
concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia”.
21 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a
la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan
afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la
jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no
tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés
constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-
1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338
de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de
2014 de la Corte Constitucional.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales22; e (iii)
impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades
jurisdiccionales23.
9.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales24: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
9.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”25.
22 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los
fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia
la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación
uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
23 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional.
24 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para
comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún
llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía
de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de
la Corte Constitucional.
25 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
9.7.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento
estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese
examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el
interesado26.
E. Análisis del caso concreto
10. En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las
circunstancias que se alegan en la presente causa acreditan los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple el
requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a
abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de establecer si el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander incurrió en el defecto o yerro invocado por los
accionantes y si se justifica la adopción de medidas de protección frente a los
mismos.
11.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la providencia de 28 de octubre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que confirmó
la decisión del A quo, de no librar mandamiento de pago por los intereses moratorios
solicitados dentro del proceso ejecutivo que se adelanta contra el municipio de
Pamplona por el incumplimiento en el pago de las condenas impuestas dentro de la
acción de grupo, con radicado No. 54518333100120110010100, al considerar que
son incompatibles con la indexación que estableció la providencia ejecutada.
12. Revisado el expediente, se advierte que el asunto carece de relevancia
constitucional, por cuanto faltan elementos de fondo atinentes a la procedibilidad de
la acción ejecutiva que le impiden al juez de tutela hacer un pronunciamiento de
fondo, en la medida en que le implicarían invadir la órbita del juez natural. Lo anterior,
con base en los siguientes razonamientos:
12.1. En la acción de grupo No. 5451833310012011-0010100, el Juzgado
Administrativo Oral del Circuito de Pamplona concluyó, que:
“el proyecto denominado Urbanización Valle del Espíritu Santo, está conformado
por un total de 92 casas, estando presentes en el proceso bajo análisis la cantidad
de 52 personas, debidamente admitidas en el grupo y analizados sus perjuicios
por dictamen de experto en la materia.
26 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de
noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte
Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016.
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Sin perjuicio de lo anterior, debido a la irregularidad en la expedición de las
licencias de urbanismo y construcción y a lo que demostraron los diferentes
informes técnicos, entiende el Juzgado que ninguna de las viviendas se encuentra
construida en un terreno apto para su urbanización, ni siquiera las que han sufrido
menor afectación y aún se encuentran habitadas, lo que nos lleva a concluir que
estas, tarde o temprano, colapsarán al igual que las de la parte alta de la
urbanización; en tal sentido es necesario conformar el grupo con todas las
viviendas del proyecto de urbanismo, es decir, las 92 casas de interés social,
e igualmente ordenar la reubicación de las familias, previa la
indemnización”27.
12.2 Así mismo, en dicha providencia el A quo determinó que la indemnización que
se reconocería a los miembros del grupo que hicieron parte del proceso se definiría
a partir de los perjuicios que se demostraron en el dictamen pericial, mientras que el
monto asignado a los miembros que no demandaron y que por esta razón no
contaban con una acreditación de dichos perjuicios sería el menor valor de los
reconocidos en el peritazgo para los demandantes, es decir, la cantidad de
$17.800.017,3969 , pues “se supone que fue lo mínimo invertido por cada uno de los
propietarios, más la suma que se reconozca como daño moral”.
12.3 Aunado a lo anterior, el juzgado señaló que “en lo que concierne al
reconocimiento de los propietarios que hacen parte del grupo demandante, el
Juzgado percibe algunas irregularidades e inconsistencias, que pasa a señalar: A)
del grupo inicial de cincuenta y dos (52) personas (fls. 1 y 160 c. principal 1), ocho
(8) carecen de escritura pública de venta y de registro de matrícula inmobiliaria, en
tal virtud, estas al momento del pago deberán acreditar lo propio con documento
idóneo; B) así mismo, dos (02) más de los accionantes del grupo inicial, dan poder
quizás como miembros del grupo familiar, pero no lo hace el titular del bien inmueble,
por ende al momento del pago, deberá comparecer el propietario, o deberán arrimar
poder emanado de este, con el fin de obtener su resarcimiento económico”.
(subrayado fuera de texto)
12.4 Ahora bien, en relación con las condiciones de pago de la indemnización
concedida, el juzgado precisó que “se pueden resumir las siguientes reglas para la
ejecución de esta sentencia y que deberán ser tenidas en cuenta para este efecto,
por el administrador del Fondo para la defensa de los derechos e intereses
colectivos, sumadas a lo establecido en el numeral 3 del art. 65 de la ley 472 de
1998:
i) Se le pagará a cada uno de los 92 miembros del grupo afectados, con posterioridad
a la ejecutoria de esta sentencia, el valor de los perjuicios causados a los mismos,
27 Acción de Grupo Radicado 5451833310012011-0010100, Cuaderno Principal No. 1, Sentencia de
Primera instancia, fl. 252.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
tal y como se estableció en los cuadros resumen de que trata el numeral 5.3. de esta
sentencia.
ii) El pago se hará primeramente a los 52 propietarios de las viviendas que se hayan
constituido como parte en este proceso y cuya condición resulte acreditada o
acrediten con posterioridad, conforme el cuadro contenido en el numeral 3.5.3.
literal b) y teniendo en cuenta las salvedades anotadas en los literales A) y B) del
numeral 5.1. de esta providencia, y luego a los 40 afectados que no fueron
demandantes en este proceso, pero que pertenecen al grupo afectado, y que
acrediten serlo con posterioridad a esta sentencia.
iii) Tanto los miembros del grupo acreditados dentro del proceso, como aquellos
que lo hagan con posterioridad de esta sentencia, deberán presentar ante el
administrador del Fondo para recibir su pago: (a) copia del poder conferido a
su representante judicial en el presente proceso; (b) copia auténtica de la
escritura de compraventa a la Organización de Vivienda Popular Valle del
Espíritu Santo y del certificado de libertad y tradición que los acredite como
propietarios; y (c) Documento que acredite el traslado de dominio exento de
gravámenes, que estos hacen a la parte demandada (Municipio de Pamplona),
a quien corresponde el pago de la condena impuesta en esta sentencia” 28 .
(negrilla por fuera del texto original)
12.5 Por último, sobre el pago de la condena, determinó que “el monto de la
condena, deberá ser depositado por el Municipio de Pamplona a favor del Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, conforme lo normado en el numeral 3
del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 (…) El Defensor del Pueblo como administrador
de dicho Fondo deberá cancelar las indemnizaciones correspondientes a quienes
se hicieron parte en el proceso y a quienes no lo fueron pero pertenezcan a los
afectados, con la precisión de que los integrantes del grupo demandantes que no
acompañaron las respectivas escrituras de compraventa y folios de matrícula
inmobiliaria deberán acreditar previamente la propiedad con los respectivos títulos,
los cuales deben ser confrontados con los folios de matrícula inmobiliaria que fueron
incorporados oportunamente. Igualmente, las personas que no hicieron parte del
proceso, pero comparezcan como parte del grupo afectado, también deberán
acreditar lo anterior. En todo caso, el defensor, deberá tener en cuenta para el pago
de las indemnizaciones, lo señalado en el numeral 5 de esta sentencia, y lo previsto
en el numeral 3 del art. 65 de la ley 472 de 1998, en cuanto sea procedente”29.
28 Acción de Grupo Radicado 5451833310012011-0010100, Cuaderno Principal No. 1, Sentencia de
Primera instancia, fl. 265.
29 Acción de Grupo Radicado 5451833310012011-0010100, Cuaderno Principal No. 1, Sentencia de
Primera instancia, fl. 266.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
13. Al resolver el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, modificó parcialmente el fallo proferido en primera instancia así:
“MODIFICAR PARCIALMENTE EL NUMERAL CUARTO la Sentencia de fecha
Treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014) proferida por el Juzgado único
Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona; en el sentido de no condenar a
perjuicios morales, los cuales se deben descontar de la liquidación realizada, así
mismo de los perjuicios materiales se restará el valor que por cánones de arriendo
se le había ordenado, lo anterior de conformidad a las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia”30 (Negrilla del texto original). Además, adicionó
el fallo del A quo en el sentido “que los valores otorgados por perjuicios materiales
deberán ser indexados a la fecha efectiva del pago, lo anterior debido a la pérdida
de valor adquisitivo de la moneda”31.
14.- Posteriormente, a través de la Resolución No. 193 del 2 de febrero de 2018, la
Defensoría del Pueblo conformó el grupo de personas que cumplían con los
requisitos para ser beneficiarias de la indemnización otorgada en la acción de grupo
No. 2011-0101. En dicho acto administrativo, la Defensoría resolvió reconocer como
miembros del grupo de beneficiarios – adherentes, a 32 personas, las cuales
acreditaron ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos,
ser propietarios y haber adquirido en compraventa un inmueble de la Organización
de Vivienda Popular Valle del Espíritu Santo y Municipio de Pamplona, pues
allegaron la documentación exigida dentro del término legal, conforme a lo indicado
por el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander32.
15. A través de la Resolución No. 1619 del 26 de diciembre de 2018, la Defensoría
realizó el pago parcial de las indemnizaciones a los miembros del subgrupo de
beneficiaros – demandantes. La entidad determinó que de las 52 personas que
conforman este subgrupo solo 39 presentaron la documentación requerida para
proceder con el pago parcial.
16. Por último, en la Resolución No. 693 del 21 de marzo de 2019, la Defensoría
realizó un segundo pago parcial, pero esta vez a 42 miembros del subgrupo de
beneficiarios demandantes, indicando que 10 integrantes aun no contaban con la
documentación necesaria para que la entidad pudiera realizar el pago de la
indemnización.
17.- Aunado a lo anterior, se advierte que, en los autos de 11 de julio de 2019 y 28
de octubre de 2021, por medio de los cuales se libró mandamiento de pago y se negó
30 Acción de Grupo Radicado 5451833310012011-0010100, Cuaderno Principal No. 1, Sentencia de
Segunda Instancia, fl. 328.
31 Ibídem.
32 Acción de Grupo Radicado 5451833310012011-0010100, Cuaderno Principal No. 1, Resolución
193 de 2018, fl. 32-33.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el pago de intereses moratorios, el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Pamplona y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander valoraron como título
ejecutivo las sentencias por medio de las cuales se impuso la referidas condenas al
municipio de Pamplona dentro de la acción de grupo con radicado
5451833310012011-0010100.
17.1. Sobre el particular, en auto de 11 de julio de 2019, el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Pamplona dijo lo siguiente:
“En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que las providencias contentivas
de las condenas por las cuales se demanda la presente acción ejecutiva,
conforme a la constancia secretarial que obra a folio 1171 del expediente principal,
cobró ejecutoria el día 09 de julio de 2015,el despacho no encuentra reparo alguno
frente a los documentos aportados como título ejecutivo, en tanto cumplen con los
requisitos exigidos en el artículo 422 del Código General del Proceso, en primer
lugar, porque contienen una obligación clara, pues tanto el objeto de la misma,
como el sujeto sobre el cual recae, están plenamente identificados.
Igualmente ha de indicarse que la obligación es expresa, pues consta en las
sentencias de condena. Así mismo, observa el despacho que la misma es
exigible en razón a que se ha superado con creces, tanto el término de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de la condena (09 de julio de 2015), como los
dieciocho (18) meses que consagra el Código Contencioso Administrativo, para el
pago de la condena impuesta en el caso concreto, por lo que a la fecha de
radicación de la demanda ejecutiva,14 de marzo de 2019, han trascurrido más de
24 meses, sin que la entidad cancelara la suma adeudada”.
17.2 Al respecto, cabe recordar que esta Subsección, en sentencia de 4 de junio de
202133, en relación con el régimen de ejecución de las sentencias proferidas dentro
de una acción de grupo señaló:
En ese orden, para tener certeza sobre la claridad y exigibilidad de la obligación
de cara al cumplimiento de las sentencias condenatorias de las acciones de grupo,
además de la decisión judicial, se hace necesaria una actuación administrativa
posterior, a cargo del administrador del Fondo Para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, encaminada a determinar las indemnizaciones individuales
de quienes formaron parte del proceso, así como las reclamaciones que se lleguen
a presentar con estricta sujeción a la ratio de la sentencia, para establecer el
monto porcentual que le corresponde a cada una de ellas(numeral 3º del artículo
65 de la Ley 472 de 1998).
33 Radicado 66001233100020040083203.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
La precisión anotada implica que, de cara al cumplimiento compulsivo de este tipo
de sentencias, hará falta la configuración de un título ejecutivo complejo integrado
por la sentencia y el acto o los actos que distribuyen el monto de la condena entre
todos los beneficiarios (los integrantes del grupo en el proceso y aquellos cuya
reclamación se presente con posterioridad a la sentencia), en función de
establecer la claridad de la obligación y la posibilidad de que se haga exigible por
cada integrante del grupo a partir de la distribución porcentual por parte del
administrador del Fondo.
20. Dicho de otro modo, en estos casos, la sentencia no es un documento
que constituya título ejecutivo – per se – cuyo titular sea cada uno de los
miembros del grupo, y menos aún, cuya titularidad recaiga en tal grupo,
pues como derecho de crédito reclama la individualización del valor a cargo
de cada uno de los beneficiarios, bajo las premisas que para el cumplimiento
de este tipo de sentencias ha fijado la ley respectiva.
Esto es así, porque en las acciones de grupo, la condena impuesta, en principio,
es colectiva, y en función de las variables que dictamina el juez de la causa, está
llamada a ser ponderada en función de los intereses individuales de los sujetos
afectados, todo ello en el marco del trámite administrativo que por ley le
corresponde adelantar al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos.” (Negrilla fuera del texto original).
18.-En ese contexto, la Sala advierte que la certeza de los derechos alegados por la
parte actora se ve menguada debido a la ausencia del material probatorio necesario
para establecer la titularidad de los intereses moratorios reclamados en cabeza de
los beneficiarios que componen el grupo.
19.- Es importante recordar que el carácter colectivo o individual de un derecho no
se define a partir de la pluralidad de sujetos que demandan su satisfacción, de
manera que un derecho individual como el pago de la indemnización que se reclama
a través de la acción ejecutiva y, en consecuencia los intereses moratorios que se
derivan del incumplimiento en su pago, no se convierten en colectivos por el hecho
de haberse exigido en forma simultánea por parte de varios de los afectados, ya que
en última instancia la indemnización otorgada en la referida sentencia, puede ser
dividida y está llamada a ser apropiada de forma individual, de conformidad con el
procedimiento administrativo establecido en la Ley 472 de 1998.
20.- En ese orden de ideas, se evidencia que, si bien el municipio debía realizar el
pago de las indemnizaciones reconocidas al Fondo para la Defensa de los Derechos
e Intereses Colectivos dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
la exigibilidad del pago de las indemnizaciones a los integrantes del grupo estaba
condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos impuestos en las sentencias
proferidas por el Juzgado Administrativo del Circuito de Pamplona y el Tribunal
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Administrativo de Norte de Santander. De modo que para obtener el pago los
integrantes del grupo debían presentar: (i) copia del poder conferido a su
representante judicial en el presente proceso; (ii) copia auténtica de la escritura de
compraventa a la Organización de Vivienda Popular Valle del Espíritu Santo y del
certificado de libertad y tradición que los acredite como propietarios; y (iii) documento
que acredite el traslado de dominio exento de gravámenes, al municipio de
Pamplona.
21.- Al revisar el expediente, la Sala observa que, de acuerdo con las resoluciones
emitidas por la Defensoría del Pueblo, el grupo de beneficiarios de la sentencia se
encuentra compuesto por 52 demandantes y 32 adherentes. De los 52 demandantes,
39 han recibido dos pagos parciales, 3 un pago parcial y en 10 casos la Defensoría
indicó no contar con los documentos necesarios para iniciar el trámite del pago de la
indemnización. Teniendo en cuenta lo anterior, existe un total de 42 beneficiarios (10
demandantes y 32 adherentes) sobre los cuales no se cuenta con información
suficiente para determinar su estado actual.
22. En el escenario descrito, cualquier pronunciamiento de esta Sala en relación con
la causación de los intereses moratorios generados por el incumplimiento del pago
ordenado en la acción de grupo, resultaría inocuo, si antes no se define en los
términos señalados en las consideraciones de esta sentencia, la certeza del título
base de ejecución presentado por los demandantes.
23.- El asunto que se plantea, a pesar de ser advertido por esta Sala, desborda el
ámbito de competencia del juez de tutela al no ser objeto de reproche por parte del
accionante o del municipio de Pamplona. Por esta razón; por sus consecuencias
jurídicas y en respeto a las garantías procesales de las partes, la Sala estima que
dicho asunto debe discutirse en el marco del proceso de ejecución de sentencia. Lo
anterior, teniendo presente que si bien, en principio, le corresponde al juez verificar
las condiciones formales y sustanciales relativas a la existencia del título al tiempo
del mandamiento de pago, en forma posterior se encuentra facultado para hacer un
control oficioso de legalidad al momento de dictar sentencia de acuerdo con las
facultades otorgadas por el artículo 497 del C.P.C34.
24.- Así las cosas, esta Sala estima que la acción de tutela objeto de estudio no
acredita el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. De tal suerte que,
se declarará la improcedencia del amparo incoado por la parte actora.
25.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
34 “Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento de pago. Con posterioridad no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título, sin
perjuicio del control oficioso de legalidad.”
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
III. FALLA
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE35
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
35VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
19
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