Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01253-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01253-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01253-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01253-00
Actor: Álvaro Osma Rodríguez
Demandados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta del cumplimiento del requisito
de inmediatez
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, porque, a su juicio, el Consejo, al proferir la sentencia de 4 de junio de
2021, y el Tribunal, al proferir la sentencia de 15 de enero de 2019, dentro del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de radicación
08001-23-33-000-2014-00621-01, vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, porque, a su juicio, el Consejo, al proferir la sentencia
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
de 4 de junio de 2021, y el Tribunal, al proferir la sentencia de 15 de enero de 2019,
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único
de radicación 08001-23-33-000-2014-00621-01, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que los señores Álvaro Osma Rodríguez, Doris Elena Narváez, Grey
Lorena Osma Narváez y Kelly Paola Osma Narváez son propietarios de la finca
“[…] El Ensueño […]”, ubicada en el Municipio de Puerto Colombia e identificada
con la matrícula inmobiliaria núm. 040-474882 del registro de instrumentos públicos
de Barranquilla.
4. Expresó que el respectivo predio les fue adjudicado por el Municipio de Puerto
Colombia, por ejercer sobre dicho predio la posesión material y efectiva desde hace
más de 20 años.
5. Adujo que el 10 de julio de 2012, Inversiones Prisma Nova S.A. perturbó la
posesión del actor con la fijación de un aviso de desalojo. La diligencia se programó
para el 18 de julio siguiente, sin embargo, no se efectuó por el amparo otorgado al
señor Osma Rodríguez por un juez constitucional.
6. Agregó que el desalojo fue ordenado por el alcalde de dicho municipio, a través
de la Resolución del 12 de junio de 2012, mediante la cual se dispuso dar
cumplimiento a una resolución que había ordenado desocupar los predios de esa
zona, pero quince años atrás.
7. Indicó que en el mes de octubre de 2012, Inversiones Prisma Nova S.A. denunció
a los señores Álvaro Osma Rodríguez, Doris Elena Narváez, Grey Lorena Osma
Narváez y Kelly Paola Osma Narváez por el delito de fraude procesal, en donde los
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
acusó de haber obtenido de manera ilegal la cesión gratuita de la finca “[…] El
Ensueño […]”, la cual, en criterio de la denunciante, hacía parte “[…] de un globo
de terreno más grande […]” identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm.
040-62837 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Barranquilla y que
era de su propiedad.
8. Afirmó que a la denuncia se le asignó el radicado núm. 313.275 y por reparto le
correspondió a la Fiscalía 49 de la Unidad de Patrimonio Económico de
Barranquilla.
9. Señaló que mediante providencia del 20 de diciembre de 2012, la Fiscalía 49
Delegada de la Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla ordenó de “[…]
manera ilegal […]” el desalojo de la finca “[…] El Ensueño […]” y la cancelación de
la matrícula inmobiliaria núm. 040-474882 y de las escrituras públicas
correspondientes, para lo cual comisionó a la inspección de policía del Municipio
de Puerto Colombia, y remitió los Oficios núms.521 y 522 del 21 de diciembre de
2012 a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla y a la
Notaría Única de Puerto Colombia, respectivamente.
10. Consideró que con la expedición de dicha providencia, la Fiscal 49 de la Unidad
de Patrimonio Económico de Barranquilla incurrió en un error judicial.
11. El actor presentó demanda contra la Fiscalía General de la Nación, Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, Notaría Tercera del Círculo
de Barranquilla y Municipio de Puerto Colombia en ejercicio del medio de control de
reparación directa, con el fin de que se les declarara administrativamente
responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de los
errores judiciales cometidos, al considerar lo siguiente:
“[…] 1. Que la Nación – Fiscalía General de la Nación; La Nación Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, Superintendencia de
Notariado y Registro, Nación – Notaría Tercera del Círculo de Barranquilla;
Policía Nacional y el Municipio de Puerto Colombia son administrativamente y
solidariamente responsables por los daños y perjuicios materiales y morales
causados por la Fiscalía 49 de Unidad de Patrimonio Económico de
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
Barranquilla (…), quien haciendo una valoración errada, distorsionó
ostensiblemente la investigación, porque no existe ningún indicio de
responsabilidad de los actores: Álvaro Osma Rodríguez y otros, quien
erradamente dio validez y eficacia de dominio y/o propiedad a la matrícula No.
040-62837 y la escritura pública No. 25 de fecha 11 de enero de 2012, de la
Notaría Tercera de Barranquilla, de Inversiones Prisma Nova S.A., afectado por
falsa tradición, a quienes no les asiste derecho alguno, derecho incompleto o
sin antecedente propio, quien mediante Resolución de fecha 20 de diciembre
de 2012 ordenó: 1. Concedió restablecimiento del derecho a favor de
Inversiones Prisma Nova S.A.; 2. Ordena cancelar la escritura pública No.
2.103 de fecha agosto 10 de 2011 de la Notaría Segunda del Circuito de
Barranquilla, las escrituras públicas No. 529 y 530 de fecha 8 de noviembre de
2004; la escritura pública No. 30 de fecha 19 de enero de 2005; la escritura
pública 295 de fecha 29 de enero de 2007 de la Notaría Única del municipio de
Puerto Colombia; 3. Ordenó el cierre del registro del folio de matrícula 040-
474882 que engloba los folios 040-387962 y 040388317 de la Finca El Ensueño
de propiedad de los actores Álvaro Osma Rodríguez y otros adquiridas por
adjudicación del municipio de Puerto Colombia; 4. Ordena el desalojo de la
finca El Ensueño, diligencia realizada el 7 de mayo de 2013 por la inspectora
de policía del municipio de Puerto Colombia […]”.
Sentencia proferida el 15 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico dentro del proceso de reparación directa identificado con el número
único de radicación 08001-23-33-000-2014-00621-01
12. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda.
13. Consideró que en los términos de los artículos 21, 66, 113 y 117 de la Ley 600
de 24 de julio de 20001, los fiscales delegados tienen competencia para adoptar
todas las medidas tendientes a cesar los efectos creados por la comisión de una
conducta punible, entre ellas, la de ordenar la respectiva cancelación inmediata de
títulos de propiedad y registros obtenidos ilícitamente.
14. Adujo que según lo establecido en el artículo 118 del Código de Procedimiento
Penal, todas esas decisiones atendían al principio de la doble instancia y, en ese
orden de ideas, el investigado podía interponer los recursos de ley, si consideraba
que le resultaban desfavorables.
1
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01253-00
Actor: Álvaro Osma Rodríguez
15. Manifestó que contra la Resolución del 20 de diciembre de 2012, la fiscal del
caso señaló que procedían los recursos de reposición y apelación, sin que en el
expediente reposara medio de prueba alguno tendiente a demostrar su
interposición.
Sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 08001-23-33-000-2014-00621-
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16. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de enero de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte
demandante, en favor de las entidades demandadas […]”.
17. Consideró que:
“[…] De lo expuesto se evidencia que, en efecto, no hay constancia de que la
Resolución del 20 de diciembre de 2012 se hubiere notificado; sin embargo, dicha
circunstancia no implicaba, por si sola, que los aquí demandantes, como directos
afectados con las decisiones adoptadas, por ser los propietarios del inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria n.° 040-474882 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Barranquilla2, no hubiesen conocido el contenido de
dicha resolución, como tampoco que la Fiscalía 49 Delegada de la Unidad de
Patrimonio Económico les hubiere impedido ejercer en contra de aquella su derecho
de contradicción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 600 de 2000, la
notificación de las providencias -sentencias, autos interlocutorios y algunos autos de
sustanciación- podía realizarse de forma personal, por estado, por edicto, por
conducta concluyente y en estrados.
2 Ley 600 de 200, artículo 186. «Legitimidad y oportunidad para interponerlos. Salvo los casos en que la
impugnación deba hacerse en estrados, los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés
jurídico, desde la fecha en que se haya proferido la providencia, hasta cuando hayan transcurrido tres (3) días,
contados a partir de la última notificación».
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
La notificación por conducta concluyente3, según lo dispuesto en el artículo 181
ibidem, «opera cuando se hubiere omitido la notificación o se hubiere hecho en
forma irregular y se entiende cumplida» cuando: i) la persona actuó en la diligencia
o en el trámite a que se refiere la decisión; ii) interpuso recurso en contra ella o, si
iii) de cualquier forma la menciona en escrito, audiencia o diligencia que obre en el
expediente. Se considerará notificada personalmente dicha providencia en la fecha
de la presentación del escrito o de la realización de la diligencia.
Como se mencionó, los medios de prueba relacionados de manera precedente no
dan cuenta de que la Fiscalía 49 Delegada de la Unidad de Patrimonio Económico
notificó la Resolución del 20 de diciembre de 2012, pero sí de que los señores Álvaro
Osma Rodríguez y Doris Elena Narváez la conocieron y se notificaron, pues, tal y
como se lee en los Oficios ANT 126 del 24 de abril de 2013 y del 25 de abril de 2013,
expedidos por la Fiscal 49 de la Unidad de Patrimonio Económico y el Coordinador
de Procuradores Judiciales Penales de Barranquilla, respectivamente, el señor
Osma Rodríguez interpuso una acción de tutela contra la referida autoridad judicial
que fue resuelta el 9 de abril de 2013 y, posteriormente, el 24 de abril le solicitó al
Ministerio Público la vigilancia especial del proceso penal n.° 313275.
Asimismo, está demostrado que en la diligencia del 7 de mayo de 2013, de entrega
material del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria n. 040-474882, su
apoderado intervino para dejar constancia, entre otras cosas, de que había
solicitado un control de legalidad contra la decisión que ordenó el desalojo -
Resolución del 20 de diciembre de 2012-, así como la nulidad de la investigación n.°
313275 que se adelantaba contra sus mandantes por el delito de fraude procesal.
Así las cosas, toda vez que en la referida diligencia el apoderado de los aquí
demandantes no solo manifestó que conocía el contenido de la Resolución del 20
de diciembre de 2012, sino que también indicó que adelantó actuaciones tendientes
a objetarla, para la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la
Ley 600 de 2000, se impone concluir que ese día los señores Álvaro Osma
Rodríguez y Doris Elena Narváez se notificaron por conducta concluyente de la
referida resolución, decisión contra la cual, pese a que procedían los recursos de
reposición y apelación4, no ejercieron su derecho de impugnación5.
Al respecto, conviene señalar que, si bien en el recurso de apelación la parte actora
aseguró que como la Fiscalía 49 Delegada de la Unidad de Patrimonio Económico
«nunca» les notificó su decisión esa circunstancia les impidió los recursos de
reposición y apelación, lo cierto es que, como quedó visto, los aquí demandantes sí
se notificaron y el exiguo material probatorio allegado a este proceso tampoco da
cuenta de que dicha autoridad judicial hubiere desplegado algún actuación tendiente
3 Sobre el particular, la Sala Penal del Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de la siguiente manera:
«…ocurre que las ficciones legislativas como ésta no se declaran sino que se infieren lógicamente del acto que
inequívocamente las revela. Por ello, la norma se refiere a ‘conducta concluyente’ del sujeto procesal ignorado,
que es una manifestación de su voluntad que no deja duda del conocimiento de la providencia, a pesar de no
habérsele comunicado formalmente (presentarse a la audiencia o interponer recursos contra la decisión). Es la
expresión comportamental del sujeto procesal la que trasunta el conocimiento y ha lugar a que ‘se entienda
cumplida la notificación’ no la declaración judicial. (CSJ AP 15 oct. 1997. Radicado 9984)». Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 16 de marzo de 2016, radicación n.° 46628
4 Además de dejar esa constancia en la parte resolutiva de la providencia del 20 de diciembre de 2012, el
artículo 185 de la Ley 600 de 2000 dispone lo siguiente: «Contra las providencias proferidas dentro del proceso
penal, proceden los recursos de reposición, apelación y de queja, que se interpondrán por escrito, salvo
disposición en contrario».
5 Se recuerda que, en el único cargo formulado en la apelación, la parte actora se limitó a señalar que la referida
providencia nunca fue notificada y que, por tanto, a los aquí demandantes no se les permitió impugnar.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01253-00
Actor: Álvaro Osma Rodríguez
a evitar que los afectados con las medidas adoptadas en la Resolución del 20 de
diciembre de 2012 ejercieran su derecho de contradicción.
En ese sentido, estima la Sala que, si los señores Álvaro Osma Rodríguez y Doris
Elena Narváez -quienes eran los directamente interesados en el inmueble respecto
del cual se dispuso la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria y su entrega
material a terceras personas- consideraban que la Resolución del 20 de diciembre
de 2012 fue expedida por un funcionario que no tenía competencia para ello y que
además no valoró integralmente todas las pruebas que se allegaron a la
investigación, tenían que haberla cuestionado en la oportunidad legal prevista para
ello y no pretender que por vía de la acción de reparación directa se subsane la
conducta pasiva que desplegaron.
Sobre el particular, esta Subsección advirtió:
Así, si el interesado no agota los medios de defensa judicial que tiene a
su alcance, el perjuicio deviene de su propia negligencia y no del yerro
judicial alegado, lo que lleva a que se configure la causal eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.
En este orden de ideas, resulta claro que fue la omisión del acá
demandante, consistente en no recurrir el auto que libró el mandamiento
de pago -proferido el 16 de diciembre de 2008 por el Juzgado Tercero
Promiscuo Municipal de Arauca-, lo que determinó la firmeza de la
providencia contentiva del error judicial, en tanto existía la posibilidad
procesal de que sus efectos fueren revertidos mediante la revocatoria
del auto que libró el mandamiento de pago, todo lo cual constituye la
eximente de responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 67 de
la ley 270 de 1996 al que se hizo referencia.
Adicionalmente, debe recordarse que la presencia de una causa extraña
en el hecho dañoso, esto es, la culpa exclusiva de la víctima enerva la
responsabilidad de la administración; al respecto, la jurisprudencia de
esta Corporación ha manifestado que:
‘... para exonerarse de responsabilidad, la demandada debe
acreditar la presencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor,
el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa también
exclusiva y determinante de la víctima, es decir, la entidad estatal
puede ser declarada no responsable de los hechos imputados,
cuando el daño causado se origine en la actuación de la propia
víctima’6.
En consecuencia, al encontrarse probada la eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda7 (se resalta).
6 Original en cita: «Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2015
(expediente 37.751)».
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12
de agosto de 2019, exp. 47707. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; reiterada por esta Subsección en
sentencia del 24 de abril de 2020, exp. 59096.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01253-00
Actor: Álvaro Osma Rodríguez
Bajo ese entendido, toda vez que los señores Álvaro Osma Rodríguez y Doris Elena
Narváez se notificaron por conducta concluyente de la providencia que
supuestamente les ocasionó los perjuicios por los cuales se pretende la declaratoria
de responsabilidad sin que hubieren agotado los medios de defensa judicial que
tenían a su alcance para cuestionarla, para la Sala se configuró la causal eximente
de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, razón por la cual se confirmará
el fallo de primera instancia […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
18. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Solicito a los señores magistrados, con el fin de evitar mayores perjuicios se
Tutele (sic) mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, E IGUALDAD
conculcadas por las vías de hecho judicial en la PROVIDENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA del 15 de Enero de 2019 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO Y EL CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, MAGISTRADA
PONENTE: MARTA NUBIA RICO en la decisión de alzada del 04 de junio de 2021.
Y se dejen sin efectos jurídicos […]”.
19. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del
Atlántico incurrió en un defecto fáctico y en desconocimiento del principio de
congruencia.
Actuación
20. El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de febrero de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Atlántico y
iii) vinculó a la Nación – Fiscalía General de la Nación, la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, a la Superintendencia de Notariado y Registro
– Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, a la Notaría Tercera
del Círculo de Barranquilla, al Municipio de Puerto Colombia, a Doris Elena Narváez
Reina, a Grey Lorena Osma Narváez, a Kelly Paola Osma Narváez, a Karen Elena
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01253-00
Actor: Álvaro Osma Rodríguez
Osma Narváez y AAON8, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles
el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado expresó que:
“[…] Lo primero que debo señalar es que la demanda de tutela resulta improcedente,
por cuanto no cumple con el requisito de la inmediatez. En efecto, mediante la sentencia
de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
fijó -como regla general- que la acción de tutela contra providencias judiciales debe
impetrarse en un plazo de 6 meses, contados desde de la notificación o ejecutoria del
respectivo proveído. En este asunto, la providencia cuestionada se notificó el 2 de julio
de 2021; sin embargo, la acción de amparo se presentó el 18 de febrero de 2022,
cuando ya se había superado el plazo de 6 meses que la jurisprudencia ha considerado
como razonable para presentar demandas de tutela, por lo que se impone concluir que
no se cumple con dicho requisito […]”.
22. La Fiscalía General de la Nación señaló que:
“[…] Sirvan los argumentos hasta aquí expuestos, para demostrar a su Despacho que
no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al señor ÁLVARO OSMA
RODRÍGUEZ, y que, en todo caso, la tutela impetrada es a todas luces improcedente,
razón por la cual se solicita respetuosamente se despachen desfavorablemente las
pretensiones invocadas por el accionante por cuanto no se cumplen las causales
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, así como
tampoco se argumenta la configuración de alguna causal específica de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales ya que la parte actora no sustentó la
configuración del presunto defecto en el que habría incurrido la autoridad judicial
accionada, a pesar de que tenía la carga de la prueba, el fallo es acorde al precedente
jurisprudencial; y por último, no se cumple con el requisito de inmediatez […]”.
23. El Tribunal Administrativo del Atlántico adujo que:
“[…] La alzada dentro del trámite del proceso ordinario de reparación directa que cursó
en primera instancia en este Tribunal, fue desatada por el Consejo de Estado,
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado al proferir la sentencia de 4
de junio de 2021, a través de la cual se confirmó la decisión de primera de instancia que
negó las pretensiones, así que respetando el principio de la doble instancia, y luego de
haberse proferido providencia de cierre a la cual se le dio el oportuno obedecimiento,
considera el suscrito que la sentencia de 15 de enero de 2019 fue ajustada a derecho,
siendo confirmada y en suma la defensa en este medio de control constitucional se
centra en que ya hubo pronunciamiento en segunda instancia.
8 Este Despacho adopta como medida de protección a su intimidad, en caso de aún ser menor de 18 años, la
supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados por
las siguientes iniciales AAON.
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
Así las cosas, las decisiones de primera y segunda instancia, no fueron expedidas de
manera arbitaria (sic) como pretende hacerlo ver el tutelante, por el contrario, tuvieron
sustento fáctico y jurídico, por lo que proponer una nueva revisión de este asunto vía
acción constitucional resulta un desafuero, y por demás un desgaste del aparato judicial
[…]”.
24. La Secretaría General de la Policía Nacional solicitó que se le desvinculara
del presente trámite de tutela, por haberse configurado la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
25. La Superintendencia de Notariado y Registro indicó que:
“[…] Señor juez, esta Oficina Asesora Jurídica se permite aclarar tal como se alude en el
escrito de tutela, que se trata de una solicitud relacionada con resolver la nulidad de
sentencias judiciales por presunta violación a los derechos fundamentales referidos,
teniendo en cuenta los hechos, los legitimados procesalmente para pronunciarse en la
presente Acción Constitucional son el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Atlántico, en virtud a las potestades y funciones que otorga la ley a estas corporaciones,
máxime cuando todo el soporte documental respecto del asunto que nos ocupa obra en sus
archivos.
De acuerdo con lo anterior, queda demostrado que esta Superintendencia no ha vulnerado
derecho fundamental alguno al accionante, en tanto que no le compete expedir estos
conceptos, pues tiene unas funciones determinadas como ya se precisó en la parte
precedente y no guardan relación alguna con los hechos que dieron origen a esta acción,
pues dentro de la función está la de orientar y fijar lineamientos que deben aplicar los
Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos, para una prestación del servicio eficaz
y eficiente, además, le compete adelantar los procesos disciplinarios a que haya lugar […]”.
26. Doris Elena Narváez Reina, a Grey Lorena Osma Narváez y Kelly Paola
Osma Narváez solicitaron que se acceda a las pretensiones del amparo.
27. La Notaría Tercera del Círculo de Barranquilla y el Municipio de Puerto Colombia
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
28.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20219 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 201810 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
29. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
30. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
31. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
9 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
12
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
32. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 200611, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el
juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[12]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.
24. La Sala advierte que la Policía Nacional solicitó su desvinculación de la acción
de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
11 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
12 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
13
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
33. Al respecto, es preciso indicar que el actor presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque al proferir la
sentencia de 4 de junio de 2021, vulneró sus derechos fundamentales, en donde se
evidencia que al interior del proceso de reparación directa identificado con el núm.
de radicación 08001-23-33-000-2014-00621-01, la Policía Nacional fungía como
parte demandada.
34. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Policía Nacional le asiste interés en
la decisión de tutela que se profiera, por lo que se declarará no probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.
Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito de inmediatez.
36. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad, procediendo posteriormente a v) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
37.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
14
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
13
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
38. Esta Sección adoptó14 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
15
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
39. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
40. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
15 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”16 que encaje en dichos parámetros.
41. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
42. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 17
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
43. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de inmediatez.
Acerca del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela
44.Si bien es cierto el Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 18 estableció
que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no
deba interponerse dentro de un plazo razonable. En efecto, la Corte Constitucional
en la sentencia SU-961 de 199919 dijo:
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
16 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
18 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
19 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
16
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. […]”.
45.Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, dijo:
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]20.
46.Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que la
acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los seis
meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar el
cumplimiento del requisito de inmediatez.
47.Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho21:
“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200822, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
20Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
21 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]” (Resalta la Sala)
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
48.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
49.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
23
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
23 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
50.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
51.Atendiendo a que la Corte Constitucional24 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
52. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, porque, a su juicio, el Consejo, al proferir la sentencia
de 4 de junio de 2021, y el Tribunal, al proferir la sentencia de 15 de enero de 2019,
24 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
19
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único
de radicación 08001-23-33-000-2014-00621-01, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
53. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
54. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
55.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
55.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 4 de junio de 2021.
Solución al caso en concreto
Análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez
56.En el expediente está plenamente acreditado que i) la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado profirió la sentencia el 4 de junio de 2021, y se notificó
a las partes el 2 de julio de 202125; y ii) que el actor presentó la acción de tutela el
25
La Sala al revisar el proceso de reparación directa identificado con número único de radicación 08001-23-33-
000-2014-00621-01, evidencia que la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, le fue notificada a las partes el 2 de julio de 2021.
20
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
18 de febrero de 2022, es decir, 7 meses, 16 días desde la fecha de la notificación
hasta la presentación de la acción de tutela.
57.Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue presentada,
superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como se señaló
con anterioridad, ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado.
58.Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba sumaria,
que se encontrara en un estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad
por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de protección
constitucional contra la providencia que presuntamente vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de la acción
de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho relevante que
justificara la tardanza en la interposición de la acción con el fin de flexibilizar el
término de inmediatez.
59.Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201726, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra
providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una excepción en el
término de los seis meses establecidos por regla general como tiempo razonable
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo
un análisis particular del caso, por lo que consideró que la acción de tutela en el caso
bajo estudio procedía diez meses después de haber sido notificada la decisión que
se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento
en la existencia de un hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición
de la acción, circunstancia que no se observa en el presente caso.
60.En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito de inmediatez
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que
se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que con fundamento
26 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
21
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo
debe ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir de la
notificación de la providencia.
Conclusiones de la Sala
61. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente el amparo, por falta del
cumplimiento del requisito de la inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo presentado por el actor, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
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Actor: Álvaro Osma Rodríguez
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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