Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01253-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01253-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01253-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
26 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01253-01
Accionante: ÁLVARO OSMA RODRÍGUEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad / Medio
de control de reparación directa / Defecto fáctico /
Principio de congruencia / Cancelación del folio de
matrícula inmobiliaria / Incumplimiento del requisito
de inmediatez
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el señor
Álvaro Osma Rodríguez, actuando a nombre propio, en contra de la
sentencia de 17 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado
– Sección Primera, que rechazó por improcedente la acción de tutela
interpuesta por la parte accionante en contra del Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A y del Tribunal Administrativo del
Atlántico.
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ACCIÓN DE TUTELA
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I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
La parte accionante presentó medio de control de reparación directa
en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, Superintendencia de Notariado y Registro
– Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla,
Notaría Tercera del Círculo de Barranquilla y municipio de Puerto
Colombia, con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por lo siguiente:
«1. Que la Nación – Fiscalía General de la Nación; La Nación Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla,
Superintendencia de Notariado y Registro, Nación – Notaría Tercera
del Círculo de Barranquilla; Policía Nacional y el Municipio de Puerto
Colombia son administrativamente y solidariamente responsables por
los daños y perjuicios materiales y morales causados por la Fiscalía 49
de Unidad de Patrimonio Económico de Barranquilla (…), quien
haciendo una valoración errada, distorsionó ostensiblemente la
investigación, porque no existe ningún indicio de responsabilidad de
los actores: Álvaro Osma Rodríguez y otros, quien erradamente dio
validez y eficacia de dominio y/o propiedad a la matrícula No. 040-
62837 y la escritura pública No. 25 de fecha 11 de enero de 2012, de
la Notaría Tercera de Barranquilla, de Inversiones Prisma Nova S.A.,
afectado por falsa tradición, a quienes no les asiste derecho alguno,
derecho incompleto o sin antecedente propio, quien mediante
Resolución de fecha 20 de diciembre de 2012 ordenó: 1. Concedió
restablecimiento del derecho a favor de Inversiones Prisma Nova
S.A.; 2. Ordena cancelar la escritura pública No. 2.103 de fecha
agosto 10 de 2011 de la Notaría Segunda del Circuito de Barranquilla,
las escrituras públicas No. 529 y 530 de fecha 8 de noviembre de
2004; la escritura pública No. 30 de fecha 19 de enero de 2005; la
escritura pública 295 de fecha 29 de enero de 2007 de la Notaría
Única del municipio de Puerto Colombia; 3. Ordenó el cierre del
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registro del folio de matrícula 040-474882 que engloba los folios 040-
387962 y 040388317 de la Finca El Ensueño de propiedad de los
actores Álvaro Osma Rodríguez y otros adquiridas por adjudicación del
municipio de Puerto Colombia; 4. Ordena el desalojo de la finca El
Ensueño, diligencia realizada el 7 de mayo de 2013 por la inspectora
de policía del municipio de Puerto Colombia […]».
El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico que,
mediante sentencia de 15 de enero de 2019, negó las pretensiones de
la demanda. Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A que, a través de providencia de 4 de junio de 2021,
confirmó lo resuelto en primera instancia.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«[…] Solicito a los señores magistrados, con el fin de evitar mayores
perjuicios se Tutele (sic) mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, E IGUALDAD conculcadas por las vías de hecho judicial en la
PROVIDENCIA DE PRIMERA INSTANCIA del 15 de Enero de 2019
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y EL
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, MAGISTRADA PONENTE: MARTA
NUBIA RICO en la decisión de alzada del 04 de junio de 2021. Y se
dejen sin efectos jurídicos […]». (sic en toda la cita)
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo del
Atlántico y el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A,
con la expedición de las providencias de 15 de enero de 2019 y 4 de
junio de 2021, incurrieron en:
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Defecto fáctico: por la valoración indebida de las pruebas
aportadas al proceso, toda vez que considera que la fiscal
asignada al caso descontextualizó dolosamente el contenido
sustantivo del tipo penal de fraude procesal, con el fin de
restablecer ilegalmente un derecho inexistente de posesión
material y titularidad a una sociedad creada para afectar los
derechos de los demandantes en el proceso de reparación
directa.
Por otro lado, indicó que se configuró una vulneración del principio de
congruencia, por cuanto la realidad fáctica y jurídica del caso bajo
estudio va en total discordancia y dicotomía con la sana crítica y la
valoración en conjunto de los elementos materiales probatorios
recopilados a lo largo del escenario procesal.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 28 de febrero de 2022, el Consejo de Estado –
Sección Primera admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico y al Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección A, como accionados, y a la
Nación – Fiscalía General de la Nación, a la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, a la Superintendencia de
Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Barranquilla, a la Notaría Tercera del Círculo de Barranquilla, al
Municipio de Puerto Colombia, y a las señoras Doris Elena Narváez
Reina, Grey Lorena Osma Narváez, Kelly Paola Osma Narváez y Karen
Elena Osma Narváez, como terceros interesados en las resultas del
proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.
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5. INTERVENCIONES
5.1. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
solicitó que se rechace por improcedente la acción de la referencia por
no cumplir con el requisito de inmediatez, por cuanto la providencia
cuestionada se notificó el 2 de julio de 2021; sin embargo, la acción
de amparo se presentó el 18 de febrero de 2022, cuando ya se había
superado el plazo de 6 meses que la jurisprudencia ha considerado
como razonable para presentar demandas de tutela.
5.2. La Fiscalía General de la Nación manifestó que no se cumplen
las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, así como tampoco se argumenta la
configuración de alguna causal específica de su procedibilidad, ya que
la parte accionante no sustentó la configuración del presunto defecto
en el que habría incurrido la autoridad judicial accionada, a pesar de
que tenía la carga de la prueba.
5.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico informó sobre las
actuaciones surtidas en el proceso y señaló que se cumplieron todas
las oportunidades procesales contempladas en la ley, respetándose
las garantías de las partes y sus derechos fundamentales a la doble
instancia y al debido proceso.
5.4. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a
través de su Secretaría General, solicitó la desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
5.5. La Superintendencia de Notariado y Registro indicó que no
ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, en tanto que
no le compete expedir estos conceptos, porque tiene unas funciones
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determinadas que no guardan relación alguna con los hechos que
dieron origen a esta acción, pues dentro de la función está la de
orientar y fijar lineamientos que deben aplicar los Notarios y
Registradores de Instrumentos Públicos, para una prestación del
servicio eficaz y eficiente.
5.6. Las señoras Doris Elena Narváez Reina, Grey Lorena Osma
Narváez y Kelly Paola Osma Narváez solicitaron que se acceda a
las pretensiones de la acción.
5.7. Las demás partes guardaron silencio.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado – Sección Primera, a través de sentencia de 17
de marzo de 2022, rechazó por improcedente la acción de tutela de la
referencia, por considerar que no se cumple con el requisito de
inmediatez.
Precisó que en el expediente está plenamente acreditado que i) la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió la
sentencia el 4 de junio de 2021 y se notificó a las partes el 2 de julio
de 2021; y ii) que el accionante presentó la acción de tutela el 18 de
febrero de 2022, es decir, 7 meses, 16 días desde la fecha de la
notificación hasta la presentación de la acción de tutela.
7. IMPUGNACIÓN
El señor Álvaro Osma Rodríguez, a nombre propio, presentó
impugnación en contra de la sentencia de primera instancia, en la cual
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reiteró los argumentos expuestos en el escrito contentivo de la
demanda.
Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la
presente controversia.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto»1.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
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Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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¿El Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección A, con la expedición de las
sentencias de 15 de enero de 2019 y 4 de junio de 2021,
proferidas dentro del medio de control de reparación directa
radicado número 08001-23-33-000-2014-00621-01, incurrieron
en un defecto fáctico y, por consiguiente, en la vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de la
parte accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el principio de inmediatez y iv) el caso
concreto.
3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
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encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea razonable y proporcionado entre el momento en que
se presentó la presunta vulneración y el tiempo de presentación
de la acción de tutela.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.2. INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales es el cumplimiento del requisito de inmediatez:
se debe acreditar que la tutela contra providencia judicial se ha
interpuesto en un plazo razonable.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado:
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«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.»
En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia
del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de
la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente»3.
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto se decide la impugnación presentada por el
señor Álvaro Osma Rodríguez, actuando a nombre propio, en contra
de la sentencia de 17 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Primera, que rechazó por improcedente la acción de
tutela interpuesta por la parte accionante en contra del Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección A y del Tribunal Administrativo
del Atlántico.
En los fundamentos de la acción se alega una vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, ocurrida
con ocasión de las sentencia de 15 de enero de 2019 y 4 de junio de
2021, proferidas dentro del medio de control de reparación directa
radicado número 08001-23-33-000-2014-00621-01.
No obstante, de las pruebas obrantes en el expediente se advierte
que la decisión judicial que puso fin al proceso que se cuestiona en el
3
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-03-15-
000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez.
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presente asunto fue notificada el 2 de julio de 2021, por lo que, dado
que la presente acción de tutela se radicó el 18 de febrero de 2022,
es decir, luego de cumplido un término de siete (7) meses y
dieciséis (16) días, se tiene que en este caso no se acredita el
cumplimiento del requisito de inmediatez.
De igual modo, de los fundamentos expuestos en el escrito de tutela,
no se advierte que la parte accionante haya señalado alguna razón
válida que justifique la tardanza en la presentación de la acción o que
encaje dentro de las causales por las cuales el juez constitucional
considere procedente un estudio de fondo de los argumentos
planteados. Esto, de conformidad con lo señalado por la Corte
Constitucional:
«[…] si bien no existe un término de caducidad para presentar la
acción de tutela, de su naturaleza como mecanismo para la protección
inmediata de los derechos fundamentales se puede establecer que su
finalidad es la de dar una solución de carácter urgente a las
situaciones que tengan la potencialidad de generar una vulneración o
amenaza a derechos fundamentales»4.
En este orden de ideas, esta Sala de Subsección confirmará la
sentencia de 17 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado
– Sección Primera, que rechazó por improcedente la acción de tutela
interpuesta por la parte accionante en contra del Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A y del Tribunal Administrativo del
Atlántico.
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-108 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz.
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III. FALLA
PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia de 17 de marzo de 2022,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, que rechazó
por improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante en contra del Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A y del Tribunal Administrativo del Atlántico, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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