Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01258-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01258-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-01258-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
1 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros.
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / Improcedencia
/ SUBSIDIARIEDAD - la parte actora no agotó los mecanismos ordinarios-medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Gala Pérez
Marbello en contra de la sentencia de 21 de abril de 2022, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:
<<1. Negar las pretensiones formuladas por la señora Gala Pérez Marbello, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión>>
(Negrilla propia del texto original)
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 14 de febrero de 2022, la señora Gala Pérez Marbello interpuso demanda de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico – Sala
Administrativa y el Juzgado Trece de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Barranquilla, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida digna y
a la igualdad, presuntamente vulnerados al ofertar el cargo de Oficial Mayor que
ocupa en provisionalidad en el referido despacho judicial, desconociendo su calidad
de sujeto de especial protección constitucional, debido a los quebrantos de salud que
padece.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:
1
Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
<< 1. AMPARAR mis derechos fundamentales a la Estabilidad Laboral Reforzada,
Mínimo Vital, Seguridad Social, Igualdad y Vida Digna, consagrados en nuestra
constitución Política, a fin de evitar un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta la
enfermedad que me fuere diagnosticada, en ejercicio de las funciones en el cargo que
ostento en provisionalidad en la actualidad; teniendo en cuenta el material factico y
probatorio que milita dentro de la presente solicitud.
2. En consecuencia, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA
ADMINISTRATIVA SECCIONAL ATLÁNTICO, que proceda a ofertar la otra vacante
que existe en el JUZGADO TRECE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MULTIPLE, en el cargo de OFICIAL MAYOR, a fin de realizar en la misma el
nombramiento en propiedad del Doctor JAIME STEVEN RAMOS ANGULO, en
atención a la protección de sus derechos fundamentales de acceso a cargo público del
que es titular.
3. Dejar sin efectos la resolución No. 003 de fecha 9 de febrero de 2022, por medio de
la que se resolvió nombrar en propiedad al Doctor JAIME STEVEN RAMOS ANGULO,
en el cargo de Oficial mayor que ocupo en la actualidad>>1 (negrilla propia del texto)
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
3.1.- La señora Gala Pérez Marbello, mediante Resolución No. 002 de 2012, fue
nombrada en provisionalidad como Oficial Mayor del Juzgado 22 Civil Municipal de
Barranquilla, convertido transitoriamente por el Acuerdo PCSJA19.11256 de 2019 en
el Juzgado 13 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla.
3.2.- Adujo que, durante los años de servicio prestados comenzó a padecer distintos
quebrantos de salud, tales como “sensación de hormigueo a nivel maxilar inferior
especialmente a nivel de dientes, cefalea bitemporal de intensidad variable dos o
tres veces por día 1 hora de duración, se asocia a fotofobia sonofobia, náuseas, dolor
en dedos de manos que se exacerba…” y tal como consta en su historia clínica. El
17 de mayo de 2018, fue diagnosticada con “CEFALEA DEBIDO A TENSIÓN.
Impresión diagnóstica M797 FIBROMIALGIA. Impresión diagnóstica M326. OTRAS
FORMAS DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO”2. Diagnóstico que fue
confirmado en consultas médicas del 20 de junio de 2018 y 4 de septiembre de
20193.
3.3.- Más recientemente, alegó que, el 13 de febrero de 2022, su médico tratante
hizo la siguiente anotación clínica: “paciente conocida por el servicio de medica
interna valorada desde el 2018 con cuadro clínico en su momento de más de un año
1 Expediente digital, Folios 7 y 8 del escrito de demanda.
2 Expediente digital, folio 2 del escrito de demanda.
3 Ídem.
2
Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de evolución…se plantea por dicha especialidad (reumatología) enfermedad mixta
del tejido conectivo, que consiste en un alteración de sus sistema inmunológico que
por error ataca los tejidos blandos, dentro de los cuales están las articulaciones, por
tal razón se considera es persona inmunocomprometida”4.
3.4.- Seguidamente, expuso que, una vez fue diagnosticada, en el año 2018, se
anexó a su hoja de vida, anotación al respecto, por lo que, el juez nominador en dicha
época tenía pleno conocimiento de su enfermedad. Además, resaltó que, el director
actual del despacho judicial para el que laboró fue informado verbalmente de su
situación médica5.
3.5.- El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, mediante Acuerdo
CSJATA17-647 de 6 de octubre de 2017, convocó a concurso de méritos para
conformar registros seccionales de elegibles para proveer cargos de empleados de
empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios del distrito
judicial.
3.6.- El 12 de enero de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico,
notificó al Juzgado 13 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla,
el Acuerdo No. CSJATA21-213 del 23 de diciembre de 2021, “Por el cual se formula
lista de elegibles ante el Juzgado… con el fin de proveer el cargo de Oficial Mayor o
Sustanciador de Juzgado Municipal Grado Nominado”.
3.7.- El despacho judicial, mediante Resolución No. 001 de 2022, procedió a nombrar
a la primera candidata en la lista de elegibles, quien mediante correo electrónico del
7 de febrero de 2022 declinó al nombramiento, por lo que, el 9 de febrero siguiente,
expidió la Resolución No. 003 de 2022 y nombró en propiedad al siguiente en la lista,
el señor Jaime Steven Ramos Angulo, en el cargo que ocupaba la accionante. El 11
de febrero de 2022, el señor Ramos aceptó el nombramiento y se posesionó en el
cargo el 14 de febrero de 2022, tal como consta en la respectiva acta de posesión.
4.- Como fundamento de las pretensiones, la parte actora aduce que las autoridades
demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida digna y a la igualdad, al
haberla desvinculado del cargo de Oficial de Mayor que ocupó en provisionalidad por
más de 11 años y al nombrar al señor Ramos Angulo, a pesar de tener conocimiento
de la condición médica que padece, e igualmente, ignorar que a su cargo se
encuentra la manutención de su núcleo familiar conformado por sus tres hijos,
“JESUS DAVID ANGEL PEREZ, de 21 años de edad estudiante de Segundo
Semestre de la Universidad Libre, MARIA EUGENIA FONSECA PÉREZ, de 14 años
4 Expediente digital, folio 3 del escrito de demanda.
5 Expediente digital, folio 5 del escrito de demanda.
3
Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de edad estudiante de 10° grado del Colegio Buen Consejo y EUGENIO JESUS
FONSECA PÉREZ de 12 años de edad, estudiante del Nuevo Colegio del Prado, de
la ciudad de Barranquilla”6.
4.1.- En concreto, afirmó que, si bien el señor Jaime Ramos tiene derecho a acceder
al cargo para el que concursó y quedó en la lista de elegibles, no podía desconocerse
que ella goza de estabilidad laboral reforzada en atención a la enfermedad que
padece, pues le ocasiona fuertes dolores en las articulaciones, la espalda y el cuello,
ha disminuido su capacidad motora en las extremidades superiores e inferiores del
cuerpo, sufre de manchas en la piel “tipo paños”, el movimiento normal de los dedos
de su mano es limitado, tiene afectada la vista, ha padecido inflamación pulmonar.
Síntomas que no solo la han afectado físicamente sino también emocionalmente, “en
atención a las crisis temporales que afectan [su] organismo, que son controladas por
el suministro de medicamentos, pero que, finalmente van descompensando y
atacando [su] sistema inmunológico hasta el punto de crear dependencia en el
consumo de fármacos, a fin de minimizar los efectos y dolores propios de la
enfermedad77.
4.2.- Así, expuso que, acorde con lo dispuesto por la Corte Constitucional en
sentencias: T-663 de 2011, T-094 de 2010 y T-464 de 2019, los servidores públicos
que ocupan cargos en provisionalidad tienen estabilidad laboral relativa, pero esto
cambia si son sujetos de especial protección constitucional o se encuentran en
estado de debilidad manifiesta en razón al padecimiento de una enfermedad, pues
en dicho escenario, tienen derecho a que, antes de que se proceda a nombrar a
quien superó el concurso de méritos, a ser los últimos en ser removidos del cargo y
si es posible, deberán ser vinculados nuevamente en cargos vacantes de la misma
jerarquía o equivalentes.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
5.- Mediante auto del 25 de febrero de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar de su presentación a las
autoridades demandadas y negó la medida provisional solicitada por la parte actora.
Asimismo, ordenó notificar como terceros al señor Jaime Steven Ramos Angulo, a
los integrantes del registro de elegibles para el cargo de oficial mayor de juzgado
municipal de la Seccional Atlántico y a la persona que ostenta u ostentaba en
provisionalidad el otro cargo de oficial mayor en el Juzgado Trece de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla.
6 Expediente digital, folio 1 del escrito de demanda.
7 Expediente digital, folio 4 del escrito de demanda.
4
Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
5.1.- A su vez, negó la medida provisional solicitada por la accionante, consistente
en suspender los efectos de la Resolución No. 003 de 2022 y “el acto de posesión”
emitidos por el Juzgado 13 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Barranquilla, por medio del cual se nombró y posesionó al señor Jaime Ramos en el
cargo de Oficial Mayor que aquella ostentó en provisionalidad. Lo anterior, debido a
que, “es parte del objeto de lo que se resolverá de fondo en la sentencia de tutela,
teniendo en cuenta las pretensiones planteadas por la accionante en la demanda”8.
6.- El titular del Juzgado Trece de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Barranquilla, solicitó declarar la improcedencia y/o negar las pretensiones de la
acción de tutela, en razón a que: i) por cercanía con la demandante, tiene
conocimiento de que el progenitor de sus hijos, “se desempeña como profesor
catedrático universitario y además, ostenta el cargo en propiedad de JUEZ
ADMINISTRATIVO de este Circuito Judicial” por lo que, con el retiro del cargo no se
afectó su mínimo vital, ii) el actual juez titular se posesionó el 1 de octubre de 2018
y fue informado verbalmente por la secretaria del despacho que ningún nominador
había procedido a reportar la vacante de oficial mayor de la señora Gala Pérez, la
cual estaba disponible desde el 10 de diciembre de 2010, por lo que, en aras de
cumplir con dicha obligación legal, informó el 10 de octubre de 2018 dicha novedad,
iii) si bien la actora refirió al juez titular actual, mediante conversaciones informales,
de varios padecimientos de salud que tenía, al momento de su desvinculación no
puso en conocimiento del nominador ni a la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura su estado de salud, ni pidió reconocimiento de su
condición de sujeto de especial protección y por ende, de la estabilidad laboral
reforzada que aduce tener, “siendo que no puede pretender que se entienda su
condición, con los documentos médicos que posiblemente puso en conocimiento del
anterior titular del Juzgado hace más de tres años, o con referencias generales a su
condición médica en conversaciones informales con este servidor, ya que lo
procedente era solicitar por escrito y con el anexo de los soportes del caso, el estudio
que ahora pretende por vía de tutela”, y iv) la demandante no demostró que su
desvinculación laboral fue un acto discriminatorio debido a su estado de salud, sino
que obedeció a una causa objetiva, esto es, el nombramiento en propiedad de la
persona que ganó el concurso de méritos. Con todo, aclaró que Jaime Steven Ramos
Angulo se posesionó en propiedad en el cargo de oficial mayor, desde el 15 de
febrero de 20229.
7.- El señor Jaime Steven Ramos Angulo adujo que no se debe acceder a las
pretensiones de la acción de tutela, en razón a que se debe respetar sus derechos
adquiridos, pues se posesionó en el cargo para el cual concursó y quedó en segundo
lugar en la lista de elegibles, tras suscribirse el Acuerdo No. CSJATA21-213 de 23
8 Expediente digital, folio 2 del auto admisorio de la demanda.
9 Intervención contenida en 3 folios.
5
Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de diciembre de 2021, el cual fue publicado por el Consejo Seccional de la Judicatura
pues “no se encontraba bajo una figura especial de estabilidad laboral reforzada”.
Además, mencionó que, la Corte Constitucional, en sentencias T-342 de 2011, SU-
446 de 2011 y T-020 de 2021, ha establecido que, la terminación de una vinculación
en provisionalidad porque el cargo respectivo será provisto con una persona que
ganó el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, al gozar
de estabilidad laboral relativa que cede frente al mejor derecho de quien ganó el
concurso de méritos, no obstante, las entidades públicas están obligadas a
establecer mecanismos para proteger a quienes deban ser retirados del cargo pese
a encontrarse en alguna situación de debilidad manifiesta, siendo en este caso
obligación del Consejo Superior de la Judicatura “proteger a la parte actora sin
desconocer los derechos adquiridos por el suscrito”10.
8.- El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial11, pidió ser desvinculada del presente asunto y en todo caso, negar el
amparo solicitado por la demandante, al no haberse acreditado que la entidad
vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Gala Pérez. Empezó
por señalar que, cuando se trata de proveer cargos de empleados de juzgados,
tribunales y centros de servicios, acorde con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley
270 de 1996 “y en el acuerdo marco expedido previamente por el Consejo Superior
de la Judicatura”, le corresponde a los Consejos Seccionales de la Judicatura iniciar
sus propios concursos y expedir el acuerdo con base en el cual se desarrollará la
respectiva convocatoria, ante lo cual, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, tiene solamente una función de coordinación y apoyo, y ya en la etapa final,
responde los recursos de apelación que se interpongan contra los registros
seccionales de elegibles. Por ende, precisó que ya en firme los registros seccionales
de elegibles, corresponde a cada Consejo Seccional surtir el trámite para la
elaboración de las listas y su posterior envío a la autoridad nominadora a que haya
lugar, por lo que, es esta última quien debe hacer la designación del cargo ofertado,
sin participación alguna de la Unidad.
Con todo, precisó que, según el artículo 131 de la referida Ley 270 de 1996, la
decisión del nombramiento en el cargo que la accionante ocupó en provisionalidad y
la de garantizar la estabilidad laboral reforzada que dice tener, correspondía de
manera exclusiva al Juez 13 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Barranquilla, sin que el Consejo Superior de la Judicatura intervenga en modo
alguno, por ende, solicita su desvinculación del presente asunto. En todo caso,
aseguró que, el retiro del cargo de la actora no constituyó una vulneración a sus
derechos fundamentales, sino que, fue consecuencia de una situación
administrativa, legal y garantista de los derechos de los servidores que con base en
10 Intervención contenida en 3 folios.
11 Intervención contenida en 6 folios.
6
Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
el mérito hacen parte del registro de elegibles para ser vinculados en carrera,
independientemente de las circunstancias particulares de la demandante.
9.- La señora Ana Virginia Zamora Benítez, quien ocupa el otro cargo de Oficial
Mayor del Juzgado 13 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla,
refiere que la demandante no cumple con los requisitos establecidos
jurisprudencialmente para que proceda de manera excepcional la acción de tutela,
toda vez que no hace parte de ningún grupo de especial protección constitucional y
no haber demostrado perjuicio irremediable alguno con su retiro del servicio. En este
punto, señaló que, si bien la señora Pérez alegó padecer de algunas enfermedades
no probó negación de los servicios médicos que requiere por parte de su EPS, así
como tampoco el abandono total de su pareja, quien es “juez de la república y
responde académica y económicamente por ellos”, por sus hijos. Igualmente, alegó
que se está ante un hecho superado, porque el señor Jaime Steven Ramos se
posesionó en el cargo de la accionante desde el 14 de febrero de 2022.
A su turno, alegó que desconocía de los fuertes dolores y afectación del estado de
salud de la accionante, pues hasta su desvinculación laboró normalmente y sin
generarse incapacidad alguna. Seguidamente, expuso que, el Consejo Seccional de
la Judicatura no ha ofertado el cargo que ella ocupa como Oficial Mayor en el
despacho accionado, en razón al fallo de tutela de 28 de agosto de 2017, proferido
por el Juzgado 7 Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla y confirmado por el
Juzgado 15 Civil del Circuito de Barranquilla, en el que se le ordenó al Juzgado 22
Civil Municipal de Barranquilla, hoy Juzgado 13 de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple, “suspender la expedición de los actos de nombramientos subsiguientes
respecto de quienes siguen en orden ascendente en la lista de elegible, hasta tanto
se determine la pérdida de mi capacidad laboral” por accidente al descolgarse el
ascensor del edificio en el que trabajaba, que le causó afectación psicológica y física,
pues sufrió graves contusiones en la columna y en la parte cervical, proceso del que
tiene pleno conocimiento la señora Gala Pérez al haber sido vinculada directamente.
Sobre esto último, manifestó que el amparo sigue vigente al no haberse determinado
definitivamente su pérdida de capacidad laboral, pues su enfermedad es
degenerativa, lo que implica que con el transcurso del tiempo su condición empeora.
Sin embargo, indicó que, tuvo que presentar petición ante el Consejo Seccional de
la Judicatura del Atlántico para que no siguiera ofertando su cargo, ya que, de
manera intempestiva e infundada, el 1 de marzo de 2022, lo hizo, en detrimento de
sus derechos fundamentales. Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la
demanda de tutela.
10.- El 2 y 15 de marzo de 2022, la señora Gala Pérez Marbello se pronunció sobre
las respuestas dadas por el Juzgado 13 de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Barranquilla y la señora Ana Zamora. Con respecto a lo dicho por el juez
7
Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
nominador, aclaró que, si bien el padre de sus dos hijos menores es servidor público
en la Rama Judicial, “no es menos cierto que [asume] en su totalidad la obligación
alimentaria y gastos propios de estudio, transporte y demás del mayor de [sus] hijos,
JESUS DAVID ANGEL PEREZ, de edad 21 años quien en la actualidad se encuentra
cursando Segundo Semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de
Barranquilla”12. A su vez, alega que el juez demandado fue contradictorio con
respecto al conocimiento de la enfermedad de la actora, pues por un lado mencionó
que solo de manera informal tenía conocimiento de algunos quebrantos de salud que
padecía, y por otro que desconocía con precisión su condición médica, cuando en
los archivos del despacho, en la hoja de vida de la demandante, aparece el informe
médico de diagnóstico allegado con la presente acción de tutela a folios 55-57, el
cual tenía el deber de revisar. Por lo anterior, alegó que el nominador no era ajeno a
su estado de salud, máxime si su cercanía le permitió conocer aspectos familiares
que no se discuten en el contexto laboral.
Finalmente, arguyó que al momento de su desvinculación no solicitó ni pudo acreditar
ante las autoridades accionadas, su calidad de sujeto de especial protección y su
derecho a gozar de estabilidad laboral reforzada, por cuanto el juez demandado, el
10 de febrero de 2022 expidió acta de nombramiento del señor Ramos Angulo,
realizando acto de posesión el 14 de febrero siguiente, impidiéndole “ejercer derecho
de defensa alguno, ya que la entrega del cargo fue exigida con premura; razón por
la que [procedió] de inmediato a presentar a acción constitucional de la referencia”13.
Con respecto a la respuesta dada por la señora Ana Zamora, la accionante adujo
que, aquella confunde “los vocablos enfermedad-incapacidad”, pues que padezca
una enfermedad autoinmune certificada, que ha sido tratada a tiempo, no implica per
se que se deban generar incapacidades, pues la atención temprana ha minimizado
los efectos de la enfermedad. Igualmente refirió que, su atención médica ha sido
permanente y no anual como lo adujo la vinculada y que, aquella faltó a la verdad al
no manifestarle al juez de tutela que el 26 de enero de 2016, la ARL Positiva
mediante dictamen médico laboral No. 1277531 calificó los diagnósticos
“CONTUSIÓN DE LA REGIÓN LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS (S300),
TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL CUELLO, DISCO EXTRUSO L4, L5 (S109)
“DISCARTROSIS, DISCO EXTRUSO L4-L5 QUE CONDICIONA CONDUCTO
ESTRECHO, CAMBIOS MOBIC TIPO II L4-L5 ) (M510)”14 como no derivados del
accidente laboral. Por su parte, la Junta Regional de Calificación de Invalidez, el 2
de noviembre de 2017, calificó la pérdida de capacidad laboral de la señora Ana
Zamora en 0%, dictamen que fue confirmado el 14 de noviembre de 2018 por la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, encontrándose en firme dicha
12 Expediente digital, folio 2 del escrito enviado el 2 de marzo de 2022.
13 Intervención contenida en 3 folios
14 Expediente digital, folio 2 de la intervención adicional de la accionante del 15 de marzo de 2022.
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Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
calificación a partir del 27 de noviembre de 2018, razón por la cual el nominador
solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura desde octubre de 2020, ofertar dicha
vacante, “sin embargo este último incumplió con su deber ofertando la vacante solo
hasta el mes de marzo de la presente anualidad”15.
Posteriormente, mediante correo electrónico del 5 de abril de 2022, la accionante
refiere estar desvinculada de la Rama Judicial y que su EPS le comunicó que hasta
dicho mes tendría acceso a los servicios de salud, por lo que alegó mantenerse en
el tiempo la vulneración de sus derechos fundamentales con el actuar de la
administración.
11.- El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, guardó silencio.
C. Sentencia de primera instancia
12.- Mediante sentencia de 21 de abril de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó las pretensiones formuladas por la señora Gala Pérez, al considerar
que la accionante no tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues si bien
acreditó que padecía “enfermedad mixta del tejido conectivo” y “otras formas de
lupus eritomatoso sistémico”16, no comprobó los requisitos necesarios para la
configuración de dicha protección especial. Al respecto, mencionó que uno de los
requisitos jurisprudenciales para conceder la estabilidad laboral reforzada por
motivos de salud era “(i) que la condición de salud del trabajador le impida o dificulte
sustancialmente el desempeño de sus funciones”, y la accionante no demostró con
la historia clínica y constancias médicas allegadas, que su patología representara
una dificultad sustancial para laborar. Además, afirmó que, si bien la enfermedad que
padece podría tener algún impacto en su ejercicio profesional, este no es tal como
para concluir que existe una afectación considerable en su esfera laboral, por lo que
no era factible acceder a sus pretensiones.
D. La impugnación
13.- En desacuerdo con lo anterior, la accionante interpuso impugnación, haciendo
énfasis en los quebrantos de salud que padece y aduciendo que no es cierto que no
se haya probado que se encuentra en situación de debilidad manifiesta, por lo que
es procedente el amparo solicitado.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
15 Expediente digital, folio 3 de la intervención adicional de la accionante del 15 de marzo de 2022.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-020 de 2021.
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Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
E. Competencia
14.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199117.
F. Análisis del caso concreto
15. Dado lo anterior, le corresponde a esta Sala determinar si confirma, modifica o
revoca el fallo impugnado, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
que negó el amparo solicitado en la demanda por no encontrar acreditado que la
accionante fuera merecedora del reconocimiento de la estabilidad laboral del que
alega ser acreedora, al no estar demostrado que su enfermedad le impidiera o
dificultara sustancialmente el desempeño de sus funciones, acorde con lo dispuesto
por la Corte Constitucional en sentencia T-020 de 2021.
16.- En virtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela procede cuando el
accionante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, es
decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de
este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley
determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
16.1.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 8618 de la Constitución Política y el
numeral 1 del artículo 619 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.
16.2.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su
17 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
18 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta
acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
19 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante (…)”
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Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.
17.- Específicamente, tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos,
la Corte Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se
torna especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya
que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad,
pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse
a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las
que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se
presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó,
sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante
la Jurisdicción Contencioso Administrativa20.
17.1.- No obstante, en los casos en que concurran otros medios de defensa, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que existen dos excepciones que
justifican la procedibilidad de la acción de tutela, previó a que aquéllos hayan sido
agotados, a saber:
<<(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio>>21.
17.2.- Ahora, la noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo
cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos
fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser
reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que
ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones
manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscabo de
derechos fundamentales.
17.3.- Al respecto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para
identificar el perjuicio irremediable, a saber: “es aquel (i) que se produce de manera
cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii)
que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta
urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza
20 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2018.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales” .
18.- En el caso objeto de estudio, la actora le atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
la Carrera Judicial, al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico – Sala
Administrativa y al Juzgado Trece de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Barranquilla, al proferir, este último, Resolución No. 003 de 9 de febrero de 2022,
mediante la cual se nombró en propiedad en el cargo de Oficial Mayor al señor Jaime
Steven Ramos Angulo, cargo que aquella ocupó en provisionalidad desde el año
2012, desconociéndose su estado de salud y por ende, que ostentaba el derecho a
la estabilidad laboral reforzada.
18.1.- No obstante, se advierte que el asunto carece de subsidiariedad, toda vez que
la actora no agotó los mecanismos judiciales ordinarios, idóneos y eficaces que el
ordenamiento jurídico le otorgaba para proteger sus derechos, pues aquella contaba
con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y con este, la
posibilidad de solicitar medidas cautelares para debatir la legalidad el acto
administrativo que es objeto de reproche en la presente acción constitucional, sin
que frente al mismo quepa oponer un carácter de insuficiencia, ante las eventuales
dificultades que imponen los términos judiciales.
18.2.- Al respecto, cabe recordar que el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 19,
establece que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño (...)”.
19.- En relación con la solicitud de medidas cautelares al interior del proceso
ordinario, el artículo 229 del CPACA prevé que “en todos los procesos declarativos
que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativo, antes de ser
notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a
petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias
para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad
de la sentencia”.
19.1.- Así pues, tal como se expuso anteriormente, si la demandante consideraba
que su situación económica se podía ver perjudicada por el transcurso del tiempo,
mientras se resolvía el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, podía
haber solicitado las medidas cautelares respectivas.
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Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
20.- Aunado a lo anterior, no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable
que ameritara la intervención del juez constitucional, como mecanismo transitorio,
en asuntos que no son de su competencia, pues si bien la accionante afirma que se
le ha causado un perjuicio irremediable al dejar sin efectos las funciones que ejercía
como oficial mayor, en provisionalidad; lo cierto es que no se evidencia situación
alguna que imposibilite a la actora ejercer como profesional del derecho, pues se
observa que aun cuando desde el año 2018, fue diagnosticada con CEFALEA
DEBIDO A TENSIÓN. Impresión diagnóstica M797 FIBROMIALGIA. Impresión
diagnóstica M326. OTRAS FORMAS DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO”22,
dicha enfermedad no limita de forma sustancial o definitiva sus plenas capacidades
para trabajar y así, no se avizora alguna limitación o discapacidad que le impida
desarrollar las diferentes labores que eventualmente le sean atribuidas en el ámbito
laboral como abogada.
20.1.- En este punto, además, es preciso tener en cuenta que el cargo que
desempeñaba la accionante en el Juzgado Trece de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Barranquilla, era un cargo en provisionalidad que, por su
naturaleza, es de carácter excepcional y transitorio, vinculación que tiene como fin
atender las necesidades del servicio, así como garantizar la correcta administración
de justicia, mientras se realizan los procedimientos respectivos para cubrir dichas
vacantes23.
20.2.- En ese sentido, el nombramiento en provisionalidad no puede llegar a
considerarse de carácter inmutable o permanente en el tiempo, pues dicha
vinculación permite proveer cargos de forma temporal, en aquellos casos en que no
existan servidores de carrera que cumplan con los requisitos para ocuparlos. Lo
anterior, por cuanto el legislador previó, como regla general, el régimen de carrera
para proveer cargos en la Rama Judicial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 156 de la Ley 270 de 199624.
20.3.- De acuerdo con lo expuesto, se advierte que la actora no se encuentra
amparada por el régimen de carrera y las prerrogativas que el mismo otorga, pues
aquellos servidores vinculados en provisionalidad no agotaron los requisitos que
exige la Constitución y la ley para gozar de tales beneficios.
21.- Así las cosas, esta Sala revocará la sentencia de 21 de abril de 2022, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y en su lugar, declarará la
improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Gala Pérez Marbello,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
22 Expediente digital, folio 2 del escrito de demanda.
23 Corte Constitucional, sentencia T-147 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
24 Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
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Radicación: 20001-23-33-000-2022-01258-01
Demandante: Gala Pérez Marbello
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
22.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- F A L L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 21 de abril de 2022, por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela presentada por la señora Gala Pérez Marbello, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE25
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
25 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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