Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01279-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01279-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01279-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 18 de abril de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01279-00
Demandante: UT La Carbonera
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos de procedibilidad/
Inmediatez
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la Sentencia de segunda instancia que confirmó
la decisión de primer grado que, a su turno, negó las pretensiones de una demanda de
controversias contractuales.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por la Unión Temporal La
Carbonera contra el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 22 de febrero de 2022, la Unión Temporal La Carbonera presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por la presunta vulneración de sus derechos
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de
la Sentencia de 26 de mayo de 2020, proferida dentro del proceso de
controversias contractuales No. 76001-33-31-008-2012-00059-01
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1) Sírvase señor Juez, amparar los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los Artículo
29 y 229 de la Constitución Política de Colombia, quebrantados por incurrir en
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01279-00
Demandante: UT La Carbonera
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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causales específicas de procedibilidad, i) desconocimiento del precedente
judicial del H. Consejo de Estado, ii) defecto sustantivo y iii) defecto fáctico, el
Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina con la Sentencia # 0085 proferida el 26 de mayo de 2020 dentro del
medio de control controversias contractuales que promovió la U.T. La
Carbonera contra la Universidad del Valle, Rad. 76001-33-31-008-2012-00059-
01.-
2) Como consecuencia de lo anterior, ordénese dejar sin efecto jurídico esa
decisión judicial y dispóngase que se profiera una nueva en la que se
atiendan los procedentes judiciales de esa Corporación en lo atinente a: i) la
presentación de reclamos para compensar el desequilibrio económico en la
liquidación final del contrato por ser esa la etapa para ese tipo de
circunstancias; ii) la obligación del contratante de compensar y / o pagar los
sobrecostos de la obra cuando la suspensión y prórrogas son atribuibles a él y
no al contratista y iii) la no obligatoriedad de reclamar aspectos económicos
(sobrecostos o gastos administrativos extras) en las actas parciales de avance
de obra, suspensión y prórroga de la obra, por no ser ese el espacio para ello,
e inclusive, porque estas son suscritas por el interventor y/o supervisor, quien no
es parte del contrato, no tiene la capacidad para expresar un acuerdo de
voluntades entre las partes contratantes, por lo tanto, lo ahí firmado no le es
oponible a la Entidad”.
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) La Unión Temporal La Carbonera presentó demanda de
controversias contractuales contra la Universidad del Valle, orientada a
obtener el restablecimiento del equilibrio económico por los valores que
tuvo que sufragar en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No.
16 de 14 de junio de 2007, por hechos exclusivamente achacables a la
mencionada institución educativa2.
5. 2) Mediante Sentencia de 19 de noviembre de 2015, el Juzgado 5
Administrativo de Descongestión de Cali negó las pretensiones de la
demanda. Decisión que fue notificada mediante Edicto No. 148 fijado el 30
de noviembre de 2015.
6. 3) A través de Sentencia de 26 de mayo de 2020, el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina3 confirmó la
2 “(…) el objeto central de la litis consistió en esencia en la rehabilitación del quebranto económico que sufrió y
aún hoy sufre la U.T. LA CARBONERA, con ocasión de la ejecución del contrato de obra civil que se suscribió con
la Universidad del Valle y que tuvo por objeto la construcción de la sede y acabados en la ciudad de Palmira
(Valle); el desequilibrio pecuniario tiene como pábulo en lo fundamental: i) suspensión de la obra el 3 de
noviembre de 2007 – la circunstancia que dio pie a esa decisión consta en el acta parcial 1 de esa calenda que
se adjunta – sin que sea atribuible al contratista; ii) prórroga de la entrega de la obra por 19 días calendario por
el suceso anterior; iii) nueva suspensión de la obra el 14 de enero de 2008, con reinicio de actividades el 29 de
enero y extensión del tiempo de entrega al 15 de marzo de 2008; iv) prórroga del contrato inicial en cuanto a la
fecha de entrega y por dicha situación se amplió en 40 días la ejecución, también se hizo una adición
presupuestal; v) prórroga del contrato, según adición # 3, extendiendo los tiempos en 59 días más; es decir,
contados los periodos de suspensión y prórroga, la obra estuvo en poder del contrista alrededor de 154 días más
de lo que inicialmente se pactó en el contrato por causas que no son atribuibles a él y esa situación es la que
ocasionó el sobrecosto advertido en la demanda – porque hubo la necesidad de incurrir en gastos
administrativos, necesarios y típicos para la conservación de la obra – y que fue objeto de reclamo – dicho valor,
según la demanda se tasó en $ 202.503.473.oo –”.
3 “Procedente del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en desarrollo de lo dispuesto en
materia de descongestión en el artículo 3° del Acuerdo No. PCSJA19-11276 del 17 de mayo de 2019, prorrogado
mediante el artículo 2° del Acuerdo PCSJA19-11444 del.14 de noviembre de 2019 y el Acuerdo PCSJA20-11507
del 21 de febrero de 2020, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, se encuentra el proceso de la
referencia en estado de dictar sentencia, a lo cual procede la Sala de Decisión de esta Corporación.// Decide
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01279-00
Demandante: UT La Carbonera
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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decisión de primer grado y ordenó la devolución del expediente al Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca. Decisión que fue notificada por edicto
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, desfijado el 24 de marzo de
2021.
7. 4) El 14 de diciembre de 2021, el Juzgado 20 Administrativo de Cali
profirió auto con resolución de obedezca y cúmplase.
8. El fundamento de la vulneración radicó en que la autoridad judicial
accionada (1) desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado
sobre el equilibrio económico del contrato y la liquidación final4, (2) incurrió
en un defecto sustantivo, por la indebida aplicación del artículo 60 de la
Ley 80 de 1993, así como en un (3) defecto fáctico por la indebida
valoración (se trascribe) “de la documentación incorporada en el
expediente, a propósito de la exigencia de reclamar en las actas parciales
de obra, la de suspensión y prórroga de la misma lo que es exclusivo de la
liquidación final (pago de sobrecosto), agregando la situación objetiva y
no menos trascedente, que si estos imponderables son atribuibles al
contratante (como bien lo dedujeron los jueces de instancia) debe asumir
ese mayor valor”.
1.2. Posición de la parte demanda y terceros5
9. El Juzgado 20 Administrativo de Cali remitió copia digital del
expediente Rad. 76001-33-31-705-2012-00059-00. Sin embargo, no rindió
informe sobre el asunto de la referencia.
10. La Universidad del Valle indicó que (1) no se demostró perjuicio
irremediable alguno, (2) la acción de tutela se utilizó como una tercera
instancia, y (3) lo que pretendió la parte actora fue desconocer, a través
del mecanismo constitucional, los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica. En ese orden, solicitó que declare la improcedencia de la solicitud
de amparo o, en su defecto, se nieguen las súplicas de la misma.
11. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina señaló que (1) analizó correctamente las pruebas que
conllevaron a confirmar la decisión de primer grado, y (2) la tutela se
la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 19 de
noviembre de 2015, por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali (…)”.
4 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de febrero de 2013, Rad. 25000-23-26-000-
2001-02118-01(25199). Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 28 de junio de 2016, Rad. 11001-03-06-000-
2015-00067- 00(2253). Sección Tercera, Subsección A , Sentencia de 21 de junio de 2018. Rad. 25000-23-26-000-
2005-00040-01(35099)A. “Esta línea jurisprudencial que afirma la necesidad de blandir discusiones de corte
económico y de balance al término de una obra en la liquidación final del contrato se reiteró en
pronunciamientos más recientes, v.g., 21 de junio de 2018, Radicación., 25000-23-26-000-2005-00040-01(35099)A y
18 de noviembre de 2021, Radicación # 05001-23-31-000-1999-03378-03(54883)”.
5 Mediante Auto de 25 de febrero de 2022, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandados al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
el Juzgado 20 Administrativo de Cali y 5 Administrativo en Descongestión de Cali y (3) vincular, en calidad de
tercero, a la Universidad del Valle.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01279-00
Demandante: UT La Carbonera
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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presentó como una tercera instancia, ante la inconformidad de la parte
por el razonamiento y la justificación jurídica contenidos en la providencia
enjuiciada.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial6
12. En el presente caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela por no satisfacerse el requisito de inmediatez.
13. La Corte Constitucional7 ha sostenido que, aunque la acción de
tutela no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse
dentro de un “término razonable y proporcionado”, contado a partir del
hecho u omisión generadora de la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los
derechos de terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción y, en relación
con la acción de tutela contra providencias judiciales, se comprometería
la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por lo cual, según
la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.
14. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, “teniendo en cuenta las particularidades de cada caso
concreto”.
15. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 20148, estableció, como regla general,
que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia
objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte
Constitucional, sostuvo que “en cada caso concreto deberá evaluarse
este requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de
tutela”.
16. Así, para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si
la acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión:
(1) el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
6 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-066 de 2019.
7 Sentencia SU-018 de 2018.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01279-00
Demandante: UT La Carbonera
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que
la exigencia de la interposición de la acción en un término razonable
resulte desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el demandante.
17. En el presente caso, la Sala deja claro que todos y cada uno de los
argumentos de la tutela van dirigidos contra la providencia judicial que
emitió la autoridad demandada hace más de 6 meses.
18. De la revisión del escrito de tutela, se advierte que no se satisfizo el
requisito de inmediatez, toda vez que la misma no se interpuso dentro un
plazo razonable, pues, entre la fecha en que se notificó la providencia
enjuiciada (25/3/2021) y la presentación de la tutela (22/2/22), trascurrieron
10 meses y 28 días. En gracia de discusión, si se llegase a tomar la fecha de
ejecutoria de la sentencia (5/4/21), igualmente se superó el plazo
razonable, pues trascurrieron 10 meses y 17 días.
19. Asimismo, la Sala advierte que no se configuró alguno de los
supuestos especiales o circunstancias relacionadas en párrafo 16 de esta
providencia, que permitan aceptar una interposición después de ese
plazo.
2.2. Conclusión
20. Como el requisito de inmediatez no se cumplió, la Sala se abstendrá
de emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos generales y
específicos de procedibilidad y declarará improcedente el amparo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
la Unión Temporal La Carbonera, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01279-00
Demandante: UT La Carbonera
Demandado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin9.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
9 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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