Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01304-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01304-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01304-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
21 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2022-01304-011
Actor : Freddy John Cárdenas Salgado
Demandados : Magistrados de la subsección C de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra la
sentencia de 21 de abril de 2022, emitida por el Consejo de Estado (sección
cuarta), que declaró improcedente la presente acción.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Freddy John Cárdenas Salgado, en
nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados por los
señores magistrados de la subsección C de la sección segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el auto de 26 de
enero de 2022, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección C de la sección segunda) confirmó el de 10 de diciembre de 2020,
con el que el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Bogotá negó el
mandamiento de pago dentro del trámite ejecutivo promovido por el tutelante
contra el Distrito Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá (expediente 11001-33-35-007-2020-00302-00); en su
lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva decisión en la
que se libre el mandamiento de pago que solicitó.
1.2 Hechos2. Relata el actor que el 11 de febrero de 2015 presentó reclamación
administrativa, con radicación 1-2015-4472, ante la Unidad Administrativa
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que
presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten datos necesarios para
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, encaminada a obtener el pago
de algunos emolumentos laborales (horas extras diurnas y nocturnas,
dominicales y festivos) causados desde el 9 de febrero de 2012 y el reajuste de
las prestaciones que le habían sido reconocidas hasta esa fecha sin la inclusión
de dichos factores salariales.
Que el mencionado pedimento fue negado, a través de Resolución 347 de 16 de
junio de 2015, con fundamento en que «[…] la liquidación de horas extras
[efectuada por la subdirección de gestión humana de ese organismo] no
arroja[ba] saldo [a su] favor», por lo que interpuso recurso de reposición,
desatado el 8 de enero de 2016, con Resolución 18, en el sentido de modificar el
acto administrativo recurrido, para disponer la cancelación en su favor de «[…]
(50) horas extras diurnas al mes» y «[…] los recargos nocturnos» y la
inclusión de las horas extras en las cesantías reconocidas desde el 11 de febrero
de 2012, «[…] con factor de 190 horas», pero no los descansos compensatorios
que también había reclamado.
Dice que el 21 de julio de 2016 se le notificó la liquidación realizada por la
Administración con oficio 2016IE5416 de 20 de abril anterior, la que «[…]
arrojó de forma inexplicable un resultado negativo de menos seis millones
seiscientos diecinueve mil quinientos ochenta y nueve pesos moneda legal (-
$6.619.589)», determinación contra la que presentó recursos de reposición y en
subsidio de apelación, decididos desfavorablemente por conducto de oficio
2016EE4785 de 11 de agosto de 2016 y Resolución 396 de 13 de julio de 2017,
en su orden.
Que el 4 de noviembre de 2020 instauró demanda ejecutiva contra el Distrito
Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá (expediente 11001-33-35-007-2020-00302-00), con el objeto de que se
librara mandamiento de pago en su favor por $71.978.398 (por concepto de
capital indexado), en cumplimiento de lo ordenado mediante Resolución 18 de
8 de enero de 2016, del cual conoció el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de
Bogotá que, con auto de 10 de noviembre de 2020, lo negó, al considerar que
«[…] no existe título ejecutivo, que contenga de manera clara y expresa una
obligación por los valores reclamados por el demandante».
contextualizar el asunto sub examine. Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de
informalidad, prevalencia del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos
tanto en la petición de tutela, como en los documentos allegados al expediente.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
Aduce que inconforme con lo anterior, formuló recurso de apelación, con
fundamento en que sí se evidencia «[…] una obligación clara, expresa y […]
exigible […]» que a la fecha no ha sido cumplida por el ente estatal requerido,
desatado el 26 de enero de 2022 por la subsección C de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de confirmar la
determinación inicialmente adoptada, habida cuenta de que el acto
administrativo cuyo cumplimiento se depreca «[…] no constituye título
ejecutivo alguno, en la medida en que no contiene la obligación que la parte
actora pretende ejecutar», máxime cuando la orden de pago allí consignada
«[…] quedó condicionada a una liquidación que efectuaría la Subdirección
de Gestión Humana de la entidad ejecutada», la cual, una vez realizada,
tampoco arrojó saldo alguno en favor de él y, en todo caso, si no estaba
conforme con dicha operación matemática, debió promover medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, mas no una acción ejecutiva, tal como
lo hizo.
Que el proveído reprochado incurre en violación directa de la Constitución,
comoquiera que los magistrados accionados desconocen que la finalidad del
asunto que incoó es «[…] materializar los derechos reconocidos o garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en títulos ejecutivos [...]», como la
aquí pretendida, puesto que negaron el mandamiento de pago solicitado, con el
pretexto de que «[…] aquella no es liquidable bajo una simple operación
aritmética», y, en esa medida, la Resolución 18 de 8 de enero de 2016 no colma
las condiciones que la ley exige para que se constituya título ejecutivo, pese a
que aquella sí es ejecutable, puesto que la suma que le fue reconocida es
determinable y no está sometida a condición alguna, como erróneamente se
consideró en ese asunto.
Sostiene que también comporta desconocimiento del precedente, puesto que
inobserva las sentencias de tutela de 6 de febrero de 20133 y de unificación de
12 de febrero de 20154 de esta Corporación, en las que se decidió una situación
de similares contornos a la aquí analizada y se determinó que cuando los
derechos laborales ya fueron reconocidos y la controversia se suscribe «[…] a
la liquidación arbitraria que realiza la entidad […] lo procedente, es adelantar
el respectivo proceso ejecutivo […]», en su orden.
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Expediente 11001-03-15-000-2012-02070-00, M. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
4
Expediente 25000-23-25-000-2010-00725-01.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 Los señores magistrados de la subsección C de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del ponente de la
providencia reprochada, se oponen al amparo deprecado, por cuanto «[…] los
argumentos que llevaron a tomar la decisión [corresponden a] los supuestos
f[á]cticos y jurídicos del caso […]», por lo que en el sub lite no se configura el
quebranto constitucional invocado.
1.3.2 La señora Juez Séptima (7ª) Administrativa de Bogotá5 señala que «[...]
la decisión y las actuaciones proferidas al interior del proceso ejecutivo […] se
ajustaron a los preceptos constitucionales y legales, por cuanto era el que
conforme al estudio fáctico, jurídico y probatorio debía adoptarse para la
época en que se [dictó el proveído atacado], sin que pueda endilgarse algún
tipo de conducta que afecte o vulnere los derechos fundamentales invocados; al
punto que el […] Tribunal Administrativo de Cundinamarca, [lo] confirmó».
1.3.3 El señor director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá, por conducto apoderado, pide se declare improcedente la
presente acción, habida cuenta de que no colma los requisitos para su
procedencia, puesto que es «[…] la parte actora quien, con apoyo en una
liquidación efectuada de manera unilateral, ha concluido una supuesta suma
adeudada, sin que obre documento alguno que provenga de la entidad, en la
que se pueda establecer de forma expresa y clara una manifestación de
aceptación, circunstancia por la que se concluye que no se reúnen los
presupuesto[s] o las precisas previsiones consagradas en la ley respecto a las
características que deben tener lo[s] título[s] ejecutivos».
1.4 Providencia impugnada. Con sentencia de 21 de abril de 2022, el
Consejo de Estado (sección cuarta) declaró improcedente la acción de la
referencia, al no satisfacer la exigencia de relevancia constitucional, porque
«[…] lo que se pretende con la solicitud de tutela es reabrir un debate de
carácter legal que se desarrolló y culminó en debida forma mediante
providencia que le puso fin al proceso dictada por el juez natural, sin que se
observe alguna razón constitucional que amerite una intervención con el fin de
proteger algún derecho fundamental».
5
Vinculada en el auto admisorio de 25 de febrero de 2022, junto con el señor director general de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, como «[…] terceros interesados en el
resultado del proceso».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
1.5 Impugnación. Inconforme con la determinación adoptada, el tutelante la
impugnó, para cuyo propósito reitera las razones de hecho y de derecho
expuestas en la solicitud de amparo y agrega que el asunto sub judice sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que se «[…] plantean de manera precisa las
razones por las cuales, se presenta la violación […]» de las garantías
superiores invocadas, entre estas, porque se inobserva la finalidad del juicio
ejecutivo, al impedirle que pueda hacer efectiva la obligación dineraria
constituida en su favor.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 32 6 del Decreto ley 2591 de
19917 y 258 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199 expedido por la sala plena
del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción
de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la providencia de 26 de enero de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la
6
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de
los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8
«ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO,
POPULARES Y DE GRUPO.
[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el
reparto […]».
9
«Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
sección segunda), por cuyo conducto se confirmó la de 10 de diciembre de
2020, con la que el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Bogotá negó el
mandamiento de pago solicitado en el trámite ejecutivo promovido por el
tutelante contra el Distrito Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá (expediente 11001-33-35-007-2020-00302-00);
y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a la igualdad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud
de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el auto judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii)
defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv)
defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter
excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se
vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que la actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre
que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la
decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 10 , rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201211, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros
fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al auto citado
ha aplicado en los términos antes expuestos12.
Por último, en el auto de 5 de agosto de 201413, proferido por la sala plena de lo
contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de
que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio
de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y
10
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
11
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
12
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010,
exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7)
30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de
2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C.
P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
13
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,
C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el
de inmediatez y subsidiariedad.
2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i)
el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia del actor 14 ; (ii) contra la
decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue
emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron
los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la
determinación judicial atacada15 quedó ejecutoriada el 2 de febrero de 2022 y la
solicitud de amparo se instauró el 23 siguiente, es decir, dentro de un término
prudencial (20 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de
tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto conforme a las causales específicas denominadas violación
directa de la Constitución y desconocimiento del precedente alegadas por el
actor.
2.5.1 Violación directa de la Constitución. Este defecto se estructura cuando
el juez ordinario adopta una postura que desconoce la Carta Política, y en el
evento de la tutela contra providencia judicial, cuando (i) en esta se deja de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y
(iii) el juez en sus decisiones vulnera derechos fundamentales sin aplicar el
principio de interpretación conforme a la Constitución.
2.5.2 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
14
En ese sentido, no se compadece de la situación del tutelante la determinación adoptada en la providencia de
primera instancia, en cuanto a que, contrario a lo allí expuesto, el actor alega que la decisión de negar el
mandamiento de pago solicitado, con fundamento en que la obligación que reclama no está contenida en un
título ejecutivo, habida cuenta de que aquel no contiene una cifra determinada, pero sí determinable a través de
una operación matemática, podría constituir quebranto de sus garantías superiores al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia, puesto que le impide obtener una decisión en relación con sus
pretensiones, circunstancia que reviste a este asunto de la relevancia constitucional necesaria para efectuar un
estudio de fondo.
15
Notificada por correo electrónico el 28 de enero de 2022.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata
del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por
la Corte Constitucional en su jurisprudencia16, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical
sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de
un defecto sustantivo17 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad
y buena fe18.
2.5.3 Solución al caso concreto. En el asunto sub judice el accionante aduce
que la providencia cuestionada incurre en violación directa de la Constitución,
comoquiera que los magistrados accionados, al negar el mandamiento de pago
solicitado, desatendieron la finalidad del trámite ejecutivo que promovió para
materializar en su favor la suma ordenada en la Resolución 18 de 8 de enero de
2016, habida cuenta de que consideraron que aquella no colmaba las
condiciones que la ley exige para que pueda constituir título ejecutivo, lo que
quebranta sus garantías superiores, puesto que la obligación dineraria en ella
contenida es clara, expresa y exigible y no esta sometida a condición alguna,
por lo que su monto era susceptible de establecerse por el juez de instancia en la
etapa de liquidación del crédito.
Que también inobserva las sentencias de tutela de 6 de febrero de 2013 19 ,
dictada por la sección segunda de esta Corporación, en la que se decidió una
situación similar a la aquí analizada, y de unificación de 12 de febrero de 201520
del Consejo de Estado, en la que se precisó que cuando los derechos laborales
ya fueron reconocidos y la controversia se suscribe «[…] a la liquidación
16
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad,
especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto
superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
17
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
18
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19
Expediente 11001-03-15-000-2012-02070-00, M. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
20
Expediente 25000-23-25-000-2010-00725-01.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
arbitraria que realiza la entidad […] lo procedente, es adelantar el respectivo
proceso ejecutivo […]».
Para dilucidar este asunto, cabe anotar que la acción ejecutiva busca «[…]
asegurar que el titular de una relación jurídica que crea obligaciones pueda
obtener, por medio de la intervención estatal, el cumplimiento de ellas,
compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, si ello es posible, o
si no, conduciéndolo a que indemnice los perjuicios patrimoniales que su
inobservancia ocasionó»21.
El artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), en lo atañedero a los documentos que
constituyen títulos ejecutivos en esta jurisdicción, dispone:
Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una
entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas
queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y
exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los
organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos,
los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto
administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de
liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la
actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y
exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de
ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la
existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la
respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto
administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica
corresponde al primer ejemplar [se destaca].
Por su parte, el artículo 422 del Código General del Proceso (CGP), aplicable
por remisión expresa del 306 del CPACA, preceptúa:
21
López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte especial. Bogotá: DUPRÉ editores, p. 418.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del
deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias
que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen
honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo
184.
En cuanto al mandamiento de pago solicitado por el ejecutante, el artículo 430
del CGP prevé:
Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de
documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento
ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si
fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante
recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá
ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos
formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según
fuere el caso.
De lo anterior se colige que luego de que el interesado allegue los documentos
que constituyen título ejecutivo con el fin de reclamar el cumplimiento de un
acto administrativo, el juez de la causa debe valorarlos con el propósito de
determinar si hay lugar a librar el mandamiento de pago solicitado por el
ejecutante de la manera que «considere legal»22.
Sobre el particular, la sección cuarta de esta Corporación23 se pronunció en los
siguientes términos: «[…] En otras palabras: el juez tiene plena facultad para
examinar no sólo los requisitos formales, sino las exigencias que están
relacionadas con las condiciones de certeza, exigibilidad, claridad y legalidad
del título ejecutivo (requisitos sustanciales). El ejercicio de esa facultad cobra
mayor importancia cuando se trata de un título ejecutivo complejo, por cuanto
el juez debe revisar cada uno de los documentos que lo conforman para
22
Artículo 430 del CGP.
23
Expediente 25000-23-26-000-2009-00089-01 (10857), providencia de 30 de mayo de 2013, M. P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
determinar si la parte ejecutada incumplió la obligación».
Revisada la providencia objeto de censura constitucional, se observa que los
magistrados accionados indicaron:
Se colige del anterior acto administrativo que la entidad accionada,
consideró procedente ordenar la reliquidación de las horas extras diurnas,
recargos nocturnos generados en jornada ordinaria y las cesantías e
intereses, con el valor que surja de horas extras y recargos, aduciendo
que, con el fin de acoger los parámetros de una sentencia de unificación, no
obstante, la entidad en el [ordinal] tercero (3º) del resuelve, advirtió
“ARTÍCULO 3. De existir un saldo a favor del reclamante, una vez
reliquidado lo pagado por la Unidad con lo ordenado en esta
resolución, efectuase el pago correspondiente.”
Es decir, la orden de pago y/o reliquidación quedó condicionada a una
liquidación que efectuaría la Subdirección de Gestión Humana de la
entidad ejecutada.
Revisados los anexos allegados junto con la demanda, se observa que la
liquidación realizada por la mencionada dependencia, no generó saldo a
favor del actor, sino que por el contrario, señaló que adeudaba a la
entidad la suma de $6.619.589.
Habida cuenta de lo anterior, considera la Sala que la a quo acertó cuando
en la providencia recurrida, manifiesta que la obligación no es expresa, ni
clara, en la medida que las sumas que pretende la parte actora en la
demanda ejecutiva, no se encuentran especificadas en la Resolución
No. 018 del 8 de enero de 2016, puesto que son el resultado de
interpretaciones normativas, adicionalmente tampoco aparecen
inequívocamente señalados los elementos que configuren una
obligación, que sea liquidable como lo pretende y afirma el accionante
en el recurso de apelación.
Más aún si se tiene en cuenta, que la misma entidad demandada, en la
prenombrada resolución, en la parte considerativa, puntualizó: “Por lo
expuesto se concluye, que los reparos efectuados tanto a la Resolución
que resuelve la reclamación administrativa, como a la liquidación que se
realiza en los términos de la misma, no tienen asidero f[á]ctico ni
jurídico.” Por lo que es evidente que en ningún momento acogió sus
argumentos, sino que únicamente quiso elaborar una nueva liquidación de
las mencionadas acreencias laborales para determinar si se adeudaba
alguna suma al señor Cárdenas con base en los parámetros establecidos en
una sentencia de unificación, pero concluyeron que no se le adeudaba
suma alguna.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
Tanto es así que la entidad ejecutada en la Resolución No.018 del 8 de
enero de 2016 dejó condicionada la reliquidación a una liquidación que
efectuaría la Subdirección de Gestión Humana y, ni siquiera indicó fecha
alguna de pago.
Por tales motivos, sin lugar a mayores elucubraciones concluye la Sala
que dicho acto administrativo no constituye título ejecutivo alguno, en la
medida que no contiene la obligación que la parte actora pretende ejecutar,
y tampoco es liquidable por una simple operación aritmética como lo
menciona en el recurso de apelación.
Adicionalmente, si se tiene en cuenta que la parte actora no estaba de
acuerdo con los parámetros y formas en que la entidad ejecutada efectuó la
liquidación prenombrada y ante tal circunstancia, no resulta procedente
que se utilice la acción ejecutiva, cuando lo que se debía perseguir por
parte del juez, era que se declarar[a] si existía o no un derecho en cabeza
del demandante respecto de las acreencias laborales que reclama.
Por último, se precisa que, en estos casos de horas extras, recargos
nocturnos, dominicales, entre otros temas, los funcionarios de la entidad
demandada, siempre han demandado los actos administrativos que le[s]
resuelven sus solicitudes de reliquidación de tales emolumentos ante la
Jurisdicción pero a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, donde se analiza si es posible o no
concederle[s] el derecho pretendido.
En el sub lite se advierte que el actor el 11 de febrero de 2015 deprecó ante la
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá el pago
de los emolumentos laborales (horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y
festivos) causados desde el 9 de febrero de 2012 y la reliquidación de las
prestaciones sociales que le habían sido reconocidas hasta esa fecha, en su
condición de servidor público de ese ente, sin la inclusión de dichos factores
salariales.
El anterior pedimento fue atendido con Resolución 18 de 8 de febrero de 2016,
en la que se dispuso (i) ordenar a la subdirección de gestión humana de ese
organismo reajustar en su favor: «a) El valor correspondiente a cincuenta (50)
horas extras diurnas al mes, desde el 11 de febrero del 2012 […], con factor de
190 horas. b) Reajustar los recargos nocturnos que se generen en la jornada
ordinaria y el trabajo en dominicales y festivos laborados […] desde el 11 de
febrero del 2012, liquidando para tal efecto, con factor de 190 horas. c)
[r]eliquidar el valor de las cesantías reconocidas y pagadas desde [esa misma
fecha] con el valor que surja por concepto de horas extras»; (ii) no reconocer
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
los descansos compensatorios solicitados y (iii) «De existir un saldo a [su]
favor […] una vez reliquidado lo [ya reconocido por la Administración] con lo
ordenado en es[a] resolución, efectua[r] el pago correspondiente».
Que la mencionada liquidación fue realizada por la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con oficio 2016IE5416 de 20
de abril de 2016 (notificado el 21 de julio de ese año), la cual dio como
resultado «[…] menos seis millones seiscientos diecinueve mil quinientos
ochenta y nueve pesos moneda legal (-$6.619.589)», es decir, no arrojó saldo en
su favor, actuación contra la que formuló recursos de reposición y en subsidio
de apelación, desatados en forma desfavorable con oficio 2016EE4785 de 11 de
agosto de 2016 y Resolución 396 de 13 de julio de 2017, en su orden.
Con el propósito de obtener el acatamiento del aludido acto administrativo
promovió juicio ejecutivo contra el Distrito Capital - Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (expediente 11001-33-35-007-
2020-00302-00), trámite del que conoció el Juzgado Séptimo (7º)
Administrativo de Bogotá que, con auto de 10 de noviembre de 2020, negó el
mandamiento ejecutivo solicitado, al considerar que el título ejecutivo
reclamado no contenía de manera clara y expresa «[…] una obligación por los
valores reclamados por el demandante».
La aludida decisión fue confirmada el 26 de enero de 2022 por los magistrados
demandados, al estimar que (i) el acto administrativo cuyo cumplimiento se
depreca «[…] no constituye título ejecutivo alguno [...]», (ii) la orden de pago
ordenada en favor del actor «[…] quedó condicionada a una liquidación que
efectuaría la Subdirección de Gestión Humana de la entidad ejecutada» y (iii)
si aquel no estaba conforme con la operación matemática realizada por la
entidad (contenida en el oficio 2016IE5416 de 20 de abril de 2016), debió
instaurar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto
de que se determinaran los emolumentos laborales que se le adeudan, mas no
una ejecutiva, como lo hizo.
De lo expuesto se advierte que, en efecto, el acto administrativo allegado a la
acción ejecutiva como título base de recaudo (Resolución 18 de 8 de enero de
2016) no colma las condiciones señaladas por el artículo 430 del CGP,
comoquiera que no contiene una obligación clara, expresa y exigible en favor
del actor, puesto que la suma que se deriva de los emolumentos salariales allí
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
mencionados debía establecerse a través de una liquidación, la que, una vez
efectuada, arrojó un saldo negativo, es decir, dicho acto no se consignó una
valor económico que recaudar, como se concluyó en la providencia censurada.
Por consiguiente, no es factible endilgarle a las autoridades accionadas
violación directa de la Constitución, al confirmar la decisión de negar el
mandamiento de pago, en la medida en que no desconocieron la finalidad del
juicio ejecutivo, por el contrario, atendieron los requisitos exigidos por el
ordenamiento jurídico para que un acto administrativo comporte título base de
ejecución, con fundamento en los que concluyeron que el documento aportado
por el actor no contenía una obligación clara, expresa y exigible y, en esa
medida, carecía de la naturaleza de título ejecutivo.
En ese orden de ideas, la decisión judicial atacada no es arbitraria o caprichosa,
puesto que en la Resolución 18 de 2016 no ordenó el reconocimiento de una
suma de dinero en favor del actor susceptible de ser recaudada a través de una
acción ejecutiva, sino que, se reitera, se dispuso fue efectuar un cálculo
matemático con los parámetros allí señalados y, una vez realizado, si quedaba
algún saldo en su favor (previa deducción de las prestaciones sociales
anteriormente otorgadas), cancelar el valor correspondiente, de modo que,
contrario a lo sostenido en estas diligencias, sí contenía una condición (la
existencia de una diferencia económica que le favoreciera), la cual no se
cumplió.
De igual modo, cabe precisar que no es dable, tal como lo afirma el actor,
establecer la suma adeudada a través de una simple operación matemática en la
etapa de liquidación del crédito24, en primer lugar, porque para que esto suceda
la obligación objeto de recaudo debió cumplir lo dispuesto en el artículo 430 del
CGP, es decir, satisfacer los requisitos del título ejecutivo; y en segundo, dado
que si bien el actor discriminó en la demanda el valor que considera se le debe
por parte de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá (el cual estimó en $71.978.398), tal suma no «[…] const[a] en [un]
documento […] que provenga […] del deudor o de su causante», sino que
corresponde a su inconformidad con la liquidación ya realizada por la entidad.
24
Sentencia T-753 de 2014 de la Corte Constitucional: «La liquidación del crédito constituye una operación
que tiene como finalidad calcular la deuda final a cobrar, la cual supone la existencia de un mandamiento de
pago y la sentencia dentro del proceso ejecutivo».
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
Sobre el particular, la Corte Constitucional25 dijo:
Por su parte, las condiciones sustanciales se refieren a la verificación de
que las obligaciones que dan lugar a la pretensión de ejecución sean
expresas, claras y exigibles. De esta manera, la obligación es expresa
cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título; en otras
palabras, aquella debe constar en el documento en forma nítida, es decir,
debe contener el crédito del ejecutante y la deuda del obligado, sin
necesidad de acudir a elucubraciones o suposiciones26. Es clara cuando
además de ser expresa, aparece determinada en el título, es fácilmente
inteligible y se entiende en un solo sentido 27 . Finalmente es exigible
cuando puede demandarse su cumplimiento por no estar sometida a plazo
o a condición28.
Además, esta Corte ha establecido que el título ejecutivo puede ser
singular o simple, cuando este contenido o constituido en un solo
documento, o complejo cuando la acreencia consta en varios
documentos 29 , como es el caso de la ejecución derivada de contratos
estatales.
Por otro lado, el accionante asegura que se inobservaron las sentencias de tutela
de 6 de febrero de 201330, dictada por la sección segunda de esta Corporación,
en la que se decidió una situación similar a la aquí analizada, y de unificación
de 12 de febrero de 201531 del Consejo de Estado, en la que se precisó que
cuando los derechos laborales ya fueron reconocidos y la controversia se
suscribe «[…] a la liquidación arbitraria que realiza la entidad […] lo
procedente, es adelantar el respectivo proceso ejecutivo […]».
Sobre el particular, revisada la primera de las aludidas providencias, se advierte
que (i) decidió una acción de tutela, por tanto, sus efectos son inter partes
(conforme lo prevé el numeral 2 del artículo 4832 de la Ley 270 de 199633), de
manera que no era de obligatoria observancia para las autoridades accionadas; y
(ii) en todo caso, la situación fáctica en ella estudiada es diferente a la discutida
25
Sentencia SU-41 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Sentencia T-747 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
30
Expediente 11001-03-15-000-2012-02070-00, M. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
31
Expediente 25000-23-25-000-2010-00725-01.
32
«Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:
[…]
2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio
únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.
[…]».
33
«Estatutaria de la administración de justicia».
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
en el asunto ejecutivo que aquí nos ocupa, toda vez que allí la solicitante había
instaurado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, encaminada a
que se ordenara su reliquidación pensional, y el trámite ejecutivo que promovió
se contrajo a obtener el acatamiento total de la orden judicial dictada en su
favor, al considerar que el extinguido Instituto de Seguros Sociales (ISS) no la
acató en los términos en que fue proferida y tampoco tuvo la oportunidad de
controvertirla en sede administrativa 34 ; mientras que en el sub lite no se
cumplieron esos presupuestos, puesto que, como se señaló en líneas anteriores,
no se pretende el cumplimiento de una sentencia, sino de un acto administrativo
que no contiene una obligación clara, expresa y exigible en favor del actor,
puesto que ordenó una liquidación que, además, tuvo la oportunidad de recurrir
en los términos indicados en el ordenamiento jurídico.
Por último, revisada la segunda de las providencias que el tutelante alega como
desconocida, se advierte que no se trata de una sentencia de unificación como lo
menciona en la solicitud de amparo, sino de un fallo dictado, en segunda
instancia, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
incoado contra el Distrito Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá, en el que también se reclamaba «[…] la
liquidación y pago de las horas extras, descansos compensatorios, recargos
nocturnos adeudados, y la reliquidación de [las] prestaciones […]», a lo que
accedió parcialmente35 esta Corporación, y, a pesar de que guarda similitud con
lo deprecado por el actor en vía administrativa, no hay lugar a reprochar a las
autoridades accionadas su falta de acatamiento, puesto que el escenario en el
que estudiaron sus pretensiones fue en un trámite ejecutivo.
A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que el proveído objeto de
censura no incurre en las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales denominadas violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial aludidas en el escrito
34
«No puede afirmarse válidamente que no existía un título ejecutivo al no existir una obligación clara, expresa
y exigible; porque conforme a la ley, la sentencia judicial debidamente ejecutoriada constituye título ejecutivo
válido (artículo 297 CPACA). En estos precisos casos, las condenas pese a ser en concreto no contienen una
suma específica en números, como podría devenir de un título valor como una letra de cambio, sin embargo,
los lineamientos que el juez indique en su sentencia (título ejecutivo) deben plasmarse adecuadamente por la
entidad condenada al materializarla, de lo contrario, el administrado cuenta válidamente con la acción
ejecutiva».
35
«En estas condiciones, la Sala confirmará parcialmente la decisión impugnada en cuanto accedió al
reconocimiento de las horas extras laboradas por el actor, el reajuste de los recargos nocturnos, dominicales,
festivos y la reliquidación de las cesantías por las razones expuestas. Se revocará la condena al pago de los
descansos compensatorios, por encontrarse debidamente acreditado su disfrute conforme a las pruebas
allegadas al proceso y lo concerniente a la reliquidación de la prima de servicios, vacaciones y navidad, por
cuanto el trabajo suplementario no constituye factor salarial para su liquidación».
18
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01304-01
Actor: Freddy John Cárdenas Salgado
inicial, se impone revocar la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente el presente asunto constitucional, para en su lugar, negar el
amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Revócase la sentencia de 21 de abril de 2022, proferida por el Consejo de
Estado (sección cuarta), que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia; en su lugar, niégase el amparo de los derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia invocados por el señor Freddy John Cárdenas Salgado, conforme a lo
indicado en la motivación.
2º. Notifíquese este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Comuníquese la presente decisión a la sección cuarta de esta Corporación y
remítasele copia.
4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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