Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01305-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01305-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01305-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01305-01
Demandante: Zenayde Antonio Puerta Argel
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-01305-01
Demandante ZENAYDE ANTONIO PUERTA ARGEL
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA TERCERA
DE DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Reliquidación de
pensión del régimen especial de la Rama Judicial. Ingreso
Base de Liquidación IBL. Sentencia de unificación CE-SUJ-
S2-021-20 Defecto fáctico y sustantivo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Zenayde Antonio Puerta Argel,
contra la sentencia del 4 de abril de 2022, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por
el accionante.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de febrero de 20221, a través de apoderado, Zenayde Antonio Puerta Argel
interpuso acción de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba, por considerar vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso y a la seguridad social.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Que se REVOQUE la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, de fecha 30 de septiembre de 2021, donde a su vez
revocó la sentencia de primera instancia que le dio la razón al demandante.
2. Que en consecuencia de lo anterior se le dé plena validez y cumplimiento en todas
sus partes al fallo de primera instancia proferido por EL JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA CÓRDOBA”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Por medio de Resolución RDP 039994 del 29 de septiembre de 2015, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP, reconoció la pensión de
jubilación al actor a partir del 1º de julio de 2014, supeditado a su retiro
1 Índice 2 Samai. Presentada por la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
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definitivo del servicio, y por ser beneficiario del régimen de transición se la
reconoció conforme al Decreto 546 de 1971, y para establecer el Ingreso
Base de Liquidación IBL se le aplicó el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994.
Por considerar deficiente ese reconocimiento, el actor interpuso recurso de
apelación, al estimar que el IBL debía liquidarse conforme el artículo 6º del
Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta la asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicios. Recurso que fue rechazado
por la UGPP por extemporáneo mediante auto ADP 017328 del 22 de
diciembre de 2015.
2.2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el
actor demandó para que se declarara la nulidad parcial de la Resolución
RDP 039994 del 29 septiembre de 2015 y la nulidad total del acto ficto
producto del silencio administrativo frente al recurso de apelación que,
afirmó, interpuso en término contra esa resolución.
2.3. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Montería mediante sentencia del 31 de mayo de 2017 accedió a las
pretensiones de la demanda. Determinó que al ser beneficiario del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, el actor tenía derecho a que su pensión
de jubilación se liquidara íntegramente conforme el artículo 6º del Decreto
546 de 1971.
Declaró la nulidad parcial de la Resolución RDP 039994 de fecha 29 de
septiembre de 2015, por medio de la cual se le reconoció la pensión de
jubilación, y la nulidad absoluta del acto ficto producto del silencio
administrativo negativo frente al recurso de apelación interpuesto contra esa
resolución. Y ordenó la reliquidación de la pensión con base en el 75% de la
asignación mensual más elevada en el último año de servicios.
La UGPP apeló esa decisión.
2.4. Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
acogiendo la regla jurisprudencial señalada por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, en la que se estableció que
quienes tengan derecho al reconocimiento pensional conforme el Decreto
546 de 1971, por ser beneficiarios del régimen de transición, se les aplica lo
dispuesto en el referido decreto en lo referente a la edad, tiempo de servicio
y tasa de reemplazo, pero el IBL debe determinarse conforme lo establecido
en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
Por lo tanto, determinó que al demandante no le asistía derecho a que se
reliquidara su pensión con la asignación salarial más alta devengada en el
último año de servicio, sino que debía hacerse conforme al promedio de los
salarios sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión, como lo hizo la UGPP.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora considera que al proferir la sentencia del 30 de septiembre de
2021, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió
en defecto fáctico y sustantivo:
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3.1. Defecto fáctico, “por la no valoración y análisis de las pruebas que constatan el
silencio administrativo negativo”, al no valorar la resolución de reconocimiento
de su pensión de jubilación y el auto que rechazó el recurso de apelación.
Agregó que el Tribunal Administrativo de Córdoba debió pronunciarse sobre
las demás pruebas aportadas, que en el expediente “reposan las resoluciones […]
con respuestas extemporáneas, tanto del reconocimiento deficiente de su pensión, como el
que rechaza el recurso de apelación”.
En su sentir, se revocó el fallo apelado sin estudiar y pronunciarse sobre las
pruebas que causaron el acto ficto producto del silencio administrativo
negativo, ya que la UGPP no respondió el recurso de apelación en sede
administrativa. Que solo se estudió el “término de vinculación laboral del
[accionante], apartándose de los demás materiales probatorios”, pese a saber que el
sustento principal del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Montería para acceder a sus pretensiones fue el acto ficto. Por esto estima
que el Tribunal no aplicó el silencio administrativo negativo y aplicó “un
sustento jurídico por fuera de lo que produce el acto ficto producto del silencio administrativo
negativo”.
3.2. Defecto sustantivo, por “una indebida aplicación a la liquidación de su pensión, ya que
el tribunal decidió hacerlo mediante la Ley 100 de 1993 en su artículo 21 y en el inciso 3º de
su artículo 36. […]. Cuando en realidad debía aplicarle el Decreto 546 de 1971 en su artículo
6º […] Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho […] a
una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual
más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 28 de febrero de 2022 se admitió la acción de tutela por el
despacho sustanciador, que dispuso notificar a las partes, al igual que
vincular y notificar, como tercero con interés, a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social UGPP, parte demandada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 23-001-33-33-003-2016-00053-01.
4.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), se
pronunció por intermedio del Subdirector de Defensa Judicial Pensional.
En lo que se refiere a la inconformidad del actor respecto a que la autoridad
judicial accionada no se pronunció sobre el acto ficto, indicó que al juez de
segunda instancia le está prohibido pronunciarse sobre aspectos que no
hayan sido planteados en el recurso de apelación, y que el único apelante
fue la UGPP que presentó como inconformidad principal la indebida
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, el Tribunal solo
podía centrar su decisión alrededor de ese problema jurídico.
Que es acertada la decisión asumida en la providencia cuestionada, según la
cual la norma que regía su pensión era la contenida en el Decreto 546 de
1971 en lo que respecta a edad, tiempo y monto, pero para efectos del IBL
se debía aplicar el artículo 21 y el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, como lo estableció el Consejo de Estado en sentencia de unificación
del 11 de junio de 2020.
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Además, dijo que no existe un perjuicio irremediable, que no existe
vulneración de derechos fundamentales ni configuración de defecto alguno y
que el actor no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera
instancia. Solicitó negar la acción de tutela.
4.3. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba,
pese a haber sido notificada, no se pronunció.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia del 4 de abril de 2022, la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado negó el amparo.
Estableció que no advirtió “ningún defecto fáctico por la indebida valoración de los
documentos relacionados con el acto ficto, máxime cuando su contenido es idéntico a aquel del 29
septiembre del 2015, pues también negó la solicitud elevada por el accionante ante la UGPP en
relación con la reliquidación de su pensión de vejez”.
Indicó que no es cierta la afirmación del actor, según la cual el sustento principal
del juzgado de primera instancia fue el acto ficto producto del silencio
administrativo negativo.
Precisó que el sustento principal del a quo fue que el artículo 6º del Decreto 546
de 1971 debía aplicarse íntegramente al caso del accionante, asunto indiferente al
acto ficto bajo discusión. Y que sobre ese punto el Tribunal no estuvo de acuerdo,
al estimar que el IBL, conforme sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
debía determinarse de conformidad con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993.
Concluyó que tampoco existe defecto sustantivo por indebida aplicación
normativa, porque “la conclusión del tribunal accionado, según la cual al accionante no le asiste
derecho a que sea reliquidada su pensión conforme al 75% de la asignación salarial más alta
devengada en el último año de servicios, sino que esta liquidación debe hacerse conforme al
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión, es consecuente con la normativa aplicable (Decreto
546 de 1971 y Ley 100 de 1993) y la postura de unificación del Consejo de Estado (sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020”.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia, sin expresar
ningún argumento adicional.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos
debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes
en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes del caso y la genérica impugnación,
corresponde a la Sala establecer si le asistió o no razón al juez de tutela de
primera instancia en negar las pretensiones del señor Zenayde Antonio Puerta
Argel, al concluir que en la providencia cuestionada no se configura ninguno de los
defectos alegados.
Para ese propósito se debe establecer si al proferir la sentencia de segunda
instancia del 30 de septiembre de 2021, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado Nro. 2016-00053-01, el Tribunal
Administrativo de Córdoba incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, como lo
afirma la parte actora.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de
una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia
atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y
viii) defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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4. Alcance de los defectos fáctico y sustantivo. Análisis en el caso
concreto
4.1. El defecto fáctico está relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión.
Se ha dicho que para que exista defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez
para aplicar una determinada norma resulta absolutamente inadecuado para
el caso concreto6. Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia
facultad de valoración probatoria fundada en los principios científicos de la
sana crítica, dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.
Pero, el error debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, pues la intervención
del juez constitucional es de carácter extremadamente reducido, en respeto
al principio de autonomía judicial. Más aún en lo que hace al análisis del
material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y
trascendencia7, que impiden que el Juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio, so pena de convertirse en una tercera
instancia.
De ahí que la Corte Constitucional ha hecho énfasis en que las discrepancias
respecto de la valoración de las evidencias no amerita, por sí misma, la
revocación por vía de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería
tanto como admitir la superioridad del criterio de valoración del juez de tutela
respecto del juez natural, en directo menoscabo del principio de autonomía
judicial.
4.2. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que
tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de
forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta
forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material
o sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento
en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que
genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión8.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en
forma incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la
interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos
casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad.
4.3. Para establecer si en el presente asunto se configuran los defectos alegados
por la parte actora, se hace necesario citar los argumentos expuestos por la
6 Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial pueden consultarse,
entre otras, las sentencias T-231 de 1994, T-567 de 1998 y SU-195 de 2012, entre otras.
7 Cfr. Sentencias T-055 de 1997 y SU-632 de 2017, por mencionar dos de tantas.
8 Sentencia SU-159 de 2002 proferida por la Corte Constitucional.
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Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, para
revocar el fallo de primera instancia y negar las pretensiones de la actora.
Como problema jurídico, planteó:
“De acuerdo con los argumentos expuestos en la sentencia objeto de alzada y las
razones alegadas en el recurso de apelación, el problema jurídico al interior del asunto
consiste en determinar si al actor le asiste el derecho por ser beneficiario del régimen
de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a que su pensión le
sea reliquidada con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971 en su
integridad o si por el contrario, su derecho se encuentra regido por esta normatividad
solo frente a ciertos parámetros, edad, tiempo de servicio y monto, y frente al IBL y los
factores salariales a tener en cuenta bajo lo establecido en la Ley 100 de 1993”.
Expuso el Tribunal que de la prueba obrante en el expediente se establece
que el señor Puerta Argel es beneficiario del régimen de transición
contemplado en la Ley 100 de 1993 y por lo tanto el régimen pensional
aplicable es el de la norma anterior vigente al momento de entrar en vigencia
esa ley, es decir, el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, que le aplica en
cuanto a la edad, tiempo y monto entendido como tasa de reemplazo, pero
que en lo correspondiente al IBL y los factores que lo conforman se aplica lo
contemplado en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, ya que “así lo
estableció recientemente la Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-S2-
021-20 de 11 de junio de 2020, radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-
2017), en la que se dispuso en lo atinente al Ingreso Base de Liquidación, lo
siguiente:
“De otro lado, en lo que atañe al ingreso base de liquidación, según quedó analizado,
con fundamento en la jurisprudencia imperante de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, que se ciñe al propósito del legislador en el sentido de evitar la
aplicación ultractiva de las reglas del ingreso base de liquidación de los regímenes
pensionales vigentes antes de la Ley 100 en mención, se tiene que no debe
corresponder al del régimen anterior, es decir a la asignación más alta devengada el
último año dedicado a la actividad judicial, como reza en el artículo 6 en mención,
pues el que hay que aplicar es el establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 21
y en el inciso 3 de su artículo 36. […].
Además, en lo que hace referencia a los factores salariales que se deben incluir en
ese ingreso base de liquidación para la pensión de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial y del Ministerio Público beneficiarios de la transición, hay que decir que
son únicamente aquellos sobre los que hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
sistema de pensiones, y que correspondan a los fijados por el artículo 1 del Decreto
1158 de 1994 […]”.
Y seguidamente se fijó las siguientes reglas de unificación, respecto del régimen de
pensión de los funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio
Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993:
4. Reglas de unificación
De lo expuesto anteriormente se extraen las siguientes reglas de unificación de la
jurisprudencia en el tema puesto a consideración:
[…]
De modo que al dar alcance a la base jurisprudencial previamente citada y teniendo
en cuenta que el señor Zenayde Antonio Puerta Argel, es beneficiario del régimen de
transición y cumple además, con los requisitos propios del régimen de la Rama
Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971
para consolidar el estatus pensional, puesto que cuenta con más de 55 años de edad,
y más de 20 años al servicio del Estado con dedicación exclusiva a la Procuraduría
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Demandante: Zenayde Antonio Puerta Argel
General de la Nación. No existe duda, y tampoco se discute, que los elementos
referentes a la edad, tiempo de servicio y monto son los contemplados en el Decreto
546 de 1971. No obstante, frente a la determinación del Ingreso Base de Liquidación,
que constituye el objeto de la litis, a partir de la sentencia de unificación citada en
precedente no existe duda, que este debe fijarse conforme los parámetros
establecidos en la ley 100 de 1993, tanto en el artículo 36 como en el artículo 21.
De modo que, como quiera que al actor al momento de entrar en vigencia la Ley 100
de 1993, el 1 de abril de 1994, le faltaban más de diez años para consolidar el status
de pensionado, que alcanzó el 9 de abril de 2007. La forma para determinar el Ingreso
Base de liquidación para calcular el valor de la mesada pensional, será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la
IPC certificado por el DANE y no conforme al del régimen anterior, es decir, a la
asignación más alta devengada el último año dedicado a la actividad judicial, en virtud
de la no aplicación ultractiva de las reglas del ingreso base de liquidación de los
regímenes pensiónales vigentes antes de la Ley 100 en mención, que procura tanto la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado”.
Precisado lo anterior, señaló el Tribunal que en el acto administrativo de
reconocimiento, la Resolución RDP 039994 del 29 de septiembre de 2015, “la
UGPP le reconoció al señor Zenayde Antonio Puerta Argel una pensión mensual vitalicia de
jubilación con el 75% de un Ingreso Base de Liquidación conformado por el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado o ha aportado el interesado entre el 1 de julio
de 2004 y el 30 de junio de 2014, por lo tanto, en lo que atañe al IBL, como elemento bajo
discusión, se encuentra que el mismo fue expedido con sujeción a las normas que lo regulan
y por lo tanto, se encuentra ajustada su legalidad, lo que implica que no pueda accederse a
la nulidad deprecada por el actor”.
Razones por las cuales concluyó que contrario a lo indicado por el juez de
instancia, en aplicación del precedente jurisprudencial fijado por el Consejo
de Estado, al haberse determinado que al actor no le asiste derecho a que
sea reliquidada su pensión conforme al 75% de la asignación salarial más
alta devengada en el último año de servicios, procedía revocar la decisión
apelada y negar las súplicas de la demanda.
4.4. Como puede verse, la decisión judicial que se cuestiona, acogió la sentencia
de unificación de la Sala Plena de Sección Segunda del Consejo de Estado,
en relación con el ingreso base de liquidación de la pensión, con fundamento
en el Decreto 546 de 1971, para los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993.
En la sentencia CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 20209, precedente
aplicado al caso examinado, se fija una regla concreta para las personas
beneficiarias del régimen especial de la Rama Judicial y del Ministerio
Público, según la cual, el IBL es el previsto en el inciso tercero del artículo
36 y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda; y
acogiendo los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo del
régimen especial contemplado en el Decreto 546 de 1971.
De esta manera, como lo consignó la autoridad judicial en la sentencia objeto
de censura, la sentencia CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020 es el
precedente actualmente vigente en dicha Sección, especializada en asuntos
laborales y de la seguridad social de los empleados públicos, y es la tesis
9 Radicación 150012333000201600630 01 (4083-2017); CP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Demandante:
Cándida Rosa Araque de Navas.
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que sirve como criterio orientador aplicable a casos como el presente, en el
que existe identidad fáctica y jurídica con la citada sentencia de unificación
4.5. En consecuencia, no le asiste razón al demandante en solicitar la aplicación
íntegra del régimen contemplado en el Decreto 546 de 1971, pues como lo
explicó el juez natural, es clara la posición actual de la Corporación sobre la
forma como debe analizarse el ingreso base de liquidación de este régimen
especial, concretamente la siguiente regla de unificación en relación con este
régimen especial:
“iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen
anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de
50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de
esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la
Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de
reemplazo del 75%, e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21
y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10
años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados
anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años
para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) El
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado
durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base en IPC
certificado por el DANE; y con los factores de liquidación contemplados por el
artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de
1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del
Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y
1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama
Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado
las cotizaciones respectivas”.
Decisión de unificación que también destacó que los efectos de esa
providencia serían retrospectivos, de manera que la regla jurisprudencial
fijada era vinculante “para los casos pendientes de decisión tanto en vía
administrativa como en sede judicial”, quedando cobijada por tanto, la situación
del actor.
4.6. No sobra destacar, que esta Sala10 ha sido del criterio de señalar que:
(i) En materia de ingreso base de liquidación, este debe fijarse dentro del
marco del Sistema General de Seguridad Social (Ley 100 de 1993), tal
como lo determinó la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las
Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-210 de 2017 y SU-395
de 2017; posición alineada con la tesis unificada del Consejo de Estado
frente a este asunto en sentencia del 28 de agosto de 201811.
(ii) Los factores salariales que hacen parte del IBL. para liquidar la pensión
de jubilación de los servidores públicos beneficiarios del régimen de
10 Por vía de ejemplo, pronunciamiento del 30 de enero de 2020 en el expediente 11001-03-15-000-2019-
04371-01(AC) sobre reliquidación pensión régimen especial de la Contraloría General de la República,
Magistrado Ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez. También pronunciamiento del 19 de febrero de 2020
en el expediente 11001-03-15-000-2019-05210-00(AC) sobre regímenes especiales, Magistrado Ponente:
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 En la que indicó, entre otros, que “a juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3
de dicha norma.”
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transición, son únicamente aquellos sobre los que se haya efectuado
aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones, en aplicación del Acto
Legislativo 01 de 2005.
(iii) Y que si bien la sentencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de
2018 no hizo referencia específica a los regímenes especiales o
exceptuados, lo cierto es que la Corte Constitucional en Sentencia T-
109 de 2019, fue enfática al indicar que la regla de exclusión de IBL del
régimen de transición aplicaba al régimen general y a los especiales.
Con todo, frente al último aspecto, debe decirse que quedó materializado en
el caso sub examine, que además aplicó el precedente de unificación
contenido en la sentencia CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, que se
refirió de manera concreta a los beneficiarios del régimen especial de la
Rama Judicial y el Ministerio Público, en virtud del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993.
4.7. Dicho todo lo anterior, para esta Sala es claro que no se configura defecto
sustantivo, pues, contrario a lo afirmado por el actor, la Corporación judicial
accionada aplicó correctamente la Ley 100 de 1993 de conformidad con la
sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 del Consejo de Estado. No
existió una indebida aplicación normativa en la liquidación de la pensión del
demandante, ni desconocimiento de la norma que regula la pensión de
jubilación de la Rama Judicial y del Ministerio público, ni de las normas y
principios constitucionales relacionados, pues el precedente de unificación,
previo a fijar las reglas de unificación para este específico caso de los
funcionarios y servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público, hizo un
estudio pormenorizado de cara al régimen legal y constitucional vigente para
este tipo de servidores, así como la posición de las Altas Cortes.
4.8. Tampoco se configura un defecto fáctico, en tanto que, como lo señaló el a
quo constitucional, resulta falaz el argumento del actor para sustentarlo,
cuando afirma que la base principal del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Montería para acceder a sus pretensiones fue el acto ficto
producto del silencio administrativo negativo, y que el Tribunal
supuestamente no ponderó esa situación.
No corresponde a la realidad esa afirmación porque la esencia de la decisión
del juzgado para ordenar la reliquidación no fue esa, sino considerar que por
ser el actor beneficiario del régimen de transición debía aplicársele
íntegramente el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, incluyendo lo dispuesto
en él para establecer el IBL. Entre tanto, con apego al fallo de unificación, el
Tribunal accionado determinó que para el IBL no aplicaba esa norma.
Además, esta Sala observa, como lo hizo el a quo constitucional, que cuando
el Tribunal Administrativo de Córdoba resolvió revocar la sentencia de
primera instancia y negar las pretensiones, esa decisión necesariamente
negó la nulidad sobre los dos actos administrativos demandados, el del 29
septiembre del 2015 y el acto ficto producto del silencio administrativo
negativo. Por ende, la decisión versó también sobre el acto ficto que según el
demandante no fue valorado, toda vez que el Tribunal consideró que no
procedía declarar su nulidad, ni la de la resolución del 29 de septiembre de
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2015, por medio de la cual la UGPP le reconoció pensión de jubilación, por
hallarla ajustada a derecho y a la jurisprudencia vigente.
Por eso, la Sala no advierte defecto fáctico por la supuesta indebida
valoración de los documentos relacionados con el acto ficto.
4.9. Por las razones expuestas, concluye esta Sala que al no encontrarse
acreditada la configuración de los defectos alegados por la parte actora, lo
procedente es confirmar la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 4 de abril de 2022 por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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