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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01315-00

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01315-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: 14 Sentencia T-122 de 27 de febrero de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01315-00 Actora: JENNY JULIET VIDAL DELGADO PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01315-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01315-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: JENNY JULIET VIDAL DELGADO

TESIS: DENIEGA EL AMPARO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITÓ LA
EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECONOCE LA PRÁCTICA JURÍDICA,
TODA VEZ QUE LA PARTE ACTORA INCURRIÓ EN LA OMISIÓN DE ALLEGAR
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
JUDICATURA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL
TRABAJO, A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA FAMILIA, A LA LIBRE
ESCOGENCIA DE PROFESIÓN U OFICIO Y PRINCIPIO DE BUENA FE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la

actora contra la sociedad INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL

HUILA S.A.S, la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE

COLOMBIA1 y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y

la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y

AUXILIARES DE LA JUSTICIA2.

1 En adelante la Universidad
2 En adelante la Unidad

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01315-00
Actora: JENNY JULIET VIDAL DELGADO

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

La señora JENNY JULIET VIDAL DELGADO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al

trabajo, a la dignidad humana, a la familia, a la libre escogencia

de profesión u oficio y al principio de buena fe, los cuales, a su

juicio, le fueron vulnerados por la sociedad INGENIERÍA

ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S, la UNIVERSIDAD, el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD, por

cuanto, se han negado a expedir el acto administrativo mediante

el cual se le reconoce y certifica el cumplimiento de la práctica

jurídica.

I.2 Hechos

Indicó que es madre cabeza de familia, víctima de violencia

intrafamiliar y que el 16 de junio de 2020, terminó y aprobó todas

las materias que integraban el plan de estudios del programa

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académico de derecho en la sede de Neiva de la UNIVERSIDAD

COOPERATIVA DE COLOMBIA3, requisito exigido, entre otros,

para obtener el título de abogada.

Señaló que el 31 de agosto de 2020, en virtud del convenio

suscrito entre la Universidad y la empresa INGENIERÍA

ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S.4, solicitó al consultorio

jurídico de la institución educativa que enviara su carta de

presentación a dicha sociedad, para que se le permitiera realizar

la judicatura en esa empresa.

Refirió que, en virtud de lo anterior, suscribió un contrato con esa

sociedad, como judicante ad honorem, el cual tuvo una duración

de nueve meses, iniciando el 3 de septiembre de 2020 y

finalizando el 2 de junio de 2021 y tenía como objeto realizar

labores jurídicas dentro de la empresa.

Sostuvo que dicho contrato no era de índole laboral, pues no

percibió ningún tipo de remuneración salarial, ni prestaciones

3
En adelante la Universidad
4 En adelante INGELECGROUP S.A.S.

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sociales durante el tiempo de su vinculación con la empresa, pues

únicamente fue afiliada a la Aseguradora de Riesgos Profesionales.

Manifestó que el 3 de junio de 2021, finalizó su práctica jurídica,

por lo que el 16 de junio de la misma anualidad, solicitó a través

del correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la

expedición de la resolución por la cual se reconoce el cumplimiento

de la práctica como requisito alternativo para obtener el título de

abogada, petición que acompañó con la totalidad de los

documentos correspondientes para tal fin.

Relató que el 8 de septiembre de 2021, el CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA, en virtud de la mencionada solicitud, la

requirió para que allegara los soportes de pago de seguridad social

integral durante todo el tiempo de práctica jurídica y además le

indicó que debía acreditar el pago de los salarios y prestaciones

por parte de INGELECGROUP S.A.S durante la judicatura, pues

conforme lo establece el Decreto 3200 de 21 de diciembre de

19795, en entidades privadas únicamente es posible desempeñar

la práctica jurídica en la modalidad remunerada por el término de

5 “Por el cual se dictan normas sobre la enseñanza del Derecho”

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un año continuo o discontinuo con posterioridad a la fecha de

terminación y aprobación del plan de estudios y la entidad privada

debe encontrarse bajo la inspección, vigilancia o control de una de

las Superintendencias del país.

Expuso que, debido a lo anterior, entre el 2 de noviembre de 2021

y el 1o. de febrero de 2022, se vinculó a la FISCALÍA GENERAL

DE LA NACIÓN con el propósito de acreditar doce meses de

judicatura ad honorem.

Afirmó que el 14 de febrero de 2022, radicó nuevamente la

documentación requerida para que se le reconociera el

cumplimiento de la práctica jurídica.

Arguyó que el 15 de febrero de 2022, recibió un nuevo

requerimiento en el que se le solicitaba que adjuntara “[…] 1.-

Acreditación de pagos por el año de servicio de conformidad con

el Decreto 3200 de 1979; 2.- Certificado de la Superintendencia

que ejerce funciones de inspección, vigilancia o control sobre

INGELECGROUP S.A.S., la cual no deberá tener una vigencia

superior a tres meses contados a partir de la radicación de la

solicitud; 3.- Certificado que demuestre su vinculación a la

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seguridad social durante el tiempo en que pretende acreditar la

práctica jurídica […]”.

Precisó que de los documentos que le fueron solicitados

únicamente le fue posible obtener y enviar el certificado de la

Superintendencia de Sociedades, entidad que ejerce vigilancia y

control frente a la empresa INGELECGROUP S.A.S.

Alegó que informó la situación a la empresa INGELECGROUP

S.A.S. y le solicitó que le realizara los pagos de los salarios y de

prestaciones sociales correspondientes, petición que fue resuelta

negativamente.

Mencionó que aún no ha podido completar los requisitos para

obtener el grado de abogada, pues fue asaltada en su buena fe

realizando una práctica jurídica por nueve meses, sin recibir

remuneración alguna.

I.3. Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al

debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana, a

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la familia y a la libre escogencia de profesión y/u oficio y, en

consecuencia:

“[…] ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
Unidad Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, a expedir resolución o acto administrativo dentro del
cual se ordene reconocer la práctica jurídica establecida como
requisito alternativo para optar al título de Abogada como
egresada de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA -
SEDE NEIVA.

3) Ordenar a la empresa INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL
HUILA S.A.S NIT: 813008121-9, a realizar los pagos de
salarios y prestaciones omitidos según el contrato suscrito
como JUDICANTE con fecha de inicio 03 de septiembre de
2020 y finalización 02 de junio de 2021, por un total de 9
meses, para realizar labores de naturaleza jurídica dentro de
la empresa, tomando como base el SMLMV, así como realizar
las cotizaciones al SGSSI, salud y pensiones, según
requerimiento realizado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – Unidad Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia.

4) Vincular a la presente acción a la UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE NEIVA NIT 860.029.924-
7, para que emita concepto y aporte los documentos que se
requieran para aclarar los hechos según lo narrado en la
presente acción.

5) Amparar todos los demás derechos diferentes o conexos
con los anteriores, cuya vulneración resulte probada a mi
favor dentro del presente trámite constitucional […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La UNIDAD adujo que, debido al aumento desmesurado

de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas y

expedición de tarjetas profesionales de abogados, que sobrepasan

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en gran medida su capacidad operativa, así como en razón de las

medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos

nocivos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la gestión y

trámite de las solicitudes se ejecuta por orden de llegada.

Señaló que, en el presente caso, una vez verificados los

documentos y la información aportada, advirtió que la tutelante

no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos por lo cual,

le realizó el requerimiento núm. 2555 de fecha 7 de septiembre

de 2021, en el cual se le solicitó “[…] 1. Acreditar 3 meses de

servicio para completar el año de práctica jurídica exigido por el

Decreto 3200 de 1979, 2. Acreditación de pagos por el año de

servicio de conformidad con el Decreto 3200 de 1979, 3.

Certificado de la Superintendencia que ejerce funciones de

inspección, vigilancia o control sobre INGELECGROUP S.A.S., la

cual no deberá tener una vigencia superior a tres meses contados

a partir de la radicación de la solicitud, 4. Certificado que

demuestre su vinculación a la seguridad social durante el tiempo

en que pretende acreditar la práctica jurídica […]”.

Alegó que, en respuesta a dicho requerimiento, en reiterados

correos electrónicos la tutelante manifestó que su práctica jurídica

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en la Sociedad INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA

INGELEC GROUP S.A.S no fue remunerada y que únicamente le

suministraron un auxilio de transporte de cien mil pesos

($100.000) y la afiliación a la ARL.

Afirmó que esa Unidad contestó cada uno de los correos

reiterándole a la accionante que en las entidades privadas

únicamente es válido el desempeño de la práctica jurídica en la

modalidad remunerada, ejerciendo funciones de carácter jurídico

por el término de un (1) año, a partir del día siguiente de la

terminación de materias y además, la entidad se debe encontrar

sometida a inspección, o vigilancia y control de alguna

Superintendencia del país, debidamente certificada por el Jefe de

Recursos Humanos de la Entidad o Representante legal, de

conformidad con el Decreto 3200 de 1979.

Mencionó que, mediante correo electrónico de 27 de octubre de

2021, solicitó que se le indicara si era posible realizar los tres

meses adicionales requeridos para completar el año de práctica

jurídica en la Fiscalía General de la Nación en la modalidad ad-

honorem, frente a lo cual, le reiteró que si la práctica jurídica en

la entidad privada no reunía los requisitos mencionados en

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precedencia no era posible acreditar la judicatura y la práctica

jurídica que iba a iniciar en la Fiscalía tendría que ser por el

término de 9 meses de servicio.

Por último, sostuvo que no ha vulnerado los derechos

fundamentales invocados y que tampoco era posible validar los

nueve meses de la práctica jurídica ad-honorem realizada por la

accionante en la sociedad comercial INGENIERÍA

ELECTRÓNICA DEL HUILA INGELEC GROUP S.A.S, por

tratarse de una entidad privada, que conforme lo establece la

norma que rige la actuación, debía completar el año de servicio de

carácter remunerado allegando para ello los documentos referidos

en el requerimiento realizado en su debida oportunidad por parte

de esa Unidad.

I.4.2. La Universidad, a través de la Directora de la sede de

Neiva, manifestó que existía culpa exclusiva de la accionante y/o

de un tercero y además, que esa institución educativa no tenía

competencia para efectuar el reconocimiento de la judicatura.

Afirmó que es decisión libre de cada estudiante escoger la

modalidad del requisito de grado de su preferencia, bien sea la

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elaboración de una monografía o una judicatura y, en este último

caso, debe verificar que la entidad cumple con los requisitos

establecidos para el efecto por el Consejo Superior de la

Judicatura.

Indicó que los convenios de prácticas que suscribe la Universidad

se realizan de buena fe, bajo la premisa de que los egresados y

las entidades con las que se celebran dichos acuerdos actúan

conforme a la ley.

Alegó que no existe evidencia alguna de que la Universidad haya

enviado a la egresada a realizar una Judicatura sin remuneración

en una entidad privada, pues el hecho de que esa institución

educativa remitiera una carta de presentación de la estudiante a

la empresa INGELEC GROUP S.A.S no implicaba el

desconocimiento de la ley.

I.4.2. La sociedad INGELEC GROUP S.A.S., por intermedio del

representante legal, sostuvo que no existía prueba si quiera

sumaria de que se hayan vulnerado los derechos que reclama la

accionante y además tampoco acreditó ningún tipo de perjuicio

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irremediable que hubiese sido causado con las presuntas acciones

u omisiones.

Alegó que las afirmaciones de la tutelante carecían de fundamento

y prueba, toda vez que esa compañía le reconoció y le pagó

mensualmente durante los nueve meses una suma superior a los

trescientos mil pesos, a título de auxilio de transporte.

Sostuvo que la presente acción constitucional no era el mecanismo

judicial idóneo para reclamar una presunta relación de trabajo que

no existió, pues entre las partes únicamente se suscribió un

contrato de prácticas académicas por medio tiempo, situación

frente a la cual la actora tenía la total comprensión y certeza.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

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Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 6. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo

transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

6«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».

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Caso concreto

En el presente caso, la señora JENNY JULIET VIDAL DELGADO,

actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana, a la

familia, a la libre escogencia de profesión u oficio y el principio de

buena fe, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la

sociedad INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S, la

UNIVERSIDAD, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

y la UNIDAD, por cuanto, se han negado a expedir el acto

administrativo mediante el cual se le reconoce y certifica el

cumplimiento de la práctica jurídica.

La Sala advierte que la actora pretende que se le ordene al

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y a la UNIDAD

expedir una resolución o un acto administrativo mediante el cual

se le reconozca la práctica jurídica establecida como requisito

alternativo para optar por el título de abogada, toda vez que

suscribió un contrato con la sociedad INGELECGROUP S.A.S,

como judicante ad honorem, el cual tuvo una duración de nueve

meses y tenía como objeto realizar labores jurídicas dentro de la

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empresa y una vez finalizado solicitó a las accionadas el

reconocimiento de la práctica jurídica; sin embargo, mediante

requerimiento núm. 2555 de 7 de septiembre de 2021, le

informaron que una vez verificados los documentos aportados y

con el fin de continuar con el trámite, se advertía que no cumplía

con la totalidad de los requisitos exigidos, pues por tratarse de

una entidad privada, debía completar el año de servicio de

carácter remunerado.

Sostuvo que por lo anterior, entre el 2 de noviembre de 2021 y el

1o. de febrero de 2022, se vinculó a la FISCALÍA GENERAL DE

LA NACIÓN con el propósito de acreditar doce meses de

judicatura ad honorem y solicitó nuevamente el reconocimiento de

la práctica jurídica, no obstante, mediante requerimiento núm.

1118 de 14 de febrero de 2022, la accionada la requirió

nuevamente para que aportara los documentos de una práctica

jurídica remunerada, cuando lo cierto era que había desempeñado

una judicatura ad-honorem.

En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si la negativa

de las accionadas en reconocer las prácticas laborales que

permiten obtener el título de abogada a la actora, vulnera sus

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derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad

humana, a la familia, a la libre escogencia de profesión u oficio y

el principio de buena fe. Para ello, será menester (i) estudiar las

normas que regulan la exigibilidad de la práctica jurídica de la

judicatura como requisito para acceder al título de abogado y una

vez superado el punto anterior, la Sala realizará el (ii) análisis del

caso concreto.

(i) Desarrollo normativo y jurisprudencial de la práctica

jurídica o judicatura como requisito para obtener el título

profesional de abogado

El artículo 26 de la Constitución Política reconoció la libertad de

escoger profesión u oficio. Ciertamente, como lo requieren todos

los derechos de proyección social, tal libertad quedó sujeta a la

regulación del legislador, en cuanto éste puede exigir para

autorizar el ejercicio de profesiones u oficios "títulos de

idoneidad", y a la inspección de las autoridades quienes pueden

vigilar de dicho ejercicio. El texto de la norma es el siguiente:

“[…] ARTÍCULO 26. Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las
autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el
ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios

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que no exijan formación académica son de libre ejercicio,
salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones
legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La
estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser
democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y
establecer los debidos controles […]”

Por su parte, el artículo 69 ibídem reconoció a las universidades

autonomía, la cual ha sido entendida por la Corte Constitucional

como “[…] la capacidad de autorregulación filosófica y de

autodeterminación administrativa y por ello al amparo del texto

constitucional cada institución universitaria ha de contar con sus propias

reglas internas (estatutos), y regirse conforme a ellas; designar sus

autoridades académicas y administrativas; crear, organizar y desarrollar

sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas,

académicas, docentes, científicas y culturales; otorgar los títulos

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos,

adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar

sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función

institucional[…]”7.

De conformidad con el Decreto 1221 de 8 de junio de 1990 8, se

determinaron los requisitos mínimos para la creación y

7 Sentencia C-1053/01

8 “Por el cual se aprueba el Acuerdo núm. 60 de 24 de mayo de 1990, emanado de la

Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -

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funcionamiento de los programas de derecho. El numeral 3° del

artículo 21, estableció que para obtener el título profesional de

abogado, una vez cursado y aprobado el plan de estudios y los

exámenes preparatorios, deberán cumplirse cualquiera de los

siguientes requisitos:

“[…] ARTÍCULO 21. Para obtener el título profesional de
abogado deberán cumplirse los siguientes requisitos
concurrentes:

• Haber elaborado monografía que sea aprobada, igual que el
examen de sustentación de la misma.

• Haberse desempeñado, con posterioridad a la
terminación de los estudios, durante un (1) año
continuo o discontinuo en uno de los cargos
remunerados previstos en las disposiciones
pertinentes.

• Haber prestado el servicio jurídico voluntario consistente en
el desempeño de Auxiliar Judicial Ad – Honorem establecido
en el Decreto 1862 de 1989.

• Haberse desempeñado en los cargos de ad – honorem
establecidos en la Ley 23 de 1991, la Ley 24 de 1992, la Ley
878 de 2004, el Decreto 2636 de 2004, la Ley 941 de 2005,
la Ley 1086 de 2006 y la Ley 1153 de 2007.

• Haber ejercido durante dos (2) años la profesión en una
universidad oficialmente reconocida, en las condiciones
señaladas en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971[…]”

(Destacado fuera del texto)

ICFES-, por el cual se determinan los requisitos mínimos para la creación y
funcionamiento de los programas de derecho”

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El artículo 2º del Decreto 1221 de 8 de junio de 19909, derogó

expresamente las normas que le sean contrarias, en especial, el

Decreto 3200 de 21 de diciembre de 197910. Sin embargo, el

artículo 21 ibídem, señaló los requisitos para optar al título de

abogado, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 21. Para obtener el título profesional de
abogado deberán cumplirse los siguientes requisitos
concurrentes:
1. Haber cursado y aprobado la totalidad de las materias que
integren el plan de estudios.

2. Haber presentado y aprobado los exámenes
preparatorios.

3.Haber elaborado monografía, que sea aprobada igual que el
examen de presentación de la misma, o haber desempeñado
con posterioridad a la terminación de estudios durante un año
continuo o discontinuo de práctica profesional en uno de los
cargos previstos en el Decreto 3200 de 1979, artículo 23; o
haber prestado el servicio jurídico voluntario regulado por el
decreto 1862 de 1989; o haber ejercido durante dos (2) años
la profesión en las condiciones establecidas en el artículo 31
del decreto 196 de 1971[…]”.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 2150 del 5

de diciembre de 199511, el Consejo Superior de la Judicatura tiene

9 “Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 60 del 24 de mayo de 1990, emanado de

la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -
ICFES-, por el cual se determinan los requisitos mínimos para la creación y
funcionamiento de los programas de derecho.”

10 “Por el cual se dictan normas sobre la enseñanza del Derecho”
11
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.”

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como función expedir el certificado que acredite el cumplimiento

de la judicatura para optar al título de abogado, previa verificación

de los requisitos establecidos por ley. Dichas funciones se

asignaron, a su vez, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados

y Auxiliares de la Justicia, tal como consta en el Acuerdo PSAA10-

7543 de 14 de diciembre de 2010, modificado por el Acuerdo

PSAA12-9338 de 27 de marzo de 2012.

Así pues, conforme a lo previsto en el artículo 2º del Acuerdo

PSAA12-9338 de 2012, el trámite de la solicitud de expedición de

la resolución que reconoce el cumplimiento de la práctica jurídica

debe contener debidamente enumerado y en orden cronológico,

los cargos desempeñados con posterioridad a la terminación y

aprobación de las materias que integran el pensum académico, así

como el certificado de existencia y representación legal expedido

por autoridad competente y certificación de la Superintendencia

que tenga a cargo la funciones de vigilancia o control sobre la

entidad privada, si la judicatura es realizada al servicio de una

persona jurídica de derecho privado y el certificado que demuestre

su vinculación a la seguridad social durante el tiempo en que

pretende acreditar la práctica jurídica.

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Conforme a las normas transcritas en acápites anteriores, la

judicatura se realiza bajo tres modalidades a saber: (i) en calidad

de ad-honorem en las entidades y cargos previamente autorizados

por la ley durante nueve meses en jornada de ocho horas diarias;

(ii) en un cargo remunerado, autorizado por la ley, durante un año

continuo o discontinuo; y, (iii) en el ejercicio de la profesión con

licencia temporal con buena reputación moral y buen crédito

durante dos años.

Ahora bien, al revisar las normas que reglamentan la judicatura

ad-honorem como requisito para optar al título de abogado, se

encuentra que el Acuerdo PSAA10-7543 de 2010 de la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de

las normas aplicables a la judicatura establece que dicha actividad

se puede realizar en los siguientes eventos:

“[…] ARTÍCULO CUARTO: De La judicatura Ad-
Honorem: La judicatura en calidad Ad – Honorem de
conformidad con las disposiciones pertinentes, se podrá
prestar en los siguientes cargos:

a. Auxiliar Judicial de Despachos Judiciales: (Decreto Ley
1862 de 1.989, artículos 2 al 5).
b. Auxiliar de Defensor de Familia: (Ley 23 de 1.991,
artículos 55 al 58).
c. Defensor Público en la Defensoría del Pueblo: (Ley 24 de
1.992, artículo 22 numeral 4.)
d. Auxiliar Jurídico en el Congreso de la República y en la
Procuraduría General de la Nación: (Ley 878 de 2.004).

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e. Asistente Jurídico de Director de Centros de Reclusión:
(Decreto Ley 2636 de 2.004, artículo 11).
f. Labores jurídico administrativas en la Dirección del
Sistema Nacional de Defensoría Pública y en las Defensorías
del Pueblo Regionales y Seccionales: (Ley 941 de 2.005,
Capitulo II, artículo 33).
g. Asesor Jurídico de las Ligas y Asociaciones de
Consumidores:(Ley 1086 de 2.006, artículos 1 y 2).
h. Defensoría Técnica en la Fuerza Pública: (Ley 1224 de
2.008, artículo 9).
i. Auxiliar Judicial Ad-Honorem en los órganos y entidades
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, territorial y sus
representaciones en el exterior: (Ley 1322 de 2009
artículo 1).
j. En casas de justicia como delegados de las entidades que
se encuentren presentes: (Ley 1395 de 2010, artículo 50).
k. En los centros de conciliación públicos como funcionarios
y como asesores de los conciliadores en equidad: (Ley
1395 de 2010, artículo 50).
l. En los demás cargos que por disposiciones legales y
reglamentarias así se establezcan.
Parágrafo: La judicatura en calidad Ad-Honorem, deberá
prestarse por un término continúo o discontinúo no inferior
a nueve (9) meses; salvo lo dispuesto en los literales e), j)
y k) anterior, en cuyo caso el término de la judicatura será
de seis (6) meses conforme a lo establecido en el Decreto
Ley 2636 de 2004, y siete (7) meses conforme a lo
establecido en Ley 1395 de 2010, artículo 50,
respectivamente […]”

Según el artículo 23 numeral 1 del Decreto 3200 de 1979, la

judicatura remunerada se podrá prestar en uno de los

siguientes cargos:

“[…] ARTÍCULO 23.- Los estudiantes que hayan iniciado el
Programa de Derecho con anterioridad al 31 de diciembre de
1979, y aquellos a que hace referencia el inciso segundo del
artículo precedente, estarán sujetos para obtener el título de
abogado al lleno de los requisitos previstos en el artículo 20,
pero podrán compensar los exámenes preparatorios o el
trabajo de investigación dirigida, cumpliendo con
posterioridad a la 3 Publicado en el Diario oficial 35.444 de

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28 de enero de 1980, terminación del plan de estudios uno
cualquiera de los siguientes requisitos:

1.- Hacer un año continuo o discontinuo de práctica o de
servicio profesional, en uno de los cargos que se enumeran
a continuación:

a). Juez, Fiscal, Notario o Registrador de Instrumentos, en
interinidad.
b). Relator del Consejo superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia o del consejo de Estado.
c). Auxiliar de Magistrado o de Fiscal.
d). Secretario de Juzgado, de Fiscalía y de Procuraduría
Delegada o de Distrito.
e). Oficial Mayor de despacho Judicial, de Fiscalía, de
Procuraduría Delegada, de Distrito o Circuito y Auditor de
Guerra.
f). Comisario o Inspector de Policía o de Trabajo; Personero
titular o delegado, Defensor o Procurador de menores.
g). Empleado oficial con funciones jurídicas en entidades
públicas del orden nacional, departamental o municipal.
h). Abogado o asesor jurídico de entidad sometida a
inspección, vigilancia y control de cualquiera de las
Superintendencias establecidas en el país.
i). Monitor de consultorio jurídico debidamente nombrado
para jornada completa de trabajo, con el carácter de
asistente docente del Director del Consultorio en la
realización de las prácticas del Plan de Estudios […]” (negrilla
fuera de texto)

(ii). Análisis del caso concreto

Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y

jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala encuentra

que la práctica jurídica realizada por JENNY JULIET VIDAL

DELGADO se efectuó entre el 3 de septiembre de 2020 y el 2 de

junio de 2021, es decir, durante 9 meses, en el área jurídica de la

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sociedad INGELECGROUP S.A.S.

Así mismo, se advierte que el 8 de septiembre de 2021, el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA requirió a la actora

para que allegara la documentación de práctica jurídica y además

le indicó que debía acreditar el pago de los salarios y prestaciones

por parte de INGELECGROUP S.A.S durante la judicatura, pues

conforme lo establece el Decreto 3200 de 21 de diciembre de

197912, en entidades privadas únicamente es posible desempeñar

la práctica jurídica en la modalidad remunerada por el término de

un año continuo o discontinuo con posterioridad a la fecha de

terminación y aprobación del plan de estudios.

Igualmente, el 27 de octubre de 2021, la actora solicitó al

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA que le indicara si era

posible realizar los tres meses adicionales requeridos para

completar el año de práctica jurídica en la Fiscalía General de la

Nación en la modalidad ad-honorem, frente a lo cual, previo a que

se produjera dicha vinculación, la accionada le reiteró que si la

práctica jurídica en la entidad privada no reunía los requisitos

12 “Por el cual se dictan normas sobre la enseñanza del Derecho”

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mencionados en precedencia no era posible completar el tiempo

faltante para acreditar la judicatura.

Una vez la actora culminó los tres meses de judicatura en la

Fiscalía General de la Nación en la modalidad ad-honorem, radicó

nuevamente la documentación y el 15 de febrero de 2022 recibió

un nuevo requerimiento en el que se le solicitaba que adjuntara

“[…] 1.- Acreditación de pagos por el año de servicio de

conformidad con el Decreto 3200 de 1979; 2.- Certificado de la

Superintendencia que ejerce funciones de inspección, vigilancia o

control sobre INGELECGROUP S.A.S., la cual no deberá tener una

vigencia superior a tres meses contados a partir de la radicación

de la solicitud; 3.- Certificado que demuestre su vinculación a la

seguridad social durante el tiempo en que pretende acreditar la

práctica jurídica […]”.

En el escrito introductorio la actora precisó que de los documentos

que le fueron solicitados únicamente le fue posible obtener y

enviar a la autoridad judicial accionada el certificado de la

Superintendencia de Sociedades, entidad que ejerce vigilancia y

control frente a la empresa INGELECGROUP S.A.S.

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Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 2 del Acuerdo

PSAA12-9338 de 2012, el trámite de la solicitud de expedición de

la resolución que reconoce el cumplimiento de la práctica jurídica

debe contener debidamente enumerados y en orden cronológico,

los cargos desempeñados con posterioridad a la terminación y

aprobación de las materias que integran el pensum académico, así

como el solicitante debe presentar la siguiente documentación:

“[…] a. Formulario único para múltiples trámites debidamente
diligenciado y presentado ante la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura, o ante la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

b. Fotocopia simple legible del documento de identificación
por ambas caras, ampliada al 150%.

c. Original del certificado de terminación y aprobación de
materias indicando fecha exacta (DIA/MES/AÑO), con una
fecha de expedición no mayor de un año.

d. Original o copia autentica de los actos de nombramiento y
posesión para los cargos Ad-Honorem, y copia autentica del
contrato de prestación de servicios o vinculación laboral.

e. En el evento de cambio o comisión de cargo para el cual
fue vinculado tanto en entidad pública como privada, debe
aportar acto administrativo que asigne funciones jurídicas o
trasladen temporal o definitivamente del cargo.

f. Original del certificado del tiempo de servicios, el cual
deberá contener: Tiempo de servicio, indicando fecha de inicio
y terminación; horario de labores (que debe corresponder al
despacho judicial o entidad que prese el servicio) o tiempo de
disponibilidad en los contratos de prestación de servicio; y
funciones detalladas de contenido jurídico, expedido por el
jefe inmediato, jefe de personal o quien haga sus veces.

g. Para la judicatura realizada al servicio de una

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persona jurídica de derecho privado, adicionalmente se
debe aportar certificado de existencia y representación
legal expedida por autoridad competente, y
certificación de la Superintendencia que tenga a cargo
la funciones de vigilancia o control sobre la entidad
privada, las cuales no deberá tener una vigencia
superior a tres meses contados a partir de la radicación
de la solicitud y certificado que demuestre su
vinculación a la seguridad social durante el tiempo en
que pretende acreditar la práctica jurídica […]”.

Aunado a lo anterior, el artículo 16 del Acuerdo PSAA-107543 de

2010, establece que tal y como sucedió en el caso de la actora, en

caso de ser necesario aclarar o complementar la solicitud, el

interesado será requerido mediante oficio por parte de la Unidad

de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

Conforme con lo previsto en el artículo 15 del referido acuerdo, la

solicitud para el reconocimiento de la judicatura deberá resolverse

mediante acto administrativo motivado dentro de los diez días

hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que sean

remitidos la totalidad de los documentos a que se hizo referencia.

Revisado el material probatorio obrante en el expediente y el

anterior marco normativo, la Sala observa que: i) el 16 de junio

de 2021, la accionante inició el trámite respectivo para obtener la

resolución que reconoce el cumplimiento de su práctica jurídica,

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ante la Unidad; ii) en virtud de lo dispuesto en el acuerdo PSAA-

107543 de 2010, la Unidad ha requerido en dos oportunidades a

la actora para que allegue la documentación faltante con el fin de

impartirle trámite a su solicitud; iii) la accionante no ha cumplido

con la carga que le corresponde de allegar la totalidad de la

documentación y; iv) no se advierte por parte de la entidad

accionada un actuar que conlleve a la vulneración de los derechos

fundamentales de la actora, pues ha adelantado las gestiones

previstas en la normatividad y en el procedimiento para el referido

trámite; incluso, se encuentra en término para resolver el mismo.

Cabe aclarar que si la parte actora considera que en el caso objeto

de estudio se realizó un análisis que no correspondía al solicitarle

documentos de una práctica jurídica remunerada, cuando lo cierto

es que desempeñó una judicatura ad-honorem, debe manifestar

dicha inconformidad dentro del procedimiento administrativo

hecho por el ente accionado, sin que tal actuación deba ser

canalizada a través del juez de tutela cuyas potestades están

fijadas para la protección y garantía de los derechos

fundamentales.

Ahora, para esta Sala de Decisión no es de recibo que la parte

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actora le atribuya a la Unidad y al Consejo Superior de la

Judicatura la vulneración de sus derechos fundamentales porque

no han expedido el acto administrativo mediante el cual se le

reconoce y certifica el cumplimiento de la judicatura en virtud de

la imposibilidad jurídica que le asiste a la tutelante de allegar los

documentos requeridos para tal fin, toda vez que fue su propia

culpa la que originó la presunta afectación, pues lo cierto es que

no ha cumplido con los requisitos exigidos porque de manera

voluntaria optó por realizar una judicatura ad honorem en una

entidad privada, desconociendo el deber de diligencia y cuidado

que le asistía frente a dicha decisión, pues como estudiante de

derecho debía verificar las normas y los requisitos que

reglamentan la práctica jurídica para optar por el título de

abogada.

Aunado a lo anterior, la Sala tampoco puede pasar por alto que

una vez la actora tuvo conocimiento del requerimiento en el que

se le informaba que la práctica efectuada en la entidad privada no

era válida, solicitó un concepto a la Unidad, para que le informara

si era posible realizar en la Fiscalía General de la Nación una

judicatura ad-honorem por los tres meses adicionales requeridos

para completar el año de práctica jurídica remunerada, frente a lo

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cual, la accionada le puso de presente que la judicatura que iba a

iniciar en la Fiscalía tendría que ser por el término de 9 meses de

servicio, sin embargo, la actora por su propia voluntad desatendió

dicho concepto y decidió realizar únicamente 3 meses de servicio,

por lo que no puede pretender subsanar la negligencia en que

incurrió, a través de la presente acción constitucional.

En ese sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los

siguientes términos:

“[…] si el actor, por imprudencia, negligencia o voluntad
propia ha permitido o facilitado que se (sic) ocurran
determinados sucesos que de una forma u otra atentan
contra sus derechos constitucionales fundamentales, no
puede posteriormente aspirar a que el Estado, mediante la
acción de tutela, proceda a reparar una situación cuya
responsabilidad recae sobre el mismo interesado. Se trata,
pues, de la simple aplicación del principio general del derecho de
que “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”. Pretender
lo contrario significaría, entonces, que la culpa, la
imprudencia o la negligencia serían objetos jurídicamente
protegidos, lo cual resulta a todas luces absurdo y
contrario a los fundamentos esenciales de un Estado de
derecho […]”13.

Cabe señalar que el pronunciamiento expuesto en precedencia, ha

sido una línea jurisprudencial que ha mantenido la Corte

13 Sentencia T-196 de 5 de mayo de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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Constitucional, respecto del principio general del derecho de que

“nadie puede sacar provecho de su propia culpa”, en la que ha

sostenido que:

“[…] el juez no puede amparar situaciones donde la
vulneración de los derechos fundamentales del actor se
deriva de una actuación negligente, dolosa o de mala fe.
Cuando ello ocurre, es decir, que el particular o la autoridad
pública pretende aprovecharse del propio error, dolo o culpa, se
ha justificado la aplicación de este principio como una
forma de impedir el acceso a ventajas indebidas o
inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico. Por lo que la
persona está prima facie en la imposibilidad jurídica de obtener
beneficios originados de su actuar doloso […]”14.

En ese orden de ideas, de acuerdo con los razonamientos

anteriormente expuestos, la Sala denegará la solicitud de amparo,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

14 Sentencia T-122 de 27 de febrero de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por la parte actora,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito

y eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte

Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de

2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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