Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01315-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01315-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01315-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01315-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: JENNY JULIET VIDAL DELGADO
TESIS: DENIEGA EL AMPARO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITÓ LA
EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECONOCE LA PRÁCTICA JURÍDICA,
TODA VEZ QUE LA PARTE ACTORA INCURRIÓ EN LA OMISIÓN DE ALLEGAR
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
JUDICATURA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL
TRABAJO, A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA FAMILIA, A LA LIBRE
ESCOGENCIA DE PROFESIÓN U OFICIO Y PRINCIPIO DE BUENA FE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la
actora contra la sociedad INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL
HUILA S.A.S, la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA1 y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y
la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA2.
1 En adelante la Universidad
2 En adelante la Unidad
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01315-00
Actora: JENNY JULIET VIDAL DELGADO
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
La señora JENNY JULIET VIDAL DELGADO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
trabajo, a la dignidad humana, a la familia, a la libre escogencia
de profesión u oficio y al principio de buena fe, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por la sociedad INGENIERÍA
ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S, la UNIVERSIDAD, el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD, por
cuanto, se han negado a expedir el acto administrativo mediante
el cual se le reconoce y certifica el cumplimiento de la práctica
jurídica.
I.2 Hechos
Indicó que es madre cabeza de familia, víctima de violencia
intrafamiliar y que el 16 de junio de 2020, terminó y aprobó todas
las materias que integraban el plan de estudios del programa
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Actora: JENNY JULIET VIDAL DELGADO
académico de derecho en la sede de Neiva de la UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA3, requisito exigido, entre otros,
para obtener el título de abogada.
Señaló que el 31 de agosto de 2020, en virtud del convenio
suscrito entre la Universidad y la empresa INGENIERÍA
ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S.4, solicitó al consultorio
jurídico de la institución educativa que enviara su carta de
presentación a dicha sociedad, para que se le permitiera realizar
la judicatura en esa empresa.
Refirió que, en virtud de lo anterior, suscribió un contrato con esa
sociedad, como judicante ad honorem, el cual tuvo una duración
de nueve meses, iniciando el 3 de septiembre de 2020 y
finalizando el 2 de junio de 2021 y tenía como objeto realizar
labores jurídicas dentro de la empresa.
Sostuvo que dicho contrato no era de índole laboral, pues no
percibió ningún tipo de remuneración salarial, ni prestaciones
3
En adelante la Universidad
4 En adelante INGELECGROUP S.A.S.
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sociales durante el tiempo de su vinculación con la empresa, pues
únicamente fue afiliada a la Aseguradora de Riesgos Profesionales.
Manifestó que el 3 de junio de 2021, finalizó su práctica jurídica,
por lo que el 16 de junio de la misma anualidad, solicitó a través
del correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la
expedición de la resolución por la cual se reconoce el cumplimiento
de la práctica como requisito alternativo para obtener el título de
abogada, petición que acompañó con la totalidad de los
documentos correspondientes para tal fin.
Relató que el 8 de septiembre de 2021, el CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, en virtud de la mencionada solicitud, la
requirió para que allegara los soportes de pago de seguridad social
integral durante todo el tiempo de práctica jurídica y además le
indicó que debía acreditar el pago de los salarios y prestaciones
por parte de INGELECGROUP S.A.S durante la judicatura, pues
conforme lo establece el Decreto 3200 de 21 de diciembre de
19795, en entidades privadas únicamente es posible desempeñar
la práctica jurídica en la modalidad remunerada por el término de
5 “Por el cual se dictan normas sobre la enseñanza del Derecho”
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un año continuo o discontinuo con posterioridad a la fecha de
terminación y aprobación del plan de estudios y la entidad privada
debe encontrarse bajo la inspección, vigilancia o control de una de
las Superintendencias del país.
Expuso que, debido a lo anterior, entre el 2 de noviembre de 2021
y el 1o. de febrero de 2022, se vinculó a la FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN con el propósito de acreditar doce meses de
judicatura ad honorem.
Afirmó que el 14 de febrero de 2022, radicó nuevamente la
documentación requerida para que se le reconociera el
cumplimiento de la práctica jurídica.
Arguyó que el 15 de febrero de 2022, recibió un nuevo
requerimiento en el que se le solicitaba que adjuntara “[…] 1.-
Acreditación de pagos por el año de servicio de conformidad con
el Decreto 3200 de 1979; 2.- Certificado de la Superintendencia
que ejerce funciones de inspección, vigilancia o control sobre
INGELECGROUP S.A.S., la cual no deberá tener una vigencia
superior a tres meses contados a partir de la radicación de la
solicitud; 3.- Certificado que demuestre su vinculación a la
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seguridad social durante el tiempo en que pretende acreditar la
práctica jurídica […]”.
Precisó que de los documentos que le fueron solicitados
únicamente le fue posible obtener y enviar el certificado de la
Superintendencia de Sociedades, entidad que ejerce vigilancia y
control frente a la empresa INGELECGROUP S.A.S.
Alegó que informó la situación a la empresa INGELECGROUP
S.A.S. y le solicitó que le realizara los pagos de los salarios y de
prestaciones sociales correspondientes, petición que fue resuelta
negativamente.
Mencionó que aún no ha podido completar los requisitos para
obtener el grado de abogada, pues fue asaltada en su buena fe
realizando una práctica jurídica por nueve meses, sin recibir
remuneración alguna.
I.3. Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana, a
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la familia y a la libre escogencia de profesión y/u oficio y, en
consecuencia:
“[…] ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
Unidad Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, a expedir resolución o acto administrativo dentro del
cual se ordene reconocer la práctica jurídica establecida como
requisito alternativo para optar al título de Abogada como
egresada de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA -
SEDE NEIVA.
3) Ordenar a la empresa INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL
HUILA S.A.S NIT: 813008121-9, a realizar los pagos de
salarios y prestaciones omitidos según el contrato suscrito
como JUDICANTE con fecha de inicio 03 de septiembre de
2020 y finalización 02 de junio de 2021, por un total de 9
meses, para realizar labores de naturaleza jurídica dentro de
la empresa, tomando como base el SMLMV, así como realizar
las cotizaciones al SGSSI, salud y pensiones, según
requerimiento realizado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – Unidad Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia.
4) Vincular a la presente acción a la UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE NEIVA NIT 860.029.924-
7, para que emita concepto y aporte los documentos que se
requieran para aclarar los hechos según lo narrado en la
presente acción.
5) Amparar todos los demás derechos diferentes o conexos
con los anteriores, cuya vulneración resulte probada a mi
favor dentro del presente trámite constitucional […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La UNIDAD adujo que, debido al aumento desmesurado
de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas y
expedición de tarjetas profesionales de abogados, que sobrepasan
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en gran medida su capacidad operativa, así como en razón de las
medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos
nocivos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la gestión y
trámite de las solicitudes se ejecuta por orden de llegada.
Señaló que, en el presente caso, una vez verificados los
documentos y la información aportada, advirtió que la tutelante
no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos por lo cual,
le realizó el requerimiento núm. 2555 de fecha 7 de septiembre
de 2021, en el cual se le solicitó “[…] 1. Acreditar 3 meses de
servicio para completar el año de práctica jurídica exigido por el
Decreto 3200 de 1979, 2. Acreditación de pagos por el año de
servicio de conformidad con el Decreto 3200 de 1979, 3.
Certificado de la Superintendencia que ejerce funciones de
inspección, vigilancia o control sobre INGELECGROUP S.A.S., la
cual no deberá tener una vigencia superior a tres meses contados
a partir de la radicación de la solicitud, 4. Certificado que
demuestre su vinculación a la seguridad social durante el tiempo
en que pretende acreditar la práctica jurídica […]”.
Alegó que, en respuesta a dicho requerimiento, en reiterados
correos electrónicos la tutelante manifestó que su práctica jurídica
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en la Sociedad INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA
INGELEC GROUP S.A.S no fue remunerada y que únicamente le
suministraron un auxilio de transporte de cien mil pesos
($100.000) y la afiliación a la ARL.
Afirmó que esa Unidad contestó cada uno de los correos
reiterándole a la accionante que en las entidades privadas
únicamente es válido el desempeño de la práctica jurídica en la
modalidad remunerada, ejerciendo funciones de carácter jurídico
por el término de un (1) año, a partir del día siguiente de la
terminación de materias y además, la entidad se debe encontrar
sometida a inspección, o vigilancia y control de alguna
Superintendencia del país, debidamente certificada por el Jefe de
Recursos Humanos de la Entidad o Representante legal, de
conformidad con el Decreto 3200 de 1979.
Mencionó que, mediante correo electrónico de 27 de octubre de
2021, solicitó que se le indicara si era posible realizar los tres
meses adicionales requeridos para completar el año de práctica
jurídica en la Fiscalía General de la Nación en la modalidad ad-
honorem, frente a lo cual, le reiteró que si la práctica jurídica en
la entidad privada no reunía los requisitos mencionados en
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precedencia no era posible acreditar la judicatura y la práctica
jurídica que iba a iniciar en la Fiscalía tendría que ser por el
término de 9 meses de servicio.
Por último, sostuvo que no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados y que tampoco era posible validar los
nueve meses de la práctica jurídica ad-honorem realizada por la
accionante en la sociedad comercial INGENIERÍA
ELECTRÓNICA DEL HUILA INGELEC GROUP S.A.S, por
tratarse de una entidad privada, que conforme lo establece la
norma que rige la actuación, debía completar el año de servicio de
carácter remunerado allegando para ello los documentos referidos
en el requerimiento realizado en su debida oportunidad por parte
de esa Unidad.
I.4.2. La Universidad, a través de la Directora de la sede de
Neiva, manifestó que existía culpa exclusiva de la accionante y/o
de un tercero y además, que esa institución educativa no tenía
competencia para efectuar el reconocimiento de la judicatura.
Afirmó que es decisión libre de cada estudiante escoger la
modalidad del requisito de grado de su preferencia, bien sea la
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elaboración de una monografía o una judicatura y, en este último
caso, debe verificar que la entidad cumple con los requisitos
establecidos para el efecto por el Consejo Superior de la
Judicatura.
Indicó que los convenios de prácticas que suscribe la Universidad
se realizan de buena fe, bajo la premisa de que los egresados y
las entidades con las que se celebran dichos acuerdos actúan
conforme a la ley.
Alegó que no existe evidencia alguna de que la Universidad haya
enviado a la egresada a realizar una Judicatura sin remuneración
en una entidad privada, pues el hecho de que esa institución
educativa remitiera una carta de presentación de la estudiante a
la empresa INGELEC GROUP S.A.S no implicaba el
desconocimiento de la ley.
I.4.2. La sociedad INGELEC GROUP S.A.S., por intermedio del
representante legal, sostuvo que no existía prueba si quiera
sumaria de que se hayan vulnerado los derechos que reclama la
accionante y además tampoco acreditó ningún tipo de perjuicio
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irremediable que hubiese sido causado con las presuntas acciones
u omisiones.
Alegó que las afirmaciones de la tutelante carecían de fundamento
y prueba, toda vez que esa compañía le reconoció y le pagó
mensualmente durante los nueve meses una suma superior a los
trescientos mil pesos, a título de auxilio de transporte.
Sostuvo que la presente acción constitucional no era el mecanismo
judicial idóneo para reclamar una presunta relación de trabajo que
no existió, pues entre las partes únicamente se suscribió un
contrato de prácticas académicas por medio tiempo, situación
frente a la cual la actora tenía la total comprensión y certeza.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
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Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 6. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.
6«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».
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Caso concreto
En el presente caso, la señora JENNY JULIET VIDAL DELGADO,
actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana, a la
familia, a la libre escogencia de profesión u oficio y el principio de
buena fe, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la
sociedad INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S, la
UNIVERSIDAD, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
y la UNIDAD, por cuanto, se han negado a expedir el acto
administrativo mediante el cual se le reconoce y certifica el
cumplimiento de la práctica jurídica.
La Sala advierte que la actora pretende que se le ordene al
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y a la UNIDAD
expedir una resolución o un acto administrativo mediante el cual
se le reconozca la práctica jurídica establecida como requisito
alternativo para optar por el título de abogada, toda vez que
suscribió un contrato con la sociedad INGELECGROUP S.A.S,
como judicante ad honorem, el cual tuvo una duración de nueve
meses y tenía como objeto realizar labores jurídicas dentro de la
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empresa y una vez finalizado solicitó a las accionadas el
reconocimiento de la práctica jurídica; sin embargo, mediante
requerimiento núm. 2555 de 7 de septiembre de 2021, le
informaron que una vez verificados los documentos aportados y
con el fin de continuar con el trámite, se advertía que no cumplía
con la totalidad de los requisitos exigidos, pues por tratarse de
una entidad privada, debía completar el año de servicio de
carácter remunerado.
Sostuvo que por lo anterior, entre el 2 de noviembre de 2021 y el
1o. de febrero de 2022, se vinculó a la FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN con el propósito de acreditar doce meses de
judicatura ad honorem y solicitó nuevamente el reconocimiento de
la práctica jurídica, no obstante, mediante requerimiento núm.
1118 de 14 de febrero de 2022, la accionada la requirió
nuevamente para que aportara los documentos de una práctica
jurídica remunerada, cuando lo cierto era que había desempeñado
una judicatura ad-honorem.
En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si la negativa
de las accionadas en reconocer las prácticas laborales que
permiten obtener el título de abogada a la actora, vulnera sus
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derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad
humana, a la familia, a la libre escogencia de profesión u oficio y
el principio de buena fe. Para ello, será menester (i) estudiar las
normas que regulan la exigibilidad de la práctica jurídica de la
judicatura como requisito para acceder al título de abogado y una
vez superado el punto anterior, la Sala realizará el (ii) análisis del
caso concreto.
(i) Desarrollo normativo y jurisprudencial de la práctica
jurídica o judicatura como requisito para obtener el título
profesional de abogado
El artículo 26 de la Constitución Política reconoció la libertad de
escoger profesión u oficio. Ciertamente, como lo requieren todos
los derechos de proyección social, tal libertad quedó sujeta a la
regulación del legislador, en cuanto éste puede exigir para
autorizar el ejercicio de profesiones u oficios "títulos de
idoneidad", y a la inspección de las autoridades quienes pueden
vigilar de dicho ejercicio. El texto de la norma es el siguiente:
“[…] ARTÍCULO 26. Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las
autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el
ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios
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que no exijan formación académica son de libre ejercicio,
salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones
legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La
estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser
democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y
establecer los debidos controles […]”
Por su parte, el artículo 69 ibídem reconoció a las universidades
autonomía, la cual ha sido entendida por la Corte Constitucional
como “[…] la capacidad de autorregulación filosófica y de
autodeterminación administrativa y por ello al amparo del texto
constitucional cada institución universitaria ha de contar con sus propias
reglas internas (estatutos), y regirse conforme a ellas; designar sus
autoridades académicas y administrativas; crear, organizar y desarrollar
sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales; otorgar los títulos
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos,
adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función
institucional[…]”7.
De conformidad con el Decreto 1221 de 8 de junio de 1990 8, se
determinaron los requisitos mínimos para la creación y
7 Sentencia C-1053/01
8 “Por el cual se aprueba el Acuerdo núm. 60 de 24 de mayo de 1990, emanado de la
Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -
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funcionamiento de los programas de derecho. El numeral 3° del
artículo 21, estableció que para obtener el título profesional de
abogado, una vez cursado y aprobado el plan de estudios y los
exámenes preparatorios, deberán cumplirse cualquiera de los
siguientes requisitos:
“[…] ARTÍCULO 21. Para obtener el título profesional de
abogado deberán cumplirse los siguientes requisitos
concurrentes:
• Haber elaborado monografía que sea aprobada, igual que el
examen de sustentación de la misma.
• Haberse desempeñado, con posterioridad a la
terminación de los estudios, durante un (1) año
continuo o discontinuo en uno de los cargos
remunerados previstos en las disposiciones
pertinentes.
• Haber prestado el servicio jurídico voluntario consistente en
el desempeño de Auxiliar Judicial Ad – Honorem establecido
en el Decreto 1862 de 1989.
• Haberse desempeñado en los cargos de ad – honorem
establecidos en la Ley 23 de 1991, la Ley 24 de 1992, la Ley
878 de 2004, el Decreto 2636 de 2004, la Ley 941 de 2005,
la Ley 1086 de 2006 y la Ley 1153 de 2007.
• Haber ejercido durante dos (2) años la profesión en una
universidad oficialmente reconocida, en las condiciones
señaladas en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971[…]”
(Destacado fuera del texto)
ICFES-, por el cual se determinan los requisitos mínimos para la creación y
funcionamiento de los programas de derecho”
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El artículo 2º del Decreto 1221 de 8 de junio de 19909, derogó
expresamente las normas que le sean contrarias, en especial, el
Decreto 3200 de 21 de diciembre de 197910. Sin embargo, el
artículo 21 ibídem, señaló los requisitos para optar al título de
abogado, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 21. Para obtener el título profesional de
abogado deberán cumplirse los siguientes requisitos
concurrentes:
1. Haber cursado y aprobado la totalidad de las materias que
integren el plan de estudios.
2. Haber presentado y aprobado los exámenes
preparatorios.
3.Haber elaborado monografía, que sea aprobada igual que el
examen de presentación de la misma, o haber desempeñado
con posterioridad a la terminación de estudios durante un año
continuo o discontinuo de práctica profesional en uno de los
cargos previstos en el Decreto 3200 de 1979, artículo 23; o
haber prestado el servicio jurídico voluntario regulado por el
decreto 1862 de 1989; o haber ejercido durante dos (2) años
la profesión en las condiciones establecidas en el artículo 31
del decreto 196 de 1971[…]”.
Por su parte, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 2150 del 5
de diciembre de 199511, el Consejo Superior de la Judicatura tiene
9 “Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 60 del 24 de mayo de 1990, emanado de
la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -
ICFES-, por el cual se determinan los requisitos mínimos para la creación y
funcionamiento de los programas de derecho.”
10 “Por el cual se dictan normas sobre la enseñanza del Derecho”
11
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.”
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como función expedir el certificado que acredite el cumplimiento
de la judicatura para optar al título de abogado, previa verificación
de los requisitos establecidos por ley. Dichas funciones se
asignaron, a su vez, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, tal como consta en el Acuerdo PSAA10-
7543 de 14 de diciembre de 2010, modificado por el Acuerdo
PSAA12-9338 de 27 de marzo de 2012.
Así pues, conforme a lo previsto en el artículo 2º del Acuerdo
PSAA12-9338 de 2012, el trámite de la solicitud de expedición de
la resolución que reconoce el cumplimiento de la práctica jurídica
debe contener debidamente enumerado y en orden cronológico,
los cargos desempeñados con posterioridad a la terminación y
aprobación de las materias que integran el pensum académico, así
como el certificado de existencia y representación legal expedido
por autoridad competente y certificación de la Superintendencia
que tenga a cargo la funciones de vigilancia o control sobre la
entidad privada, si la judicatura es realizada al servicio de una
persona jurídica de derecho privado y el certificado que demuestre
su vinculación a la seguridad social durante el tiempo en que
pretende acreditar la práctica jurídica.
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Conforme a las normas transcritas en acápites anteriores, la
judicatura se realiza bajo tres modalidades a saber: (i) en calidad
de ad-honorem en las entidades y cargos previamente autorizados
por la ley durante nueve meses en jornada de ocho horas diarias;
(ii) en un cargo remunerado, autorizado por la ley, durante un año
continuo o discontinuo; y, (iii) en el ejercicio de la profesión con
licencia temporal con buena reputación moral y buen crédito
durante dos años.
Ahora bien, al revisar las normas que reglamentan la judicatura
ad-honorem como requisito para optar al título de abogado, se
encuentra que el Acuerdo PSAA10-7543 de 2010 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de
las normas aplicables a la judicatura establece que dicha actividad
se puede realizar en los siguientes eventos:
“[…] ARTÍCULO CUARTO: De La judicatura Ad-
Honorem: La judicatura en calidad Ad – Honorem de
conformidad con las disposiciones pertinentes, se podrá
prestar en los siguientes cargos:
a. Auxiliar Judicial de Despachos Judiciales: (Decreto Ley
1862 de 1.989, artículos 2 al 5).
b. Auxiliar de Defensor de Familia: (Ley 23 de 1.991,
artículos 55 al 58).
c. Defensor Público en la Defensoría del Pueblo: (Ley 24 de
1.992, artículo 22 numeral 4.)
d. Auxiliar Jurídico en el Congreso de la República y en la
Procuraduría General de la Nación: (Ley 878 de 2.004).
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e. Asistente Jurídico de Director de Centros de Reclusión:
(Decreto Ley 2636 de 2.004, artículo 11).
f. Labores jurídico administrativas en la Dirección del
Sistema Nacional de Defensoría Pública y en las Defensorías
del Pueblo Regionales y Seccionales: (Ley 941 de 2.005,
Capitulo II, artículo 33).
g. Asesor Jurídico de las Ligas y Asociaciones de
Consumidores:(Ley 1086 de 2.006, artículos 1 y 2).
h. Defensoría Técnica en la Fuerza Pública: (Ley 1224 de
2.008, artículo 9).
i. Auxiliar Judicial Ad-Honorem en los órganos y entidades
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, territorial y sus
representaciones en el exterior: (Ley 1322 de 2009
artículo 1).
j. En casas de justicia como delegados de las entidades que
se encuentren presentes: (Ley 1395 de 2010, artículo 50).
k. En los centros de conciliación públicos como funcionarios
y como asesores de los conciliadores en equidad: (Ley
1395 de 2010, artículo 50).
l. En los demás cargos que por disposiciones legales y
reglamentarias así se establezcan.
Parágrafo: La judicatura en calidad Ad-Honorem, deberá
prestarse por un término continúo o discontinúo no inferior
a nueve (9) meses; salvo lo dispuesto en los literales e), j)
y k) anterior, en cuyo caso el término de la judicatura será
de seis (6) meses conforme a lo establecido en el Decreto
Ley 2636 de 2004, y siete (7) meses conforme a lo
establecido en Ley 1395 de 2010, artículo 50,
respectivamente […]”
Según el artículo 23 numeral 1 del Decreto 3200 de 1979, la
judicatura remunerada se podrá prestar en uno de los
siguientes cargos:
“[…] ARTÍCULO 23.- Los estudiantes que hayan iniciado el
Programa de Derecho con anterioridad al 31 de diciembre de
1979, y aquellos a que hace referencia el inciso segundo del
artículo precedente, estarán sujetos para obtener el título de
abogado al lleno de los requisitos previstos en el artículo 20,
pero podrán compensar los exámenes preparatorios o el
trabajo de investigación dirigida, cumpliendo con
posterioridad a la 3 Publicado en el Diario oficial 35.444 de
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28 de enero de 1980, terminación del plan de estudios uno
cualquiera de los siguientes requisitos:
1.- Hacer un año continuo o discontinuo de práctica o de
servicio profesional, en uno de los cargos que se enumeran
a continuación:
a). Juez, Fiscal, Notario o Registrador de Instrumentos, en
interinidad.
b). Relator del Consejo superior de la Judicatura, de la Corte
Suprema de Justicia o del consejo de Estado.
c). Auxiliar de Magistrado o de Fiscal.
d). Secretario de Juzgado, de Fiscalía y de Procuraduría
Delegada o de Distrito.
e). Oficial Mayor de despacho Judicial, de Fiscalía, de
Procuraduría Delegada, de Distrito o Circuito y Auditor de
Guerra.
f). Comisario o Inspector de Policía o de Trabajo; Personero
titular o delegado, Defensor o Procurador de menores.
g). Empleado oficial con funciones jurídicas en entidades
públicas del orden nacional, departamental o municipal.
h). Abogado o asesor jurídico de entidad sometida a
inspección, vigilancia y control de cualquiera de las
Superintendencias establecidas en el país.
i). Monitor de consultorio jurídico debidamente nombrado
para jornada completa de trabajo, con el carácter de
asistente docente del Director del Consultorio en la
realización de las prácticas del Plan de Estudios […]” (negrilla
fuera de texto)
(ii). Análisis del caso concreto
Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala encuentra
que la práctica jurídica realizada por JENNY JULIET VIDAL
DELGADO se efectuó entre el 3 de septiembre de 2020 y el 2 de
junio de 2021, es decir, durante 9 meses, en el área jurídica de la
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sociedad INGELECGROUP S.A.S.
Así mismo, se advierte que el 8 de septiembre de 2021, el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA requirió a la actora
para que allegara la documentación de práctica jurídica y además
le indicó que debía acreditar el pago de los salarios y prestaciones
por parte de INGELECGROUP S.A.S durante la judicatura, pues
conforme lo establece el Decreto 3200 de 21 de diciembre de
197912, en entidades privadas únicamente es posible desempeñar
la práctica jurídica en la modalidad remunerada por el término de
un año continuo o discontinuo con posterioridad a la fecha de
terminación y aprobación del plan de estudios.
Igualmente, el 27 de octubre de 2021, la actora solicitó al
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA que le indicara si era
posible realizar los tres meses adicionales requeridos para
completar el año de práctica jurídica en la Fiscalía General de la
Nación en la modalidad ad-honorem, frente a lo cual, previo a que
se produjera dicha vinculación, la accionada le reiteró que si la
práctica jurídica en la entidad privada no reunía los requisitos
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mencionados en precedencia no era posible completar el tiempo
faltante para acreditar la judicatura.
Una vez la actora culminó los tres meses de judicatura en la
Fiscalía General de la Nación en la modalidad ad-honorem, radicó
nuevamente la documentación y el 15 de febrero de 2022 recibió
un nuevo requerimiento en el que se le solicitaba que adjuntara
“[…] 1.- Acreditación de pagos por el año de servicio de
conformidad con el Decreto 3200 de 1979; 2.- Certificado de la
Superintendencia que ejerce funciones de inspección, vigilancia o
control sobre INGELECGROUP S.A.S., la cual no deberá tener una
vigencia superior a tres meses contados a partir de la radicación
de la solicitud; 3.- Certificado que demuestre su vinculación a la
seguridad social durante el tiempo en que pretende acreditar la
práctica jurídica […]”.
En el escrito introductorio la actora precisó que de los documentos
que le fueron solicitados únicamente le fue posible obtener y
enviar a la autoridad judicial accionada el certificado de la
Superintendencia de Sociedades, entidad que ejerce vigilancia y
control frente a la empresa INGELECGROUP S.A.S.
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Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 2 del Acuerdo
PSAA12-9338 de 2012, el trámite de la solicitud de expedición de
la resolución que reconoce el cumplimiento de la práctica jurídica
debe contener debidamente enumerados y en orden cronológico,
los cargos desempeñados con posterioridad a la terminación y
aprobación de las materias que integran el pensum académico, así
como el solicitante debe presentar la siguiente documentación:
“[…] a. Formulario único para múltiples trámites debidamente
diligenciado y presentado ante la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura, o ante la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
b. Fotocopia simple legible del documento de identificación
por ambas caras, ampliada al 150%.
c. Original del certificado de terminación y aprobación de
materias indicando fecha exacta (DIA/MES/AÑO), con una
fecha de expedición no mayor de un año.
d. Original o copia autentica de los actos de nombramiento y
posesión para los cargos Ad-Honorem, y copia autentica del
contrato de prestación de servicios o vinculación laboral.
e. En el evento de cambio o comisión de cargo para el cual
fue vinculado tanto en entidad pública como privada, debe
aportar acto administrativo que asigne funciones jurídicas o
trasladen temporal o definitivamente del cargo.
f. Original del certificado del tiempo de servicios, el cual
deberá contener: Tiempo de servicio, indicando fecha de inicio
y terminación; horario de labores (que debe corresponder al
despacho judicial o entidad que prese el servicio) o tiempo de
disponibilidad en los contratos de prestación de servicio; y
funciones detalladas de contenido jurídico, expedido por el
jefe inmediato, jefe de personal o quien haga sus veces.
g. Para la judicatura realizada al servicio de una
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persona jurídica de derecho privado, adicionalmente se
debe aportar certificado de existencia y representación
legal expedida por autoridad competente, y
certificación de la Superintendencia que tenga a cargo
la funciones de vigilancia o control sobre la entidad
privada, las cuales no deberá tener una vigencia
superior a tres meses contados a partir de la radicación
de la solicitud y certificado que demuestre su
vinculación a la seguridad social durante el tiempo en
que pretende acreditar la práctica jurídica […]”.
Aunado a lo anterior, el artículo 16 del Acuerdo PSAA-107543 de
2010, establece que tal y como sucedió en el caso de la actora, en
caso de ser necesario aclarar o complementar la solicitud, el
interesado será requerido mediante oficio por parte de la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Conforme con lo previsto en el artículo 15 del referido acuerdo, la
solicitud para el reconocimiento de la judicatura deberá resolverse
mediante acto administrativo motivado dentro de los diez días
hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que sean
remitidos la totalidad de los documentos a que se hizo referencia.
Revisado el material probatorio obrante en el expediente y el
anterior marco normativo, la Sala observa que: i) el 16 de junio
de 2021, la accionante inició el trámite respectivo para obtener la
resolución que reconoce el cumplimiento de su práctica jurídica,
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ante la Unidad; ii) en virtud de lo dispuesto en el acuerdo PSAA-
107543 de 2010, la Unidad ha requerido en dos oportunidades a
la actora para que allegue la documentación faltante con el fin de
impartirle trámite a su solicitud; iii) la accionante no ha cumplido
con la carga que le corresponde de allegar la totalidad de la
documentación y; iv) no se advierte por parte de la entidad
accionada un actuar que conlleve a la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora, pues ha adelantado las gestiones
previstas en la normatividad y en el procedimiento para el referido
trámite; incluso, se encuentra en término para resolver el mismo.
Cabe aclarar que si la parte actora considera que en el caso objeto
de estudio se realizó un análisis que no correspondía al solicitarle
documentos de una práctica jurídica remunerada, cuando lo cierto
es que desempeñó una judicatura ad-honorem, debe manifestar
dicha inconformidad dentro del procedimiento administrativo
hecho por el ente accionado, sin que tal actuación deba ser
canalizada a través del juez de tutela cuyas potestades están
fijadas para la protección y garantía de los derechos
fundamentales.
Ahora, para esta Sala de Decisión no es de recibo que la parte
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actora le atribuya a la Unidad y al Consejo Superior de la
Judicatura la vulneración de sus derechos fundamentales porque
no han expedido el acto administrativo mediante el cual se le
reconoce y certifica el cumplimiento de la judicatura en virtud de
la imposibilidad jurídica que le asiste a la tutelante de allegar los
documentos requeridos para tal fin, toda vez que fue su propia
culpa la que originó la presunta afectación, pues lo cierto es que
no ha cumplido con los requisitos exigidos porque de manera
voluntaria optó por realizar una judicatura ad honorem en una
entidad privada, desconociendo el deber de diligencia y cuidado
que le asistía frente a dicha decisión, pues como estudiante de
derecho debía verificar las normas y los requisitos que
reglamentan la práctica jurídica para optar por el título de
abogada.
Aunado a lo anterior, la Sala tampoco puede pasar por alto que
una vez la actora tuvo conocimiento del requerimiento en el que
se le informaba que la práctica efectuada en la entidad privada no
era válida, solicitó un concepto a la Unidad, para que le informara
si era posible realizar en la Fiscalía General de la Nación una
judicatura ad-honorem por los tres meses adicionales requeridos
para completar el año de práctica jurídica remunerada, frente a lo
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cual, la accionada le puso de presente que la judicatura que iba a
iniciar en la Fiscalía tendría que ser por el término de 9 meses de
servicio, sin embargo, la actora por su propia voluntad desatendió
dicho concepto y decidió realizar únicamente 3 meses de servicio,
por lo que no puede pretender subsanar la negligencia en que
incurrió, a través de la presente acción constitucional.
En ese sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los
siguientes términos:
“[…] si el actor, por imprudencia, negligencia o voluntad
propia ha permitido o facilitado que se (sic) ocurran
determinados sucesos que de una forma u otra atentan
contra sus derechos constitucionales fundamentales, no
puede posteriormente aspirar a que el Estado, mediante la
acción de tutela, proceda a reparar una situación cuya
responsabilidad recae sobre el mismo interesado. Se trata,
pues, de la simple aplicación del principio general del derecho de
que “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”. Pretender
lo contrario significaría, entonces, que la culpa, la
imprudencia o la negligencia serían objetos jurídicamente
protegidos, lo cual resulta a todas luces absurdo y
contrario a los fundamentos esenciales de un Estado de
derecho […]”13.
Cabe señalar que el pronunciamiento expuesto en precedencia, ha
sido una línea jurisprudencial que ha mantenido la Corte
13 Sentencia T-196 de 5 de mayo de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Constitucional, respecto del principio general del derecho de que
“nadie puede sacar provecho de su propia culpa”, en la que ha
sostenido que:
“[…] el juez no puede amparar situaciones donde la
vulneración de los derechos fundamentales del actor se
deriva de una actuación negligente, dolosa o de mala fe.
Cuando ello ocurre, es decir, que el particular o la autoridad
pública pretende aprovecharse del propio error, dolo o culpa, se
ha justificado la aplicación de este principio como una
forma de impedir el acceso a ventajas indebidas o
inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico. Por lo que la
persona está prima facie en la imposibilidad jurídica de obtener
beneficios originados de su actuar doloso […]”14.
En ese orden de ideas, de acuerdo con los razonamientos
anteriormente expuestos, la Sala denegará la solicitud de amparo,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
F A L L A:
14 Sentencia T-122 de 27 de febrero de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por la parte actora,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de
2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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