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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01323-00

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01323-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de las pretensiones contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones expuestas. 2. Declarar improcedente las demás pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01323-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

12 de mayo de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01323-00
Demandante: Azucena Báez Solano y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01323-00
Demandante: AZUCENA BÁEZ SOLANO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Y
OTROS

Temas: Mora Judicial, carencia actual de objeto. La tutela no cumple requisito
de subsidiariedad porque cuestiona procesos administrativos y
judiciales en trámite.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Azucena Báez Solano, Hercilia Báez
Solano, Eugenia Báez Solano, Alba Luz Báez Solano, Martha Báez Solano y Janeth Báez
Solano contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga, el Tribunal Administrativo de Santander y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 24 de febrero de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderada
judicial, las señoras Azucena Báez Solano, Hercilia Báez Solano, Eugenia Báez Solano,
Alba Luz Báez Solano, Martha Báez Solano y Janeth Báez Solano pidieron la protección
del derecho fundamental al debido proceso, que estimaron vulnerado por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B. En consecuencia, las demandantes
propusieron las siguientes pretensiones:
PRIMERA. Tutelar el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO en conexidad con
el DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES, DERECHO AL TRABAJO POR RESPETO A LOS
DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS Y RECONOCIDOS EN SENTENCIA JUDICIAL,
AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE
NORMAS LABORALES, al PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
SOBRE EL PROCESAL y AL DERECHO DE PROPIEDAD de las demandantes en condición
de terceras perjudicadas y SUCESORAS PROCESALES del demandante ahora causante
ALVARO BAEZ CABRERA (Q. e. p. d) en el PROCESO EJECUTIVO que se tramita en contra
de la UGPP - radicado con el número 68001-3331-004-2015-00252-01 ante la SECCION
SEGUNDA – SUBSECCION B - SCA – CONSEJO DE ESTADO – Consejero Ponente Dr.
CARMELO PERDOMO CUETER.

SEGUNDA. En consecuencia, se ordene a la SECCION SEGUNDA – SUBSECCION B –
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del CONSEJO DE ESTADO a través de
su Consejero Ponente Dr. CARMELO PERDOMO CUETER que en el improrrogable
termino de 48 horas siguientes a la notificación del fallo que decida esta acción de
tutela decida el RECURSO DE QUEJA interpuesto por la parte actora dentro del Proceso
Ejecutivo que se tramita en contra de la UGPP - radicado con el número 68001-3331-004-
2015-00252-01 ante ese despacho judicial, declarando mal denegado por parte del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER el recurso de apelación interpuesto
oportunamente por la parte actora contra el auto que modifica de oficio la liquidación del

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Demandante: Azucena Báez Solano y otros

crédito de fecha 6 de febrero de 2019 proferido por el JUEZ 4 ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA.

TERCERA. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER, que en el
término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación del auto que resuelve el recurso
de queja por parte de la SECCION SEGUNDA – SUBSECCION B – SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del CONSEJO DE ESTADO, admita el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante en el Proceso Ejecutivo que se tramita contra
la UGPP – radicado con el número 68001-3331-004-2015-00252-01 y proceda a decidirlo
revocando la decisión del JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA contenida en el auto de fecha 6 de febrero de 2019, y en su lugar disponer
lo siguiente:
(…)
CUARTA. En SUBSIDIO DE LO ANTERIOR y en caso de que no se acojan las anteriores
pretensiones, solicito SE DEJE SIN EFECTO el auto de fecha 6 de febrero de 2019 proferido
por el JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, dentro
del Proceso Ejecutivo tramitado en contra de la UGPP - radicado con el número 68001-3331-
004-2015-00252-00 y en su lugar ordenar al JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA, que en el improrrogable termino de 48 siguientes a la
notificación del fallo judicial que decida esta Acción de Tutela, profiera providencia de
reemplazo en la que disponga:
(…)
QUINTA. En todo caso, ORDENAR A LA DEMANDADA UGPP:
a)-. Dejar sin efecto las Resoluciones números RDP 030148 del 7 de octubre de 2019 y RDP
003157 del 5 de febrero de 2020.
b)-. DEJAR SIN EFECTO Y SUSPENDER el proceso de cobro coactivo iniciado
irregularmente contra el ahora causante ALVARO BAEZ CABRERA.
c)-. LEVANTAR LA MEDIDA DE EMBARGO que irregularmente se decretó sobre el
cincuenta por ciento (50%) del inmueble distinguido con el número de matrícula
inmobiliaria 300 – 2746 ubicado la calle 100 # 32 -34 Barrio La Libertad ciudad de
Bucaramanga que está registrado como de propiedad del ahora causante ALVARO
BAEZ CABRERA.
SEXTA. Las demás medidas que su despacho considere necesarias para lograr la protección
efectiva de los derechos fundamentales de la parte accionante.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, mediante sentencia del 17 de
febrero de 2012, accedió a las pretensiones formuladas por el señor Álvaro Báez Cabrera
y ordenó a la UGPP que reliquidara la pensión con “... la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicios y que corresponde a sueldo básico, 1/12
parte prima de navidad, 1/12 prima de vacaciones, 1/12 parte de bonificación por servicios
y 1/12 parte de prima de servicios, efectiva a partir del 01 de abril de 2020, (…) reajuste
que deberá actualizarse con los incrementos de ley y con la indexación en la forma como
se indica en la parte motiva de este proveído (…)”.

2.2. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante sentencia del 17 de julio de 2014.

2.3. Posteriormente, el señor Báez Cabrera presentó demanda ejecutiva contra la UGPP,
para que se diera cumplimiento a las sentencias del 17 de febrero de 2012 y 17 de julio
de 2014.

2.4. Por auto del 15 de noviembre de 2016, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga libró mandamiento de pago y el 8 de noviembre de 2017, ordenó seguir
adelante con la ejecución.

2.5. Luego, mediante auto del 6 de febrero de 2019, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga no aprobó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante y
modificó la liquidación de crédito, en el sentido de establecer que la UGPP había pagado
la obligación al ejecutante y, que, de hecho, quedaba un saldo a favor de la entidad y en
contra del señor Báez Cabrera por un valor de $5.936.988.
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2.6 Contra la anterior decisión, la parte ejecutante presentó recurso de reposición y en
subsidio apelación. El juzgado de conocimiento, por auto del 3 de abril de 2019, rechazó
el recurso de reposición y concedió el de apelación.

2.7. El Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia del 11 de junio de 2019,
rechazó por improcedente el recurso de apelación presentado por el ejecutante contra el
auto del 6 de febrero de 2019. Contra dicha decisión la parte actora presentó recurso de
reposición y en subsidió solicitó que se expidieran las copias para el trámite del recurso
de queja.

2.8. Por auto del 3 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Santander no
repuso la decisión del 11 de junio del mismo año y requirió a la parte demandante para
que aportara las copias para dar trámite al recurso de queja. El 9 de septiembre de 2019
se allegaron las copias solicitadas, por lo que el tribunal el 18 de octubre siguiente remitió
las copias del expediente al Consejo de Estado para que se tramitara el recurso de queja.

2.9. El expediente fue repartido el 27 de noviembre de 2019 en la Sección Segunda,
Subsección B. En cumplimiento del artículo 353 del CGP y 245 del CPACA, se corrió
traslado a la parte contraria del escrito del recurso de queja por el término de 3 días.
Luego, el expediente paso al despacho el 20 de enero de 2020 para decidir y, según la
parte demandante, a la fecha de presentación de la acción de tutela han pasado más de
dos años y no se ha emitió una decisión de fondo.

2.10. Por otro lado, los demandantes señalaron que la UGPP profirió la Resolución RDP
030148 del 7 de octubre de 2019, mediante la cual se ordenó a la Subdirección de
Cobranzas de la entidad, iniciar las acciones de cobro, teniendo en cuenta la decisión del
Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga de modificar la liquidación del crédito que
arrojó un saldo a favor de la UGPP de $ 5.936.988.

2.11. Contra las anteriores decisiones, el señor Báez Cabrera interpuso, en tiempo,
recursos de reposición y en subsidio apelación. La UGPP por Resolución RDP 003157 del
5 de febrero de 2020, confirmó la decisión y declaró improcedente el recurso de apelación.

2.12. El 13 de septiembre de 2021, el señor Álvaro Báez Cabrera falleció.

2.13. Para efectos de adelantar el proceso de sucesión, los hijos del causante solicitaron
el certificado de libertad y tradición del inmueble de su propiedad, identificado con
matrícula inmobiliaria 300-2706, ubicado en la calle 100 # 32 -34, Barrio La Libertad en la
ciudad de Bucaramanga, y advirtieron que el 21 de agosto de 2021 se había inscrito una
medida cautelar de embargo que recaía sobre el 50 % del inmueble por orden de la
Subdirección de Cobranzas de la UGPP.

2.14. Que, en virtud de lo anterior, las hijas del señor Báez Cabrera han presentado varios
memoriales ante el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, poniendo en
conocimiento el actuar de la UGPP y solicitando el impulso del proceso para que se
resolviera el recurso de queja. Por otro lado, con ocasión del fallecimiento del señor Báez
Cabrera, solicitaron su reconocimiento como sucesoras procesales.

3. Argumentos de la demanda de tutela

3.1. Por un parte, las demandantes argumentaron que la decisión del Juzgado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga del 6 de febrero de 2019, al modificar la liquidación del
crédito fue arbitraría, pues no tuvo en cuenta la condena impuesta en las sentencias
proferidas en el proceso declarativo, que ordenaban la reliquidación de la pensión del
señor Báez Cabrera.

3.1.1. Adicionalmente, indicaron que la providencia del 11 de junio de 2019, dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander, en la que rechazó por improcedente el recurso de
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apelación contra la decisión de modificar la liquidación de crédito, incurrió en defecto
procedimental absoluto y en desconocimiento del precedente, ya que, a su juicio, ante la
falta de regulación del procedimiento de los ejecutivos que se adelantan ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo deben tramitarse conforme con el procedimiento previsto
en el Código General del Proceso.

3.1.2. Además, señalaron que no se tuvo en cuenta los pronunciamientos que sobre el
tema ha proferido la Sección Cuarta de esta Corporación en el trámite de acciones de
tutela (sentencias del 12 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-04720-
00; del 25 de enero de 2018, radicado 11001-03-15-000-2017-02814-00; y del 6 de
septiembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01491-00).

3.2. De otro lado, sostuvieron que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, ha incurrido en mora judicial excesiva e injustificada al no desatar el recurso de queja
interpuesto contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander. Que
han transcurrido más de 2 años desde que el proceso fue asignado al magistrado ponente
para resolver el recurso de queja, sin que se haya proferido una decisión de fondo.

3.2.1. Que las anteriores circunstancias atentan contra los derechos fundamentales de los
demandantes, quienes llevan más de 2 años esperando la decisión. Aunado a que no se
han tenido en cuenta las solicitudes de impulso procesal.

3.3. Finalmente, respecto a la actuación de la UGPP, manifestaron que dicha entidad en
“(…) forma arbitraria (...) procedió a iniciar PROCESO DE COBRO COACTIVO en contra
del anciano y enfermo demandante, a embargar su inmueble, sin esperar la decisión del
recurso de queja por parte del despacho judicial aquí accionado, sin darle la posibilidad a
la parte actora de ejercer derecho de defensa y contradicción, sin tener en cuenta lo
preceptuado en el artículo 164 numeral 1 literal C del CPACA que Dispone que “no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”, pues la suma de
dinero a las que alude la UGPP corresponde a pagos de mesadas pensionales
reliquidadas que se le cancelaron al ahora causante el 25 de septiembre de 2017, hace
más de CUATRO (4) AÑOS, antes que se produjera el auto que modifico la liquidación del
crédito el que fue emitido el día 6 de febrero de 2019”.

4. Trámite procesal

4.1. Mediante auto del 25 de febrero de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

4.2. En cumplimiento de la anterior providencia, la Secretaría General de la Corporación
practicó la correspondiente notificación, mediante correo electrónico del 9 de marzo de
2022.

4.3. La parte actora interpuso recurso de reposición contra el auto del 25 de febrero de
2022, para que se admitiera la acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo
de Bucaramanga, el Tribunal Administrativo de Santander y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

4.4. Por auto del 29 de marzo de 2022, se repuso la decisión y se ordenó vincular a las
anteriores autoridades como parte demandada, que fueron notificadas el 6 de abril de
2022.

5. Intervenciones

5.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por conducto del
magistrado ponente, informó que, en efecto, el 20 de enero de 2020, el proceso ejecutivo

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objeto de la presente acción de tutela ingresó al despacho para resolver el recurso de
queja y que está pendiente de decisión.

5.1.1. Adicionalmente, expuso que “(…) se encuentran pendientes de decisión otros
recursos de queja formulados con anterioridad al mencionado y no es dable que a través
de la acción de tutela se pretenda desconocer el orden de los turnos asignados de acuerdo
con la fecha de ingreso al despacho, además de los otros asuntos ordinarios más antiguos
en etapa de instrucción”.

5.1.2. De igual manera, aclaró que si bien todos los procesos presentados en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa “merecen especial atención, también lo es
que tienen prelación legal las de hábeas corpus y las de tutela (primera instancia,
impugnaciones y desacatos) que aquí se tramitan, lo que da lugar a la congestión en el
trámite de los expedientes ordinarios del Código Contencioso Administrativo (CCA) y
CPACA (…)”.

5.2. El Juez Cuarto Administrativo de Bucaramanga solicitó que sea desvinculado de
la acción de tutela, en razón a que no ha vulnerado ningún derecho de las demandantes.

5.2.1. Luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo
explicó que “(…) pese a que se libró mandamiento de pago, la obligación se determinó en
el auto que modificó la liquidación incorporada por la parte demandante, por lo que esto
no conlleva a interpretar que la liquidación aportada por la parte ejecutante parta de ahí
para comenzar a liquidar intereses como lo deja entrever la accionante. De otro lado, se
aclara que la modificación de la liquidación se realizó en pleno derecho y no de manera
arbitraria como lo señala la demandante, pues al no tenerse en cuenta el “sueldo de
vacaciones” la liquidación cambia de manera notoria en los demás aspectos como lo son
los intereses moratorios”.

5.3. El apoderado de la UGPP solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela. Como primera medida, explicó que lo pretendido por las demandantes es generar
una tercera instancia a las decisiones adoptadas por el juez natural.

5.3.1. Que, en todo caso, las decisiones cuestionadas se encuentran ajustadas a la
Constitución y la ley y, por lo tanto, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la acción
de tutela. Que ni siquiera hay prueba de haberse violado algún derecho fundamental.

5.3.2. Respecto de los mayores valores pagados y las actuaciones de cobro, la UGPP
señaló que está probado que el beneficiario de la pensión recibió mayores valores y, por
lo tanto, la entidad está en la obligación de recuperarlos, conforme con la Ley 1066 de
2006 y el Decreto 575 de 2013, que le otorga a la UGPP la facultad para iniciar procesos
de cobro coactivo.

5.3.3. Finalmente, hizo un análisis del principio de sostenibilidad financiera y la
improcedencia de la tutela para reclamar prestaciones económicas. Además, expuso que
las demandantes no demostraron un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela

1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las
personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales
que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o
de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

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1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. En los términos de la demanda de tutela, la Sala debe decidir tres problemas
jurídicos:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, incurrió en mora judicial al
no haber decidido el recurso de queja en el proceso ejecutivo
68001333300420150025201?

• ¿El Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander vulneraron los derechos fundamentales de las demandantes al modificar la
liquidación del crédito y al rechazar por improcedente el recurso de apelación contra la
decisión de modificar la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo
68001333300420150025201, respectivamente?

• ¿La UGPP vulneró el derecho fundamental al debido proceso al proferir, en un
proceso de cobro coactivo, actos administrativos que pretenden el cobro del mayor
valor pagado al causante, como consecuencia de la modificación del crédito ordenada
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y que llevó a la entidad a
embargar el 50 % de una propiedad del señor Báez Cabrera?

2.2. En ese mismo orden, la Sala resolverá cada uno de los problemas jurídicos
planteados.

3. De la presunta mora judicial en el caso concreto

3.1. Previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto, la Sala estima
necesario determinar si, en este caso, se presentó una carencia de objeto por hecho
superado.

3.2. Como se sabe, el fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza
principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se
torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de
fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales.

3.2.1. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado y el daño consumado1. En particular, el hecho superado se
configura cuando se pone fin a la situación que generaba la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales. Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional:

3.4 Pues bien, a partir de allí, la Corte ha aclarado que el fenómeno de la carencia actual de objeto
se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño
consumado. Así las cosas, la primera hipótesis “se presenta cuando, por la acción u omisión (según
sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que
“carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la
expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir,
dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”. Es decir, el hecho superado significa la
observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente
transgresor. En otros términos, la omisión o acción reprochada por el tutelante, ya fue superada por

1
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto,
y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.

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parte del accionado. También se ha señalado que se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado, entre otras circunstancias, por ausencia de interés jurídico o sustracción de materia.

3.3. En el caso concreto, la Sala verificó la información reportada en el aplicativo SAMAI
del Consejo de Estado, para el proceso ejecutivo 68001333300420150025201 y encontró
lo siguiente2:

3.3.1. Conforme con lo registrado en el aplicativo Samai, la Sala advierte lo siguiente:

(i) Luego de ser repartido el proceso en la Sección segunda, Subsección B, el 20 de
enero de 2020 ingresó al despacho del magistrado ponente para decidir.

(ii) Las hijas del señor Báez Cabrera (hoy demandantes en la presente acción de tutela)
han presentado varios memoriales ante el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, así: (i) solicitud de impulso procesal, (ii) memorial en el que ponen en
conocimiento el actuar de la UGPP, que inició proceso de cobro coactivo y decretó
una medida cautelar de embargo contra el causante y (iii) memorial que pone en
conocimiento del despacho el fallecimiento del señor Báez Cabrera y solicita el
reconocimiento como sucesoras procesales.

(iii) También se advierte solicitud de impulso procesal presentado por la UGPP.

(iv) Por último, se observa que, por auto del 5 de mayo de 2022, se resolvió el recurso
de queja formulado por la parte ejecutante en el proceso ejecutivo, que fue notificado
a las partes por estado del 9 de mayo siguiente.

3.4. A juicio de la Sala, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, por
cuanto desapareció la circunstancia de hecho que sustentaba una de las pretensiones de
la demanda de tutela, esto es, la falta de decisión del recurso de queja en el proceso
ejecutivo 68001333300420150025201.

3.5. Como se corrigió la conducta que se reprochaba de la autoridad demandada, carece
de objeto cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, en los términos

2 Consulta realizada por el Despacho Sustanciador, el 9 de mayo de 2022, a las 8:00 a.m.

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del artículo 26 del Decreto 2591 de 19913. La solicitud de amparo perdió cualquier motivo
que la justifique. En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado.

3.6. Siendo así, queda resuelto el primer problema jurídico: se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado y así será declarado en la parte resolutiva.

4. Del incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto de las decisiones
proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander, y de las actuaciones de la UGPP

4.1. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

4.1.1. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia
de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que
la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de
protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de
los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó 4:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho
creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser
invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger
con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se
da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único
medio de protección, precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a
las personas una plena protección de sus derechos esenciales […].

4.1.2. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen
las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

4.2. En primer lugar, la Sala advierte que la tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad respecto de las inconformidades propuestas por las demandantes contra
los autos del 6 de febrero de 2019 y 11 de junio de 2018, mediante los cuales el Juzgado
Cuarto Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, que
decidieron modificar la liquidación del crédito y rechazar por improcedente el recurso de
apelación contra la anterior decisión, respectivamente, en el trámite del proceso ejecutivo
68001333300420150025201, al existir otro medio judicial en trámite.

4.2.1. En efecto, de conformidad con lo informado por las demandantes y según el reporte
del sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, ya se decidió el recurso de queja
presentado por la parte actora, por parte del Consejo de Estado, Sección Segunda,
3
Decreto 2591 de 1991. ARTÍCULO 26. CESACIÓN DE LA ACTUACIÓN IMPUGNADA. Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado, el
expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía.
4 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

8

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Subsección B, en el que se determinó que había sido mal denegado el recurso de
apelación contra el auto que modificó la liquidación del crédito. Luego, lo procedente será
que el Tribunal Administrativo de Santander resuelva de fondo el recurso de apelación. Es
decir, el proceso ejecutivo no ha finalizado y esto, en principio, impide que el juez de tutela
intervenga, ya que, se insiste, existe un medio judicial en trámite, en el que precisamente
está en discusión las inconformidades propuestas en el escrito de tutela.

4.3. Ahora bien, respecto de las actuaciones de la UGPP, la Sala tampoco encontró
acreditado el requisito de subsidiariedad por las siguientes razones:

4.3.1. La parte actora adujo que la UGPP profirió la Resolución RDP 030148 del 7 de
octubre de 2019, que determinó que el señor Álvaro Báez Cabrera adeuda a la entidad la
suma de $ 5.936.988, de acuerdo con la modificación del crédito ordenada por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Bucaramanga en auto del 6 de febrero de 2019. Adicionalmente,
ordenó remitir dicho acto administrativo a las Subdirecciones de Cobranzas y Financieras,
para lo pertinente. La anterior decisión fue confirmada mediante Resolución RDP 003157
del 5 de febrero de 2020.

4.3.1.1. Luego, la oficina de Cobro Coactivo por Resolución RCC 32493 del 14 de agosto
de 2020, decretó medida cautelar de embargo del 50 % del inmueble de propiedad del
causante, identificado con matrícula inmobiliaria 300-2706, según consta en el certificado
de tradición del inmueble aportado al expediente.

4.3.2. Además, explicaron que las anteriores decisiones vulneraron los derechos
fundamentales invocados, por cuanto no tuvieron en cuenta que la decisión judicial no se
encontraba en firme, pues no se ha resuelto el recurso de queja y, por lo tanto, la decisión
de embargo es arbitraría.

4.3.3. A juicio de la Sala, la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, pues, en los
términos del artículo 138 de la Ley 1437 de 20115, las demandantes pudieron ejercer la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que determinaron el
mayor valor adeudado y decretaron las medidas cautelares en el proceso de cobro
coactivo6. Se trata de un mecanismo idóneo y eficaz, pues que junto con la respectiva
demanda, pudo pedirse el decreto de medidas cautelares, como lo sería la suspensión
provisional.

4.3.3.1. Los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 permiten que, en los
procesos declarativos, como el de nulidad y restablecimiento del derecho, a petición de
parte y debidamente sustentada, el juez o magistrado ponente decrete las medidas
cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la respectiva sentencia.

4.3.4. Además, no puede desconocerse que el propio proceso de cobro coactivo establece
oportunidades para que las demandantes puedan ejercer los derechos de defensa y
contradicción, como proponer excepciones, presentar recursos, entre otros. Incluso,
pueden ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los
actos que se hayan dictado en dicho proceso, en los términos previstos en la ley y la
jurisprudencia.

5 Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en

una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.
Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la
notificación de aquel.
6 Al respecto, ver sentencia del 28 de junio de 2007, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el proceso

25000-23-24-000-2003-00125-01(15391).

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4.3.4.1. En efecto, el artículo 835 del Estatuto Tributario dispone que de los actos
proferidos en el proceso de cobro coactivo que adelanta la Administración solo son
demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallan
las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. Sin embargo, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado ha señalado que dicha enunciación no es taxativa, pues, en todo
caso, el control judicial debe ser «predicable frente a decisiones definitivas que creen,
modifiquen o extingan una situación jurídica determinada»7.

4.3.4.2. En providencia del 12 de noviembre de 20158, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado resaltó que, a partir de una interpretación conjunta de los artículos 101 de la Ley
1437 de 2011 y 835 del Estatuto Tributario, «puede concluirse claramente que solo son
demandables ante esta Jurisdicción los actos que deciden las excepciones, los que
ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito. Sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación ha ampliado el control judicial a otros actos
administrativos, que si bien son dictados en el curso de un proceso administrativo de cobro
coactivo no persiguen la simple ejecución de la obligación tributaria sino que crean una
situación diferente, como ocurre con el acto que liquida el crédito y las costas y el
aprobatorio del remate».

4.3.5. La acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto que las
demandantes no alegaron ni la Sala advierte la existencia de un verdadero perjuicio
irremediable. La decisión de la UGPP de iniciar el proceso de cobro coactivo no genera
per se un perjuicio irremediable.

4.3.5.1. El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la perspectiva de las
consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que puede producir las decisiones de la
administración. Esas decisiones pueden estar revestidas de legalidad y, por ende, las
consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas. No porque
una decisión de la administración resulte desfavorable a los intereses de los administrados
debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse mediante la acción
de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos que establecen situaciones
desfavorables a los destinatarios tendrían que ser suspendidos por vía de tutela.

4.3.5.2. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegarse a producir no
tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la ley, a tal punto de ser atentados contra los
derechos fundamentales. Esas circunstancias, sin embargo, no se advierten en el
presente caso y, por lo tanto, la acción de tutela no procede como mecanismo transitorio.

4.4. Se resuelven, entonces, el segundo y tercer problema jurídico propuesto: la acción de
tutela es improcedente respecto de las pretensiones contra el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga, el Tribunal Administrativo de Santander y la UGPP, por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

7 Sentencia de 12 de agosto de 2014, expediente 50001-23-31-000-2010-00558-01 (20298).
8 Expediente 41001-23-33-000-2013-00381-01 (20881).

10

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FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de las pretensiones
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones
expuestas.

2. Declarar improcedente las demás pretensiones de la acción de tutela, por las razones
expuestas.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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