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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01328-00

Fecha
22 de abril de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01328-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo solicitado tanto por el señor Luis Miguel Morales Zambrano y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01328-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

22 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01328-00
Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – la parte actora pretende reabrir un debate ya surtido y crear
una instancia adicional al no estar de acuerdo con lo decidido en el proceso- falta
de carga argumentativa.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
de la acción de tutela formulada por el señor Luis Miguel Morales Zambrano y otros
contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio y el
Tribunal Administrativo del Meta.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 22 de febrero de 2022, el señor Luis Miguel Morales Zambrano y otros 2 a
través de apoderada judicial, interpusieron demanda de tutela contra el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo
del Meta, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales
accionadas, por las actuaciones adelantadas a partir del auto de 27 de enero de

1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2
Juan Sebastián, Miguel Arcángel, Myriam, Jairo, Olga, Wilson, Juan Manuel, Javier, Luis Alfonso, Fabio y Orlando Morales
Zambrano, María Miricela Rozo Montilla, Gladys Teresa Zambrano de Fajardo, Luz Amanda, Luis Hernán, Luz Marina, Carlos
Arturo y Rafael Henry Zambrano Fajardo.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01328-00
Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Tutela (sentencia de primera instancia).

2021, que fijó fecha para realizar audiencia de conciliación, al interior del proceso
de reparación directa (rad. 50001-33-33-003-2016-00424-00) que promovieron
contra el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. y Medical Proinfo S.A.S.

2.- Según se ilustra en la demanda, la pretensión en ella contenida se contrae a lo
siguiente:

<<1.- DECLARAR LA INVALIDEZ de todo lo actuado a partir del auto de 27 de enero de
2021, proferido por la Juez 3° Administrativo del Circuito de Villavicencio.

2.- ORDENAR LA DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE AL JUZGADO ACCIONADO PARA
REHACER la actuación a partir del 22 de enero de 2021, fecha en que ingresó el
expediente al despacho del juzgado 3° Administrativo del Circuito de Villavicencio, para
que ese funcionario judicial adopte la decisión que en derecho corresponda, atendiendo
las claras previsiones del Art. 67-2 de la Ley 2080 de 2021>>3.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada
con base en el artículo 86 Superior, el actor expuso, que4:

3.1.- El señor Luis Miguel Morales Zambrano y su núcleo familiar, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra el Hospital
Departamental de Villavicencio y Medical Proinfo S.A.S., con el fin de que se
declararan patrimonialmente responsables por la falla en el servicio médico
padecida por el primero de los nombrados.

3.2.- El asunto le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Villavicencio, autoridad que, mediante fallo de 4 de septiembre de 2020, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de encontrar
responsable únicamente al Hospital Departamental de Villavicencio y condenarlo a
pagar los perjuicios morales causados.

3.3.- Inconforme con aquella decisión, las partes interpusieron sendos recursos de
apelación.

3.4.- El 27 de septiembre de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Villavicencio profirió auto a través del cual fijó fecha para audiencia de
conciliación, la cual alude la parte actora no le fue notificado, así como tampoco fue
publicado en la página de Consulta de Procesos.

3
Expediente digital, folio 21 del escrito de demanda.
4
Expediente digital, folios 3 a 11 del escrito de demanda.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01328-00
Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Tutela (sentencia de primera instancia).

3.5.- El 11 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, a la cual
no asistieron los demandantes ni su apoderado judicial, por cuanto “nunca se
enteraron de la misma”. Así las cosas, ante su inasistencia, el juez declaró desierto
el recurso de apelación que habían interpuesto contra el fallo de primera instancia.

3.6.- El 23 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del Meta profirió auto
admisorio del recurso de apelación interpuesto por la demandada, y corrió traslado
para alegar en conclusión. Contra esa decisión la parte actora presentó solicitud de
aclaración y adición con el fin de que la autoridad judicial hiciera pronunciamiento
frente a su recurso de apelación, en el sentido de admitirlo.

3.7.- No obstante, señalan que pese a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Meta
mediante proveído de 6 de mayo de 2021 negó la solicitud de aclaración y adición,
al considerar, en resumen, que no es procedente por un lado aclarar el auto, toda
vez que no advirtió que el mismo contuviera conceptos o frases que ofrezcan
verdadero motivo de duda, y por otro, tampoco procede adicionarlo, ya que no se
omitió realizar pronunciamiento respecto del recurso de apelación interpuesto por la
parte actora, habida cuenta que el mismo no fue concedido por el a quo.

3.8.- Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
reposición, así como incidente de nulidad, los cuales fueron resueltos por el Tribunal
Administrativo del Meta a través de auto de 19 de agosto de 2021, concluyendo,
primero, que contra el auto que resuelve la solicitud de adición y aclaración no
procede recurso alguno, por tanto, lo rechazó por improcedente; al lado de esta
decisión procedió a rechazar de plano la nulidad planteada, por estimar que la parte
actora no determinó la causal en la que fundamentaba su solicitud, requisito que
resultaba indispensable y, además, a su sentir, dicha solicitud la interpuso después
de saneada, pues los demandantes no manifestaron vicio alguno dentro del término
de ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación de la entidad demandada,
sino que optaron por pedir una aclaración y adición en lugar de solicitar la nulidad,
por lo que se entiende saneada la misma.

3.9.- Inconformes con la anterior decisión, los demandantes presentaron recurso de
súplica, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta – Sala de
Decisión Oral 1, corporación que, por auto de 11 de noviembre de 2021, indicó que,
tal como se planteó en el auto suplicado, en el caso operó la causal de saneamiento,
al tenor del artículo 136 del C.G.P que dispone: “Saneamiento de la nulidad …
Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin
proponerla”. Por tanto, confirmó el auto de 19 de agosto de 2021.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01328-00
Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Tutela (sentencia de primera instancia).

4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones5, los tutelantes aducen que
las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad, toda vez que:

4.1.- Primero: La citación a la audiencia de conciliación de 27 de enero de 2021 es
ilegal, por cuanto, conforme al numeral 2°6 del artículo 67 de la Ley 2080 que entró
en vigencia el 25 de enero de 2021, dicha audiencia solo era viable en caso de
darse dos supuestos: (i) Si era solicitada por las partes, y (ii) Que las mismas
propusieran una fórmula de arreglo, requisitos que no se cumplieron. En
consecuencia, dicha audiencia no procedía por estar expresamente prohibida por la
ley.

4.2.- Segundo: No se le notificó de la celebración de la precitada audiencia de
conciliación a la parte demandante de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 2080 de
2021, pues solo lo hicieron con las demandadas y terceros con interés; además,
tampoco se publicó en la plataforma Tyba el estado de 28 de febrero de 2022, en el
que se introdujo el auto que fijó fecha de audiencia de conciliación, razón por la cual
no les fue posible que conocieran de la realización de aquella.

4.2.1.- Además, señalaron que los apoderados judiciales de las demandadas y
terceros con interés enviaron sendos memoriales al despacho de primera instancia,
omitiendo notificar de tales actuaciones a los demandantes. Agregó que le
declararon desierto su recurso de apelación, sin tener en cuenta las situaciones
antes descritas, vulnerando con ello sus derechos fundamentales.

4.3.- Tercero: Manifestaron que existió un desconocimiento del deber como director
del proceso, esto es, el de realizar un control de legalidad. Señalaron que el Juez
Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio debió verificar al momento de
celebrar la audiencia de conciliación, y ante la inasistencia de su apoderado, si en
efecto éste había sido legalmente notificado, conforme sí lo hizo con los demás
sujetos procesales, y proceder a suspender la diligencia, con el fin de realizar la
notificación en debida forma, o determinar si era procedente fijar nueva fecha para
la realización de esta.

5
Folios 11 a 18 del escrito de tutela.
6
“2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra este se interponga el
recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de conciliación que deberá celebrarse antes de
resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y cuando las partes de común acuerdo soliciten su realización y propongan
fórmula conciliatoria”.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01328-00
Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Tutela (sentencia de primera instancia).

4.3.1.- Así mismo, indicaron que el tribunal accionado también omitió su deber de
director del proceso, en el sentido de no realizar un control de legalidad y decretar
las nulidades advertidas, velando por el cumplimiento del debido proceso; pues,
adujeron que existía una constancia expedida por la Escribiente de dicha
Corporación acerca de la no notificación del auto que señaló fecha para audiencia
de conciliación, por lo que de oficio aquel debió decretar la nulidad conforme lo
ordena el artículo 132 del C.G.P., pero que, contrario a lo anterior, la funcionaria
judicial pasó por alto el saneamiento del proceso y, posteriormente, en desmedro
de los derechos de los demandantes, consideró que la nulidad que se presentó
debido al incumplimiento de la norma por parte del Juzgado Tercero Administrativo
quedó subsanada con la presentación de la solicitud de aclaración y adición.

4.4.- Manifestaron que con el proceder de las accionadas se les quebrantó el
derecho a controvertir la decisión de primera instancia, en cuanto a la imputación
de la conducta de la entidad demandada, pues en lugar de una falla del servicio
médico la cual está debidamente acreditada, se consideró erróneamente que lo que
se presentó fue una pérdida de oportunidad, cuando todos los elementos
estructurales de la falla del servicio médico están debidamente demostrados.

4.5.- Así mismo, señalaron que la Ley 2080 de 2021 era la normatividad aplicable a
su asunto, por cuanto el auto que señaló fecha para la audiencia de conciliación es
posterior a la entrada en vigencia de dicha norma.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- El despacho sustanciador, por auto de 4 de marzo de 2022, dispuso admitir la
acción de tutela y notificar a las autoridades demandadas, al tiempo que vinculó al
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., a Medical Proinfo S.A.S, a la
Previsora S.A. Compañía de Seguros, a Liberty Seguros y a la señora Luisa
Fernanda Morales Rozo como tercero interesado en las resultas del proceso, “para
que se pronunciaran en relación con los hechos contenidos en la solicitud de
amparo y ejercieran los derechos de contradicción y defensa”7.

5.1. Igualmente, ofició al Tribunal Administrativo del Meta para que remitiera, en
calidad de préstamo, el expediente del proceso contencioso administrativo de
reparación directa, identificado con el radicado número 50001-33-33-003-2016-
00424-00.

7
Expediente digital, Folio 1 del mencionado proveído, notificado el 10 de marzo de 2022.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01328-00
Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Tutela (sentencia de primera instancia).

(i) Tribunal Administrativo del Meta8

6.- Indicó “de manera atenta y respetuosa, me permito hacer pronunciamiento sobre
los hechos que motivaron la acción en referencia, y para ello simplemente me remito
íntegramente a las consideraciones plasmadas en las providencias cuestionadas,
que contienen la fundamentación jurídica, normativa, jurisprudencial y fáctica
analizada por el despacho al momento de tomar las decisiones adoptadas dentro
del proceso radicado bajo el No. 50 001 33 33 003 2016 00424 01, promovido a
través del medio de control de Reparación Directa por JUAN SEBASTIÁN
MORALES ZAMBRANO Y OTROS contra HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO E.S.E. Y OTRO”.

(ii) Previsora Seguros9

7.- Primero se pronunció frente a los hechos para señalar si son ciertos o
parcialmente ciertos. Posteriormente, indicó que teniendo en cuenta lo manifestado
en el escrito de tutela, se deja a consideración de esta Corporación la resolución de
la presente acción, toda vez que estima que la misma está sujeta a la interpretación
del juez constitucional, por cuanto, “a pesar de que la norma es de interpretación,
los despachos accionados actuaron en derecho”.

(iii) Clínica Medical S.A.S.10

8.- Indicó que la parte actora pretende crear una tercera instancia del proceso
ordinario, generando un desgaste innecesario para la administración pública;
además, que el juez de tutela no puede pronunciarse frente a las pretensiones de
la parte actora, por cuanto ello le corresponde al juez natural de la causa.

8.1.- Por último, solicitó ser desvinculada de la presente acción, al no haber violado
ningún derecho fundamental a la parte actora.

(iv) Liberty Seguros S.A.11

8
Expediente digital, intervención contenida en 1 folio, enviada el 14 de marzo de 2022.
9
Expediente digital, intervención contenida en 9 folios, enviada el 15 de marzo de 2022.
10
Expediente digital, intervención contenida en 4 folios, enviada el 14 de marzo de 2022.
11
Expediente digital, intervención contenida en 2 folios, enviada el 15 de marzo de 2022.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01328-00
Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Tutela (sentencia de primera instancia).

9.- hizo un breve recuento de los trámites acaecidos dentro del proceso de
reparación directa y expuso que “se atiene a lo que se decida dentro de la presente
acción de tutela por los Honorables Magistrados”.

(v) Hospital Departamental de Villavicencio12

10.- Realizó un recuento de los hechos y trámites surtidos dentro del proceso de
reparación directa; para posteriormente indicar que está de acuerdo con las
decisiones tomadas por los jueces de instancia, las cuales considera se ajustan a
derecho. Por lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la solicitud de
amparo.

(vi) Remisión del expediente digital del proceso contencioso administrativo de
reparación directa.

11.- El Tribunal Administrativo del Meta envió el link de la plataforma Sistema de
Gestión Judicial – Justicia 21 WEB, TYBA para que allí se consultara las
actuaciones surtidas dentro del proceso de reparación directa
50001333300320160042400, que promovió el señor Luis Miguel Morales Zambrano
y otros contra el Hospital Departamental de Villavicencio y otro.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

12.- Al respecto, la Sala advierte que aun cuando el señor Luis Miguel Morales
Zambrano y otros alega la vulneración de sus derechos fundamentales, por las
actuaciones adelantadas por las autoridades judiciales accionadas a partir del auto
de 27 de enero de 2021, que fijó fecha para realizar audiencia de conciliación, al
interior del proceso de reparación directa (rad. 50001-33-33-003-2016-00424-00)
que promovieron contra el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. y Medical
Proinfo S.A.S., lo cierto es que dichos reproches fueron planteados dentro del
referido proceso y, a su vez, resueltos mediante providencias judiciales, siendo la
última, el auto por medio del cual el Tribunal Administrativo del Meta, el 11 de
noviembre de 2021, resolvió un recurso de súplica.

12
Expediente digital, intervención contenida en 4 folios, enviada el 17 de marzo de 2022.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01328-00
Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Tutela (sentencia de primera instancia).

En ese contexto, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar si los hechos
que se alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple
el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a
abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de establecer si el
Tribunal Administrativo del Meta incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante y si se justifica la adopción de
medidas de protección frente a los mismos.

E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

13.- Sobre la relevancia constitucional del asunto, la Sala Plena del Consejo de
Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con dicho
requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber13:

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el
que no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal
ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto
que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa
la providencia.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una
decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior
elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la
confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio

13
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ).

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01328-00
Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Tutela (sentencia de primera instancia).

de quien con la determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues
sin lugar a dudas de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la
decisión judicial.

14.- Revisados los planteamientos de la demanda de tutela y todos los recursos
que la parte actora ha presentado dentro del proceso de reparación directa, se
advierte que esta acude a la acción de tutela con el propósito de reabrir y continuar
con el debate que se surtió en el proceso ordinario para que se tenga en cuenta su
recurso de apelación, cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección
de derechos fundamentales no comporta una tercera instancia.

14.1.- Resulta evidente que la parte demandante busca un nuevo análisis de los
aspectos definidos por el juez natural de la causa, pues en la presente acción
planteó los mismos argumentos que expuso en el recurso de súplica que presentó
contra el proveído de 19 de agosto de 2021, mediante el cual se rechazó por
improcedente el recurso de reposición promovido contra la providencia del 6 de
mayo de 2021 y se rechazó de plano la solicitud de nulidad promovida por la parte
actora; toda vez que en el escrito de tutela sostuvo que la parte accionada incurrió,
en síntesis, en los siguientes yerros: i) por celebrar la audiencia de conciliación,
estando expresamente prohibida en la ley, ii) no notificar la realización de la
antedicha audiencia y, ii) no realizar un control de legalidad, con el fin de decretar
las nulidades advertidas.

14.2.- Así, en el recurso de súplica formulado en el proceso ordinario, la parte actora
-hoy accionante en el asunto de la referencia- planteó las mismas inconformidades.
Al respecto, señaló:

<<… Se interpone el presente recurso, con las formalidades que señala el Art. 246 del
C.P.A.C.A., para que sea la H. Sala de la cual hace usted parte, en cabeza de otros dos
H. Magistrados que la conforman, quienes REVOQUEN la providencia objeto de disenso,
toda vez que es evidente que en el presente caso se configura UNA CAUSAL DE
NULIDAD INSANEABLE que debió ser decretada oficiosamente, y que tiene su génesis
en una palmaria violación del derecho al DEBIDO PROCESO de mis poderdantes por
parte del Juzgado 3° Administrativo del Circuito de Villavicencio, despacho que de manera
inexplicable dejó de notificar al suscrito en calidad de apoderado de la parte actora la
providencia que señaló fecha para que tuviera lugar la audiencia de conciliación que
consagra el inciso 4° del Art. 194 del C.P.A.C.A., previo a la concesión del recurso de
apelación interpuesto por las partes, y que no puede ser avalada por la Superioridad
teniendo como sustento, formalismos que desconocen los Arts. 29, 229 y 230 de la Carta
Fundamental, y además la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y del H. Consejo
de Estado.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01328-00
Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Tutela (sentencia de primera instancia).

Por ello, cualquier actuación posterior, que se haya producido con ocasión y por razón de
la diligencia de conciliación a la cual dejó de asistir el suscrito por serle física y
jurídicamente imposible, por no haber sido citado a la misma, está VICIADA DE NULIDAD,
ES NULA DE PLENO DERECHO y por lo tanto CARECE DE VALIDEZ y ADEMAS DE
ELLO ES INSANEABLE, conforme lo establece el ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia de las Altas Cortes….

Repartido el expediente, correspondió conocer a su H. Despacho, quien mediante auto de
febrero 23 de la presente anualidad admitió el recurso de apelación interpuesto por el
Hospital Departamental de Villavicencio, y ordenó correr traslado para alegar de
conclusión.

Ajeno como era apenas lógico a estos aconteceres, porque el pantallazo de la Rama
Judicial no registraba hasta ese momento anotación alguna, y las glosas que aparecen
con posterioridad a la audiencia de conciliación muy probablemente se anotaron después,
precisamente con ocasión de los memoriales presentados por el suscrito, por ello, el
argumento de la providencia de agosto 18 de 2021, sobre mi convalidación de la nulidad
no es jurídicamente válido. De una parte porque la nulidad no es SANEABLES, y de otra,
porque advertido como estaba el Despacho a su cargo de LA CONCURRENCIA DE ESTE
VICIO, procedía de forma OFICIOSA SANEAR LA NULIDAD, TAL Y COMO LO ORDENA
EL ART. 132 DEL CPACA, norma cuya literalidad transcribo…

En el presente caso fluye diáfano que las decisiones tanto de primera como de segunda
instancia proferidas hasta este momento, están pretermitiendo a mis mandantes la
posibilidad de controvertir la sentencia, en el primer caso por haber OMITIDO EL DEBER
LEGAL de notificarme la providencia que convocó a la citada audiencia de conciliación, y
en el segundo caso, por aducir que la irregularidad que configura la falta de notificación
es saneable, postura contraria al supuesto de hecho que predica el inciso 2° del Num. 8°
del Art. 133 del C.G.P., norma que señala que el proceso es NULO en todo o en parte:
“…CUANDO SE OMITE LA OPORTUNIDAD (…) PARA SUSTENTAR UN
RECURSO…”…

En armonía con lo antes expuesto, el Art. 205 del C.P.A.C.A., modificado por el Art. 52 de
la Ley 2080 de enero 25 de 2021, sobre la perentoriedad y obligatoriedad de los
funcionarios judiciales de notificar todas las decisiones judiciales al correo electrónico que
las partes hayan registrado al inicio de la actuación judicial, sobre el particular señala…

Esta norma había entrado en vigencia dos días antes que el despacho de la señora Juez
3° Administrativo del Circuito de Villavicencio profiriera el auto señalando fecha para que
tuviera lugar la audiencia de conciliación dentro del presente asunto, de fecha 27 de enero
de 2021, y no obstante la obligatoriedad y perentoriedad de este mandato, el A-quo pasó
por alto notificar al suscrito el contenido de dicha providencia, con lo cual, además del
postulado del Art. 29 de la C.P. de 1991, también se conculcan los mandatos de los Art.
229 y 230 ibídem.

En el presente caso, a mi juicio además, no se requería H. Magistrados ni siquiera alegar
ni mucho menos sustentar la aludida nulidad para que esta fuera decretada por el
Despacho Conductor, porque: (i) el suscrito advirtió oportunamente a la Ponente de la

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01328-00
Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Tutela (sentencia de primera instancia).

concurrencia del vicio de la falta de notificación y (ii) porque el mismo ordenamiento
jurídico así se lo ordena, por constituir, contrario a lo dicho por la providencia objeto de
este recurso, UNA NULIDAD INSANEABLE, que para corregirla bastaba dar cumplimiento
a lo ordenado por los Arts. 132 y 133-8 del C.G.P., en armonía con la jurisprudencia
Constitucional y del Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo…>>.

14.3.- Los anteriores aspectos fueron resueltos por el Tribunal accionado, en el auto
de 11 de noviembre de 2021, que resolvió el recurso de súplica. Por interesar a esta
causa, la Sala traerá a colación el análisis allí efectuado:

<<… Entonces, al haber superado el examen de procedencia, se habilita el análisis de
los argumentos del recurrente relacionados solamente con la decisión de rechazar la
nulidad, conforme se abordan a continuación.

es hasta la sustentación del recurso que aquí se analiza, que la parte actora hace
referencia a las causales de nulidad, al indicar de una parte que el proceso es nulo en
todo o en parte «cuando se omite la oportunidad (…) para sustentar un recurso…»- lo
que corresponde al numeral 6 del artículo 133-; sin embargo, cita como fundamento
normativo es el inciso segundo del numeral 8 del mismo artículo que comprende una
causal distinta.

Debiendo indicarse al respecto, que la oportunidad para proponer la solicitud de nulidad
y sustentarla en las causales del Código General del Proceso corresponde al momento
inicial en que se alegan; sin embargo, para la Sala tampoco les asiste vocación de
prosperidad conforme pasa a exponerse.

En cuanto a la causal prevista en el numeral sexto del artículo 133, referente a que «se
omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer
su traslado» y en lo que atañe a la ausencia de oportunidad para sustentar el recurso,
debe indicarse que no se configura en el asunto, pues según los antecedentes fácticos,
la parte actora una vez fue notificada de la sentencia presentó el recurso de apelación
contra la misma, tal como se indicó en el auto que precisamente convocó a la audiencia
de conciliación; distinto es, que no se hubiera dado la comparecencia a la misma -
indistintamente la causa- a lo que sobrevino la declaratoria de tenerlo como desierto;
situación que no puede equipararse a que se hubiese pretermitido la oportunidad para
sustentarlo.

Ahora, el inciso segundo del numeral 8 del mismo artículo, dispone la configuración de
nulidad «Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el
defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación
posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma
establecida en este código.», lo que en principio sí guardaría relación con el objeto del
debate, en el entendido que precisamente se dejó de notificar a la parte actora -a través
de su correo electrónico- la providencia proferida el 27 de enero de 2021 por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio, que fijó fecha para la audiencia de

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conciliación en el trámite de primera instancia, y que tuvo para la parte actora los efectos
ya conocidos.

Lo anterior, se deduce de los documentos remitidos en segunda instancia por la
Secretaria del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio, en donde se
observa la comunicación realizada del Estado 003 del 28 de enero de 2021 a los correos
electrónicos de las partes e intervinientes, sin que se encuentre entre los mismos el correo
electrónico del apoderado de la parte actora «cesarochoa810@hotmail.com», lo que
permite colegir que no se incluyó como destinatario de la comunicación.

Así también se indicó en la certificación suscrita por la escribiente de la Secretaría de esta
corporación, en la que informó haberse comunicado «con la secretaria del Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Villavicencio para solicitar información acerca de la
notificación del auto 27 de enero de 2021 mediante el cual se citó a la audiencia de
conciliación previo a conceder el recurso de apelación por cuanto del mismo no obra
registro en la plataforma Tyba, a fin de obtener certeza de sí el memorialista había sido
notificado de la misma, por cuanto fue declarado desierto su recurso por inasistencia de
conformidad con el inciso 4° del artículo 192 del CPACA. Así las cosas, luego de revisa
el expediente me informó que el apoderado de la parte actora no había sido notificado del
mentado auto».

Con sustento en lo anterior, debe precisarse al apoderado de los demandantes que
contrario a lo concluido por él, la constancia se refiere a que no obra registro del
acto de notificación -que es lo que se remite por la secretaria del Juzgado Tercero-
, más no del auto; pues al respecto, de la consulta en la plataforma Tyba con el
número de radicación de la referencia, se observa el historial de los ciclos de
actuaciones, en donde sí se registra el «auto fija fecha» y el estado, cuyas
actuaciones datan del 27 y 28 de enero de 2021, observándose la ausencia de la
constancia de envío de las comunicaciones del estado, así…

Al respecto, es pertinente aclarar al recurrente frente a la manifestación referente a que
dicha providencia no aparecía «publicada en la página de la rama judicial y la plataforma
de Tyba», que si bien efectuaba la consulta por ambas plataformas digitales conforme lo
informa, no se percató del registro del auto que fijó fecha para la audiencia de conciliación
en el aplicativo Tyba, que a propósito, también podía consultarse virtualmente en los
estados del Juzgado en el portal de la Rama Judicial; y al respecto, también se descarta
que «las glosas que aparecen con posterioridad a la audiencia de conciliación muy
probablemente se anotaron después, precisamente con ocasión de los memoriales
presentados por el suscrito» dado que la plataforma precisa dos fechas -actuación y
registro- sin que se evidencie que las fechas del registro de las actuaciones daten con
posterioridad a que el recurrente puso de presente la irregularidad.

Lo anterior, si bien no avala el desconocimiento de la Secretaría del Juzgado de origen
de haber enviado la comunicación del estado, también pone de presente las falencias en
las consultas realizadas por la parte actora, quien según lo indica, era conocedora de la
plataforma habilitada para verificar las actuaciones y el expediente digital, lo que
corresponde también a un deber que le asiste como promotor del medio de control.

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Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
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Retornando entonces el análisis de la causal de nulidad, se tiene que si bien logró
determinarse que se realizó la notificación del auto del 27 de enero de 2021 por estado,
modalidad que para este tipo de providencias prevé el artículo 201 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021, podría inferirse ante la
ausencia del envío del mensaje de datos, que la misma se realizó de manera irregular;
pues se recuerda que si bien la publicación de los estados electrónicos es la regla general
para dar a conocer las providencias, entre los parámetros que deben tenerse en cuenta
para su realización se encuentra el envío del mensaje de datos al canal digital de los
sujetos procesales, como también lo exige el artículo 205 ibídem.

No obstante, debe atenderse de manera integral a la causal que invoca el actor, en donde
menciona que si bien opera la nulidad cuando en el curso del proceso se advierta que se
ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda, el
defecto se corrige practicando la notificación omitida, pero recae la nulidad sobre la
actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la
forma establecida en el mismo Código General del Proceso, y el parágrafo alude que «las
demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece». Así, por expresa
remisión, se tiene que el artículo 163 ibídem, indica respecto al saneamiento de la nulidad
lo siguiente…

En línea con lo anterior, y tal como se indicó en la providencia objeto de súplica, deben
analizarse las actuaciones que hubiese realizado el recurrente previo al requerimiento de
nulidad, con el fin de determinar si sobre dicha irregularidad versa alguna causal de
saneamiento.

Así, debe indicarse que si bien después de promovido el recurso de apelación no se
registra actuación del apoderado de los demandantes sino hasta la expedición del auto
del 23 de febrero de 2021, a través del cual admitió el recurso de apelación formulado por
el Hospital Departamental de Villavicencio, en dicha oportunidad la intervención de la
parte actora se ciñó a solicitar la aclaración y adición del auto, en el sentido de admitir
también el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, sin mencionar alguna
situación generadora de nulidad.

Conforme a lo anterior, para la Sala resulta viable tener por saneada la irregularidad que
se suscitó al finalizar la primera instancia, configurándose la primera causal que establece
el artículo 136 del C.G.P para el saneamiento de la nulidad, pues la parte actora «actuó
sin proponerla»

Aunado a esto, no es posible justificar que no se hubiese promovido la solicitud de nulidad
de manera oportuna porque el apoderado «desconocía lo procesalmente ocurrido a partir
del 27 de enero de 2021, ya que las actuaciones del A-quo desde ese entonces, no fueron
publicadas en la plataforma Tyba», pues del reporte de actuaciones anteriormente
ilustrado, se concluye que a pesar de que el apoderado de la parte actora tenía la
herramienta de consulta virtual a través del aplicativo Tyba, en donde se observa no solo
la inclusión del auto que programó la audiencia de conciliación, sino una serie de
actuaciones previas y posteriores a dicha diligencia -como las sustituciones de poder por
parte de las Aseguradoras Liberty y La Previsora para dicha audiencia (registros del 9 y

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11 de febrero), la certificación del Comité de Conciliación del Hospital Departamental de
Villavicencio (registro del 11 de febrero) el Acta de la audiencia y el envío del expediente
al superior (registros del 12 de febrero)- actuó en sede de apelación no para proponer la
causal de nulidad, siendo esta la oportunidad, sino para solicitar la aclaración y adición
del auto que admitió el recurso de apelación únicamente respecto del Hospital
Departamental de Villavicencio E.S.E, en los términos en que se concedió por el a quo.
De manera, que «el hecho de que se encontrara ajeno a las actuaciones» no resulta
completamente atribuible al juzgado de origen, pues de acuerdo con lo señalado y
conforme lo indica igualmente el artículo 136 del C.G.P, la parte actora respecto de la
nulidad aunque «podía alegarla no lo hizo oportunamente», operando la causal de
saneamiento.

Así mismo, llama la atención que de acuerdo a la norma procesal vigente para el
momento en que se profirió la sentencia y se formularon los recursos de apelación
• 7 y 21 de septiembre de 2020- que corresponde a la Ley 1437 de 2011 sin la
modificación de la Ley 2080 de 2021, en atención al carácter condenatorio de la
sentencia -conocida y recurrida por el apoderado-, se hacía indispensable acudir a
la audiencia de conciliación previo a su concesión conforme al inciso 4º del artículo
192 del C.P.A.C.A, por lo que ante la admisión del recurso de la contraparte en sede
de apelación y de haber tenido presente que no se hubiera surtido, bastaba con
revisar nuevamente el sistema de consulta para percatarse del defecto
procedimental que omitió indicar en su primera intervención y que resultaba
generador de nulidad, sin embargo, en lugar de ello solicitó la adición del auto para
que fuera incluida la admisión de su recurso.

Lo anterior, implicó el saneamiento de la causal de nulidad que hasta hora pone de
presente la parte actora, pues en los términos del inciso segundo del numeral octavo del
artículo 133 y el numeral primero del artículo 136 del C.G.P, resulta evidente que sí se
configuró al haber actuado sin proponerla aún cuando pudo conocer la situación
generadora de nulidad; y de acuerdo con la confrontación normativa ya efectuada, se
descarta que tal nulidad fuera insaneable, pues no se trata de las circunstancias previstas
en el parágrafo del artículo 136 «por proceder contra providencia ejecutoriada del
superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva
instancia» a las cuales el legislador atribuyó el carácter de insaneables.

Finalmente, se tiene que la parte actora insiste en que al encontrarse enterado el
Despacho ponente de la concurrencia de este vicio, debió proceder de forma oficiosa a
sanear la nulidad como lo ordena el artículo 132 del G.G.P; y al respecto debe indicarse
que si bien se estableció el control de legalidad tanto en el artículo 207 del C.P.A.C.A, de
acuerdo con lo cual «agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de
legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.», como en el artículo 132
del C.G.P, lo que le otorga al operador judicial amplias potestades de saneamiento «en
aras de que el proceso se ritúe conforme al procedimiento legal y se profiera una
sentencia de mérito al verificarse el cumplimiento de los presupuestos de validez y
eficacia del proceso, potestades de las que puede hacer uso en cualquier etapa del
mismo, («), el Juez, de oficio o a petición de parte, debe decidir los vicios que se hayan
presentado y adoptar las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias

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inhibitorias. Así, la facultad de saneamiento le impone al Juez la obligación de revisar la
regularidad del proceso, la existencia de irregularidades o vicios y subsanarlos, para que
el proceso pueda seguir y culminar normalmente con sentencia de mérito» conforme lo
ha señalado el Consejo de Estado, esto no implica que las partes deban guardar silencio
ante dichas circunstancias y quedarse a la espera de que el juez de la causa determine
la circunstancia constitutiva de nulidad, pues se recuerda que la etapa de saneamiento
no opera únicamente de oficio, sino también a petición de parte.

Entonces, no procede en sede de súplica la solicitud de nulidad bajo las causales que
invoca el recurrente hasta la sustentación del recurso, con la tesis que correspondía
declararse en virtud del control oficioso que debe realizar el operador judicial, pues si bien
el control de legalidad compete al juez en cualquier etapa del proceso, tal facultad no es
óbice para desconocer el deber que le asiste a las partes de poner de presente las
irregularidades procesales de manera oportuna, máxime cuando ante tales
eventualidades el legislador ha previsto que pueden ocurrir circunstancias que aunque
generen nulidad pueden sanearse con la misma actuación de las partes…>>.( negrilla
por fuera del texto original)

14.4.- Bajo este escenario, no hay duda de que la accionante propuso en sede de
tutela dos de los argumentos expuestos en el escrito de súplica que presentó contra
el proveído de 19 de agosto de 2021 (falta de notificación del auto que convocó a
audiencia de conciliación y control de legalidad del juez) y que estos, a su vez,
fueron resueltos en su totalidad por el Tribunal Administrativo del Meta de forma
clara, detallada y concreta.

14.5.- Por tanto, la Sala advierte con claridad que el actor pretende seguir de forma
indefinida con el debate surtido y resuelto por los jueces de instancia, empleando
una y otra vez los mismos argumentos, al no estar de acuerdo con lo decidió por
aquellos, sin tener en cuenta que la falta de notificación del auto que convocó a
audiencia de conciliación quedó saneada, pues, tal como lo afirmó el tribunal
acusado en su auto de súplica, en la plataforma Tyba siempre estuvieron los
reportes y las providencias de todas las actuaciones surtidas dentro del proceso de
reparación directa, tales como el auto que “fija fecha” y el estado del mismo
(registros del 27 y 28 de enero), las sustituciones de poder por parte de las
Aseguradoras Liberty y La Previsora para dicha audiencia (registros del 9 y 11 de
febrero), la certificación del Comité de Conciliación del Hospital Departamental de
Villavicencio (registro del 11 de febrero), el Acta de la audiencia y el envío del
expediente al superior (registros del 12 de febrero), sin que se evidencie que las
fechas del registro de las actuaciones daten con posterioridad a que el recurrente
puso de presente la irregularidad; por lo que la parte demandante debió advertir la
causal de nulidad relacionada con que “cuando en el curso del proceso se advierta
que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la

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demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la
notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha
providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código”
cuando el juez de segunda instancia admitió el recurso de apelación formulado por
el Hospital Departamental de Villavicencio, y no presentar un recurso de adición y
aclaración sin mencionar alguna situación generadora de nulidad, pues con aquella
acción, actuó sin proponer la nulidad, configurándose la primera causal que
establece el artículo 136 del C.G.P14 para el saneamiento de aquella.

14.6.- Así mismo, la parte demandante pretende dejar en cabeza del operador
judicial el deber que le asiste, al indicar que el juez debía sanear de oficio la nulidad
proveniente de la falta de notificación del auto que convocó a audiencia de
conciliación, olvidando la obligación de las partes de poner de presente las
irregularidades procesales de manera oportuna, máxime, cuando el legislador ha
previsto que pueden ocurrir circunstancias que aunque generen nulidad pueden
sanearse con la misma actuación de las partes.

14.7.- Se precisa, además, que fueron esas instancias judiciales las que tuvieron a
su cargo valorar los alegatos de derecho y hecho que el demandante sometió a su
consideración, sin que ahora quepa prolongar el debate sobre los mismos, pues la
acción de tutela es mecanismo principal, no complementario al del control ordinario,
y no tiene por fin revisar las bases del debate judicial, para definir como instancia
final las razones del derecho que se debate. De aquí que verificado que el malestar
que se formula contra la providencia judicial fue el mismo que se debatió y definió
ante los jueces de la causa, ningún espacio cabrá para el juez constitucional.

14.8.- Así las cosas, las circunstancias fácticas que dieron paso a la decisión
sometida a estudio, y de los fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal
Administrativo del Meta, no se deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en una
indebida aplicación legal o en una falta de motivación, ni mucho menos que se haya
abstenido de efectuar un examen de los medios de prueba o desconocido
precedente judicial o norma aplicable. Por el contrario, la decisión cuestionada en
esta sede encuentra claro sustento en el principio de libre valoración judicial y, antes
de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de
una interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez,

14
Artículo 136. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla…

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confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables
al caso; por lo anterior, se advierte que es válida la conclusión arrimada.

15.- Aunado a ello, también se advierte que la parte promotora del recurso no puso
en consideración de los jueces naturales de la causa los argumentos relacionados
con la norma aplicable a su asunto y que la audiencia de conciliación no debía
haberse surtido al estar expresamente prohibida, de acuerdo con el numeral 2° del
artículo 67 de la Ley 2080, pues esto solo lo puso de presente en esta acción; por
lo que en este punto, se debe recordar a la parte actora que la acción de tutela
procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos
ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar
la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso
indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial
adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

15.1.- En esa medida, la parte accionante no puede pretender utilizar esta acción
para presentar alegatos que no han sido puestos a consideración de los jueces
ordinarios y, por ende, no han sido estudiados, comoquiera que la acción de tutela
no puede sustituir ni revivir etapas procesales, así como tampoco se puede utilizar
como mecanismo para subsanar yerros cometidos dentro del proceso ordinario. No
obstante lo anterior, se advierte que el Tribunal indicó las razones por las cuales
consideró que era procedente aplicar en el caso objeto de estudio la Ley 1437 de
2011.

16.- Por último, para esta Sala el asunto también carece de carga argumentativa,
pues, en últimas, los accionantes pretenden controvertir la decisión del 11 de
noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, a través de la
cual se resolvió el recurso de súplica presentado contra el auto del 19 de agosto de
2021, que rechazó por improcedente el recurso de reposición promovido contra la
providencia del 6 de mayo de 2021 y rechazó de plano la solicitud de nulidad
promovida por la parte actora; al no estar de acuerdo con la decisión allí tomada,
referente a no declarar la nulidad de las actuaciones posteriores a la expedición del
auto mediante el cual el A quo fijó fecha para la audiencia de conciliación, ante la
falta de notificación del mismo al apoderado de los demandantes y la consecuente
declaratoria de desistimiento del recurso de apelación por él promovido, dado que

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Accionante: Luis Miguel Morales Zambrano y otros
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tal situación quedó saneada con la intervención de la parte actora. Pues contra dicha
providencia la parte promotora de la acción no estructuró ningún defecto específico
de procedencia de tutela contra providencia judicial, que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005.

17.- Por todo lo anterior, la Sala estima que la acción de tutela no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta que su
objeto es continuar con un debate que se concluyó en las instancias respectivas, lo
que desnaturaliza su finalidad como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales.

18.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III.- FALLA

PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo solicitado tanto por el señor Luis
Miguel Morales Zambrano y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

15
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe
en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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