Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01331-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01331-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01331-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
7 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01331-01
Accionante: WILLIAM ROJAS LAGUADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / régimen
pensional del INPEC / defecto sustantivo /
desconocimiento del precedente
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante contra
la sentencia del 4 de mayo de 2022, mediante la cual la Sección
Tercera, Subsección B negó el amparo constitucional invocado dentro
de la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El señor William Rojas Laguado, actuando por conducto de apoderado1,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, seguridad social, mínimo vital e igualdad, con
fundamento en los siguientes:
1
Carlos Eduardo Casas Sánchez.
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1. HECHOS
El señor William Rojas Laguado prestó sus servicios al INPEC desde el
15 de enero hasta el 23 de julio de 1996, en calidad de alumno, y entre
el 25 de julio de 1996 y el 5 de octubre de 2016 como dragoneante.
El 12 de octubre de 2016 le solicitó a Colpensiones el reconocimiento
de la pensión de jubilación, petición que fue desatada de manera
negativa mediante las resoluciones n.º GNR 41462 de 6 de febrero,
SUB48973 de 28 de abril y DIR15215 de 11 de septiembre, todas de
2017.
Contra dichos actos administrativos interpuso medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación equivalente al 75 %
de los salarios devengados en el último año de servicios y con inclusión
de los factores salariales previstos en el Decreto 1045 de 1978.
En audiencia inicial celebrada el 11 de febrero de 2019, el Juzgado
Octavo Administrativo de Bucaramanga accedió a las pretensiones de
la demanda y ordenó el reconocimiento pensional con fundamento en
la Ley 32 de 1986 y con la inclusión de los factores salariales sobre los
que cotizó, es decir, la asignación básica mensual y la prima de
remuneración por servicios prestados.
Apelada la decisión por ambas partes, el Tribunal Administrativo de
Santander a través de sentencia del 12 de agosto de 2021 revocó lo
resuelto por el a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, al determinar que (i) al señor Rojas Laguado no le eran
aplicables los regímenes de transición dispuestos en el Acto Legislativo
1 de 2005 ni en el Decreto 2090 de 2003 para gozar del régimen
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previsto en la Ley 32 de 1986; y (ii) que tampoco cumplió con los
requisitos de edad y tiempo de servicios de la Ley 100 de 1993 para
acceder el reconocimiento pensional conforme al régimen general.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander
incurrió en defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución,
toda vez que desconoció el parágrafo transitorio 5.º del artículo 48
superior, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, que establece
que los miembros de custodia y vigilancia tienen un régimen especial
de pensión, dependiendo de si ingresaron antes o después de la entrada
en vigor del Decreto 2090 de 2003 y que, en su caso particular, por
haberse incorporado a la institución con anterioridad a la vigencia de
dicha norma, le es aplicable el régimen previsto en la Ley 32 de 1986,
la Ley 4 de 1966 y el Decreto 1045 de 1978.
Asimismo, señaló que la autoridad judicial demandada desconoció las
sentencias del 24 de septiembre de 2020, con radicado n.º 11001-03-
15-000-2020-02915- 01; y del 12 de octubre de 2021, con radicado
n.º 11001-03-15-000-2020-03951-01 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, así como la sentencia C-651 de 2015 de la Corte
Constitucional, según las cuales los miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia que ingresaron antes de 28 de julio de 2003 tenían derecho
a una pensión de jubilación en los términos de la Ley 32 de 1986, por
el hecho de cumplir 20 años de servicio.
Finalmente, manifestó que dicho tribunal se pronunció sobre aspectos
que no fueron objeto de apelación, con lo que excedió el marco de su
competencia que, según los recursos interpuestos, únicamente se
limitaba a la verificación de los 20 años de servicios como lo alegó
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Colpensiones y a los 2 factores que él reclamó, pero no sobre el régimen
pensional aplicable.
3. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Primero. se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, principio de
favorabilidad en materia laboral, derecho a la igualdad ante la ley, mínimo vital, todos en
concordancia con el derecho a la seguridad social en pensiones y los demás que su señoría
considere conculcados.
Segundo. Solicito se revoque el fallo de segunda instancia proferido por el Honorable
Tribunal de Santander, dentro del proceso de la referencia, por ser violatorio de la
Constitución Política de Colombia, el espíritu del Constituyente Derivado, desconocimiento
del Precedente y la legislación aplicable al presente caso.
Tercero. Como consecuencia de las peticiones anteriores, solicito se ordene al Honorable
Tribunal de Santander, se emita fallo nuevo en el cual se reconozca la pensión de jubilación
al señor WILLIAM ROJAS LAGUADO, de conformidad con la ley 32 de 1986 artículos
96 y 114, la ley 4 de 1966 articulo 4 y el decreto 1045 de 1978 artículos 5 y 45». (sic a toda
la cita)
4. INTERVENCIONES
Mediante auto del 1.º de marzo de 2022, la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander
como accionado y al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga y
a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones como
terceros interesados en las resultas del proceso.
4.1. El Tribunal Administrativo de Santander, por conducto del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, señaló que dicha
corporación concluyó, a la luz de las interpretaciones realizadas por las
altas cortes sobre el Acto Legislativo 01 de 2005, que el señor William
Rojas Laguado no era beneficiario de la Ley 32 de 1986, sino que su
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reconocimiento pensional debía efectuarse en concordancia con el
régimen de transición dispuesto en el Decreto 2090 de 2003, para el
cual no acreditó los requisitos, pues para su entrada en vigor no
contaba con 20 años de edad y con tiempos de servicios, si se tiene en
cuenta que su vinculación se realizó en 1996.
Por tanto, expuso que dicha corporación no violentó los derechos
fundamentales del accionante, pues al adoptar la decisión, atendió a
los parámetros legales y jurisprudenciales en la materia, en ejercicio
del mandato previsto en el artículo 230 de la Constitución.
4.2. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga señaló
que ninguno de los pedimentos de la parte accionante se encuentra
dirigido contra ese despacho judicial como tampoco se le atribuye
vulneración alguna de derechos fundamentales, por lo que no consideró
plausible efectuar pronunciamiento alguno en relación con la decisión
objeto de controversia.
4.3. Colpensiones pidió declarar la improcedencia de la presente
acción de tutela, argumentando que no se ha materializado ningún
vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales por parte del
Tribunal Administrativo de Santander.
5. LA PROVIDENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado mediante
sentencia del 4 de mayo de 2022 negó el amparo constitucional
solicitado por el señor Rojas Laguado, al considerar que la autoridad
judicial demandada, con fundamento en las disposiciones normativas y
de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional,
puntualmente la Sentencia C-651 de 2015, concluyó que, aunque el
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actor se encontraba vinculado al INPEC antes de la expedición del
Decreto 2090 de 2003, ello no lo hacía beneficiario de lo contemplado
en la Ley 32 de 1986, ya que dicha ley no resultaba aplicable de manera
directa en virtud del Acto Legislativo 1 de 2005 y porque, además, debía
verificarse el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el régimen
de transición establecido en el decreto en mención, los cuales no
acreditó, en tanto su vinculación a la entidad ocurrió después de la
entrada en vigencia del Decreto 407 de 1994.
En ese sentido, encontró que el Tribunal no pasó por alto lo dispuesto
en el parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005 ni interpretó
indebidamente el Decreto 2090 de 2003, por lo que descartó la
configuración de un defecto sustantivo.
Aclaró que a la fecha no existe una sentencia de unificación frente al
régimen especial de pensiones de los miembros del INPEC,
concretamente, en lo que se refiere a las transiciones normativas y a
la aplicación del Decreto 2090 de 2003 y su régimen de transición, por
lo que les corresponde a los jueces, en virtud de los principios de
autonomía e independencia judicial, adoptar la decisión que mejor se
ajuste a las peculiaridades de cada asunto y a la jurisprudencia
existente, sin que dicho aspecto pueda ser dirimido por el juez
constitucional.
Finalmente, descartó el desconocimiento del precedente judicial
contemplado en las sentencias del 24 de septiembre de 2020 (Rad.
11001-03-15-000-2020-02915-01) y del 12 de octubre de 2021 (Rad.
11001- 03-15-000-2020-03951-01) proferidos por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, así como la C-651 de 2015 de la Corte
Constitucional, ya que (i) las 2 primeras providencias no fijaron una
regla jurisprudencial de unificación de la cual se pueda predicar su
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desconocimiento, pues, incluso, fueron proferidas en acciones de
tutela, cuyos efectos son inter partes y analizaron unos supuestos
fácticos diferentes; y (ii) la sentencia C-651 de 2015, contrario a lo
afirmado por la parte actora, sí fue tenida en cuenta, pues, se reitera,
en la sentencia objeto de reproche constitucional se utilizó como
sustento de la misma.
6. LA IMPUGNACIÓN
El accionante recurrió el fallo de primera instancia, argumentando que
se desempeñó como miembro del cuerpo de custodia y vigilancia del
INPEC entre el 15 de enero y el 23 de julio de 1996 y del 25 de julio de
1996 al 5 de octubre de 2016 como dragoneante, lo que indica que sí
cumplió con los 20 años de servicios que exige Colpensiones para
reconocer la pensión de jubilación prevista en la Ley 32 de 1986, por lo
que no le asistió razón a la entidad al negar dicho reconocimiento so
pretexto de no encontrar acreditadas las 1029 semanas de cotización
para ello.
De esa manera, aclaró que es diferente que el INPEC no realizara los
aportes pensionales, pues dicha situación ha sido denominada
jurisprudencialmente como una mora patronal no atribuible al
trabajador, que implica que el empleador debe pagar la totalidad de los
aportes.
Agregó que el Tribunal excedió el marco de su competencia para
resolver los recursos, puesto que a la luz de los artículos 320 y 328 del
CGP, al juez de segunda instancia le corresponde pronunciarse
únicamente respecto de los aspectos señalados en la alzada, por lo que,
en este caso, debió limitarse a lo afirmado por Colpensiones cuando
manifestó que el señor Rojas Laguado no tenía las 1029 semanas de
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cotización pero nunca que este no fuera beneficiario de la Ley 32 de
1986 en concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2005.
Por otro lado, precisó que la Corte Constitucional, en la sentencia T-
012 de 2022, analizó el régimen pensional de los miembros del INPEC
y señaló, en ese sentido, que la interpretación que permite materializar
los principios de supremacía constitucional (artículo 4.° Superior) y
favorabilidad laboral (artículo 53 Superior) es aquella que le da
prevalencia al Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo 5.° del artículo
1.°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los funcionarios
de la entidad que hubieren ingresado antes de la entrada en vigencia
del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, antes del 28 de julio de 2003.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
• ¿El Tribunal Administrativo de Santander, al proferir la sentencia
del 12 de agosto de 2021 mediante la cual negó las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
encaminadas a obtener el reconocimiento pensional con el
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régimen especial del INPEC, incurrió en defecto sustantivo y en
desconocimiento del precedente?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia y, de encontrarlos acreditados; iii) el marco conceptual
del defecto sustantivo y del desconocimiento del precedente y iv) el
caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
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sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, la Sala observa que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
2.1.2. Así mismo se encuentra que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
2.1.3. Se advierte igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de notificación de la decisión cuestionada (16 de
septiembre de 2021) hasta la radicación de la acción de tutela en esta
corporación (24 de febrero de 2022).
2.1.4. Finalmente el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una presunta
violación ius fundamental como consecuencia del supuesto
desconocimiento del precedente y del defecto sustantivo en los que
presuntamente incurrió el tribunal accionado.
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2.2. Desconocimiento del precedente
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección
y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la
interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades
judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con
ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma
forma3.
En ese sentido, el precedente judicial4 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el
ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas
de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del
derecho5.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye
un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido6. Por
una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una
controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas
similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es
que contiene algunos puntos de derecho que guían al juez para resolver
el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo
que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al
3
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de
2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
4
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado,
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
5
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
6
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e
igualdad”7.
Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”8.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales9, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protegen el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial10.
7
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
8
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
9
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y
que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por
una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al
respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
10
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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2.3. Defecto sustantivo
De conformidad con la jurisprudencia constitucional 11, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales, es decir,
se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) una
norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición”12.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este
orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
11
Pueden verse las sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-
567 de 2015, entre otras.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución”13. Este defecto, se presenta ante
situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión
judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues
de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente14.
3. Caso concreto
En el presente asunto, el accionante alega la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo
vital e igualdad con ocasión de la sentencia del 12 de agosto de 2021
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las
pretensiones de la demanda encaminadas a obtener el reconocimiento
pensional con el régimen del INPEC previsto en la Ley 32 de 1986.
Manifiesta, en síntesis, que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo y
en violación directa de la Constitución, toda vez que desconoció el
parágrafo transitorio 5.º del artículo 48 superior, adicionado por el Acto
Legislativo 1 de 2005, que establece que los miembros de custodia y
vigilancia tienen un régimen especial de pensión, dependiendo de si
ingresaron antes o después de la entrada en vigor del Decreto 2090 de
2003 y que, en su caso particular, por haberse incorporado a la
institución con anterioridad a la vigencia de dicha norma, le es aplicable
el régimen previsto en la Ley 32 de 1986, la Ley 4 de 1966 y el Decreto
1045 de 1978.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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Asimismo, manifiesta que la autoridad judicial demandada desconoció
las sentencias del 24 de septiembre de 2020, con radicado n.º 11001-
03-15-000-2020-02915- 01; y del 12 de octubre de 2021, con radicado
n.º 11001-03-15-000-2020-03951-01 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, así como la sentencia C-651 de 2015 de la Corte
Constitucional, según las cuales los miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia que ingresaron antes del 28 de julio de 20032 tenían derecho
a una pensión de jubilación en los términos de la Ley 32 de 1986, por
el hecho de cumplir 20 años de servicio.
Finalmente, señala que dicho tribunal se pronunció sobre aspectos que
no fueron objeto de apelación, con lo que excedió el marco de su
competencia que, según los recursos interpuestos, únicamente se
limitaba a la verificación de los 20 años de servicios según alegó
Colpensiones y a los 2 factores que él reclamó, pero no sobre el régimen
pensional aplicable.
Al respecto, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
descartó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander incurriera en los defectos alegados, pues se trata de una
interpretación razonable y ajustada a criterios jurisprudenciales
vigentes que, aunque no recogidos en una sentencia de unificación, sí
constituyen una línea consistente de decisión.
Ahora, de las piezas procesales que reposan en el expediente, la Sala
observa que la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de
negar las pretensiones de la demanda formulada por el señor William
Rojas Laguado con el fin de obtener el reconocimiento pensional bajo
las previsiones contenidas en la Ley 32 de 1986 y demás normas
concordantes, obedeció a que este no acreditó los presupuestos
previstos en el Decreto 2090 de 2002. Así lo señaló el tribunal:
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«De conformidad con el problema jurídico expuesto, la Sala entra a establecer si en el
presente caso el señor WILLIAM ROJAS LAGUADO tiene derecho a que la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES reconozca
pensión de jubilación en su calidad de Dragoneante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional – INPEC, con el cumplimiento de los requisitos de la
Ley 32 de 1986, con ocasión a la remisión realizada en el Acto Legislativo No. 01 de 2005.
Sería del caso entrar a estudiar únicamente si el accionante cumple con los requisitos para
acceder al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación bajo la luz de la Ley 32 de
1986 específicamente con relación al tiempo de servicio, teniendo en cuenta que el régimen
pensional aplicable al presente caso no fue objeto de discusión de las partes, pues en los
actos administrativos demandados, contestación de demanda, alegatos y recurso de
apelación presentados por COLPENSIONES únicamente se hizo mención a la aplicación a
lo dispuesto en el parágrafo 5 del Acto Legislativo 01 de 2005. Sin embargo, esta Sala
encuentra irregularidades en la aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 5 del Acto
Legislativo No. 01 de 2005, pues se observó que la entidad accionada COLPENSIONES
aplicó de manera literal lo establecido en el mismo, sin que se haya tenido en cuenta la
interpretación que se le debe dar, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2090 de
2003 y el precedente jurisprudencial proferido sobre el tema.
Quedó claro de conformidad con el marco jurisprudencial anteriormente expuesto que no
es coherente entender que el régimen especial del INPEC se mantenga para todos los
miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia vinculados antes del 28 de julio de 2003,
pues ello implicaría que dicho régimen se mantuviera por 20 años a personas que se
hubieren vinculado un día antes de su entrada en vigencia a pesar de que no están dentro
del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003.
En tal sentido, se observa que el H. Consejo de Estado fue enfático al definir el alcance de
lo dispuesto en el parágrafo 5 del Acto Legislativo 001 de 2005, señalando que no mantiene
el régimen especial de la Ley 32 de 1986 para todas las personas vinculadas con anterioridad
al 28 de julio de 2003, pues los casos deben ser analizados de cara al derecho adquirido en
esa fecha y el número mínimo de cotizaciones contenidas en el régimen transicional del
Decreto 2090, lo cual quiere decir que para el 2003 los miembros del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia del INPEC debían cumplir los siguientes requisitos:
(i) Tiempo: contar con 500 semanas de cotización especial al 26 de julio de 2003.
(ii) Edad: al 01 de abril de 1994 tener (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de
servicios cotizados.
Lo anterior fue ratificado por la H. Corte Constitucional en sentencia de 2015, en la que se
indicó que el Acto Legislativo No. 01 de 2005 “no excluyó el régimen general al personal
que por actividad de riesgo se encuentra sujeto al Decreto 2090 de 2003, contrario a ello lo
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mantuvo por fuera del límite temporal del 31 de julio de 2010, fijado en el Acto Legislativo
No. 01 de 2005”.
En consecuencia, a la luz de las interpretaciones realizadas por las dos Altas Cortes sobre
el Acto Legislativo No. 01 de 2005, se tiene que en el presente caso al señor WILLIAM
ROJAS LAGUADO no le es aplicable de manera directa las disposiciones de la Ley 32 de
1986, sino que el reconocimiento pensional debe realizarse también en concordancia con el
régimen de transición dispuesto en el Decreto 2090 de 2003.
Así las cosas, de conformidad con lo anteriormente expuesto se debe realizar un análisis del
material probatorio obrante en el expediente con el propósito de determinar si al accionante
le es aplicable para su reconocimiento pensional la Ley 32 de 1986 con ocasión a la
transición dispuesta en el Acto Legislativo 01 de 2005 o si por el contrario se le es aplicable
el régimen de transición del Decreto 2090 de 2003. En tal sentido se tiene como probado lo
siguiente:
• El accionante nació el 3 de septiembre de 1974 de conformidad con la cedula
obrante a folio 42 del expediente.
• El señor WILLIAM ROJAS LAGUADO se vinculó al INPEC como Dragoneante
el 25 de julio de 1996, tal y como quedó consignado en el certificado obrante a folio
14 y el certificado de periodos de vinculación (fol. 63).
• El accionante estuvo vinculado al INPEC en condición de Dragoneante por un
intervalo de tiempo de 20 años, 2 meses y 10 días.
• Así mismo se probó que su retiro fue aceptado a partir del 5 de octubre de 1996, tal
y como se consignó en la Resolución No. 004050 del 19 de agosto de 2016.
Teniendo en cuenta el material probatorio relacionado se observa que el señor WILLIAM
ROJAS LAGUADO, si bien, sí se encontraba vinculado al INPEC antes de la expedición
del Decreto 2090 de 2003, ello por sí solo no lo hace beneficiario de lo dispuesto en la Ley
32 de 1986; pues además de su vinculación también debía cumplirse con los requisitos
dispuesto en el régimen de transición establecido en el Decreto en mención, esto es, 500
semanas de cotización especial al 26 de julio de 2003 y al 01 de abril de 1994 tener (40) o
más años de edad o quince (15) o más años de servicios cotizados.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se encuentra que el demandante no es
beneficiario del régimen pensional de transición, pues para la entrada de su vigencia
01.04.1994, solo contaba con 20 años de edad (nació el 3 de septiembre de 1974), y ningún
tiempo de servicio, pues su vinculación se realizó en el año 1996. (se vinculó el 25 de julio
de 1996).
Sobre el incumplimiento del requisito del tiempo por parte del demandante, la Sala debe
dejar la aclaración que el mismo no se debe por la inobservancia del INPEC para realizar
los pagos de las cotizaciones al sistema de pensiones, (pues se evidenció que dicha
institución no realizó los pagos para las vigencias julio-1996, septiembre-1999, diciembre-
1999, noviembre-2000, febrero-2001, abril-2001, septiembre-2001, julio-2002, septiembre-
2002, octubre-2003, noviembre-2003, diciembre-2003, enero-2004, septiembre-2004 y
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noviembre-2004), situación que evidentemente no puede ser asumida por el trabajador, sino
que el incumplimiento se genera teniendo en cuenta que el accionante comenzó́ a cotizar
desde principios de enero de 1996; en tal sentido para julio de 2003 contaría únicamente
con 390 semanas, teniendo en cuenta que el año está conformado con 52 semanas; cifra que
se encuentra bastante alejada de las 500 semanas solicitadas en el régimen de transición
aplicable al presente caso.
Es de indicarse por esta Sala que, si bien el régimen pensional aplicable para el presente
caso no fue objeto de debate judicial entre las partes, se torna improcedente no realizar un
análisis de fondo de la normatividad aplicable y acceder al reconocimiento pensional de una
persona que evidente no cumple con los requisitos. Se debe llamar la atención de la entidad
accionada, pues se evidenció una incorrecta interpretación del Acto Legislativo No. 01 de
2005 no solo en los actos administrativos demandados, sino también una evidente carencia
interpretativa en la defensa judicial del presente proceso.
Con base en lo anterior, concluye la Sala que el señor WILLIAM ROJAS LAGUADO no
le es aplicable el régimen de transición dispuesto en el Acto legislativo No. 01 de 2005,
pues el mismo debe ser analizado también a la luz del régimen de transición previsto en el
Art. 6 del Decreto 2090 de 2003, para gozar del régimen de alto riesgo previsto en la Ley
32 de 1986; en tal sentido el accionante no cumplió con el requisitos de la edad y de tiempo
de servicio (pues para fecha de entrada en vigencia de la Ley 100- de 1994, solo contaba
con 20 años de edad y 0 meses de servicio)».
En ese contexto, se observa que el Tribunal Administrativo de
Santander encontró que el señor Rojas Laguado no acreditó los
requisitos para beneficiarse del régimen de transición del Decreto 2090
de 2003, puesto que, pese a que se vinculó al INPEC antes de la entrada
en vigor de dicho decreto (28 de julio de 2003), no acreditó, para esa
fecha, las 500 semanas que exige la norma, pues desde su vinculación
ocurrida en 1996 hasta julio de 2003 contaría con aproximadamente
390 semanas.
En ese sentido, aclaró que dicha situación en nada se relacionaba con
la omisión del INPEC en efectuar los aportes al sistema de seguridad
social, pues, insistió, en el lapso trabajado por el demandante antes del
28 de julio de 2003 no era posible matemáticamente alcanzar las
semanas necesarias para la transición.
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Ahora bien, esta Sala no desconoce que el Tribunal, además de lo
anterior, verificó, también, el cumplimiento de los requisitos de
transición señalados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y aun
cuando esta corporación ha determinado que dicha exigencia es
desproporcionada y más gravosa para los intereses del trabajador, ello
en nada cambiaría la decisión adversa a las pretensiones de la
demanda, toda vez que, se insiste, el demandante no acreditó 500
semanas de cotización para el 28 de julio de 2003.
Al efecto, sobre el citado régimen de transición del Decreto 2090 de
2003, esta Sala de Sección ha señalado:
«42. La Sala ha precisado que exigir, de forma adicional, el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso15,
en los siguientes términos:
En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen
especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto
2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige para
el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor
[…] cumple con el requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento
pensional bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se
refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación
desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba próximo
a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones previstas en
el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.
La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
15
Véanse entre otras: sentencia de 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso
05001233100020120010001 (número interno: 3287-2013), demandante: Jaime Villamil Castro,
demandado: Cajanal; sentencia de 22 de abril de 2015 proferida dentro del proceso
25000232500020110080701 (número interno: 2555-13), demandante: Fernando Sandoval Cabrera,
demandado: Cajanal y sentencia de 20 de mayo de 2021, proceso 25000234200020170490601 (número
interno 5983-2019), demandante: Hernando Quiñones Rincón, demandado Colpensiones.
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afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido
los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho.
“Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas
de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar
las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de
conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la
subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las
aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar
esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a
través de un régimen de transición”15
La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella
establecido cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Al respecto, como quiera que la disposición jurídica establece
requisitos para la transición de un régimen pensional especial y a su vez requisitos para
ser beneficiario del régimen de transición general, la interpretación que más favorece al
demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de
la regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez.
[…]
De otra parte, y respecto del requisito previsto en el mencionado inciso primero del
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 sobre la cotización especial cuando menos de 500
semanas, la Corte Constitucional en sentencia C-663 de 2007 declaró
la exequibilidad condicionada de dicho artículo, acogiendo la interpretación más
favorable a los trabajadores “que es aquella que les permite acreditar el número de
semanas de cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las semanas
cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones hayan sido
jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el
carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003”. Y,
frente a la coexistencia del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003 y
el que establece la Ley 100 de 1993 señaló que “El régimen de transición previsto en el
Decreto 2090 de 2003..resulta ser un régimen de transición distinto al de la Ley 100 de
1993, lo cual plantea cuestiones atinentes a la aplicación del régimen más favorable al
trabajador…En ese orden de ideas, en el hipotético caso en que en una situación
concreta un trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el de la
Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y
aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel
régimen que resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por
tratarse de disposiciones pensionales”.
Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas pensionales del
demandante quien estaba próximo a cumplir con los requisitos para acceder al derecho
en las condiciones descritas en el Decreto 1835 de 1994, y en virtud del principio de
inescindibilidad de la norma frente a una disposición en la que se fijan requisitos de un
régimen de transición de naturaleza especial y a la vez los previstos en el régimen de
transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente que debe aplicarse en
el caso particular es el inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y entender
que el actor es beneficiario del régimen especial de transición por haber acreditado 500
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semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de 2003, fecha de
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 […] (Cursiva del texto original) […]»16.
Dicha línea de decisión ha sido replicada en numerosas sentencias por
esta Sección, entre ellas, las de 15 de julio de 202117; 24 de junio de
202118; 13 de mayo de 202119; 20 de mayo de 202120; 11 de junio de
202021, por lo que es dable señalar que constituye la posición actual y
mayoritaria en la materia.
Así las cosas, la Sala concluye que aunque no era relevante analizar,
en el asunto particular, si el demandante acreditaba los requisitos de
transición contemplados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto
que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado de manera
sistemática que dichas exigencias resultan ser más gravosas y
desproporcionadas para el trabajador, en todo caso, el demandante,
pese haber sido vinculado al INPEC antes del 28 de julio de 2003, no
acreditó para esa fecha 500 semanas de cotización, con lo que la
decisión del Tribunal Administrativo de Santander se encuentra
ajustada al criterio mayoritario en la materia.
Adicionalmente, aunque dicho aspecto no fue expresamente alegado en
los recursos de apelación, como lo manifiesta el hoy demandante, no
puede desconocerse que el Tribunal cumplió con la carga de
transparencia de señalar ab initio la necesidad de abordar dicho
aspecto, en respeto del principio de legalidad, decisión que no puede
ser calificada, tampoco, como constitutiva de defecto alguno, en tanto
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 8 de julio de 2020; radicado 25000 23
42 000 2017 03352 02 (1641-2019); demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); demandado: Juan Carlos Fernández Ortega.
17
Rad. N.º 25000-23-42-000-2014-01048-01 – N.I.2471-2015, demandante: Jorge Eliécer Pachón Garzón.
18
Rad. N.º 25000-23-42-000-2013-03776-01 – N.I.4057-2015, demandante: Jaime Camacho Socaima.
19
Rad. N.º 25000-23-42-000-2015-04984-01 – N.I. 3270-2017, demandante: Pedro José Daza Ospina.
20
Rad. N.º 25000234200020170490601 N.I. 5983-2019, demandante: Hernando Quiñones Rincón.
21
Rad. N.º 25000232500020120091601 N.I. 0213-16, demandante: Luis Alberto Santana Sánchez.
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el fallador de segunda instancia, actuando en ejercicio de la función
prevista en la Constitución, conforme a los principios de autonomía e
independencia, resolvió el asunto con observancia de las normas
aplicables y los criterios vigentes relacionados con su interpretación,
conforme al principio de legalidad que gobierna sus actuaciones.
Tampoco se encuentra acreditado el desconocimiento del precedente
judicial pues, se insiste, la postura mayoritaria de la Sección Segunda
de esta corporación consiste en que el régimen de transición del
Decreto 2090 de 2003 exige la vinculación a la institución antes de
dicha fecha y la acreditación de 500 semanas de cotización, elemento
último que no cumplió el demandante.
De esta manera, se concluye que la posición jurídica asumida por el
Tribunal Administrativo de Santander constituye un ejercicio razonable
de la actividad interpretativa de las normas, por lo que la Sala
confirmará el fallo de primera instancia que negó el amparo reclamado,
en tanto no se encuentran configurados el defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente alegados.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2022
mediante la cual la Sección Tercera, Subsección B de esta
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corporación negó la solicitud de tutela formulada por el
señor William Rojas Laguado, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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