Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01335-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01335-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01335-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
5 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01335-00
Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01335-00
Demandante: CONSTANZA JUDITH ALFONSINA TURBAY COTE
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad del medio de
control de reparación directa.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, por medio de apoderado, por la
señora Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°
del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote interpuso acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a
la dignidad, al debido proceso, a la “confianza legítima y propiedad”. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Con fundamento en lo expuesto anteriormente, respetuosamente solicito se sirva amparar
los derechos constitucionales fundamentales de la señora CONSTANZA JUDITH
ALFONSINA TURBAY COTE, al acceso a la administración de justicia, debido proceso,
igualdad, dignidad humana, confianza legítima, violados en el fallo emitido por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por incurrir en las causales de violación
directa de la Constitución desconocimiento del precedente, defecto procedimental absoluto
por Exceso Ritual Manifiesto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, al proferir la
Sentencia del 30 de julio de 2021 con ponencia de la Consejera Marta Nubia Velásquez,
dentro del proceso de radicación 18001233100020040010201 mediante la cual revocó la
Sentencia de primera instancia del 18 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá.
En consecuencia, que se revoque la Sentencia de Segunda instancia reseñada y se ordene
que, dentro de los 20 días siguientes, la Sala proceda a expedir una nueva sentencia de
fondo, en tanto proceda a estudiar el asunto de fondo propuesto en la apelación.
Honorables Magistrados en este orden de ideas y con estos presupuestos fácticos, jurídicos,
probatorios, constitucionales, jurisprudenciales, amén del bloque de constitucionalidad,
solicito muy comedidamente que se revoque en todas y cada una de sus partes el fallo de
Segunda (2) Instancia del 30 de julio de 2021 y a contrario sensu se ampare el derecho a la
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
verdad, a la justicia y reparación directa para que se resarza el detrimento patrimonial y moral
causado con la ocupación arbitraria de la hacienda “La Estrella” y los demás bienes raíces
que la conforman y el saqueo total de la ganadería vacuna y equina que hasta la fecha no ha
habido ninguna reparación del Estado como víctima de los delitos de lesa humanidad y el
magnicidio de la familia Turbay Cote a manos de la guerrilla de las FARC-EP en este conflicto
armado interno a raíz de los cuales mi poderdante es víctima de desplazamiento forzado
habida cuenta que aun reside en el exterior, y las acciones y omisiones de las autoridades
demandadas que consolidaron el daño antijurídico que solicitó fuera resarcido”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La hacienda La Estrella, compuesta por varios predios de propiedad del señor
Hernando Turbay, padre de la señora Turbay Cote, se encuentra ubicada en la
inspección Guacamayas, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del
Caquetá, territorio en el que operó la llamada zona de distensión.
La familia Turbay tuvo la posesión en forma plena y pacífica de dicho inmueble rural
hasta el 20 de junio de 2001, día en el que miembros de las FARC lo ocuparon, se
apropiaron del terreno, de la maquinaria, de 1.108 cabezas de ganado y otros
semovientes y expulsaron a los trabajadores de la hacienda.
La señora Constanza Judith Turbay Cote presentó petición al presidente de la
República de la época el 21 de junio de 2001, para poner en conocimiento la
situación y el 17 de julio de 2001, presentó querella policiva de lanzamiento por
ocupación de hecho contra los ocupantes ilegales ante la alcaldía municipal de San
Vicente del Caguán, sin que dicha autoridad se haya pronunciado.
El el 12 de noviembre de 2003 la señora Constanza Judith Turbay Cote interpuso
demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación –
Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se
declarara la responsabilidad patrimonial por la falla en el servicio por omisión, en
cuanto a: (i) la ausencia de medidas necesarias en la zona de despeje para la
protección de la población civil y sus bienes, pues los miembros de las FARC
ocuparon ilegalmente la hacienda La Estrella, lo que le impidió obtener utilidades
de su predio y, (ii) por la falta de acción para recuperar la hacienda La Estrella, a
su juicio, dicha omisión tuvo lugar desde el 10 de julio de 2001, fecha en la que el
presidente de la República dio respuesta a la petición presentada por la aquí
demandante en la que puso en conocimiento la ocupación del predio.
El Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia del 18 de septiembre de 2014,
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, declaró la responsabilidad del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por las condiciones
de desprotección en que quedaron los ciudadanos y sus bienes en los
departamentos del Meta y del Caquetá, producto de la creación y de las prórrogas
injustificadas de la zona de distensión, lo que permitió que las FARC cometieran
delitos y abusos en la zona, con lo que se configuró la relación causal entre el daño
y la omisión de protección que obliga al Estado frente a los ciudadanos.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República interpuso recurso
de apelación con fundamento en que no le resultaba atribuible el daño alegado por
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la parte actora, toda vez que no intervino en la decisión de crear una zona de
distensión.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 30 de julio
de 2021, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda por encontrar acreditada la caducidad del medio de
control de reparación directa, porque, tal como lo indicó la parte actora en la
demanda ordinaria, conoció de la omisión que alegó como constitutiva de la falla
del servicio el 10 de julio de 2001.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la actora, la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico, por desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución, con fundamento en los
argumentos que se pasan a resumir.
Considera que la declaratoria de caducidad de la acción de reparación directa no
tuvo en cuenta “que existe una duda a favor del acceso a la administración de justicia por cuanto
la guerrilla de las FARC nunca se fue de San Vicente del Caguán, además, este grupo delincuencial
mantuvo de manera violenta, abusiva y permanente, como ya se advirtió, a partir del 2 de abril 2002
hasta el 29 de diciembre de 2017 el control total y el usufructo de todos los bienes de la Hacienda
la Estrella”.
Señala que con la decisión objeto de reproche se produce un perjuicio irremediable
porque ya no hay forma de reparar los daños producidos por el incumplimiento del
deber de garante del Estado porque es la última instancia.
Indicó que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, inaplic ó los
artículos 13, 29 y 228 de la Constitución Política y violó el principio de interpretación
conforme con la Constitución de las disposiciones legales, en este caso, de las
disposiciones sobre caducidad del medio de control de reparación directa.
Sostuvo que existía un contexto sui generis, del que se derivaron algunos hechos
notorios, para lo cual, relacionó que: (i) el Batallón Cazadores ubicado en San
Vicente del Caguán comenzó a salir desde el 7 de noviembre de 1998 y dejó el área
plenamente el 20 de diciembre de 1998, época en que se suspendieron todas las
órdenes de captura contra los miembros de las FARC; (ii) el control político, militar,
judicial y administrativo del Estado en esa zona pasó a manos de las FARC en esos
42.000 km2, donde la población sería objeto de retenciones, requisas,
allanamientos, retenciones indebidas de personas, robo de ganado, extorsiones,
negociación de secuestros y asesinato de personas, que fueron denunciados
permanentemente, incluso se documentaron “Amenazas constantes a las autoridades
públicas encargadas de ejercer justicia así como la planeación y ejecución de acciones
dirigidas a atacar a las poblaciones colindantes”; (iii) la ausencia del Gobierno se
expresó en la no presencia de sus instituciones que ejercen funciones de Estado
como Fuerza Pública, Fiscalía, Procuraduría, jueces, cárceles, etc.
Dijo que resultaba desproporcionado exigir que se presentara la demanda de
reparación directa como si la masacre de su familia, el exilio, el desplazamiento
forzoso por amenazas contra su vida, la enfermedad, el dominio de las FARC en
esa zona, el silencio de las autoridades, la imposibilidad incluso para los propios
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militares y fiscales de ingresar a esos territorios, no hubiese existido, lo que
considera desconocedor de los artículos 21, 22 y 25 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, según los cuales, es deber de los Estados garantizar a las
personas los derechos a la propiedad, a la circulación y la tutela judicial efectiva.
Señala que se trató de una interpretación ajena a los principios y cánones
superiores que la sometió a un imposible, porque no podía siquiera ingresar a la
hacienda para verificar qué suerte habían tenido los bienes, tampoco lo hicieron las
autoridades como la Fiscalía ni el Ejército, precisamente, por la cesión que hizo el
Gobierno de ese territorio a las FARC-EP, sin embargo, se le exigió que
demandara, por lo que considera que la decisión de la Sección Tercera, Subsección
A del Consejo de Estado estableció una carga excesiva, desproporcionada e
imposible de realizar.
Adicionalmente, dijo que existe un defecto procedimental por la situación
sobreviniente que se encontraba la señora Constanza Turbay, por cuanto a la fecha
de presentación de la demanda tenía el estatus de desplazada, por lo que, se
configuraba una excepción en cuanto al término de caducidad, para lo cual se refirió
a la sentencia del 26 de julio de 2011 1, según la cual, el desplazamiento forzado
causa un daño continuado en el tiempo y, al igual que la desaparición forzada, es
una excepción a la regla general de la caducidad.
Insistió en que las anteriores situaciones y hechos notorios debieron ser tenidos en
cuenta al momento de aplicar la regla de caducidad y evitar una condición de doble
victimización, porque no solo tuvo que padecer todos los daños y perjuicios fruto
del fracaso de la política del Estado para lograr el acuerdo de paz con un grupo al
margen de la ley, sino que, además, en aras de la seguridad jurídica, ahora se
impide obtener una verdadera reparación, una justicia material y el resarcimiento
efectivo de los bienes e intereses legítimos, en aplicación de una interpretación más
favorable y del principio pro damnato.
En punto al defecto fáctico adujó que no se entiende cómo es que en la providencia
cuestionada se afirmó que “la Sala tendrá en cuenta, como punto de partida del conteo de
la caducidad, el día en el que el Presidente le respondió la solicitud” , cuando lo cierto es que
evidentemente no le respondió, porque no es respuesta el hecho de enviar la
petición a otra autoridad, en este caso al Ministerio de Defensa, “para su
conocimiento y fines pertinentes”, autoridad que por supuesto tampoco nunca le dio
respuesta.
Que tampoco podía la autoridad judicial demandada argumentar válidamente que
la accionante confesó, por apoderado judicial, cuando indicó que “la omisión se
remonta al 10 de julio de 2001”, pues, según indica, es evidentemente que cuando
se aludió a esa fecha, fue para señalar que es “la fecha a partir de la cual (el Presidente)
se comprometió a los fines pertinentes según consta en la comunicación del mismo ”, es decir,
que le envió la petición a otra autoridad, que fue el Ministerio de Defensa.
Hizo amplia referencia a las motivaciones del salvamento de voto con que contó la
decisión objeto de cuestionamiento.
1 C. E., Secc. Tercera, Auto 08001233100020100076201 (41037), jul. 26/11, C. P. Enrique Gil Botero.
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
En cuanto al precedente judicial, indicó que la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado se sustentó en pronunciamientos jurisprudenciales posteriores
a la interposición de la demanda, olvidó que no son aplicables al caso concreto, con
fundamento en el principio de irretroactividad de la jurisprudencia.
Se refirió a los fallos de tutela T-156 de 2009, T-075 de 2014 y T-301 de 2019,
dictados por la Corte Constitucional, en los cuales se señala que el conteo de la
caducidad no puede aplicarse de manera rígida e inflexible, sino que deben tenerse
en cuenta los principios constitucionales para flexibilizar este aspecto y así
garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia.
Agregó que la sentencia cuestionada no efectuó una interpretación del caso a la luz
de la ratio decidendi señalada por la Corte Constitucional y también omitió efectuar
una lectura a partir de derechos humanos desde los derroteros fijados en el Sistema
Interamericano, inaplicó la Convención Americana de Derechos Humanos y la
interpretación vinculante de la Corte Interamericana (CIDH) en materia de
oportunidad y acceso a la administración de justicia.
4. Trámite Previo
En auto del 1 de marzo de 2022, se inadmitió la acción de tutela del radicado de la
referencia y se requirió al señor César Germán Bocanegra que allegara los
documentos que lo acrediten como apoderado general de la señora Constanza
Judith Alfonsina Turbay Cote.
El despacho sustanciador, en auto del 15 de marzo de 2022, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la señora Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote contra
el Consejo de Estado –Sección Tercera- Subsección A y vinculó a la Nación –
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Ministerio de
Defensa Nacional. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, allegó informe en el que
indicó que el conteo de la caducidad que se hizo en la sentencia cuestionada
atendió al análisis que se realizó con suficiencia y con claridad, tuvo en cuenta la
norma aplicable para tales efectos, esto es, el numeral 8 del artículo 136 del CCA,
el material probatorio recaudado y algunos pronunciamientos de la Sección Tercera
de la Corporación.
Precisó que en la demanda de reparación directa se hicieron dos imputaciones, la
primera, relacionada con que el Estado no tomó las medidas necesarias en la zona
de despeje o de distensión para proteger la población civil y sus bienes, lo que
condujo que los miembros de las FARC ocuparan de hecho la hacienda La Estrella
y se apropiaran de su maquinaria, de sus cabezas de ganado y demás semovientes
y, la segunda, que el Estado hizo caso omiso a la petición de la señora Constanza
Judith Turbay Cote, en la cual le pidió al Presidente de la República acciones
contundentes para recuperar su predio y que, según advirtió, dichas actuaciones
no se llevaron a cabo.
En cuanto a la primera imputación, dijo que en la sentencia cuestionada se tuvieron
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
en cuenta los testimonios practicados por Juan Pujana Motta y Óscar García
Castillo, quienes, en términos generales, señalaron que en junio de 2001 los
miembros de las Farc ocuparon y se apropiaron de la hacienda La Estrella. Además,
de estas pruebas, en el fallo se valoró la petición que Constanza Turbay Cote le
hizo al presidente de la república de la época, de la cual se extrajo que dicha señora
conoció acerca de lo sucedido el 21 de junio de 2001. Luego, de tal valoración
probatoria, se arribó a la conclusión de que la demanda de reparac ión directa se
presentó por fuera de los dos años previstos en el artículo 136 del CCA, porque se
interpuso el 12 de noviembre de 2003.
Que, lo anterior descarta lo señalado por la tutelante, quien al invocar el defecto
fáctico afirmó que la ocupación se materializó el 2 de abril de 2002, tal como acaba
de verse, las pruebas recaudadas en el proceso de reparación directa dieron cuenta
de que la señora Turbay Cote tuvo conocimiento de tal situación el 21 de junio de
2001.
En cuanto a los argumentos en que relacionó en el salvamento de voto, afirmó que
la sentencia realizó el análisis de caducidad y no se pasó por alto el hecho de la
abolición de la zona de despeje o de distensión mediante la Resolución 32 del 20
de febrero de 2002, sin embargo, se precisó que esa fecha no podía ser el punto
de partida para el conteo de la caducidad, porque la parte actora tuvo conocimiento
del daño alegado el 21 de junio de 2001, mucho antes de la expedición de dicho
acto.
Indicó que el criterio para el conteo de la caducidad fue soportado, además, en la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, concretamente, en la
sentencia del 8 de junio de 2017, expediente No. 41.307, Subsección B.
Precisó que en la tutela se hizo énfasis en el estatus de desplazada que tenía la
señora Turbay Cote; sin embargo, esa condición no se invocó en la demanda de
reparación directa, ni se probó, como para haber contado la caducidad de manera
distinta a como se hizo en el fallo atacado, máxime porque no se advirtieron
situaciones que hubiesen impedido el ejercicio del derecho de acción.
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, advirtió que la
actora designó un apoderado para que adelantara una querella policiva, también
pudo haber otorgado poder a otro para que presentara la respectiva demanda, de
ahí que no se haya acreditado alguna situación que le hubiese imposibilitado ejercer
el derecho de acción, que, aunque la señora Turbay Cote abandonó el país y se
trasladó a Suiza, lo cierto es que esa situación, como acaba de verse, no le impidió
conocer las circunstancias que le ocasionaron daños, ni tampoco le imposibilit ó
demandar en ejercicio de la acción de reparación directa, pues, así como designó
abogado para la querella policiva, también pudo buscar los oficios de otro para que
presentara la demanda de reparación directa.
En relación con la segunda imputación, dijo que para el respectivo conteo de
caducidad en el fallo se tuvo en cuenta la respuesta del presidente de la República
frente a la petición de la señora Turbay Cote, así como también la confesión por
apoderado judicial realizada en la demanda en relación con la fecha en que se
concretó la omisión, aunado al criterio jurisprudencial según el cual, aun cuando la
omisión se mantenga en el tiempo, el término de caducidad no puede extenderse
de manera indefinida.
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
A su juicio, en la demanda no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la tutela no puede convertirse en una instancia adicional del proceso
de reparación directa en el que fue dictada la sentencia acusada.
En relación con el defecto por desconocimiento del precedente, explicó que el fallo
atacado tuvo en cuenta las reglas jurisprudenciales aplicables al caso, incluso la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente número 61.033,
proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sobre el
conteo de la caducidad en relación con las pretensiones formuladas con ocasión
de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto
en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado.
Igualmente, precisó que aun cuando la demanda de reparación directa se interpuso
en el 2003, le resultaban aplicables las reglas jurisprudenciales de la sentencia de
unificación dictada en el 2020 y de los otros fallos referidos en la providencia
acusada, con fundamento en que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por regla general, ha dado aplicación al precedente en
forma retrospectiva, tal como se sostuvo en la sentencia del 28 de agosto de 2018,
radicado No. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ).
6. Intervención de los terceros interesados
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o del señor
Presidente de la República hizo referencia a la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, señaló que, la decisión tuvo en cuenta todo el
material probatorio obrante en el expediente, por lo tanto, no quebrantó derechos
de la accionante.
Consideró que la accionante pretender reabrir el debate mediante la acción de
tutela, lo cual es abiertamente improcedente, pues tuvo a su alcance todos los
mecanismos que ha dispuesto el legislador para que los extremos en controversia
puedan solicitar, controvertir, allegar pruebas, formular recursos. Inclusive, tuvo la
oportunidad de solicitar dentro del término de ejecutoria de la decisión cuestionada
la aclaración, adición y/o complementación de la sentencia que ahora por vía de
tutela pretende revocar.
Adujo la falta de legitimación en la causa por pasiva porque ninguna de las
atribuciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República le
permiten realizar las actuaciones que pretende la accionante para el amparo de los
derechos fundamentales que invoca transgredidos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
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contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
Requisito de la inmediatez
La Sala advierte que en el presente caso se encuentra satisfecho el requisito
general de procedencia de inmediatez, pues, la sentencia objeto de
cuestionamiento fue notificada en edicto fijado el 24 de agosto de 2021 y desfijado
el 26 de agosto de 2021, por su parte, la radicación de la acción de tutela de la
referencia tuvo lugar el 25 de febrero de 2022.
Requisito de la relevancia constitucional
Tal como lo ha señalado esta Sección, uno de los presupuestos para dar por
acreditado el requisito general de relevancia constitucional es “Que no se propongan
2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra
providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes
adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante
el juez natural”.
Al efecto, la Sala advierte que los argumentos relacionados con la condición de
víctima de desplazamiento forzado de la señora Constanza Judith Alfonsina Turbay
Cote no fueron propuestos a instancias del proceso de reparación directa que se
cuestiona por esta vía y, por lo tanto, no es posible que emplee la acción de tutela
de la referencia para proponer nuevos argumentos y provocar pronunciamientos
ajenos a los que fueron objeto de debate en el proceso ordinario.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende que se deje sin
efecto la sentencia del 30 de julio de 2021, proferida por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, que revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa.
De manera general, la parte actora señala que la autoridad judicial demandada
incurrió en los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, todos
básicamente dirigidos a cuestionar la declaratoria de caducidad porque no se tuvo
en cuenta: (i) la permanencia de las FARC, se mantuvo de manera continuada, a
partir del 2 de abril 2002 hasta el 29 de diciembre de 2017, mientras perduró el
control total y el usufructo de todos los bienes de la Hacienda la Estrella; (ii) que no
era posible demandar mientras estaba en vigencia la zona de despeje y, (iii) la
condición de víctima de desplazamiento forzado.
Insistió en que se refirió a la fecha 10 de julio de 2001 para señalar que tuvo
conocimiento de los hechos que originaron la ocupación, pero, que fue en razón de
la imposibilidad de demandar en esa época que no ejerció el medio de control en
tiempo, así mismo, alegó lo relacionado con el principio de irretroactividad de la
jurisprudencia.
En ese orden, la Sala estudiará, en conjunto, los defectos planteados por la parte
actora, a fin de determinar si la autoridad judicial demandada incurrió en tales
irregularidades.
Caso concreto
La Sala se permite transcribir en extenso las motivaciones de la decisión objeto de
cuestionamiento, con fundamento en las cuales la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado concluyó que se configuró la caducidad del medio de control
de reparación directa, que, en lo pertinente, indicó:
“(…)
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que en junio de 2001 los miembros de las FARC ocuparon y se
apropiaron de la hacienda La Estrella. Concretamente, esto ocurrió el 21 de junio de 2001, pues un día después la
señora Constanza Judith Turbay Cote puso en conocimiento del presidente de la República lo sucedido, quien,
como se vio, dio respuesta a la petición el 10 de julio de 2001, en el sentido de que había impartido instrucciones
para remitir la comunicación al Ministerio de Defensa.
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Con apego a lo narrado en la demanda, la Sala precisa que la parte actora hizo dos imputacio nes, a saber: (i) que
el Estado no tomó las medidas necesarias en la zona de despeje para proteger la población civil y sus bienes, lo
que condujo a que los miembros de las FARC ocuparan de hecho la hacienda La Estrella y se apropiaran de su
maquinaria, de sus cabezas de ganado y demás semovientes, y (ii) que el Estado hizo caso omiso a la petición de
la señora Constanza Judith Turbay Cote, en la cual le pidió al Presidente de la República acciones contundentes
para recuperar su predio y que, según advirtió, dichas actuaciones no se llevaron a cabo.
(i) En cuanto a la primera imputación y como punto de partida para el cómputo de la caducidad, la Sala tendrá en
cuenta el día en el que la señora Constanza Judith Turbay Cote tuvo conocimiento de que su haciend a fue ocupada
por miembros de las FARC, que fue el 21 de junio de 2001, según se extrae de las pruebas del proceso.
En este contexto, la parte actora tenía plazo para presentar la demanda hasta el 22 de junio de 2003, pero la
interpuso hasta el 12 de noviembre de 2003, de manera que lo hizo de manera extemporánea, por fuera de los 2
años consagrados en la ley.
A lo anterior conviene agregar que el término de caducidad no se suspendió, por cuanto la parte demandante, a
pesar de ser potestativo para ese momento, no presentó solicitud de conciliación extrajudicial.
Adicionalmente, conviene señalar que, si bien la zona de distensión fue abolida por el Gobierno Nacional mediante
la Resolución No. 32 del 20 de febrero de 2002, lo cierto es que esa fecha no puede ser el punto de partida para
el conteo de la caducidad, porque la parte actora, como ya se advirtió, tuvo conocimiento del daño alegado el 21
de junio de 2001, mucho antes de la expedición de dicho acto.
En un caso similar, esta Corporación consideró:
La Sala advierte que la actora depreca responsabilidad por i) la ocupación de la finca denominada La Cabaña
por parte de integrantes de las FARC y consecuente pérdida de bienes que en ella se ubicaban entre los que
se destacan trecientas cabezas de ganado, un tractor dos moto guadañadoras, cultivos y pastizales (…) Ahora
bien, identificados los hechos generadores del daño reclamado por los demandantes, es importante precisar
que el término de dos años establecido en la ley para interponer la acción de reparación directa se
encuentra fenecido respecto del daño relacionado con la ocupación de la finca por parte de un grupo al
margen de la ley y la pérdida de los bienes que en él se encontraban, pues, contrario a lo que sostiene
la apelante, se trata de eventos presentados en un tiempo determinado, señalado por los demandantes
en el mes de octubre de 1998 una vez declarada la zona de distensión mediante la resolución No. 85 del
mismo año; para el efecto, aducen que en la medida quedó comprendido el predio de su propiedad.
Advierten que la ocupación del predio por parte de miembros de las FARC y la pérdida de los bienes ocurrió al
mismo tiempo. Así las cosas, el daño se generó y materializó, razón por la que, para el 25 de febrero de
2004, fecha en que se presentó la demanda, se encontraba superado el término de dos años concedido
por la ley para interponer la acción de reparación directa y reclamar por los daños derivados del desalojo y
pérdida de bienes ubicados en la finca La Cabaña5 (subrayas y negrillas del texto original).
De acuerdo con la pauta jurisprudencial en cita, la Sala advierte que no hay duda de que la caducidad en este caso
empezó a correr a partir del 22 de junio de 2001, pues el daño ocurrió y se conoció el 21 del mismo mes y año,
fecha en la que el grupo al margen de la ley ocupó la finca, junto con la maquinaria y las cabezas de ganado, de
ahí que no resulte viable tener como punto de referencia para el conteo de la caducidad el día en que se abolió la
zona de distensión por parte del Gobierno Nacional, además porque, como se verá más adelante, no se advirtió
ninguna situación que hubiese impedido a la actora ejercer su derecho de acción.
(ii) En relación con la segunda imputación, referente a que la Administración hizo caso omiso a la petición de la
señora Constanza Judith Turbay Cote dirigida al Presidente de la República, en el sentido de que interviniera y
tomara acciones para que le ayudaran a recuperar la hacienda La Estrella, la Sala tendrá en cuenta, como punto
de partida del conteo de la caducidad, el día en el que el Presidente le respondió la solicitud a dicha señora.
En los hechos de la demanda, luego de señalarse que los miembros de las FARC ocuparon el predio en cuestión,
se agregó: “sin que hasta la fecha haya sido recuperada su legítima posesión o restituida de la ilegal ocupación
por acciones del Gobierno Nacional; omisión que se remonta desde el 10 de julio de 2001, fecha a partir de la
cual se comprometió a los ‘fines pertinentes’, según consta en comunicación del presidente de la República (…)”
(se destaca), afirmación de la cual se infiere que la aquí demandante conoció de la omisión endilgada desde esa
fecha, la cual cumple con los requisitos de la confesión por apoderado judicial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente para el
momento de la interposición de la demanda, “la confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya
recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las
correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101”. Como lo ha señalado la Sección
Tercera, las manifestaciones hechas por los apoderados de las partes en la demanda, en las excepciones y en las
respectivas contestaciones ostentan valor probatorio, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 195 del CPC.
El hecho confesado trae consecuencias jurídicas adversas al confesante y, a su vez, favorecen a la parte contraria,
pues permiten determinar el momento a partir del cual se debe analizar el presupuesto de oportunidad en el
ejercicio del derecho de acción. Frente al supuesto que se deduce de la confesión, la ley no exige un medio de
prueba específico, de manera que se debe dar mérito probatorio a la afirmación enunciada. Finalmente, la
confesión fue expresa, consciente y libre y versa sobre hechos personales del confesante o de los que tenía
conocimiento.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de junio de
2017, expediente No. 41.307, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Por lo anterior, la afirmación realizada en la demanda, en cuanto a la fecha en que la señora Constanz a Judith
Turbay Cote tuvo conocimiento de la omisión del Estado por no adelantar actuaciones para recuperar la hacienda,
cumple con los requisitos propios de la confesión por apoderado judicial.
De otra parte, tal como consta en las pruebas, el 10 de julio de 2001, el Presidente de la República, Andrés Pastrana
Arango, dio respuesta a la petición de la señora Turbay Cote y le contestó que había impartido instrucciones para
remitir su comunicación al Ministerio de Defensa “para su conocimiento y fines pertinentes”.
Como se vio, para la parte actora la omisión alegada, consistente en que la Administración no adelantó actuaciones
concretas para lograr la recuperación de la hacienda La Estrella, se materializó desde el 10 de julio de 2001, fecha
de la respuesta del Presidente de la República a la petición de la demandante, lo cual comparte esta Subsección,
porque a partir de ahí dicha autoridad no manifestó nada en concreto en cuanto a las acciones que se adelantarían
para recuperar el predio, pues simplemente se limitó a señalar que había dado órdenes para remitir la petición al
Ministerio de Defensa “para su conocimientos y fines pertinentes”, pero, según se indicó en la demanda, no se
adelantó ninguna actuación para recuperarlo; además, en el expediente no obra prueba de que dicho Ministerio
hubiese hecho algo en pro de lograr que se le restituyera el bien a la actora, en virtud de la supuesta remisión de
la comunicación que ordenó el presidente de la República.
Claro está que, en vista de que la parte actora conoció de la omisión del Estado desde el 10 de julio de 2001, el
cómputo de la caducidad debe contarse teniendo como referente inicial esa fecha. Al respecto, en reciente
sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado se consideró:
(…) la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de
las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al
Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido
por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se
computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se
aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley6.
Bajo esa óptica, la caducidad corrió entre el 11 de julio de 2001 y el 11 de julio de 2003, por lo que la demanda, en
el marco de la omisión alegada por la parte actora, debió interponerse en ese lapso, cuestión que no ocurrió, pues
el escrito inicial se presentó 12 de noviembre de 2003.
No obstante, pese a la claridad de la parte actora en referir el momento en el cual se concretó la omisión -10 de
julio de 2001-, en el acápite IV de la demanda y para efectos de la caducidad señaló que la conducta omisiva del
Estado continuó y que a la fecha no había cesado, en razón de que la hacienda La Estrella, de propiedad de los
Turbay Cote, “no ha sido recuperada por las Fuerzas Militares ni se han tomado las acciones pertinentes para serle
restituida a la accionante”.
En lo que aquí interesa, conviene precisar que la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado lo siguiente:
“[a]unque la omisión se mantenga en el tiempo o el daño sea permanente, dicho término no se extiende de
manera indeterminada porque la misma ley ha previsto que el término de caducidad es de dos años contados
a partir de la omisión” (negrillas y subrayas original)7.
Con la pauta jurisprudencial en cita queda sin fundamento lo alegado por la parte actora, en el sentido de que, al
margen de que la omisión se mantenga en el tiempo, lo cierto es que no puede entenderse que el término de
caducidad se extiende de manera indeterminada, por la sencilla pero suficiente razón de que la ley consagró un
término de 2 años para demandar, que debe contarse a partir de la alegada omisión, la cual, a juicio de la parte
demandante, se concretó el 10 de julio de 2001.
No es cierto, entonces, que el plazo de la caducidad se prolongó porque la hacienda La Estrella no ha sido
recuperada o porque no se han tomado las acciones pertinentes para la restitución de ese predio a la ahora
demandante.
Por lo anterior, como la parte actora presentó la demanda el 12 de noviembre de 2003, cuando debió interponerla
hasta el 10 de julio de 2003, la Sala concluye que también operó la caducidad en lo que respecta a la segunda
imputación.
A todo lo anterior conviene agregar que en este caso no se advirtieron situaciones que hubiesen impedido el
ejercicio del derecho de acción8, las cuales, hay que decirlo, ni siquiera fueron alegadas en la demanda objeto de
estudio.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, expediente No. 61.033.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de enero de
2019, expediente No. 43.658; criterio reiterado en las siguientes providencias: (i) sentencia del 2 de diciembre de 2015,
expediente No. 18.749, dictada por la Subsección A, y (ii) sentencia de 23 de febrero de 2017, expediente No. 34.121, esta
última proferida por la Sala Plena de dicha Sección.
8
“(…) se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos
eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del
derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto
en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la
situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia ” (destacado original)
11
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Además, de las pruebas se observa que, el 17 de julio de 2001, la señora Constanza Turbay Cote otorgó poder a
un abogado para que adelantara, ante la alcaldía de San Vicente del Caguán, una querella policiva de lanzamiento
por ocupación de hecho de la hacienda La Estrella. Así como la ahora demandante confirió poder en esa fecha
para esos efectos, también pudo haber acudido a la Administración de Justicia, por medio de apoderado, para
demandar al Estado por las omisiones endilgadas, que para el 17 de julio de 2001 ya se habían concretado, tal
como se analizó atrás.
(…)”.
Lo anterior, de entrada, permite señalar que resulta inadecuada la interpretación de
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 [Exp. 61033], de la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que se citó como fundamento de la
decisión y que, valga precisar, era el precedente judicial vigente al momento de
decidir la controversia y, por ende, al que debía acudir para resolver, por lo
siguiente:
En esa oportunidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó el criterio en
relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de i) delitos de lesa humanidad, ii) crímenes de guerra y ii) cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, para lo cual precisó que:
i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por
el legislador;
ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación
legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y
iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
Justamente, en la tercera regla de unificación fijada, la Sección Tercera de la
Corporación señaló, precisamente, que “ y iii) el término pertinente no se aplica cuando se
observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley ”, tal y como lo alega la parte actora
en el presente asunto, en el sentido de que mientras estuvo en vigor la zona de
distención era imposible acudir al derecho de acción para reclamar la
responsabilidad del Estado.
Al respecto, la Sala considera que no era posible pasar por alto el contexto en que
se enmarcaron los hechos que dieron origen a la presente acción, que tienen que
ver con daños originados en el marco del conflicto armado interno y, más
específicamente, durante la vigencia de la zona de distensión o de despeje 9.
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, expediente No. 61.033).
9 Mediante Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y los Ministerios del Interior, Justicia y Defensa establecieron una zona de distensión en los
departamentos del Meta y Caquetá -municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San
Vicente del Caguán.
La vigencia de la zona de distensión fue prorrogada sucesivamente mediante las resoluciones 07 de 5 de
febrero de 1999, 32 de 7 de mayo de 1999, 39 de 4 de junio de 1999, 92 del 1 de diciembre de 1999, 19 de 6
de junio de 2000, 101 de 6 de diciembre de 2000, 04 de 31 de enero de 2001, 05 de 4 de febrero de 2001, 19
12
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Al efecto, por su pertinencia y coherencia con el tema que es objeto del debate, la
Sala encuentra necesario hacer referencia a pronunciamientos de la Sección
Tercera del Consejo de Estado frente al juicio de responsabilidad patrimonial
adelantado por la decisión de adelantar el proceso de paz, en el marco del cual se
generaron daños antijurídicos a la población civil, en los que se catalogaron como
hechos notorios, entre otros: (i) la ausencia estatal en el ámbito judicial y, por
ende, la imposibilidad de ejercer acciones de algún tipo; (ii) el abuso y violación de
derechos, tal es el caso de ocupaciones de fincas, robos de semovientes,
secuestros, etc., con fundamento en los cuales es posible concluir que resulta cierto
que, en el caso objeto de estudio, existieron situaciones que impidieron
materialmente el ejercicio de acción.
Así, en sentencia del 31 de mayo de 2013 10, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado –reiterada en sentencia del 12 de octubre de 2017 11-, puso de
presente que se trató de un hecho notorio el desamparo al que quedó expuesta la
población civil, entre otros, por la desmilitarización de los municipios que
conformaron el área de despeje:
“(…)
No queda duda entonces que, a partir del 7 de noviembre de 1998, el Gobierno Nacional adelantó el proceso de
negociación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–FARC-, para lo cual
desmilitarizó, entre otros municipios de la zona, San Vicente del Caguán, lugar en el que en el mismo mes fueron
hurtadas de diferentes fincas del sector semovientes de su propiedad que el actor levantaba en compañía, en
número y valor que están por establecer.
Efectivamente, el Gobierno Nacional profirió la Resolución n.º 85 de 14 de octubre de 1998, conforme a la cual
declaró la iniciación de un proceso de paz, reconoció carácter político a la organización armada –Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-FARC- y señaló la zona en la que se adelantarían las negociaciones, en extensión
aproximada de 42.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. La vigencia de esta zona también denominada
como "neutral" o "área de despeje", fue prorrogada hasta el mes de enero del año 2002.
Comporta un hecho notorio, según distintas publicaciones en prensa e investigaciones académicas e históricas y
documentos de libre circulación 12 que la zona de distensión incrementó las acciones delictivas y los atentados, en
contra del ejercicio de los derechos constitucionales y legales de los pobladores, quienes quedaron expuestos al
accionar del grupo insurgente, de manera que no queda sino concluir sobre la responsabilidad del Estado en el
hurto de los semovientes de propiedad del actor, de que da cuenta la demanda. Sin que resulte posible rep rochar
a la víctima falta de diligencia en la protección de sus derechos, como lo pretende la demandada, porque si bien
se contaba con la presencia de autoridades civiles, las mismas, en cuanto no contaban con el respaldo de la fuerza
pública, tampoco ejercieron su autoridad, como lo señalaron los medios masivos de comunicación así 13:
(…)
De otra parte, aunque las denuncias eran atendidas por funcionarios de la defensoría del pueblo, la real
ausencia estatal en la zona de despeje en el ámbito judicial, ejecutivo y militar, controlada íntegramente
por el grupo insurgente, no permitió el desarrollo de investigaciones, como tampoco la apertura de causas
criminales.
Las irregularidades y excesos presentados a lo largo y ancho de los cinco municipios durante los diálogos de paz,
de que, en su momento, dieron cuenta permanente los medios masivos de comunicación y las autoridades, provocó
la finalización de las negociaciones y por ende el término de la zona de distensión en el mes de enero de 2002,
como quedó consignado en la Resolución n.º 32 de 2002, mediante la cual se dio por terminada el área que
mantenía activa la zona de distensión.
de 9 de febrero de 2001, 118 del 7 de octubre de 2001 y 14 del 20 de enero de 2002. Finalmen te, el 20 de
febrero de 2002, mediante la resolución 032, el gobierno nacional decretó su terminación.
10 Expediente número: 180012331000199900146 01 (25624).
11 Expediente número: 410012331000200500044 01(42098).
12
www.eltiempo.com/archivo/documento 05/10/2001
www.eltiempo.com/artículo web 17/02/2012
www.cidob.org/es/documentation.
www.semana.com/on line
www.noticiascaracol.com/video 25/07/11
13 Un largo recorrido hacía la paz. Redacción Eltiempo.com . 16 de febrero de 2012
13
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Al margen de las decisiones políticas que dispusieron el despeje del territorio, así como de la legitimidad y legalidad
de las mismas, juicio ajeno al sublite, lo cierto es que el actor no tendría que soportar las consecuencias de aquellas,
así las conversaciones de paz hubiesen llegado a feliz término.
(…)”.
Justamente, en la sentencia del 12 de octubre de 2017 14, se puso de presente:
“(…)
42. Es un hecho notorio que la falta de presencia estatal en la zona de distensión fue aprovechada por las FARC
para fortalecerse militar y económicamente, y para continuar desarrollando su actividad delictiva. Son varias las
fuentes informativas que dan cuenta que durante el periodo comprendido entre 1998 y 2002 se presentó un
recrudecimiento del conflicto armado y de las acciones violentas cometidas por la guerrilla en todo el país, pero
especialmente en la zona de distensión y en los municipios aledaños a ella:
184. A lo largo de 2001 el conflicto armado en Colombia siguió́ permeando de manera creciente la vida
cotidiana de los habitantes de este país. Dos rasgos notables acompañaron en los últimos 12 meses su
desarrollo. El primero de ellos fue el aumento en el ritmo de su degradación, manifestado en la cantidad
y la recurrencia de los hechos atroces perpetrados por los partícipes directos en las hostilidades. El
segundo, las dificultades y contradicciones que rodearon el cumplimiento de los actos encaminados a
entablar, sostener y mantener diálogos y negociaciones que permitan el cese de las hostilidades y el
logro de la paz.
(...).
187. En lo que se refiere al proceso de paz con las FARC, desde los últimos días del año 2000 se vio
seriamente afectado por una sucesión de crisis, dos de las cuales se presentaron a pocos días de
vencerse la vigencia de la zona de distensión. Las crisis se originaron no sólo en graves hechos
cometidos por la guerrilla (como el secuestro de tres cooperantes alemanes, el empleo de la fuerza para
impedir el ingreso del candidato presidencial Horacio Serpa a la zona de distensión y el homicidio de la
ex Ministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera), sino también en mutuas acusaciones de
incumplimiento de los términos acordados. El diálogo entre las partes pudo mantenerse a flote luego de
que, al agudizarse cada una de las crisis, se encontraran y acordaran mecanismos de facilitación y
acompañamiento, como la Comisión internacional de diez países (Canadá, Cuba, España, Francia, Italia,
México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela), y la Comisión de Notables.
188. Las incidencias que afectaron el proceso impidieron el logro de avances sustantivos en su
desarrollo. Por lo demás, sobre tal proceso han incidido negativamente dos factores. El primero, las
inconsecuencias y contradicciones de las FARC. El segundo, la incapacidad estatal de desmantelar el
paramilitarismo o, por lo menos, reducir la intensidad de sus ataques contra la población civil, situación
invocada con frecuencia por la guerrilla para dilatar las conversaciones. También resulta desalentador el
hecho de que ni el Gobierno ni las FARC se hayan decidido a negociar y suscribir un acuerdo global de
derechos humanos y derecho internacional humanitario siguiendo la recomendación de la comunidad
internacional.
(...).
1. Comportamiento de los grupos guerrilleros
192. El comportamiento de los grupos guerrilleros siguió incluyendo actos de especial gravedad (véase
el capítulo V.H supra). La Oficina alertó en varias oportunidades al Estado sobre la presencia o amenazas
de estos grupos en diversas zonas del país. Como en años anteriores, en 2001 muchas de las acciones
armadas de las FARC y del ELN se dirigieron a atacar puestos de policía, utilizando artefactos explosivos
de elaboración artesanal y pobre precisión. Esos medios de guerra causaron, una y otra vez, la
destrucción de bienes que no podían considerarse como objetivos militares y la victimización de los
civiles. En lo que se refiere concretamente al ELN, este grupo recurrió con inusitada frecuencia a la
instalación de carrobomba en vías intermunicipales.
193. Tanto el ELN como las FARC dirigieron también sus acciones contra la infraestructura económica
del país, haciendo volar torres de energía eléctrica, oleoductos y puentes. Los primeros afectados por
estos atentados fueron los civiles, pues por efecto de ellos se paralizó la interconexión eléctrica, sufrió
grave perjuicio la industria y el comercio y se causaron importantes daños al medio ambiente.
194. La práctica de toma de rehenes de los grupos guerrilleros llegó hasta tales extremos que en varios
casos -como los ocurridos en Neiva (Huila) y Calarcá (Quindío)- los secuestradores aprehendieron a sus
víctimas mediante la acción de comandos provistos de fusiles y explosivos, que irrumpieron en viviendas
de zonas urbanas.
195. También tuvo impacto negativo sobre la población civil la realización de "paros armados" por la
guerrilla. Esos hechos causaron restricciones en el acceso a los bienes de primera necesidad, deterioro
de alimentos, escasez de provisiones y dificultades en la prestación de los servicios de salud. Así, entre
el 28 de septiembre y el 15 de octubre, las FARC instauraron un "paro armado" en el departamento de
14 Expediente número: 410012331000200500044 01(42098).
14
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Arauca que causó un desabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad, con serias
consecuencias para la población más vulnerable.
196. Los ataques a la población civil, a los bienes civiles y a las infraestructuras estatales, han tenido un
serio impacto en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la comunidad, y han
incidido negativamente en la capacidad estatal de garantizar derechos y servicios básicos.
2. Zona de distensión
197. En la zona de distensión, a la ausencia de las autoridades judiciales y disciplinarias del Estado se
sumaron, durante 2001, los obstáculos que las FARC pusieron al trabajo de la Defensoría del Pueblo y
las amenazas guerrilleras contra la inspección de policía de San Vicente del Caguán. Así́ quedó
confirmado que la guerrilla pretende ejercer sobre las poblaciones desmilitarizadas todas las
competencias propias del aparato estatal y que al hacerlo no se muestra respetuosa de los
derechos y libertades fundamentales de sus habitantes.
198. Durante todo el año siguieron presentándose ante la Oficina y ante las autoridades nacionales
denuncias y quejas según las cuales las FARC utilizan la zona para mantener cautivos a los secuestrados
(entre los cuales han figurado aun niños de corta edad, como Andrés Felipe Navas) y negociar sus
rescates, programar, preparar y dirigir acciones bélicas, adquirir y almacenar nuevo armamento, reclutar
a menores, amenazar a los propietarios de negocios y de fincas con el fin de apoderarse de ellos,
y aprehender y dar muerte a quienes disienten de la guerrilla o se hacen sospechosos de simpatía por
el paramilitarismo 15.
(…)”.
De manera que, no puede desconocerse las circunstancias fácticas que rodearon
la llamada zona de distensión y las situaciones a las que se vio obligada la
población civil, que, para el caso de la señora Turbay Cote se tradujo en la
imposibilidad de retornar al inmueble de su propiedad y que conociera con certeza
la magnitud del daño ocasionado, pues, de acuerdo con la demanda ordinaria, la
ocupación del bien implicó, además, la expulsión de los trabajadores, la pérdida de
semovientes y maquinaria. Así mismo, la imposibilidad material de ejercer el
derecho de acción si se tiene en cuenta que la ocupación del inmueble por parte de
integrantes de las FARC estaba legitimada en una decisión proferida por el
Gobierno Nacional en el marco de un proceso de negociaciones tendientes a
obtener la paz en el territorio nacional.
Por lo tanto, el cumplimiento del presupuesto de la caducidad para el ejercicio de
la demanda de reparación directa por parte de la señora Constanza Judith Alfonsina
Turbay Cote (12 de noviembre de 2003), debió ser analizado en consideración al
anterior contexto, es decir, la Sección Tercera del Consejo de Estado debió
determinar si las circunstancias antes descritas impidieron o no el ejercicio del
derecho de acción, especialmente, el establecimiento de una una zona de
distensión en los departamentos del Meta y Caquetá -municipios de Mesetas, La
Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán- que estuvo en vigor
hasta el 20 de febrero de 2002, luego de la expedición de la resolución 032 del
15 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situaci ón de
los Derechos Humanos en Colombia. Documento E/CN.4/2002/17, 28 de febrero de 2002, disponible en:
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2001_esp.pdf, página
consultada el 13 de septiembre de 2017. Una situación similar fue denunciada en el informe presentado el 20
de marzo de 2001: “La Oficina no ha registrado cambios sustantivos en la conducta de las FARC en la "zona
de distensión". Los hechos más graves, tratados específicamente en otros acápites de este Informe, incluyen
la toma de rehenes, inclusive de niños, los cuales serían mantenidos cautivos en la zona y cuyos rescates se
negociarían en la misma; los homicidios de personas acusadas de colaborar con los grupos paramilitares y el
reclutamiento de menores de edad. Se registraron algunos gestos positivos por parte de las FARC, tales como
la devolución de algunos niños menores de quince años a sus familias, y el retorno de los miembros de la
comunidad evangélica. Sin embargo estos hechos fueron excepcionales y los comportamientos variaron según
los frentes y los comandantes que operan en cada localidad. Así, en el municipio de Vistahermosa aumentó la
presión de los insurgentes sobre la población y el control sobre la administración del municipio, exigiendo
incluso la renuncia de varios funcionarios, entre ellos del personero municipal. Cabe recordar que en 1999 el
alcalde de ese municipio murió en Villavicencio a manos de los guerrilleros”. Documento E/CN.4/2001/15,
disponible en http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2000_esp.pdf,
página consultada el 13 de septiembre de 2017.
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Demandante: Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote
Gobierno Nacional, por medio de la cual se levantó la zona y, por ende, la ocupación
del predio por integrantes de las FARC perdió legitimidad.
De acuerdo con lo anterior, se encuentra resuelto el problema jurídico planteado en
el caso objeto de estudio, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
incurrió en los defectos invocados por la parte actora y, en esa medida, se impone
amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote, en
consecuencia, ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
profiera nueva decisión en la que tenga en cuenta las motivaciones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote,
en consecuencia,
2. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que, dentro de
los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
profiera nueva decisión en la que tenga en cuenta las motivaciones aquí
expuestas.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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