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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01341-00

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01341-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad del señor José Rubén Hernández Bulla, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- DÉJASE SIN EFECTOS el auto de 2 de septiembre de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, que confirmó la providencia de 24 de enero de 2019, mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá rechazó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado número 25269-33-33-001- 2018-00069-00. www.consejodeestado.gov.co 21 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-01341-00 Ac c i o n a n t e : J o s é R u b é n H e r n á n d e z B u l l a TERCERO.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B que, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, dicte auto de reemplazo en el cual tenga en cuenta los lineamientos fijados en la parte considerativa de la presente sentencia en lo relacionado con la no exigibilidad de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para derechos irrenunciables. CUARTO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. QUINTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01341-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

31 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01341-00
Accionante: JOSÉ RUBÉN HERNÁNDEZ BULLA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad / Medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho /
Desconocimiento del precedente y defecto
sustantivo / Conciliación prejudicial como requisito
de procedibilidad / Principio de irrenunciabilidad de
los derechos laborales

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el
señor José Rubén Hernández Bulla, a través de apoderado1, en contra
del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá y del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
1
El abogado Ricardo Fabián Rodríguez Lozano.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01341-00
Ac c i o n a n t e : J o s é R u b é n H e r n á n d e z B u l l a

Subsección B, por la presunta vulneración de derechos fundamentales
ocurrida con ocasión a la expedición de las providencias de 24 de
enero de 2019 y 2 de septiembre de 2019, respectivamente,
proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado número 25269-33-33-001-2018-00069-00.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad se
fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

La parte accionante presentó medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de Puerto
Salgar, Cundinamarca, con el fin que se declare la nulidad del acto
administrativo que negó el reconocimiento y pago de las horas extras
diurnas y nocturnas, recargos nocturnos y recargos por laborar en los
días dominicales y festivos en el cargo de celador código 477, grado
01.

El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Facatativá que, mediante auto de 24 de enero de 2019, rechazó la
demanda por la carencia del agotamiento del requisito de
procedibilidad de la conciliación prejudicial. El señor José Rubén
Hernández Bulla interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B que, a través de providencia de 2 de septiembre de
2019, confirmó lo decidido en primera instancia.

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2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«PRIMERA: Que se declare que los accionados TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y JUZGADO 1º
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FACATATIVA, son
responsables de la Vulneración y puesta en peligro de los Derechos
Fundamentales AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD Y DEMAS QUE DE
OFICIO CONSIDERE LA HONORABLE CORPORACIÓN de mi
poderdante JOSE RUBEN HERNANDEZ BULLA.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, sírvase ORDENAR
a Los Accionados TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA y JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE FACATATIVA, dejar sin efecto ni valor jurídico los
Autos de fecha 24 de enero de 2019 y Auto de Segunda Instancia de
fecha 2 de septiembre de 2019, debidamente notificado el 23 de
septiembre de 2021, proferidas dentro del Medio de Control de
Reparación Directa, adelantado por mi representado JOSE RUBEN
HERNANDEZ BULLA en contra del MUNICIPIO DE PUERTO
SALGAR, por ser estos violatorios de los derechos fundamentales de
mi representado.

TERCERA: Con las atribuciones que le otorga, el ser juez
Constitucional, sírvase a ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA y JUZGADO 1º ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE FACATATIVA, emitir un nuevo pronunciamiento,
ajustado a Derecho, donde se acojan los Precedentes Jurisprudenciales
aquí relacionados y se de (sic) ordene la admisión y tramite de la
demanda.

CUARTA: Que se hagan las demás declaraciones que estimen
convenientes los Honorables Consejeros de Estado».

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene la parte accionante que el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Facatativá y el Tribunal Administrativo de

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Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, con la expedición
de los autos de 24 de enero de 2019 y 2 de septiembre de 2019,
incurrieron en:

 Desconocimiento del precedente: fijados por el Consejo de
Estado – Sección Quinta2 y por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A3, los cuales señalan que no se puede
exigir la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad cuando se trate de derechos ciertos y adquiridos,
toda vez que la ley laboral establece que en ninguna
circunstancia se puede negociar, transigir, desistir de un
derecho que tenga la categoría de mínimo e irrenunciable.

Indica que las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se fundan en el reconocimiento y
pago de factores salariales que adeuda el municipio de Puerto
Salgar desde 2001 y que se encuentran insolutos al momento
de la presentación de la demanda, por lo que se trata de un
derecho cierto e irrenunciable que no puede ser objeto de
conciliación.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 2 de marzo de 2022, el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la referencia y
ordenó notificar al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Facatativá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección

2
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, Consejero ponente: CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO, 05 de julio de 2018, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01784-
00(AC), Actor: BLADIMIR VIDAL AMAYA Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.
3
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “A”, Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, 26 de octubre de 2016.
Radicado: 11001-03-15-000-2016-02357-00 Accionante: YIMY ANTONIO LÓPEZ SANTERO YOTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO.

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Segunda – Subsección B, como accionados, y al municipio de Puerto
Salgar, Cundinamarca, como tercero interesado en las resultas del
proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

5. INTERVENCIONES

5.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Facatativá, mediante su secretaria, aportó link de acceso al
expediente digital contentivo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado número 25269-33-33-001-
2018-00069-00.

5.2. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la

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omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».4

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos fijados
en la jurisprudencia para su procedibilidad contra providencias
judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección B, con la expedición de las providencias de 24 de
enero de 2019 y 2 de septiembre de 2019, respectivamente,
dictadas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado número 25269-33-33-
001-2018-00069-00; incurrieron en un desconocimiento del
precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad de la parte accionante?

4
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el desconocimiento del precedente, iv)
la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad y v) el caso
concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación5, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa

5
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de

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presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora.

No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.1.1. En el presente caso, advierte la Sala de Subsección que la
pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de
manera central si la parte accionada incurrió en la violación de los
derechos fundamentales ya señalados.

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Así mismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional; y se tiene, igualmente, que la interposición del
mecanismo se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por
cuanto la última de las providencias cuestionada se notificó el 23 de
septiembre de 2021 y la acción de tutela se presentó el 25 de febrero
de 2022.

No se trata de irregularidades procesales ni de una tutela contra
tutela.

3.2. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las
autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad
jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos
iguales de la misma forma6.

En ese sentido, el precedente judicial7 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias

6
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
7
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.

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jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho8.

En ese orden sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido9. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o
no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”10.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando «(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación»11.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
8
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
9
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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sean estos verticales u horizontales12, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del
derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial13.

3.3. LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD

En primer lugar, sobre este tema, debe recordarse que, por
disposición del artículo 53 constitucional, son materia de conciliación
aquellos derechos que tengan el carácter de «inciertos y discutibles».
Ahora bien, a partir de la entrada en vigencia del artículo 3714 de la
Ley 640 de 2001, se dispuso que la conciliación era un requisito de
procedibilidad en algunas acciones previstas en el Código Contencioso
Administrativo, como son las de reparación directa y de controversias
contractuales.

Luego, con la expedición de la Ley 1285 de 2009, se estableció la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, como se indica en su

12
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico
y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas
por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso
concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
13
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
“ARTICULO 37. Requisito de procedibilidad en asuntos de lo contencioso administrativo.
Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo, las partes, individual o conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación
extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La solicitud se acompañará de la copia de la
petición de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que
fundamenten las pretensiones”. Subraya fuera de texto original.

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artículo 1315, disposición conforme con la cual, antes de admitirse la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, debe verificar si
el asunto es o no conciliable.

Posteriormente, mediante el Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009 se
reglamentó el artículo 13, el cual en su artículo 2º dispuso los asuntos
susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contenciosa
administrativa:

«Artículo 2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en
materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o
parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que
desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado,
por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular
y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los
artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las
normas que los sustituyan.
Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en
asuntos de lo contencioso administrativo:
– Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
– Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de
que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
– Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya
caducado».

De igual modo, el CPACA, en su artículo 161, dispone:

«Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de
la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los
siguientes casos:

15
ARTÍCULO 13. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

«Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-
administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables,
siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y
87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento
del trámite de la conciliación extrajudicial.»

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1. Cuando los asuntos sean conciliables; el trámite de la conciliación
extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda
en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con
restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias
contractuales.

El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales,
pensiona les, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en
la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el demandante pida
medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio
de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad
pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación
extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente
prohibida.

Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió
por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento
previo de conciliación.

[…]».

Corolario de lo anterior, se tiene que el requisito de exigibilidad de la
conciliación prejudicial en los términos de la Ley 1285 de 2009, debe
ser analizado en cada caso concreto, atendiendo a la calidad de los
derechos reclamados y la posibilidad de su debate en el escenario
conciliatorio, sin perder de vista las disposiciones constitucionales.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela interpuesta por
el señor José Rubén Hernández Bulla, a través de apoderado16, en
contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá y
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de

16
El abogado Ricardo Fabián Rodríguez Lozano.

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justicia e igualdad, ocurrida con ocasión a la expedición de las
providencias de 24 de enero de 2019 y 2 de septiembre de 2019,
respectivamente, proferidas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado número 25269-33-33-001-
2018-00069-00.

Previo a resolver, esta Sala de Subsección considera necesario aclarar
que el estudio del caso concreto se centrará en la providencia de 2 de
septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, por ser esta la que
puso fin al proceso.

Ahora, de conformidad con los fundamentos de la acción de tutela y
de las pruebas obrantes en el expediente, se encuentra lo siguiente:

i. A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el señor José Rubén Hernández Bulla solicitó que se
declarara la nulidad del Oficio No. GGE-10.17-02.393, mediante el
cual la Alcaldía Municipal de Puerto Salgar negó el reconocimiento y
pago de los recargos por horas extras diurnas y nocturnas, recargos
nocturnos, dominicales y festivos.

ii. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá
inadmitió la demanda argumentando la carencia de agotamiento del
requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.

iii. Dentro del término legal, la parte accionante expuso ante el
despacho de conocimiento que las pretensiones de su demanda
contenían factores salariales que debido a su carácter cierto e
indiscutible eran irrenunciables y no susceptibles de ser conciliados,

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por lo que dicho requisito previo a la presentación del medio de
control no era exigible para el presente asunto.

iv. No obstante, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Facatativá, a través de auto de 24 de enero de 2019, rechazó la
demanda por la no subsanación de la misma en debida forma.

v. Apelada dicha decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección B, por medio de providencia de 2 de
septiembre de 2019, confirmó el rechazo del medio de control.

En este orden de ideas, se tiene que el contenido del acto
administrativo acusado hace referencia a horas extras diurnas y
nocturnas y recargos nocturnos, dominicales y festivos, que hacen
parte de los elementos integrantes del salario, siguiendo lo dispuesto
en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, a saber:

«ARTICULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. Constituye salario
no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación
directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se
adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor
del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del
trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas
y comisiones». (Subrayado y negrillas fuera del texto)

De tal manera, al tratarse de una decisión administrativa de negar
aspectos que constituyen salario, en este caso no era exigible el
agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad de la acción instaurada, atendiendo el principio de
irrenunciabilidad consagrado en el artículo 53 Constitucional, que
señala:

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«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico
de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados,
hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores». (Negrillas fuera del texto)

Al respecto, esta Sala de Subsección al resolver casos similares17, ha
señalado que el artículo 53 de la Constitución establece los siguientes
principios: (i) los trabajadores tienen facultad para conciliar y transigir
sobre derechos inciertos y discutibles; (ii) la existencia de unos
beneficios mínimos establecidos en normas laborales que son
irrenunciables, y (iii) la prohibición consistente en que, a través de
la ley, de los contratos o de los acuerdos y convenios de trabajo,
puedan menoscabarse la libertad, la dignidad o los derechos de los
trabajadores.

17
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de veintiséis (26) de octubre de dos
mil dieciséis (2016). Radicado: 11001-03-15-000-2016-02357-00.

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Uno de éstos beneficios mínimos irrenunciables se trata, según la
misma Corte Constitucional18 del salario, que se erige como un
derecho cierto o adquirido, en la medida en que significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método
de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por
acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un
trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el
trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por
servicios que haya prestado o deba prestar19.

En ese sentido, esta Sala de Subsección20 para efectos de estudiar la
exigibilidad de la conciliación como requisito de procedibilidad, ha
considerado que:

«[…] no puede olvidarse, como lo dejó sentado la Corte Constitucional
en sentencia SU-995 de 1999 con ponencia del Dr. Carlos Gaviria
Díaz, que la figura de la retribución salarial está directamente
relacionada con la satisfacción del derecho fundamental de las
personas a la subsistencia, por lo que el pago oportuno y completo
de los salarios es un derecho que no se agota en la satisfacción de las
necesidades de mera subsistencia biológica del individuo, pues debe
permitir el ejercicio y realización de los valores y propósitos de vida
individuales y su falta compromete el logro de las aspiraciones
legítimas del grupo familiar que depende económicamente del
trabajador. Todas estas características del salario refuerzan desde la
óptica constitucional su condición de beneficio mínimo
irrenunciable,

Es así, pues alrededor del trabajo se desarrolla una compleja dinámica
social que está ligada a la realización de proyectos de vida digna y
desarrollo, tanto individual como colectivo que, están garantizados
por la Carta Política como fundamento del orden justo.

18
Sentencia T- 149 de 1995. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
19
Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo -relativo a la protección del salario-,
ratificado por la Ley 54 de 1992, Artículo 1º.
20
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de veintiséis (26) de octubre de dos
mil dieciséis (2016). Radicado: 11001-03-15-000-2016-02357-00.

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Todo lo anterior, pone de manifiesto, que de ninguna manera
puede concebirse que el derecho a reclamar el pago del salario
completo, en los porcentajes que señale el legislador, consista
en un derecho de naturaleza conciliable, y por ende, incierto y
discutible. Al contrario, el mismo legislador estableció tal
prerrogativa en respeto de los derechos adquiridos y señaló unos
parámetros para determinar a quién debe aplicársele la mencionada
disposición jurídica.

En consecuencia, tampoco se trata de una pretensión conciliable, pues
el derecho al pago completo de la asignación salarial como retribución
por la labor desarrollada no es transigible ni renunciable».

Acorde con lo citado, es posible concluir que en este caso no era
exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito
de procedibilidad de la acción instaurada, atendiendo al principio de
irrenunciabilidad consagrado en el artículo 53 Constitucional y a lo
señalado por la Corte Constitucional21 en lo relacionado con que el
principio de prevalencia del derecho sustancial debe entenderse en su
verdadero sentido, esto es, que las formas y el contenido deben ser
inseparables para la efectividad del derecho material, por lo que la
interpretación adecuada de los procedimientos legales adquiere su
sentido pleno en la prevalencia de los derechos de las personas.

En efecto, el artículo 229 de la Constitución Política consagra
expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia,
también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, que se concreta
en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en
Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y
tribunales de justicia, para obtener la debida protección o el
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena

21
Sentencia C-664 de 2000.

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observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas
en las leyes.

En consonancia, la jurisprudencia constitucional ha establecido22 que
este se trata de un derecho medular, cuyo marco jurídico de
aplicación compromete, en un orden lógico:

a) el derecho de acción o de promoción de la actividad
jurisdiccional, que se concreta en la posibilidad que tiene todo
sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos
que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al
Estado, sea en defensa del orden jurídico o de los intereses
particulares.
b) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional
concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones
que han sido planteadas.
c) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y
efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones
debatidas.
d) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término
razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las
garantías propias del debido proceso y,
e) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia
y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para
la efectiva resolución de los conflictos.

En este orden de ideas, esta Sala de Subsección amparará los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia e igualdad del señor José Rubén Hernández Bulla y, en

22
Corte Constitucional. Sentencia C-426/02. Magistrado Ponente doctor Rodrigo Escobar Gil.

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consecuencia, dejará sin efectos el auto de 2 de septiembre de 2019,
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B, que confirmó la providencia de 24 de enero
de 2019 mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Facatativá rechazó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado número 25269-33-33-001-
2018-00069-00, y ordenará que se realice un nuevo estudio que
tenga en cuenta los lineamientos fijados en esta sentencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad del señor
José Rubén Hernández Bulla, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- DÉJASE SIN EFECTOS el auto de 2 de septiembre de
2019, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección B, que confirmó la providencia de 24
de enero de 2019, mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Facatativá rechazó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado número 25269-33-33-001-
2018-00069-00.

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TERCERO.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección B que, dentro del término de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, dicte
auto de reemplazo en el cual tenga en cuenta los lineamientos fijados
en la parte considerativa de la presente sentencia en lo relacionado
con la no exigibilidad de la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad para derechos irrenunciables.

CUARTO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

QUINTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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