Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01360-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01360-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01360-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
6 de octubre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01360-01
Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TULELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01360-01
Demandante: HUGO ALEXANDER DIAGO URRUTIA Y OTROS.
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Vacaciones individuales del Régimen Especial de la Rama
Judicial. Falta de disponibilidad presupuestal. Derecho al
descanso remunerado.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia del 11 de
marzo de 2022, dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
que declaró improcedente la acción de tutela al considerar que se configuró la cosa
juzgada.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Los señores Hugo Alexander Diago Urrutia, Edisson Jafet Hurtado Carvajal, Andrea
Sabrina Restrepo López y Miriam Emilse López Manzano ejercieron acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de
Cauca, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales a la salud, al trabajo, a la dignidad humana y a la igualdad en
conexidad con el derecho al descanso. En consecuencia, formularon las siguientes
pretensiones:
“1. Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán que, de acuerdo con sus competencias, en el término de 48 horas
contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para que se
garantice los reemplazos, para que materialice el derecho al disfrute del descanso
remunerado por vacaciones a las cuales tienen derecho el suscrito Dr. Hugo
Alexander Diago Urrutia (Juez), el doctor Edisson Jafet Hurtado Carvajal ( asistente
jurídico) Andrea Sabrina López Restrepo (oficial mayor) y Miriam Emilse López
Manzano (asistente administrativo).
2.Se exhorte a las autoridades respectivas, en ese caso al Consejo Superior de la
Judicatura – Sala Administrativa y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán – Cauca para que en el futuro, esta situación no se vuelva a
presentar y se gestione a nivel nacional la apropiación de recursos para designar
en encargo a otra persona, para que los funcionarios empleados de la Rama
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin interferir en la eficiencia de la
administración de justicia.”
2. Hechos:
Del expediente de la referencia, se destacan como hechos relevantes los siguientes:
Los actores manifestaron que están vinculados al Juzgado Quinto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, en los cargos de Juez, Asistente Jurídico,
Oficial Mayor y Asistente Administrativo.
Indicaron que al tener pendientes el reconocimiento del periodo de descanso
remunerado, solicitaron a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
del Cauca el certificado de disponibilidad presupuestal para que se les nombre
reemplazo, y así evitar que se vea comprometida la administración de justicia dada la
alta carga laboral.
Mediante oficio DESAJPO022- 218 de 2 de febrero de 2022, la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Cauca manifestó que no era posible expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para autorizar los reemplazos de vacaciones de los
empleados judiciales porque la adición presupuestal para ese rubro se encuentra sujeta
a lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
De los documentos aportados en el expediente se tiene que los actores con anterioridad
interpusieron otra solicitud de amparo con la finalidad de que se realizaran los trámites
administrativos para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, en
dicha oportunidad la acción de tutela fue tramitada bajo el radicado 2021-05058-00 en
la Sección Primera de esta Corporación que en sentencia del 16 de septiembre de 2021
amparó los derechos fundamentales invocados por la parte demandante y en
consecuencia ordenó la realización de todos los trámites administrativos
correspondientes para hacer efectivo el nombramiento del reemplazo. Dicha decisión
fue impugnada y la Sección Segunda, Subsección B en providencia del 30 de noviembre
de 2021 confirmó la decisión de primera instancia.
De igual forma, se tiene que el señor Edisson Jafet Hurtado Carvajal de manera
individual también radico solicitud de amparo con la finalidad de que le fueran concedido
el periodo de descanso causado entre el 5 de junio de 2019 y el 4 de julio de 2020 el
cual fue suspendido en la medida que no fue posible la expedición del CDP para el
nombramiento de su reemplazo, dicho proceso fue tramitado bajo el radicado 2021-
01869-00 por esta Sección que en fallo del 3 de junio de 2021 accedió a las pretensiones
de la demanda y ordenó la realización de todos los trámites administrativos
correspondientes para hacer efectivo el nombramiento del reemplazo, dicha decisión
fue impugnada y en sentencia del 1º julio de 2021 la Sección Primera de esta
Corporación declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
3. Argumentos de la tutela
La parte demandante manifestó que las vacaciones son un derecho adquirido por el
tiempo laborado, además, indicó que el referido despacho judicial requiere para su
adecuado funcionamiento y la debida administración de justicia, la presencia y trabajo
de todos sus empleados y por ende la asignación presupuestal para que el nominador
pueda nombrar a alguien en el reemplazo de cada uno de ellos, de modo que a su
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
reintegro, cuando venza su periodo vacacional, los puestos de trabajo no se encuentren
congestionados, debido a la alta carga laboral que afrontan.
En general, sostuvo que la decisión de negar las vacaciones a las que tienen derecho
constituye la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad
humana, a la igualdad y a la salud, que tal prerrogativa hace parte integral del derecho
fundamental al trabajo.
4. Oposiciones
El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no hace parte de sus funciones
el ejercer como ordenador del gasto, para expedir los respectivos certificados de
disponibilidad presupuestal, pues quien está encargado de este procedimiento es
Dirección Seccional de Administración Judicial.
La Dirección Seccional de la Administración Judicial de Popayán – Cauca indicó
que dicha entidad no tiene legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que la
competencia de conceder o negar vacaciones a los empleados de los despachos es
una responsabilidad que reside únicamente en el nominador o juez del despacho.
En relación con el derecho al trabajo en condiciones dignas y descanso remunerado,
adujo que no es dable, por parte de la titular del despacho judicial, esgrimir aspectos
administrativos y de carga laboral para negarle a un empleado su derecho constitucional
al descanso.
Sostuvo que no es posible expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
solicitado para el reemplazo de vacaciones, por cuanto no se cumple el requisito legal
para la apropiación y de hacerlo se estaría incurriendo en un delito.
Por todo lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia, dado que a su juicio no se vulneró ninguno de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca manifestó que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno, en tanto no es la autoridad competente para expedir la
disponibilidad presupuestal que se reclama en sede de tutela, teniendo en cuenta que
de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Acuerdo PCSJA17-10715 de
Julio 25 de 2017, literal d), es función de la Sala de Gobierno de los Tribunales
Superiores, resolver las solicitudes de vacaciones a los jueces del distrito judicial que
disfrutan el régimen individual. Sin embargo, durante el presente año 2022 y hasta la
fecha, el doctor Hugo Alexander Diago Urrutia, no ha elevado ante el Tribunal Superior
de Popayán, solicitud de vacaciones.
Tal como se indicó en el oficio mediante el cual se negó la expedición del CDP la Circular
PASAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, fijó el procedimiento para la programación
de las vacaciones de los funcionarios judiciales pertenecientes al régimen de
vacaciones individuales, disponiendo el deber de reportar la programación de las
vacaciones hasta el mes de marzo del año siguiente a la causación ante el Consejo
Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa y la Dirección Seccional del respectivo
distrito judicial.
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
En cumplimiento de las disposiciones antes señaladas, remite las respectivas
comunicaciones de solicitudes de vacaciones ante la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura del Cauca y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán, con la finalidad de que se expida el certificado de
disponibilidad presupuestal correspondiente.
5. Sentencia impugnada
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado mediante fallo del 11 de
marzo de 2022 , declaró improcedente la acción de tutela al considerar que se configuró
cosa juzgada dado que en ocasiones anteriores la parte actora ya había hecho uso de
la acción de tutela con identidad de partes, causa petendi y objeto, frente a los cuales a
la fecha ya hay un pronunciamiento judicial con efecto de cosa juzgada.
Por lo anterior, destacó que si no había sido cumplida la orden de tutela los actores
contaban con el incidente de desacato con la finalidad de que se diera cumplimiento a
lo ordenado.
Además resaltaron que no se trata de una acción temeraria, pues para que ésta se
configure se requiere que haya una actuación dolosa o de mala fe contra la
administración de justicia, por parte de quien invoca varios recursos de amparo y en el
caso objeto de estudio pese a que tienen la misma finalidad las partes asumieron como
un hecho nuevo el punto en el que se señala que al solicitar nuevamente la expedición
del CDP este fue negado mediante diferentes oficios a los demandados con
anterioridad.
6. Impugnación
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán impugnó la
anterior decisión e indicó que en cumplimiento de los ordenado en las acciones de tutela
con radicado 2021-05058-00 y 2021-01869-00 fue expedido el certificado de
disponibilidad presupuestal núm.5021 del 27 de enero de 2021 registrado de manera
global para cubrir este tipo de gastos durante la vigencia 2021, el cual garantizó los
recursos para la designación del reemplazo por vacaciones de los señores Édison Jafet
Hurtado Carvajal, Andrea Sabrina Restrepo López y Miriam Emilse López Manzano, por
el tiempo legalmente procedente.
De igual forma, indicó que dicha información fue puesta en conocimiento del Doctor
Hugo Alexander Diago Urrutia, Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Aseguramiento de Popayán para lo pertinente.
Manifestó que como consecuencia de lo anterior se programaron las vacaciones de los
accionantes, así:
Edisson Jafet Hurtado Carvajal: Mediante Resolución núm. 005 del 06 de abril de
2021, se dispuso el disfrute de vacaciones desde el 10 de mayo al 04 de junio de
2021, correspondiente al periodo 05 de julio de 2019 y el 04 de julio de 2020.
Miriam Emilse López Manzano: Mediante Resolución núm. 013 del 04 de octubre
de 2021, se dispuso el disfrute de vacaciones desde 19 de octubre al 12 de
noviembre de 2021, correspondiente al periodo entre el 01 de agosto de 2019, al
31 de julio de 2020.
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
Andrea Sabrina Restrepo López: Mediante Resolución núm. 014 del 15 de
octubre de 2021, se dispuso el disfrute de vacaciones desde 20 de diciembre de
2021 al 13 de enero de 2022, correspondiente al periodo entre el 7 de agosto de
2020 al 6 de agosto de 2021.
En razón a lo expuesto, afirmó que dio cabal cumplimiento a las ordenes impartidas en
las acciones de tutela del año 2021 e indicó que los actores iniciaron este nuevo trámite
constitucional con la finalidad de que se les ordene expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal con el fin de garantizar los remplazos, para el disfrute de las
vacaciones por el presente año.
Indicaron que conforme a lo manifestado surge duda frente a la orden impartida en
primera instancia dado que al concluir que hay cosa juzgada en razón a los fallos del
año 2021, haría que las decisiones adoptadas en esa oportunidad tuviesen efectos
permanentes para los actores, esto es, que dichas ordenes fueran efectivas para todos
los periodos de vacaciones que se causen en adelante.
Finalmente señaló que las señoras Andrea Sabrina Restrepo López y Miriam Emilse
López Manzano no han cumplido con el año de servicios como requisito necesario para
causar el nuevo periodo para gozar del derecho vacacional.
7. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del 19 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador consideró
necesario requerir a los actores con la finalidad de que aclararan de manera individual
y precisa que periodos de vacaciones reclamaban por medio de la presente solicitud de
amparo.
Con ocasión a dicho requerimiento los actores, en escrito del 22 de septiembre de 2022,
indicaron que los periodos reclamados en la presente solicitud de amparo y sobre los
que solicitó la expedición del CDP, el cual fue negado mediante oficio DESAJPO022-
218 de 2 de febrero de 2022 son:
cargo Funcionario Periodo causado
Juez Hugo Alexander Diago 1º noviembre de 2020 a 31 octubre 2021
Asistente jurídico Edisson Jafet Hurtado Carvajal 5 julio de 2020 a 4 de julio de 2021
Oficial mayor Andrea Sanabria Restrepo 19 de agosto de 2021 a 18 de agosto de
López 2022
Asistente administrativo Miriam Emilse López Manzano 1º de agosto de 2020 a 31 de julio de
2021
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este
decreto».
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
En los términos de la impugnación a la Sala le corresponde determinar si se debe
confirmar, revocar, o modificar la sentencia impugnada que declaró improcedente la
solicitud de amparo de la referencia al considerar que había operado la cosa juzgada.
Solo en caso de concluir que no se configuró la cosa juzgada, la Sala verificará si se
vulneraron los derechos fundamentales invocados por los actores con la decisión de la
Dirección Seccional de Administración Judicial del Cauca de negar la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal, mediante Oficio DESAJPOO22-218 del 2 de
febrero de 2022, para pagar el salario de las personas que los reemplazarían en la
época de disfrute de las vacaciones en las labores desarrolladas por el Juzgado Quinto
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.
Para efectos de resolver el problema jurídico planteado en el presente caso, la Sala se
referirá a los temas en el siguiente orden : i) De la cosa Juzgada , ii) De la cosa juzgada
en el caso concreto, iii) De la procedencia de la solicitud de amparo, iv) De la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados por los actores.
i) De la cosa juzgada
La cosa juzgada es una institución que emana de la soberanía del Estado respecto del
cumplimiento y fuerza vinculante de las decisiones judiciales, con el fin de garantizar la
seguridad jurídica de los asociados y de las entidades que intervinier on en un litigio
anterior.
Los efectos de dicha institución generan la inmutabilidad de las decisiones judiciales en
el tiempo, salvo cuando se intente la interposición del recurso extraordinario de revisión,
pues este representa un límite a la ejecutoriedad de las decisiones judiciales cuando
estas se encuentren inmersas en las causales que la ley establece.
Ahora bien, el artículo 303 del Código General del Proceso 1 dispone que las sentencias
ejecutoriadas hacen tránsito a cosa juzgada cuando el nuevo litigio tenga identidad de
objeto, causa y partes, en relación con un anterior debate.
Por su parte la Corte Constitucional, en sentencia T-089 de 2019, señaló que «la cosa
juzgada se configura cuando existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes,
hechos y pretensiones, sin que se evidencie la configuración del elemento subjetivo que
es la intención de buscar engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de
la acción de tutela».
1 Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa
juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte
de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de
filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
Además, ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada, en el evento
en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela ya sea
mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la misma.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia.
La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe “(…) que se profiera un nuevo
pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica
que brinda este principio de cierre del sistema jurídico” 2.
Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional
deberá hacer un análisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin de
identificar si existen nuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solicitud de
amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento.
ii) De la cosa juzgada en el presente caso
Si bien para el juez de primera instancia se encuentran acreditados los requisitos para
la configuración de la cosa juzgada respecto a la acción de tutela con radicado número
2021-05058-00.
En esta ocasión para la Sala, es necesario ilustrar lo invocado y decidido frente a las
solicitudes de expedición de disponibilidad presupuestal elevadas por el señor Hugo
Alexander Diago, para evidenciar que, en efecto, en el caso bajo estudió, no se
configuró la cosa juzgada.
Radicado Demandante Demandado Pretensión Fundamento Decisión Judicial
2021- 1. Hugo Consejo Argumentaron que los derechos Oficio núm. Fallo 1ra instancia 16 de septiembre de
05058-00 Alexander Superior de la fundamentales invocados fueron DESAJPO021 2021 amparó los derechos fundamentales
Diago Urrutia Judicatura - vulnerados con la negativa de otorgar -1681 de 22 de invocados y en consecuencia ordenó a la
2. Andrea director ejecutivo sus vacaciones, debido a que el julio de 2021 Dirección Ejecutiva de la Seccional de
Sabrina de referido despacho judicial requiere Administración Judicial de Poparán -
Restrepo Administración para su adecuado funcionamiento y la Cauca, que, en un plazo máximo de 5 días
López Judicial, director debida administración de Justicia, la hábiles, adelantara todas las gestiones
3. Miriam Seccional de presencia y trabajo de todos sus tendientes a expedir el certificado de
Emilse López Administración empleados y por ende la asignación disponibilidad presupuestal para
Manzano Judicial Popayán presupuestal para que el nominador garantizar la provisión de los recursos
– Cauca pueda nombrar a alguien en el necesarios con el propósito de autorizar el
reemplazo de cada uno de ellos, de reemplazo de las vacaciones de las
modo que a su reintegro, cuando señoras Andrea Sabrina Restrepo López
venza su periodo vacacional, su y Miriam Emilse López Manzano. Y
puesto de trabajo no se encuentre ordeno al Juzgado Quinto de Ejecución de
congestionado, debido a la alta carga Penas y Medidas de Seguridad de
laboral que afronta ese despacho Ibagué, que una vez se disponga del
judicial. certificado de disponibilidad presupuestal
En consecuencia, solicitaron que se para nombrar en provisionalidad el
ordené a la Dirección Ejecutiva reemplazo de las señoras Andrea Sabrina
Seccional de Administración Judicial Restrepo López y Miriam Emilse López,
de Popayán que, de acuerdo con sus se pronunciara sobre la concesión del
competencias, en el término de 48 disfrute de las vacaciones de las
horas, adelanten las gestiones tutelantes.
administrativas y presupuestales que Fallo de segunda instancia de 30 de
correspondan, para que se expidan noviembre de 2021 confirmó la decisión.
los respectivos certificados de
disponibilidad presupuestal, para
garantizar el reemplazo de los
empleados del Juzgado, para
materializar el derecho al disfrute del
descanso remunerado.
2021- 1.Edisson Consejo El actor sostuvo que, a su juicio, la Oficio Fallo 1ra instancia 3 de junio de 2021
01869-00 Jafet Hurtado Superior de la suspensión del disfrute de las DESAJP0021- amparó los derechos fundamentales
Carvajal. Judicatura – vacaciones concedidas a su favor por 790 de abril de invocados y en consecuencia ordenó a la
director ejecutivo necesidad del servicio, con ocasión 2021 Dirección Ejecutiva Seccional de
de de la negativa a asignar la Administración Judicial de Popayán, al
Administración disponibilidad presupuestal para Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Judicial, director nombrar su reemplazo durante dicho Administrativa, y a la Dirección Ejecutiva
Seccional de periodo por parte de las autoridades de Administración Judicial, que de
Administración accionadas, vulnera sus derechos acuerdo con sus competencias y de
manera coordinada, en el término de
2 Sentencia T-001 de 2016.
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
Judicial Popayán fundamentales al trabajo, a la salud, a treinta (30) días contados a partir de la
– Cauca la dignidad y a la igualdad. notificación, adelanten las gestiones
administrativas y presupuestales que
Se ordene a la Dirección Ejecutiva sean necesarias para que el Juez Quinto
Seccional de Administración Judicial de Ejecución de Penas y Medidas de
de Popayán y al Consejo Superior de Seguridad de Popayán nombre su
la Judicatura - Sala Administrativa - reemplazo para que materialice el
Dirección Ejecutiva de Administración derecho al disfrute de las vacaciones
Judicial que, de acuerdo con sus como descanso remunerado.
competencias y de manera
coordinada, en el término de 48 horas Fallo 2da instancia 1º de julio de 2021
contados a partir de la notificación de declaró carencia actual de objeto por
la presente providencia, adelanten las hecho superado.
gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan,
para que el Juez 5° de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán, Cauca, nombre mi
reemplazo, para que materialice el
derecho al disfrute del descanso
remunerado”
Argumentaron que los derechos
2022- 1.Hugo Consejo fundamentales invocados fueron Oficio núm. Fallo 1ra instancia 11 de marzo de 2022
01360-00 Alexander Superior de la vulnerados con la negativa de otorgar DESAJPO022 declaró improcedente la acción de tutela
Diago Urrutia Judicatura – sus vacaciones, debido a que el - 218 de 2 de por configuración de la cosa juzgada.
2.Edisson Dirección referido despacho judicial requiere febrero de
Jafet Hurtado Ejecutiva de la para su adecuado funcionamiento y la 2022
Carvajal Administración debida administración de Justicia, la
3. Andrea Judicial, Consejo presencia y trabajo de todos sus Fallo 2da instancia estudio en curso
Sabrina Seccional de la empleados y por ende la asignación
Restrepo Judicatura de presupuestal para que el nominador
López Cauca, la pueda nombrar a alguien en el
4. Miriam Dirección reemplazo de cada uno de ellos, de
Emilse López Ejecutiva modo que a su reintegro, cuando
Manzano Seccional de venza su periodo vacacional, su
Administración puesto de trabajo no se encuentre
Judicial de congestionado, debido a la alta carga
Popayán y laboral que afronta ese despacho
Tribunal judicial.
Superior del
Distrito Judicial En consecuencia, solicitaron que se
de Popayán ordené a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial
de Popayán que, de acuerdo con sus
competencias, en el término de 48
horas, adelanten las gestiones
administrativas y presupuestales que
correspondan, para que se expidan
los respectivos certificados de
disponibilidad presupuestal, para
garantizar el reemplazo de los
empleados del Juzgado, para
materializar el derecho al disfrute del
descanso remunerado.
Conforme con lo anterior, resulta indiscutible que pese a que coincide la pasiva en las
tres solicitudes de amparo, y coinciden algunos de los actores entre el presente trámite
y el 2021-05058-00, lo cierto es que los hechos y las pretensiones se diferencian en
que los oficios que negaron los certificados de disponibilidad presupuestal recaen sobre
distintos periodos vacacionales causados, tanto así que de los documentos aportados
por la impugnante se constata que en cumplimiento de la orden de tutela proferida en
el proceso 2021-05058-00 ya fueron concedidas las vacaciones de los señores:
Edisson Jafet Hurtado Carvajal: Mediante Resolución núm. 005 del 06 de abril
de 2021, se dispuso el disfrute de vacaciones desde el 10 de mayo al 04 de junio
de 2021, correspondiente al periodo causado entre el 5 de julio de 2019 y el 4 de
julio de 2020.
Miriam Emilse López Manzano: Mediante Resolución núm. 013 del 04 de
octubre de 2021, se dispuso el disfrute de vacaciones desde 19 de octubre al 12
de noviembre de 2021, correspondiente al periodo causado entre el 1º de agosto
de 2019 y el 31 de julio de 2020.
Andrea Sabrina Restrepo López: Mediante Resolución núm. 014 del 15 de
octubre de 2021, se dispuso el disfrute de vacaciones desde 20 de diciembre de
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
2021 al 13 de enero de 2022, correspondiente al periodo causado entre el 7 de
agosto de 2020 y el 6 de agosto de 2021.
Mientras que en la presente solicitud de amparo los actores reclaman los periodos
causados así:
Hugo Alexander Diago periodo causado entre 1º noviembre de 2020 a 31
octubre 2021
Edisson Jafet Hurtado Carvajal periodo causado entre el 5 de julio de 2020 y
el 4 de julio de 2021.
Miriam Emilse López Manzano periodo causado entre el 1º de agosto de 2020
y el 31 de julio de 2021.
Andrea Sabrina Restrepo López: periodo causado entre el 19 de agosto de
2021 a 18 de agosto de 2022.
Por lo anterior se tiene que en el caso objeto de estudio, no se configuró la cosa juzgada
pues si bien los actores pretenden se ordene realizar los trámites administrativos
correspondientes para que les sean concedidas las vacaciones, lo cierto es que la
presente solicitud de amparo se diferencia de la identificada con radicado 2021-05058-
00, en los periodos de descanso reclamados y en esa medida existen nuevos elementos
que llevaron a la parte actora a presentar la presente solicitud de amparo, que habilita
a la Sala para realizar un nuevo pronunciamiento.
iii) De la procedencia de la acción de tutela en el caso objeto de estudio -
requisito de subsidiariedad
En el sub lite, la parte actora solicita el reconocimiento del derecho al descanso por
haber laborado de forma continua e ininterrumpida, circunstancia que denota la
necesidad urgente de evitar que se siga prolongando en el tiempo la ausencia de
descanso, que puede comprometer la salud mental y física, condiciones que justamente
se busca salvaguardar con el descanso, como se explicará con detalle más adelante.
De hecho, no se puede pasar por alto que la parte actora señaló que no cuestionaba la
legalidad del acto administrativo que negó la petición de vacaciones. La inconformidad
proviene de la actuación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Popayán, de impedirles el disfrute de sus vacaciones, pese a que reúnen los requisitos
para acceder a ese derecho.
Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el requisito de
subsidiariedad y procede como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
iv) De la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados por
los actores.
En aras de resolver el asunto sometido a conocimiento y teniendo en cuenta la tesis
reiterada3 que la Sala ha manejado en casos con identidad fáctica al del sub lite, es
necesario tener en cuenta que, salvo las excepciones legales, todo empleado público
tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado por cada año de servicios prestado
3 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01,
Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado número
2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
en cualquiera de las entidades del Estado (Decreto 3135 de 1968 - artículo 8 - y Decreto
1045 de 1978).
En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en el
artículo 146 de la Ley 270 de 1996, así:
“VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de
Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año
de servicio”.
De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones anuales
remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental al
descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se
encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios
prolongados de tiempo”, con lo que ha reiterado que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.
En la misma línea, esta Sección ha indicado que “El descanso remunerado, denominado
vacaciones, tiene por objeto que el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales
luego de un tiempo dedicado a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de
trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha
cumplido con los requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o
nominador, es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador 4”’.
En este sentido, el disfrute de las vacaciones constituye un derecho fundamental cuya
protección puede ser solicitada mediante la acción de tutela.
Descendiendo al caso concreto, en el año 2005 la Presidencia de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura informó a los nominadores de la Rama Judicial el
procedimiento para solicitar el nombramiento de reemplazos por vacaciones del
personal titular de los despachos judiciales. Para tal efecto, profirió las Circulares PSAC -
0589 del 18 de noviembre de 2005, cuyo asunto fue “asignación de recursos para
reemplazos por vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los
juzgados del sistema penal acusatorio”, y 044 del 12 de mayo de 2005, en la que
estableció el procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los
servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.
En estas, se establecieron como condiciones alternativas para la programación de las
vacaciones las siguientes:
“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios,
4 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01,
Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado número
2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar
la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del
empleado que disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes.
Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento
deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos
para ser designado en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente
certificada por el director Seccional, previa verificación de las hojas de vida
correspondientes”.
Posteriormente, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura
profirió la Circular PSAC11-44, en la que derogó lo establecido en las referidas
circulares “para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran sujetos
al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho,
para lo cual deberán seguir el procedimiento que aquí se señala y que permitirá
gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos,
cuando haya lugar a ello”, eliminando así la restricción de la asignación de recursos
para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara alguna de las condiciones
contenidas en las circulares precedentes.
En ésta se indicó que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales
debían reportar la programación de vacaciones correspondientes al siguiente año ante
el Consejo Seccional de la Judicatura, y la Dirección Seccional del respectivo distrito
judicial, y se estableció que las designaciones en encargo son procedentes cuando las
necesidades del servicio lo exijan, por ejemplo tratándose de un juez, y “cuando no sea
posible designar en encargo a alguno de los servidores del correspondiente despacho
judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá incluir dentro del proyecto de
presupuesto del año siguiente, la asignación de recursos que permita efectuar el
nombramiento en provisionalidad de sus reemplazos”.
Para la Sala, del contenido de la mencionada circular, se observa que el propósito del
Consejo Superior de la Judicatura era eliminar los obstáculos en el disfrute de las
vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no condicionó la
asignación de presupuesto al cumplimiento de los requisitos que existían en el pasado,
imponiendo únicamente el deber al funcionario de reportar la programación de
vacaciones para el año siguiente.
Caso concreto
Ahora bien, al abordar el estudio de la tutela en el caso sub examine, la Sala observa
que, la parte actora está conformada por los servidores que integran el Juzgado Quinto
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán así Hugo Alexander Diago
Urrutia, en calidad de Juez, Andrea Sabrina Restrepo López en calidad de Oficial Mayor,
Edisson Jafet Hurtado Carvajal en calidad de asistente jurídico y Miriam Emilse López
Manzano, en calidad de Asistente Administrativo.
De manera preliminar la Sala destaca que respecto al señor Hugo Alexander Diago
Urrutia en calidad de Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán y a la señora Andrea Sabrina Restrepo López en calidad de Oficial Mayor, se
realizará un estudio de forma separada.
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
Respecto de la solicitud de certificación presupuestal solicitada por el titular del
despacho en el que laboran Edisson Jafet Hurtado Carvajal y Miriam Emilse López
Manzano con el fin de programar sus vacaciones, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Popayán, mediante oficio DESAJPO022- 218 de 2 de febrero
de 2022, indicó que no era posible acceder a la solicitud, pues lo que tiene que ver con
vacaciones corresponde a una situación administrativa que debe ser concertada entre
empleado y nominador, con ocasión del acatamiento de la Circular núm. PSAC11-44 de
noviembre 23 de 2011, que reguló únicamente el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales, entendiendo como tales a los Magistrados,
Jueces y Fiscales de la Republica.
Para la Sala, si bien la referida circular únicamente hizo alusión a funcionarios judiciales,
que conforme con el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 son los magistrados de las
corporaciones judiciales, los jueces de la República y los fiscales, como se ha indicado
en oportunidades anteriores 5: “la omisión de establecer un procedimiento para
garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados judiciales no puede servir de
fundamento para desconocer el derecho al descanso de estos”.
La Sala observa que en el presente caso la decisión adoptada por las autoridades
demandadas compromete los derechos fundamentales al trabajo en condiciones justas
y al descanso de los referidos funcionarios, por lo que la intervención del juez
constitucional se torna necesaria para su restablecimiento, en tanto se evidencia que un
procedimiento netamente administrativo está comprometiendo un derecho de mayor
valía como lo es el derecho al descanso de una empleada de la Rama Judicial.
De igual forma, aun cuando frente al cumplimiento del procedimiento establecido en la
Circular PSAC 11-44 de 23 de noviembre de 2011 no existe prueba en el presente caso,
como se anticipó, la falta de asignación de recursos para nombrar sus reemplazos sí
atenta contra el derecho al descanso de los señores Edisson Jafet Hurtado Carvajal y
Miriam Emilse López Manzano, en tanto, en la práctica, implica el aplazamiento
indefinido de sus vacaciones ya causadas, con la excusa de no entorpecer el
funcionamiento normal del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, situación que a juicio de la Sala no es más que un obstáculo
administrativo de los que se previó evitar con la expedición de la mencionada circular.
Esta Sala, en un caso de connotaciones fácticas similares, manifestó que “asuntos de
índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo
vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, aún más si se tiene en cuenta
que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en
condiciones dignas. Impedir el derecho al descanso con base en restricciones
administrativas no es una carga que deban soportar las actoras, puesto que las
vacaciones constituyen una garantía fundamental que tienen todos los empleados, por
lo que no puede ser transgredida ni en función del servicio ni por cuestiones de índole
presupuestal 6”.
Por lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de los derechos fundamentales
invocados por los señores Edisson Jafet Hurtado Carvajal y Miriam Emilse López
Manzano, toda vez que los asuntos de índole administrativa no pueden afectar el
5 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-2018-
00756-01. C.P. Milton Chaves García.
6 Rad. 2020-00143-00 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente les asiste, máxime si
se tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del
derecho al trabajo en condiciones dignas, y a la fecha los señores Edisson Jafet Hurtado
Carvajal cuenta con el periodo causado entre 5 de julio de 2020 y 4 de julio de 2021 y
Miriam Emilse López Manzano cuenta con el periodo causado entre 1º de agosto de
2020 y 31 de julio de 2021 de conformidad a las pruebas aportadas por los actores en
respuesta a la solicitud de aclaración requerida en el trámite de segunda instancia.
Si bien es cierto que el principio de continuidad de los servicios públicos exige que las
funciones que desempeña la demandante continúen cumpliéndose adecuadamente, el
nominador no puede basarse en ese principio constitucional para desconocer el
derecho al descanso, pues la Ley 270 de 1996 prevé formas efectivas para conciliar los
dos intereses involucrados, tales como el encargo o el nombramiento en
provisionalidad 7.
De acuerdo con lo expuesto y en coherencia con el criterio que ha manejado esta Sala 8,
se accederá al amparo de los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana
y a la igualdad de los señores Edisson Jafet Hurtado Carvajal y Miriam Emilse López
Manzano. En consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y el
Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que, de acuerdo con
sus competencias, y de manera coordinada, en el término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan para proveer el reemplazo de los
referidos actores al momento en que pretendan materializar el derecho al disfrute del
descanso remunerado que ya causó.
7 Artículo 132. Formas de provisión de cargos de la rama judicial. La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá
hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso
de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se
pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de
vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes.
Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala
Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente
lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o el
Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva
Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un
mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido
este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las
normas respectivas.
Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala
Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante por el
competente, a quien dará aviso inmediato.
8 Sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01, Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
Análisis de la solicitud de la señora Andrea Sabrina Restrepo López
En el caso objeto de estudio se tiene que respecto a la señora Restrepo López habrá
lugar a declarar improcedente la acción de tutela dado que si bien reclama el periodo
de vacaciones causado entre el 19 de agosto de 2021 a 18 de agosto de 2022, la
presente solicitud de amparo fue presentada el 25 de febrero de 2022 es decir que el
Oficio núm. DESAJPO022- 218 de 2 de febrero de 2022 mediante el que se negó el
CDP no incluía la solicitud del periodo causado entre el 2021 y el 2022, pues como se
ve en ese momento no se había causado el periodo reclamado por la actora, y en esa
medida la actora acudió a la presente solicitud de amparo de manera prematura pues
aún no se había dado vulneración alegada, en razón de lo anterior la Sala declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia respecto a las pretensiones de la
señora Restrepo López.
Análisis de la solicitud de Hugo Alexander Diago Urrutia
La Sala destaca que el señor Diago Urrutia actúa en calidad de Juez Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, el cual solicita que la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Popayán – Cauca expida
partida presupuestal y en ese sentido, le sean concedidas sus vacaciones. En ese
sentido, la Sala estudiará si la acción de tutela resulta procedente en el caso concreto,
para proteger los derechos fundamentales invocados.
En primera medida se tiene que mediante el Oficio núm. DESAJPOO22-218, expedido
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Popayán – Cauca, se le
indicó que:
“Para el caso de sus vacaciones como Juez Titular del Despacho, comedidamente se
informa que una vez su el Tribunal Superior de Popayán en su calidad de nominador,
solicite la expedición de la Disponibilidad Presupuestal, el Área de Talento Humano
realizará la verificación de la existencia en el Despacho de un empleado que pueda ser
designado como Juez en encargo, en consonancia con la circular ya mencionada que
establece:
Numeral 4. Tal como está previsto en el artículo 132 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, las designaciones en encargo son procedentes cuando las
necesidades del servicio lo exijan. Por tanto, tratándose de Jueces, los nominadores
deberán ejercer esa potestad en todos los casos en que exista un empleado que cumpla
los requisitos para ser designado como Juez. Por su parte, el empleado encargado
asumirá este deber conforme lo prevé el artículo 153 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, sin derecho a percibir la remuneración señalada para el empleo
que se desempeña temporalmente, mientras su titular lo esté devengando (Art. 18 Ley
344 de 1996) ”. (Resaltado por la Sala).
Conforme a lo señalado, se tiene que lo procedente de conformidad a la normativa
aplicable al caso, es que el actor en su calidad de juez eleve su solicitud de vacaciones
ante el Tribunal Superior del Cauca como autoridad nominadora para que mediante acto
administrativo evalué si procede negar o no las vacaciones, sin embargo en el caso
objeto de estudio no se encuentra acreditado el actor hubiera elevado dicha solicitud.
En ese sentido, esta Sala considera que, al no existir prueba de la referida solicitud, no
se encuentra acreditada la vulneración alegada por el actor.
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Demandante: Hugo Alexander Diago Urrutia y otros.
Por lo tanto, la Sala revocará la providencia impugnada en su lugar se accederá al
amparo de los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana y a la igualdad
de los señores Edisson Jafet Hurtado Carvajal y Miriam Emilse López Manzano. En
consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y al Juzgado
Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que, de acuerdo con sus
competencias, y de manera coordinada, en el término de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan para proveer los reemplazos al
momento en que pretendan materializar el derecho al disfrute del descanso remunerado
que ya se causó de conformidad a lo expuesto en la parta considerativa de está
providencia.
En cuanto a lo pretendido por los señores Andrea Sabrina Restrepo López y Hugo
Alexander Diago Urrutia se negará la solicitud de amparo conforme a lo expuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 11 de marzo de 2022, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
acción de tutela al considerar que se configuró la cosa juzgada de conformidad
a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión, en su lugar la Sala
dispone:
2. Amparar los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana y a la
igualdad de los señores Edisson Jafet Hurtado Carvajal y Miriam Emilse López
Manzano. En consecuencia la Sala ordena a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que,
de acuerdo con sus competencias, y de manera coordinada, en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para
que se puedan proveer los reemplazos al momento en que pretendan materializar
el derecho al disfrute del descanso remunerado que ya causó.
3. Declarar improcedente la acción de tutela respecto a la señora Andrea Sabrina
Restrepo López conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.
4. Negar las pretensiones de la acción de tutela respecto al señor Hugo Alexander
Diago Urrutia.
5. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier
otro medio expedito.
6. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
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La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase,
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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