Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01367-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01367-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01367-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
17 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01367-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: ELIO MARIO ESCOBAR TORRES Y OTROS.
TESIS: SE MODIFICA PARCIALMENTE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO
SOLICITADO RESPECTO AL DEFECTO PROCEDIMENTAL, LOS
ACTORES NO AGOTARON EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN. EN LO DEMÁS SE CONFIRMA LA DECISIÓN, EL TRIBUNAL
NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE JUDICIAL ALEGADOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DIGNIDAD HUMANA, DEBIDO
PROCESO, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por los actores
contra la sentencia de 7 de abril de 2022, mediante la cual la
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó el amparo
solicitado.
1
En adelante Sección Quinta.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01367-01
Actores: ELIO MARIO ESCOBAR TORRES Y OTROS.
I – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores ELIO MARIO ESCOBAR TORRES, MARISOL OCAMPO
ROJAS, ISABEL SOFÍA y KAROL LICETH ESCOBAR OCAMPO,
ANAMILE LÓPEZ OCAMPO, CONSUELO TORRES MEJÍA, HELIO
ESCOBAR VALBUENA, ELIDA CONSUELO, LINA LORENA y
ELVIS ALEXIS ESCOBAR TORRES, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitan la protección de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso y
a la tutela judicial efectiva, los cuales estiman vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER2 al proferir la
providencia de 18 de noviembre de 2021, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
68679-3333-028-2018-00227-01, mediante la cual se confirmó la
sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la
demanda.
I.2.- Hechos
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En adelante Tribunal.
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Actores: ELIO MARIO ESCOBAR TORRES Y OTROS.
Manifestaron que el 8 de agosto de 2015, el señor ELIO MARIO
ESCOBAR TORRES sufrió un accidente de tránsito en el vehículo
automotor de placas BPJ-297 en la vía que conduce al Municipio de
Puerto Berrío y, debido al deficiente estado de la vía, perdió el control
del vehículo colisionando contra un árbol que se encontraba en el
carril contrario por el que transitaba.
Indicaron que con ocasión al accidente, el señor ELIO MARIO
ESCOBAR TORRES fue incapacitado y resaltaron que el vehículo fue
declarado en pérdida total por cuanto los daños superaron el 70%
del valor comercial.
Afirmaron que acudieron al juez administrativo a través del medio de
control de reparación directa en contra del INSTITUTO NACIONAL
DE VÍAS -INVIAS-3, la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA -ANI-4 y la sociedad AUTOPISTA DEL RÍO
MAGDALENA SAS, con el propósito de obtener el reconocimiento y
pago de los perjuicios patrimoniales debido a los daños antijurídicos
ocasionados por el deficiente estado de la vía.
3
En adelante Invias.
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En adelante Ani.
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Aseguraron que en primera instancia la actuación fue conocida por el
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE SAN GIL5 que,
mediante sentencia de 5 de febrero de 2021, denegó las pretensiones
de la demanda al encontrar probada la culpa exclusiva de la víctima
al conducir sobre el límite de velocidad permitido.
Sostuvieron que la anterior decisión fue apelada ante el TRIBUNAL
que, mediante sentencia de 18 de noviembre de 2021, confirmó la
decisión del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Señalaron que la providencia emitida por el TRIBUNAL adolece de
defecto procedimental al omitir los alegatos del recurso de
apelación y, al excluir la valoración razonable de las pruebas,
desestimando las pretensiones por medio de una decisión
incongruente e infundada.
Arguyeron que en la decisión objetada también se incurrió en
defecto fáctico, al sustentarse sin el debido apoyo probatorio, pues
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En adelante el Juzgado.
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consideraron que de haberse considerado y valorado el acervo
probatorio aportado, se concluiría la inexistencia de la culpa exclusiva
de la víctima.
Por otra parte, indicaron que la providencia objetada incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto se
apartó de los pronunciamientos de esta Corporación en los que se
determina la responsabilidad del Estado debido a la falta de
señalización y mantenimiento de las vías públicas.
I.4.- Pretensiones
Los actores solicitaron en el escrito de tutela el amparo de los
derechos fundamentales deprecados y, además:
“[…] Con todo respeto, señor Juez constitucional, solicito se ordene
al Tribunal Administrativo de Santander que profiera nueva
decisión en la acceda a las pretensiones de la demanda porque
incurrió en las causales de procedibilidad de acción de tutela contra
providencias judiciales dado que en su providencia adoptada el 18
de noviembre de 2021, incurrió en los defectos procedimental,
fáctico (porque sustentó su decisión sin el debido apoyo probatorio)
y de desconocimiento de antecedentes jurisprudenciales
sustentados en este libelo; lesionando de esta forma, y sin
justificación, más bien causando un perjuicio irremediable (el que
jurídicamente no deben soportar los accionantes) la defensa de sus
derechos fundamentales, para el caso los derechos fundamentales
constitucionales a la dignidad humana, al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, y los demás que se identifiquen […]”.
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I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital
contentivo del medio de control de reparación directa objeto de
análisis, sin emitir pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO indicó que los accionantes pretenden revivir un
debate jurídico que fue decidido en sede ordinaria dentro del medio
de control de reparación directa, por lo que no podrían volver a ser
puestos en consideración los argumentos debatidos, en tanto no está
plenamente demostrada la presunta vulneración de los derechos
fundamentales.
Señaló que la acción de tutela no fue instituida como una tercera
instancia, circunstancia que vulneraria la seguridad jurídica y el
debido proceso.
Mencionó que las decisiones cuestionadas fueron debidamente
motivadas de acuerdo con la ley, la jurisprudencia y los elementos
probatorios allegados al proceso y, no obedeció al capricho del
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fallador.
I.6.2.- La compañía MAPFRE SEGUROS GENERALES DE
COLOMBIA S.A. solicitó su desvinculación de la acción de tutela de
la referencia, al considerar que la compañía no es la encargada de
conceder la petición de tutela efectuada por los accionantes.
I.6.3.- El INVIAS manifestó que no se vulneraron los derechos
fundamentales alegados, en tanto la decisión se profirió dentro del
marco de razonabilidad.
Señaló que las pretensiones están encaminadas a reabrir el debate
de instancia y recordó que la acción de tutela no es una tercera
instancia en la que se puedan ventilar asuntos que fueron definidos
previamente en sede ordinaria.
I.6.4.- La ANI manifestó que no goza de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que la acción de tutela está dirigida a cuestionar
la sentencia de segunda instancia dictada por la autoridad judicial
accionada, situación que no le es atribuible.
I.6.5.- La sociedad AUTOPISTA DEL RÍO MAGDALENA SAS
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afirmó que no se vulneraron los derechos fundamentales invocado
por los actores, por cuanto las providencias cuestionadas no
incurrieron en yerros al adoptar las decisiones que desestimaron las
pretensiones.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 7 de abril de 2022, la SECCIÓN QUINTA
denegó las pretensiones de la demanda y las solicitudes de
desvinculación presentadas por la ANI, el INVIAS y la compañía de
seguros MAPFRE.
Consideró que en la providencia enjuiciada se efectuó un análisis
razonable del material probatorio y concluyó que el accidente de
tránsito tuvo como causa la culpa exclusiva del señor ELIO
ESCOBAR TORRES.
Indicó que la decisión cuestionada no fue arbitraria, ni caprichosa, ni
irracional, por cuanto los argumentos expuestos por el juez natural
de la causa se desarrollaron en el ejercicio de la autonomía e
independencia analizando los medios de convicción.
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Finalmente, concluyó que la providencia cuestionada no incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues en los casos
de responsabilidad del Estado por falta de señalización de las vías, la
Corporación ha señalado que es necesario probar el incumplimiento
de las obligaciones y que tal omisión fue la causa del daño, situación
que no se acreditó en el proceso objeto de estudio.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó
que se revoque en su integridad la decisión proferida.
Señalaron que el a quo guardó silencio respecto a los argumentos de
violación a la dignidad humana, a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso conforme se desplegó en la demanda de tutela.
Asimismo, afirmaron que “[…] la Sala con el fallo de tutela que ahora
se impugna, a más de que coadyuva a quebrantar los derechos
fundamentales constitucionales de los tutelantes con su decisión de
negar el amparo de los derechos fundamentales alegados, incurre en
defecto sustantivo por insuficiencia en la motivación de la decisión
judicial […]”.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
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afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
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planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje sin efecto
la providencia de 18 de noviembre de 2021, proferida dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 68679-3333-028-2018-00227-01, mediante la
cual se confirmó la decisión de primera instancia que denegó las
pretensiones de la demanda.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva, toda vez que, a juicio de los actores, la sentencia
objetada adolece de defecto procedimental al pretermitir los
alegatos del recurso de apelación y, al excluir la valoración razonable
de las pruebas desestimando las pretensiones por medio de una
decisión incongruente e infundada.
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Igualmente, afirmaron que la autoridad judicial incurrió en defecto
fáctico al sustentar la providencia sin el debido apoyo probatorio,
pues de haberse valorado el material probatorio allegado se
concluiría la inexistencia de la culpa exclusiva de la víctima.
Por último, en lo concerniente al desconocimiento del precedente
jurisprudencial, los actores sostuvieron que la autoridad judicial
accionada se apartó de los pronunciamientos en los que se determina
la responsabilidad del Estado debido a la falta de señalización y
mantenimiento de las vías públicas.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN QUINTA que denegó el amparo solicitado y las solicitudes
de desvinculación presentadas por la ANI, el INVÍAS y la compañía
de seguros MAPFRE.
La impugnación de la parte actora está estructurada sobre
argumentaciones relacionadas con el silencio del a quo respecto a los
argumentos de violación a la dignidad humana, a la tutela judicial
efectiva y al debido proceso, conforme se desplegó en la demanda.
Asimismo, insistieron en la configuración de los defectos sustentados
en la solicitud de amparo.
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Precisado lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con
los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
accionado vulneró los derechos deprecados e incurrió en los
defectos procedimental, fáctico y desconocimiento del
precedente judicial, al haber proferido la sentencia de 18 de
noviembre de 2021 aludida.
La Sala advierte que frente a los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, por cuanto los actores
plantean, con suficiente carga argumentativa, las razones por las
cuales, en su criterio, el TRIBUNAL accionado vulneró sus derechos
fundamentales y se configuran los defectos aludidos; contra la
decisión cuestionada frente a dicho disenso no proceden recursos y
tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios
de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de
jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se
interpuso en un plazo razonable6 y, por último, la solicitud identifica
los hechos y derechos que se estiman lesionados.
6
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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Ahora bien, contrario ocurre respecto a los argumentos que
sustentan el defecto procedimental, dado que sobre este aspecto
no se cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida que
está encaminado a ilustrar una falta de congruencia en la sentencia
y la pretermisión de instancia.
En efecto, los actores manifiestan que el TRIBUNAL omitió
pronunciarse frente al contenido de los alegatos de conclusión del
recurso de apelación y excluyó la valoración razonable de las
pruebas, desestimando las pretensiones a través de una sentencia
falsamente motivada, incongruente e infundada.
Así entonces, para discutir dichos planteamientos los actores tienen
a su disposición el recurso extraordinario de revisión de conformidad
con la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley
1437 de 18 de enero de 20117, esto es, por presuntamente existir
una nulidad en la sentencia acusada.
Respecto al recurso extraordinario de revisión y particularmente
frente a la causal establecida en el numeral 5 de la aludida norma, la
7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación8 ha
señalado diferentes circunstancias que pueden conllevar la
configuración de una nulidad en la sentencia que pone fin a un
proceso ordinario, seguido ante esta jurisdicción, en los siguientes
términos:
“[…] 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se
genere en el preciso momento en que se dicta la sentencia objeto
de censura contra la cual no procede el recurso de apelación, pues
si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a ésta, no
tendrá cabida el recurso extraordinario de revisión, salvo, que se
trate de circunstancias que aunque ocurrieron con anterioridad a
esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por el recurrente
que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario, equivaldría a
permitir que el mencionado recurso se convierta en una
oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las partes
incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no proponer las
nulidades del caso de acuerdo con las reglas de oportunidad
previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para proponer nulidades
que quedaron saneadas en los términos del artículo 144 ib.
Ahora bien, sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado los
siguientes:
a. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del
proceso por desistimiento, transacción o perención, porque con
esto se revive un proceso legalmente concluido.
b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra
suspendido.
c. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la
decisión, por la firma de más, o menos jueces de los requeridos
legalmente.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de noviembre de
2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001031500020120023000.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01367-01
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d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir
una sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la
non reformatio in pejus [como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la
invocada].
e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de
jurisdicción o competencia del juez.
En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las
sentencias están enmarcadas en dos grupos a saber, el compuesto
por las irregularidades originadas en vicios que constituyen causal
de nulidad del proceso y solo pudieron ser advertidos en la
sentencia y, las relativas a los vicios que contiene la sentencia.
Finalmente debe recordarse que la carga probatoria del recurso
frente a la causal corresponde de manera íntegra al recurrente.
[…]”. (Destacado fuera de texto).
Conforme con la jurisprudencia en cita, es dable concluir que la
incongruencia de una sentencia, por falta de decisión frente a algún
aspecto sometido a consideración del TRIBUNAL, así como la
carencia de motivación de la providencia, conllevaría que tal situación
sea sujeta a control judicial mediante el ejercicio del recurso
extraordinario de revisión, en los términos aludidos.
Cabe resaltar que esta Sala en repetidas oportunidades, entre ellas,
mediante providencia de 11 de octubre de 20189, se pronunció
respecto del recurso extraordinario de revisión como mecanismo de
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre
de 2018. Número único de radicación 11001031500020180237200. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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defensa idóneo y eficaz cuando el juez ordinario ha omitido
pronunciarse en la sentencia, sobre algún aspecto propuesto por una
de las partes y que deba ser resuelto en esta, de la siguiente manera:
“[…] 47. Por tanto, la Sala al revisar el presente caso, considera
que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez
que el actor contaba con otro medio idóneo y eficaz de defensa
judicial para controvertir la sentencia proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que es el recurso extraordinario de revisión,
antes de acudir a la tutela.
48. En efecto, el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación señalado en los artículos 248 a 255 del CPACA, que
limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa
juzgada y permite que se subsanen determinadas
irregularidades o ilegalidades.
49. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de
la justicia10, lo cual no implica, en general, el desconocimiento de
los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto
de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas
circunstancias y por las razones señaladas específicamente en la
ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el
imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es
precisamente en atención a lo anterior que el recurso de revisión
se consagró como un medio extraordinario de impugnación.
50. En efecto, el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, enumera
como causal de revisión […] 5. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso alguno […]”. Asimismo, en relación con las irregularidades
sustanciales del procedimiento que pueden considerarse como
nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia de la Sala Plena
del Consejo de Estado11 ha señalado que la falta de motivación de
la sentencia es una de ellas.
51. Nótese que en el presente caso concreto una de las
10
Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José
Gregorio Hernández Galindo.
11
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de febrero de 2015.
C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, número único de radicación 2009 – 00494.
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controversias jurídicas principales, además de establecer si se le
debía o no reconocer al actor el subsidio familiar y la prima de
actividad, era lo referente al reajuste de su pensión teniendo en
cuenta la variación porcentual del índice de precios al consumidor
certificado por el DANE, pretensión que a pesar de ser negada
no fue objeto de análisis en la sentencia proferida por el
Tribunal y en esa medida frente a esta pretensión la
sentencia carece de motivación.
52. En suma, la Sala reitera que era obligatorio por parte del actor
presentar el recurso extraordinario de revisión para controvertir lo
decidido en las instancias, lo cual, trae como consecuencia el no
cumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de
la acción de tutela. […]” (Destacado fuera del texto original).
De igual forma esta Sala12 de forma reiterada ha sostenido que la
acción de tutela es improcedente por subsidiariedad, cuando se alega
el defecto de decisión sin motivación, así:
“[…] 67. Ahora bien, frente a la causal de decisión sin
motivación, esta Sección considera que no se cumple con el
requisito de la subsidiariedad, toda vez que el actor contaba con
otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, esto es, el
recurso extraordinario de revisión.
68. En efecto, esta Corporación se pronunció en relación con la
causal de nulidad originada en la sentencia, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión, señaló:
[…]
69. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento
en la jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine
otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección
de los derechos del actor, como lo es el recurso extraordinario de
revisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para
controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la causal de
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-06092-00, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
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decisión sin motivación, antes de acudir a la acción de tutela.
En esa medida, la Sala declarará la improcedencia de la tutela
frente a este cargo como se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia […]”
En el caso bajo estudio, los actores no han agotado el recurso
extraordinario de revisión, siendo este el mecanismo idóneo para que
se discuta la presunta omisión que predica frente a la providencia
acusada, bajo los argumentos que sustenta el defecto
procedimental.
Por otra parte, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio, aspecto sobre el cual ni siquiera se hizo
mención en el escrito introductorio.
En ese sentido, la Sala modificará parcialmente el fallo impugnado y,
en su lugar, declarará improcedente la solicitud de tutela respecto al
defecto procedimental invocado, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
Ahora bien, en lo que concierne a los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial la acción de tutela sí
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cumple con los requisitos generales de procedibilidad, por lo que se
desarrollará el marco jurídico para enseguida resolver el fondo del
asunto.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 201313, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
13
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Desconocimiento del precedente judicial
Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del
precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo
establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el
poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla
general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
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encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta), que
supone no solamente la igualdad ante la ley sino también de trato por
parte de las autoridades y concretamente igualdad en la
interpretación y aplicación de la ley por las autoridades judiciales,
garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y con ella la
certeza de la comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir
los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como límite a
la autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente14”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
14 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.
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igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial15.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)16.
Caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,
se debe examinar lo decidido en la sentencia de 18 de noviembre de
2021 proferida por el TRIBUNAL, aquí cuestionada, en la cual se
indicó lo siguiente:
“[…] 2. Responsabilidad del estado por daños ocasionados
en ejecución de una obra pública. Accidente de tránsito.
En sentencia de fecha 5 de octubre de 2017[1] la Sección Tercera
del Honorable Consejo de Estado recordó que para que opere la
15 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
16 Ver sentencia T-292 de 2006.
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cláusula general de responsabilidad extracontractual del Estado,
debe acreditarse la causación de un daño antijurídico que el
administrado no está en deber se soportar y que sea imputable al
Estado, a efectos que el operador jurídico realice el juicio de
valoración que le permita encontrar un título jurídico diferente a
la simple causación material que legitime una decisión de
responsabilidad. Eso implica que la imputación que realice el
afectado debe ir más allá de la simple causalidad por lo que se
debe probar el fundamento o la razón de la obligación de
indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización
del daño antijurídico, entendido esto como la acreditación de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurre el hecho
dañoso explicando claramente los motivos por los cuales este es
atribuible a la Administración.
Así mismo corresponde a la parte demandante acreditar la
existencia de un nexo de causalidad entre el daño que se alega y
que debe ser probado con una acción y omisión del Estado, como
elementos de declaratoria de responsabilidad Estatal, por ende,
solo cuando se encuentren acreditados dichos elementos es
procedente en sede judicial ordenar la indemnización de perjuicios
a que haya lugar.
En relación con la responsabilidad estatal por los daños que se
causan en ejecución de una obra pública y ante la falta de
señalización, en sentencia del 24 de septiembre de 2020
proferida en el proceso con radicado 13001- 23-31-000-2010-
00649-01(49860), la Sección Tercera del Honorable Consejo de
Estado se remitió a pronunciamientos anteriores[2] para señalar
que consistentemente se ha considerado que el régimen bajo el
cual deben analizarse los casos es el subjetivo de responsabilidad
por falla en el servicio, según el cual, no basta con la que victima
acredite el daño, sino que se requiere demostrar que éste fue
consecuencia directa de una ejecución irregular o inejecución de
una actividad a cargo del Estado – como la falta de señalización -
.
Agregó que cuando la responsabilidad es atribuida a los
contratistas de la Administración, debe tenerse en cuenta que
esto no relega a la entidad contratante de reparar los daños
causados por el contratista, dado que el desarrollo de la obra tiene
como fundamento en la satisfacción del interés general y la
concreción de los fines del Estado, de modo que los efectos que
se deriven de la ejecución de la obra le corresponden a la entidad.
Ahora, en sentencia del 29 de noviembre de 2019 (expediente
05001-23-31-000-2002-02333-01(46780), la misma Sección se
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remitió a la sentencia del 14 de junio de 2018 (expediente
46668), en donde al respecto se precisó:
“…el deber de construir carreteras seguras y adecuadas a los
requerimientos del tráfico, y mantenerlas en buen estado, trae
consigo la obligación de la Administración de ejercer el control de
las mismas, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten
los peligros. Cabe recordar además que, por virtud del “principio
de confianza legítima, si un corredor vial está habilitado para el
tránsito, no [es] esperable encontrar irregularidades de tal
magnitud, pues cuando menos debían estar debidamente
señalizadas, si es que no había sido posible su reparación”
3. Culpa exclusiva de la víctima con causal eximente de
responsabilidad en procesos adelantados por ocurrencia
de accidentes de tránsito.
La culpa exclusiva de la víctima, se traduce en la violación por
parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el
administrado y se erige en el ordenamiento jurídico como causal
que exonera de responsabilidad al Estado en la producción del
daño, y para que esta prospere se requiere en cada caso concreto,
determinar si su proceder activo u emisivo tuvo o no injerencia
en la producción del daño.
En pronunciamiento del 30 de noviembre de 2016[3] la Sección
Tercera del H. Consejo de Estado reiteró la tesis expuesta en
sentencia del 2 de mayo de 2007[4] y 20 de octubre de 2014[5],
señalando que para que el hecho de la víctima tenga efectos
liberadores de la responsabilidad estatal es necesario que la
conducta desplegada por esta sea la causa del daño y la raíz
determinante del mismo, es decir, que sea la causa eficiente y en
el evento que se advierte la figura de la concausa en la producción
del daño esto no eximirá al demandado de su responsabilidad y
su deber de indemnizar, pero si genera una rebaja en la
reparación en proporción a la participación de la víctima.
Para que la conducta de la víctima pueda exonerar de
responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa
determinante en la producción del daño y ajena a la
Administración. En los eventos en los cuales la actuación de la
víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del
daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad.
La violación por parte de la víctima de las obligaciones a las cuales
está sujeto el administrado, la que exonera de responsabilidad al
Estado en la producción del daño cuando ésta es exclusiva. Esto
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no sólo opera por virtud del consentimiento de un acto ilícito, sino
al despliegue de una conducta que es violatoria de las
obligaciones a las que está llamado a cumplir (v.gr., en la
conducción de vehículos a la velocidad ordenada, a la distancia de
seguridad, a la realización de maniobras autorizadas, al respeto
de la señalización, etc.)
Debe demostrarse además de la simple causalidad material según
la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la
producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino
del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la
desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta;
Que la víctima por sus propios hechos y actuaciones se puso en
condiciones de soportar el daño. […]
2. Conclusiones
2.1 De conformidad con el material probatorio recaudado en
especial con los informes del accidente Informe Policial de
Accidente de Tránsito No. 000139576 y el rendido por la
Concesionaria Autopista Rio Magdalena S.A.S, coindicen en
manifestar que el clima al momento del accidente, era lluvioso lo
que generó que la vía estuviese húmeda, circunstancia que es
corroborada por los testigos Arvey Jesús Sánchez Castaño y Jhon
Fredy Londoño.
2.2 Del mismo modo se pudo establecer que el señor Escobar
Torres, quien conducía el vehículo accidentado conocía el estado
de la vía, como quiera que transitaba constantemente por la
misma, en consecuencia tenía conocimiento previo de la
existencia del mentado hueco; tal y como se colige del testimonio
del señor Sánchez Castaño, quien estaba en el vehículo en el
momento del suceso, quien manifestó que todos los conductores,
incluyendo al demandante tienen conocimiento de la vía, que
saben en dónde están los huecos y cuales representan peligro.
2.3 En el mismo sendero conforme a declaración rendida por el
demandante, indica que en el momento del accidente transitaba
entre “85, 80 85 km por hora”, lo cual coincide con la afirmación
del testigo Sánchez Castaño, quien indicó que el vehículo iba a
una velocidad de unos 70 a 80 km por hora; acorde con la
información suministrada tanto por el informe de interventoría
referido anteriormente, el límite de velocidad en el km 160+500
oscilaba entre 70 a 80 km, circunstancia que estaba plenamente
señalizada; de donde se colige que Escobar Torres, al momento
del accidente, conducía su vehículo sobre los límites de velocidad
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e inclusive con exceso (de conformidad con los daños que se
evidencian en el vehículo) o sobre los límites permitidos en ese
sector, situación que denota el desconocimiento de las señales de
tránsito por parte del conductor y la vulneración de las normas de
tránsito1 que establecen la prohibición de sobrepasar los límites
de velocidad al momento de conducir.
El tránsito de automotores sobre cualquier vía debe ser precavido,
como quiera que la conducción de un vehículo per se implica, la
existencia o generación de cierto riesgo y es considerada como
una actividad peligrosa, sobre el particular ha dicho el H. Consejo
de Estado2:
“Para efectos de establecer el criterio de imputación aplicable en
relación con los daños que se deriven del ejercicio de una
actividad peligrosa, la Sala ha diferenciado la situación de las
víctimas que ejercen la actividad, de aquellas que son ajenas
a la misma, para concluir que frente a las primeras, para efectos
de determinar la imputación del daño el Estado deberá tener en
cuenta que quien se vincula a ese tipo de actividades
participa en la creación del riesgo que la misma entraña y,
por lo tanto, tiene la obligación de extremar las medidas
de seguridad, para evitar la causación de daños a otros y
asi mismos. (…)
Quien maneja un arma, conduce un vehículo etc, no podrá
invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa para
reclamar del Estado la indemnización por el daño que sufra
como consecuencia del uso del arma, de la conducción del
automotor etc, en tanto es él mismo, precisamente quien
está llamado a actuar de manera diligente y prudente en el
ejercicio de la actividad peligrosa que se le recomienda.
(negrillas y subrayas fuera de texto)
2.4 En el presente caso la configuración de la culpa exclusiva de
la víctima como causal eximente de responsabilidad se encuentra
probado en el expediente, donde se estableció que la actuación
del señor Elio Mario Escobar Torres contribuyó directamente al
acaecimiento del accidente, es decir, actuó de manera imprudente
desatendiendo obligaciones y reglas a las que debería estar sujeta
la actividad de conducción. En este orden, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia. […]” (Negrillas pertenecen al
texto)
De los apartes trascritos de la providencia acusada, la Sala observa
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que como fundamento de la decisión cuestionada, el TRIBUNAL
efectuó un análisis del régimen de responsabilidad del Estado por los
daños ocasionados en la ejecución de obras públicas y accidentes de
tránsito.
En la argumentación desplegada por la autoridad judicial, puede
evidenciarse el análisis razonado de sendos pronunciamientos de la
Sección Tercera de esta Corporación, con los que concluyó que la
cláusula de la responsabilidad extracontractual del Estado se
encuentra ligada a la acreditación del daño antijurídico y el nexo de
causalidad entre el daño deprecado y la acción u omisión del Estado,
por lo tanto consideró que una vez se encuentren acreditados tales
elementos sería procedente el reconocimiento de la indemnización
de perjuicios.
Por otra parte, se refirió a la “culpa exclusiva de la víctima” como
causal de eximente de responsabilidad y, apoyado en las tesis
planteadas en los pronunciamientos de esta Corporación, sostuvo
que la trasgresión de las obligaciones a las que está sujeta la víctima
exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.
Asimismo, consideró que debe demostrarse la participación de la
víctima, la causa eficiente en la producción del daño y el actuar
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imprudente o culposo en la desatención de las obligaciones a las que
debió estar sujeta la víctima.
Adicionalmente, al examinar el caso concreto el TRIBUNAL concluyó
que del material probatorio allegado se demostró la configuración de
la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de
responsabilidad, habida cuenta que el señor ELIO MARIO ESCOBAR
TORRES actuó de manera imprudente al desatender las reglas de
tránsito al superar los límites de velocidad.
En ese sentido, la Sala no evidencia el defecto fáctico alegado por
los accionantes, por cuanto la decisión cuestionada fue debidamente
sustentada en el material probatorio aportado al plenario y conforme
a la previsión jurisprudencial desarrollada en las consideraciones, la
autoridad judicial coligió que el actuar imprudente y culposo de la
víctima al conducir sin el respeto de los límites de la velocidad fue
determinante en la producción del daño, por lo tanto al configurarse
el eximente de responsabilidad no habría lugar a reconocer los
perjuicios alegados por los actores en sede ordinaria.
Finalmente, la Sala advierte que la autoridad judicial tampoco
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incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial,
pues tal como se explicó en precedencia, la interpretación
jurisprudencial que desarrolló el TRIBUNAL en el ejercicio de la
autonomía interpretativa no fue arbitraria e incongruente con los
lineamientos establecidos en el ordenamiento jurídico y en el análisis
del problema jurídico planteado en el proceso ordinario.
En ese orden de ideas, la Sala observa que la autoridad judicial
accionada no incurrió en los defectos endilgados, toda vez que la
providencia cuestionada está debidamente motivada, con
fundamento en la normativa aplicable y el material probatorio
allegado en su momento al proceso ordinario, por lo que el hecho de
que los actores no compartan la decisión allí dispuesta, no implica la
vulneración de los derechos fundamentales ni la ocurrencia de
algunos de los defectos específicos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial.
En las condiciones anotadas, la Sala modificará parcialmente el fallo
proferido en primera instancia en lo que respecta al defecto
procedimental y, en su lugar, declarará improcedente la solicitud
de tutela frente al mismo y, en lo demás, se confirmará la decisión
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como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada respecto del
defecto procedimental y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de tutela, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de junio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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