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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01379-00

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01379-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Amparar el derecho de petición formulado el 29 de marzo de 2021 por la señora Alina Leonor Ricardo Soto ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. En consecuencia, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que en el plazo máximo e improrrogable de 48 horas, responda la solicitud elevada por la accionante, de manera puntual y de fondo. Id Documento: 11001031500020220137900005025220148 Segundo. Rechazar por improcedente la acción de tutela con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01379-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

12 de mayo de 2022

1

Radicación: 11001 03 15 000 2022 01379 00
Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 01379 00
Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto
Demandado: Presidencia de la República y otros

Tema: Derecho de petición / nulidad de actos administrativos y
restitución de inmueble despojado / falta de inmediatez / ausencia
del requisito de subsidiariedad / no configuración del perjuicio

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
irremediable

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Alina Leonor Ricardo
Soto contra la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado Colombiano, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Defensoría del Pueblo, la
Agencia Nacional de Tierras —Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas Nacional—y Dirección Territorial de Montería
Córdoba, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República, Oleoductos Bicentenario de Colombia S.A.S., y
la Superintendencia de Notariado y Registro.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01379 00
Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Alina Leonor Ricardo Soto, actuando en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se acojan, las siguientes pretensiones:

1° SE CONCEDA a mi favor la acción de tutela invocada, ordenando amparar y
proteger mis derechos fundamentales Constitucionales a derecho de petición (Art 23
C.P) LA PROPIEDAD (art 58 de la Constitución Política), de la VIDA DIGNA Y
DIGNIDAD HUMANA (Art. 1 C.P), de LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD (art. 16 C.P), de la DISCRIMINACIÓN Y AMPARO DE LA
FAMILIA (art. 5 C.P), el derecho AL TRABAJO en condiciones dignas y justas (art.
25 CP), TERCERA EDAD- ADULTO MAYOR – MUJER SOLTERA CABEZA DE
FAMILIA- DESPAZAMIENTO POR DESPOJO DE TIERRAS.

(...)

2- EN CONCECUENCIA, se ordene a los accionados arriba identificados en uso y
aplicación del principio de colaboración armónica institucional, establecido en el
articulo 113 inciso 3 de la Constitución Política de Colombia, para que dentro de un
término razonable, adelante las gestiones administrativas tendientes a la restitución

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jurídica y material del bien inmueble rural descrito en los hechos de esta acción, a
favor de la suscrita, concediendo retornar a las tierras de mi propiedad con título
registral M.1. 146-0021-110 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Lorica, como viene arriba identificado, en condiciones de seguridad y garantía de no
repetición, y las cuales equivalen a siete (7) hectáreas, ubicadas en el corregimiento
el porvenir municipio de San Antero (Córdoba), las que fueron adjudicadas mediante
actos administrativos NULOS al señor EDUARDO MANUEL MONTAÑO LOPEZ,
por INCORA a través de las resoluciones N° 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003.

3°- POR CONSIGUIENTE, Se ordene al accionado DIRECTOR UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DESPOJADAS, de Bogotá y Montería, expedir los actos administrativos de
restitución de tierras y de nulidad de las resoluciones N° 0345 y 0346 del 23 de abril
de 2003 expedidos en su época por INCORA y/o INCODER, y de inclusión en el
registro único de victima con ocasión del desalojo y despojo de mis tierras, lo que
sustancialmente es un desplazamiento forzado en medio del conflicto armado interno;
por así haberlos solicitado anteriormente.

4°- SE ORDENE, se ordene al señor Registrador de Instrumentos Públicos de Lorica-
Córdoba, abstenerse de inscribir todo acto de disposición, mutación del dominio,
limitación de gravamen, que no provenga de la señora Alina Leonor (…). (sic en todo
el texto transcrito).

En escrito que radicó con posterioridad a la interposición de la acción de tutela, la
accionante modificó el numeral primero de las pretensiones, en el sentido de excluir
el derecho de petición y, en ese orden el referido numeral quedó de la siguiente
manera:

1° SE CONCEDA a mi favor la acción de tutela invocada, ordenando amparar y
proteger mis derechos fundamentales Constitucionales a LA PROPIEDAD (art 58 de

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Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

la Constitución Política), de la VIDA DIGNA Y DIGNIDAD HUMANA (Art. 1 C.P), de
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (art. 16 C.P), de la
DISCRIMINACIÓN Y AMPARO DE LA FAMILIA (art. 5 C.P), el derecho AL
TRABAJO en condiciones dignas y justas (art. 25 CP), TERCERA EDAD- ADULTO
MAYOR – MUJER SOLTERA CABEZA DE FAMILIA- DESPAZAMIENTO POR
DESPOJO DE TIERRAS. (sic en todo el texto transcrito).

1.1.2. Los hechos

La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) La sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de
Montería del 26 de octubre de 2019, cesó los efectos civiles del matrimonio religioso
que había contraído con el señor Víctor Eduardo Montaño López, y se dispuso la
disolución y liquidación de la sociedad conyugal, decisión que fue confirmada el 25
de julio de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el 25 de

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
junio de 2005.

ii) Mediante providencia del 8 de noviembre de 2005, el Juzgado Tercero del
Circuito de Montería aprobó la partición y adjudicación de bienes de la sociedad
conyugal sobre el bien inmueble rural identificado con matrícula inmobiliaria 146-
0021-110 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica y le
correspondió a la accionante el 100% del predio denominado «La Esperanza» con
cabida de 24 hectáreas, ubicado en la vereda el Peñón, corregimiento del Porvenir,
jurisdicción del municipio de San Antereo (Córdoba).

iii) Desde entonces cuenta con el título de propiedad de dicho inmueble, a
excepción de lo que vendió con posterioridad; sin embargo, el predio en la actualidad
se encuentra ocupado ilegalmente por la Empresa de Oleoductos Bicentenario de
Colombia S.A.S. y el señor Edgardo Manuel Montaño López, en virtud de la
adjudicación como baldíos que fue realizada a través de las Resoluciones 0345 y
0346, ambas del 23 de abril de 2003.

iv) Ante esta situación, procedió a denunciar por usurpación de tierras, a los
señores Víctor Eduardo Montaño López y Eduardo Manuel Montaño López, asunto
sobre el cual la Fiscalía 12 Local de Lorica Córdoba le halló la razón, pero en

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Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

segunda instancia, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Montería, Sala Penal, revocó la decisión. A partir de ese momento, ha puesto en
conocimiento de las entidades accionadas, los hechos hasta aquí narrados, con el fin
de lograr obtener la restitución de los derechos de los que fue despojada y
desplazada.

v) En tal sentido elevó peticiones ante la Dirección de la Unidad Administrativa
Especial de Restitución de Tierras y la Oficina Territorial de Restitución de Tierras de
Montería, e igualmente, solicitó a esta última dependencia, al INCORA y al
INCODER, que en virtud del artículo 77 numerales 3 y 4 de la Ley 1448 de 2011
fueran anuladas las Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003.

vi) Igualmente, presentó peticiones a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Lorica, INCODER, Agencia Nacional de Tierras, Fiscalía General de la

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
Nación, Contraloría General de la República, Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, Procuraduría General de la Nación, sin obtener respuesta que ampare su
derecho a la propiedad y retorno al inmueble en condiciones dignas y seguras, con
garantía de «no repetición e igualdad». Actualmente, cursa ante la Fiscalía 12 Local
de Lorica, solicitud de restablecimiento del derecho respecto de Ecopetrol –
Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. –

vi) Desde cuando fue «despojada injustamente» de 7 hectáreas de terreno de su
propiedad, se encuentra en estado de vulnerabilidad, pues cuenta con 75 años,
«discapacidad en las dos piernas» y problemas de visión; además, es madre soltera
cabeza de familia, con «debilidad manifiesta y estado de indefensión».

1.1.3. Fundamentos jurídicos

La accionante considera vulnerados los derechos arriba citados por cuanto que:

i) Las Oficinas de Restitución de Tierras no han resuelto sobre las solicitudes de:
a) restablecimiento de su derecho de propiedad, b) la nulidad de actos
administrativos y c) su inclusión en el registro único de víctimas.

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ii) Se encuentra en estado de debilidad manifiesta y de indefensión frente a las
accionadas y los particulares. De otra parte, no cuenta con recursos económicos.

iii) No tiene otro medio de defensa judicial, dado que ya acudió a la denuncia
penal por el delito de usurpación de tierras ante la Fiscalía General de la Nación,
cuya decisión en segunda instancia desprotegió su derecho a la propiedad.

iv) Las Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003, mediante las cuales el
INCORA y/o INCODER (sic), adjudicaron al señor Edgardo Manuel Montaño López el
predio rural de propiedad de la accionante, son nulas al tenor de lo previsto en los
artículos 65 inciso 5 y 69 de la Ley 160 de 1994; artículos 32 de la Ley 387 de 1997;
77 de la Ley 1448 de 2011 y 29 de la Constitución Política1.

1.2. Actuación Procesal

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1.2.1. Mediante auto del 2 de marzo de 2022, se inadmitió la acción de tutela y se
ordenó a la demandante que: i) realizara la manifestación juramentada respectiva, ii)
aclarara ampliamente si los hechos generadores de vulneración de sus derechos
fundamentales están relacionados con la ausencia de respuesta a solicitudes
presentadas y/o con acciones u omisiones, de otra índole, por parte de los entes
accionados. Si están vinculadas a derechos de petición, indicar todos los
consecutivos de radicación y fechas de presentación de las solicitudes, iii) indicar si
presentó peticiones ante la Notaría Única de San Antero Córdoba, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Defensoría
del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, y
la Contraloría General de la República, de las cuales no haya recibido respuesta y
aportara la copia de las peticiones y iv) señalara si inició el trámite para ser incluida
en el Registro de Tierras Despojadas, y la consecuente acción de restitución, con la
Unidad de Restitución de Tierras.

1
La accionante menciona que fueron desconocidas las sentencias C-330 de 2006 y T-025 de 2004,
así como los artículos 1, 5, 6, 16, 90 y 93 de la Constitución Política y los artículos 28, 71, 74, 75, 76
de la Ley 1448 de 2011, sin especificar los motivos sobre los cuales se fundamenta la infracción.

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Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

1.2.2. A través de escrito radicado el 9 de marzo de 2022, la accionante aclaró que la
vía constitucional se funda en la omisión de las accionadas de amparar los derechos
a la propiedad, la vida digna, la dignidad humana, el libre desarrollo de la
personalidad, la discriminación y el amparo a la familia, al trabajo, a la tercera edad,
de la mujer soltera cabeza de familia y desplazada por despojo de tierras.
Igualmente, advierte que ha formulado el derecho de petición para «darle a conocer
al Honorable Magistrado todo el agotamiento previo constitucional, hecho ante las
autoridades accionadas».

Manifestó que en efecto elevó peticiones al Ministerio de Justicia, Defensoría del
Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y la
Contraloría General de la República, de las cuales recibió respuesta, cuyas copias
allegó con el escrito de tutela; sin embargo, advierte que las entidades también
deberán aportarlas. En cuanto a la Notaría Única de San Antero Córdoba y el

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
Ministerio de Agricultura, afirmó que no les elevó petición, pero las incluyó como
accionadas teniendo en cuenta que se debe «decretar la nulidad del acto
administrativo que condujo al despojo de mis tierras», en virtud del principio de
colaboración armónica, al igual que lo hizo con la Superintendencia de Notariado y
Registro por ser la autoridad a la que se le debe ordenar efectuar el registro de la
anulación.

Precisa que no ha iniciado el trámite de inclusión en el registro de tierras despojadas,
pero sí solicitó al director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas de Montería, la restitución de la propiedad sobre
el terreno despojado, sobre lo cual recibió respuesta negativa. Agrega, que ante las
Oficinas de Restitución de Tierras, nacional y seccional de Montería presentó
«escrito de Nulidad de los actos administrativos resolución 0345 de fecha 23 de abril
de 2003 y 0346 de fecha 13 de abril de 2003, de Incora y/o Incoder», sin que hasta el
momento haya obtenido respuesta.

1.2.3. Mediante auto del 17 de marzo de 2022, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar como demandados a la Presidencia de la República, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado Colombiano, al Ministerio de Justicia y del
Derecho, al Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la

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Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras-Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Nacional —y Dirección
Territorial de Montería Córdoba—, a la Fiscalía General de la Nación, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a
Oleoductos Bicentenario de Colombia S.A.S., y a la Superintendencia de Notariado y
Registro y se les otorgó el término de tres días para rendir el respectivo informe.

Como terceros interesados en las resultas del proceso se vinculó a la Agencia de
Desarrollo Rural (ADR) y a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), al haber
reemplazado funciones del INCODER, así como al señor Edgardo Manuel Montaño
López y, se ordenó emplazar a los señores Víctor Eduardo Montaño López, Gabriel
Eduardo Montaño López y Daniel Enrique Bolaños Martínez y publicar el proveído en
la página web del Consejo de Estado y de la Rama Judicial dirigido a los tres últimos
mencionados y se advirtió que de no comparecer en los siguientes tres días, se les

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
designaría curador ad litem.

Finalmente, se requirió a la Agencia Nacional de Tierras —Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Nacional— y —Dirección
Territorial de Montería Córdoba—, para que allegaran las copias de las Resoluciones
0345 y 0346 del 23 de abril de 2003, emitidas en su momento por el INCODER, e
indiquen si ya dieron respuesta congruente y de fondo a las solicitudes presentadas
por la señora Alina Leonor Ricardo Soto, en relación con las resoluciones en
mención y la restitución de tierras despojadas.

1.3. Contestaciones de la demanda

1.3.1. De la Presidencia de la República

El apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República—
DAPRE— y/o del señor presidente de la República, solicitó que se declare la falta de
legitimación material en la causa por pasiva o en su defecto, la improcedencia de la
acción de tutela por inexistencia de la vulneración de los derechos invocados, de
acuerdo con lo siguiente:

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Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

i) Se debate un asunto ajeno a las competencias de la DAPRE y del presidente de la
República, de acuerdo con lo previsto en los artículos 115 y 189 de la Constitución
Política, 56 de la Ley 489 de 1998, 1, 3 y 4 del Decreto 1784 de 2019, y 159 del
CPACA.

ii) En consecuencia, no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados,
teniendo en cuenta, además, que la accionante enfila sus reproches por presuntas
acciones y/o omisiones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas Nacional.

1.3.2. De la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Colombiano —
ANDJE—

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ANDJE informó que no incurrió en

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vulneración alguna de los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que:

i) Una vez revisado el Sistema Documental Orfeo se pudo establecer que la
señora Alina Leonor Ricardo Soto, el 27 de febrero de 2019, mediante radicado
20198000379912 del 27 de febrero de 2019, solicitó a la Agencia ejercer control
social, tendiente a lograr el restablecimiento de sus derechos humanos,
fundamentales, económicos y sociales, en atención al proceder fraudulento e
irregular que conllevó a que por error judicial fuera despojada del bien inmueble
distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria número 146-21110 y/o 146-32186 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica (Córdoba) y dicha petición
fue resuelta mediante la comunicación 20192400014801-AC del 5 de marzo de 2022.

ii) La ANDJE carece de competencia para solucionar la problemática planteada
por la accionante, pues la solución a sus pretensiones, escapan a la órbita y
funciones de la entidad, como se le indicó en la comunicación atrás referida. Por
tanto, existe una falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3.3. Del Ministerio de Justicia y del Derecho

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Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

El director jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho en su intervención solicitó
desvincular del trámite de la acción de tutela a dicho órgano en tanto que i) no existe
ninguna relación jurídica sustancial entre éste y la parte actora que implique
responsabilidad alguna en la afectación de sus derechos fundamentales; ii) se
configura, respecto de esta Cartera Ministerial, la falta de legitimación en la causa
por pasiva, y iii) en este caso no existe vulneración alguna, por parte del Ministerio de
Justicia y del Derecho, de las garantías fundamentales incoadas por la parte
accionante.

1.3.4. Del Ministerio del interior

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, en su intervención
solicitó desvincular a esa cartera ministerial, por no haber sido la entidad que
vulneró, por acción u omisión, los derechos que alega la accionante. En ese sentido,

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
argumentó la falta de legitimación material en la causa por pasiva y la inexistencia de
vulneración de derechos fundamentales.

1.3.5. Del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
dio contestación a la acción de tutela, en los siguientes términos:

i) Revisado el sistema físico y electrónico de correspondencia de ese ministerio,
no existe evidencia que demuestre que la señora Alina Leonor Ricardo Soto, haya
iniciado alguna actuación administrativa relacionada con los hechos que dieron
origen a la presente acción de tutela; por lo que, la carga de la prueba en torno a las
obligaciones que se le endilgan a la entidad corre por cuenta de la parte accionante.

ii) La tutelante no formula alguna pretensión que implique la toma de decisiones
por parte de ese ministerio, lo que torna improcedente la presente acción
constitucional, en consideración a que: a) no es responsable del presunto
quebrantamiento de los derechos fundamentales alegados y b) se configura el
fenómeno de la falta de legitimación en la causa por pasiva.

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1.3.6. De la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas —UAEGRTD— y Dirección Territorial de Montería Córdoba

La directora jurídica de Restitución de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas, en el escrito de contestación solicitó que se
niegue la acción constitucional, comoquiera que se configura la inexistencia del
hecho vulnerador y la falta de legitimación en la causa por pasiva. Para el efecto
expuso los siguientes argumentos:

i) Respecto de la solicitud de inscripción del predio en el Sistema de Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente –SRTDAF–, se pudo establecer
que:

a) Se realizó una búsqueda en el SRTDAF de la UAEGRTD con corte al 8 de

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
abril de 2022, cuyo criterio de búsqueda fue el número de identificación de la
accionante, con la finalidad de verificar si ha presentado alguna solicitud de
inscripción ante esa Unidad, lo cual, arrojó que «[l]a consulta realizada no encontró
resultados», motivo por el cual no se evidencia que hubiera radicado tal solicitud en
los términos del artículo 2.1.5.1.3.1 del Decreto 1071 de 2015.

b) Por otra parte, la Dirección Territorial de Córdoba de la UAEGRTD, verificó
que la accionante el 9 de noviembre de 2020, bajo el radicado DSCI-202021480,
solicitó que «se adelante el trámite administrativo pertinente a la restitución jurídica y
material de mis 7 hectáreas en relación al bien inmueble rural de mi propiedad
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 146-21110 y 146-32186» (sic). La
petición fue atendida de fondo a través del Oficio DTCM-05093 del 22 de diciembre
de 2020 y se otorgó la información requerida para el trámite solicitado, que fue
notificado a la dirección de correo electrónico autorizado para tal fin.

ii) En la respuesta se le advirtió que debía presentar una solicitud con el lleno de
los requisitos que la ley exige para la inscripción en el RTDAF (que le fueron
indicados), lo cual implica que el derecho de petición no sustituye los requerimientos;
de tal suerte, que la presente acción de tutela se torna improcedente puesto que la
señora Alina Leonor Ricardo Soto no ha concurrido a la UAEGRTD a solicitar la

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01379 00
Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y/o Abandonadas Forzosamente, y
a la fecha, tampoco existe algún derecho de petición pendiente por resolver a favor
de la accionante. Concluye que no se evidencia la ocurrencia de hecho vulnerador
alguno, sin que esto obste para que presente la solicitud en debida forma y obtenga
la información necesaria para el efecto.

iii) Sobre la solicitud de que se declare la nulidad de las Resoluciones 0345 y
0346 del 23 de abril de 2003 expedidas por el INCORA y/o INCODER, se aprecia
que la accionante confunde las competencias asignadas a la UAEGRTD y las que
corresponden a la Agencia Nacional de Tierras —ANT—; en ese sentido, aclara que
de acuerdo con el Decreto 2365 de 2015, que suprimió el INCODER, se delegaron
las funciones que dicha entidad desempeñaba a la ANT, quien a su turno, debe
realizar el seguimiento al proceso de acceso a las tierras en cualquiera de sus
modalidades, que fue ejecutado por la extinta entidad.

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
1.3.7. De la Fiscalía General de la Nación

El coordinador de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Montería de la
Fiscalía General de la Nación informó lo siguiente:

i) La Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Montería, el 22 de
agosto de 2013, decidió la apelación interpuesta por la defensa del procesado dentro
de la investigación penal con radicado número 68778, seguida contra el señor Víctor
Montaño López, ante la querella presentada por la señora Alina Ricardo Soto, contra
la decisión del 30 de abril de 2013, proferida por la Fiscalía 12 local de Lorica
(Córdoba), que calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación,
por el delito de usurpación de tierras.

ii) El 18 de septiembre del año 2013, la Sala de Casación Penal admitió la
demanda de tutela instaurada por Alina Leonor Ricardo Soto, contra la Fiscalía
Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Montería, por la presunta vulneración
de derechos fundamentales, al expedir la decisión del 22 de agosto de 2013, que
declaró la prescripción de la acción penal seguida en contra de Víctor Montaño

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Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

López, la cual culminó el 1 de octubre del 2013 cuando fue negado el amparo
invocado por la accionante.

iii) El 13 de septiembre de 2016, dio respuesta a la petición instaurada por la
señora Alina Leonor Ricardo Soto, para lo cual se le brindó la información por ella
requerida y se anexaron: a) la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia
del 28 de septiembre de 2013 y b) las copias de la decisión de segunda instancia
proferida el 22 de agosto de 2013.

1.3.8. De la Procuraduría General de la Nación

La Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación solicitó negar la
pretensión de amparo propuesta por la accionante frente al ente disciplinario, para lo
cual expuso los siguientes aspectos:

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
i) Carencia actual de objeto por hecho superado: el 27 de febrero de 2019, con
radicado E-2019-106660 la accionante solicitó la vigilancia judicial al proceso penal
que inició por fraude procesal y prevaricato que se adelantaba ante la Fiscalía 28
Seccional de Montería, expediente 121354, sindicados: Eduardo Manuel Montaño
López, Víctor Eduardo Montaño López y Gabriel Eduardo Montaño Duarte, motivo
por el cual la Procuraduría 133 Judicial II Penal de Montería, puso de presente que
dicha Fiscalía fue suprimida y que la investigación fue decidida el 24 de febrero de
2020, la que se encuentra en firme y fue archivada. Igualmente informó que:

a) El 27 de marzo de 2019, respondió a la accionante la solicitud de vigilancia
especial, la cual fue remitida a la dirección de notificación informada.

b) Mediante Oficio 0037 del 23 de marzo de 2022 dio respuesta a la solicitud de
la accionante y fue remitida por la empresa Servientrega a la dirección de aquella.

ii) Así las cosas, la Procuraduría ha dado respuesta a los requerimientos
efectuados por la accionante los cuales fueron debidamente comunicados, aspecto
que configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

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Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

1.3.9. De la Superintendencia de Notariado y Registro

La jefe de la Oficina Asesora jurídica, en la respuesta a la acción de tutela, explicó
que la Superintendencia de Notariado y Registro no es competente para
pronunciarse sobre las peticiones incoadas por la accionante, en virtud de lo previsto
en las normas que definen este aspecto, esto es, los artículos 1, 4 y 22 del Decreto
2723 de 2014 y 1, 22, 92 y 93 de la Ley 1579 de 2012, situación que genera la falta
de legitimación en la causa por pasiva.

Advierte que la acción de tutela debe considerarse improcedente toda vez que esta
entidad no tiene injerencia directa en el asunto, porque su actividad está sujeta a las
solicitudes elevadas respecto a la inscripción de órdenes que se surten en la etapa
administrativa y/o judicial del proceso de restitución de tierras. El registro de los
documentos allegados por los usuarios se hace bajo el principio de rogación

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
establecido en el literal a) del artículo 3 de la Ley 1579 de 2012.

1.3.10. Del Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S.

El apoderado especial de la sociedad Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S., se
opuso a la prosperidad de la acción de tutela, por carecer de sustento legal y fáctico,
pues busca que el juez constitucional supla al operador judicial de conocimiento,
pese a que los involucrados actuaron en debida forma y con apego a la Constitución
y a la ley. En sustento de su dicho expuso lo siguiente:

i) La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales; sin embargo, la accionante usa este mecanismo como otra instancia o
recurso frente a lo decidido por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería que dio por terminado el proceso penal al
encontrar configurada la figura de la prescripción.

ii) Las peticiones de la accionante se dirigen contra la decisión judicial antes
referida para que el juez constitucional resuelva nuevamente la segunda instancia y
de esta forma se obtenga la restitución del inmueble, aspecto que no es del resorte
del mecanismo excepcional.

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Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

iii) La acción de tutela es improcedente por ausencia de los requisitos generales y
específicos para su procedencia contra decisiones judiciales.

1.3.11. La Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República y
guardaron silencio.

1.4. Intervenciones de los vinculados

1.4.1. De la Agencia de Desarrollo Rural —ADR—

La apoderada judicial de la ADR se pronunció sobre la acción de tutela en los
siguientes términos:

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
i) Se opone a las pretensiones deprecadas teniendo en cuenta que: a) la ARD
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante; b) estos no tienen
relación con la misionalidad y objeto social de la Agencia 2 y c) se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

ii) A través del Sistema de Gestión Documental Orfeo, se pudo constatar que la
accionante no ha presentado solicitud ante la ADR, y que no existe ningún trámite a
su nombre.

iii) La acción de tutela es improcedente por cuanto: a) no es el mecanismo de
defensa judicial apto para solicitar la adjudicación de tierras, dado que para tal fin
existe la acción de restitución prevista en la Ley 1448 de 2011, como lo dijo la Corte
Constitucional en la sentencia T-119 de 2009; b) no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, en lo que tiene que ver con la solicitud de nulidad de actos
administrativos la que debe demandarse ante el juez de lo contencioso administrativo

2
De acuerdo con el Decreto Ley 2364 de 2015 la ADR tiene por objeto ejecutar la política de
desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial formulada por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, por tanto, no es la competente para atender la solicitud de restitución de tierras
despojadas de la accionante, pues esta función, tras la liquidación del INCODER, fue trasladada por el
Decreto 2363 de 2015 artículo 4º a la Agencia Nacional de Tierras.

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y c) la causa petendi gira en torno a una reclamación de índole económico y
patrimonial.

1.4.2. De la Agencia de Renovación del Territorio —ART—

El jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia de Renovación del Territorio, mediante
memorial solicitó la desvinculación de la entidad, en atención a que de acuerdo con
lo establecido en el Decreto Ley 2366 de 2015, modificado por el Decreto 1223 de
2020, la ART no asumió obligaciones del extinto INCODER; por tanto, no existe
ningún nexo causal (sustancial) con la solicitud que la accionante presentó ante la
UAEGRTD Territorial Córdoba, lo que comporta la configuración de la excepción falta
de legitimación en la causa por pasiva.

1.4.3. De los señores Víctor Eduardo y Edgardo Manuel Montaño López

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
A través de memorial suscrito por el señor Víctor Eduardo Montaño López y
coadyuvado por Edgardo Manuel Montaño López, se expuso lo siguiente:

i) La accionante incurre en «falsedad» al indicar que desconoce la residencia del
señor Víctor Eduardo Montaño López, comoquiera que tienen una hija en común y
hasta hace poco convivía con él. Además, tampoco es cierto que no haya
interpuesto otra tutela por los mismos hechos.

ii) El amparo constitucional deviene improcedente porque gira en torno a las
Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003, y con ello se quebranta el
principio de inmediatez, en la medida que fueron expedidas hace aproximadamente
19 años. De otra parte, el mecanismo excepcional utilizado no es el escenario
adecuado para cuestionar la validez de estas decisiones, dado que no procede
contra actos administrativos, aunado a que la accionante afirma que la solicitud de
nulidad que elevó ante la ANT para el efecto, aún no ha sido resuelta y que cuenta
con la acción reivindicatoria de dominio; por ello, a todas luces, se incumple el
requisito de subsidiariedad.

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1.4.4. Los señores Gabriel Eduardo Montaño López y Daniel Enrique Bolaños
Martínez guardaron silencio

1.5. Otras actuaciones

La accionante, mediante memorial del 8 de abril de 2022, manifiesta que insiste en la
necesidad de que le sean protegidos sus derechos fundamentales, vulnerados con la
acción y omisión de las accionadas, y agrega, que tiene protección policiva en su
residencia con ocasión de las reclamaciones que ha efectuado en torno a la defensa
de su derecho a la propiedad.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que prevé que
«[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la
República […] serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al
Consejo de Estado» en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25 del
Acuerdo 080 de 20193, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si las entidades accionadas, al no anular o dejar sin efectos las
Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003 expedidas por el liquidado
INCORA y al negarse a restituirle a la actora el bien inmueble identificado con la

3
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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matrícula inmobiliaria 146-0021-110 (146-32186)4 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Lorica, de acuerdo con el ámbito de sus competencias,
vulneran sus derechos fundamentales a la propiedad, la vida digna, la dignidad
humana, el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación, el amparo a la
familia y el trabajo, con fundamento en su condición de especial protección
constitucional dado que es una mujer de la tercera edad, cabeza de familia y víctima
de desplazamiento por despojo de tierras.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos elementos dan cuenta del ámbito

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias
que se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar
por alto.

Por ello el artículo 6.º, numeral 1.°, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 reitera que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observancia estricta del
carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar
cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo
para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

4
Este número corresponde al Certificado de Tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Lorica, que fue aportado por la accionante con el escrito de tutela.
5
Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.

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También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.3.2. El derecho fundamental de petición

La Corte Constitucional en la sentencia C-818 de 2011,6 sintetizó las reglas que
previamente habían sido desarrolladas por la jurisprudencia en materia de protección

6
Referencia: expediente D-8410 y AC D-8427, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309
(parcial) de la Ley 1437 de 2011 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
de lo Contencioso Administrativo”, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, sentencia del
11 de noviembre de 2011». Las anteriores normas se declararon inexequibles y se dispuso, diferir los
efectos de la inexequibilidad declarada de los artículos 13 a 33 del CPACA, hasta el 31 de diciembre
de 2013.
Sobre el derecho fundamental de petición, dicha sentencia señaló: «a) El derecho de petición es
fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la
información, a la participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o
se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara,
precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no
se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre
en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen
autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo
determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es
necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza
funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la
administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la
efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela
se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración
para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se
cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la
Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder

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Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

del derecho fundamental de petición. La sentencia precedente declaró inexequibles
las normas analizadas de la Ley 1437 de 2011, bajo los siguientes fundamentos:

i) No obstante que el anterior Código Contencioso Administrativo a pesar de
contener una regulación sobre el derecho de petición, no fue tramitado por una ley
estatutaria, debe tenerse en cuenta que esa regulación se trataba de una norma
preconstitucional- Decreto Ley 1 de 1984, proferida en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confirió el artículo 11 de la Ley 58 de 1982 y, por tanto, dentro
del ordenamiento constitucional colombiano no existía la figura de las leyes
estatutarias.

ii) Como lo ha admitido la Corte Constitucional, 7 en principio la actualización
estructural del contenido de un derecho fundamental debe ser discutido en la
célula legislativa a través del procedimiento estatutario.8 En este sentido, es

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
indudable que los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, actualizan el derecho
fundamental de petición, consagrado expresamente como fundamental en la
Constitución Política de 1991, y reconocido igualmente por la jurisprudencia
constitucional desde 1992.

iii) Fija por demás, su procedencia frente a particulares, situación no contemplada
en la regulación pre-constitucional y que como se advirtió hace parte de su
estructura.

iv) Los temas mediante ley estatutaria se hacen necesarios a) cuando se trata de
normas que se refieren a contenidos muy cercanos a los elementos estructurales
esenciales del derecho de petición y b) los artículos 13 a 33 contienen un desarrollo
integral y sistemático del derecho fundamental de petición, y por tanto, todas las

dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver
oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más
del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994».
7
Incluso en la sentencia C-791 del 21 de octubre de 2011 magistrado ponente: Humberto Antonio
Sierra Porto
8
En iguales términos, lo señaló la sentencia C-973 de 2010, magistrado ponente:.Nilson Pinilla Pinila

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materias tratadas, sea cual fuere su contenido específico, han debido ser objeto de
una ley estatutaria.

v) Dicho trámite legislativo fue realizado a través del procedimiento ordinario, tal
y como consta en la certificación expedida por el secretario general del Congreso de
la República, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo, de fecha 5 de abril de 2011,
la Ley 1437 de 2010, se ciñó al trámite que se exige para las leyes ordinarias y fue
tramitado en dos legislaturas, razón por la cual los artículos 13 a 33 deberán ser
declarados inexequibles.

vi) En relación con el ámbito de las disposiciones afectadas por el vicio, y tal y
como se ha procedido en otras oportunidades, el defecto trae consigo la
inconstitucionalidad de todos los artículos relacionados con la materia que regula el
derecho fundamental, en la medida en que al hacer un desarrollo integral del mismo,
todos ellos resultan afectados, en cuanto nacieron a la vida jurídica mediante el

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
trámite de una ley ordinaria y no de una ley estatutaria, como era imperativo que
ocurriera en cumplimiento de los preceptos superiores.

Ahora bien, la Corte Constitucional expidió la sentencia C-951 de 2014,9 que estudió
el proyecto de Ley Estatutaria sobre el derecho fundamental de petición, el cual se

9
Declaró exequible el Proyecto de Ley Estatutaria 65 de 2012, Senado, número 227 de 2012 «Por
medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», con las siguientes salvedades: del
artículo 13 la expresión “en relación a (sic) las entidades dedicadas a su protección o
formación” contenida en el inciso final del mismo artículo, la cual se declara EXEQUIBLE, siempre y
cuando no excluya la posibilidad de que los menores de edad presenten directamente peticiones
dirigidas a otras entidades para el pleno ejercicio de sus derechos
fundamentales; INEXEQUIBLES las expresiones “ante el funcionario competente” del inciso primero
y “o ante el servidor público competente” del parágrafo 3º del artículo 15 del proyecto de Ley
Estatutaria revisado y EXEQUIBLE el resto de la disposición, bajo el entendido que la exigencia de
que las peticiones sean presentadas por escrito, deberá ser motivada por la autoridad correspondiente
mediante acto administrativo de carácter general; EXEQUIBLE el artículo 16 del proyecto de Ley
Estatutaria revisado, siempre y cuando el numeral 2º se entienda sin perjuicio de que las peticiones de
carácter anónimo deban ser admitidas para trámite y resolución de fondo, cuando exista una
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad; EXEQUIBLE el
artículo 22 del proyecto de ley estatutaria examinado, sin perjuicio de que deba enviarse la respuesta
a todos los que hayan formulado la petición; EXEQUIBLE el artículo 24, con excepción del parágrafo,
el cual se declara EXEQUIBLE bajo el entendido de que los eventos allí previstos, también son
aplicables para el numeral 8 referente a los datos genéticos humanos; EXEQUIBLE el artículo 26 del
proyecto de Ley Estatutaria revisado, en el entendido de que en los municipios en los que no exista
juez administrativo, se podrá instaurar este recurso ante cualquier juez del lugar; EXEQUIBLE el
artículo 31, salvo la expresión “gravísima” que se declara INEXEQUIBLE; EXEQUIBLE el artículo 32,
salvo la expresión “estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este

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convirtió en la Ley 1712 de 2014 y, que en esencia, mantuvo los pilares del citado
derecho los cuales se han consignado en múltiples sentencias, entre ellas, la T-230
de 202010 en la cual esa corporación expresó la caracterización de ese derecho de la
siguiente manera:

i) Su condición de derecho fundamental implica una garantía que promueve un
canal de diálogo entre los administrados y la administración.

ii) Su fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los
ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho.

iii) Tiene dos componentes esenciales: a) la posibilidad de formular peticiones
respetuosas ante las autoridades y b) como correlativo a ello la garantía de que se
otorgue respuesta de fondo, eficaz, oportuna y congruente con lo solicitado.

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
iv) Su núcleo esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta
resolución, a la existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la
decisión al peticionario, según se pasa a exponer:

a) Respecto de la formulación de la petición

• Cualquier persona podrá dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades, ya
sea verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio idóneo —artículo 23
de la Constitución Política y 13 del CPACA—.
• La petición puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas, lo
cual es una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos administrativos
ante las autoridades públicas.

título” contenida en el inciso segundo que se declara EXEQUIBLE, bajo el entendido de que al
derecho de petición ante organizaciones privadas se aplicarán, en lo pertinente, aquellas
disposiciones del Capítulo I que sean compatibles con la naturaleza de las funciones que ejercen los
particulares.
10 Referencia: Expediente T-7.040.215, Asunto: Acción de tutela instaurada por el señor Christian

Fernando Joaquín Tapia en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán,
magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez, sentencia del 7 de julio de 2020.

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• Estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas y responderlas de
forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido, de acuerdo con
los estándares establecidos por la ley.

b) Pronta resolución

• Otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición consiste
en que las solicitudes formuladas ante las autoridades o los particulares deben
ser resueltas en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado
por la ley para tal efecto.
• En la actualidad rige el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020,
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-242-
2020.11
• La ampliación transitoria de los términos para atender peticiones, prevista en

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
la citada norma, es conforme a la Constitución, porque si bien es una medida
que modifica una norma estatutaria, como lo es el artículo 14 del CPACA, lo
hace de forma temporal a fin de permitir el ejercicio racional del derecho
examinado con respecto del criterio de proporcionalidad.
• La ampliación de términos persigue una finalidad legítima desde una
perspectiva constitucional, como lo es superar de forma racional las
afectaciones causadas en el desarrollo de las actividades de las autoridades
debido a las restricciones implementadas para enfrentar la pandemia
originada por el coronavirus Covid-19 y, en este sentido, cumple con el
mandato superior de prestar los servicios de forma adecuada, continua y
efectiva.
• La medida se orienta a satisfacer un bien constitucional (buen funcionamiento
del Estado) y aunque afecta el ejercicio de un derecho constitucional (de
petición), lo hace en el ámbito de su regulación legal y reglamentaria y con el
11
Referencia: Expediente RE-253, Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 491 de 2020,
Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, magistrados
ponentes: Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger, sentencia del 9 de julio de
2020.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01379 00
Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

objetivo de permitir su más adecuada realización, razón por la cual la
limitación temporal que se impone satisface el juicio de proporcionalidad.
• Los plazos establecidos por el legislador excepcional no anulan la oportunidad
que subyace al derecho de petición, ya que la regla general para responder
las peticiones se modificó de 15 a 30 días, lo cual no es un término
excesivamente largo, y que una situación similar ocurre con la ampliación de
10 a 20 días para la atención de peticiones de información y documentos, o de
30 a 35 días para las consultas, en los que, a pesar de que se aumentaron los
tiempos de respuesta para las solicitudes de estirpe no iusfundamental, en
ningún caso se supera el doble del término legal ordinario.

c) Respuesta de fondo

• El componente del núcleo esencial supone que la contestación a las

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
peticiones debe observar ciertas condiciones para que sea
constitucionalmente válida.
• Es decir, la respuesta de la autoridad debe ser: clara, esto es, inteligible y
contentiva de argumentos de fácil comprensión; precisa, de manera que
atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin
incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; c) congruente, de suerte que abarque
la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y
consecuente, con el trámite que se ha surtido, de modo que si la respuesta
se produce con motivo de una petición formulada dentro de un procedimiento
del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no
basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada
o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se
ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente.

d) Notificación de la decisión

• Para materializar la decisión es imperativo que el solicitante conozca el
contenido de la contestación realizada.
• Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión,
de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01379 00
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2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, la Sala puede establecer lo
siguiente:

2.4.1. La accionante nació el 1º de julio de 1945 padece de Gonartrosis primaria
Bilateral – artrosis de rodillas.12

2.4.2. El Juzgado Tercero del Circuito de Montería a través del auto del 8 de
noviembre de 2005, declaró aprobada la partición de la sociedad conyugal de Víctor
Montaño López y Alina Ricardo Soto y ordenó registrarla en la Oficina de
Instrumentos Públicos de Tolú (Sucre) y Lorica (Córdoba).

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
2.4.3. El gerente de la Regional Córdoba del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, INCORA, a través de la Resolución 0345 del 23 de abril de 2003 y 0346 de
igual fecha, adjudicó al señor Edgardo Manuel Montaño López, respectivamente, los
terrenos baldíos denominados «Campo Mar» y «Mirador del Caribe».

2.4.4. A través de Escritura Única del Circuito de Lorica (Córdoba), número 389 del
12 de mayo de 2011, se protocolizó la venta realizada por el señor Daniel Enrique
Bolaño Martínez a la sociedad Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. del predio
identificado con la matrícula inmobiliaria 146-32.186, denominado «Mirador del
Caribe».

2.4.5. El 30 de abril de 2013, la Fiscalía 12 Delegada ante los Jueces Promiscuos
Municipales de Lorica (Córdoba), profirió resolución de acusación en contra del señor
Víctor Montaño López en calidad de autor y responsable penal y civilmente del delito
de usurpación de tierras, de una porción de siete hectáreas que pertenecen a la finca
«La Esperanza», de propiedad de la señora Alina Leonor Ricardo Soto y ordenó el
restablecimiento de la propiedad sobre el terreno que el señor Edgardo Manuel

12
De acuerdo con el registro civil de nacimiento y los exámenes de laboratorio que aportó junto con el
escrito de tutela.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01379 00
Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

Montaño López «legalizó ante el INCORA, según las resoluciones administrativas
números 0345 y 0346 de fecha 23 de abril de 2003 (…)».

2.4.6. La Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Justicia,
Fiscalía Primera, el 22 de agosto de 2013, al decidir el recurso de apelación
interpuesto contra la anterior decisión, la revocó «por haberse operado la figura
jurídica de la prescripción y no poder proseguirse la actuación».

2.4.7. El 1 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, decidió la acción de tutela interpuesta por la señora Alina Leonor Ricardo
Soto, contra la providencia señalada en el numeral anterior, en el sentido de negar el
amparo invocado.

2.4.8. En el siguiente cuadro se discriminan las peticiones que la accionante anexó

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
al escrito de tutela, las cuales permiten evidenciar si ocurrió o no la radicación así
como la respectiva respuesta de las autoridades:

FECHA
OBJETO PRINCIPAL DE RESPUESTA A LA
DIRIGIDO A
LA PETICIÓN PETICIÓN
Documento Radicación
Informar si las
Resoluciones 0345 y 0346
del 23 de abril de 2003
Superintendencia de
fueron inscritas ante la
Notariado y Registro
No se Oficina de Instrumentos
acreditó Públicos de Lorica No fue aportada
27/11/18 radicación (Córdoba) respuesta
Ejercer control social para
lograr el restablecimiento
Contraloría General de del derecho de propiedad
No se la República del inmueble con matrícula
acreditó inmobiliaria 146-21110 y/o No fue aportada
19/02/19 radicación 146-32186. respuesta
Ejercer control social para
lograr el restablecimiento
Fiscalía General de la del derecho de propiedad
No se Nación del inmueble con matrícula
acreditó inmobiliaria 146-21110 y/o No fue aportada
19/02/19 radicación 146-32186. respuesta
Agencia Nacional de Ejercer control social para Oficio 20192400014801
19/02/19 27/02/19 Defensa Jurídica del lograr el restablecimiento del 05/03/19

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Estado del derecho de propiedad La petición no se
del inmueble con matrícula relaciona con los
inmobiliaria 146-21110 y/o objetivos previstos por
146-32186. el legislador para la
entidad, por lo que
escapa al marco de sus
competencias, razón por
la que no es posible
atender la solicitud.
Ejercer control social para Oficio 018 de 27/02/19
lograr el restablecimiento En visita practicada el
del derecho de propiedad 26/03/19, se pudo
del inmueble con matrícula establecer que no se
Procuraduría General inmobiliaria 146-21110 y/o han vulnerado derechos
de la Nación 146-32186. fundamentales a los
intervinientes, motivo
por el cual el asunto no
amerita una vigilancia
19/02/19 27/02/19 especial.
Restituir el inmueble que
Oleoducto está ocupando, identificado
No se Bicentenario Colombia con matrícula inmobiliaria
acreditó S.A.S. 146-21110 y/o 146-32186. No fue aportada
19/07/19 radicación respuesta
Declarar el restablecimiento

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
de los derechos y se
ordene la cancelación de
Fiscalía 12 Local de las matrículas inmobiliarias
Lorica 146-21110 y/o 146-32186 y
No se la restitución del bien
acreditó inmueble por cuanto fue No fue aportada
10/12/19 radicación objeto de fraude procesal. respuesta
Declarar de oficio la nulidad Oficio URT-DTCM-
de los actos administrativos 05093 del 12/05/21. La
contenidos en las petición se resolvió
Unidad Administrativa Resoluciones 0345 y 0346 mediante el Oficio
Especial de Gestión del 23 de abril de 2003 DTCM2-20204629 de
de Restitución de fecha 22 de diciembre
Tierras Despojadas de 2020, el cual se
adjunta y está
conformado por dos (2)
24/03/21 29/03/21 folios.
Incluir a la señora Alina
Unidad Administrativa
Leonor Ricardo Soto en el Con Oficio URT-DTCM-
Especial de Gestión
Registro Único de Víctimas 03760 de 23/11/21 fue
de Restitución de
(artículo 13 de la Ley 1448 remitida la solicitud por
Tierras Despojadas
24/03/21 11/10/21 de 2011). competencia a la UARIV
Incluir a la señora Alina
Leonor Ricardo Soto en el
Ministerio del Interior y
No se Registro Único de Víctimas
de Justicia
acreditó (artículo 13 de la y 1448 de No fue aportada
15/06/21 radicación 2011). respuesta
Ordenar que sea resuelta la
solicitud de restitución de
tierras despojadas y el
restablecimiento del
Presidencia de la
derecho a la propiedad que
República
fue solicitado al director de
No se la UAEGRTD y a la Fiscalía
acreditó 12 Local de Lorica. No fue aportada
22/11/21 radicación (Córdoba).. respuesta

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2.4.9. Además, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, UAEGRTD mediante Oficio URT-DTCM-05093 del 22 de
diciembre de 2020, al dar respuesta a la petición elevada por la accionante el 9 de
noviembre de 2020, en la cual solicita que se adelante el trámite administrativo de
restitución de siete hectáreas del inmueble con matrícula inmobiliaria 146-21110 y
146-32186 le informó lo siguiente:

(…) si usted cree que es víctima de desplazamiento forzado o despojo, la invitamos a
comparecer a las oficinas de la UAEGRTD- Territorial Córdoba, ubicada en la carrera
3 N° 22-42 Edificio Los Vigales, presente (sic) las copias que posea de los
documentos que respaldan sus afirmaciones.

Igualmente, se advirtió que con la presentación de un derecho de petición no puede
iniciarse el trámite administrativo de restitución de tierras, toda vez que este último es
de carácter especial regulado por la Ley 1448 de 2011 y por el Decreto 1071 de

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
2015. Particularmente, el artículo 2.15.1.3.1 del Decreto 1071 de 2015, establece los
requisitos mínimos que debe contener la solicitud ante el RTDAF, entre ellos: i) la
identificación precisa del predio, ii) la relación de las personas que fueron despojadas
de sus tierras, iii) la relación jurídica de estas personas con los predios, iv) las
identificaciones catastrales, v) la identificación de las personas que solicitan el
registro, con el aporte de la cédula de ciudadanía y huella dactilar y vi) una
descripción sobre las circunstancias que rodearon la ocurrencia del despojo u
abandono forzado.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Del derecho de petición

No obstante que la accionante en el escrito a través del cual subsanó la acción de
tutela, manifestó que no es el derecho de petición lo que pretende le sea amparado,
la Sala no pasa por inadvertida la circunstancia de que a través de ese medio en
reiteradas ocasiones pretendió obtener alguna respuesta respecto a la posibilidad de
que las autoridades «le colaboren» en la recuperación de las tierras de las cuales,
aduce, fue despojada. Por ello, se hace necesario analizar: a) si las entidades

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01379 00
Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto

accionadas se han pronunciado en torno a las pretensiones de la acción de tutela y
b) el contenido de las respuestas.

De acuerdo con el cuadro en el que se discriminaron las peticiones que la accionante
formuló ante las entidades accionadas, se observa que en la mayoría de los casos,
no se logró acreditar que hubiesen sido radicadas y, por ello, no se cumplió con la
carga de demostrar la formulación de la petición.

En ese orden de ideas, revisada la radicación, el objeto de la petición y la respuesta
emitida emerge con claridad, que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, respecto a la petición que la accionante presentó
el 29 de marzo de 2021, a través del Oficio URT-DTCM-05093 del 12/05/21, le
informó que mediante el Oficio DTCM2-20204629 de fecha 22 de diciembre de 2020,
había resuelto lo solicitado; sin embargo, omitió pronunciarse de forma clara, puntual,

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
oportuna y de fondo sobre la solicitud de anulación de las Resoluciones 345 y 346
del 23 de abril de 2003 proferidas por el extinto INCORA.

Así las cosas, para el caso sub-lite, se tendrá por irrenunciable el derecho de petición
y se procederá a su amparo, en orden a que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, responda a la accionante de forma
clara, puntual, oportuna y de fondo la petición formulada en ese sentido, lo cual no
significa la prosperidad del contenido de la solicitud dado que ese aspecto no es de
la esencia de este derecho fundamental.

2.5.2. La procedencia de la acción de tutela.

En el sub lite, la accionante considera que las accionadas han omitido garantizarle
los derechos a la propiedad, la vida digna, la dignidad humana, el libre desarrollo de
la personalidad, la no discriminación, el amparo a la familia y el trabajo, toda vez que
pese a haberles puesto en conocimiento que fue despojada de manera fraudulenta
de un terreno de su propiedad, no ha sido posible que en virtud de la «colaboración
armónica»: a) le sea restituido el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
146-0021-110 (146-32186) y b) se proceda a anular las Resoluciones 0345 y 0346
del 23 de abril de 2003 expedidas por el extinto INCORA.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01379 00
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Ante estas circunstancias, la Sala efectuará el análisis del caso bajo la premisa
establecida en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolla el
artículo 86 de la Constitución Política, conforme al cual la acción de tutela no procede
cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra la solicitante.

Se observa que la Ley 1448 de 2011,13 también conocida como «ley de víctimas», en
los artículos 74 y 75, previó la posibilidad de que cuando las personas hayan sido
despojadas14 arbitrariamente de su propiedad, ya sea de hecho, mediante negocio
jurídico, acto administrativo, sentencia o delitos asociados a la situación de violencia,
entre el 1 de enero de 1991 y el término de vigencia de dicha ley, puedan solicitar la

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
restitución jurídica y material de las tierras despojadas.

El procedimiento de restitución de la propiedad objeto de despojo, está a cargo de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y
fue por ese motivo, que a través del Oficio URT-DTCM-05093 del 22 de diciembre de
2020, dicha entidad le explicó a la accionante la actuación que se debe adelantar
para el efecto, que parte, en una primera etapa, de un trámite administrativo de
inscripción de los predios en el Registro Único de Tierras Despojadas y
Abandonadas y culmina, en una segunda etapa, a través de una sentencia judicial15

13
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
14
El Artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 define despojo como: la acción por medio de la cual,
aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad,
posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o
mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia.
15 Ley 1448 de 2011 «[p]or la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a

las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones».
Artículo 76: REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE DESPOJADAS Y ABANDONADAS
FORZOSAMENTE. Créase el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” como
instrumento para la restitución de tierras a que se refiere esta ley. En el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente se inscribirán también las personas que fueron despojadas
de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con estas, determinando con precisión
los predios objeto de despojo, en forma preferente mediante georreferenciación, así como el período
durante el cual se ejerció influencia armada en relación con el predio.
(…)

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01379 00
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mediante la cual se define la propiedad del predio objeto de la demanda, el derecho
a la restitución y a la compensación, siempre que haya lugar a ello.

Adicionalmente, a través del Oficio en mención se le dieron a conocer a la accionante
los requisitos que se deben acompañar con la solicitud de la restitución de tierras
despojadas, para lo cual se le advirtió que debía comparecer a las oficinas de la
UAGRTD, Territorial Córdoba y allegar la documentación que acredite el derecho que
pretende le sea restituido.

Ahora bien, la accionante reconoció en el escrito a través del cual subsanó la acción
de tutela, que no ha «iniciado el trámite de inclusión en el Registro de Tierras
Despojadas», lo que permite inferir que cuenta con otro medio de defensa —el que
inicia con un trámite administrativo y culmina con una decisión judicial— para
restablecer el derecho de propiedad que alega como vulnerado en este trámite

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
constitucional.

Es pertinente señalar que el procedimiento previsto en la Ley 1448 de 2011, exige
acreditar la condición de víctima de la accionante, esto es, que el despojo del bien

La inscripción en el registro procederá de oficio, o por solicitud del interesado. En el registro se
determinará el predio objeto del despojo o abandono forzado, la persona y el núcleo familiar del
despojado o de quien abandonó el predio. Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o
múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro. En este caso se tramitarán
todas las solicitudes de restitución y compensación en el mismo proceso.
(…)
La inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad
para iniciar la acción de restitución a que se refiere este Capítulo.
(…) ( subrayado y negrita no original)
Artículo 79 ARTÍCULO 79. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS DE
RESTITUCIÓN. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil,
especializados en restitución de tierras, decidirán en única instancia los procesos de restitución de
tierras, y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma
forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso. Así
mismo, conocerán de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del Circuito,
especializados en restitución de tierras.
(…)
Artículo 91. ARTÍCULO 91. CONTENIDO DEL FALLO. La sentencia se pronunciará de manera
definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda y
decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe
exenta de culpa dentro del proceso. Por lo tanto, la sentencia constituye título de propiedad suficiente.
(…)
Negrita no original. Aparte subrayado declarado exequible mediante sentencia de la Corte
Constitucional C-715-12.

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inmueble se produjo forzosamente como consecuencia del conflicto armado interno
en los términos de los artículos 316 y 7517 de la citada normatividad.

16 ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas

que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero
de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno.
<Apartes subrayados CONDICIONADLMENTE exequibles> También son víctimas el cónyuge,
compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de
consanguinidad ascendente.
De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o
condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la
víctima.
PARÁGRAFO 1o. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho
de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las
medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.
PARÁGRAFO 2o. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán
considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido
desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.
Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los
parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados
como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero
no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.
PARÁGRAFO 3o. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán
considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de
actos de delincuencia común.
PARÁGRAFO 4o. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero
de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no
repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que
sean individualizadas.
PARÁGRAFO 5o. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá
interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o
armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la
presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de
manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3o) común a los Convenios de Ginebra de
1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la
ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en
absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.
17 ARTÍCULO 75. TITULARES DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN. Las personas que fueran

propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir
por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas
como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el
artículo 3o de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley,
pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas
forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 01379 00
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Bajo este panorama, resulta claro para la Sala que la pretensión tendiente a que por
la vía de amparo examinada le sea restituido el predio del cual, asegura fue
despojada, no cumple con el requisito de subsidiariedad, conforme al cual la acción
de tutela únicamente es procedente cuando no exista otro medio de defensa judicial
o de manera residual, los existentes no resulten idóneos para proteger el derecho
fundamental invocado.

En lo que respecta a la pretensión relacionada con que el juez de tutela anule las
Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003, expedidas por el extinto INCORA,
a través de las cuales, adjudicó en cada una, predios baldíos a un particular, se
aprecia que los argumentos en que se funda dicha solicitud se dirigen a controvertir
la legalidad de esos actos administrativos, para lo cual la acción de tutela no es en
principio, el instrumento procedente, salvo que se instaure como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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En ese orden de ideas, es del caso advertir que si la señora Alina Leonor Ricardo
Soto no estaba de acuerdo con lo resuelto en las Resoluciones 0345 y 0346 del 23
de abril de 2003, tuvo la oportunidad de demandar su contenido ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo, vigente para esa época, (hoy artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Adicionalmente, la Sala aprecia con nitidez la falta de inmediatez toda vez que los
actos administrativos cuya legalidad se pretende cuestionar a través del mecanismo
tutelar fueron proferidos hace más de diecinueve años, lo cual desvirtúa el carácter
inmediato de la vía de amparo cuya finalidad es conjurar situaciones que afecten
derechos fundamentales y, por ende, en eventos como los acontecidos en el sub-lite,
la acción de tutela es improcedente, salvo que se formule como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En síntesis, el aspecto relevante es que la acción de tutela, además de no cumplir
con el requisito de inmediatez, no satisface la exigencia de subsidiariedad
consistente en que se hayan agotado los medios de defensa judicial, por cuanto con

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el análisis de fondo: i) esta se asumiría como un mecanismo de protección
alternativo; ii) se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales; iii) se concentrarían en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ella y iv) se propiciaría un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de la jurisdicción constitucional. 18

Es sabido que la exigencia que se echa de menos en el expediente busca evitar que
el instrumento tutelar se convierta en un mecanismo para reemplazar las
competencias previstas en el ordenamiento jurídico, pues en ello reside el carácter
excepcional de la vía de amparo.

Por ese motivo, de admitirse el estudio de fondo de las pretensiones formuladas en
la acción de tutela, fundadas en los aspectos que se detallaron en el acápite de los
fundamentos de hecho y de derecho, se desnaturalizaría el carácter excepcional de

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
la mentada vía de amparo.

2.5.3. Análisis del perjuicio irremediable

La Corte Constitucional en sentencia de reiteración de jurisprudencia T-318 de 2017
señaló las pautas para examinar la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

i) Que aun cuando la acción constitucional ha sido prevista como un mecanismo
de defensa judicial para la protección inmediata de los derechos fundamentales, la
carta política, le reconoce un carácter subsidiario y residual lo cual significa que solo
es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de defensa
a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se presente para evitar la
ocurrencia de este perjuicio irremediable.

ii) Que la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales debe ser entendida como un instrumento
integrado al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene
18
Sentencia de la Corte Constitucional T-126-2019, magistrado ponente: José Fernando Reyes
Cuartas, sentencia del 12 de marzo de 2019, radicado: T-7.006.202

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lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de
los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y
objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una
conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos
señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se hace en concreto,
tomando en consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona,
eventualmente afectada con la acción u omisión.

iii) Que no puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre
prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio
adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser un exclusivo medio de
protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento
jurídico.

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
iv) Que la nota definitoria de subsidiaridad de la acción de tutela impone la
obligación al interesado de desplegar todo su actuar para poner en marcha los
medios ordinarios de defensa consagrados en el ordenamiento jurídico y así lograr la
protección de sus derechos fundamentales. De ahí que, para acudir a la acción de
amparo el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y
procedimientos ordinarios porque la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de la acción constitucional.

v) Que no obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido dos
excepciones al principio de subsidiariedad de la acción de tutela: la primera, está
consagrada en el artículo 86 constitucional al indicar que aun cuando existan otros
medios de defensa judicial, la tutela es procedente si con ella se pretende precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; y la segunda, está prevista en el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991, al señalar que también procede la acción constitucional
cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo, ni eficaz para la protección
inmediata y plena de los derechos fundamentales, caso en el cual emerge como
mecanismo definitivo de protección.

vi) Que en cuanto al primer supuesto, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha precisado que únicamente se considerará que un perjuicio es

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irremediable cuando, de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea:
(a) cierto e inminente, esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones,
sino a una apreciación razonable de hechos ciertos, (b) grave, desde el punto de
vista del bien o interés jurídico que lesionaría y de la importancia de dicho bien o
interés para el afectado y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria
e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consuma un daño
antijurídico en forma irreparable.

vii) Que conforme a estos criterios, la Corte ha conceptualizado el perjuicio
irremediable, así: De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio
irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho
fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su
subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen.
Sobre las características jurídicas del perjuicio irremediable la Corte dice en su

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
jurisprudencia lo siguiente: El perjuicio debe a) ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño; b) grave, es decir,
que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica; c) requerir
medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble
perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio y que
armonice con las particularidades del caso; y d) necesitar medidas de protección
impostergables, esto es, que correspondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.

viii) Que en cuanto al segundo supuesto, que hace referencia a la idoneidad del
mecanismo de defensa judicial al alcance del afectado, se tiene que este “ha de
tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y
concretamente que la protección sea inmediata. La idoneidad del medio judicial
puede determinarse, según la Corte lo ha indicado, examinando el objeto de la
opción judicial alternativa y el resultado previsible de acudir a ese otro medio de
defensa judicial”. Así, el juez constitucional deberá efectuar un análisis particular del
caso concreto, pues en este podría percatarse que la acción ordinaria no permite

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resolver la cuestión en una dimensión constitucional o adoptar las medidas
necesarias para la protección de los derechos fundamentales afectados.

ix) Que la acción constitucional no puede desplazar al juez ordinario y solo
subsidiariamente, en eventos excepcionales definidos por la jurisprudencia, aquella
puede invocarse para solicitar una protección transitoria, o una protección definitiva.
Cuando se invoca el perjuicio irremediable, el peticionario debe acreditarlo o aportar
mínimos elementos de juicio que le permitan al juez constitucional comprobar la
existencia de este elemento.

x) Que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, esta
resulta improcedente cuando se utilice como mecanismo alternativo de los medios
judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, en los casos en
que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que: (a) los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no resultan lo suficientemente idóneos
y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o
amenazados; (b) se requiere la protección constitucional como mecanismo
transitorio, pues, de lo contrario, el afectado se enfrentaría a la ocurrencia inminente
de un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales y (c) el titular de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección
constitucional.

Así las cosas, en el presente caso, la actora no demostró los motivos por los cuales
le resultaba imposible iniciar el trámite de restitución de bien despojado previsto en la
Ley 1448 de 2011 y tampoco acreditó los posibles obstáculos para interponer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para desvirtuar la
legalidad de las Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003 proferidas por el
extinto INCORA; —inmediatez— y en esas circunstancias, no existen elementos que
justifiquen la procedencia excepcional de la vía de amparo.

Adicionalmente, el hecho de ser la actora una persona de la tercera edad no implica
per se una condición de vulnerabilidad que amerite un trato especial, máxime si se
tiene en cuenta que esa situación no le ha impedido que realice las reclamaciones

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administrativas ante las accionadas a través de la interposición de derechos de
petición o denuncias cuyo conocimiento conoció la jurisdicción penal.

Tampoco avizora la Sala que el juez constitucional deba desplazar los medios de
defensa judicial anteriormente aludidos, en razón a que la accionante no aportó los
mínimos elementos de juicio que permitan acreditar el perjuicio irremediable dado
que no le es posible a esta corporación determinar: (i) que la solicitud de
restablecimiento del bien despojado a través del instrumento previsto en la Ley 1448
de 2011 y por el Decreto 1071 de 2015 o la interposición del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que dejó caducar, no resultan lo
suficientemente idóneos y eficaces para garantizarle la protección de los derechos
presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) que se requiere la protección
constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, la accionante se
enfrentaría a la ocurrencia inminente o próxima a suceder de un perjuicio

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
irremediable frente a sus derechos fundamentales; (iii) que existen hechos de
extrema gravedad que representen un detrimento sobre un bien significativo; (iv) que
están plenamente acreditadas medidas urgentes para superar el daño, entendidas
éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y que armonice con las particularidades del caso, y
finalmente (v) que las medidas adoptadas mediante la acción de tutela sean
impostergables, esto es, que correspondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que debe ampararse el derecho de petición de la accionante frente a la
solicitud que elevó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas el 29 de marzo de 2021, por cuanto no fue resuelta de fondo,
como se explicó en la parte considerativa de este fallo y se declarará la
improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se cumplen los requisitos de
procedibilidad inmediatez y subsidiariedad.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Amparar el derecho de petición formulado el 29 de marzo de 2021 por la
señora Alina Leonor Ricardo Soto ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas.

En consecuencia, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, que en el plazo máximo e improrrogable de 48
horas, responda la solicitud elevada por la accionante, de manera puntual y de fondo.

Id Documento: 11001031500020220137900005025220148
Segundo. Rechazar por improcedente la acción de tutela con fundamento en las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

M.E.C.G.

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