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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01379-01

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01379-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada el 12 de mayo de 2022 por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A amparó el derecho de petición de la señora Alina Leonor Ricardo Soto. En consecuencia, ORDENAR a Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, conteste la petición de la actora en los términos explicados en los párrafos 86 a 89 de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión .

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01379-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

1 de septiembre de 2022

Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-01379-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01379-01
Demandante: ALINA LEONOR RICARDO SOTO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema: Vulneración al derecho fundamental de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD contra la
sentencia proferida en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A el 12 de mayo de 2022. En esta providencia se amparó el derecho
fundamental de petición de la señora Alina Leonor Ricardo Soto y declaró la
improcedencia para estudiar la legalidad de unos actos administrativos.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito radicado el 25 de febrero de 2022 a través el aplicativo de recepción
de tutelas y habeas corpus dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para tal
fin, la señora Alina Leonor Ricardo Soto, actuando en nombre propio, ejerció acción
de tutela contra la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado Colombiano, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio
del Interior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Defensoría del Pueblo, la
Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría
General de la Nación, la Contraloría General de la República, Oleoductos Bicentenario
de Colombia S.A.S., y la Superintendencia de Notariado y Registro. Con la solicitud de
amparo la actora pretende que le sean protegidos sus derechos fundamentales de
petición, propiedad privada, vida digna, libre desarrollo de la personalidad y trabajo.

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Demandados: Presidencia de la República y otros
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2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la ausencia de respuesta a diferentes peticiones presentadas ante las
mencionadas autoridades, así como la decisión de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de expedir unos actos que ordenaron
restituir tierras.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

(…) se ordene a los accionados arriba identificados en uso y aplicación del principio de
colaboración armónica institucional, establecido en el artículo 113 inciso 3 de la
Constitución Política de Colombia, para que dentro de un término razonable, adelante
las gestiones administrativas tendientes a la restitución jurídica y material del bien
inmueble rural descrito en los hechos de esta acción, a favor de la suscrita, concediendo
retornar a las tierras de mi propiedad con título registral M.1. 146-0021-110 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica, como viene arriba identificado, en
condiciones de seguridad y garantía de no repetición, y las cuales equivalen a siete (7)
hectáreas, ubicadas en el corregimiento el porvenir municipio de San Antero (Córdoba),
las que fueron adjudicadas mediante actos administrativos NULOS al señor EDUARDO
MANUEL MONTAÑO LOPEZ, por INCORA a través de las resoluciones N° 0345 y 0346
del 23 de abril de 2003.

3°- POR CONSIGUIENTE, Se ordene al accionado DIRECTOR UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DESPOJADAS, de Bogotá́ y Montería, expedir los actos administrativos de restitución
de tierras y de nulidad de las resoluciones N° 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003
expedidos en su época por INCORA y/o INCODER, y de inclusión en el registro único
de victima con ocasión del desalojo y despojo de mis tierras, lo que sustancialmente es
un desplazamiento forzado en medio del conflicto armado interno; por así haberlos
solicitado anteriormente.

4°- SE ORDENE, se ordene al señor Registrador de Instrumentos Públicos de Lorica
Córdoba, abstenerse de inscribir todo acto de disposición, mutación del dominio,
limitación de gravamen, que no provenga de la señora Alina Leonor (…). [Transcripción
literal].

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 26 de octubre del 1999, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito Judicial
de Montería profirió sentencia en la que ordenó cesar los efectos civiles del matrimonio
religioso que había contraído la señora Alina Leonor Ricardo Soto con el señor Víctor
Eduardo Montaño López, así como la disolución y liquidación de aquella sociedad

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conyugal. Esta decisión fue confirmada el 25 de julio de 2005 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería.

5. Mediante providencia del 8 de noviembre de 2005, el Juzgado Tercero del
Circuito de Montería aprobó la partición y adjudicación de bienes de la sociedad
conyugal. En lo que respecta al inmueble denominado La Esperanza, ubicado en la
Vereda El Peñón, Corregimiento Porvenir, Municipio de San Antero, Córdoba,
identificado con Matrícula Inmobiliaria 146-0021-110 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Lorica, se señaló que este sería adjudicado en su totalidad
a la actora.

6. De acuerdo con lo indicado por la demandante, en la actualidad el predio se
encuentra ocupado ilegalmente por la Empresa de Oleoductos Bicentenario de
Colombia S.A.S. y el señor Edgardo Manuel Montaño López, en virtud de la
adjudicación como baldío que fue realizada a través de las Resoluciones 0345 y 0346,
ambas del 23 de abril de 2003.

7. Ante esta situación, la tutelante señaló que interpuso denuncia por usurpación
de tierras, contra los señores Víctor Eduardo Montaño López y Edgardo Manuel
Montaño López, asunto sobre el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, Sala Penal negó la existencia del referido delito.

8. Con ocasión de lo anterior, adujo que ha radicado múltiples peticiones ante las
autoridades accionadas para alertarlas de los hechos hasta aquí narrados con el fin
de lograr obtener la restitución de los derechos de los que fue despojada y desplazada.

9. En tal sentido, acotó que el 29 de marzo de 2021 presentó solicitudes ante la
Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras y la Oficina
Territorial de Restitución de Tierras de Montería, para que, por un lado, sea incluida
en el registro único de víctimas y, por otro, en virtud del artículo 77 numerales 3 y 4 de
la Ley 1448 de 20111, anularan las Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003,
sin que ninguno de sus requerimientos hubieren sido resueltos.

1 ARTÍCULO 77. PRESUNCIONES DE DESPOJO EN RELACIÓN CON LOS PREDIOS INSCRITOS
EN EL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS. En relación con los predios inscritos en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se tendrán en cuenta las siguientes
presunciones: (…) 3. Presunciones legales sobre ciertos actos administrativos. Cuando la parte hubiere
probado la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble, no podrá
negársele su restitución con f undamento en que un acto administrativo posterior legalizó una situación
jurídica contraria a los derechos de la víctima. Para ef ectos probato rios dentro del proceso de restitución,
se presume legalmente que tales actos son nulos. Por lo tanto, el juez o Magistrado podrá decretar la
nulidad de tales actos. La nulidad de dichos actos produce el decaimiento de todos los actos
administrativos posteriores y la nulidad de todos los actos y negocios jurídicos privados que recaigan
sobre la totalidad del bien o sobre parte del mismo. 4. Presunción del debido proceso en decisiones
judiciales. Cuando el solicitante hubiere probado la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior
despojo de un bien inmueble, no podrá negársele su restitución con f undamento en que una sentencia
que hizo tránsito a cosa juzgada otorgó, transf irió, expropió, extinguió o declaró la propiedad a f avor de
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1.4. Fundamentos de la solicitud

10. Indicó que la vulneración a sus derechos fundamentales obedeció a los
siguientes aspectos:

11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas no ha resuelto sobre las solicitudes de: a) restablecimiento de su derecho
de propiedad, b) la nulidad de actos administrativos y c) su inclusión en el registro
único de víctimas.

12. Se encuentra en estado de debilidad manifiesta y de indefensión frente a las
accionadas y los particulares. De otra parte, no cuenta con recursos económicos.

13. No tiene otro medio de defensa judicial, dado que ya acudió a la denuncia penal
por el delito de usurpación de tierras ante la Fiscalía General de la Nación, cuya
decisión en segunda instancia desprotegió su derecho a la propiedad.

14. Las Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003, mediante las cuales se
adjudicaron a la Empresa de Oleoductos Bicentenario de Colombia S.A.S. y al señor
Edgardo Manuel Montaño López el predio rural de propiedad de la accionante son
nulas al tenor de lo previsto en los artículos 65 inciso 5 y 69 de la Ley 160 de 1994;
artículos 32 de la Ley 387 de 1997; 77 de la Ley 1448 de 2011 y 29 de la Constitución
Política2.

1.5. Trámite de la acción de tutela

15. Mediante auto del 2 de marzo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A inadmitió la acción de tutela y le ordenó a la demandante que:

i) Realizara la manifestación juramentada respectiva.

ii) Aclarara ampliamente si los hechos generadores de vulneración de sus
derechos fundamentales están relacionados con la ausencia de respuesta a
solicitudes presentadas y/o con acciones u omisiones, de otra índole, por

un tercero, o que dicho bien f ue objeto de diligencia de remate, si el respectivo proceso judicial f ue
iniciado entre la época de las amenazas o hechos de violencia que originaron el desplazamiento y la de
la sentencia que da por terminado el proceso de que trata esta ley. Para ef ectos probatorios dentro del
proceso de restitución, se presume que los hechos de violencia le impidieron al despojado ejercer su
derecho f undamental de def ensa dentro del proceso a través del cual se legalizó una situación contraria
a su derecho. Como consecuencia de lo anterior, el juez o Magistrado podrá revocar las decisiones
judiciales a través de las cuales se vulneraron los derechos de la víctima y a ordenar los ajustes
tendientes a implementar y hacer ef icaz la decisión f avorable a la víctima del despojo.
2 La accionante menciona que f ueron desconocidas las sentencias C-330 de 2006 y T-025 de 2004, así

como los artículos 1, 5, 6, 16, 90 y 93 de la Constitución Política y los artículos 28, 71, 74, 75, 76 de la
Ley 1448 de 2011, sin especif icar los motivos sobre los cuales se f undamenta la inf racción.
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parte de los entes accionados. Si están vinculadas a peticiones, indicar
todos los consecutivos de radicación y fechas de presentación de las
solicitudes.

iii) Indicara si presentó peticiones ante la Notaría Única de San Antero Córdoba,
el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Agricu ltura y
Desarrollo Rural, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación,
la Procuraduría General de la Nación, y la Contraloría General de la
República, de las cuales no haya recibido respuesta y aportara la copia de
las peticiones.

iv) Señalara si inició el trámite para ser incluida en el Registro de Tierras
Despojadas, y la consecuente acción de restitución, con la Unidad de
Restitución de Tierras.

16. A través de escrito radicado el 9 de marzo de 2022, la accionante aclaró que la
vía constitucional se funda en la omisión de las accionadas de amparar los derechos
a la propiedad, la vida digna, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad,
la discriminación y el amparo a la familia, al trabajo, a la tercera edad, de la mujer
soltera cabeza de familia y desplazada por despojo de tierras.

17. Igualmente, manifestó que en efecto elevó peticiones al Ministerio de Justicia,
la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de
la Nación y la Contraloría General de la República, de las cuales recibió respuesta,
cuyas copias allegó con el escrito de tutela. Sin embargo, advirtió que las entidades
también deberán aportarlas.

18. En lo concerniente a la Notaría Única de San Antero Córdoba y al Ministerio de
Agricultura, afirmó que no presentó solicitud alguna, pero las incluyó como accionadas
teniendo en cuenta que se debe “decretar la nulidad del acto administrativo que
condujo al despojo de mis tierras”, en virtud del principio de colaboración armónica, al
igual que lo hizo con la Superintendencia de Notariado y Registro por ser la autoridad
a la que se le debe ordenar efectuar el registro de la anulación.

19. Precisó que no ha iniciado el trámite de inclusión en el registro de tierras
despojadas, pero sí solicitó al director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas de Montería, la restitución de la propiedad sobre
el terreno despojado, sobre lo cual recibió respuesta negativa.

20. Agregó que, ante las Oficinas de Restitución de Tierras presentó escrito de
solicitud de nulidad de las resoluciones 0345 y 0346 de 23 de abril de 2003, sin que
hasta el momento hubiera obtenido respuesta.

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21. Mediante auto del 17 de marzo de 2022, se admitió la acción de tutela y se
ordenó:

i. notificar como demandados a la Presidencia de la República, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado Colombiano, al Ministerio de
Justicia y del Derecho, al Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras,
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General
de la Nación, a la Contraloría General de la República, a Oleoductos
Bicentenario de Colombia S.A.S., y a la Superintendencia de Notariado y
Registro y se les otorgó el término de tres días para rendir el respectivo
informe,

ii. vincular como terceros interesados en las resultas del proceso a la Agencia
de Desarrollo Rural (ADR) y a la Agencia de Renovación del Territorio (ART),
al haber reemplazado funciones del INCODER, así como al señor Edgardo
Manuel Montaño López y, se ordenó emplazar a los señores Víctor Eduardo
Montaño López, Gabriel Eduardo Montaño López y Daniel Enrique Bolaños
Martínez,

iii. publicar el proveído en la página web del Consejo de Estado y de la Rama
Judicial dirigido a los tres últimos mencionados. Asimismo, se advirtió que,
de no comparecer en los siguientes tres días, se les designaría curador ad
litem,

iv. requerir a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para que
allegaran las copias de las Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de
2003, emitidas en su momento por el INCODER, e indicaran si ya habían
dado respuesta congruente y de fondo a las solicitudes presentadas por la
señora Alina Leonor Ricardo Soto, en relación con las resoluciones en
mención y la restitución de tierras despojadas.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Presidencia de la República

22. El apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República—
DAPRE solicitó que se declarara la falta de legitimación material en la causa por pasiva
pues, de conformidad con sus funciones y competencias, no es la llamada a responder
por los reproches constitucionales.

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1.6.2. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

23. Indicó que no ha vulnerado las garantías invocadas por la parte actora.

24. Señaló que, el 27 de febrero de 2019 3, la actora solicitó ante su entidad ejercer
control social, tendiente a lograr el restablecimiento de sus derechos humanos,
fundamentales, económicos y sociales, en atención al proceder fraudulento e irregular
que conllevó a que, por error judicial, fuera despojada del bien inmueble distinguido
con el folio de matrícula inmobiliaria 146-21110 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Lorica (Córdoba).

25. Adujo que dicha petición fue resuelta mediante la comunicación 20192400014801-
AC del 5 de marzo de 2022.

26. En todo caso precisó que la agencia carece de competencia para resolver la
problemática planteada por la accionante, pues la solución a sus pretensiones,
escapan a la órbita y funciones de la entidad, como se le indicó en la comunicación
atrás referida. Por tanto, existe una falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. Ministerio de Justicia y del Derecho

27. El director jurídico solicitó que se desvinculara a la entidad del trámite de la acción
de tutela en tanto que no existe: i) ninguna relación jurídica sustancial entre éste y la
parte actora que implique responsabilidad en la afectación de sus derechos
fundamentales y; ii) vulneración por parte de la cartera ministerial, lo que conlleva a
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.4. Ministerio del Interior

28. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, en su intervención
solicitó desvincular a esa cartera ministerial, por no haber sido la entidad que vulneró,
por acción u omisión, los derechos que alega la accionante. En ese sentido, argumentó
la falta de legitimación material en la causa por pasiva y la inexistencia de vulneración
de derechos fundamentales.

1.6.5. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

29. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica expuso que, al realizar una verificación en el
sistema físico y electrónico de correspondencia de ese ministerio, no se encontró
prueba alguna de que la actora hubiera iniciado alguna actuación administrativa

3 Radicado n.º 20198000379912.

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relacionada con los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela, por lo que
solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.6. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas

30. La directora jurídica pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva ante la inexistencia de vulneración de la entidad. En todo caso, requirió para
que se denegara lo pretendido en la acción de tutela bajo estos presupuestos:

i. La accionante el 9 de noviembre de 2020, bajo el radicado DSCI-202021480,
solicitó que se adelantara el procedimiento administrativo pertinente de restitución
jurídica y material de su predio, el cual fue resuelto de fondo a través del Oficio
DTCM-05093 del 22 de diciembre de 2020 y se otorgó la información requerida
para el trámite en cuestión.

ii. Respecto de la declaratoria de nulidad de unos actos administrativos expedidos
por el INCORA y el INCODER, la tutelante confunde las competencias designadas
a su entidad y a las propias de la Agencia Nacional de Tierras, siendo esta última
la llamada a dar contestación a su petición.

1.6.7. Fiscalía General de la Nación

31. El coordinador de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Montería realizó
un recuento de lo adelantado ante su dependencia y solicitó negar el amparo
constitucional.

1.6.8. Procuraduría General de la Nación

32. Pidió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado por cuanto el 27 de
marzo de 2019 se le dio respuesta a la petición presentada el 27 de febrero de 2019.
Además, refirió que el 23 de marzo de 2022 dio contestación al requerimiento de la
parte actora, lo que implica una inexistencia de vulneración.

1.6.9. Superintendencia de Notariado y Registro

33. La jefe de la Oficina Asesora jurídica explicó que la entidad no es competente para
pronunciarse sobre las peticiones incoadas por la accionante en virtud de lo previsto
en las normas que definen este aspecto, esto es, los artículos 1, 4 y 22 del Decreto
2723 de 2014 y 1, 22, 92 y 93 de la Ley 1579 de 2012, situación que genera la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

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34. Advirtió que la acción de tutela debe considerarse improcedente toda vez que su
institución no tiene injerencia directa en el asunto porque su actividad está sujeta a las
solicitudes elevadas respecto a la inscripción de órdenes que se surten en la etapa
administrativa y/o judicial del proceso de restitución de tierras, sin que se evidencie
que la actora hubiera presentado requerimiento alguno sobre esto.

1.6.10. Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S.

35. Se opuso a la prosperidad de la acción de tutela por carecer de sustento legal y
fáctico, pues, bajo su criterio, la actora busca que el juez constitucional supla al
operador judicial de conocimiento, pese a que los involucrados actuaron en debida
forma y con apego a la Constitución y a la ley.

1.6.11. Agencia de Desarrollo Rural

36. Indicó que, verificada la información obrante en la plataforma ORFEO no se
evidencia que la demandante hubiera presentado petición ante dicha entidad.

37. Resaltó que la acción de tutela es improcedente por cuanto no es el mecanismo
de defensa judicial apto para solicitar la adjudicación de tierras, dado que para tal fin
existe la acción de restitución prevista en la Ley 1448 de 2011 y, además, no se cumple
con el requisito de subsidiariedad en lo que tiene que ver con la solicitud de nu lidad de
actos administrativos la que debe demandarse ante el juez de lo contencioso
administrativo.

38. En tal sentido solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.12. Agencia de Renovación del Territorio

39. Pidió que se desvinculara a la en tidad en atención a que, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Ley 2366 de 2015, modificado por el Decreto 1223 de 2020,
no asumió obligaciones del extinto INCODER.

40. Además, adujo que no existe ningún nexo causal sustancial con la solicitud que la
accionante presentó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas, lo que comporta la configuración de la excepción falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.6.13. Víctor Eduardo y Edgardo Manuel Montaño López

41. Indicaron que la solicitud de amparo resulta improcedente porque gira en torno a
las Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003, y con ello se quebranta el

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principio de inmediatez, en la medida que fueron expedidas hace aproximadamente
19 años.

42. De otra parte, refirieron que el mecanismo excepcional utilizado no es el escenario
adecuado para cuestionar la validez de estas decisiones, dado que la acción de tutela
no procede contra actos administrativos.

1.6.14. La Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo, la
Contraloría General de la República y los señores Gabriel Eduardo Montaño
López y Daniel Enrique Bolaños Martínez, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

43. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de 12 de
mayo de 2022, amparó el derecho de petición de la tutelante respecto de una solicitud
y declaró la improcedencia en relación con los demás requerimientos.

44. En primer lugar, planteó como problema jurídico la necesidad de establecer si las
decisiones de anular las Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003 expedidas
por el liquidado INCORA y de negar la restitución del inmueble a la actora, de acuerdo
con el ámbito de sus competencias, las autoridades demandadas vulneraron los
derechos fundamentales de la tutelante.

45. En cuanto al desarrollo de la providencia, realizó un recuento sobre la procedencia
de la acción de tutela y una explicación amplia respecto del derecho de petición:
generalidades, su formulación, el deber de pronta solución, el contenido de la
respuesta y el mandato de que sea notificado.

46. Clarificado lo anterior detalló las distintas peticiones que la accionante adujo haber
presentado, para lo cual identificó la fecha, radicación (si la tenía), a quién se dirigía,
cuál era el objeto principal de la solicitud y su respectiva respuesta, lo que permitía
encontrar la legitimación en la causa de los diferentes sujetos vinculados en el
mecanismo constitucional.

47. Con todo este insumo precisó el marco normativo que existe para la restitución de
tierras, trayendo a colación las respuestas dadas en el año 2020 por la Unidad
Administrativa Especial dirigidas a la señora Ricardo Soto con ocasión de las
peticiones presentadas por la ciudadana ante su dependencia, para lo cual le recordó
que, comoquiera que no había iniciado trámite alguno para ser incluida en el Registro
de Tierras Despojadas y que lo pretendido era restablecer su derecho a la propiedad,
la acción constitucional se tornaba improcedente en este aspecto.

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48. Ahora bien, en lo concerniente a la pretensión relacionada con que el juez de tutela
anule las Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003, expedidas por el extinto
INCORA, a través de las cuales, adjudicó en cada una predios baldíos a un particular,
encontró que los argumentos en que se funda dicha solicitud se dirigen a controvertir
la legalidad de esos actos administrativos, para lo cual este mecanismo no es en
principio el instrumento procedente, salvo que se instaure como medio transitorio para
evitar un perjuicio irremediable (lo cual no ocurrió en el asunto bajo estudio) y que, en
todo caso, tampoco satisface el requisito de inmediatez.

49. No obstante, el a quo constitucional evidenció que la petición formulada ante la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para
que anulara los actos referidos en el párrafo anterior no se había contestado, por lo
que ordenó a dicha autoridad para que le respondiera de manera clara, puntual,
oportuna y de fondo, el requerimiento en cuestión, sin que ello implique acceder a lo
pretendido en esa solicitud.

1.8. Impugnación

50. Con escrito radicado el 8 de junio de 2022, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas impugnó la anterior providencia.

51. Indicó que, distinto a lo encontrado por el juez de primera instancia, la petición
presentada por la tutelante el 29 de marzo de 2021, identificada con el radicado DSC1-
202106951, tuvo como finalidad la inscripción de su predio en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) y su inclusión dentro del Registro
Único de Víctimas, lo cual fue resuelto mediante Oficio DTCM2-202102698 del 12 de
mayo de 2021, sin que mediara requerimiento alguno para que se anularan las
Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril de 2003 expedidas por INCORA.

52. Señaló que, en virtud del Decreto 2365 de 2015, corresponde a la Agencia
Nacional de Tierras realizar el seguimiento a los procesos de acceso a tierras en
cualquiera de sus modalidades, que fueron ejecutadas por el extinto INCODER o por
el INCORA. En ese orden, arguyó que lo pretendido por la actora fue presentado en
esta acción de tutela y no a través de una petición.

53. Mencionó que, en todo caso, la entidad, respetuosa de las decisiones judiciales y
en garantía de los derechos fundamentales de la señora Alina Leonor Ricardo Soto,
envió comunicación al correo electrónico de la accionante en cumplimiento del fallo del
12 de mayo de 2022 bajo el radicado URT- DTCM-018946 de 8 de junio de la presente
anualidad en el que se le precisó que:

(…) la Unidad no tiene injerencia en la decisión que deba tomar la ANT respecto a dichos
actos administrativos, avizorando frente a esta solicitud que desde esta entidad no es
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posible despachar de manera positiva, lo solicitado por usted, es decir, no procederemos
a revocar o nulitar las Resoluciones 0345 y 0346 de 23 de abril de 2003 por carecer de
competencia de acuerdo a lo advertido en la ley 1448 de 20114.

54. Por todo lo anterior, consideró que la sentencia de primera instancia debía ser
revocada y, en consecuencia, declarar la improcedencia de la acción de tutela puesto
que del material probatorio anexo al expediente se encuentra que se han configurado
las excepciones denominadas: i) inexistencia del hecho vulnerador y ii) carencia actual
de objeto por hecho superado.

1.9. Solicitud de la accionante

55. El 14 de junio de 2022, la señora Alina Leonor Ricardo Soto envió correo
electrónico en el que solicitó copia del escrito de impugnación de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y del escrito
de traslado de notificación hecho por la Defensoría del Pueblo.

56. Frente a ello, ese mismo día, la Secretaría General del Consejo de Estado
respondió al requerimiento de la actora para lo cual se le informó que, tanto en la
página web de la Corporación como en el aplicativo SAMAI, puede verificar el estado
de los asuntos judiciales, descargar documentos y providencias que obran en los
mismos, incluyendo la consulta electrónica del proceso de la referencia.

1.10. Trámite de impedimento

57. Los días 25 y 26 de julio de 2022, los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra y
Rocío Araújo Oñate manifestaron su impedimento para participar dentro de la Sala de
Decisión constitucional dentro del proceso de la referencia, con fundamento en la
causal establecida en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
aplicable al caso por remisión expresa del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

58. El magistrado Álvarez Parra indicó que su esposa es la directora de la Vigilancia
Judicial de la Contraloría General de la República y la magistrada Araújo Oñate señaló
que su hermana desempeña un cargo del nivel asesor en el despacho del contralor
General de la República.

59. Con ocasión de esta situación, teniendo en cuenta que no existía quórum para
decidir sobre el asunto, mediante auto del 28 de julio de 2022 se ordenó el sorteo de
dos conjueces, uno de ellos en calidad de principal y otro como suplente. Dicho
procedimiento se llevó a cabo el pasado 2 de agosto, quedando designados,
respectivamente, los señores Alejandro Venegas Franco y Jesús Vall de Ruten Ruíz.

4 La comunicación en mención y el soporte de notif icación fueron adjuntados como anexos al escrito de

impugnación.
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60. Mediante auto de 25 de agosto de 2022, la Sala de Decisión conformada por
los magistrados Carlos Enrique Moreno Rubio y Pedro Pablo Vanegas Gil, así como
por el conjuez Alejandro Venegas Franco, resolvieron declarar infundadas las
manifestaciones de impedimento.

61. Lo anterior al encontrar que, en el marco de las funciones o competencias, las
familiares de los magistrados en mención, no estuvieron ni están llamadas a dar trámite
a la petición instaurada por la parte actora, objeto de la tutela e impugnación, por lo
que no se advierte un interés directo ni indirecto en el presente proceso.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

62. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Alina Leonor Ricardo Soto, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral
8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

63. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 12 de mayo de 2022 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que concedió la solicitud de amparo presentado por
la parte actora. En tal sentido, teniendo en cuenta el escrito de impugnación, se deberá
resolver el siguiente interrogante:

• La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, ¿vulneró el derecho fundamental de petición de la accionante al
no contestar la solicitud presentada por ella el 29 de marzo de 2021 en la que,
presuntamente, pidió que se anularan las Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de
abril de 2003 proferidas por el INCORA?

64. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
las generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii) la carencia
actual de objeto y; (iv) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

65. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
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las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.

66. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado
que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable 5.

2.4. Del derecho de petición

67. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución ”6. El mismo artículo superior precisa que el
Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar
los derechos fundamentales.

68. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El núcleo
esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”7.

69. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de
la petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala un término de 15 días para resolver la
misma, -hoy vigente con ocasión de la expedición de la Ley 2207 de 2022 que derogó
el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 del 2020, el cual había ampliado el término a
30 días durante la vigencia de la emergencia sanitaria con ocasión de la declaratoria
del Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico por el COVID-198- y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

70. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición

5 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 del 2009 y T-764 de 2010.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
8 ARTÍCULO 2. Deróguese el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020.
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debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o
relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al
peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de
lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no
impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses
del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada”9.

71. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante”10.

72. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional: “(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada”11.

73. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes
elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone
que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo12.

74. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además

9 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
10 Ibidem.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-230 del 2020.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-161 del 2011.
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incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca 13.

75. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho
subjetivo.

76. En todo caso, en el evento de que la petición sea dirigida ante una autoridad
que no es competente, existe un deber de esta en informar al interesado, ya sea de
manera inmediata (si la solicitud fue verbal), o dentro de los cinco días siguientes a su
recepción (si el requerimiento fue escrito), y en esa misma oportunidad, además de
remitirlo al competente, esta información será puesta en conocimiento al peticionario;
al día siguiente de que la nueva entidad reciba la solicitud, empezará a contar los
términos legales para que responda.

2.5. Carencia actual de objeto

77. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo consagrado en el
Decreto Legislativo 2591 de 1991 tiene como objetivo la protección efectiva, cierta e
inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por las actuaciones u omisiones de las autoridades y de los particulares,
en los casos específicamente previstos por el legislador14.

78. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado que,
frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada, en el
sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se ha
producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo constitucional, la
acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, “cae en el vacío” 15. A la primera
de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la ha denominado hecho
superado y, a la segunda, daño consumado.

13 Sobre el tema, ver sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta. Fecha 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor: Robert
Wilson Molina Sambony. M.P. Susana Buitrago Valencia.
14 Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.
15 Consultar, entre otras, las sentencias T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de 2014,

T-484 de 2016, T-021 de 2017, T-657 de 2017 y la T-189 de 2018.
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79. Por otra parte, la Corte Constitucional también ha reconocido 16, como lo ha
hecho esta Sección recientemente 17, que existen situaciones en las que la carencia
actual de objeto no necesariamente encuadra en las dos figuras jurídicas referidas,
sino que obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior a la solicitud
de tutela. En esos casos, se ha considerado que la decisión que pudiere proferir el juez
de tutela resultaría igualmente inane por sustracción de materia o por lo que en sede
de unificación denominó “acaecimiento de una situación sobreviniente”.

80. Sobre el tema cabe destacar la sentencia de unificación de jurisprudencia sobre
el tema –SU 522 de 201918–, en la que se precisó que si luego de acudir a la autoridad
judicial, “la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma”, no tendría sentido
un pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el juez caería en el
vacío”, siendo esta la “idea central que soporta el concepto de carencia actual de
objeto”.

81. En esa providencia la Corte aclaró que “el juez de tutela no ha sido concebido
como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha
dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya
superados”.

82. Es importante hacer referencia a las subreglas que en materia de carencia
actual de objeto rigen a partir de la sentencia de unificación:

(i) En los casos de daño consumado: es perentorio un pronunciamiento de fondo del juez
de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante el trámite de la
tutela; precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la acción de
amparo. Además, el juez de tutela podrá, dadas las particularidades del expediente,
considerar medidas adicionales tales como: a) hacer una advertencia a la autoridad o
particular responsable para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela; b) inf ormar al actor/a o a sus
familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que puede acudir para la
reparación del daño; c) compulsar copias del expediente a las autoridades competentes;
o d) proteger la dimensión objetiva de los derechos fundamentales trasgredidos y tomar
medidas para que los hechos vulneradores no se repitan;

(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio que el
juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente
tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisión, podrá emitir un
pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para, entre otros: a) llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela
y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir las

16 Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2017.
17 En este sentido, esta Sección se pronunció recientemente. Al respecto consultar: Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 26 de mayo de 2022, Rad. N.º
11001-03-15-000-2021-11570-01. M.P. Rocío Araujo Oñate.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.

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decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho
fundamental.

2.6. Caso concreto.

83. La Sala anticipa que confirmará la decisión adoptada el 12 de mayo de 2022,
por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A accedió
al amparo solicitado por la actora, de conformidad con lo que pasa a explicarse.

84. Sea lo primero señalar que, de conformidad con el contenido de la demanda de
tutela junto con sus respectivos anexos, la señora Alina Leonor Ricardo Soto presentó
múltiples peticiones ante distintas autoridades, pero que, para lo que atañe en sede de
impugnación, se cuestiona aquella de 29 de marzo de 2021 en la que presuntamente
solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas – UAEGRTD, la nulidad de las Resoluciones 0345 y 0346 del 23 de abril
de 2003 expedidas por el entonces INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras) sin que
hubiera obtenido respuesta.

85. Sobre esto, la UAEGRTD indicó en su escrito de oposición a la sentencia de
primera instancia que la referida petición no existe, y que la única que reposa en su
base de datos de esa fecha presentada por la accionante es la identificada con el
radicado DSC1-202106951, la cual tuvo como finalidad la inscripción de un predio de
la demandante en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
(RTDAF) y su inclusión dentro del Registro Único de Víctimas, lo cual fue resuelto
mediante Oficio DTCM2-202102698 del 12 de mayo de 2021.

86. En ese orden, la Sala encuentra que, distinto a lo acotado por la autoridad
accionada, para marzo de 2021 la señora Ricardo Soto presentó dos petici ones
independientes ante aquella entidad19:

FECHA RADICACIÓN PETICIÓN20 PRUEBA
“SOLICITO mi
inclusión en el
registro único de
víctimas, conforme
lo establece el
29 de
DSC1- artículo 13 de la ley
marzo
202106951 1448 de 2011, ley de
de 2021
víctimas y la
sentencia T-025 de
2004 citada en la
sentencia SU-235
de 2016 de la Corte

19 Esto puede ser contrastado con lo obrante en el expediente electrónico en la plataf orma SAMAI de la

presente acción de tutela, específ icamente en el índice 2, documento denominado
“ED_DEMANDA(.pdf ) NROActua 2”, f olios 99 a 108.
20 Transcripción literal del contenido de la petición.

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FECHA RADICACIÓN PETICIÓN20 PRUEBA
Constitucional, que
def ine quienes son
víctimas (def inición
dentro de la que me
encuentro y me
ampara para la
petición que hago”.
“1. DECLARAR de
of icio (…) la nulidad
de los actos
administrativos
contenidos en las
resoluciones 0345
de f echa 23 de abril
de 2003 y 0346 de
23 de abril de 2003
29 de (…).
DSC1-
marzo
202106919
de 2021 2. COMUNICAR la
decisión a la Of icina
de Instrumentos
Públicos de Lorica
(…).

3. ESTABLEZCASE
LAS SANCIONES Y
COMPENSACIONE
S DE LEY (…)”.

87. Sobre la última petición, teniendo en cuenta que únicamente se evidencia un
número de radicado sin ningún soporte adicional que acreditara su presentación ante
la autoridad demandada, el 12 de julio de 2022 el Despacho Ponente vía telefónica se
comunicó con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas para verificar la existencia del radicado y que correspondiera con una
solicitud presentada por la actora ante esta entidad, obteniendo respuesta afirmativa
por aquella institución.

88. Con este panorama, distinto a lo que la demandada indicó en su impugnación
–y como quedó en evidencia–, la señora Ricardo Soto sí presentó petición en la que
pidió ante esa corporación: (i) la anulación de unos actos administrativos; (ii) la
comunicación de esta decisión a la Oficina de Instrumentos Públicos de Lorica y; (iii)
la interposición de sanciones y compensaciones a las que hubiera lugar. En todo caso,
no reposa en el expediente de esta acción, prueba alguna de que esta fuera resuelta.

89. Ahora bien, el a quo constitucional consideró necesario, entre otras, conceder
el amparo de la tutelante y le ordenó a la accionada que en un plazo máximo e
improrrogable de 48 horas respondiera la solicitud elevada por ella. Fue así como
aquella entidad el 8 de junio de 2022 envió, al correo electrónico de la actora
[alinaricadro45@gmail.com], el oficio URT-DTCM-01894 en el que le indicó:

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En atención a lo ordenado por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente Rafael Francisco
Suárez Vargas, mediante sentencia de fecha 12 de mayo de 2022 (…) procedemos a
responder de fondo en los siguientes términos:

(…)

En ese sentido, se le informa que la Unidad no tiene la competencia legal para
pronunciarse acerca de la legalidad de los actos administrativos expedidos por la
Agencia de Nacional de Tierras, esto debido a que el Decreto 2365 de 2015 por el cual
se suprimió el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), se le delegaron las
funciones que desempeñaba este instituto a la ANT, entidad que tiene la función de
realizar el seguimiento a los procesos de acceso a tierras en cualquiera de sus
modalidades, las cuales fueron ejecutadas en su momento por el extinto INCODER o
INCORA.

Por lo anterior, la Unidad no tiene injerencia en la decisión que deba tomar la ANT
respecto a dichos actos administrativos, avizorando frente a esta solicitud que desde
esta entidad no es posible despachar de manera positiva, lo solicitado por usted, es
decir, no procederemos a revocar o nulitar las Resoluciones 0345 y 0346 de 23 de abril
de 2003 por carecer de competencia de acuerdo a lo advertido en la ley 1448 de 2011.

Por otro lado, y de acuerdo a lo indicado en las pretensiones de la acción incoada al
Juez competente, en el entendido de advertir al despacho judicial que fue despojada de
una fracción de un predio otrora de su propiedad, le ponemos de presente que si usted
considera que dicho despojo ocurrió con ocasión al conflicto armado o hechos
relacionados con violaciones a los Derechos Humanos al Derecho Internacional
Humanitario la invitamos a acercarse a la Unidad y solicitar la inscripción en el RTADF
de dichos predios (…).

90. De esta manera, la Sala no desconoce que la unidad accionada, con ocasión a
la orden judicial de tutela dictada en primera instancia, hubiera contestado
parcialmente la petición de la demandante de 29 de marzo de 2022, identificada con
el radicado DSC1-202106919. Sin embargo, esta Sección evidencia que la
contestación a la solicitud no fue completa, pues solo se dio respuesta al primer punto
del requerimiento [la anulación de las resoluciones]. Por ende, se debe confirmar la
decisión de primera instancia y ordenar a la entidad accionada que conteste los puntos
que le faltan por resolver a la actora.

91. Además de lo expuesto previamente, es importante resaltar qu e esta Sección
en otra oportunidad ha considerado que, aun cuando la parte impugnante solicite
declarar la carencia actual de objeto por considerar que ya cumplió con la orden de
tutela, si además de eso manifestó su inconformidad con las resultas del proceso en
primera instancia, tal y como ocurre en la situación bajo estudio, el juez de segunda
instancia procederá a confirmar la orden dictada por el a quo21.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Fecha 09.09.2021.,

Radicación: 25000-23-15-000-2021-00683-01, Actora: María Paulina Soto Martínez. M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alina Leonor Ricardo Soto
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-01379-01

92. En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado en lo que se refiere a la
orden de amparo que le correspondía cumplir a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, por lo expuesto en precedencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

3. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada el 12 de mayo de 2022 por medio de
la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A amparó el derecho de
petición de la señora Alina Leonor Ricardo Soto. En consecuencia, ORDENAR a
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que,
en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, conteste la
petición de la actora en los términos explicados en los párrafos 86 a 89 de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión .

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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