RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01382-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01382-01

Fecha
15 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01382-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo de tutela de primera instancia de 20 de mayo de 2022 proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el cual se negaron las pretensiones de la acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin7. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01382-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

15 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 15 de septiembre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01382-01
Demandante: Óscar Andrés Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Defecto fáctico

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia proferida por
el Tribunal Administrativo de Meta en un proceso en el que se resolvió una demanda de
reparación directa por las lesiones padecidas por el accionante como consecuencia de
la explosión de una mina antipersona. En la providencia se negaron las pretensiones de la
demanda, por considerarse que el daño no era imputable a la entidad.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
20 de mayo de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la cual se negaron las pretensiones de la acción
de tutela.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera Instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 24 de febrero de 2022, Óscar Andrés Espinosa presentó acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Meta, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, defensa, igualdad y reparación integral, al
considerar que, en la Sentencia de 19 de agosto de 2021, proferida en el
proceso de reparación directa con Rad. 50001-33-33-005-2013-00212-01, se
incurrió en un defecto fáctico, por indebida valoración del informe
administrativo por lesiones No. 1 de 7 de marzo de 2011 y las declaraciones
de los soldados profesionales que fueron testigos de los hechos.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y 333

de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01382-01
Demandante: Óscar Andrés Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO: Que se tutele los derechos al debido proceso, libre acceso a la
administración de justicia, derecho a la defensa, derecho a la igualdad y
otros, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene
dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta.

TERCERO: Que se ordene al Tribunal Administrativo del Meta, proferir una
nueva sentencia en la que se valoren correctamente las pruebas que
determinan que hubo falla en el servicio y en consecuencia revoque la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio – Meta de fecha 22 de
septiembre de 2015, y acceda a las pretensiones de la demanda.”

3. Como hechos relevantes se destacan los siguientes:

4. 1) El 11 de febrero de 2011, Óscar Andrés Espinosa, quien se
desempeñaba como soldado profesional del Ejército Nacional, fue víctima
de la explosión de una mina antipersona. El hecho ocurrió en la vereda “El
Porvenir” del municipio Uribe del departamento de Meta, en la ejecución
de un operativo que tenía como finalidad abatir a un grupo guerrillero en
dicha zona. En el campamento, el soldado y algunos de sus compañeros
recibieron la orden de su superior de buscar agua para abastecer al
pelotón. En cumplimiento de esa orden, los soldados se desplazaron por
una trocha, en donde Óscar Andrés Espinosa pisó el artefacto explosivo
improvisado que le causó graves lesiones que implicaron la amputación de
su miembro inferior izquierdo.

5. 2) Por esos hechos, el 29 de abril de 2013, Óscar Andrés Espinosa y su
grupo familiar presentaron demanda de reparación directa en contra de
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se
les indemnizara por los perjuicios morales y materiales causados. En el
escrito se indicó que el daño era imputable a la entidad, a título de falla en
el servicio, pues esta expuso a sus soldados a transitar en una zona que se
sabía era de alta presencia guerrillera, sin contar con el Equipo de
Explosivos y Desminado (EXDE) adecuado para el registro de la zona y para
prevenir hechos como el que ocurrió.

6. 3) El 22 de septiembre de 2015, el Juzgado 5 Administrativo de
Villavicencio profirió Sentencia de primera instancia, en la que negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que no se probó la existencia
de una omisión, pues en el expediente no había elementos de prueba que
evidenciaran la obligación de la entidad de dotar de un equipo EXDE a la
escuadra a la que pertenecía el demandante. Además, porque era

2 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01382-01
Demandante: Óscar Andrés Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
______________________________________________________________________________________________________________

evidente que el daño fue ocasionado por un tercero, esto es, el grupo
FARC. En contra de dicha providencia, la parte demandante interpuso
recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria de la decisión.2

7. 4) El 12 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de Meta profirió
Sentencia de segunda instancia, en la que confirmó la decisión del
juzgado. El tribunal advirtió que las lesiones padecidas por el demandante
se derivaron de un riesgo propio del servicio militar. Indicó que el material
probatorio allegado al proceso resultaba insuficiente para probar una falla
en el servicio, toda vez que, además de la declaración de 2 soldados
compañeros de la víctima, no existía ninguna otra prueba que diera
cuenta del conocimiento sobre la existencia de minas antipersona en la
zona, asimismo, se desconocía si el operativo exigía la presencia de un
equipo EXDE y si el pelotón contaba con este o no. La decisión fue
notificada a las partes el 23 de agosto de 20213.

8. Como fundamento de la vulneración la parte accionante señaló
que la Sentencia de 19 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Meta, al negar las pretensiones de la demanda, vulneró
sus derechos fundamentales, ya que configuró un defecto fáctico por falta
de valoración probatoria del informe administrativo No. 1 de 7 de marzo de
2011 emitido por el Ejército Nacional y las declaraciones de los soldados
Juan Javier Montealegre y Rafael Alejandro Mendieta.

9. Explicó que el tribunal ignoró que, en el informe administrativo,
consta que los hechos ocurrieron en la vereda “El Porvenir” del municipio
de Uribe, departamento de Meta, en donde había alta presencia de
grupos guerrilleros, además, era de conocimiento público que esos grupos
instalaban artefactos explosivos en las zonas en las que operaban, por lo
que la entidad al trasladar a los soldados a dicho lugar sin un equipo EXDE
los expuso a un riesgo mayor a aquel propio del servicio.

10. Además, indicó que el tribunal no otorgó valor probatorio a las
declaraciones de los soldados que manifestaron que la compañía a la que
pertenecían estaba compuesta por 2 pelotones, pero que solo el pelotón
No. 1 contaba con equipo EXDE y que el pelotón No. 2 en el que se
encontraba la víctima no tenía los elementos necesarios para detectar
explosivos. De manera que era evidente que, si uno de los grupos contaba
con dicho equipo, era porque en esa área resultaba necesario. En

2 En el expediente digital no obra el recurso de apelación. Sin embargo, según lo narrado en la sentencia

enjuiciada, en el recurso se solicitó la revocatoria de la providencia, ya que se había presentado una falla en el
servicio y un riesgo excepcional derivado de la omisión de la entidad al no proveer al pelotón de un equipo
adecuado para transitar en la zona, además, porque el superior ordenó pasar por un cambuche anteriormente
ocupado por la guerrilla, pese a que ello estaba expresamente prohibido en el manual de normas de seguridad
del ejército.
3 Según consta en el aplicativo SAMAI, en concordancia con lo afirmado por al parte accionante.

3 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01382-01
Demandante: Óscar Andrés Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
______________________________________________________________________________________________________________

consecuencia, la entidad incurrió en una falla al ordenar al demandante
buscar agua para la tropa sin los elementos que le permitiera salvaguardar
su vida y su integridad física.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación.

11. En Sentencia de 20 de mayo de 2022, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de
tutela. En la providencia se indicó que el tribunal no incurrió en una vía de
hecho por defecto fáctico, pues la decisión de negar las pretensiones de
la demanda se fundamentó en un estudio razonable de las pruebas
allegadas al proceso, las cuales no resultaron suficientes para demostrar
que el daño era atribuible a la demandada. Además, refirió que, pese a
que la parte accionante no estaba conforme con dicha interpretación,
esa circunstancia no permitía inferir que la actuación de la accionada
fuera contraria a derecho.

12. La parte demandante presentó impugnación, en la que solicitó se
revocara la decisión de primera instancia y se accediera al amparo
solicitado. En el escrito señaló que, en el proceso de reparación directa,
estaba suficientemente probada la falla en el servicio consistente en que
la entidad no dotó al pelotón con un equipo EXDE para el registro de las
zonas posiblemente minadas.

13. Además, indicó que la existencia de explosivos en el departamento
del Meta y especialmente en los municipios de Uribe, Vistahermosa y
Catatumbo era un hecho de público conocimiento, por lo que (se
trascribe): “no era necesario probar que los altos mandos de Ejército tenían
conocimiento de que en esas regiones la guerrilla hace presencia desde
hace 50 años y que donde hay guerrilla hay minas”. Por último, insistió en
que, en el informe administrativo y en las declaraciones, se evidenciaba
que el pelotón realizó la misión encomendada sin grupo EXDE, por lo que
no fue posible detectar el explosivo que causó el daño por el cual se
reclamaba una indemnización.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.4. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

14. Se deberá establecer, luego de verificados los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de

4 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01382-01
Demandante: Óscar Andrés Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
______________________________________________________________________________________________________________

Meta, en la providencia enjuiciada, valoró indebidamente el informe
administrativo No. 1 de 7 de marzo de 2011 emitido por el Ejército Nacional
y las declaraciones de los soldados Juan Javier Montealegre y Rafael
Alejandro Mendieta, con base en los cuales el tribunal concluyó que el
daño no era atribuible a la entidad demandada, por no encontrarse
acreditada una omisión constitutiva de falla en el servicio. En ese orden, la
Sala procederá a confirmar, modificar o revocar la decisión de primer
grado, según sea el caso.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial4

15. La Sala advierte que en este caso se cumplieron los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe
recurso idóneo y eficaz que permitiera al demandante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente
vulnerado. Hubo un plazo razonable entre el día siguiente a la fecha de
notificación de la última actuación del proceso (24/8/2021)5 y la de
interposición de la presente acción de tutela (24/2/2022)6. No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una Sentencia de
segunda instancia dictada en el marco de un proceso de reparación
directa. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte
que la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación de los derechos fundamentales del demandante, en
el marco de un proceso de reparación directa por las lesiones causadas a
un soldado profesional en un accidente con un artefacto explosivo,
respecto del cual se alegó una indebida valoración probatoria.

16. En la Sentencia T-175 de 2022, la Corte Constitucional, al revisar un
fallo de tutela que resolvió un caso similar al que aquí se estudia, explicó
que se cumplió con el requisito de relevancia constitucional por cuatro
razones: primero, porque la acción de reparación directa versaba sobre la
responsabilidad del Estado prevista en el artículo 90 de la Constitución;
segundo, porque el caso planteaba una controversia sobre el título de
imputación aplicable a los casos en los que se causan daños por minas
antipersona a miembros de la Fuerza Pública, lo cual era un asunto que
determinaba el estándar probatorio que deben acreditar las víctimas para
obtener la reparación integral del daño; tercero, porque los integrantes de
la Fuerza Pública tienen la calidad de víctimas del conflicto armado frente

4 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.
5 Para efectos de determinar la inmediatez se cuenta el término razonable desde la última providencia, esto es,

la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa.
6 En el acta Individual de reparto se indica que la acción de tutela fue instaurada el 28 de febrero de 2022. No

obstante, en los correos de soporte de la presentación de la acción de tutela se evidencia que fue remitida el 24
de febrero de 2022.

5 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01382-01
Demandante: Óscar Andrés Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
______________________________________________________________________________________________________________

a actos que constituyen crímenes de guerra, como es el caso de las minas
antipersona; y cuarto, porque el caso planteaba una discusión sobre el
alcance del derecho fundamental al debido proceso.

17. En el asunto que se estudia en esta providencia se observa que la
controversia también versa sobre la procedencia de una reparación por
las lesiones causadas a un soldado con ocasión de la explosión de un
artefacto explosivo improvisado, en medio de un operativo militar cuando
desempeñaba funciones como soldado voluntario en el Ejército Nacional.
En el escrito de tutela se alegó una violación del derecho a la reparación
integral del soldado, quien fue víctima de un crimen guerra; y la violación
del derecho al debido proceso, porque se considera que, en el proceso
de reparación directa, los testimonios, así como el informe administrativo,
dan cuenta de la falla en el servicio en que incurrió la entidad por no
asignar un grupo EXDE, para efectos de la detección de las minas, al
pelotón al que pertenecía la víctima. De manera que la Sala encuentra
acreditado este requisito en el caso concreto.

2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

18. La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la acción
de tutela, porque en este caso no se configuró un defecto fáctico por
indebida valoración del informe administrativo No. 1 de 7 de marzo de
2011 emitido por el Ejército Nacional y las declaraciones de los soldados
Juan Javier Montealegre y Rafael Alejandro Mendieta.

19. En la sentencia enjuiciada, el tribunal indicó que, como pruebas que
acreditaban los hechos en los cuales se fundamentó la demanda, en el
expediente obraba: el acta de la Junta Medico Laboral, en la que se
dictaminó que Óscar Andrés Espinosa presentaba una incapacidad
laboral del 65.11%; el informe administrativo por lesiones, en el cual se
indicaron las circunstancias en que ocurrieron los hechos; y los testimonios
de 2 soldados que presuntamente hacían parte del pelotón al que
pertenecía la víctima. Con base en ello, afirmó que el daño se encontraba
demostrado, pero no se tenía certeza sobre su antijuridicidad, así como
tampoco sobre la posibilidad de atribuirse a la entidad demandada.

20. La parte accionante alega que, con base en las pruebas referidas,
era posible inferir que el Ejército conocía sobre la existencia de artefactos
explosivos improvisados en la zona y que ordenó a un grupo de soldados
realizar una misión sin contar con el equipo necesario para la detección de
explosivos.

6 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01382-01
Demandante: Óscar Andrés Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
______________________________________________________________________________________________________________

21. En el informe administrativo por lesiones se observa que el Ejército
relató los hechos ocurridos el 11 de febrero de 2011, en la vereda “El
Provenir” del municipio Uribe del departamento de Meta. En el documento
se refirió (se trascribe):

“(…) [E]n desarrollo de la Campaña Omega plan de Operaciones
“ESPARTACO” Operación “EMPERADOR” (ilegible) “FARAÓN” la compañía
B monta puesto de observación a 150 mts del objetivo y se hace (ilegible)
hasta las 12:30 horas posteriormente se inicia registro ofensivo sobre el
objetivo en el desplazamiento (ilegible) las 14:05 horas se escucha una
explosión se reacciona y al verificar la evidencia que fue activado
accidentalmente un A E I por alivio de tención el Soldado Profesional
ESPINOSA (ilegible) instalado por bandidos de las compañías disponibles
del Bloque Oriental ONT-FARC (ilegible) en planta de pie izquierdo a la
altura del talón”.

22. Por otra parte, sobre las circunstancias como ocurrieron los hechos, el
testigo Juan Javier Montealegre relató (se trascribe):

“PREGUNTADO: Dígale al juzgado si el comandante del grupo, ordenó el
registro de la trocha, por el grupo EXDE antes de enviar por ella al
Sargento Primero Óscar Andrés Espinosa y a sus compañeros a registrar el
área. CONTESTADO: En ese entonces mi teniente no dio la orden de
registrar la trocha, nadie dio la orden de registrar la trocha, dijeron hacer
un registro para conseguir el agua, para ver si nos cambuchabamos ese
día ahí́ y en ningún momento dieron la orden de registrar ni con el EXDE, ni
con el perro, ni con nada, nosotros hicimos el registro con los soldados,
con mi cabo al mando en ese entonces (...) PREGUNTADO: Dígale al
juzgado si el perro estaba debidamente entrenado y expliqué al juzgado
que quiere decir que el perro no tenía curso. CONTESTADO: Pues esos
perros que cargan las compañías son entrenados debidamente, pero en
el momento de los hechos, el pelotón no tenía perro, para revisar el área
por donde pasamos, pero los perros que cargan las compañías son
debidamente entrenados, para esas situaciones, el pelotón de nosotros no
tenía perro exactamente, el otro pelotón si tenía perro pero no hicieron el
registro con el perro ese día.”

23. El testigo Rafael Alejandro Mendieta narró (se trascribe):

“PREGUNTADO: Dígale al juzgado si el comandante del grupo, ordenó el
registro de la trocha, por el grupo EXDE antes de enviar por ella al
sargento Primero Óscar Andrés Espinosa y sus compañeros a registrar el
área. CONTESTADO: En ningún momento se hizo ningún registro ni nada no
se hizo registro (...) PREGUNTADO: Dígale al juzgado si el perro estaba
debidamente entrenado y explique al juzgado qué quiere decir que el
perro no tenía curso. CONTESTADO: Se encontraba el guía canino pero en
el momento en que se hizo el registro el se encontraba en el otro pelotón
porque cargamos un perro por compañía y él no fue al registro porque
nos correspondía a nosotros, él se quedó en el otro pelotón.
PREGUNTADO: Qué quiere decir que el perro no tenía curso?
CONTESTADO: No sí, él andaba con su binomio se llama actualmente
binomio, que no fue al registro pero el binomio estaba. En el momento del
registro nos tocó a nosotros los que íbamos de punta y el iba en el cierre,
en el pelotón que va de cierre (...) PREGUNTADO: Dígale al juzgado si el

7 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01382-01
Demandante: Óscar Andrés Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
______________________________________________________________________________________________________________

comandante ordenó el registro del área por inteligencia por medios
electrónicos (detectores de metal). CONTESTADO: No cargábamos, lo
único que existía ahí́ en ese momento grupo EXDE no había, lo único que
existía era el guía canino y no fue con nosotros al registro porque
correspondía al otro pelotón (...)”

24. A partir de lo anterior el tribunal consideró que estaba probado el
daño consistente en las lesiones padecidas por Óscar Andrés Espinosa. Sin
embargo, respecto a la antijuridicidad e imputabilidad del daño al Estado,
indicó que la única prueba en la que se advertía una supuesta omisión era
en los testimonios de los soldados, los cuales no resultaban suficientes para
declarar la existencia de una falla en el servicio o la existencia de un riesgo
mayor al que debían soportar los militares en el desarrollo de esa actividad,
pues en el expediente no se aportó ninguna prueba que diera cuenta de
la misión que se estaba ejecutando, por lo que se desconocía si dicha
misión requería, o no, un equipo especializado de detección de explosivos
y desminado y si la entidad había incurrido en una omisión o faltado a un
deber u obligación por no proporcionarlo. Asimismo, indicó que no
obraban elementos de prueba en los que se advirtiera que el otro pelotón
que conformaba la compañía contaba con dicho equipo, de manera que
tampoco era posible advertir a partir de ese hecho la necesidad de que la
misión contara con esos recursos.

25. La Sala evidencia que el análisis realizado por el tribunal resulta
razonable en relación con las pruebas aportadas al expediente y las reglas
sobre responsabilidad del Estado en casos de daños padecidos por
miembros de la fuerza pública. En efecto, el tribunal no desestimó la
existencia del daño, tampoco ignoró que según los testigos el pelotón fue
en búsqueda de agua sin un equipo antiexplosivos, pero sí echó de menos
las pruebas que permitieran inferir la existencia de una omisión, pues las
declaraciones de los testigos no resultaban suficientes para probar todos
los elementos de la responsabilidad.

26. En este caso, el tribunal, en ejercicio de su autonomía judicial y del
principio de la sana crítica, consideró insuficientes las pruebas aportadas al
proceso para acreditar la teoría del caso planteada por la parte actora,
pues los elementos probatorios, analizados en su conjunto, no llevaban al
convencimiento inequívoco de la existencia de una falla en el servicio o un
riesgo excepcional.

27. Entonces, dado que la parte actora no demostró la configuración de
un defecto factico, la Sala negará el amparo solicitado.

8 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01382-01
Demandante: Óscar Andrés Espinosa
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - niega
______________________________________________________________________________________________________________

2.4. Conclusiones

28. La Sala confirmará la Sentencia de 20 de mayo de 2022 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
cual se negaron las pretensiones de la acción de tutela, por no encontrar
configurado el defecto fáctico alegado por la parte actora.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, el
fallo de tutela de primera instancia de 20 de mayo de 2022 proferido por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el cual se
negaron las pretensiones de la acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin7.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

7 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

9 de 9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.