Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01383-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01383-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01383-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
17 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202201383-01
Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
Demandado: Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria / alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 28 de marzo de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual negó el amparo solicitado, al no
encontrarse configurado el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
ni el defecto fáctico alegado por el actor.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201383-01
Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a
su juicio, al proferir la sentencia de 11 de febrero de 2022, dentro del proceso del
medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos identificado con el número único de radicación
110013342049202100344-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, “[...] LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C.,
mediante Resolución 750 de 2014 lo declaró responsable de contravenir lo
dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, razón por la cual
se le impuso multa y, además, le sancionó con la cancelación de la actividad para
conducir cualquier vehículo por el termino de veinticinco (25) años contados a partir
de la ejecutoria de dicho proveído [...]”.
4. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos contra la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá en la cual solicitó a la entidad demandada cumplir
con lo dispuesto en los artículos 3 y el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1696 de
2013 con fundamento en la sentencia C-428 de 2019 proferida por la Corte
Constitucional.
5. Adujo que, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia de 19 de enero de 2022, accedió a las pretensiones incoadas
por el actor y ordenó dar cumplimiento al mandato previsto en el “[...]artículo 3,
parágrafo y artículo 5, parágrafo 3, de la Ley 1696 de 2013, de conformidad con la
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Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
interpretación que realizó la Corte Constitucional en la sentencia C-428 de 2019
[...]”.
Sentencia de 11 de febrero de 2022 proferida por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso del
medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de
actos administrativos identificado con el número de radicación 110013342049
202100344-01
6. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca decidió:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la providencia impugnada proferida el 19 de enero de
2022 por el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
En su lugar se RECHAZA la solicitud de cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o de actos administrativos presentada por el señor Héctor Andrés Giraldo
Naizaque, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
6.1. Al respecto, consideró que: i) no se agotó el requisito de procedibilidad
consistente en la constitución en renuencia de la entidad y ii) tampoco se solicitó el
cumplimiento de una norma que contenga un mandato imperativo, inobjetable y
exigible a la Secretaría Distrital de Movilidad.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] A. TUTELAR, el derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del señor HÉCTOR ANDRÉS GIRALDO
NAIZAQUE, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.013.641635 de
Bogotá, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
MOVILIDAD DE BOGOTÁ, al haber proferido la sentencia con fecha del once (11) de
febrero del año dos mil veintidós (2022). B. ORDENAR, la revisión de la sentencia
expedida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN E, proferida el once (11) de febrero del año dos mil
veintidós (2022), a fin de que se garantice el derecho a la igualdad, al debido proceso
y el acceso a la Justicia. C. ORDENAR, la revisión de la sentencia expedida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN E, proferida el once (11) de febrero del año dos mil veintidós (2022),
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Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
a fin de que se garantice el derecho a la igualdad, al debido proceso y el acceso a la
Justicia […]” .
8. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial demandada incurrió
en un defecto fáctico por indebida valoración del acervo probatorio, toda vez
que, “[...] hizo una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas aportadas en la
acción de cumplimiento [...]”.
9. De igual manera, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Para tal efecto, trajo a
colación, la Sentencia C-428 de 2019 de la Corte Constitucional relacionada con el
condicionamiento a la sanción de cancelación de la licencia de conducción.
Actuación
10. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 2 de marzo de 2022; i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; iii) vinculó al Secretario
Distrital de Movilidad de Bogotá, al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura
y al titular del Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de
dos (2) días para que rindiera informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de lo terceros con interés legítimo
11. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca indicó que “[...] no se incurrió en ninguna de las causales
específicas de procedibilidad invocada, esto es, en los defectos sustantivos y fáctico
[...]”.
11.1. Al respecto, manifestó que:
“[…] esta Corporación si bien tuvo en cuenta el condicionamiento incluido por la Corte
Constitucional en sentencia C-428 de 2019, estimó que las normas invocadas por el
actor dentro de la acción de cumplimiento se limitaban a señalar el término de
suspensión o cancelación de la licencia de conducción -motivo por el que de estas
disposiciones no se desprendía la consecuencia pretendida por el señor Giraldo
Naizaque frente a la devolución de su licencia de conducción-.
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Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
Adicionalmente porque de la valoración integral de las pruebas aportadas se concluyó
que no existía identidad entre la solicitud elevada ante la administración para constituir
el requisito de renuencia y las pretensiones dentro de la acción de cumplimiento [...]”.
12. La Secretaría Distrital de Movilidad solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo, puesto que, “[...] no hay perjuicio irremediable y el accionante no acreditó el
cumplimiento de los requisitos para que la acción constitucional de tutela proceda
como mecanismo de protección subsidiario y/o transitorio ni tampoco cumple con
los requisitos de procedencia de la acción ante la providencia dictada por el Tribunal
[...]”.
13. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Cuarenta y
Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 28 de marzo de 2022, resolvió:
“[…] 1º) Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Héctor Andrés Giraldo
Naizaque de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”.
14.1. Como fundamento de su decisión, manifestó lo siguiente:
“[…] 6) Así entonces, es claro que la Subsección E de la Sección Segunda del
Consejo de Estado tuvo en cuenta el condicionamiento que la Corte Constitucional
introdujo al parágrafo del artículo 3 de la Ley 1696 de 2013 en la sentencia C-428 de
2019 y denotó que las normas invocadas por el actor como incumplidas no
establecieron un imperativo a partir del cual fuera posible ordenar a la autoridad
demandada que expidiera una nueva licencia de conducción en favor del señor Héctor
Andrés Giraldo Naizaque o que le hiciera devolución de aquella que fue cancelada
por la imposición de la sanción en su contra, razón suficiente para declarar que la
providencia cuestionada no incurrió en desconocimiento del precedente.
7) En lo atinente a la alegada configuración de un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria la Sala constató que fue justamente a partir de la valoración de
los medios de prueba aportados al proceso de la acción de cumplimiento que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca denotó la incompatibilidad entre la solicitud
presentada por el demandante ante la administración con las pretensiones de su
demanda, debido a que en la vía administrativa requirió el acatamiento de la sentencia
C-428 de 2019 y en el medio de control pretendió el cumplimiento del parágrafo del
artículo 3 y el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, sin que tales
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Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
pretensiones fueran puestas de presente con antelación a la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá [...]”.
[...]
“[...] 9) En atención a que las normas invocadas como desconocidas por el actor no
contienen un mandato imperativo, inobjetable y expreso a cargo de la autoridad
demandada de expedirle o entregarle la licencia de conducción al demandante y dado
el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para presentar la acción de
cumplimiento resulta evidente para esta Sala de decisión que a partir de la valoración
integral de las pruebas aportadas al proceso de la acción de cumplimiento, fue
razonable la decisión de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca de rechazar por improcedente la demanda
presentada por el señor Héctor Andrés Giraldo Naizaque.
10) No advierte esta instancia que la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca hubiere omitido analizar alguna de las
pruebas aportadas por las partes en el proceso de la acción de cumplimiento, por el
contrario, la valoración integral del expediente le permitió concluir que el demandante
no cumplió el requisito de procedibilidad necesario para acudir a ese medio de control.
En consecuencia, la providencia atacada no adolece de un defecto fáctico [...]”.
La impugnación
15. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, al considerar lo siguiente:
“[…] se procede a exponer los aspectos de controversia suscitados con la providencia
del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B, Magistrado Ponente: FREDY IBARRA
MARTÍNEZ con fecha del veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022), quien
considero que las garantías fundamentales no se vulneraron, en ese sentido solicito
que el superior revise la decisión proferida por dicho juzgador [...]”.
[...]
“[...] el Despacho del magistrado FREDY IBARRA MARTÍNEZ y el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN B, no hizo un análisis plausible de la normatividad y precedente judicial
propuesto, tampoco hizo un análisis completo de las disposiciones cuestionadas,
pues, no se refirió en absoluto a los vicios propuestos por los accionantes, por lo que
no todo respeto no se avizora un esfuerzo técnico de analizar jurídicamente la
aplicación de la normatividad al caso en concreto [...]”.
[...]
“[...] la valoración racional de pruebas acorde con la sana crítica trasciende las reglas
procesales y que, para ello, debe contrastar la consistencia del contenido de la prueba
(adecuación o correspondencia) con la realidad, mediante el análisis de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Una vez asignado el mérito
individual a cada prueba, se procede a analizar la prueba de manera conjunta
mediante el contraste de la información suministrada por cada una de ellas. Con el fin
de que sirvan de base para la construcción de hipótesis con gran probabilidad, esto
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Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
es, sin contradicciones, con alto poder explicativo y concordantes con el contexto de
la experiencia, entonces, decir como lo hizo el juez de tutela, que solo se valoraron y
se apoyó tanto fallo administrativo de segunda instancia, en las pruebas que en su
sentir eran relevantes, desechando el contenido de todas las demás, privaron al
acciónate de dar por probados los hechos que dichos elementos de prueba tenían la
capacidad de demostrar [...]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 2
y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20183; y, el Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
18. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201383-01
Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al proferir la sentencia de 11 de febrero de 2022, dentro del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos
identificado con el número único de radicación 110013342049202100344-01,
incurrió en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial, lo que trajo como consecuencia que se declarara
improcedente el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o de actos administrativos invocado por el actor en la medida en que “[...] no
se demostró el cumplimiento del requisito de constitución en renuencia ni se solicitó
el cumplimiento de una norma que contenga un mandato imperativo, inobjetable y
exigible a la Secretaría Distrital de Movilidad [...]”.
19. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) el defecto fáctico; vi) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; viii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia,
ix) análisis del caso concreto, y finalmente x) las conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello5, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201383-01
Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
21. Esta Sección6 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
23. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”7.
24. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
7Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201383-01
Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos
parámetros.
26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.
29. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, así:
29.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
29.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201383-01
Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) el actor cumplió con la
carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial y en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria.
29.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica, toda
vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la
informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas procesales10, en el escenario del amparo
contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la
cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa
juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación
jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia
arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.
29.4. Cumplió con el principio de inmediatez11.
29.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados.
29.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
29.7. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
29.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
30. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
10 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
11 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 11
de febrero de 2022 proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
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Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
31. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169
de 31 de diciembre de 189612 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201113; así
como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200114; C-816 de 201115;
C-179 de 201616; y T-102 de 201417.
32. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”18 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
33. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional19, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
12 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
13 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
14 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
15 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
18 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
19 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
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34. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional,
cuya doctrina es obligatoria20, la regla del respeto del precedente no es absoluta,
debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la
dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver
una situación concreta.
35. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los
cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala21, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas
como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que
debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia
resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en
los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
36. En efecto, la Sala22 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se
separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la
cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que
fundamenta el cambio de posición jurisprudencial23”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.
37. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
20 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
22 ibídem.
23 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben
ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos
del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-
38. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad24 por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia25 ha determinado que
se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria
o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las
que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y,
c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas
resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que
las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la
autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”26 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no
ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”27[…]“.28
39. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios
debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió
24 “En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera
arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y
legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de
aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el
ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que
ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional,
Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
25 Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre
el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de
20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
26 Corte Constitucional.
27 Ibídem.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
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haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.
40. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a
las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede
lesionar derechos fundamentales […]”29
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
41. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
42. Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
29 Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
30 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
43. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
44. Atendiendo a que la Corte Constitucional31 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
31 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
45. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
46. Atendiendo a que, la Corte Constitucional32 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso en concreto
47. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
48. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.
32 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Acervo y análisis probatorios
49. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el siguiente
documento:
49.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección E de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 11 de febrero
de 2022.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
50. El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada incurrió
en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Para lo
cual, expresó lo siguiente:
“[...] El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN E, incurrió en el defecto sustantivo alegado por el accionante, como
quiera que desconoció el precedente constitucional cuando: (i) aplico falsamente la
disposición legal contenida el inciso final del artículo 3° de la Ley 1696 de 2013, que
ha sido declarada condicionalmente exequibles por la sentencia de control de
constitucionalidad C-428 de 2019, el cual dispone que “Transcurridos veinticinco (25)
años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de
conducción”, EN EL ENTENDIDO de que se aplica única y exclusivamente a la causal
contemplada en el numeral 4° de la segunda parte del artículo 26 de la Ley 769 de
2002, referida a la reincidencia en la conducción en estado de embriaguez o bajo el
efecto de drogas alucinógenas. (ii) Se contrarío la ratio decidendi de la sentencia de
control de constitucionalidad C-428 de 2019, especialmente, la interpretación de un
precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior
y porque (iii) Se desconoció la parte resolutiva de la sentencia de exequibilidad
condicionada sentencia C-428 de 2019 , y porque (iv)se desconoció el alcance de los
derechos fundamentales fijados por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de la sentencia de control de constitucionalidad C-428 de 2019. Por lo que
dicho desconocimiento del precedente constitucional por parte de los accionados,
además de violar los derechos de las partes a la igualdad, al acceso a administración
de justicia y al debido proceso, vulnera el principio de supremacía constitucional, lo
que constituye una razón de más que hace procedente la acción de tutela contra la
providencia atacada [...]”.
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51. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar
la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que
esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y,
iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente33.
52. Para la Sala, la autoridad judicial accionada no desconoció el precedente judicial
jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional en la sentencia C-428 de 2019
de la Corte Constitucional, toda vez que esta decisión se profirió dentro del marco
del control abstracto de constitucionalidad en el cual la Corte no abordó el estudio
de un caso concreto, en el que se pudiera establecer la existencia de una situación
fáctica similar al caso bajo estudio, para determinar si hubo o no desconocimiento
del precedente judicial34.
Análisis del presunto defecto fáctico
53. El actor en su escrito de tutela indicaron que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto fáctico. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Las pruebas sobre las que se hace el presente alegato, son aquellas obran
dentro de la acción de cumplimiento con radicado N° 110013342049 2021 00344-01,
pero a las que el accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E, hizo una valoración defectuosa, son las
siguientes:
1. Copia del registro previo para pruebas con alcohosensores elaborado por la Policía
Nacional – Seccional Tránsito de Bogotá de fecha 22 de febrero de 2014.
2. Copia del formato de retención preventiva de la licencia de conducción del accionante
realizada por la Policía Nacional el día 22 de febrero de 2014.
3. Copia de la Resolución número 750 de fecha 25 de febrero de 2014, expedida por la
autoridad de tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en la que se
resolvió declarar contraventor al señor HÉCTOR ANDRÉS GIRALDO NAIZAQUE.
4. Oficio identificado con el número de radicación 20216120446322 enviado el 12
de marzo de 2021 a la dirección de correo electrónico
contactociudadano@movilidadbogota.gov.co 2021, mediante el cual el señor
33 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
34 Frente al desconocimiento de los precedentes judiciales contenidos en las sentencias “C” proferidas por la
Corte Constitucional, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 24 de agosto de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-
15-000-2018-01563-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 28 de junio de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001 03 15 000 2018 04630 01.
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Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
HÉCTOR ANDRÉS GIRALDO NAIZAQUE, por intermedio de apoderada, ante la
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.
5. Oficio radicado ante la Procuraduría General de la Nación, por medio del cual el señor
HÉCTOR ANDRÉS GIRALDO NAIZAQUE, le solicitó que le ordene a la
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, el cumplimiento de la sentencia C-428
de 2019 en atención a lo contenido en el Auto A455 de 2020.
6. Respuesta de fecha 13 de abril de 2021, suscrita por la Subdirección de
contravenciones de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA, en
la que le informó al señor HÉCTOR ANDRÉS GIRALDO NAIZAQUE.
7. Memorial dirigido a la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual el señor
HÉCTOR ANDRÉS GIRALDO NAIZAQUE, solicitó que se ordene la adopción de las
medidas administrativas que estén a su alcance con la finalidad de garantizar el
adecuado cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional, incluidos
particularmente los condicionamientos de la exequibilidad de las normas juzgadas, en
este caso la sentencia C-428 de 2019.
Una vez revisadas por el accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E, considero que; “no se
puede entender como cumplida la constitución en renuencia, tampoco se acreditó la
presencia o amenaza de la causación de un perjuicio irremediable, ni las condiciones
de gravedad, inminencia y urgencia que justifiquen la falta del requisito de
procedibilidad que se exige en este tipo de demandas y tampoco se solicitó el
cumplimiento de una norma que contenga un mandato imperativo, inobjetable y
exigible a la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD”
De lo anterior, puede extraerse que TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E, olvido que la valoración
racional de las pruebas de acuerdo con la sana crítica trasciende las reglas
estrictamente procesales, porque la obligación legal de motivar razonadamente las
decisiones no se satisface con el simple cumplimiento de formalidades. Por el
contrario, los instrumentos legales son un medio para alcanzar la verdad de los
hechos que interesan al proceso y esta función solo se materializa mediante procesos
lógicos, epistemológicos, semánticos y hermenéuticos que no están ni pueden estar
reglados por ser extrajurídicos y pertenecer a un plano bien distinto al del tecnicismo
dogmático también, que la apreciación individual y conjunta de las pruebas según la
sana crítica no es un concepto vacío, ni una válvula de escape que puede usar el juez
para dar la apariencia de racionalidad y juridicidad a sus intuiciones, posturas
ideológicas, emociones, prejuicios culturales, políticos, sociales o religiosos, o a sus
sesgos cognitivos o de sentido común. Es más bien un método de valoración que
impone a los falladores reglas claras y concretas para elaborar sus hipótesis sobre
los hechos a partir del uso de razonamientos lógicos, analógicos, tópicos,
probabilísticos y de cánones interpretativos adecuados, que constituyen el
presupuesto efectivo de la decisión.
De haber tenido el accionado esta previsión, necesariamente tendrían que dar por
probado objetivamente con estos medios de prueba, que se acreditaron todos los
presupuestos de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución Política de Colombia, reglamentada por la Ley 393 de 1997, pues las
documentales anteriormente referenciadas tiene la capacidad de probas lo siguiente:
1) Que el deber jurídico cuya observancia se exige está consignado en una norma
con fuerza de ley.
2) Que el mandato, la orden, el deber, la obligatoriedad o la imposición está
contemplada en la norma de una manera precisa, clara y actual.
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Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
3) Que se acredito que a la autoridad en ejercicio de funciones públicas se le ha
constituido en renuencia frente al cumplimiento de la misma norma cuyo acatamiento
se solicitó en la demanda de conformidad con el artículo 8 y 10 de la Ley 393 de 1997.
4) Que no hay otro instrumento judicial para lograr su cumplimiento.
Por lo que sus consideraciones respecto de las pruebas y los hechos que lograron
acreditarse por parte del accionante, no tienen firmeza al analizar correctamente las
pruebas obrantes, por el contrario, puede entreverse que se trató de tarifar la prueba
para demostrar la renuencia de la entidad demandada [...]”.
54. Para efectos de determinar, si la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un posible defecto fáctico,
estudiará las consideraciones jurídicas que tuvo en cuenta para proferir la sentencia
de 11 de febrero de 2022. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada
consideró que:
“[…] 5. PRUEBAS JURÍDICAMENTE RELEVANTES PARA RESOLVER:
En el expediente obran los siguientes documentos:
• Copia del registro previo para pruebas con alcohosensores elaborado por la Policía
Nacional – Seccional Tránsito de Bogotá de fecha 22 de febrero de 2014 en la que
consta que el señor Héctor Giraldo Naizaque no permitió la realización de la prueba
de alcoholemia.
• Copia del formato de retención preventiva de la licencia de conducción del
accionante realizada por la Policía Nacional el día 22 de febrero de 2014.
• Copia de la Resolución número 750 de fecha 25 de febrero de 2014, expedida por
la autoridad de tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en la que se
resolvió declarar contraventor al señor Héctor Andrés Giraldo Naizaque [...]”.
-Oficio identificado con el número de radicación 20216120446322 enviado el 12 de
marzo de 2021 a la dirección de correo electrónico
contactociudadano@movilidadbogota.gov.co 2021, mediante el cual el señor Héctor
Andrés Giraldo Naizaque, por intermedio de apoderada, ante la Secretaría Distrital de
Movilidad
• Oficio radicado ante la Procuraduría General de la Nación, por medio del cual el
señor Héctor Andrés Giraldo Naizaque, le solicitó que le ordene a la Secretaría
Distrital de Movilidad el cumplimiento de la sentencia C-428 de 2019 en atención a lo
contenido en el Auto A455 de 2020 [...]”.
-Respuesta de fecha 13 de abril de 2021, suscrita por la Subdirección de
Contravenciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, en la que le informó al señor
Héctor Andrés Giraldo Naizaque que una vez revisado el caso no se observan
irregularidades que permitan entrever inobservancia del debido proceso en el
procedimiento adelantado por la entidad, que vislumbren que el caso que aquí nos
ocupa se enmarque en alguna de las causales previstas por el artículo 93 de la Ley
1437 de 2011. Asimismo, le indicó que frente a las infracciones de alcoholemia no
hay norma que refiera que se cancelara la licencia de conducción solo en el evento
de que haya una reincidencia y que la sentencia C 428 de 2019 no regula la
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Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
cancelación de licencia de conducción una vez haya reincidido, esto opera para otro
tipo de infracciones.
• Memorial dirigido a la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual el señor
Héctor Andrés Giraldo Naizaque solicitó que se ordene la adopción de las medidas
administrativas que estén a su alcance con la finalidad de garantizar el adecuado
cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional, incluidos particularmente
los condicionamientos de la exequibilidad de las normas juzgadas, en este caso la
sentencia C-428 de 2019 [...]”.
• Copia del correo de 27 de septiembre de 2021 por medio del cual la Procuraduría
General de la Nación remite por competencia a la Secretaría Distrital de Movilidad el
27 de septiembre de 2021 la solicitud presentada por el accionante el 13 de abril de
2021.
• Oficio de 9 de septiembre de 2021, suscrito por la Directa Técnica de Representación
Judicial de la Secretaría Distrital de Movilidad, en la que le indica al señor Héctor
Andrés Giraldo Naizaque [...]”.
[...]
“[...] se constata con claridad que en la petición elevada ante la entidad accionada el
señor Giraldo Naizaque solicitó específicamente que se acate la exequibilidad
condicionada que fue declarada por la Corte Constitucional en sentencia C-428 de
2019 y que como consecuencia de ello le expida y/o entregue las licencias de
conducción que le fueron retenidas, mientras que en sede judicial solicita que se
ordene a la Secretaría de Movilidad de Bogotá el cumplimiento de lo contenido en los
artículos 3 parágrafo y artículo 5 parágrafo 3 de la ley 1696 de 2013. Luego entonces,
no existe coincidencia entre lo solicitado ante la administración (a quien no se le
solicitó el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o un acto
administrativo) y lo pretendido dentro del medio de control, lo que permite concluir
que no se puede entender como cumplida la constitución en renuencia. A su vez debe
advertirse que en el presente caso tampoco se acreditó la presencia o amenaza de la
causación de un perjuicio irremediable, ni las condiciones de gravedad, inminencia y
urgencia que justifiquen la falta del requisito de procedibilidad que se exige en este
tipo de demandas. En esa medida, advierte la Corporación entonces, que no se
agotó el requisito de procedibilidad consistente en la constitución en renuencia
de la entidad [...]”.
[...]
“[...] En ese orden y respecto al caso concreto, debe recordarse que lo pretendido por
el señor Héctor Andrés Giraldo Naizaque es que se ordene el cumplimiento del
parágrafo del artículo 3 de la Ley 1969 de 2013 y del parágrafo 5º del artículo 5 de la
Ley 1696 de 2013 - y que como consecuencia -conforme se solicitó ante la entidad
en el escrito de 12 de marzo de 2021- se le expida y/o entregue su licencia de
conducción. Luego entonces y como se advierte de la revisión de las normas antes
referidas, resulta claro para la Sala que estas no contienen un mandato imperativo,
inobjetable y expreso a cargo de la entidad demandada de expedirle o entregarle la
licencia de conducción al demandante [...]”.
[...]
“[...] En consecuencia, la Sala establece que el medio de control de cumplimiento
invocado por el señor Héctor Andrés Giraldo Naizaque resulta improcedente en la
medida en que no se demostró el cumplimiento del requisito de constitución en
renuencia ni se solicitó el cumplimiento de una norma que contenga un
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Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
mandato imperativo, inobjetable y exigible a la Secretaría Distrital de Movilidad
[...]”. (Resaltado por la Sala)
55. La Sala, con base en lo anteriormente expuesto, considera que la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en
defecto fáctico, toda vez que, para adoptar la decisión judicial valoró de manera
razonable e integral las diferentes pruebas obrantes en el expediente, lo que le
permitió concluir que, el actor no cumplió con el requisito de procedibilidad del medio
de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos, esto es, la constitución en renuencia de la Secretaría Distrital de
Movilidad. Asimismo, el actor, no demostró que el cumplimiento de dicho requisito
de procedibilidad le hubiere generado un inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable, el cual no sustentó ni probó, como lo ordena el artículo 8 de la Ley 393
de 1997.
56. En ese orden de ideas, para la Sala y a diferencia de lo sostenido por el actor, la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con fundamento en el principio de la autonomía del juez y en las reglas de la sana
crítica valoró de manera razonable las diferentes pruebas obrantes en el
expediente, lo que le permitió concluir lo siguiente:
“[…] la Sala establece que el medio de control de cumplimiento invocado por el señor
Héctor Andrés Giraldo Naizaque resulta improcedente en la medida en que no se
demostró el cumplimiento del requisito de constitución en renuencia ni se
solicitó el cumplimiento de una norma que contenga un mandato imperativo,
inobjetable y exigible a la Secretaría Distrital de Movilidad […]”. (Resaltado por la
Sala).
57. Esta Sección frente a la configuración del defecto fáctico dijo lo siguiente35:
“[…] En ese orden de ideas, el juez constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico debe respetar la
autonomía, independencia y discrecionalidad con que cuenta el juez ordinario
para valorar el acervo probatorio amparadas por la sana crítica. Su
intervención con respecto al manejo dado por el juez natural al material
probatorio es extremadamente reducida […]”. (Resaltado por la Sala).
58. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por
irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 8 de marzo de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-03178-00.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201383-01
Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha
irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial,
es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia hubiera
adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no aconteció en
el presente caso.
59. En esa medida, los planteamientos realizados por el actor en el presente asunto
obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la
autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la
providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se
advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad
intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y
apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los
jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional
pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si
se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio
valorativo del juez del proceso.
Conclusiones de la Sala
60. En suma, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto
fáctico ni en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a
derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria
que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales
del actor.
Conclusiones de la Sala
61. En suma, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 28 de marzo de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
medio de la cual negó el amparo solicitado, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Núm. único de radicación: 110010315000202201383-01
Actor: Héctor Andrés Giraldo Naizaque
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 28 de marzo de 2022 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la
cual negó el amparo solicitado, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Ausente con permiso
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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