Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01386-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01386-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01386-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
27 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 27 de julio de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01386-01
Demandante: Luis Antonio Rodríguez Palencia
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Relevancia constitucional.
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la sentencia de primer grado mediante la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y la de segunda
instancia que dispuso revocar esa decisión y, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda, en un asunto de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
cuestionaban unos actos administrativos que impusieron una sanción disciplinaria de
suspensión del cargo e inhabilidad.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por la parte accionante, en contra de la
Sentencia de 22 de abril de 2022, mediante la cual la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo por no superar el requisito de relevancia constitucional.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 25 de febrero de 2022, Luis Antonio Rodríguez Palencia presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
dignidad humana, “correcta” administración de justicia, seguridad jurídica
y al “orden económico, político y social”, con ocasión de las Sentencias de
8 de mayo de 2017 y 28 de octubre de 2021, proferidos por las autoridades
accionadas, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 66001-23-33-001-2014-00195-00/01.
1 El artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-01386-01
Demandante: Luis Antonio Rodríguez Palencia
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“Se amparen los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el debido
proceso, la dignidad humana, la correcta administración de justicia, el orden
económico, político y social pregonado en el preámbulo de la carta magna,
entre otros de mi poderdante señor Luis Antonio Rodríguez Palencia y se
ordene a los accionados reconocer la nulidad de los actos administrativos, i)
decisión disciplinaria de 17 de mayo de 2012, emitida, en primera instancia,
por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de
Risaralda, por medio de la cual se declaró responsable disciplinariamente al
señor Luis Antonio Rodríguez Palencia y se le impuso sanción de suspensión en
el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 9 meses; y ii)
fallo de 28 de junio de 2012, proferido por la Inspección General, Inspección
Delegada Región de Policía N.º 3, que confirmó la decisión inicial o en su
defecto sea decretada por su despacho”.
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) Luis Antonio Rodríguez Palencia estuvo vinculado a la Policía
Nacional a partir del 2 de diciembre de 2005. Fue suspendido para el
ejercicio del cargo que ocupaba en la institución, como consecuencia de
la investigación disciplinaria No. DERIS 2011-44, la cual se inició por la
aparente agresión ocasionada por el señor Rodríguez Palencia a un
menor. En consecuencia, se abrió investigación disciplinaria contra el
uniformado por violación del numeral 2 del artículo 352 de la Ley 1015 de
2006.
5. 2) La investigación culminó con los fallos de 17 de mayo de 2012 y 26
de junio de 2012, a través de los que se le impuso como sanción la
suspensión, aparejada de una inhabilidad especial por 9 meses.
6. 3) El señor Rodríguez Palencia presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los referidos fallos disciplinarios. El
asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Risaralda que,
mediante Sentencia de 8 de mayo de 2017, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los fallos disciplinarios
demandados, condenó a la Policía Nacional a pagar los salarios y
prestaciones dejados de percibir por el demandante, ordenó que se
declarara que su vinculación fue sin solución de continuidad durante el
tiempo en que se ejecutó la sanción, ordenó que se cancelaran las
anotaciones disciplinarias en realizadas en sus registros y negó las demás
súplicas de la demanda.
2 Ley 1015 de 2006: “altas graves. Son faltas graves (…) 2. Agredir o someter a malos tratos al público, superiores,
subalternos o compañeros.”
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7. Dicha autoridad señaló que se vulneró el derecho al debido proceso
del demandante pues, en los fallos disciplinarios, se valoraron las
declaraciones de Juan Camilo Parra Osorno, Yeisson Alberto Rodas
Valencia y José William Guzmán, y un CD obrante dentro del proceso
disciplinario, los cuales fueron recaudadas de manera irregular toda vez
que no se le notificó de manera adecuada al señor Rodríguez Palencia su
práctica, lo que impidió que ejerciera sus derechos de contradicción y
defensa.
8. 4) La Policía Nacional apeló esa decisión con fundamento en que el
proceso disciplinario se desarrolló con garantía del derecho al debido
proceso y cumplimiento de las reglas de juicio propias de ese tipo de
procedimientos. Agregó que las pruebas decretadas y practicadas
permitieron determinar la conducta y la responsabilidad en cabeza del
sancionado. Por último, mencionó que lo pretendido por el actor con el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho era reabrir el juicio y la
valoración probatoria, como si se tratara de una instancia adicional al
proceso disciplinario. Por su parte, el señor Rodríguez Palencia también
apeló la decisión ya que no se encontraba de acuerdo con la negativa a
reconocer unos perjuicios solicitados3.
9. 5) El 28 de octubre de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda. Para ello estableció que, el
hecho de que el demandante no estuviera presente en la práctica de las
pruebas no las viciaba de ilegales, sino que vulneraba el derecho de
defensa y contradicción (debido proceso). Adicionalmente, estableció
que la parte demandante sí tuvo la oportunidad de controvertir las
pruebas y que fue notificado de todas las actuaciones surtidas dentro del
proceso, sin embargo, el actor asumió una actitud pasiva en su defensa.
10. El fundamento de la vulneración radicó en que se configuraron los
defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente
jurisprudencial, no obstante, no fundamentó en que consistían los mismos.
11. Respecto de la vulneración de derechos fundamentales, mencionó
que esta se generó ya que, a su juicio, (1) en el proceso disciplinario existen
2 procedimientos, el ordinario y el verbal, los cuales se inician por causas
distintas y no pueden ser aplicados los 2 a un mismo caso como si se
tratara de un “híbrido”, sin embargo, consideró que en su asunto se pasó
de un procedimiento a otro, con lo cual se vulneró la Ley 734 de 2002 y su
derecho al debido proceso.
3 Específicamente la negativa a reconocer que el demandante tenía derecho a realizar el curso para el ascenso
al grado de intendente y a reconocer los perjuicios morales solicitados.
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12. (2) Consideró que se debió declarar la caducidad de la acción
disciplinaria pues, la etapa de indagación preliminar finalizó por fuera del
término de 6 meses establecido en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002.
Adicional a lo anterior, mencionó que, de conformidad con el artículo 156
de la misma Ley, el término de la investigación disciplinaría será de 12
meses, plazo que también fue superado por la autoridad administrativa.
13. (3) Por último cuestionó el hecho de que se avaló que el
demandante no otorgó su autorización para ser notificado a través de
correo electrónico de las actuaciones del proceso disciplinario, lo cual
generó que las pruebas se practicaran sin su presencia lo cual impidió que
ejerciera su correcta contradicción y defensa.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
14. Mediante Sentencia de 22 de abril de 2022, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela, tras determinar que el asunto no superó el requisito de relevancia
constitucional, en la medida que, si bien el demandante alegó la
configuración de los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del
precedente, no expuso los argumentos para sustentar la configuración de
las referidas causales. Además, indicó que los argumentos de la parte
demandante pretendían reiterar sus inconformidades frente a las
actuaciones adelantadas dentro del proceso disciplinario.
15. La parte actora impugnó la decisión anterior y estableció que el
momento para determinar si la acción de tutela cumplía o no con los
requisitos de procedencia, era en la etapa de admisión. En esa medida, el
hecho de que la acción se admitiera evidenció que la demanda de tutela
sí era procedente por superar todos los requisitos necesarios en esa etapa
procesal. Adicionalmente, reiteró las inconformidades planteadas en el
escrito de tutela contra las providencias judiciales cuestionadas.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra autoridad pública. 2.2.
Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
16. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la
cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer
el requisito de relevancia constitucional, pues se advierte que la parte
actora pretendió que su asunto fuera sometido a una instancia adicional al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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17. Sobre el particular, es preciso recordar que la relevancia
constitucional es uno los requisitos que deben concurrir para que resulte
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, pues, en los
términos de la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”4.
18. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20145, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela6 y que la solicitud de amparo no se presente con
objeto de obtener una nueva instancia7; y (2) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad8.
19. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales, e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional9.
20. En el presente caso, se logró evidenciar que, tal como lo puso de
presente el juez constitucional en primera instancia, el asunto no superó el
requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
21. La parte actora no desplegó, en el escrito de tutela, ni en la
impugnación, la carga argumentativa suficiente para explicar por qué
esta controversia tiene una marcada trascendencia constitucional que
ameritara la intervención del juez de tutela.
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
5 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
6 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de
tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
9 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
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22. Lo anterior obedeció a que el actor se limitó a insistir en las
inconformidades contra los fallos disciplinarios enjuiciados en el proceso
ordinario, sin explicar por qué era necesaria la intervención del juez de
tutela.
23. En ese orden, en el presente asunto se evidenció que la parte
accionante, a través de la acción de tutela, pretendió que se analizaran
nuevamente los reparos sobre la presunta vulneración del derecho al
debido proceso, con ocasión de (1) la indebida aplicación del tipo de
procedimiento disciplinario a seguirse (Ley 734 de 2002), (2) que las etapas
de indagación e investigación superaron los términos legalmente
establecidos y (3) que la sanción se basó en pruebas que no debieron ser
valoradas por parte de la autoridad disciplinaria.
24. Esas inconformidades fueron planteadas por el demandante, ante el
juez del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a
través de la demanda10, el escrito de alegatos de conclusión de primera
instancia11 y ahora, en la acción de tutela a través de la aparente
vulneración de su derecho al debido proceso.
25. En consecuencia, los reparos planteados en el escrito de tutela, a
través de las inconformidades reseñadas, se presentan como una
reiteración de los aspectos expuestos ante las autoridades judiciales del
10 En la demanda presentada el accionante indicó (se trascribe): (1) Sobre la indebida aplicación normativa de
las reglas del proceso disciplinario: “procederá (la nulidad del acto administrativo particular expreso o presunto
cuando hayan sido expedidas; 1. Con infracción en las normas en que deberían fundarse o sea; por violación a
las formas propias de cada juicio y, el proceso verbal u ordinario disciplinario tiene sus propias formas
consagradas en la ley 734/2002”. (2) En relación con los términos establecidos para resolver las etapas del
proceso disciplinario señaló: “A partir de la fecha febrero 28/2011 el señor juez disciplinario OMAR PARRA tiene la
obligación legal de respetar el mínimo establecido para la investigación disciplinaria que es de 6 meses; que no
podrá exceder de doce meses. 1. Cuando SE ADELANTE POR LAS FALTAS DESCRITAS EN EL ART. 48 NUMERALES5, 6,
7, 8, 9, 10 Y 11 (en la acción DERIS 2011-8 no se enmarca); se puede aumentar hasta en una tercera parte. // 2.
Cuando son dos o más inculpados (en la acción DERIS 2011-8 es un solo inculpado) se podrá prorrogar hasta por
la mitad del término. // 3. Cuando hicieren falta prácticas de pruebas sustanciales que puedan modificar la
situación. De donde se infiere que debe existir en el cartulario un auto de comunicase y cúmplase debidamente
motivado para que proceda la prorroga y en la acción disciplinaria DERIS 2011-8 no existe tal auto. Así las cosas
tenemos que la investigación disciplinaria en la acción DERIS 2011-8 según mandato del art. 156 de la ley
734/2011 tenía que terminar el día agosto 31/2011 y culmino en marzo 28/2012 mediante auto No 078”. (3). En lo
que se refiere a la valoración probatoría indicó que: “A través de correo electrónico enviado a la dirección
electrónica del disciplinado se le comunica a las 5:12 P.M. del día domingo diez de julio del 2011 que; al día
siguiente lunes once de julio del 2011 se practicaran pruebas; dejo constancia; no informa cuales pruebas; ni la
hora en que se practicaran las mismas, siendo obligación legal por lo menos informar la hora de las practica de
las pruebas y las que se van a practicar, al no informar esto, la notificación es inexistente Anexo documento. Se
notifica a través de un medio el cual el disciplinado no había autorizado es mas la ley 734/2002 en su art. 102
establece; las decisiones que deben notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la
dirección de correo electrónico del investigado sí previamente y por escrito, hubieren aceptado ser notificados
de esta manera. Se envía la comunicación un día domingo, con una antelación de horas a las prácticas de las
pruebas. Violando los derechos fundamentales del disciplinado como lo es su derecho de defensa (pilar del
debido proceso) al impedirle que ejerza su derecho de presencia y de controvertir la prueba, actuando en
contra del art. 140 de la ley 734/2002 o principio legal de la prueba (la prueba recaudada sin el lleno de las
formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado, SE TENDRÁ
COMO INEXISTENTE) en contra del artículo 164 del código general del proceso (las pruebas obtenidas con
violación al debido proceso son nulas de pleno derecho) configurándose la causal de nulidad consagrada en el
artículo 138 del C.C.A. que establece; procederá la nulidad del acto administrativo cuando haya sido expedido
Con infracción en las normas en que deberían fundarse.”
11 Etapa en la que se ratificó en los argumentos planteados en la demanda.
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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho12. Aspectos
que, a su vez fueron reiterados a través de la presente acción de tutela.
26. Debe aclarase que las diferencias interpretativas que existieren entre
el demandante y el juez natural de la causa, no constituyen, por sí mismas,
la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez
ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión
vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues en este contexto, este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional13.
12 Las autoridades judiciales, sobre los aspectos alegados señalaron lo siguiente (se trascribe): (a) Tribunal
Administrativo de Risaralda (1) “En primer lugar, debe advertirse que el hecho de vincular al actor a la
indagación preliminar no constituía la apertura de la investigación disciplinaria como lo entiende la parte
demandante. Los artículos 150 y 153 de la Ley 734 de 2002. (…) De acuerdo con las normas transcritas, la
indagación preliminar no solo tiene como objetivo la identificación o individualización del autor de la falta
disciplinaria, sino verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se
ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, por lo tanto, si se vincula en esta etapa
al sujeto disciplinable, ello per se no indica que se dio inició a la investigación disciplinaria.” (2) “Si bien se avizora
el incumplimiento del término de seis (6) meses para la etapa de indagación preliminar, pues el auto de
indagación preliminar fue proferido el 2 de febrero de 2011 y el auto que citaba a audiencia fue del 6 de agosto
de 2011, lo cierto es que después de vencido el término solo transcurrieron cuatro (4) días para proferirse el auto'
de que citaba a audiencia, lo cual resulta irrelevante, pues dicha circunstancia objetiva, per se, no limita el
ejercicio de la potestad disciplinaria, mientras que no se exceda el término de prescripción y se respeten las
garantías derivadas del debido proceso, así lo ha reiterado el Consejo de Estado entre otras, en las sentencias
del 19 de mayo de 2011, radicado 730012331000200401306 (0684-2008) y del 27 de febrero de 2014, radicación
número: 11001-03-25-000-2012-00888-00 (2728-12).
Y frente a la investigación disciplinaria, se encuentra que el
auto que decretó la nulidad se profirió el 13 de diciembre de 2011, el 14 de febrero de 2012 se abrió la
investigación disciplinaria, el 22 de marzo de 2012 se cerró la investigación disciplinaria, y finalmente el 28 de
marzo de 2012 se citó a audiencia por tramitarse por el procedimiento verbal, sin que se haya superado el
término de la misma.” Y (3) “Teniendo en cuenta los parámetros normativos anteriormente expuestos, estima la
Sala que en el presente asunto, la entidad demandada ha debido excluir de la valoración probatoria las
declaraciones de Juan Camilo Parra Osorno, Yeisson Alberto Rodas Valencia y José William Guzmán Guzmán, así
como el disco compacto (CD) marca TDK serie RFD80M-80047 por ser elementos probatorios obtenidos con
vulneración de los derechos fundamentales del sujeto pasivo de la potestad disciplinaria del Estado y por ende
no podían servir de soporte legítimo a una decisión sancionatoria. // Ahora bien, aunque los elementos
materiales probatorios hayan sido recaudados durante la etapa de indagación preliminar, la cual permite
verificar, o por lo menos establecer con cierta aproximación, la ocurrencia de la conducta, si ella es constitutiva
o no de falta disciplinaria y la individualización o la identidad de su autor. ello no es óbice para que sean
valorados en el fallo disciplinario, tal como ocurrió en el presente asunto, no obstante, debe anotarse que
siempre debe garantizarse al sujeto disciplinado la oportunidad para ejercer el derecho de contradicción
probatoria”.
(b) Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado: “Considera la Sala, entonces, que la nulidad
por una indebida notificación, respecto a la realizada por correo electrónico sin la autorización del interesado,
se subsanó, primero, con la convalidación del material probatorio, por considerarse que las pruebas fueron
practicadas en legal forma y la no presencia del disciplinado no invalidaba aquellas, en tanto que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 734 de 2002, «aquellas pruebas que se hayan
practicado sin la presencia del implicado, en tanto se surtía dicho trámite de la notificación, deberán ser
ampliadas o reiteradas en los puntos que solicite el disciplinado»; segundo, con la omisión de pronunciamiento
alguno por parte del interesado frente a dicha convalidación; y tercero, con la notificación personal que se llevó
a cabo frente a los Autos de apertura de investigación disciplinaria, citación a audiencia pública y formulación
de cargos y con la notificación por estado del cierre de la investigación disciplinaria, etapas en las cuales el
disciplinado y su abogado de confianza guardaron silencio frente a la indebida notificación. (…) Ahora bien,
teniendo en cuenta que los cargos expuestos en la demanda relacionados con la vulneración del derecho al
debido proceso porque se superaron los términos de la investigación disciplinaria, no se tramitó el recurso de
queja presentado y se dio aplicación a la Ley 1474 de 2011, pese a no estar vigente, ya fueron resueltos
negativamente por el a quo y que la razón por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda no está
llamada a prosperar, por lo antes expuesto, esto es, porque las pruebas que se tuvieron en cuenta no era
ilegales, la notificación indebida efectuada por correo electrónico se subsanó y no se pretermitió el derecho de
defensa y contradicción del disciplinado (…)”. 13 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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27. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela es
improcedente, en tanto, los reparos alegados no revisten relevancia
constitucional. En consecuencia, se abstendrá de estudiar los demás
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial y el fondo del asunto, y confirmará la improcedencia de la misma.
28. Finalmente, es importante advertir que, a pesar de que el actor
consideró que con la expedición del auto de admisión de la acción de
tutela se dio a entender que la misma superó todos requisitos de
procedencia, lo cierto es que, en dicha etapa (admisión), no se revisan
esos requisitos. En esa medida, el hecho de que el juez constitucional, en la
sentencia, declarara la improcedencia de la acción por no superar las
exigencias dispuestas para el efecto, no desconoció el trámite dispuesto
legalmente, para este tipo de acciones constitucionales.
2.2. Conclusión
29. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la decisión de
primer grado que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en
ese orden, se abstendrá de revisar los demás requisitos generales de
procedibilidad del mesianismo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 22 de abril de 2022 de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirlo al correo electrónico dispuesto
por la Secretaría General para tal fin14.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
9 de 9
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