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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01388-01

Fecha
19 de agosto de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01388-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación alegada por la NUEVA E.P.S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01388-01 Actora: SONIA MORALES MORALES TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01388-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

19 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01388-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: SONIA MORALES MORALES

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN QUE DENEGÓ EL AMPARO
SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ
EN LOS DEFECTOS ENDILGADOS, TODA VEZ QUE LA PROVIDENCIA
CUESTIONADA ESTÁ DEBIDAMENTE MOTIVADA CON FUNDAMENTO
EN LA NORMATIVIDAD Y LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
APLICABLES AL CASO CONCRETO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora

contra la sentencia de 4 de mayo de 2022, mediante la cual la

SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “B” DEL CONSEJO DE

ESTADO1 denegó el amparo solicitado.

I.- ANTECEDENTES

1
En adelante la Sección Tercera- Subsección B-.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01388-01
Actora: SONIA MORALES MORALES

I.1.- La solicitud

La señora SONIA MORALES MORALES, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso

a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

CONSEJO DE ESTADO2, al proferir las providencias de 2 de julio y

10 de septiembre de 2021, dentro del medio de control de reparación

directa identificada con el número único de radicación 20001-2333-

000-2014-00249-01.

I.2.- Hechos

Señaló que el señor LUIS FERNANDO GUERRA BONILLA promovió

el medio de control de controversias contractuales contra el

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- SECCIONAL CESAR, por el

presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas de un

contrato de arrendamiento.

2
En adelante la Sección Tercera- Subsección A-.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01388-01
Actora: SONIA MORALES MORALES

Adujo que el expediente se identificó con el número único de

radicación 20001-2315-000-2002-01415-00 y, posteriormente, le

fue acumulado el expediente identificado con el número de radicación

20001-3133-006-2006-0108-00, correspondiéndole por reparto al

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE VALLEDUPAR3 que, mediante providencia de 20 de mayo de

2009, aceptó la cesión de los derechos litigiosos que suscribió con el

señor LUIS FERNANDO GUERRA BONILLA.

Afirmó que el 15 de octubre de 2010, el JUZGADO profirió sentencia

de primera instancia mediante la cual se denegaron las pretensiones

de la demanda.

Resaltó que interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL CESAR4 que, mediante providencia de 6

de septiembre de 2012 confirmó la decisión.

Manifestó que en su calidad de cesionaria de los derechos litigiosos,

instauró el medio de control de reparación directa contra la NACIÓN-

RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

3
En adelante el Juzgado.
4
En adelante el Tribunal.

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4

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Actora: SONIA MORALES MORALES

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, con el fin de obtener el

reconocimiento y pago de los perjuicios causados por presunto error

judicial dentro del trámite del proceso de controversias

contractuales.

Sostuvo que el anterior proceso fue identificado con el número único

de radicación 20001-2333-000-2014-00249-00 y le correspondió por

reparto al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 29 de agosto de

2019, denegó las pretensiones de la demanda.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación

ante la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “A” que, mediante

providencia de 2 de julio de 2021, modificó la decisión del a quo y,

en su lugar, declaró la falta de legitimación en la causa por activa,

denegó las pretensiones y, condenó en costas.

Aseveró que solicitó a la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “A”

aclaración de la sentencia, petición que fue resuelta de manera

desfavorable mediante auto de 10 de septiembre de 2021.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

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Actora: SONIA MORALES MORALES

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto fáctico al efectuar una indebida valoración probatoria del

auto de 20 de mayo de 2009, a través del cual el juez de instancia

aceptó la cesión de los derechos litigiosos.

Adujo que las providencias adolecen de defecto material o

sustantivo, por cuanto se adoptaron con desconocimiento de las

normas que regulan lo relacionado con la cesión de derechos

litigiosos, omitiendo el análisis exhaustivo de las circunstancias y las

funciones asignadas en el acto de cesión.

Igualmente, sostuvo que las decisiones incurrieron en

desconocimiento del precedente jurisprudencial, sin embargo,

en la sustentación del cargo no hace alusión a los pronunciamientos

presuntamente desconocidos por la autoridad judicial.

Finalmente, señaló que las providencias cuestionadas incurrieron en

violación directa de la Constitución, pues la reforma de la

sentencia de primera instancia menoscabó sus garantías procesales

al ser apelante único.

I.4.- Pretensiones

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Actora: SONIA MORALES MORALES

La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERA.- Se ampare en favor de la señora Sonia Morales
Morales, sus derechos fundamentales al debido proceso, su
derecho a la igualdad ante la ley y la protección judicial.

SEGUNDA. - Se declare sin efectos jurídicos la sentencia dictada
por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, y
proferida en fecha (02) de julio de dos mil veintiuno (2021)
distinguida con el número de radicación 20001-20-33-000-2014-
0024901(65425) expedida con ocasión del trámite de segunda
instancia dentro del proceso medio de control reparación directa
identificado con el radicado ya reseñado.

TERCERA.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, emitir una
nueva sentencia que incluya dentro de su motivación la garantía
efectiva de aplicar para la demandante en su integridad el
dominio y demás derechos por el trámite de la cesión de los
derechos litigiosos es la tradición de los derechos que tienen esa
calidad y por eso el Código la ha reglamentado en el Título “De la
Cesión de Derechos, del Título XXV del capítulo I: De la
Tradición”. El legislador dicta, los principios generales que rigen
el modo de adquirir llamado tradición.

CUARTA.- en congruencia con lo anterior se aplicación al artículo
31 de la carta política, así como a los artículos 328 del C.G.P antes
art. 357 del C.P.C., toda vez que la sentencia incurrió en
Reformatio in pejus.

QUINTA. - al reiterado precedente judicial fijado por el H Consejo
de Estado en casos con supuestos de hecho y de derecho
similares al reclamado por la aquí accionante; y en caso de que
la se (sic) aparte de él, exponga la parte motiva de la sentencia
la relación de motivos y razones que lo llevan a no aplicar las
decisiones judiciales ya tomadas con anterioridad por jueces de
igual y superior jerarquía.

SEXTA.- Que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado y proferida (sic) fecha dos (02) de julio de dos mil
veintiuno (2021) distinguida con el número de radicación 20001-
23-33-000-2014-00249-01 (65425) expedida con ocasión del

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trámite de segunda instancia dentro del proceso de medio de
control de reparación directa identificada con el radicado ya
reseñado que al momento de resolver nuevamente recurso de
apelación, efectúe adecuadamente la verificación objetiva en los
argumentos expuestos, a la luz de las normas constitucionales,
principalmente los artículos 13, 31 superiores y tratados
internacionales debidamente ratificados, cuya motivación se
súplica, quede incluida en la providencia.

SÉPTIMA. Que la nueva sentencia que dicte la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que sea congruente y
coherente, con los hechos, supuestos fácticos y normas sobre
contratos de cumplimiento para los particulares y sobre todo del
Estado. Por consiguiente, no es de recibo el error judicial
inexcusable, ilegal y de mala fe que nos trae el fallo de quién
estaba obligado a recuperar y que le restituyeran el inmueble era
el arrendador. Y eso no es cierto, porque esa obligación es
imputable y a cargo de la entidad arrendataria o inquilina de
restituir material y formalmente el inmueble al arrendador a paz
y salvo con los servicios públicos y entregarlo material y
formalmente en mismo estado que fue entregado, porque eso
reza y está consagrado en una cláusula y el contrato no
contempla cláusulas imponiendo obligaciones al arrendador, para
que le restituyan el inmueble. El arrendador cumple con la
obligación de pagar la renta, de entregar el bien raíz con todas
sus comodidades y adecuaciones al tenedor o inquilino y éste es
su turno imperativamente está en la obligación de restituir el
inmueble a paz y salvo, cumpliendo con la cláusula de caducidad,
estos criterios deben ser cumplidos desde el más humilde
ciudadano hasta el estado cómo toda vez que en la democracia
no hay privilegios cómo porque allí donde hay privilegios hay
abuso de poder y cuando hay abuso de poder el que gobierna no
es el Gobierno sino las mafias y por eso nadie puede irse del
cumplimiento de lo contemplado en el ordenamiento jurídico.

Las providencias judiciales acusadas al incurrir en vías de hecho
en mención vulneraron los derechos fundamentales de la
señora Sonia Morales a la igualdad, al debido proceso, y al acceso
a la justicia. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- señaló que la

sentencia cuestionada no incurrió en los defectos endilgados, pues

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del estudio acucioso de las normas aplicables al caso concreto y del

material probatorio, se logró concluir la falta de legitimación en la

causa por activa, circunstancia que no va en contravía del principio

de la non reformatio in pejus como lo indicó la actora.

Igualmente, afirmó que la acción de tutela resulta improcedente al

no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues a su

juicio, lo pretendido por la actora es revivir etapas procesales

debidamente clausuradas por el juez natural de la causa.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO advirtió que las pretensiones están

encaminadas a exigir la protección de los derechos invocados debido

a las conductas atribuidas de manera directa a la SECCIÓN

TERCERA- SUBSECCIÓN “A”, y pese a que en los hechos se

enuncian actuaciones de ese despacho judicial, no podría

endilgársele algún tipo de responsabilidad.

I.6.2.- La NUEVA E.P.S., solicitó su desvinculación de la acción de

tutela de la referencia, al considerar que es una entidad distinta al

Instituto de Seguros Sociales.

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I.6.3.- El TRIBUNAL y el señor LUIS FERNANDO GUERRA

BONILLA, vinculado como tercero interesado en las resultas de la

presente acción, por ser el cedente del derecho litigioso, pese a ser

notificados en debida forma, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 4 de mayo de 2022, la SECCIÓN TERCERA-

SUBSECCIÓN “B”, denegó el amparo solicitado por la actora.

Señaló que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto

fáctico alegado, pues la decisión cuestionada valoró debidamente el

contenido del auto de 20 de mayo de 2009, reconociendo la cesión

los derechos litigiosos a favor de la actora en el marco del proceso

de controversias contractuales. No obstante, dicha cesión operó

solamente respecto del proceso de controversias contractuales y no

del medio de control de reparación directa, pues la calidad de

cesionaria únicamente se acreditó en la primera actuación judicial.

Respecto del cargo de violación directa de la Constitución, indicó que

la decisión cuestionada se encontró debidamente razonada, pues de

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conformidad con el criterio jurisprudencial decantado por la Sala

Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, el juez de segunda

instancia dentro del ámbito de sus competencias en virtud del

recurso de apelación, se encuentra facultado para declarar de

manera oficiosa la falta de legitimación en la causa por activa o

pasiva al tratarse de un presupuesto procesal.

Finalmente, frente a los defectos sustantivo y desconocimiento del

precedente no desarrolló un estudio exhaustivo, pues consideró que

dichos cargos no cumplían con la suficiente carga argumentativa que

permitiera un pronunciamiento de fondo.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora manifestó que la sentencia impugnada es

incongruente y supone una modificación de los términos en que se

produjo el debate procesal.

Precisó que el contenido de la decisión de primera instancia abre una

brecha que el ordenamiento jurídico no contempla, pues nuevamente

expuso que no es necesario exigir otra cesión de derechos para

legitimarse en una nueva actuación judicial, por cuanto la cesionaria

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adquirió todos los derechos y acciones que disponía el cedente.

Reiteró que las providencias cuestionadas han incurrido en exceso de

ritual manifiesto, contrariando el ordenamiento jurídico y evitando la

obtención de la justicia material, por lo que infirió que le corresponde

al juez constitucional velar por la protección de las garantías

procesales deprecadas.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

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Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la NUEVA EPS, formuló petición de

desvinculación en la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso

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consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Ahora bien, de la lectura de los hechos y pretensiones de la solicitud

se desprende que el objeto de la presente acción constitucional

consiste en obtener el amparo de los derechos fundamentales

invocados por la parte actora, los cuales estima vulnerados por la

SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “A”, al proferir las

providencias de 2 de julio de 2021 y 10 de septiembre de 2021,

dentro del medio de control de reparación directa identificada con el

número único de radicación 20001-2333-000-2014-00249-01,

promovido contra la NACIÓN- RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

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La Sala advierte que teniendo en cuenta que la decisión cuestionada

deriva de una actuación procesal posterior, en la que no actuó como

parte demandada la NUEVA E.P.S., a la misma no le asiste interés

en las resultas del presente proceso, razón por la que se aceptará su

solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría

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el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitand o sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)

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En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 2 de julio y 10 de

septiembre de 2021, proferidas por la SECCIÓN TERCERA-

SUBSECCIÓN “A” dentro del medio de control de reparación directa

identificada con el número único de radicación 20001-2333-000-

2014-00249-01

A las citadas providencia se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso

a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la

actora, la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “A”, incurrió en los

defectos fáctico, material o sustantivo, desconocimiento del

precedente jurisprudencial y violación directa de la constitución, al

considerar que: i) no se otorgó valor probatorio al auto de 20 de

mayo de 2009, a través del cual el juez de instancia aceptó la cesión

de los derechos litigiosos; ii) se desconocieron las normas que

regulan los actos de cesión; y, iii) se menoscabaron sus garantías

procesales al modificar el fallo de primera instancia.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “B” que denegó el amparo

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constitucional, al concluir que la autoridad judicial accionada no

incurrió en los defectos endilgados por la actora.

La impugnación está encaminada a cuestionar los argumentos del a

quo, señalando que la decisión de primera instancia abre una brecha

que el ordenamiento jurídico no contempla, por cuanto, a juicio de la

actora no es necesario exigir a la cesionaria otra cesión para

legitimarse en otra acción, por cuanto con el acto de cesión inicial se

adquirieron todos los derechos y acciones que disponía el cedente.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, determinar si la

SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “A” incurrió en los defectos

alegados.

La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con

suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

endilgados y vulneró sus derechos fundamentales invocados; contra

la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se

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estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión

(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo

256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo

razonable5 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos

que se estiman lesionados.

Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial, la Sala hará mención del marco jurídico de los defectos

alegados, para posteriormente analizar los reproches de la actora en

el caso concreto.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 20136, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto
de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una
omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una
valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios.

5
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
6
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes
para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas
en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez
desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas
de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación ha
identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio
constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y
manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la
realidad probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa
que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte
de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía
de que son titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas
del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad

de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un

asunto, según las reglas generales de competencia.

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Del defecto material o sustantivo

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 573 de 2017

señaló que:

[…] El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo,
el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es
pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es
inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y
(e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta
inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”7;
“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la
circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o
es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la
interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi)
interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables8; (vii) desconoce la normatividad
aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía
judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”9
(Resaltado fuera de texto).

En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una
norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada
en la SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado
cuando: (a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se
encuentra dentro del margen de razonabilidad o
proporcionalidad ; (b) es adaptada una disposición de forma
10

contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial
para los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad
de que estos gocen11; (d) es manifiestamente errada y desatiende
los parámetros de juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta
injustificadamente regresiva12 o contraria a la Constitución13; o (f)
cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales
pertinentes.
7
T-176 de 2015.
8
T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
9
SU-770 de 2014.
10
T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
11
T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
12
T-018 de 2008.
13
T-086 de 2007.

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Según la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación
puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser
ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior
debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma
en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías
jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también]
son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales”14.[…]

Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que el defecto

sustantivo puede configurarse cuando la autoridad judicial: a)

efectúa una interpretación normativa fuera del rango de

razonabilidad, b) adapta disposiciones legales contrarias a derecho,

c) el desarrollo de la exégesis es abiertamente prejudicial a los

intereses de los intervinientes y d) es manifiestamente contraria,

injustificada e inconstitucional.

Igualmente, la Corte consideró que el defecto sustantivo deber ser

indudablemente arbitrario e incongruente respecto al

desconocimiento de los lineamientos normativos relacionados con el

caso particular, además, hizo énfasis en los límites del juez

constitucional el cual no puede subrogar al juez natural en el análisis

jurídico en el ejercicio de la autonomía interpretativa y la

independencia para fallar, considerando las vías jurídicas

compatibles con las garantías fundamentales de las partes

14
SU-050 de 2017.

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intervinientes.

Del defecto por desconocimiento del precedente

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que una providencia

judicial adolece de defecto cuando la autoridad jurisdiccional se “[…]

aparta del precedente judicial – horizontal o vertical15 – sin

justificación suficiente […]” pues el precedente es de carácter

obligatorio, en atención a que de acuerdo con el artículo 230 de la

Constitución Política, los jueces si bien tienen una autonomía

interpretativa e independencia para fallar deben hacerlo dentro de

los parámetros que les presenta la ley.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que solo es

procedente apartarse del precedente jurisprudencial siempre y

cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) que se

haga una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente

aplicado a casos similares y (ii) que se expongan las razones

15
Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha
diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es
el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por
autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical
que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el
Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que
no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados
de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional.
Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014

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suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado

al asunto estudiado.

Violación directa de la Constitución

En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, es

menester advertir que la Corte Constitucional en su sentencia SU-

024 de 5 de abril de 201816, manifestó que:

«[...] Todas las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales conllevan en sí mismas un
quebrantamiento de la Carta Fundamental; sin embargo, esta
Corte estableció una causal denominada violación directa de la
Constitución, originada en la obligación que le asiste a todas
las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del
mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual “la Constitución es norma de normas”. De
manera que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales. […]» (Resaltado fuera de texto).

Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela se

estructura cuando el Juez adopta una decisión que desconoce la

Carta Política, ya sea porque: “(i) deja de aplicar una disposición ius

fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la Ley al margen

de los dictados de la Constitución”17.

16
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012. Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto Vargas
Silva.

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En el primer caso, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede

la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la

Constitución: (a) cuando en la solución del caso se dejó de

interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el

precedente constitucional; (b) cuando se trata de un derecho

fundamental de aplicación inmediata y; (c) cuando el Juez en sus

resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el

principio de interpretación conforme a la Constitución 18. En el

segundo caso, ha dicho esa Corporación que, en virtud del artículo

4º Superior, el Juez debe aplicar las disposiciones constitucionales

con preferencia a las legales, mediante el ejercicio de la excepción

de inconstitucionalidad, cuando advierta incompatibilidad entre estas

y aquellas.

Caso concreto

Para resolver los cargos planteados, es necesario traer a colación la

providencia cuestionada con el fin de verificar los fundamentos de la

sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “A”,

en la cual se indicó lo siguiente:

18
Ver entre otras, Sentencias T – 199 de 2005, Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-590 de 2009, Magistrado ponente: doctor Luís Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010,
Magistrado ponente: doctor Juan Carlos Henao Pérez.

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“[…] 1.3. Legitimación en la causa

1.3.1. La legitimación en la causa de la demandante

En el presente asunto se tiene que Sonia Morales Morales es la
demandante, en cuanto fue la persona que promovió el proceso de
la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en
la causa de hecho.

Respecto de la legitimación material, encuentra la Sala que se
invoca como fuente del error judicial la providencia del 6 de
septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, que confirmó la sentencia de 15 de octubre de 2010 del
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar

De conformidad con el material probatorio que reposa en el
expediente, se advierte que Luis Fernando Guerra Bonilla, como
propietario del bien inmueble arrendado al Instituto de Seguros
Sociales, Seccional Cesar, inició acción de controversias
contractuales contra dicha entidad, con el fin de que se declarara
la terminación del contrato de arrendamiento N° 178 de 5 de marzo
de 1997, celebrado entre ellos sobre el inmueble ubicado en la
carrera 19 16A-34 de Valledupar, por el incumplimiento de los
pagos de los cánones de arriendo y, como consecuencia de lo
anterior, se condenara a la accionada al pago de las sumas
adeudadas por concepto de lucro cesante y daño emergente y a la
respectiva entrega formal y material del inmueble.

El proceso se tramitó bajo el radicado
20001311500020020141500, al que se le acumuló el expediente
20001313300620060010800, mediante auto de 17 de enero de
2008.

En escrito radicado el 2 de febrero de 2009 ante el juzgado de
conocimiento, suscrito por Luis Fernando Guerra Bonilla,
demandante dentro del referido asunto, y Sonia Morales Morales,
se informó al juez de la cesión de derechos litigiosos a favor de
esta última, como se describe a continuación […]

Mediante auto de 20 de mayo de 2009, la autoridad judicial dispuso
la notificación a la accionada, sin que esta se pronunciara al
respecto […]
No obstante, advierte la Sala que el acuerdo de voluntades entre
el cedente y la cesionaria de los derechos litigiosos estaba
circunscrito al resultado de las demandas de carácter contractual
radicadas por el señor Luis Fernando Guerra por el incumplimiento

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del I.S.S. en el pago de los cánones de arrendamiento, que
finalmente se acumularon en un solo expediente.

Bajo ese entendido, la señora Sonia Morales Morales no tendría
legitimación en la causa por activa para reclamar por el supuesto
daño derivado del error judicial mediante la acción de reparación
directa, en tanto el interés jurídico aún estaba radicado en el
demandante Luis Fernando Guerra y no existe un documento
adicional que facultara a la hoy accionante reclamar en su nombre.
[…]

En criterio de la Sala, por todo lo anterior, deberá ser modificada
la decisión emitida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Cesar, el 29 de agosto de 2019, para declarar la
falta de legitimación en la causa por activa. […]”. (Negrillas propias
del texto).

De la lectura de la sentencia objeto de tutela, la Sala observa que la

autoridad judicial accionada luego de efectuar el análisis del material

probatorio advirtió que previamente se adelantó un medio de control

de controversias contractuales en el que se suscribió una cesión de

derechos litigiosos.

Del acto de cesión la autoridad judicial accionada logró inferir que,

en primer lugar, participó la parte procesal, esto es, el señor LUIS

FERNANDO GUERRA BONILLA quien en calidad de cedente

trasmitió el derecho material o sustancial que se debatía en el

proceso de controversias contractuales aludido y, en segundo lugar,

intervino la señora SONIA MORALES MORALES quien en calidad

de cesionaria adquirió el derecho sobre el que reposaba el interés de

la parte procesal.

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La autoridad judicial accionada encontró que el JUZGADO de

conocimiento mediante providencia de 20 de mayo de 2009, dispuso

la notificación del acto de cesión a la parte contraria, traslado que

venció en silencio, por lo que, al efectuarse debidamente el traslado

a la contraparte, la cesionaria contó con las garantías procesales para

actuar dentro del trámite procesal de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 60 del C.P.C., norma vigente para la época de los

hechos.

Ahora bien, respecto de las pretensiones de indemnización por error

judicial deprecadas en el medio de control de reparación directa

objeto de controversia, la autoridad judicial accionada observó que

no se cumplió con el presupuesto procesal de legitimación en la causa

por activa a cargo de la actora.

Lo anterior, obedeció a que el interés jurídico perseguido en el

proceso de reparación estaría radicado en el señor LUIS FERNANDO

GUERRA BONILLA y, comoquiera que no obraba un documento que

acreditara que la actora podría acudir nuevamente a la jurisdicción

para reclamar la indemnización en nombre del titular, la autoridad

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judicial accionada concluyó que la actora no gozaba de legitimación

para adelantar dicho medio de control.

De lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que la SECCIÓN

TERCERA- SUBSECCIÓN “A” no incurrió en el defecto fáctico

alegado, debido a que, contrario a lo manifestado por la actora, la

decisión cuestionada sí valoró el material probatorio que se echa de

menos, pues a partir de la valoración del auto de 20 de mayo de

2009, se logró inferir la existencia de la cesión de los derechos

litigiosos en su favor, lo cual le otorgaba amplias facultades para

intervenir y ejecutar todas las actuaciones jurídicas dispuestas en el

ordenamiento legal, pero dentro del marco del proceso de

controversias contractuales.

En ese sentido, para la Sala el juicio valorativo que desarrolló la

autoridad judicial accionada en el ejercicio de la autonomía

interpretativa no fue arbitrario y, por el contrario, obedeció a los

lineamientos y a las reglas de la sana crítica.

Ahora, frente al defecto material o sustantivo alegado la Sala

encuentra que la decisión objeto de reproche fue debidamente

sustentada y, que de conformidad con las normas aplicables al

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asunto logró evidenciar la falta de legitimación en la causa por activa

para reclamar la indemnización por error judicial dentro de una

nueva actuación judicial, pues como se determinó con antelación,

la interesada solamente gozaba de legitimación para intervenir y

actuar como cesionaria del sujeto procesal dentro del proceso de

controversias contractuales que dio origen al acto de cesión.

Finamente, la Sala no evidencia el desconocimiento del

precedente alegado por cuanto la decisión cuestionada fue

debidamente sustentada en los criterios adoptados por la Sección

Tercera de esta Corporación, en los que de manera reiterada se ha

considerado la relación jurídico negocial derivada de la cesión de un

derecho litigioso, entendiéndose como aquel acto de transmisión de

un derecho incierto, sobre el que recae el interés de las partes en el

marco de un litigio debidamente notificado.

Al respecto, en providencia de 21 de junio de 201819, la Sección

Tercera de esta Corporación, precisó lo siguiente:

“[…] Al hilo de lo anterior, conviene decir que no existe ninguna
disposición normativa que prohíba la cesión del derecho personal a
iniciar un proceso judicial con el propósito de que se reconozca un
derecho material o de darle certeza a una determinada situación

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 21 de
junio de 2018, C.P. María Adriana Marín, expediente identificado con el número único de radicación.
2003-01681-01 (40353).

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jurídica, por lo que mal podría afirmarse que un negocio jurídico
celebrado en esos términos adolece de objeto ilícito.

Ahora bien, si es permitido ceder el derecho personal a promover
un proceso judicial, es apenas lógico considerar que dicha relación
jurídico negocial se concreta antes de haberse instaurado la
respectiva demanda. De lo contrario, esto es, si dicho negocio
jurídico tiene lugar después de presentada y notificada la demanda,
lo que se estaría cediendo es un derecho litigioso.

En efecto, la cesión de derechos litigiosos es una figura sustancial
cuya regulación se encuentra prevista en los artículos 1969 a 1972
del Código Civil, disposiciones que la definen como un contrato
aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso judicial
(cedente) transmite a un tercero (cesionario), a título oneroso o
gratuito, el derecho incierto sobre el cual recae el interés de las
partes del proceso20. De manera que el derecho adquiere
naturaleza litigiosa luego de efectuarse la notificación de la
demanda al demandado, pues con dicho acto procesal se entabla
la relación jurídico procesal y, por consiguiente, se otorga la calidad
de parte demandante y parte demandada, respectivamente, a los
sujetos procesales21.

Es claro, entonces, que la cesión de derechos litigiosos implica
necesariamente la existencia de un proceso dentro del cual se
hubiere surtido la notificación de la respectiva demanda al
demandado. En cambio, como se vio, la cesión de derechos
personales y, especialmente, el derecho a iniciar un proceso
judicial, tiene ocurrencia con antelación al litigio […]”.

Así las cosas, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no

incurrió en los defectos endilgados, toda vez que la providencia

cuestionada está debidamente motivada con fundamento en la

normatividad y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso

20
“Cesión de derecho litigiosos es el acto jurídico en virtud del cual una persona transfiere a otra, a
título oneroso o gratuito, los derechos personales o reales que se controvierten en juicio. Esta cesión
se hace efectiva por medio de la entrega del título que contenga la cesión. Este título consiste en un
documento privado, aun en el caso en que la controversia trate sobre inmueble”. BONIVENTO
FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales.
Ediciones Librería del Profesional, edición No. 13, Tomo I, pgs. 328 y 329.

21
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de noviembre de 1954.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01388-01
Actora: SONIA MORALES MORALES

concreto, por lo que el hecho de que la actora no comparta la decisión

allí dispuesta, no implica la vulneración de los derechos

fundamentales alegados ni la ocurrencia de algunos de los defectos

específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial.

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera

instancia que denegó el amparo solicitado, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación alegada por la

NUEVA E.P.S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

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Actora: SONIA MORALES MORALES

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de agosto de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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