Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01395-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01395-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01395-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01395-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
1 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., primero (1º) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORES Y PROPIETARIOS DE
TAXIS DE CARTAGENA - ADPROTAC
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala1 la acción de tutela instaurada por la Asociación de Administradores
y Propietarios de Taxis de Cartagena – ADPROTAC contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 25 de febrero de 2022, la Asociación de Administradores y Propietarios de Taxis
de Cartagena, en adelante, ADPROTAC interpuso acción de tutela contra el
Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de
1La Sala advierte que, el 17 de marzo de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Bolívar, porque consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
Formuló las siguientes pretensiones:
1.Se tutele el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO de ASOCIACIÓN DE
ADMINISTRADORES Y PROPIETARIOS DE TAXIS DE CARTAGENA –
ADPROTAC, vulnerado por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUIO DE CARTAGENA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLÍVAR.
2. Como consecuencia de lo anterior, se revoquen las sentencias de fecha 2 de
noviembre de 2021 expedida por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA y del 23 de noviembre de 2021,
expedida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, donde se sustentó
que las sanciones de transporte contenidas en la Ley 336 de 1996 y otras
normas de transporte, no se aplican a conductores y vehículos de servicio
particular.
3. A su vez, se concedan las pretensiones de la demanda de acción de
cumplimiento presentada inicialmente por la accionante, esto es declarar como
incumplidas las normas con fuerza de ley y actos administrativos por parte del
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. – DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE que en esa demanda
fueron solicitadas.
1.2. Hechos
De lo narrado en la demanda y de las pruebas allegadas al expediente se extraen
los siguientes hechos relevantes:
ADPROTAC, en ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos, demandó al Distrito de Cartagena
de Indias – Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, con el fin de
obtener el cumplimiento de las siguientes normas:
• Artículo 131 de la Ley 769 de 2002, en su literal D12.
• Artículo 2.2.1.8.3.3. del Decreto 1079 de 2015.
• Artículo 9 de la Ley 105 de 1993.
• Artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley 336 de 1996.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
• Resolución 10800 del 12 de diciembre de 2003 del Ministerio de Transporte.
• Resolución 4247 del 12 de septiembre de 2019 del Ministerio de Transporte.
• Resolución 20203040003785 del 26 de mayo de 2020 del Ministerio de
Transporte.
En sentencia del 2 de noviembre de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Santa Marta negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la entidad
accionada no había incurrido en incumplimiento de las normas. Inconforme con la
anterior decisión, ADPROTAC interpuso recurso de apelación. Mediante providencia
del 23 de noviembre de 2021, confirmó la sentencia de primera instancia.
1.3. Argumentos de la tutela
En criterio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
siguientes defectos:
(i) Decisión sin motivación, toda vez que, en su criterio, solo se hizo el estudio y
pronunciamiento de una de las «tantas normas invocadas como incumplidas» y, por
tanto, se desconoció el principio de congruencia.
(ii) Desconocimiento del precedente fijado por la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado, mediante Concepto del 20 de abril de 2021, radicado 2020-
00226-00, en el que se consideró que son sujetos de las sanciones de la Ley 336 de
1994 por parte de la Superintendencia de Transporte todas las personas naturales o
jurídicas que violen la normativa del sector transporte. Según la parte accionante, el
criterio del Consejo de Estado es claro al concluir que los alcaldes del nivel distrital y
municipal tienen las mismas competencias atribuidas de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, por lo que, a su juicio, pueden imponer las sanciones
establecidas en la Ley 105 de 1993.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Expuso que la Superintendencia envió un comunicado al alcalde de Cartagena de
Indias, en el que le indicó lo siguiente: «las personas que sean sorprendidas
realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares deben ser
investigados y sancionados (i) bajo la ley de tránsito terrestre, con la infracción D12
y las demás que consideren procedentes, y (ii) bajo la ley de transporte terrestre con
la imposición de multas hasta 700 smmlv».
Sostuvo, además, que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 3785 del 26
de mayo de 2020, en la que determinó que el «IUIT» faculta a los agentes de
tránsito para imponer las sanciones de la Ley 336 de 1996 a personas que utilicen
vehículos tanto de servicio público como particular.
(iii) Defecto fáctico por indebida aplicación de las pruebas aportadas al no dar por
probado el incumplimiento de la accionada. Al respecto, indicó que, en los 7
primeros meses de 2021, el Distrito de Cartagena había impuesto 892 comparendos
bajo la codificación D12, pero que, no obstante, solo se habían efectuado 261
inmovilizaciones.
De igual modo, manifestó que no existió pronunciamiento sobre las siguientes
normas que se consideraron como desconocidas: «Artículo 2.2.1.8.3.3. del Decreto
1079 de 2015; Artículo 9 de la Ley 105 de 1993; Artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
y 51 de la Ley 336 de 1996; Resolución 10800 del 12 de diciembre de 2003 del
Ministerio de Transporte; Resolución 4247 del 12 de septiembre de 2019 del
Ministerio de Transporte; Resolución 20203040003785 del 26 de mayo de 2020 del
Ministerio de Transporte».
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 7 de marzo de 2022, se admitió la presente acción de tutela y
se ordenó que aquel se notificara a las autoridades judiciales accionadas y, como
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
tercero con interés, al alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias. Asimismo, se dispuso la notificación a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
2.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar señaló que la entidad accionada en el
medio de control de cumplimiento no ha incumplido con las normas invocadas por la
asociación accionante, pues los mecanismos establecidos en esas disposiciones
aplican exclusivamente para la prestación del servicio público y, en consecuencia,
no se puede sancionar al conductor del vehículo particular que hubiere sido
sorprendido prestando un servicio diferente al autorizado en su licencia para
conducir.
Adujo que el informe único de infracciones al transporte se «lleva a cabo en los
transportadores, razón por la cual, la entidad accionada no incumple con la norma
invocada, pues no puede ser implementado para sancionar a los conductores de
vehículos de servicio particular, pues este solo procede frente a las sanciones
dirigidas a los conductores de servicio público» .
Por último, expuso que la providencia cuestionada se fundamentó en la
Constitución, la Ley y en los desarrollos jurisprudenciales del Consejo de Estado,
por lo que no actuó arbitrariamente y se garantizaron los derechos reclamados de
los sujetos procesales que intervinieron en ese proceso.
2.3. La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva porque la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales de la asociación demandante está directamente vinculada a las
decisiones proferidas por los jueces de primera y segunda instancia que conocieron
la demanda de cumplimiento. Agregó que la tutela no puede ser utilizada como una
tercera instancia del proceso ordinario, por lo que, en su criterio, debía declararse
improcedente.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
2.4. El Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena manifestó que en el trámite de
la primera instancia se respetaron todas las garantías del debido proceso.
Asimismo, expuso que la decisión cuestionada no carece de fundamento legal, no
obedece a la voluntad subjetiva del juzgador y estuvo fundamentada en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Tribunal
Administrativo del Bolívar.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20122, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de
algún derecho fundamental.
2
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.
Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-
590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional3».
2. Problema jurídico
En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el
3
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de relevancia constitucional. De ser así, deberá abordarse el estudio de fondo del
asunto, con el fin de establecer si el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena y
el Tribunal Administrativo de Bolívar, al proferir las sentencias del 2 de noviembre y
23 de noviembre de 2021, respectivamente, vulneraron o no el derecho fundamental
al debido proceso de la Asociación de Administradores y Propietarios de Taxis de
Cartagena – ADPROTAC.
3. Análisis de la Sala
3.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 20144, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.
4 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
3.3. Caso concreto y solución del problema jurídico
Sería del caso analizar si se configuró el defecto fáctico, el desconocimiento del
precedente y decisión sin motivación, en las sentencias proferidas por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar; sin
embargo, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, pues se pretende convertir la acción de tutela en una instancia
adicional del proceso ordinario. Para sustentar esta conclusión, la Sala hará un
análisis conjunto de los supuestos defectos en que habrían incurrido las accionadas,
toda vez que se edifican en una misma línea argumentativa.
En el escenario que propone la parte actora, la Sala tendría que examinar nueva y
especialmente los motivos de reparo contenidos en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 2 de noviembre de 2021, proferida por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena y lo decidido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en providencia del 23 de noviembre de 2021.
De la simple comparación entre las razones esgrimidas en el curso del proceso de
cumplimiento, esto es, de la demanda, el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia y los argumentos propuestos en la solicitud de tutela,
para la Sala es claro que se pretende continuar con el debate jurídico que ya fue
decidido dentro del medio de control ordinario.
Nótese que en la demanda de cumplimiento la parte demandante solicitó el
cumplimiento de las normas que exigen, a su juicio, a las autoridades locales y
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
distritales, en especial al Distrito de Cartagena, la aplicación de las sanciones a
quienes vulneran las normas de transporte «indistintamente de que sean empresas
de transporte habilitadas, personas jurídicas o naturales». Igualmente, indicó que no
se han realizado las inmovilizaciones correspondientes a los infractores «de que
trata el literal D12 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002».
El Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena, en la sentencia de primera
instancia estimó que la autoridad administrativa accionada no había incumplido las
normas y, por tanto, negó las pretensiones de la demanda. Al respecto, indicó que la
parte demandante no logró acreditar el incumplimiento y que, por el contrario, sí
quedó demostrado en el proceso que el Distrito de Cartagena había implementado
medidas de cumplimiento.
En el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, el demandante
alegó: (i) la violación al principio de congruencia por cuanto no existió
pronunciamiento sobre todas las normas cuyo cumplimiento se solicitó; (ii) indebida
interpretación de las normas, dado que, a su juicio, la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, la Superintendencia de Tránsito y Transporte y el
Ministerio de Transporte, avalan la teoría que indica que la Ley 336 de 1996 es
aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que violen la normativa del
sector transporte; (iii) indebida apreciación de las pruebas aportadas al no dar por
probado el incumplimiento de la accionada. Para tal efecto, expuso que de los 892
comparendos impuestos por la infracción D12, solo se habían inmovilizado 261
vehículos. Como se pudo observar, los argumentos que cimentaron la apelación son
los que sirvieron de soporte para fundamentar las pretensiones de la acción de
tutela, como si se tratase de una tercera instancia o instancia adicional a las que se
surtieron de conformidad con el procedimiento previsto por el legislador.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Los anteriores argumentos fueron resueltos razonablemente por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en la sentencia del 23 de noviembre de 2021, al concluir lo
siguiente:
La parte actora presentó acción de cumplimiento contra el Distrito de
Cartagena, a efectos de que se declare que el Alcalde William Dau Chamat y
el Director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de
Cartagena, han incumplido con las siguientes normas; Ley 769 de 2002
artículo 131 literal D12, artículo 2.2.1.8.3.3. del decreto 1079 de 2015, artículo
9 de la ley 105 de 1993, artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la ley 336
de 1996, Resolución No. 10800 del 12 de diciembre de 2003 del Ministerio de
Transporte, Resolución No. 4247 del 12 de septiembre de 2019 del Ministerio
de Transporte, Resolución No. 20203040003785 del 26 de mayo de 2020 del
Ministerio de Transporte.
El A quo en el fallo objeto de impugnación, negó las pretensiones de la
demanda, en consideración a que el actor no aportó prueba con la cual
se pudiera corroborar el incumplimiento de la entidad accionada; así
mismo advirtió que, el Distrito de Cartagena presentó datos estadísticos
indicando cuáles han sido las infracciones que se han impuesto en el
último año, con ocasión a la infracción de la circulación de vehículos
destinados a un servicio diferente a aquel para el cual tiene licencia de
tránsito, sin el lleno de requisitos y la debida autorización.
A su turno, la parte accionante impugnó el fallo, solicitando su revocatoria;
manifestando que el Distrito de Cartagena de Indias a través del DATT,
incumple las normas invocadas ya que no realiza o adelanta los
procedimientos administrativos que violan las normas de transporte a las
personas que son sorprendidas infringiendo las normas de transporte con
vehículos de servicio particular.
En este contexto, procede la Sala a resolver el problema jurídico planteado,
teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial expuesto, los hechos
probados y el objeto de la impugnación.
La Sala analizará cada una de las normas invocadas por el actor con el
fin de establecer si la entidad accionada está incumpliendo dicha
normatividad.
En primer lugar, el actor manifiesta que la entidad accionada incumple la Ley
769 de 2002 artículo 131 literal D12, modificado por el artículo 21 de la Ley
1383 de 2010, el cual expresa textualmente:
“ARTÍCULO 131. MULTAS. Los infractores de las normas de tránsito
serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo
de infracción así: (…) D. Será sancionado con multa equivalente a
treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) el
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en
cualquiera de las siguientes infracciones: (…) D.12. Conducir un
vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio
diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el
vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días,
por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días. (…)”
Sobre el presunto incumplimiento de la norma en cita, el Distrito de Cartagena
señala que, existe un gran impedimento al momento de elaborar
comparendos D12, pues todo depende del ámbito probatorio, teniendo en
cuenta que, los agentes de tránsito al momento de abordar un vehículo
particular le realizan preguntas a los pasajeros y al conductor, con el fin
de determinar si se estaría configurando una posible infracción de
tránsito, no obstante, manifiesta la accionada que en muchas ocasiones no
se ha logrado concluir el procedimiento sancionatorio, porque los
ciudadanos se niegan a responder y los agentes de tránsito no pueden
forzar para que el conductor y los pasajeros proporcionen una respuesta
positiva.
Para esta Magistratura, conforme a las pruebas que obran en el
expediente, la entidad accionada no ha incumplido con la norma
invocada por el actor, teniendo en cuenta que, para inmovilizar un
vehículo que se destine a un servicio diferente de aquel para el cual
tiene licencia de tránsito sin la debida autorización, requiere de material
probatorio a través del cual se demuestre el supuesto de hecho descrito
en la norma; concretamente, lo relativo la destinación diferente a la
señalada en la licencia de tránsito.
De igual manera, el actor manifiesta que la entidad accionada incumple el
Decreto 1079 de 2015 artículo 2.2.1.8.3.3., el cual cita textualmente:
“Artículo 2.2.1.8.3.3. Informe de infracciones de transporte. Los agentes
de control levantarán las infracciones a las normas de transporte en el
formato que para el efecto reglamentará el Ministerio de Transporte. El
informe de esta autoridad se tendrá como prueba para el inicio de la
investigación administrativa correspondiente.”
El articulo anteriormente en cita, indica que, los agentes de tránsito deben
regirse por el formato establecido por el Ministerio de transporte al momento
de levantar infracciones a las normas de transporte, dicha infracción, de
conformidad con el artículo 2.2.1.8.2 del Decreto 1079 de 2015; aplica
únicamente para la prestación del servicio público, es decir, no se puede
sancionar al conductor del vehículo particular que haya sido
sorprendido prestando un servicio diferente al autorizado con una
infracción de transporte, pues se estaría reconociendo una calidad de
transportador que ese conductor de vehículo particular no tiene.
A juicio de la Sala, no existe incumplimiento por parte de la entidad accionada
frente a la norma invocada, pues dicho mecanismo no puede ser utilizado
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
en servicios particulares como lo pretende el actor, sino que, por el
contrario, aplica exclusivamente para el servicio público.
Por otra parte, el actor señala que, existe un incumplimiento por parte de la
entidad accionada de la Ley 105 de 1993 artículo 9; así como de los
artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley 336 de 1996 - Estatuto
Nacional de Transporte; los cuales en síntesis, hacen referencia a los sujetos
a los cuales se le impondrán sanciones por violación a las normas
reguladoras del transporte, establecen el procedimiento y los criterios que se
deben tener en cuenta al momento de imponer las sanciones, al igual que los
tipos de sanciones aplicables.
Advierte la Sala que, las normas invocadas por el actor, regulan lo
consistente al servicio de transporte público, y los vehículos
particulares que prestan un servicio distinto al consignado en la licencia
de tránsito; no son transportadores, razón por la cual, la entidad
accionada no puede imponer sanciones por prestar servicios no
autorizados basándose en una normatividad que no es aplicable al caso.
El actor manifiesta que la entidad accionada incumple las Resoluciones
expedidas por el Ministerio de Transporte relacionadas a continuación:
• Resolución No. 10800 del 12 de diciembre de 2003 del Ministerio de
Transporte, por medio de la cual se reglamentó el formato para el Informe de
Infracciones de Transporte de que trata el artículo 54 del Decreto 3366 del 21
de noviembre de 2003, y se dispuso la codificación de las infracciones a las
normas del transporte público terrestre automotor.
• Resolución No. 4247 del 12 de septiembre de 2019 del Ministerio de
Transporte, por la cual se adopta el formato para el Informe Único de
Infracciones al Transporte.
• Resolución No. 20203040003785 del 26 de mayo de 2020 del Ministerio
de Transporte, por medio de la cual se adecua la reglamentación para la
adopción del Informe Único de Infracciones al Transporte IUIT.
En este orden, para establecer si existe incumplimiento de las resoluciones
citadas; procede la Sala a esclarecer lo referente a la no implementación del
Informe Único de Infracciones al Transporte “IUIT”, para imponer
comparendos a servicio particular tal como lo señala el actor.
En ese sentido, advierte esta Corporación, que el Decreto Único
Reglamentario 1079 de 2015, regula lo relativo a la Infracción de Transporte,
en su artículo 2.2.1.8.2; el cual textualmente informa:
“Artículo 2.2.1.8.2. Infracción de transporte terrestre automotor. Es toda
acción u omisión que vulnere la prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor en los términos definidos en la ley o en
los reglamentos de cada modalidad de servicio.”
15
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Acota la Sala, que el articulo anteriormente citado indica que, las
infracciones de transporte recaen únicamente sobre los conductores de
vehículos de servicio público para prestar el servicio de transporte de
pasajeros, es decir, no se involucra los conductores de vehículos de
servicio particular que se encuentren prestando un servicio diferente al
autorizado.
Analizado lo anterior, resulta pertinente anotar que, el Informe Único de
Infracciones al Transporte “IUIT” de que trata las resoluciones citadas ut
supra; señaladas por el actor como incumplidas; es el informe elaborado
por los agentes de control cuando encuentran una presunta vulneración
a las normas de transporte; en ese orden, el IUIT se lleva a cabo en los
transportadores, razón por la cual, la entidad accionada no incumple con
la norma invocada, pues no puede ser implementado para sancionar a
los conductores de vehículos de servicio particular, pues este solo
procede frente a las sanciones dirigidas a los conductores de servicio
público.
De lo anterior, concluye la Sala, que no encuentra pruebas acreditadas que
permitan demostrar que la entidad accionada Distrito de Cartagena, ha
incumplido las normas invocadas por el actor; en ese sentido, esta
Magistratura confirmará el fallo impugnado por la parte actora.
Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del medio de control de
cumplimiento que se tramitó a instancias del Juzgado Séptimo Administrativo de
Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que se negaron las
pretensiones de la demanda, al concluir razonablemente que no se acreditó el
incumplimiento de las normas porque:
• El literal D12 del artículo 131 de la Ley 769 de 2012 depende de las pruebas
que tenga la autoridad de tránsito al momento de abordar el vehículo
particular; pues en la mayoría de las oportunidades, no es posible concluir
con el procedimiento sancionatorio porque los ciudadanos «se niegan a
responder y no pueden forzar para que el conductor y los pasajeros
proporciones una respuesta positiva». Por lo que, en esas condiciones, no se
acreditó el incumplimiento de la disposición normativa.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
• El artículo Decreto 1079 de 2015 artículo 2.2.1.8.3.3. aplica solamente para la
prestación del servicio público de transporte y, por tanto, no es posible
sancionar al conductor del vehículo particular que fue sorprendido prestando
un servicio diferente al autorizado en la licencia de conducción.
• Ley 105 de 1993 artículo 9; así como de los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50 y 51 de la Ley 336 de 1996, indicó que las referidas disposiciones regulan
situaciones fácticas relaciones con el servicio del transporte público y, en
esos términos, a los vehículos particulares que prestan servicios distintos a
los de la licencia de tránsito no tienen la calidad de transportadores y, en
consecuencia, no les resulta aplicable esa normatividad.
• Las Resoluciones 10800 del 12 de diciembre de 2003, . 4247 del 12 de
septiembre de 2019 y 20203040003785 del 26 de mayo de 2020 proferidas
por el Ministerio de Transporte. Explicó que las infracciones de transporte
recaen únicamente sobre los conductores de vehículos de servicio público.
Asimismo, que el Informe Único de Infracciones al Transporte «IUIT» solo es
posible utilizarlo cuando se evidencia la presunta vulneración de los
transportadores a las normas de transporte, por lo que no puede
implementarlo para sancionar a los conductores de vehículo particular.
A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional, toda vez que, en efecto, en la providencia
cuestionada el Tribunal Administrativo de Bolívar analizó con suficiencia y claridad,
cada una de las normas que la asociación demandante consideraba incumplidas por
el Distrito de Cartagena y explicó motivadamente las razones por las cuales no se
estaban incumpliendo.
En este punto, conviene señalar que el hecho de que la parte demandante no
comparta los argumentos expuestos en la decisión atacada no habilita al juez de
tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por el Juzgado Séptimo
17
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, con suficiente
motivación.
Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico,
son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para
zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de
todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por
desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural5.
La Sala precisa que la tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepciones
y, por ende, no puede convertirse en el único y preferido medio de la parte que
pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses. El ejercicio
hermenéutico que realiza el juez natural en la decisión judicial forma parte de su
autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela
cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
que haga necesaria su intervención.
En suma, el descontento del accionante revela una mera inconformidad con el
razonamiento de los jueces ordinarios para prolongar, en sede constitucional, el
debate que ya se clausuró, hasta obtener a toda costa una alternativa de decisión
en la que se resuelva favorablemente su visión del litigio. Como se sabe, esa
intención choca con la finalidad de la acción de tutela que, justamente, prohíbe que
se utilice en los términos que aquí se pretende, con mayor razón si la decisión fue
argumentada de manera razonable por el juez de segunda instancia
Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo no solo carece de la
carga argumentativa mínima requerida para efectuar un análisis de fondo, sino que
busca revivir la discusión planteada y decidida en el proceso ordinario.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01395-00
Actor: Asociación de Administradores y Propietarios de
Taxis de Cartagena
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela formulada por la Asociación
de Administradores y Propietarios de Taxis de Cartagena, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de este fallo.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.