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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01402-00

Fecha
4 de abril de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01402-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa de los accionantes de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01402-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

4 de abril de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01402-00
Accionantes: Zaira Samira Villamil Álvarez y otros
Se declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela

Id Documento: 11001031500020220140200005025220038
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01402-00
Accionantes: Zaira Samira Villamil Álvarez y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Se declara la falta de legitimación en la causa por activa. La acción de
tutela contra providencias judiciales está prevista para garantizar los derechos
fundamentales de las partes. Los jueces, dentro de los cuales se incluyen los
árbitros que ejercen jurisdicción en los términos del artículo 116 de la Constitución
Política, no son titulares de derechos en el proceso y mucho menos de derechos
fundamentales que puedan ser amparados mediante la acción de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra la providencia del 30
de abril de 2021 proferida por la Sección Tercera, Subsección C de esta
Corporación. Esta providencia declaró fundado el recurso de anulación de laudo
arbitral tramitado bajo el radicado No.11001-00-26-000-2020-00128-00 y, en
consecuencia, anuló el laudo del 16 de junio de 2020 proferido por el Tribunal de
Arbitramento conformado para dirimir la demanda de controversias contractuales
adelantada por el Municipio de La Unión, Valle del Cauca contra Empresas
Municipales de Tuluá E.S.P (en adelante, el tribunal de arbitramento). El laudo
arbitral anulado declaró probada la caducidad del medio de control de controversias
contractuales.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la

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Accionantes: Zaira Samira Villamil Álvarez y otros
Se declara la falta de legitimación

Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 28 de febrero de 2022 los señores Zaira Samira Villamil Álvarez, Pedro Antonio
Chaustre Hernández y John Freddy Bustos Lombana, en calidad de árbitros del
tribunal de arbitramento, interpusieron acción de tutela contra la providencia del 30

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de abril de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C. En su concepto, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al buen nombre porque evaluó el fondo de la
controversia arbitral al momento de anular el laudo del 16 de junio de 2020.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<1. AMPARAR el derecho fundamental al Debido Proceso y al buen nombre en favor
de los accionantes.

2. Teniendo en cuenta que los accionantes no disponen de otro medio judicial, como
mecanismo transitorio y para evitar un perjuicio irremediable, muy respetuosamente
solicitamos se proceda a DEJAR SIN VALOR Y EFECTO:

• La providencia proferida el 30 de abril de 2021, por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, radicado con el No.
11001-03-26-000-2020-00128-00 (66298) y que fue notificada por la secretaría de
dicha Corporación el pasado miércoles 19 de enero de 2022>>.

B. Hechos

3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 28 de junio de 2011 el Municipio de La Unión (en adelante, el municipio)
celebró el convenio interadministrativo No. 03-2011 con la Empresas Municipales
de Tuluá E.S.P. Ese día se suscribió el acta de iniciación.

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3.2.- El 21 de octubre de 2014 se realizó la audiencia de conciliación extrajudicial
por el presunto incumplimiento del contrato por parte de las Empresas Municipales
de Tuluá E.S.P. Ante la falta de acuerdo, ese mismo día se interpuso demanda de
controversias contractuales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3.3.- El 22 de marzo de 2017 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró
su falta de competencia ante la existencia de una cláusula compromisoria. Por lo
tanto, remitió el expediente a la Cámara de Comercio de Cali y concedió un término
de cuarenta y cinco (45) días hábiles para que se realizaran las gestiones
necesarias para integrar el panel arbitral que dirimiría la controversia.

Id Documento: 11001031500020220140200005025220038
3.4.- Posteriormente, el expediente fue remitido al Centro de Conciliación, Arbitraje
y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Tuluá, por ser el competente
para conocer el asunto.

3.5.- El 5 de diciembre de 2018 el mencionado Centro de Arbitraje ofició al municipio
para que consignara el valor de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes,
por concepto de gastos iniciales. El 8 de marzo de 2019 el municipio pagó el valor
requerido y el 9 de mayo de ese año el Centro de Arbitraje designó a los árbitros
que son accionantes en esta acción.

3.6.- El 6 de junio de ese año se profirió laudo en el que se declaró la caducidad del
medio de control y se liquidó el contrato que originó la controversia, por las
siguientes razones:

3.6.1.- El tribunal consideró que, dado que la vigencia del contrato finalizó el 11 de
abril de 2012 y teniendo en cuenta el plazo para su liquidación, el término de la
caducidad se extendió hasta el 11 de octubre de 2014, de conformidad con el
artículo 2, literal j) del artículo 164 del CPACA. Dada la suspensión del término por
la conciliación extrajudicial, advirtió que la demanda se presentó oportunamente
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No obstante, mediante auto del
22 de marzo de 2017 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó la
remisión del expediente a la justicia arbitral y se otorgó el término de cuarenta y
cinco (45) días hábiles para realizar las gestiones necesarias a efectos de integrar
el tribunal de arbitramento.

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3.6.2b.- El tribunal de arbitramento consideró que el término de cuarenta y cinco
(45) días empezó a correr el 11 de diciembre de 2018, fecha en la que la Cámara
de Comercio de Tuluá requirió al municipio para que cancelara el valor de dos
salarios mínimos mensuales legales vigentes, a título de gastos iniciales. Por lo
tanto, el municipio habría tenido hasta el 15 de febrero de 2019 para consignar ese
valor. No obstante, el pago se hizo el 8 de marzo de 2019, esto es, de forma
extemporánea, lo que configuró la caducidad.

3.6.3.- Finalmente, el tribunal de arbitramento accedió a la quinta pretensión de la
demanda, consistente en la liquidación del contrato y declaró a las partes a paz y
salvo, por haber operado la caducidad de la acción.

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3.7.- El 15 de julio de 2020 el municipio formuló recurso extraordinario de anulación
contra el laudo arbitral. Invocó las causales previstas en los numerales 7 y 8 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 20121, dado que (i) no se sustentó jurídicamente la
declaración de la caducidad, por lo que esta decisión se tomó en conciencia y no en
derecho; (ii) la decisión es contradictoria pues a pesar de haberse declarado la
caducidad de la acción se accedió a la pretensión quinta, relacionada con la
liquidación del contrato; y (iii) pese a que se accedió a la pretensión quinta, en todo
caso el municipio fue condenado en costas.

3.8.- El 30 de abril de 2021 la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación
resolvió el recurso de anulación y lo declaró fundado. En consecuencia, anuló el
laudo del 16 de junio de 2020 y ordenó el reembolso de la segunda mitad de los
honorarios. La Subsección consideró que el laudo incurrió en la causal de nulidad
dispuesta en el numeral 7 de la referida norma, puesto que <<carece de total
consideración jurídica en cuanto a la configuración de la caducidad>> por lo que se
trató de una decisión en conciencia y no en derecho.

1 <<Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación:

7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia
aparezca manifiesta en el laudo.
8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o
cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o
influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral>>.

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3.8.1.- Sostuvo que el tribunal de arbitramento se limitó a exponer los antecedentes
fácticos del caso, pero no se refirió al fundamento jurídico que permitía tener por
configurada la caducidad como consecuencia de no haberse acatado en término la
orden del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, consistente en integrar el
tribunal de arbitramento en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles.
Tampoco se refirió al tiempo transcurrido antes de que se presentara la demanda
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3.8.2.- Señaló que, además, la consecuencia jurídica de no pagar oportunamente
los gastos y honorarios no es la caducidad sino la cesación de funciones del tribunal
de arbitramento, según lo dispone le artículo 35 de la Ley 1563 de 20122.

Id Documento: 11001031500020220140200005025220038
3.8.3.- Concluyó lo mismo frente a la decisión de acceder a la quinta pretensión de
la demanda ordinaria, pues no encontró fundamento jurídico para liquidar el contrato
si en el laudo se acreditó la caducidad del medio de control de controversias
contractuales.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Los accionantes alegan que la providencia objeto de reproche incurrió en un
defecto sustantivo.

4.1.- Sostienen que, en virtud del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, la autoridad
judicial que resuelva el recurso de anulación no puede pronunciarse <<sobre el
fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones,
valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral>>. Sin
embargo, en este caso la autoridad accionada se pronunció frente a un asunto de
fondo que le competía al tribunal de arbitramento, como lo es la caducidad,
<<disfrazando>> su estudio en la causal 7 de anulación.

4.2.- Reprochan que en la providencia tutelada se propusiera una mejor
interpretación legal, según la cual la consecuencia de no pagar los gastos y
honorarios del tribunal arbitral es la cesación de funciones del mismo, mas no la
caducidad de la acción, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 1563 de 2012. Lo

2<<Artículo 35. Cesación de funciones del tribunal. El tribunal cesará en sus funciones:

1. Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honorarios prevista en la presente
ley>>.

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anterior evidencia que la autoridad accionada estudió de fondo el caso e incluso
brindó una opinión al respecto.

4.3.- Además, reclaman que la solución propuesta por la Subsección accionada es
incorrecta, pues confunde la noción de gastos y honorarios del artículo 27 del
Estatuto Arbitral, con la noción de gastos iniciales prevista en el artículo 2.2.4.2.6.2.2
del Decreto 1069 de 2015. Señala que, en este caso, fueron estos últimos los que
no se pagaron en término, lo cual sí acarrea como consecuencia la caducidad de la
acción, mientras que el pago de los otros tiene como efecto la cesación de
funciones, supuesto que, no obstante, no se configuró en este caso.

Id Documento: 11001031500020220140200005025220038
4.4.- Indican que lo anterior también vulneró su derecho al buen nombre, pues de la
solución propuesta por la autoridad accionada se desprende que los árbitros
debieron cesar sus funciones en lugar de estudiar el asunto, lo cual da a entender
que mantuvieron la competencia únicamente para percibir sus honorarios.

4.5.- Insisten en que en el laudo arbitral sí se citaron las normas aplicables, a saber,
el artículo 164, numeral 2, literal j) del CPACA, así como jurisprudencia de esta
Corporación y de la Corte Constitucional3 en relación con el fenómeno de la
caducidad. En particular, resaltan la sentencia del 9 de mayo de 2011, radicado No.
17001-23-31-000-1996-03070-01(17863) proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en virtud de la cual, la consecuencia de no
acudir oportunamente a la jurisdicción es la configuración de la caducidad, lo cual
aplicaba al caso por no haberse acatado la orden prevista en el auto del 22 de marzo
de 2017 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

4.6.- Finalmente, sostienen que la principal consecuencia de la caducidad del
contrato es su terminación y liquidación, según el artículo 18 de la Ley 80 de 1993,
por lo que el Tribunal Arbitral sí estaba investido para realizar la liquidación judicial
del contrato, teniendo en cuenta también el artículo 141 del CPACA.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación (accionado) solicita
que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo, pues no cumple con los

3 En concreto, las sentencias T-433 de 1992 y C-394 de 2002.

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requisitos generales de procedibilidad y, en particular, con el de relevancia
constitucional. Ello, por cuanto el reproche de los accionantes se basa en una
inconformidad con la providencia tutelada y pretenden usar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional. Añade que tampoco se configuraron
los defectos alegados, pues no se calificó la declaratoria de caducidad ni se hizo
alusión a la normativa aplicada, justamente porque se encontró una falta de
fundamentación jurídica.

6.- Empresas Municipales de Tuluá E.S.P (tercero con interés) solicita que se
conceda el amparo, dado que la providencia tutelada vulneró los derechos de los
accionantes. Aduce que el tribunal de arbitramento se basó en fundamentos

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jurídicos para tomar su decisión, pues justamente se refirió al artículo 164 numeral
2, literal j) del CPACA y a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional en materia de caducidad, como se reconoce en la misma providencia
tutelada. Igualmente se refiere a la orden del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, también considerada por los accionantes y que no fue acatada en término
por el municipio. Además, reprocha que en la providencia tutelada se hubiese
insinuado otra solución al caso, en virtud de la cual no se configuró la caducidad.
Por lo anterior el fallo no pudo ser en conciencia y se encuentra debidamente
motivado.

7.- El municipio (tercero con interés) guardó silencio pese a haber sido debidamente
notificado.

II. CONSIDERACIONES

E. Falta de legitimación en la causa por activa

8.- La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por activa porque considera que los accionantes, en su calidad de
árbitros, no pueden alegar la vulneración de sus derechos fundamentales ante una
decisión que declara fundado el recurso de anulación contra un laudo arbitral que
profirieron.
9.- La acción de tutela contra providencias judiciales está prevista para garantizar
los derechos fundamentales de las partes. Los jueces, dentro de los cuales se
incluyen los árbitros que ejercen jurisdicción en los términos del artículo 116 de la

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Constitución Política, no son titulares de derechos en el proceso y mucho menos de
derechos fundamentales que puedan ser amparados mediante la acción de tutela.
En cambio, los jueces y árbitros tienen deberes dentro del proceso: entre ellos se
encuentra resolver el proceso conforme con las disposiciones legales y acatar las
disposiciones que se adopten al decidir los recursos que se interpongan contra sus
decisiones.
10.- Por tal razón no es admisible que los árbitros, que son los jueces que han
decidido un proceso, interpongan una acción de tutela contra la decisión judicial que
resolvió el recurso contra el laudo que ellos profirieron. El único <<derecho>> que
podría verse afectado respecto de los árbitros es el derecho a percibir los honorarios
derivados de su gestión y ese no es un derecho <<fundamental>>. En efecto, la

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Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela no procede para
salvaguardar intereses o derechos económicos, justamente porque estos no
corresponden a derechos fundamentales, a no ser que se acredite que la efectividad
de una garantía constitucional está en juego, lo cual no se demostró en este caso4.
10.1.- Tampoco puede aceptarse que un árbitro interponga una acción de tutela
contra la providencia que declaró fundado un recurso de anulación, pues esta
decisión no está dirigida a cuestionar su buen nombre, sino que se limita a estudiar
la legalidad de la decisión, de conformidad con las causales taxativas previstas en
la ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa de los
accionantes de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

4 Entre otras, sentencia T-903 de 2014 de la Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez.

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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Id Documento: 11001031500020220140200005025220038
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto

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