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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-01410-00

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-01410-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela con respecto a los cargos de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente en relación con el fundamento del acto administrativo y los efectos retroactivos de la declaratoria de nulidad. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales del municipio de Dosquebradas, Risaralda al debido proceso y de acceso a la administración de justicia que la Sala encontró vulnerados por la autoridad judicial accionada por 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Municipio de Dosquebradas Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-01410-00 aplicar los efectos retroactivos del fallo a las situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia del acto administrativo, con lo cual incurrió en defecto por desconocimiento del precedente. TERCERO: ORDENAR que la providencia del 20 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión, no se aplique ni afecte situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia del Acuerdo 027 de 2020, expedido por el Concejo Municipal de Dosquebradas. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01410-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

7 de abril de 2022

Demandante: Municipio de Dosquebradas
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda –
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01410-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01410-00
Demandante: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SALA
TERCERA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – Revisión de legalidad de
acto administrativo por solicitud del gobernador – Efectos
retroactivos de la sentencia que declara la nulidad de un
acuerdo municipal.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por el
municipio de Dosquebradas, Risaralda, con fundamento en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26
de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado enviado el 28 de febrero de 2022, el municipio de
Dosquebradas, por intermedio de apoderado judicial1, instauró acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión, con el
fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 20 de enero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión, mediante la cual se
declaró, con efectos retroactivos, la invalidez del Acuerdo N.° 027 del 1° de
diciembre de 2020, expedido por el Concejo Municipal de Dosquebradas,

1 Funge como apoderado especial de la entidad territorial el profesional Jorge Uriel Cardona Betancur, según

poder otorgado por el señor Jorge Diego Ramos Castaño, en su calidad de alcalde del municipio de
Dosquebradas, Risaralda, de conformidad con el acta de posesión N° 002 del 30 de diciembre de 2019.

1
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Demandante: Municipio de Dosquebradas
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda –
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01410-00

Risaralda “POR EL CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE
CARTERA, GENERAR MAYOR LIQUIDEZ A LA ENTIDAD Y ALIVIAR LA SITUACIÓN
ECONÓMICA DE LOS DEUDORES Y LOS CONTRIBUYENTES PRODUCTO DE LA
PANDEMIA COVID-19 QUE ADEUDAN LOS IMPUESTOS DE PREDIAL Y/O INDUSTRIA
Y COMERCIO DE LAS VIGENCIAS 2019 Y ANTERIORES EN EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS – RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

3. Lo anterior, en el marco de la revisión de constitucionalidad y legalidad
establecida en el numeral 10° del artículo 305 de la Constitución Política2, en
concordancia con el artículo 119 del Decreto 1333 de 19863 y el artículo 82 de la
Ley 136 de 19944 (validez de acuerdo), identificado con N.° de radicado 66001-23-
33-000-2021-00417-00, promovida por el gobernador de Risaralda.

1.2. Pretensión

4. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó que “se MODIFIQUE la
sentencia proferida por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA – SALA TERCERA DE DECISIÓN, y en su lugar declarar sus efectos a partir
de la providencia respecto a la invalidez del Acuerdo No. 027 de 2020.”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El gobernador del departamento de Risaralda, en uso de la atribución conferida
por el numeral 10º del artículo 305 de la Constitución Política solicitó que se
declarara la nulidad del Acuerdo 027 del 1º de diciembre de 2020, “POR EL CUAL
SE DICTAN MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA, GENERAR MAYOR
LIQUIDEZ A LA ENTIDAD Y ALIVIAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS
DEUDORES Y LOS CONTRIBUYENTES PRODUCTO DE LA PANDEMIA COVID-19
QUE ADEUDAN LOS IMPUESTOS DE PREDIAL Y/O INDUSTRIA Y COMERCIO DE
LAS VIGENCIAS 2019 Y ANTERIORES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS –
RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, dictado por el Concejo de
Dosquebradas. El acto administrativo tiene el siguiente contenido:

«El Concejo Municipal de Dosquebradas-Risaralda, en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en los
artículos 1º, 2º, 29º, 209, 287, 313, 319 de la Constitución Política; artículo
2 Precepto que confiere a los gobernadores la atribución de “revisar los actos de los concejos municipales y de

los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al tribunal competente para que
decida sobre su validez”.
3 La norma establece que “Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o

la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez.”
4 “ARTÍCULO 82. REVISIÓN POR PARTE DEL GOBERNADOR. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la

sanción, el alcalde enviará copia del acuerdo al gobernador del departamento para que cumpla con la
atribución del numeral diez (10) del artículo 305 de la Constitución. La revisión no suspende los efectos de los
acuerdos.”

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32 de la Ley 136 de 1994; Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 1625 de 2013,
1955 de 2019, Decreto Presidencial 1079 de 2015 y demás normas
concordantes,

ACUERDA

ARTICULO 1º. ALIVIOS TRIBUTARIOS. Con el fin de recuperar la cartera y
generar mayor liquidez para la entidad, así como para aliviar la situación
económica de los deudores y los contribuyentes del Municipio de
Dosquebradas, y de acuerdo a las medidas tomadas en el marco de la
emergencia económica y social causada por el Covid-19, se establecen los
siguientes beneficios en relación con los impuestos Predial Unificado e
Industria y Comercio pendientes de pago a la entrada en vigencia del
presente Acuerdo:

Hasta el 31 de diciembre de 2020, se pagará el CIEN POR CIENTO (100%)
del capital adeudado sin intereses ni sanciones, de las vigencias 2019 y
anteriores.

Parágrafo. Las medidas adoptadas en el presente artículo se extienden a
aquellas obligaciones que se encuentren en discusión en sede administrativa
y judicial, y su aplicación dará lugar a la terminación de los respectivos
procesos.

ARTÍCULO 2º. MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS. Se habilitan los
siguientes medios de pago para facilitar el acceso de los contribuyentes y de
los deudores morosos a las medidas adoptadas en el artículo 1º del presente
Acuerdo (Alivios tributarios): El Impuesto Predial Unificado puede ser pagado
a través del Portal Tributario del Municipio de Dosquebradas, a través del
sistema PSE. Para ello se debe ingresar a la página
www.dosquebradas.gov.co y en el link “Portal tributario” se realiza el pago
correspondiente. El pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) se
podrá realizar a las cuentas que la administración municipal determine.

(…)»

6. Como fundamento de la pretensión el gobernador del departamento de
Risaralda afirmó que el acuerdo demandado vulnera los artículos 6º, 95 numeral
9º, 121, 313 y 338 de la Constitución Política; 18, 82 y 32 de la Ley 136 de 1994,
este último modificado por la Ley 1551 de 2012.

7. Lo anterior, por cuanto la potestad tributaria y de concesión de amnistías radica
exclusivamente en el legislador, por lo que no le es dable a las “Corporaciones
Administrativas Territoriales conceder amnistías tributarias sin la existencia previa de una
ley que así lo determine.”

8. Agregó que este tipo de amnistías surge ilegal si se tienen en cuenta las
consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional en las sentencias (i) C-060
de 2018, que declaró la inexequibilidad del artículo 356 de la Ley 1819 de 2016; y
(ii) C-448 de 2020 que declaró inexequibles los artículos 6º y 7º del Decreto

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Legislativo No. 678 del 20 de mayo de 20205.

9. Destacó que la amnistía tributaria establecida en el precepto demandado
vulnera el principio de equidad tributaria, por cuanto establece condiciones
especiales para los deudores morosos y no se evidencia análisis alguno de la
forma como se subsana el rompimiento de dicho principio ni se compensa la
inequidad establecida.

10. Señaló que el alcalde municipal envió el referido acuerdo a la gobernación
para revisión, por correo electrónico, el 20 de octubre de 2021, es decir 9 meses y
17 días después, violando lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 136 de 1994.

11. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del Decreto Ley 1333 de
19866, el 16 de noviembre de 2021 el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala
Tercera de Decisión ordenó fijar el proceso en lista por el término de diez (10) días
para que el Ministerio Público o cualquier ciudadano pudiera intervenir
defendiendo o impugnando la constitucionalidad o legalidad del acuerdo
demandado.

12. El 20 de enero de 2022, la referida autoridad judicial declaró la invalidez de
acuerdo, con efectos retroactivos, por considerar que efectivamente el acto
administrativo desconoce las normas constitucionales invocadas “toda vez que el
otorgamiento de la reducción del 100% del cobro sobre los intereses y sanciones de los
impuestos, predial unificado e industria y comercio pendientes de pago a la entrada en
vigencia del referido acuerdo, sí desconoce los lineamientos trazados por la Corte
Constitucional respecto a la prohibición de consagrar amnistías o saneamientos tributarios
sin los presupuestos necesarios para su creación, acarreando como consecuencia un
desconocimiento de los principios de igualdad y equidad tributaria en que se funda el
sistema tributario colombiano para cualquier tipo de obligación tributaria, en este caso por
parte del Concejo Municipal de Dosquebradas, Risaralda, situación que se constituye en
una causal de invalidez del acto.”

13. Consideró que una amnistía tributaria únicamente puede otorgarse por el
legislador, en atención a la reserva establecida en el artículo 294 de la
Constitución Política7, en la medida en que se trata de condonación del pago de
intereses moratorios y sanciones sobre impuestos de vigencias que se encuentran
causadas y consolidadas, por cuanto se trata de tributos del año 2019 y vigencias
anteriores.

5 “Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las
entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el
Decreto 637 de 2020.”
6 Esta norma consagra el trámite que debe adelantar el tribunal para revisar la legalidad de los actos

administrativos que tengan observaciones del gobernador.
7 ARTICULO 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los

tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos
salvo lo dispuesto en el artículo 317

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14. A continuación, se pronunció sobre los efectos de la sentencia, para lo cual se
refirió ampliamente al Decreto Legislativo No. 678 de 2020 dictado por el Gobierno
Nacional que, en los artículos 6º y 7º, había conferido potestades en materia
tributaria a nivel territorial, concretamente autorizaba a gobernadores y alcaldes a
diferir el pago de los tributos municipales, indicando que dichos artículos fueron
declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-488 de
2020, por reprobar el juicio de necesidad jurídica, establecido en el artículo 11 de
la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción.

15. No obstante la declaratoria de inexequibilidad del precepto, la Corte realizó
precisiones encaminadas a determinar que algunas potestades en materia
tributaria existían en la legislación ordinaria, pudiéndose aplicar cuando surja una
situación excepcional que amerite la adopción de ese instrumento de política
fiscal, pero sin que ello sea posible para aquellos tributos que se causaron con
anterioridad a la declaratoria por parte del Gobierno Nacional del Estado de
emergencia económica, social y ecológica8, generada por la pandemia del COVID-
19.

16. Advirtió que el acuerdo objeto de examen fue expedido el 1º de diciembre de
2020, esto es, después de que la Corte Constitucional había fijado su posición y
advertido la vulneración de normas constitucionales con ocasión de las amnistías
tributarias que abarcaran impuestos causados con anterioridad a la declaratoria de
emergencia, por lo que resultaba necesario declarar la nulidad del acto con
efectos retroactivos.

17. Lo anterior quedó expuesto en el fallo en los siguientes términos:

“…la sentencia de inexequibilidad con efectos ex nunc, fue proferida el 15 de
octubre de 2020 y a partir de ese momento dicha norma no debía ser
reproducida como fundamento para la expedición de ningún acuerdo, como en
este caso, pues como bien se dejó planteado en precedencia la misma tiene
efectos erga omnes, es decir, tiene el carácter vinculante y obligatorio para
todos los ciudadanos, razón por la cual el Concejo Municipal de
Dosquebradas no podría fundamentar el multicitado Acuerdo en una norma
inexequible, pues el mismo fue aprobado solo hasta el 1 de diciembre de
2020, por lo que corresponde advertir que la presente providencia tendrá
efectos retroactivos, considerando que la retroactividad se configura cuando
una norma se aplica a las situaciones que se consolidaron con anterioridad,
pues los hechos o consecuencias jurídicas que se formaron con fundamento
en el Acuerdo que hoy es objeto de estudio, fueron adquiridos bajo un
fundamento inconstitucional, razón de más para sostener que ante dicha
circunstancia no se estarían quebrantando los principios de seguridad jurídica,

8 Lo anterior quedó consignado en la sentencia de constitucionalidad, en los siguientes términos: “…para la

Sala cualquier amnistía tributaria que las entidades territoriales resolvieran acoger con fundamento en las
graves consecuencias que ha tenido el COVID-19 sobre las finanzas del fisco y sus contribuyentes, no podrá
proyectarse sobre obligaciones fiscales cuya exigibilidad se hubiere cristalizado antes de la emergencia
sanitaria que declaró el Ministerio de Salud con la Resolución 385 del doce (12) de marzo de 2020; esto es,
antes de que el COVID-19 hiciera mella en las finanzas de los contribuyentes territoriales.”

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confianza legítima y derechos adquiridos, pues la norma creada por el
Concejo Municipal es claramente inconstitucional por haber sido creada con
fundamento en una norma inexequible ya declarada con anterioridad por la
Corte Constitucional.”

18. Sobre la remisión extemporánea del acuerdo municipal a la gobernación del
departamento, con desconocimiento de lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley
136 de 1994, señaló que no constituía causal de nulidad del acto administrativo,
pero sí podía comprometer la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios que
incumplieron el precepto.

19. La sentencia se notificó por medios electrónicos el 20 de enero de 2022, según
el índice 21 del aplicativo SAMAI, correspondiente al proceso de revisión del acto
administrativo en el Tribunal Administrativo de Risaralda.

1.4. Sustento de la vulneración

20. La parte actora argumentó que la providencia censurada incurrió en defecto
sustantivo, que sustentó en la irrazonabilidad de decisión de conferirle efectos
retroactivos a la declaratoria de invalidez del acto administrativo revisado, al
concluir que “el Acuerdo No. 027 de 2020 se fundamentó en una disposición que fue
expulsada del ordenamiento jurídico (Decreto 678 de 2020), sin tener presente que en la
exposición de motivos del mismo Acuerdo (sic) únicamente se hizo referencia a los
artículos 6 y 7 del Decreto, en el entendido de establecer que las entidades territoriales
tienen la potestad facultativa o discrecional para diferir el pago de los impuestos de fuente
endógena y de establecer incentivos para el pronto pago de dichas obligaciones.”

21. Consideró que, al haberle conferido efectos retroactivos a la decisión, la
autoridad accionada vulneró los derechos adquiridos, la confianza legítima y la
seguridad jurídica de los contribuyentes a los cuales ya se les había expedido paz
y salvo por los tributos adeudados y pagados en vigencia del acuerdo.

22. Insistió en que el Concejo de Dosquebradas, Risaralda hizo referencia al
Decreto Legislativo 678 de 2020, cuyos artículos 6º y 7º fueron declarados
inexequibles por la Corte Constitucional “cuando la corporación territorial solo hizo
alusión dicha norma con fines ilustrativos y de contexto, más no fue el sustento jurídico de
su expedición.”

23. Alegó igualmente el desconocimiento del precedente relacionado con los
efectos en los que se debe declarar la nulidad de una norma de carácter tributario,
citando las siguientes sentencias:

(i) S-666 de 19849, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
la cual destacó el siguiente aparte:

9 El accionante no indicó la fecha de la sentencia, el magistrado ponente ni el radicado en el cual se profirió.

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“Debe considerarse que, si bien en principio toda nulidad que se
decrete por el Contencioso Administrativo tiene efectos retroactivos,
en este evento, tratándose especialmente de asuntos tributarios,
deberá tenerse en cuenta que las normas impositivas tienen
aplicación dentro de determinados períodos fiscales y por ello, así
hayan sido derogadas, la nulidad que se ordene no puede afectarles
en cuanto al lapso en que tuvieron vigencia. O sea que debe ser una
nulidad con efectos hacia el futuro. Por ello procede la decisión de
mérito y no la inhibitoria, porque no hay sustracción de materia. Y no
habiéndola, hay competencia para decidir de fondo.”

(ii) La sentencia “C-594 de 1993, dictada por la Corte Constitucional, M.P. Jorge
Arango Mejía” que, según el accionante se refirió a la irretroactividad de la
ley tributaria;

(iii) La sentencia C-952 del 2008, dictada por la Corte Constitucional10,
según la cual, en materia tributaria, el concepto de derechos adquiridos está
intrínsecamente vinculado con la garantía de protección de situaciones
jurídicas consolidadas, lo cual a su vez está relacionado con el principio de
irretroactividad de la ley.

(iv) Sentencia C-785 de 2012, proferida por la Corte Constitucional con
ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa sobre la
imposibilidad de dar efectos retroactivos a las leyes tributarias para no
afectar situaciones ya reconocidas y cuyos efectos se hayan consolidado
con una ley anterior.

(v) Sentencia del 21 de mayo de 2009 dictada por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Exp. 2003-00119,
con ponencia del Magistrado Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta que
diferencia los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la ley con los
de nulidad de los actos administrativos, la cual puede tener efectos ex tunc,
es decir, retrotraer los efectos al momento en que se profirió el acto
anulado, pero siempre y cuando garantice las situaciones consolidadas.

24. Consideró que se desconoció el artículo 58 de la Constitución Política de 1991
que garantiza los derechos adquiridos, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. Adicionalmente, se desconoció el principio de
presunción de legalidad de los actos administrativos, consagrado en el artículo 88
de la Ley 1437 de 2011.

25. Advirtió que los efectos adversos de la sentencia que se pretenden evitar se
refieren a la expedición de paz y salvos a los contribuyentes que se acogieron a
los beneficios tributarios, se realizaron enajenaciones de inmuebles en distintas
10 El accionante no indicó el nombre del magistrado ponente.

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notarias con fundamento en los paz y salvos que se confirieron y “muchos titulares
actuales del derecho de dominio, tendrán que soportar una deuda por impuestos deriva
de su anterior titular, cuando medió un paz y salvo expedido por una entidad pública para
posibilitar la transferencia.”

26. Argumentó que existe diferencia entre “referenciar” y “fundamentar” 11 que, a
su juicio, es la causante de la interpretación equivocada del Tribunal
Administrativo por cuanto el acuerdo no se fundamentó en el Decreto 678 de
2020, como se puede comprobar con la simple lectura de su texto, por lo que la
retroactividad de los efectos no podía sustentarse en tal decisión.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Auto admisorio de la demanda

27. Mediante auto de ponente, dictado el 4 de marzo de 2022, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión, como autoridad judicial
accionada.

28. En la misma providencia se ordenó vincular como terceros con interés jurídico
en el resultado del proceso a la Gobernación del Departamento de Risaralda, al
Concejo de Dosquebradas, Risaralda, al Ministerio Público y a todas las personas
que intervinieron en el proceso. En la misma providencia se dispuso notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para los
efectos del artículo 610 del Código General del Proceso.

29. Se ordenó publicar en las páginas web del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo de Risaralda copia digital de la demanda de tutela, de los anexos
que la acompañan y de esta providencia, con el fin de que cualquier persona que
tenga interés conozca de los referidos documentos y pueda intervenir en el trámite
constitucional de la referencia.

1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados

1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión

30. El magistrado ponente de la decisión censurada se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda. Se refirió a la procedencia excepcional de la
acción de tutela cuando se dirige contra providencia judicial y señaló que en este
caso no existe ningún defecto atribuible a la misma.

11 Señaló que, de conformidad con la RAE “fundamentar: establecer la razón o el fundamento de una cosa” y

“referir” poner algo en relación con otra cosa o con una persona”.

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31. Consideró que la presente acción no cumple con el requisito de relevancia
constitucional por cuanto “la controversia tiene una connotación patrimonial de carácter
estrictamente privado por cuanto se trata del impacto a los particulares con la decisión
que, dicho sea de paso, protege de mejor manera el patrimonio público, razón por la cual
la cuestión que se debate se refiere a un aspecto meramente legal sobre la jurisprudencia
aplicada, que no impacta derechos fundamentales, sino beneficios patrimoniales.”

32. Señaló que la providencia indicó en forma clara y precisa las razones por las
cuales procedía darle efectos retroactivos a la declaratoria de invalidez del acto
administrativo, que constituye la circunstancia que genera la inconformidad de la
parte actora. Transcribió in extenso las consideraciones del fallo.

33. Recalcó que los efectos retroactivos del fallo se sustentaron en que “como la
sentencia C-448/2020 que declaró la inexequibilidad de los artículos 6 y 7 del Decreto
Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020, con efectos ex nunc, fue proferida el 15 de
octubre de 2020 y a partir de ese momento dicha norma no debía ser reproducida como
fundamento para la expedición de ningún acuerdo, como en este caso, pues se consideró
que la misma tiene efectos erga omnes, es decir, tiene el carácter vinculante y obligatorio
para todos los ciudadanos, razón por la cual el Concejo Municipal de Dosquebradas, no
podría fundamentar el multicitado Acuerdo en una norma inexequible, pues el mismo fue
aprobado solo hasta el 1 de diciembre de 2020, considerando que la retroactividad se
configura cuando una norma se aplica a las situaciones que se consolidaron con
anterioridad.”

1.5.2.2. Gobernación de Risaralda

34. La entidad territorial, por intermedio de apoderado judicial, se refirió a los
antecedentes que dieron lugar a la revisión de la validez del acuerdo municipal por
parte del Tribunal Administrativo de Risaralda, con fundamento en la atribución
conferida al gobernador para solicitarla por razones de inconstitucionalidad e
ilegalidad.

35. Hizo énfasis en que el alcalde de Dosquebradas, Risaralda violó lo dispuesto
por el artículo 82 de la Ley 136 de 1994 al enviar en forma tardía el acuerdo, por
cuanto lo remitió 9 meses y 17 días después de haber sido expedido por el
concejo municipal.

36. Se refirió ampliamente a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, en especial a la sentencia C-060 de 2018 para concluir que la
potestad tributaria y de concesión de amnistías en esta materia radica en cabeza
del legislador y no de las corporaciones administrativas territoriales.

37. Advirtió que el acuerdo demandado versa sobre el establecimiento de un alivio
tributario para los impuestos predial unificado y de industria y comercio, siendo
este tipo de amnistías competencia del legislador.

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38. Afirmó que los efectos retroactivos que se le confirieron a la decisión son los
que corresponden en evento de decretarse la nulidad de un acto administrativo de
contenido general, impersonal y abstracto según la jurisprudencia del Consejo de
Estado.

1.5.2.2. El representante del Ministerio Público no intervino en la presente
actuación y se constató que en el trámite de revisión de la validez del acuerdo
municipal no se presentaron intervenciones de terceros.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

39. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
municipio de Dosquebradas, Risaralda, con fundamento en los artículos 86 de
la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

40. Lo anterior, por cuanto la acción se dirige contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda y, por ende, le corresponde el conocimiento al superior funcional, en
virtud de lo consagrado en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015.

2.2. Problemas jurídicos

41. Con fundamento en la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los cargos invocados en la demanda de tutela, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en establecer si
concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencia judicial.

42. En el evento de encontrar superados tales requisitos, se establecerá si la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, con ocasión
de la decisión de conferirle efectos retroactivos a la declaratoria de invalidez del
Acuerdo No. 027 del 1º de abril de 2020 expedido por el Concejo Municipal de
Dosquebradas - Risaralda.

43. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i)
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) legitimación en la
causa; iii) cumplimiento de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iv) análisis

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del caso concreto, con fundamento en los argumentos expuestos en el libelo
introductorio y las intervenciones de la parte accionada y la tercera interesada.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201212 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró
su procedencia.14

45. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento
de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iv) de
relevancia constitucional. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno
de estos presupuestos, se deber declarar la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

46. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

47. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Legitimación en la causa

48. Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial preferente y sumario, al que puede
acudir cualquier persona, cuando sus derechos fundamentales resulten

12 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery
Germania Álvarez Bello. M.P.: María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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vulnerados o amenazados por la acción u omisión en que incurra cualquier
autoridad o un particular -en los casos específicamente previstos por el Legislador-
y no exista otro mecanismo de defensa judicial que permita su protección efectiva.

49. Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991, la legitimación en la
causa por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la
acción por quien es titular de los derechos fundamentales; (ii) por medio de los
representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos,
los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial o
defensor público; (iv) planteando la existencia de una agencia oficiosa y (v) a
través de personero municipal.

50. Desde el proferimiento, por parte de la Corte Constitucional, de la sentencia T-
416 de 1997 se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en
el proceso de tutela.

51. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer
que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”15.

52. En la sentencia T. 119 de 2003 la Corte Constitucional se pronunció en forma
concreta sobre la procedencia de la acción de tutela contra las providencias
judiciales que realizan el control de los acuerdos municipales y los actos de los
alcaldes en ejercicio de la atribución conferida a los gobernadores en el artículo
305 numeral 10º de la Constitución Política para destacar que “esta clase no son
ajenas al control de constitucionalidad por vía de tutela, toda vez que en ellas el juez
administrativo también puede desconocer el debido proceso e incurrir en vías de hecho.
Empero, la titularidad de la acción deja de ser abierta y queda reservada únicamente en
favor de quienes intervinieron activamente durante el trámite judicial.”

53. En el referido fallo recalcó que la afectación del derecho en estos casos
únicamente puede predicarse de los sujetos procesales, esto es, del gobernador,
el alcalde o los terceros que hubieran intervenido en la actuación judicial, por lo
que en este caso el municipio de Dosquebradas, Risaralda, como autor del acto
administrativo censurado se encuentra legitimado en la causa por activa, salvo
para alegar la vulneración de los derechos adquiridos de los contribuyentes,

15 En la sentencia T-435 de 2016, la Corte hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos
fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y
constituye un presupuesto procesal de la demanda. Sobre el mismo tema, ver sentencia T-511/17 de la Corte
Constitucional, con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.

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comoquiera que es a estos a quienes corresponde acudir a la justicia por ser los
titulares de las referidas garantías.

54. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de
Decisión está legitimada por pasiva, por ser la autoridad que dictó la providencia
en sede de revisión de la legalidad del acto administrativo demandado, previo
agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 121 del Decreto Ley
1333 de 1986.

2.3.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Tutela contra tutela

55. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia
fue dictada en el trámite de la solicitud de revisión de constitucionalidad y legalidad
de un acuerdo municipal, a instancias del gobernador del departamento de
Risaralda16.

2.3.2.2. Inmediatez

56. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse
en un plazo razonable17, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso,
pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente
y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo18.

16 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del
20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13.02.2020, Exp.
11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-
2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez.
17 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14, Rad.

11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01,
M.P. Alberto Yepes Barreiro.
18 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

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57. De acuerdo con lo anterior, esta Sección19, con fundamento en la posición
fijada por la Sala Plena del Consejo de Estado, ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.

58. En el caso concreto la providencia fue dictada el 20 de enero de 2022, por el
Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión, la cual se notificó
por medios electrónicos en la misma fecha, de tal manera que sin necesidad de
verificar la fecha en la que quedó ejecutoriada, se evidencia que fue ejercida
oportunamente, en consideración a que la demanda de tutela se presentó el 28 de
febrero de la presente anualidad, plazo que la Sala considera razonable.

2.3.2.3. Subsidiariedad

59. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que esta no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial y que los recursos extraordinarios de revisión y unificación contemplados
en el ordenamiento contencioso administrativo no tienen cabida en el sub
examine.

60. Lo anterior por cuanto el numeral 3°20 del artículo 121 del Decreto 1333 de
198621, establece que contra la providencia que resuelve las observaciones del
gobernador a los acuerdos municipales, no procede recurso alguno, lo que
descarta, inclusive, la procedencia de los extraordinarios, aspecto que esta Sala
ratificó en providencias del 13 de abril de 201622 y del 15 de octubre de 202023 en
cuanto señaló que “de conformidad con el Numeral 3º artículo 121 del Decreto No. 1333
de 1986, contra esta decisión no procede ningún recurso, ni siquiera el extraordinario, así
lo ha indicado la jurisprudencia de la Corporación24.”

19 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago
Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
20 “3. Practicadas las pruebas pasará el asunto al despacho para fallo. El Magistrado dispondrá de diez (10)

días para la elaboración de la ponencia y el Tribunal de otros diez (10) días para decidir. Contra esta
decisión, que produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y
legales confrontados, no procederá recurso alguno.”
21 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad: 11001-03-15-000-2016-00552-00. M.P: Lucy Jeannette Bermúdez

Bermúdez.
23 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15.10.2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
24 Cita de cita: “Consejo de Estado – Sección Cuarta, sentencia del 6 de febrero de 1998, Magistrado ponente

el doctor Germán Ayala Mantilla; expediente No. 8010, al resolver un recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia de mayo 31 de 1996 del Tribunal Administrativo de Risaralda.”

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2.3.3.4. Relevancia constitucional

61. En el presente caso, la Sala entiende superado este requisito25, por cuanto al
realizar el test de procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos
de la demanda, las pretensiones, se advierte que la parte actora solicita, entre
otros, la garantía del derecho al debido proceso que considera vulnerado con la
decisión de conferirle efectos retroactivos a la decisión anulatoria y por haber
malinterpretado la mención ilustrativa que se hizo de los artículos 6º y 7º del
Decreto Legislativo 678 de 2020.

62. En el presente caso se alega la vulneración del derecho al debido proceso,
desde la perspectiva constitucional consagrada en el artículo 29 de la Constitución
Política, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal, como
lo alega la gobernación de Risaralda, como tercero interviniente, en tanto no se
trata de analizar la afectación de los derechos de contenido patrimonial de los
deudores de los tributos sobre los cuales recayó la amnistía tributaria dispuesta.

63. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de
tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de
sus derechos ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa
ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en garante de los
derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de
convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela, quien deberá analizar el
caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho, como garante de la
dignidad humana.

64. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento
judicial establecido por la ley para su protección. Adicionalmente, la relevancia
constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas.26

25 Según lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es conjurar
aquellas situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia
constitucional, que conllevan una decisión incompatible con la Constitución (Sentencia T-817 de 2012 de la
Corte Constitucional). Por tal razón, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los requisitos
genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales es que el asunto tenga
evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la protección de derechos fundamentales
(Sentencia SU-573 de 2017, reiterando las consideraciones expuestas en la C-590 de 2005) esto se refiere a
que , “involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del juez ordinario”(Sentencia SU-050
de 2018).
26 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del 27.02.2020,

Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; del 20.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia del

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65. Al encontrarse superados los requisitos de procedibilidad adjetiva,
corresponde a la Sala analizar el fondo del asunto, con fundamento en los cargos
propuestos en la demanda.27

2.3.3. Examen del caso concreto

2.3.3.1. Perspectiva de análisis del cargo

66. La parte actora sustentó la petición de protección constitucional en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente con respecto a la decisión
de conferir efectos retroactivos a la declaratoria de invalidez del Acuerdo No. 027
de 2020, adoptada en la providencia dictada el 20 de enero de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión, cargos que se
analizaran en forma conjunta por la estrecha relación que existe entre los mismos.

67. Lo anterior en consideración a que la parte actora cumplió con la carga
argumentativa mínima para controvertir esta decisión sin que se extendiera a las
demás consideraciones y decisiones contenidas en la providencia cuestionada.

2.3.3.2. Motivación contenida en la providencia y análisis sobre su
razonabilidad

68. La autoridad judicial accionada le confirió efectos retroactivos a la declaratoria
de invalidez de las disposiciones demandadas sobre la base de considerar que las
mismas fueron dictadas con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad por
parte de la Corte Constitucional de los artículos 6º y 7º del Decreto Legislativo No.
678 de 2020, que quedó consignada en la sentencia C-448 de 2020.

69. Advirtió que la autoridad reprodujo una norma que fue declarada
inconstitucional y por esa razón el acuerdo municipal no se podía sustentar en
tales preceptos los cuales debían ser retirados del ordenamiento afectando
inclusive las situaciones que se consolidaron bajo el imperio de la norma contraria
a la Constitución.

70. Para precisar el alcance que le dio el tribunal accionado a los efectos
retroactivos que moduló en su providencia, la Sala transcribirá la conclusión que
se plasmó en la parte considerativa de la misma y que incide en la decisión:

20.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia del 13.02. 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00137-00; Sentencia del 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia del 6.02.2020, Rad.
11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 30.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia del 30.01.2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 23.01.2020, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04664-00; Sentencia del 23.01.2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
27 Sobre la relevancia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sección en varias sentencias

de tutela, de las cuales cabe destacar la sentencia del 5 de diciembre de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2019-04724-00.

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“…se hace necesario que a través de esta providencia se declare la
invalidez del articulado demandado con efectos retroactivos, toda vez que la
sentencia de inexequibilidad con efectos ex nunc28, fue proferida el 15 de
octubre de 2020 y a partir de ese momento dicha norma no debía ser
reproducida como fundamento para la expedición de ningún acuerdo, como
en este caso, pues como bien se dejó planteado en precedencia la misma
tiene efectos erga omnes, es decir, tiene el carácter vinculante y obligatorio
para todos los ciudadanos, razón por la cual el Concejo Municipal de
Dosquebradas no podría fundamentar el multicitado Acuerdo en una norma
inexequible, pues el mismo fue aprobado solo hasta el 1 de diciembre de
2020, por lo que corresponde advertir que la presente providencia tendrá
efectos retroactivos, considerando que la retroactividad se configura
cuando una norma se aplica a las situaciones que se consolidaron con
anterioridad, pues los hechos o consecuencias jurídicas que se
formaron con fundamento en el Acuerdo (sic) que hoy es objeto de
estudio, fueron adquiridos bajo un fundamento inconstitucional, razón
de más para sostener que ante dicha circunstancia no se estarían
quebrantando los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y
derechos adquiridos, pues la norma creada por el Concejo Municipal es
claramente inconstitucional por haber sido creada con fundamento en una
norma inexequible ya declarada con anterioridad por la Corte Constitucional.”
(Negrillas y subrayas de la Sala)

71. Con respecto a estas consideraciones, lo primero que argumenta la parte
accionante bajo el título de defecto sustantivo es que no fundamentó las normas
contenidas en los numerales 6º y 7º del Decreto Legislativo 678 de 2020, sino que
hizo referencia a ellas y que el tribunal se equivocó al considerar que su decisión
tuvo sustento en las disposiciones de la emergencia sanitaria.

72. Al revisar el acuerdo municipal la Sala evidencia que en el título se hizo
referencia a que las medidas se adoptaron para aliviar la situación económica de
los deudores y los contribuyentes producto de la pandemia COVID-19 y, en el
acápite de exposición de motivos se señaló expresamente el Decreto Legislativo
678 de 2020 “Por el cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y
presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica,
Social y Ecológica, declara mediante el Decreto 637 de 2020”.

73. A continuación en el acuerdo se transcribieron los artículos 6º y 7º y se señaló
que, si bien es cierto los mismos fueron declarados inexequibles por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-448 de 2020, en la misma se había señalado que
estas potestades estaban consagradas en el ordenamiento ordinario y que dichas
disposiciones pertenecen al fuero interno de las entidades territoriales. Esta última
consideración quedó plasmada en el siguiente texto:

28 Se refiere a la C-488 de 2020 dictada por la Corte Constitucional.

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73. Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta la corporación territorial y que sí fue
ampliamente destacado por el Tribunal Administrativo de Risaralda es que, en la
misma sentencia de inexequibilidad a la que se refiere en el acto administrativo
censurado, la Corte señaló que las amnistías tributarias encaminadas a proteger a
los ciudadanos y las finanzas públicas, como la que contempla el artículo 7º del
Decreto Legislativo, cuyo juicio de necesidad jurídica no se superó, “solo podían
operar sobre los impuestos, tasas, contribuciones y multas cuya exigibilidad tributaria
hubiera comenzado a partir de la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud con ocasión de la pandemia del COVID-19, y no sobre aquellos
tributos y sanciones cuya exigibilidad hubiera ocurrido antes de dicha declaratoria.”

74. Lo anterior, en consideración que “aunque, por regla general las amnistías
tributarias generan problemas de igualdad equidad y justicia fiscal, existen casos en que,
como el que se deriva de la pandemia del COVID-19, se justifica su existencia”29, sin
embargo, en el acuerdo se extendieron a vigencias fiscales de 2019 y anteriores.

75. En consecuencia, no le asiste razón al accionante cuando señaló que el
tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo al considerar que el acuerdo se
expidió contrariando las reglas de la sentencia de constitucionalidad referida y que
en ese orden la disposición es contraria a la Carta y por ello moduló los efectos
para que se fueran retroactivos.

76. Circunstancia que cobra mayor relevancia cuando el acto administrativo en
cuestión no fue remitido para que sobre el mismo se ejerciera el control inmediato
de legalidad y tampoco se remitió en forma oportuna a la gobernación del

29 Sobre el punto, la Corte precisó que se puede admitir la procedencia de una amnistía tributaria cuando el

legislador acredite “la existencia de una situación excepcional que amerite la adopción de este instrumento de
política fiscal, como también aportar elementos que evidencien la idoneidad y necesidad, e igualmente que la
afectación que de ella pueda derivarse para los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria se vea
compensada por su contribución para superar la situación excepcional que se busca afrontar a través de la
amnistía tributaria.”[77]

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departamento, en los términos del artículo 82 de la Ley 136 de 1994, con lo que el
autor del acto invalidado permitió que el mismo estuviera vigente en el
ordenamiento no obstante su contrariedad con la Carta.

77. El segundo argumento tiene que ver con el desconocimiento del precedente
que hace referencia a la irretroactividad de las normas tributarias, a los derechos
adquiridos, a las situaciones jurídicas consolidadas, destacando la afectación de
los derechos de terceros quienes se acogieron a la norma jurídica durante su
vigencia y se les entregaron “paz y salvos” por concepto de los impuestos que
pagaron acogiéndose a la amnistía.

78. Sobre este aspecto, la Sala destaca que por la sola circunstancia de haberse
dado efectos retroactivos al fallo no se desconoció la jurisprudencia reiterada de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que ha permitido no solo que el juez
module los efectos de sus decisiones30, sino que les confiera efectos retroactivos a
los fallos dictados en sede de nulidad de actos administrativos de carácter general,
impersonal y abstracto31, inclusive cuando estos sean de naturaleza tributaria32.

79. Así se precisa inclusive en una de las sentencias citadas como desconocidas
por la parte actora que es la dictada el 21 de mayo de 2009 con ponencia del
Magistrado Rafael E. Ostau de Lafont Pianet, en la que precisó la diferencia entre
los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la ley con los de nulidad de los
actos administrativos, señalando que esta puede tener efectos ex tunc, es decir,
retrotraer los efectos al pasado, pero siempre y cuando garantice las situaciones
consolidadas, lo cual consignó en los siguientes términos:

(…) allí radica la diferencia de la inexequibilidad de la ley con la nulidad de
los actos administrativos, pues ésta, por regla general, sí tiene efectos ex
tunc, es decir, retrotrae la situación jurídica a la anterior a la expedición del
acto anulado, debiéndose tener como si éste no hubiera existido, pero
dejando a salvo de ese efecto retroactivo las situaciones consolidadas.”

80. En consecuencia, el problema de la providencia no deviene de haberse
conferido efectos retroactivos a la decisión de nulidad, la cual es respetuosa de los
precedentes y de la posición reiterada de la Corte y del Consejo de Estado, sino
de haber extendido esos efectos a las situaciones jurídicas consolidadas.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 6.10. 2011.
Radicación No.11001-03-28-000-2010-00120-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro
31 Esta regla tiene las siguientes excepciones: El artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 dispone que, cuando el

Consejo de Estado se pronuncia en sede de nulidad por inconstitucionalidad sobre los decretos dictados por
el Gobierno Nacional, los efectos de la sentencia son hacia el futuro; cuando se anula un acto administrativo
relacionado con servicios públicos (Ley 142 de 1994, artículo 38 o se declara la nulidad del acto de inscripción
y calificación en el registro único de proponentes (Ley 1150 del 2007 modificada por el Decreto 19 de 2012,
los efectos del fallo son también ex nunc, hacia el futuro.
32 Entre otras, ver sentencias del Consejo de Estado del 16.06.2005, exp, 14311, M.P. María Inés Ortiz

Barbosa; 9.03.2006, exp. AC-01458 M.P. Ligia López Díaz; de 25.09.2006, exp. 15304, M.P. María Inés Ortiz
Barbosa; de 21.11.2007, exp. 16294, M.P. Ligia López Díaz; de 7.02.2008, exp 15443 M.P. Juan Ángel
Palacio Hincapié; 26.06.2008, exp, 16405 M.P. Ligia López Díaz., 26.09.2009 exp. 16860, M.P. Héctor
Romero Díaz y Corte Constitucional, sentencia 121 del 8.03.216, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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81. Lo anterior, por cuanto en la providencia se concluyó, en forma contraria a la
posición reiterada expuesta por las referidas corporaciones, que “la retroactividad
se configura cuando una norma se aplica a las situaciones que se consolidaron con
anterioridad, pues los hechos o consecuencias jurídicas que se formaron con
fundamento en el Acuerdo que hoy es objeto de estudio, fueron adquiridos bajo un
fundamento inconstitucional”.

82. Aplicar los efectos del fallo a situaciones jurídicas consolidadas es lo que en el
caso concreto vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de la parte actora, por incurrir en defecto por
desconocimiento del precedente33, por cuanto, aun cuando sea absolutamente
válido conferir efectos ex tunc a la decisión de anular el acto administrativo, tales
efectos en ningún caso pueden afectar las mismas, entendidas estas como
aquellas que han quedado en firme y que no son susceptibles de ser debatidas
judicialmente.

83. De lo expuesto se concluye que la afectación de los derechos de la parte
actora se configuró en el caso concreto por desconocimiento del precedente, en
forma concreta de la regla según la cual los efectos retroactivos de las sentencias
no pueden afectar situaciones jurídicas consolidadas bajo el imperio de la
disposición anulada.

84. En este caso no hay lugar a examinar el desconocimiento del precedente
contenido en fallos de constitucionalidad señalados por la entidad pública
accionante -C-594 de 1993 y C-785 de 2012-, por cuanto las mismas se refieren a
la irretroactividad de la ley tributaria y no de las decisiones que, en sede judicial,
declaran la nulidad de los actos administrativos de carácter general, impersonal y
abstracto, por lo que no contienen la regla que el tribunal omitió acatar.

2.4. Conclusiones

85. En el caso concreto no se configuró el defecto sustantivo alegado por la parte
actora por haberse señalado que se tuvieron como fundamento del acto
administrativo los artículos 6º y 7º del Decreto Legislativo 678 de 2020 ni por
haberse concluido que la decisión se apartó de la ratio de la sentencia C-448 de
2020 dictada por la Corte Constitucional.

86. Tampoco se configuró el desconocimiento del precedente por la decisión de
conferirle efectos retroactivos a la decisión de declarar la invalidez del acto

33 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En el caso de tutelas contra

providencia judicial la Corte en esta sentencia consideró que lo que habilita la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales es “la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos
fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

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administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, por cuanto ello
obedece a la potestad del juez de modular los efectos de las providencias, en
ejercicio de su autonomía judicial, y a la regla general de que sean fijados desde la
fecha de expedición del acto.

87. Sin embargo, en el fallo censurado se desconoció el precedente contenido en
el fallo del 21 de mayo de 2009 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Exp. 2003-00119, referido a que los efectos
retroactivos de la decisión no pueden comprometer situaciones jurídicas
consolidadas, como lo consideró la autoridad accionada, porque ello vulnera
claros principios y valores contenidos en la Constitución Política y la posición
jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre tal
garantía, lo cual implica amparar, por esta razón, los derechos de la parte actora.

88. Cabe destacar que cuando la Sala encuentra configurado un defecto en una
providencia judicial ejecutoriada la deja sin efectos para que la autoridad judicial la
dicte nuevamente en el plazo razonable que se confiere para ello.

89. No obstante, en el presente caso tal solución no resulta ser la más adecuada,
por cuanto en esta oportunidad no se está dejando sin efectos ni la declaratoria de
invalidez de las disposiciones ni los efectos retroactivos en los que se concedió,
sino la consideración según la cual se deben afectar las situaciones consolidadas,
lo cual no amerita idéntica solución, por lo que la Sala por razones de economía
procesal, celeridad y plena protección de los derechos fundamentales
involucrados dispondrá que la providencia dictada el 20 de enero de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión,
no afecte situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia del Acuerdo 027
de 2020.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela con respecto a los cargos de defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente en relación con el fundamento del
acto administrativo y los efectos retroactivos de la declaratoria de nulidad.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales del municipio de
Dosquebradas, Risaralda al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia que la Sala encontró vulnerados por la autoridad judicial accionada por

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aplicar los efectos retroactivos del fallo a las situaciones jurídicas consolidadas
durante la vigencia del acto administrativo, con lo cual incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente.

TERCERO: ORDENAR que la providencia del 20 de enero de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión, no se aplique
ni afecte situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia del Acuerdo 027 de
2020, expedido por el Concejo Municipal de Dosquebradas.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Con salvamento de Voto)

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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