Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01420-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01420-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01420-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
30 de junio de 2022
Demandante: E.S.E. Salud Yopal
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01420-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01420-01
Demandante: E.S.E. SALUD YOPAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
Tema: Tutela contra providencia judicial – Defectos fáctico y
desconocimiento del precedente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte demandante
contra el fallo proferido el 22 de abril de 2022 por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación que decidió:
“PRIMERO: Negar el amparo solicitado por la E.S.E. Salud Yopal, de
conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
(…)”
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
La Empresa Social del Estado Salud Yopal, a través de apoderado judicial, ejerció
acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso y del
principio de seguridad jurídica, garantías que estimó vulneradas con ocasión de la
sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Casanare, por medio de la cual se revocó la decisión dictada por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal que había declarado
1 La acción de tutela se presentó a través de la aplicación de tutela de la Rama Judicial el 28 de
febrero de 2022.
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Demandante: E.S.E. Salud Yopal
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
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probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, para en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda y declarar la existencia del contrato
realidad.
Esta decisión se presentó en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con radicado número
85001333300120160024100/01, interpuesto por el señor Héctor Julio Moreno
Barrera contra la E.S.E. Salud Yopal.
En consecuencia, el demandante solicitó:
«PRIMERA: DECLARAR que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL –
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE vulneraron los derechos
fundamentales de mi mandante E.S.E. SALUD YOPAL al acceso a la
justicia, seguridad jurídica y debido proceso, con ocasión a la
expedición de la sentencia de segunda instancia de fecha 18 de
noviembre de 2021 por medio de la cual se resolvió el recurso de
apelación presentado por el señor HÉCTOR JULIO MORENO contra la
providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Yopal mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, dentro
del proceso referenciado en los hechos.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS
la decisión de segundo grado proferida por el TRIBUNAL
ADMINITRATIVO DE CASANARE de fecha 18 de noviembre de 2021.
TERCERA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE, que como consecuencia de lo anterior REVISE
NUEVAMENTE la decisión proferida el 18 de noviembre de 2021 por
medio del cual se profirió sentencia de segunda instancia, y se profiera
nueva decisión dentro del proceso en mención, para que en su lugar se
confirme la decisión adoptada por el Juzgado Primero Administrativo de
Yopal.» (Sic para toda la cita).
2. Hechos
Indicó que el señor Héctor Julio Moreno Barrera estuvo vinculado a la E.S.E.
Salud Yopal a través de la celebración de algunos contratos de prestación de
servicios.
Señaló que el señor Moreno Barrera interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la entidad con el fin de
reclamar supuestos derechos laborales y prestacionales en aplicación del principio
de primacía de la realidad sobre las formalidades. La demanda le correspondió al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y se le asignó el
número de radicación 85001333300120160024100.
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Precisó que durante el trámite judicial en primera instancia se logró demostrar que
no existió una relación de subordinación y, en consecuencia, mediante sentencia
del 9 de julio de 2020 se declararon probadas las excepciones propuestas por la
entidad y se negaron las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que, contra esa decisión, el señor Moreno Barrera interpuso el
correspondiente recurso de apelación, el cual fue dirimido por el Tribunal
Administrativo de Casanare mediante providencia del 18 de noviembre de 2021,
por medio de la cual se revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, se
declaró la existencia de la relación laboral.
Añadió que, dentro de las consideraciones del despacho, el tribunal expuso que
los contratos de prestación de servicios celebrados entre el señor Moreno Barrera
y la E.S.E. Salud Yopal fueron mecanismos para disfrazar una verdadera relación
laboral, puesto que, en su criterio, se acreditaron los elementos de esta, es decir,
la subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración.
Explicó que la sentencia declaró la existencia de la relación laboral desde el 5 de
enero de 2006 al 30 de diciembre de 2013 y ordenó el pago de las prestaciones
sociales legales.
3. Sustento de la petición
A juicio de la parte actora la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales al incurrir en un defecto fáctico porque no se hizo una valoración
probatoria adecuada, puesto que en el proceso se demostró que la vinculación
suscrita entre el señor Héctor Julio Moreno Barrera y la E.S.S. Salud Yopal fue
netamente contractual, pues en efecto la naturaleza de los servicios contratados
requería unas directrices o instrucciones para su efectiva prestación, sin que estas
demostraran el elemento de la subordinación, sino simplemente el cumplimiento
de los fines contractuales.
Expuso que dentro del contrato se estipulaban ciertas actividades que se debían
cumplir dentro del horario en el que el señor Moreno Barrera se encontraba en la
entidad, ya que de otra manera no podrían cumplirse.
Añadió que los contratos de prestación de servicio, la hoja de vida, el manual de
funciones y el expediente contractual no prueban la existencia de una relación
laboral subordinada.
Aclaró que de las pruebas testimoniales recaudadas se pudo constatar que el
señor Moreno Barrera no cumplía un horario laboral, que los mismos se pactaban
de manera conjunta mensualmente y que las actividades debían ejecutarse en ese
tiempo, pues debido a la naturaleza del contrato, era imposible que se desarrollara
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en un horario diferente.
Sostuvo que la sentencia atacada consideró que la subordinación se determinaba
por la necesidad permanente del servicio, sin embargo, el testimonio de la señora
Esperanza Castellanos fue enfático en precisar que durante el término en el que
no se tenía contrato, el señor Héctor Julio no debía prestar sus servicios y Blekis
Acosta relató que se contrataba de conformidad con la necesidad de la EPS, es
decir, no era una actividad permanente de la entidad.
Añadió que la autoridad judicial demandada concluyó que existía sujeción a las
directrices de la entidad, pero eso no estaba probado en el expediente porque lo
que se demostró fue la existencia de unas actividades propias de la coordinación
del contrato de prestación de servicios, con el fin de asignar las labores que
durante el mes debían cumplir los contratistas.
Expuso que, en cuanto a la subordinación y el cumplimiento de órdenes, el tribunal
demandado señaló que existía un odontólogo asignado por la ESE Salud Yopal
que ejercía como coordinador quien se encargaba de llamar para verificar si se
estaban en campañas rurales o en los colegios, pero pasó por alto que, de
acuerdo con la estructura de la entidad, no existe un cargo de planta de
coordinador odontólogo, tampoco un profesional de planta y tampoco está
demostrado que las llamadas llevan inmersas un poder de subordinación o una
simple coordinación administrativa.
Aclaró que del acervo probatorio allegado al expediente se observó que la
vinculación suscrita entre el señor Héctor Moreno y la E.S.E. Salud Yopal fue
netamente contractual, pues de la naturaleza de los servicios contratados, esto es,
las actividades de promoción y prevención requerían para su efectiva prestación
de las directrices e instrucciones dictadas, sin que estas sean propiamente como
un elemento de subordinación.
Indicó que no era posible concluir que con la asignación de pacientes se
demostraba la subordinación, pues esa actividad se hacía desde la óptica de la
coordinación para que el servicio se prestara de forma organizada y de acuerdo
con las cláusulas pactadas en los contratos de prestación de servicios. Por esto,
no era posible afirmar que las labores encomendadas se ejecutaron en sujeción
de órdenes y condiciones que desbordaban las necesidades de la coordinación y
que con esto se acreditara la subordinación.
Manifestó que, si la autoridad judicial demandada hubiese valorador en debida
forma los documentos, esto es, los contratos de prestación de servicios, la hoja de
vida del señor Moreno Barrera, el manual de funciones y los expedientes
contractuales, y los testimonios aportados como pruebas debió encontrar probado
que:
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a. No existió una relación subordinada, toda vez que el cumplimiento de las
actividades contractuales se ejecutó de forma coordinada entre contratante y
contratista.
b. No hubo cumplimiento de un horario.
c. Las actividades se ejecutaron dentro del margen del contrato de prestación de
servicios bajo la supervisión de la entidad para que las mismas se ejecutaran en
debida forma, sin que ello implique subordinación.
Concluyó que no se demostraron los elementos de una relación laboral pues el
señor Moreno Barrera no se encontraba subordinado porque gozaba de
autonomía e independencia plena en la ejecución de las actividades contractuales.
Extrajo apartes de los testimonios rendidos por las señoras Aura María Robles
Dunza, Ana Ruth Ramírez Fonseca, Luz Elvira Suarique Antipara, Esperanza
Castellanos Taborda y Belkis Xiomara Acosta Fonseca.
Precisó que el Tribunal Administrativo de Casanare profirió una decisión sin
motivación las cuales afectaron la legalidad y vulneraron los derechos
fundamentales de la empresa social del Estado, esto porque incurrió en un defecto
fáctico por indebida valoración de las pruebas documentales y testimoniales
allegadas al proceso.
Alegó que la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de septiembre
de 2021, SU-025-CE-S2-2021 advirtió que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus coordinadores o tener que reportar
informes de resultados.
Explicó que el máximo órgano de lo contencioso administrativo consideró, sobre el
horario de labores, que no siempre que se establezca o se imponga una jornada
laboral al contratista significa que existe, necesariamente, subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada, ya que ciertas
actividades de la administración requieren la incorporación de las jornadas
laborales o los turnos, por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un
horario puede ser un indicio de la existencia de una subordinación, tal
circunstancia debe ser valorada en función del objetivo contractual.
Manifestó que cuando el tribunal encontró probada la subordinación por el
supuesto cumplimiento de un horario, desconoció el precedente jurisprudencial
señalado, de un lado porque no se tuvo en cuenta que no existe ninguna prueba
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documental que acredite el cumplimiento de horarios y existen testimonios
contrapuestos respecto de dicha circunstancia y, por otro lado, toda vez que el
cumplimiento de un horario no es prueba de la existencia de una relación laboral
subordinada.
Alegó que también se incurrió en un defecto sustantivo porque con las pruebas
testimoniales allegadas al proceso se acreditó que el señor Héctor Julio Moreno
cumplía cabalmente con sus actividades contractuales en el tiempo de
funcionamiento de la entidad, sin que ello implicara el cumplimiento de un horario.
4. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 4 de marzo de 2022, la magistrada ponente de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y
ordenó notificar esa decisión al Tribunal Administrativo de Casanare y vincular, en
calidad de tercero, al señor Héctor Julio Moreno Barrera.
Además, se requirió al Juzgado Primero Administrativo de Yopal que remitiera el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 85001333300120160024100/01.
5. Contestaciones e intervenciones
5.1. Tribunal Administrativo de Casanare
El ponente de la decisión atacada rindió el informe solicitado en los siguientes
términos:
Señaló que, contrario a lo expuesto por la parte demandante, la motivación de la
sentencia censurada plasmó un marco teórico claro que identificó la línea
consolidada del superior funcional y los matices del juzgamiento horizontal,
examinó detalladamente la evidencia documental, escudriñó las fuentes orales,
concluyó, a partir del análisis crítico de todas las pruebas, que se acreditaron los
elementos constitutivos de las relaciones laborales disimuladas por OPS y CPS,
en particular: 1) la prestación personal del servicio; 2) remuneración; 3) ejecución
in situ con los elementos y las instalaciones asignadas por la ESE; 4) usuarios
externos, horarios y actividades asistenciales determinados por la ESE y 5)
prolongada duración de las aludidas actividades misionales.
Expuso que no se esquivó la carga de la motivación, ni se dejaron de apreciar las
pruebas, no se prescindió de expresar claras y concretas conclusiones
probatorias, ni se estructuró una premisa fáctica de fallo a partir del un único
elemento, supuestamente, los horarios.
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Añadió que la Sala encontró suficiente recaudo para acceder a las pretensiones
de la demanda y que la valoración, las conclusiones y el sentido de la sentencia
difiera con la posición de la parte no significa que se haya incurrido en los defectos
alegados.
5.2. Héctor Julio Moreno Barrera
El demandante del proceso iniciado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesto contra la E.S.E. Salud Yopal se
pronunció sobre la demanda de acción de tutela, en los siguientes términos:
Expuso que la empresa social del Estado pretende un tercer examen procesal
convirtiendo la acción de tutela en otra instancia y busca un nuevo examen de las
circunstancias ya analizadas en las etapas procesales adelantadas en el trámite
judicial de nulidad y restablecimiento del derecho.
Alegó que el Tribunal Administrativo de Casanare actuó conforme a derecho y
consultó los precedentes jurisprudenciales tanto del Consejo de Estado con de la
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en torno al reconocimiento de
la existencia de la relación laboral.
Adujo que los testimonios alegados como indebidamente valorados fueron
estudiados por la autoridad judicial demandada en sana crítica y de estos se pudo
concluir que no hay coordinación y colaboración para que de allí se derivara una
orden de prestación de servicios al tenor de la Ley 80 de 1993 sino todo lo
contrario, esto es, la existencia de una relación laboral en un cargo que era de
carrera administrativa pero que por restructuración fue eliminado de la planta de
personal.
Explicó que no se desconocieron las pruebas obrantes en el proceso ni la
legislación que regula la materia o se desconoció la jurisprudencia de las altas
cortes que regulan el contrato de realidad.
6. Sentencia de primera instancia
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 22 de abril de 2022, negó la acción de tutela con base en el
siguiente análisis:
Una vez analizada la providencia atacada, precisó que, contrario a lo que sostuvo
la parte demandante, la conclusión del tribunal respecto de la existencia de la
subordinación estuvo soportada en las pruebas documentales y testimoniales
aportadas al proceso.
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Indicó que no es irracional concluir que se acreditó la subordinación como
consecuencia de diferentes situaciones como la necesidad permanente del
servicio contratado entre el año 2006 y el año 2013, el lugar de la prestación de
este, las directrices de la entidad para atender a los pacientes en horarios fijos, la
realización de campañas en colegios y zonas rurales del Municipio de Yopal y las
instrucciones emanadas de un odontólogo como coordinador.
Explicó que el hecho de que algunos de los testimonios no refieran todas o una
situación concreta o que ellos no sean unánimes o convergentes, no significa que
la decisión carezca de fundamentos probatorios, de hecho, la entidad demandante
pretende sugerir una valoración aislada e insular de algunos relatos para
desmerecer la tesis de la sentencia, sin tener en cuenta que la valoración
probatoria se realiza de manera sistemática.
Consideró que la entidad demandante desacierta cuando afirma que no podía
hablarse de subordinación por falta de elementos probatorios documentales,
puesto que aceptar dicha premisa equivale a indicar que existe un sistema legal
de la prueba tarifado que no ha sido previsto por el legislador. Además, contrario a
esto, lo cierto es que el ordenamiento jurídico establece que, en materia de
valoración probatoria, gobierna el principio de la sana crítica o de la apreciación
razonada de las pruebas, actividad en la cual el fallador es libre de formarse su
convencimiento sobre la verificación de los enunciados fácticos, a partir de un
análisis conjunto e integral de los elementos probatorios, pero sujeta a las reglas
de la lógica y de la experiencia, y no a una convicción arbitraria, caprichosa o al
margen de lo que revelen los medios de prueba. Esa tarea se logra cuando se
motiva la decisión de manera racional con elementos de convicción que obran en
el proceso e incluso a partir de las deficiencias que en esa carga procesal de las
partes advierta el sentenciador.
Concluyó que la autoridad judicial accionada valoró conjunta e integralmente las
pruebas, incluidas las que señala el demandante como supuestamente omitidas o
erradamente analizadas y no se advierte un examen desatinado o incorrecto del
tribunal, de allí que el mero desacuerdo de la parte actora con el resultado de la
actividad probatoria y las conclusiones del juez de segunda instancia no es una
razón para declarar configurado el defecto alegado.
Precisó que la decisión sin motivación se deriva de las discrepancias por la
argumentación expuesta por el tribunal demandado y no como consecuencia de
una incorrecta aplicación de las normas o de una interpretación arbitraria de ellas.
Frente al desconocimiento del precedente, se concluyó que la autoridad judicial
demandada no desatendió la providencia de unificación del Consejo de Estado,
sino que la parte actora propone un análisis inadecuado de esta ya que, es
precisamente la decisión alegada como no aplicada, la que señala que el horario
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de labores sí es un indicio de la subordinación, pero que, todo debe evaluarse en
cada caso.
Consideró que la entidad demandante se equivocó al afirmar que el tribunal no
aplicó en debida forma las directrices de la sentencia de unificación, por el
contrario, la sentencia atacada encontró probada la relación laboral no con el
simple cumplimiento de un horario, sino que llegó a esa conclusión aunando todos
los elementos que obraban en el expediente.
7. Impugnación
Por escrito radicado oportunamente2, la parte demandante impugnó el proveído de
primera instancia en los siguientes términos:
Señaló que de las pruebas testimoniales rendidas en el proceso ordinario se
evidenció que el señor Héctor Julio Moreno Barrera no cumplía horario, de
acuerdo con lo manifestado por las señoras Esperanza Castellanos y Belkis
Acosta, sino que debía cumplir metas que se pactaban entre las partes del
contrato mensual, tal como lo manifestó Ana Ruth Ramírez Fonseca, las cuales se
ejecutaban dentro del horario de la entidad, con lo cual se desvirtuaban los
presupuestos fácticos y jurídicos de la aplicación del principio de la realidad sobre
las formalidades.
Expuso que la señora Esperanza Castellanos recalcó que durante el término en
que el señor Moreno Barrera no tenía contrato no debía prestar sus servicios y
que la señora Belkis Acosta reseño que se celebraban contratos de acuerdo con
las exigencias que se tenían con las EPS, es decir, no era una actividad
permanente de la entidad, situación que no fue valorada por el tribunal.
Reiteró que el Tribunal Administrativo de Casanare consideró que existía sujeción
a las directrices de la entidad, sin embargo, ese hecho no está demostrado en el
proceso y lo que sí está acreditado es que existían actividades propias de la
coordinación del contrato de prestación de servicios, tendientes a asignar
actividades o metas que durante cada mes debía cumplir el contratista.
Explicó que, en cuanto a la subordinación y el observancia de órdenes, si bien la
autoridad judicial demandada señaló que existía un odontólogo asignado por la
entidad para ejercer el rol de coordinador, quien llamaba a verificar que estaban
en campañas rurales o en sede de colegios, pasó por alto que dentro de la
estructura orgánica de la ESE no existe ese cargo y de hecho, tampoco un
profesional odontólogo de planta, pero, además, tampoco está demostrado que los
2 El recurso fue interpuesto el 5 de mayo de 2022 y la sentencia de primera instancia fue notificada
el 2 del mismo mes y año.
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llamados realizados llevaran consigo un poder subordinante y no una simple
coordinación administrativa.
Insistió en que el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en un defecto
fáctico y en una decisión sin motivación al momento de proferir la sentencia
atacada, las cuales afectan la legalidad y vulneran los derechos fundamentales de
la entidad.
Añadió que se desconoció el precedente del Consejo de Estado del 9 de
septiembre de 2021 relacionado con la aplicación de los principios de realidad
sobre las formalidades pues la autoridad judicial demandada aplica de forma
automática lo dispuesto en la decisión de unificación sin llevar a cabo un estudio
del caso concreto y con una valoración inadecuada de las pruebas allegadas al
proceso.
Explicó que, al encontrar acreditado el elemento de la subordinación por el
supuesto cumplimiento de un horario, desconoció las directrices del Consejo de
Estado porque no tuvo en cuenta que no se aportó una prueba documental que
acreditara esa circunstancia, que los testimonios rendidos fueron contrapuestos y
que el simple cumplimiento de un turno no es prueba de la relación laboral.
Enfatizó en que no está probado en el expediente que las actividades de
coordinación llevaran consigo órdenes supeditadas, por lo que no estaba probado
el elemento de la subordinación de la relación laboral.
Reiteró que de las pruebas allegadas al proceso está demostrado que la relación
entre el señor Moreno Barrera y Salud Yopal fue netamente contractual porque la
naturaleza del servicio contratado requería directrices e instrucciones, sin que esto
implicara subordinación, se estipulaban metas que debían cumplirse dentro del
horario de la empresa social del Estado, sin que esto implicara el acatamiento de
un turno que demostrara la existencia de un contrato laboral.
8. Actuación en segunda instancia
Mediante auto del 3 de junio de 2022, el despacho ordenó la vinculación del
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal como tercero con
interés, toda vez que fungió como juez de primera instancia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciado con la demanda interpuesta por el
señor Héctor Julio Moreno Barrera contra la Empresa Social del Estado Salud
Yopal.
Pese a haber sido debidamente notificado3, el tercero con interés guardó silencio.
3 Notificación visible en los índices 7 y 8 del siguiente vínculo electrónico:
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591
de 1991, Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, de conformidad con los argumentos
planteados en el escrito de impugnación, hay lugar a confirmar, modificar o
revocar el fallo de primera instancia proferido por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que negó la acción de tutela interpuesta por la
E.S.E. Salud Yopal.
Para ello, deberá analizarse si la autoridad judicial demandada incurrió en los
defectos fáctico y de desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del
18 de noviembre de 2021 por medio de la cual se revocó la decisión dictada por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal que negó las
pretensiones y, en su lugar, declaró la existencia de una relación laboral
subyacente entre la E.S.E. Salud Yopal y el señor Héctor Julio Moreno Barrera, de
acuerdo con la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial;
ii) caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 5, y en ella
concluyó:
«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500
0202201420011100103
4 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
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Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»6 (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia7 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, la solicitud de tutela debe cumplir unos presupuestos generales de
procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia constitucional.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
6 Ibídem.
7 Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
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para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
4. Caso concreto
La parte demandante consideró que sus derechos fundamentales se vulneraron
con la decisión del 18 de noviembre de 2021, en la que se revocó la decisión
dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal que
negó las pretensiones y, en su lugar, declaró la existencia de una relación laboral
subyacente entre la E.S.E. Salud Yopal y el señor Héctor Julio Moreno Barrera, de
acuerdo con la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
De manera específica, se encuentra que la parte actora invocó un defecto fáctico
por indebida valoración de los testimonios allegados al proceso, por falta de
motivación y el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado dictado el
9 de septiembre de 2021.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como juez de
primera instancia, negó el amparo al considerar que la autoridad judicial
demandada no incurrió en los defectos invocados.
Inconforme con la decisión, la parte demandante impugnó, escrito en el que reiteró
los argumentos expuestos en la demanda.
Para resolver el problema jurídico planteado en la presente providencia, la Sala
tendrá en cuenta:
Inicialmente, es necesario precisar que la E.S.E. Salud Yopal alegó que el Tribunal
Administrativo de Casanare incurrió en una decisión sin motivación al momento de
proferir la sentencia atacada, ya que en esta se realizó una indebida aplicación de
las pruebas allegadas al proceso.
Esta Sala de Decisión ha sostenido que el defecto de decisión sin motivación lleva
consigo una nulidad derivada de la sentencia, la cual debería plantearse dentro del
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recurso extraordinario de revisión y, en consecuencia, este cargo no cumpliría el
requisito adjetivo de la subsidiariedad.
Sin embargo, su motivación guarda similitud con lo expuesto al desarrollar el cargo
del defecto fáctico en la medida en que se basó en que “como fundamento de ese
defecto (se refiere al defecto de decisión sin motivación) se tiene el
desconocimiento por parte del Tribunal accionado de la prueba documental y
testimonial recaudada, como se explica a continuación.”. En esa medida no
constituye un cargo autónomo, como insiste la entidad demandante.
Tampoco puede enmarcarse dentro de la causal de revisión relacionada con la
nulidad originada en la sentencia por falta de motivación, pues si bien se
denominó dicho cargo de esa manera, en realidad su argumentación tiende a
demostrar que hubo una falta de valoración probatoria que desencadenó en la
decisión judicial controvertida; esto es, no se trata de una ausencia de motivación
del fallo.
En consecuencia, este cargo se subsume en el estudio del defecto fáctico
alegado.
4.2. Defecto fáctico
Para la E.S.E. Salud Yopal, el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en un
defecto fáctico por indebida valoración de los documentos allegados al proceso
como los contratos de prestación de servicios, la hoja de vida del señor Héctor
Julio Moreno Barrer, el manual de funciones y los expedientes contractuales y las
declaraciones rendidas por las señoras Ana Ruth Ramírez Fonseca, Luz Elvira
Suarique Antipara, Esperanza Castellanos y Belkis Xiomara Acosta Fonseca, ya
que de estas pruebas no se podía determinar que existía una relación laboral
subordinada.
4.2.1. Generalidades del defecto fáctico
Esta Sala de Decisión8, en varios pronunciamientos, ha precisado los alcances y
requisitos que deben cumplirse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, para concluir que este se configura
cuando: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce el acervo
probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por
las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las pruebas
8 Revisar, entre otros, la providencia proferida el 12 de noviembre de 2015, en el proceso No.
11001-03-15-000-2015-01471-01, actor Jaime Rodríguez Forero. Consejera Ponente Dra. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez o la sentencia del 13 de febrero de 2020, expediente 11001-03-15-
000-2020-00073-00, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.
En el caso en estudio, en criterio de la entidad demandante, se presenta el tercer
evento, esto es, que el Tribunal Administrativo de Casanare no valoró en debida
forma las pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso.
4.2.2. Fondo del asunto
La autoridad judicial demandada encontró acreditado que las partes suscribieron
varios contratos de prestación de servicios cuyo objeto era prestar los servicios
como auxiliar de odontología, esto es, “preparar el ambiente del consultorio
odontológico, brindar asistencia en el momento de la consulta, esterilizar el
instrumental y equipos necesarios para la atención, cuidar y velar por la
conservación de los equipos, instrumental, realizar solicitudes de recepción y
almacenamiento de insumos, realizar devolución de instrumental en mal estado.”.
De las pruebas testimoniales y del interrogatorio de parte, el Tribunal
Administrativo de Casanare encontró acreditado que el señor Moreno Barrera
prestó sus servicios de manera ininterrumpida, que existía un coordinador que
programaba las actividades, que se trabajaba en un horario de 7:00 a.m. a 12.00
m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y se atendían pacientes cada 20 minutos y de los
informes presentados se reportó atención en algunos periodos de menos de 200
pacientes y en otro más de 800.
Al revisar la sentencia dictada, el 18 de noviembre de 2021, por el Tribunal
Administrativo de Casanare se pudo constatar que, de las pruebas documentales
y testimoniales allegadas al proceso, la autoridad judicial demandada concluyó
que durante el periodo contractual existió una prestación personal del servicio y
una remuneración de los servicios prestados.
Igualmente, señaló que, en relación con la subordinación, este también se
encontraba configurado pues estaba acreditada:
1) La necesidad permanente de esos servicios, pues duró varios años cubierta la
función a través de OPS, por inexistencia de la planta de personal para realizar
labores de higiene oral.
2) La ejecución en sitio y con elementos de la entidad.
3) Sujeción de la actividad a las directrices de la entidad, para atender a los
pacientes allí programados, en los horarios fijados y la realización de campañas
de promoción y prevención en colegio y el área rural de Yopal, que desborda la
coordinación porque el demandante no podía definir dichos aspectos.
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4) La existencia de órdenes directas del odontólogo asignado por la E.S.E. Salud
Yopal como coordinador, quien en ocasiones llamaba a verificar que estuvieran en
las campañas rurales o en las sedes de los colegios.
5) Que la no existencia del ejercicio de la potestad disciplinaria no es excluyente
de la configuración del vínculo laboral.
La Sala, después de revisar la providencia atacada, considera que la decisión
adoptada se fundamentó en un análisis probatorio que no se evidencia caprichoso,
irracional o alejado de las reglas de la sana crítica, puesto que fue clara en indicar
qué valor le otorgaba a las pruebas documentales y testimoniales allegadas al
proceso y las conclusiones a las que llegó a través de la aplicación de procesos
lógicos y hermenéuticos, motivación que se evidencia suficiente y adecuada.
De lo anterior, es del caso precisar que los argumentos expuestos por la E.S.E.
Salud Yopal demuestran que está inconforme con las consideraciones a las que
arribó el Tribunal Administrativo de Casanare, pero esta diferencia no es razón
para que el juez constitucional intervenga pues, aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
Por lo expuesto, el cargo no está llamado a prosperar.
4.3. Desconocimiento del precedente
La parte demandante manifestó que la autoridad judicial demandada desconoció el
precedente del Consejo de Estado, contenido en la sentencia del 9 de septiembre
de 2021 con radicado SUJ-025-CE-S2-2021 porque se concluyó que existió
subordinación sin tener en cuenta que dicha providencia el máximo órgano de la
jurisdicción contenciosa administrativa precisó que el simple hecho de cumplir
horario o recibir instrucciones de los superiores pueden ser actividades
relacionadas con la coordinación de las actividades contratadas.
Además, sostuvo que el horario de labores no implica necesariamente la presencia
del elemento de la subordinación puesto que hay actividades de la administración
que requieren la incorporación de jornadas laborales y turnos para atenderlos y
puso como ejemplo los servicios de salud o de vigilancia.
En consecuencia, la parte demandante manifestó que si el Tribunal Administrativo
de Casanare encontró acreditado el requisito de la subordinación por el supuesto
cumplimiento de un horario está en contravía de las directrices expuestas por el
Consejo de Estado en la sentencia alegada como desconocida.
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4.3.1. Generalidades del desconocimiento del precedente
Para esta Sala9 el precedente es aquella regla creada por una alta corte y órgano
de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado
conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo
sentido para que dicha regla sea considerada como tal.
Lo anterior en ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para definir la
interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor
solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre
a la luz de los preceptos constitucionales.
Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores
judiciales y constituye la creación del derecho, al definir directrices que permiten
resolver la controversia y que la misma pueda aplicarse a otros asuntos con
supuestos jurídicos y fácticos similares, bajo la primacía de la Constitución.
Esta Sección ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un
precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión
que considera desatendida, ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
En el caso en estudio, la Sala considera que la carga mínima argumentativa para
resolver el cargo propuesto fue cumplida por la demandante.
4.3.2. Fondo del asunto
La providencia atacada transcribió las reglas creadas en la sentencia del 9 de
septiembre de 2021 con radicado SUJ-025-CE-S2-2021 frente a las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes.
Explicó que el alto tribunal de lo contencioso administrativo precisó que el
precedente unificador estableció los criterios para identificar la existencia de la
relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios,
así:
1. Para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados
con un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí
rasgos inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir
9 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y
la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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que todos ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter
continuado y permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable»
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar que el
objeto de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las
condiciones pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que
rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral
encubierta y el desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por
haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e
independientes, sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación
laboral de raigambre funcionarial.
2. Se consolidó que son indicios de la subordinación que:
a. El lugar de trabajo o espacio físico sea facilitado por la entidad para el
contratista lleve a cabo sus actividades, sin dejar de lado que debe valorarse en
cada caso concreto.
b. El horario de labores, pues normalmente el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Sin embargo,
existen actividades de la administración que requieren la incorporación de turnos,
por ello, si bien la existencia del cumplimiento estricto de un horario puede ser un
indicio de la existencia de una relación subyacente, tal circunstancia debe ser
valorada en cada caso en estudio.
c. La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar, bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
tiempo, modo y cantidad de trabajo o la imposición de reglamentos internos o el
ejercicio de poder de dirección y control efectivo de las actividades del contratista,
por lo que se debe demostrar es su inserción en un círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que se acredite que este ejerció una
influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de
su objeto contractual.
d. Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral, pues el hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la
existencia de una relación laboral.
3. Prestación personal del servicio.
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4. La remuneración por los servicios prestados de manera fija o periódica.
La autoridad judicial demandada, después de transcribir las reglas de la sentencia
de unificación señaló:
“(…)
Conocido el precedente unificador este Tribunal dará aplicación al mismo en
presente asunto, pues el superior dispuso que rige para los conflictos en
curso, esto es, no se trata de jurisprudencia anunciada; se analizará si,
acorde con la prueba aporta (sic) a la actuación, se dan los presupuestos
para la declaración de la relación laboral subyacente que se ha solicitado.
(…)”
Del análisis anterior, la Sala concluye que la autoridad judicial demandada no
desconoció las directrices expuestas por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación sino que, una vez revisadas las pruebas allegadas al proceso y
después de realizar un estudio adecuado, racional y acorde con las reglas de la
sana crítica, concluyó que en el caso en estudio sí existió una relación laboral
entre el señor Moreno Barrera y la E.S.E. Salud Yopal, conclusión que si bien no
es acorde a los intereses de la entidad demandante, no significa vulneradora de
los derechos fundamentales.
En atención a lo expuesto, la Sala concluye que en el caso en estudio la autoridad
judicial demandada no incurrió en el desconocimiento del precedente alegado por
la E.S.E. Salud Yopal.
Teniendo en cuenta que en el caso en estudio no se encontraron probados los
defectos alegados por la parte demandante, la Sala confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 22 de abril de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que negó el amparo
solicitado por la E.S.E. Salud Yopal, por las razones señaladas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión y envíese copia de esta al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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