Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01421-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01421-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01421-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01421-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
21 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01421-00
Accionante: ADRIANA JANET GAVIRIA PALOMINO
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Acción de tutela contra Decreto 1615 de 2021 –
exigencia de carné de vacunación contra el COVID-19
/ subsidiariedad – acto general, impersonal y abstracto
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Adriana Janet
Gaviria Palomino contra la Presidencia de la República, el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, el Ministerio de Cultura, la AEROCIVIL, FENALCO, ACOLAP,
COMFAMA, COMFENALCO, ACOPAZO, CONALTER, COTERCO,
ACODRES, ASOBARES, COTELCO, ASOBANCARIA, ANATO, ACOLFA,
ANDI, CONFECAMARAS y PROIMAGENES COLOMBIA, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
La señora Adriana Janet Gaviria Palomino, actuando en nombre propio,
invoca la protección de los derechos fundamentales a la recreación y
deporte, trabajo, libertad de opinión, ambiente sano, integridad
personal, libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no
discriminación, con fundamento en los siguientes:
www.consejodeestado.gov.co
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a
ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 14 2 1- 0 0
A c ci o na n t e: A dr i a n a Ja n e t Ga vir i a P al om in o
1. Hechos
1.1. A través del Decreto 1615 de 2021, el Gobierno Nacional
estableció que todas las personas debían presentar obligatoriamente el
carné de vacunación con el esquema completo de vacunación contra el
COVID-19, así:
“La exigencia del carné con esquema de vacunación completo (esquemas de dos dosis o
esquema de dosis única) entrará en vigor a partir del 14 de diciembre de 2021 para mayores
de 18 años; y desde el 28 de diciembre de 2021 para mayores de 12 años. Los menores de
12 años quedan exceptuados de esta medida.”
“El desarrollo de todas las actividades dispuestas se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios: Todo evento presencial de carácter público o privado que implique asistencia
masiva a bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos,
casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de
diversiones y temáticos, museos, y ferias deberá exigir sin excepción el carné de vacunación
con esquema completo de acuerdo con las fechas establecidas. Los aforos podrán ser del
100% de acomodación cuando se cumpla con este criterio y condición”.
1.2. Manifiesta que con la expedición de dicho decreto, el Gobierno
Nacional está omitiendo su obligación constitucional prevista en el
artículo 2.º de la Constitución de garantizar la vida y honra de todos
los habitantes del territorio nacional y, por el contrario, está
estigmatizando y discriminando gravemente a quienes no desean
vacunarse por razones médicas o han tomado la decisión voluntaria de
no hacerlo en ejercicio pleno de sus libertades individuales y derechos
fundamentales.
1.3. Describe que ella y varios miembros de su familia resultaron
contagiados con el COVID – 19, a raíz de lo cual tuvieron que ser
hospitalizados durante largos periodos, lo que les causó serias secuelas
frente a las cuales se encuentran en proceso de recuperación, por lo
que señala que “tanto para quienes padecieron la enfermedad
directamente como los afectados de forma indirecta, es bastante
www.consejodeestado.gov.co 2
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a
ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 14 2 1- 0 0
A c ci o na n t e: A dr i a n a Ja n e t Ga vir i a P al om in o
complejo en pensar someterse a una vacunación para no COMBATIR
sino MITIGAR los síntomas de COVID 19 que no es más que la inserción
de dicho virus en el cuerpo, en una dosis que para quienes padecieron
ya esta enfermedad es suficiente para tener sintomatología asociada a
dicho virus, que no se conoce la reacción del mismo en el organismo y
que por razones obvias ya expuestas no se desea experimentar”.
2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«PRIMERA: Solicito que de la medida restrictiva de acceso por carnet con esquema
de dosis completa del covid 19 a cualquier lugar del territorio nacional se me
desvincule, permitiéndome así el acceso abierto a cualquier lugar sin vulnerar mis
derechos por no aceptar la vacunación voluntaria.
SEGUNDO: Solicito amablemente que las entidades gubernamentales, asociaciones
y demás que representen cada uno de los gremios que limita el acceso a sus
instalaciones por orden del GOBIERNO NACIONAL a personas con esquema de
vacunación COVID 19 completo; se les haga llegar un comunicado donde dicha
medida restrictiva NO ME ABARQUE a hoy ni a futuro.
TERCERO: Solicito ser eximida de cualquier decreto o decisión del GOBIERNO
NACIONAL a futuro, adicional al decreto ya enlistado en la presente tutela que
conlleve a la limitación de acceso o vulneración de mis derechos por discriminación
u otro derecho al no definir la vacunación voluntaria contra el COVID 19 y sus
variaciones».
3. Intervenciones
Mediante auto del 7 de marzo de 2022 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar a la Presidencia de la República, al
Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, al Ministerio de Cultura, a la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, a la Federación Nacional de
Comerciantes – FENALCO, a la Asociación Colombiana de Atracciones y
Parques de Diversiones – ACOLAP, a la Caja de Compensación Familiar
www.consejodeestado.gov.co 3
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a
ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 14 2 1- 0 0
A c ci o na n t e: A dr i a n a Ja n e t Ga vir i a P al om in o
de Antioquia – COMFAMA, a la Asociación Colombiana de Parques
Zoológicos y Acuarios – ACOPAZOA, a la Corporación Nacional de
Terminales de Transporte – CONALTER, a la Corporación de Terminales
de Colombia – COTERCO, a la Asociación Colombiana de la Industria
Gastronómica – ACODRES, a la Asociación de Bares de Colombia –
ASOBARES, a la Asociación Hotelera y Turística de Colombia –
COTELCO, a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de
Colombia – ASOBANCARIA, a la Asociación Colombiana de Agencias de
Viajes y Turismo – ANATO, a la Asociación Colombiana de Fabricantes
de Autopartes – ACOLFA, a la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia – ANDI, a la Confederación Colombiana de Cámaras de
Comercio – CONFECÁMARAS y al Fondo Mixto de Promoción
Cinematográfica – PROIMÁGENES COLOMBIA para que rindieran los
informes.
3.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, a través de apoderado, pidió que se declare la
improcedencia de la presente acción de tutela, toda vez que se dirige
contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, lo que
encuadra en la causal de improcedencia de la acción prevista en el
numeral 5.1 del artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991, y porque,
además, este puede ser cuestionado a través del medio de control
previsto en el artículo 137 del CPACA.
3.2. Los ministerios del Interior, de Comercio, Industria y
Turismo, de Salud y Protección Social y de Cultura pidieron, en
similares términos, que se declare la improcedencia de la acción de
tutela, por no acreditar el requisito de subsidiariedad, en tanto la
accionante tiene a su alcance los medios de control de nulidad y nulidad
por inconstitucionalidad para controvertir la legalidad del Decreto 1615
www.consejodeestado.gov.co 4
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a
ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 14 2 1- 0 0
A c ci o na n t e: A dr i a n a Ja n e t Ga vir i a P al om in o
de 2021 y porque, además, esta no ha demostrado la existencia de un
perjuicio irremediable.
3.3. FENALCO Seccional Antioquia, PROIMÁGENES, CONALTER,
COMFAMA, LA AERONÁUTICA CIVIL, CONFECÁMARCAS,
COTECTO y ASOBANCARIA señalaron que carecen de legitimación en
la causa por pasiva, en tanto no tienen injerencia en la expedición de
los decretos a los que la accionante les atribuye la supuesta vulneración
ius fundamental.
3.4. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente acción de tutela es procedente para determinar si el
Gobierno Nacional vulneró los derechos fundamentales a la
recreación y deporte, trabajo, libertad de opinión, ambiente sano,
integridad personal, libre desarrollo de la personalidad, igualdad
y no discriminación de la accionante, con ocasión de la expedición
del Decreto 1615 de 2021 que determinó la exigencia del carné
de vacunación contra el COVID – 19?
2. Fundamentos de decisión
Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política, la tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
www.consejodeestado.gov.co 5
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a
ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 14 2 1- 0 0
A c ci o na n t e: A dr i a n a Ja n e t Ga vir i a P al om in o
fundamentales cuandoquiera que ellos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o de
los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente derechos
subjetivos fundamentales.
En este orden, el numeral 1.° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991
– reglamentario de la acción de amparo -, estableció como causales de
improcedencia de la acción de tutela:
«ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de
tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 2. Cuando
para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. 3. Cuando se
pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el
artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la
tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o
derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 4. Cuando
sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando
continúe la acción u omisión violatoria del derecho. 5. Cuando se trate de actos de
carácter general, impersonal y abstracto» (negrillas de la Sala).
Así pues, dentro de las causales de improcedencia de la tutela, se
contempla la existencia de otros medios o recursos de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, presupuesto que responde al carácter subsidiario de la
acción de tutela, en aras de respetar la división de competencias que
la misma Carta ha delineado y el principio de especialidad de la
jurisdicción; por tanto, desconocer tales atribuciones implicaría invadir
a los jueces que recibieron el encargo constitucional de poner fin a las
controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron
revestidos de autonomía e independencia.
www.consejodeestado.gov.co 6
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a
ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 14 2 1- 0 0
A c ci o na n t e: A dr i a n a Ja n e t Ga vir i a P al om in o
Dada entonces su naturaleza subsidiaria o residual, la tutela es
improcedente para debatir asuntos propios de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyo objeto se encuentra plenamente
definido en el artículo 104 del C.P.A.C.A., que le otorga la potestad de
conocer «además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originado en actos, contratos,
hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en
los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa…».
Así, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituida en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la
posibilidad de conocer los litigios que se originen con ocasión de la
expedición de un acto administrativo, cuando en él se configure una de
las causales definidas en el artículo 137 ibidem que afectan en forma
sustancial la legalidad, esto es, «cuando hayan sido expedidos con
infracción de las normas en que debían fundarse, o sin competencia, o
en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia o
de defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió».
Ahora bien, la regla general de improcedencia del recurso de amparo
contra actos administrativos es especialmente aplicable cuando se trata
de aquellos que tienen un carácter general, impersonal y abstracto,
pues además de existir un mandato legal contenido en el numeral 5.º
del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991, en el que se señala
expresamente que la acción de tutela no procede contra este tipo de
actuaciones, el ordenamiento jurídico tiene previstos diversos
mecanismos para controvertir su legalidad y constitucionalidad, como
el de nulidad simple (artículo 137 CPACA), el de nulidad por
inconstitucionalidad (artículo 135 CPACA) o el de la acción pública de
www.consejodeestado.gov.co 7
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a
ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 14 2 1- 0 0
A c ci o na n t e: A dr i a n a Ja n e t Ga vir i a P al om in o
inconstitucionalidad prevista en el numeral 5.º del artículo 241 de la
Constitución.
Por tanto, la Corte Constitucional ha señalado que «el acto de carácter
general, por antonomasia, debe entenderse como aquel que al no
dirigirse contra alguien particular no es susceptible de consolidar
situaciones jurídicas subjetivas y por tanto de estructurar asuntos
competencia del juez de tutela1»2.
Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional ha reconocido que
en casos rigurosamente excepcionales es posible determinar que la
aplicación o ejecución de un acto general da lugar a la procedencia de
la acción de tutela, cuando se encuentre acreditado que ello origina una
vulneración o amenaza de algún derecho fundamental del que es titular
una persona determinada, caso en el cual el amparo se constituirá en
una fórmula transitoria, de tal manera que sus efectos estarán
supeditados a la toma de una decisión definitiva en la sede ordinaria,
idónea y adecuada, siempre que, además, se cumplan los requisitos
generales de procedencia, arriba mencionados3.
3. Caso concreto
En el presente asunto, la señora Adriana Janet Gaviria Palomino alega
la vulneración de los derechos fundamentales a la recreación y deporte,
1
Ver. Sentencia T-725 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería, en reiteración de la sentencia T-225 a 400 de
1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, en la que se dijo que “[c]uando el enunciado de la norma jurídica
consagra situaciones genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos a ella sometidos por un
precepto de mandato o de prohibición, que son determinables mediante la aplicación de predicados que la
misma fórmula en términos de características abstractas, se dice que se trata de un acto regla (Jeze) o
general. || Por su propia naturaleza, entonces, el acto de este linaje no crea situaciones jurídicas subjetivas
y concretas y, por lo mismo, tampoco puede lesionar por sí sola derechos de esta índole, que es lo que la
Constitución y la ley requieren para que la acción de tutela sea viable, por cuya virtud, en consecuencia,
esta no procede”.
2
Corte Constitucional, sentencia T-187-17.
3
Corte Constitucional, sentencia T-187-17.
www.consejodeestado.gov.co 8
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a
ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 14 2 1- 0 0
A c ci o na n t e: A dr i a n a Ja n e t Ga vir i a P al om in o
trabajo, libertad de opinión, ambiente sano, integridad personal, libre
desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación, con ocasión
de la determinación adoptada por el Gobierno Nacional en el Decreto
1615 de 2021 mediante el cual implementó la exigencia de exhibir, a
partir del 1.º de diciembre de 2021, el carné con el esquema completo
de vacunación contra el COVID-19 para las personas mayores de 12
años como requisito para el ingreso a eventos de carácter público o
privado que impliquen asistencia masiva y a bares, gastrobares,
restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos,
bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques
de diversiones y temáticos, museos, y ferias.
En esta perspectiva, resulta clara para la Sala la improcedencia de la
presente acción de tutela en los términos del artículo 6.º del Decreto
2591 de 1991, pues lo que pretende es controvertir la legalidad del
Decreto 1615 de 2021, acto administrativo de carácter general,
impersonal y abstracto, cuya constitucionalidad y legalidad deben ser
definidas por los jueces naturales de la causa, a través de los medios
de control previstos en los artículos 135 y 137 del CPACA.
De igual forma, es oportuno destacar que esta corporación, mediante
sentencias del 17 de enero y 17 de marzo de 2022, declararon la
improcedencia de la acción de tutela para controvertir el Decreto 1408
de 2021 que exigiera la presentación del carné de vacunación contra el
COVID – 194, norma que fue derogada por el Decreto 1615 de 2021,
por lo que, en armonía con dichas decisiones, la Sala rechazará por
improcedente la presente acción de tutela, en virtud del numeral 5.º
del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 y por no acreditar el requisito
de subsidiariedad.
4
Proceso radicado con el N.º 11001-03-15-000-2021-07578-00/01.
www.consejodeestado.gov.co 9
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a
ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 14 2 1- 0 0
A c ci o na n t e: A dr i a n a Ja n e t Ga vir i a P al om in o
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por la señora Adriana Janet Gaviria Palomino
contra la Presidencia de la República y otros, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente En comisión
www.consejodeestado.gov.co 10
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.