Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01426-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01426-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01426-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
4 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01426-01
Demandante: Roser Mary Molina Londoño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-01426-01
Demandante ROSER MARY MOLINA LONDOÑO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defecto
sustantivo y por violación directa de la Constitución Política.
Proceso ejecutivo. Cumplimiento de sentencia judicial.
Reliquidación pensional. Intereses moratorios. Artículo 1653
Código Civil. Requisitos generales de procedencia: la relevancia
constitucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Roser Mary Molina Londoño contra
la sentencia del 8 de abril de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional frente a la omisión de las
reglas de vigencia y transición previstas en el artículo 308 del CPACA; y NEGAR frente al
defecto sustantivo por omisión del artículo 1653 del Código Civil, de conformidad con las
razones ut supra”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1 de marzo de 20221, la señora Roser Mary Molina Londoño, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“4.1. Tutelar los derechos fundamentales vulnerados al actor, por la entidad judicial
demandada.
4.2. DEJAR sin efectos el auto interlocutorio de fecha 4 de noviembre de 2021. M.P. Dra.
PATRICIA FEUILLET PALOMARES. Radicación Nro. 76147-33-33-002-2019-00245-01
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4.3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, M.P. (…), para que profiera un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta:
Que los pagos parciales efectuados por la UGPP al actor se deben aplicar primero a
intereses y luego a capital conforme a lo establecido en el artículo 1653 del Código Civil.
1 Fecha de radicación al correo de tutelas y habeas corpus en línea.
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Y conforme a la literalidad del título ejecutivo aportado, los intereses se deben liquidar
conforme al artículo 177 del CCA.
O conforme a los lineamientos que considere su Despacho en la sentencia de tutela, en
procura de la protección de los derechos fundamentales del actor”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La accionante Roser Mary Molina Londoño, le fue reconocida pensión de vejez
por parte de la extinta Cajanal, mediante la Resolución Nro. 12917 del 12 de
mayo de 1998.
Posteriormente por la Resolución Nro. 14248 del 1º de diciembre de 1999 le
fue reliquidada la pensión de vejez a la actora, elevando la cuantía inicialmente
reconocida.
2.2. Con ocasión de una nueva solicitud de reliquidación pensional, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social UGPP mediante Resolución PAP Nro. 26335 del 16 de
noviembre de 2010, negó tal petición, decisión que se confirmó en el Auto PAP
14355 del 18 de marzo de 2011, que resolvió el recurso de reposición contra
la decisión de negar la reliquidación pensional.
2.3. Por lo anterior, la accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos por los que se
negó la reliquidación pensional solicitada y, en consecuencia, pidió se ajustara
su pensión de vejez y se ordenara el pago de dichos valores a su favor.
En primera instancia correspondió conocer al Juzgado Primero Administrativo
de Cartago, que, en providencia del 31 de octubre de 2012, accedió a las
súplicas de la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos
administrativos que negaron la reliquidación pensional de la actora y ordenó el
pago de la pensión con la inclusión de todos los factores por ella devengados
en el último año de servicios.
La decisión fue apelada y correspondió conocer en segunda instancia al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en sentencia del 13 de abril
de 2014, confirmó la decisión del juzgado.
2.4. Posteriormente, la accionante presentó demanda ejecutiva en contra de la
UGPP y aportó como título ejecutivo la sentencia judicial favorable a sus
pretensiones, con el fin de obtener el pago de los valores allí ordenados.
2.5. En primera instancia correspondió conocer al Juzgado Segundo Administrativo
de Cartago el proceso ejecutivo con la radicación Nro. 76147-33-33-002-2019-
00245-00 y por auto del 10 de diciembre de 2020, ordenó librar mandamiento
de pago en contra de la UGPP, así: i) por la suma de $18.764.737 por concepto
de capital y ii) por la suma de $11.188.621 por concepto de intereses
moratorios.
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2.6. La parte demandante, hoy accionante, presentó recurso de apelación contra
la anterior decisión. Correspondió conocer al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que en providencia del 4 de noviembre de 2021 <<notificado
electrónicamente el 5 de noviembre de 2021>>, modificó la decisión del a quo y
dispuso la forma como debía ordenarse el mandamiento de pago.
Luego de hacer el cálculo correspondiente al ingreso base sobre el que debía
liquidarse y aplicar el 75% equivalente a la tasa de reemplazo, encontró que
el valor tomado tanto por el juzgado como el que anunciaba el recurrente, eran
equivocados, de manera que fijó el monto sobre el que debía basarse la
respectiva liquidación.
Del reintegro a la Nación de descuentos por aportes, dijo que estos habían
sido autorizados en la sentencia.
En cuanto al abono hecho por la UGP en octubre de 2017, señaló que no podía
entenderse como lo indicaban tanto el juzgado como el recurrente, que ese
pago parcial debía imputarse primero a intereses y luego a capital, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, pues que ese pago parcial
por retroactivo pensional se hizo con recursos de la seguridad social y por
tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución
Política, no podía dársele una destinación distinta al pago de derechos
pensionales.
Sobre este último punto destacó que el pago asociado al retroactivo pensional
salió de los recursos del FOPEP tal como se indicaba en la resolución
respectiva, de manera que no podía utilizarse o destinarse al pago de intereses
moratorios, que era una obligación de la UGPP que debía pagar con sus
propios recursos.
Ahora, en cuanto a la liquidación de intereses moratorios, sostuvo, apoyado
en precedente jurisprudencial de la Sección Segunda, que la norma aplicable
para la liquidación de los intereses dependía del periodo en el que se fueran
causando, de manera que los intereses causados hasta el 1º de julio de 2012
se liquidarían conforme al Decreto 01 de 1984, mientras que los intereses
causados a partir del 2 de julio de 2012 en adelante lo serían conforme con la
Ley 1437 de 2011, artículo 195.
3. Fundamentos de la acción
La accionante considera que la providencia de segunda instancia emitida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 4 de noviembre de 2021 dentro del
proceso ejecutivo identificado con la radicación Nro. 76147-33-33-002-2019-00245-
00/01, incurrió en los defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución
Política. Sin embargo, se advierte que solo justificó el primer defecto, esto es, el
sustantivo, con los siguientes argumentos:
Dijo que, en el caso, se configuraba el defecto sustantivo por aplicación de una
norma inexistente y por desconocimiento de la norma aplicable.
Afirmó que el auto de segunda instancia emitido por el tribunal accionado, al
considerar que el pago parcial efectuado por la UGPP en octubre de 2017 debía
imputarse primero a capital y luego a intereses en virtud del artículo 48 de la
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Constitución Política y no al contrario, en virtud del artículo 1653 del Código Civil,
no era acertado y que no había prohibición legal o norma especial que dispusiera
algo distinto a lo señalado en el estatuto civil.
Insistió en que debió darse aplicación al artículo 1653 del Código Civil al estar en
presencia de un proceso ejecutivo, en la que se prevé la regla general para la
imputación del pago y según la cual primero debe destinarse a cubrir intereses y
luego el capital adeudado, sin que pueda considerarse que su aplicación en materia
de seguridad social pueda constituir un detrimento al patrimonio público.
De otra parte, planteó que se incurrió en este defecto por parte del tribunal
accionado, al considerar que se debía aplicar en el proceso ejecutivo donde se
presentó como título la sentencia judicial de un proceso adelantado conforme al
Decreto 001 de 1984, liquidando los intereses moratorios conforme la posición
jurisprudencial adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado donde
establece la liquidación de los intereses conforme con el periodo que se vayan
causando, pues que no tuvo en cuenta el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 que
establece el régimen de transición y vigencia, señalando que esta última norma sólo
aplicaría a los procesos que iniciaran y que se instauraran con posterioridad a la
entrada en vigencia de la misma (2 de julio de 2011) y que los demás procesos
seguirían rigiéndose y continuarían de conformidad con el régimen jurídico anterior.
En ese orden, sostuvo que existió en el caso una indebida aplicación de las normas
aplicables al caso, en la medida que el proceso ordinario cobró ejecutoria el 26 de
agosto de 2016 y en esa medida, debía darse cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984) y no aplicando normas de la Ley 1437 de 2011, ya que el juez de la ejecución
no podía modificar aspectos sustantivos de la sentencia.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 4 de marzo de 2022, el juez de tutela de primera instancia admitió
la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante, accionada y,
ordenó la vinculación como tercero con interés al Juzgado Segundo
Administrativo de Cartago y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, rindió
informe en el que manifestó que no se cumplía con el requisito de la relevancia
constitucional toda vez que en el escrito de tutela la accionante se limitó a
mencionar los derechos fundamentales que fueron presuntamente vulnerados,
pero no argumentó las razones por las que la discusión era trascendental para
determinar el contenido y alcance de derechos fundamentales o para definir la
interpretación o aplicación de normas de la constitución.
Dijo que en el auto cuestionado se explicaron las razones por las que no era
posible dar aplicación al artículo 1653 del Código Civil y que en la providencia
se acogió la tesis que manejan las dos subsecciones de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, órgano de cierre en procesos ejecutivos que
provengan de una sentencia de carácter laboral y que, precisamente el caso
de la accionante es uno de los procesos ejecutivos que proviene de una
sentencia de carácter laboral.
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Anotó que lo que busca la parte actora es imponer una interpretación que le
resulte favorable, a sabiendas que la razonabilidad de la providencia judicial
cuestionada está acorde con lo dicho por el órgano de cierre en la materia y
destacó que el título ejecutivo no dispuso literalmente que los intereses debían
liquidarse de acuerdo con el Decreto 01 de 1984.
4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, se pronunció en el
sentido de indicar que lo pretendido por la parte actora iba dirigido a la
inconformidad con respecto a una providencia judicial, frente a lo que la
entidad no tenía injerencia.
Sostuvo que se estaba ante una providencia que hizo tránsito a cosa juzgada
y que no se configuraba perjuicio irremediable alguno, razón por la que pidió
que se negaran las pretensiones de la demanda.
4.4. El Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, remitió el expediente
digitalizado y el enlace de acceso al mismo. No se pronunció del fondo del
asunto.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 8 de abril de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, resolvió: (i) declarar improcedente el amparo constitucional frente a
la omisión de las reglas de vigencia y transición previstas en el artículo 308 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y (ii)
negar el amparo en relación con el defecto sustantivo.
En primer lugar, precisó que en lo atinente al defecto sobre la norma que regía la
liquidación de los intereses moratorios, se trataba de un cargo que no cumplía con
el requisito de relevancia constitucional ya que lo pretendido por la parte actora era
reabrir un debate que ya había sido concluido en sede ordinaria, buscando que la
tutela fuera una instancia adicional del proceso ordinario y que, el tribunal había
explicado de manera suficiente las razones por las que debía considerarse que la
norma aplicable sería aquella vigente al momento de la causación de los intereses,
conforme además con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
Precisado lo anterior, estudió la existencia del presunto defecto sustantivo en
relación con la aplicación indebida del artículo 1653 del Código Civil y advirtió que
el tribunal acudió a una interpretación del artículo 48 de la Constitución Política
protectora de los recursos destinados al cubrimiento de derechos pensionales al
sostener la inaplicabilidad del artículo 1653 del Código Civil e indicar que con el
pago primero el capital por tratarse de sumas económicas provenientes del sistema
general de pensiones, se disminuye el valor de los intereses que se deben solventar
a favor de Molina Londoño.
Así, consideró que la interpretación dada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca al artículo 48 de la Constitución, estaba enmarcada en los principios de
equidad y sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, porque, sin
hacer nugatorio el derecho de la accionante a percibir intereses, pues aceptó su
causación, entendió que los pagos efectuados por el FOPEP debían imputarse a lo
adeudado a la demandante por concepto de su prerrogativa pensional y no a cubrir
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las consecuencias derivadas de la mora en que incurrió la administración en la
satisfacción de esos derechos.
Además de lo anterior, argumentó que la posibilidad de acudir o no al artículo 1653
del Código Civil frente al orden de imputación de pagos en los procesos donde se
reclamen prerrogativas pensionales, está pendiente de definición jurisprudencial,
como lo indicó la Sección Segunda del Consejo de Estado en auto de 6 de junio de
2019.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión. Indicó que en la demanda de tutela expuso las
razones por las que consideró que el presente asunto era relevante
constitucionalmente y manifestó estar en desacuerdo con lo manifestado por el juez
de primera instancia. Por lo demás, reiteró los argumentos presentados en el escrito
de tutela e insistió en que no podía modificarse el título ejecutivo, dando aplicación
a unas normas de orden procesal distintas de las ordenadas en su momento en la
sentencia judicial, relativas al cumplimiento de la condena allí impuesta.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
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De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes del caso y concretamente los argumentos
expuestos en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala analizar si asistió
razón al juez de tutela de primera instancia (i) en declarar improcedente la acción
por no encontrar satisfecho el requisito de relevancia constitucional frente al cargo
relativo a la omisión en la aplicación de las reglas de vigencia y transición previstas
en el artículo 308 del CPACA, y (ii) en negar el cargo por defecto sustantivo por la
inaplicación del artículo 1653 del Código Civil, en cuanto a la forma como debían
atenderse los pagos efectuados como adelanto por la UGPP, esto es, si
correspondían a intereses o a capital y, la aplicación de la norma procesal, esto es,
si el asunto relacionado con el pago de intereses moratorios se regía conforme lo
previsto por el Decreto 01 de 1984 o por la Ley 1437 de 2011.
4. Análisis del caso concreto
4.1. Advierte la Sala que la providencia de tutela de primera instancia proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, debe revocarse en
cuanto negó las pretensiones por el presunto defecto sustantivo por la
inaplicación del artículo 1653 del Código Civil, como quiera que dicho cargo
no supera el requisito de relevancia constitucional frente a todos los aspectos
que se plantearon en el escrito de tutela y no, solo frente a algunos de ellos
como lo concluyó el a quo.
4.2. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.
Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea
que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no,
esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no
con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural7.
6 Ibidem
7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse
ante el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos”8.
4.3. Del análisis del caso concreto, encuentra la Sala que no se cumple el requisito
de relevancia constitucional en general frente a la totalidad de los aspectos
planteados por la actora en el escrito de tutela y en los que insiste en el escrito
de impugnación ante esta instancia, pues revisado el recurso de apelación
presentado dentro del proceso ejecutivo contra el auto por el que le Juzgado
Segundo Administrativo de Cartago resolvió librar mandamiento de pago en
contra de la UGPP, lo cierto es que en realidad se están reiterando los mismos
argumentos tanto en relación con la norma aplicable para efectos de los
intereses moratorios, como en lo relacionado con el deber de que los pagos
parciales o abonos sean imputables a intereses y no a capital.
4.4. En el fallo de tutela de primer grado, advirtió la Sección Tercera, Subsección
C de esta Corporación, que se están reiterando argumentos frente a la norma
procesal aplicable para el cumplimiento de la sentencia, lo que había sido
resuelto de manera suficiente por el tribunal en la providencia, aspecto con el
que esta Sección está de acuerdo, sin embargo, en lo relacionado con la
aplicación del artículo 1653 del Código Civil, se advierte que también es un
aspecto que se abordó en el recurso de apelación en su momento ante el juez
ordinario, situación que hace que por este aspecto también sea improcedente
la solicitud de amparo, pues es sabido que la tutela no puede ser entendida
como una instancia adicional en la que puedan presentarse de nuevo
argumentos que fueron resueltos por el juez ordinario en su momento.
A la anterior conclusión se llega, de la revisión a los argumentos que propuso
la accionante en el recurso de apelación y que fueron los siguientes:
(i) Sostuvo que el juzgado incurría en error al liquidar los intereses
moratorios conforme con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 1437
de 2011 apoyado en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado, pues que, si bien eran plausibles los criterios de
ese concepto, debía tenerse en cuenta que la mencionada ley establecía
como norma jurídica especial el artículo 308 que delimitaba la aplicación
tanto del Decreto 01 de 1984 como de la Ley 1437 de 2011.
8 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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(ii) Que bajo esa óptica, cuando un título ejecutivo contentivo en una
sentencia creada en un proceso en vigencia del Decreto 01, tenía como
regulación en cuanto a las condiciones de exigibilidad, intereses y
contenido de la obligación esa misma norma (Decreto 01 de 1984), de
manera que al haberse tramitado el proceso y haber quedado
ejecutoriada la sentencia en vigencia de esta norma, debía atenderse a
lo contemplado en el artículo 177, máxime cuando en la parte resolutiva
de la sentencia se indicó que se daría cumplimiento a la providencia en
los términos de los artículos 177 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo.
(iii) Afirmó que, por existir un pago parcial por parte de la UGPP, debía darse
aplicación al artículo 1653 del Código Civil, según el cual, el pago parcial
primero se abona a intereses y el excedente se abona a capital.
4.5. En la providencia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se
resolvió el problema jurídico propuesto, entre otros aspectos, frente a los
puntos de disenso en los que insiste el actor, esto es, la imputación del pago
que se hizo por abono y lo relacionado con la liquidación de intereses
moratorios, en los siguientes términos:
“E. IMPUTACIÓN DEL ABONO EFECTUADO POR LA UGPP EN OCTUBRE DE 2017
29. El recurrente y el juzgado de primera instancia entendieron que el pago parcial
efectuado por la UGPP en octubre de 2017 debía imputarse primero a intereses y luego
a capital, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil.
30. No obstante, esa regla es improcedente en este caso, por cuanto el pago parcial
por retroactivo pensional se hizo con recursos de la seguridad social y, por consiguiente,
en atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, no puede
dárseles una destinación distinta al pago de derechos pensionales. En este punto, se
destaca que el pago asociado al retroactivo pensional salió de los recursos del Fondo
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) como da cuenta la Resolución
RDP033710 del 29 de agosto de 2017, de ahí que no pueda utilizarse o destinarse para
intereses moratorios, que, valga decir, es una obligación que está cargo de UGPP que
debe pagar con sus propios recursos.
31. De ese modo, el abono parcial efectuado en octubre de 2017, por valor $
45’101.555, debe imputarse a capital, y no a intereses moratorios.
F. LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS
32. Como se sabe, el Decreto 01 de 1984 y la Ley 1437 de 2011 difieren en cuanto a la
forma de liquidar los intereses, de ahí que deba establecerse qué normativa resulta
aplicable en el presente asunto, pues la causación se produjo a partir de julio de 2016,
cuando ya estaba vigente la Ley 1437 de 2011, pero derivan de una sentencia judicial
proferida bajo las ritualidades del Decreto 01 de 1984.
33. Para el efecto, la Sala acogerá la posición sostenida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado (2018)9, que refiere: Para efectos de liquidar los intereses moratorios
de sentencias que se profirieron durante la vigencia del Decreto 01 de 1984, pero cuyo
incumplimiento se extendió hasta la entrada en vigencia del CPACA, esta Corporación
ha definido lo siguiente:
[…]
9 Providencia del 28 de noviembre de 2018, expediente 23001-23-33-000-2013-00136-01(1509-16), dictada
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Esa tesis ya había sido expuesta por la
Subsección A de esa misma sección, en sede de tutela, mediante providencia del 1° de diciembre de 2017,
expediente: 11001- 03-15-000-2017-02763-00.
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En este orden de ideas, cuando las sentencias se expidieron en vigencia del Decreto
01 de 1984, pero su incumplimiento se proyectó en el tiempo abarcando la entrada en
vigencia del CPACA, la normativa para liquidar los intereses moratorios se aplica de
manera independiente, es decir, por los períodos que coinciden con las respectivas
vigencias de los artículos 177 del Decreto 01 de 1984 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
[…]
45. De acuerdo con ese parámetro jurisprudencial, la normativa aplicable para la
liquidación de los intereses dependerá del periodo en el que se vayan causando: los
intereses causados hasta el 1° de julio de 2012 se liquidarán de acuerdo con el Decreto
01 de 1984, mientras que los intereses causados a partir del 2 de julio de 2012 se
liquidarán de conformidad con el artículo 195 de la Ley 137 de 2011.
46. En atención a que los intereses moratorios cuya ejecución pretende la parte
demandante se causaron a partir de julio del año 2016, se concluye que la normativa
aplicable es la prevista en la Ley 1437 de 2011”.
En ese orden de ideas, la posición del tribunal se orientó a indicar, de un lado,
que no era posible aplicar el artículo 1653 del Código Civil al tratarse de
prestaciones alusivas a la seguridad social y que debían revisarse conforme
al artículo 48 de la Constitución Política y, en lo que tiene que ver con la norma
aplicable para el tema de intereses moratorios, explicó cuál era la norma
aplicable de acuerdo con la postura de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, concluyendo que debía ser conforme al momento en que se fueran
causando, de manera que para unos periodos sería la contemplada en la Ley
1437 de 2011, concretamente conforme con el artículo 195 de dicha norma y
para otros, el Decreto 01 de 1984, lo que se advierte razonable.
4.6. Ahora bien, en el escrito de tutela el actor insiste en los argumentos
relacionados con la aplicación del citado artículo 1653 del Código Civil
insistiendo que tratándose de procesos ejecutivos debe aplicarse esta norma
y que los abonos deben ir primero a intereses y luego a capital y, frente a la
aplicación de la norma procesal de intereses moratorios, reiterando que es el
Decreto 01 de 1984, denominado Código Contencioso Administrativo, y
negándose a que se aplique siquiera en algún caso la Ley 1437 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De manera que no puede la actora presentar, bajo la presunta configuración
de los defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución Política,
esta última que no se advierte sustentada sino como parte del defecto
sustantivo, argumentos que se pusieron de presente al juez natural y que
fueron resueltos en los respectivos pronunciamientos, en este caso por el
tribunal como juez de cierre en el proceso ejecutivo respectivo.
4.7. En este orden de ideas, encuentra la Sala que no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional, ya que la parte accionante acude a este
mecanismo constitucional con el fin de exponer su inconformidad con la
decisión judicial cuestionada que le resultó desfavorable; olvidando que el
propósito de la acción tutela no es prolongar la discusión que se presentó y se
definió por el juez natural en el respectivo medio de control, ni tampoco erigirse
como una instancia adicional en la que se vuelvan a presentar argumentos que
en su momento se pusieron en conocimiento del juez natural y frente a los que
tuvo la oportunidad de pronunciarse.
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Que la parte actora no comparta el análisis efectuado y el sentido de la
decisión adoptada por el juez de la causa, escapa a la órbita de competencia
del juez constitucional, la cual está dada en clave de derechos fundamentales
y no para dirimir diferencias de juicio o de opinión, pues no debe olvidarse que
la simple disparidad de criterio no constituye per se una vulneración a los
derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela como
mecanismo excepcional de protección de los derechos fundamentales. Es por
este motivo que la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha sostenido
que, cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo
está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional que
se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto.
Por último, también encuentra la Sala oportuno advertir a la tutelante que, pese
a que enunció un acápite en el que mencionó que la situación presentada al
juez constitucional era relevante constitucionalmente, lo cierto es que estos
fundamentos de considerar que se lesionaron unos derechos fundamentales y
que en su sentir, se desconocía el derecho al debido proceso por no dar la
interpretación y aplicación a las normas en la forma como considera la
ciudadana deben revisarse los puntos de disenso, no hace per se que se
entienda superado el requisito de procedencia de la relevancia, máxime
cuando se trata de providencias judiciales que han hecho tránsito a cosa
juzgada, de manera que, reiterar argumentos como sucedió en este caso, lo
que hace es que se entienda que se busca la tutela como una instancia
adicional y en esa medida, no haya lugar a un análisis del fondo del asunto.
4.8. Finalmente, debe decirse que tampoco se satisface el requisito de relevancia
constitucional, ya que la discusión propuesta gira alrededor de un asunto o
cuestión cuestión estrictamente económica, y se tiene que para tal fin la
solicitud de amparo resulta improcedente.
Conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cuestión objeto de
análisis debe tener trascendencia ius fundamental y no solamente legal,
contractual o de otra naturaleza como sería la exclusivamente económica 10;
por tal razón, en casos como el presente en los que la discusión es
estrictamente dineraria, el debate no se centra en la vulneración de garantías
superiores pese a enunciarse en la demanda de tutela una serie de derechos
fundamentales, pues es necesario que el asunto puesto a consideración del
juez de tutela implique la transgresión de los mismos por parte de la autoridad
judicial.
En esta misma línea, la Sección ha indicado que las reclamaciones de este
tipo no sólo desestiman el carácter constitucional de la acción de tutela, sino
también la urgencia e inminencia que la caracterizan y que ameritan
intervención por parte del juez constitucional11.
10 Sentencia SU-282 del 20 de junio de 2019. Ponencia de la doctora Gloria Stella Ortiz Delgado.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 20 de
junio de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-02324-00. C.P. Milton Chaves García. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 28 de octubre de
2021 Proceso Nro. 11001-03-15-000-2021-06209-00. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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5. Conclusión
De conformidad con los argumentos expuestos, esta Sala revocará la decisión
proferida en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en cuanto negó la acción de tutela de la referencia por no estar
configurado el defecto sustantivo y, declarará improcedente en su totalidad la acción
de tutela interpuesta por la señora Roser Mary Molina Londoño, por no cumplir a
cabalidad con los requisitos generales de procedencia de este mecanismo contra
providencias judiciales, específicamente el de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la decisión impugnada, proferida el 8 de abril de 2022 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en cuanto negó la acción de tutela
por no encontrar configurado el defecto sustantivo y declarar improcedente
en su totalidad la acción de tutela presentada por la señora Roser Mary
Molina Londoño, por las razones expuestas en la presente providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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