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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01427-00

Fecha
19 de mayo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01427-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Karen Liliana Trujillo de León. En consecuencia, SEGUNDO: ORDÉNASE al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Risaralda que en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia, pague a la señora Karen Liliana Trujillo de León los www.consejodeestado.gov.co 22 C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0 B og o tá D . C . – C ol o mbi a ACC IÓN D E TUT EL A R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 14 2 7- 0 0 A c ci o na n t e: K ar e n Li li a na T r u ji ll o D e L e ón salarios y prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación del cargo de sustanciadora del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla hasta la fecha en que haya adquirido su derecho a la licencia de maternidad y por tres meses más correspondientes al periodo de lactancia, posteriores a la culminación de la licencia. Asimismo, que efectúe los correspondientes aportes al sistema de seguridad social, garantizando que entre la desvinculación y la reactivación del pago, no se produzca ninguna interrupción o solución de continuidad. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01427-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

19 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01427-00
Accionante: KAREN LILIANA TRUJILLO DE LEÓN
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTROS
Tema: Protección constitucional a mujer en estado de
embarazo

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Karen Liliana
Trujillo de León contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Barranquilla, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

La señora Karen Liliana Trujillo de León, actuando en nombre propio,
invoca la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad
laboral reforzada por gravidez y los derechos fundamentales del menor
que está por nacer, con fundamento en los siguientes:

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1. Hechos

1.1. El 2 de junio de 2019, fue nombrada y posesionada, en
provisionalidad, en el cargo de sustanciadora del Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Barranquilla.

1.2. Mediante correo electrónico enviado el 14 de enero de 2022, la
Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico le remitió al referido despacho el Acuerdo
CSJATA21-253 del 23 de diciembre de 2021 por el cual formuló lista de
elegibles ante ese juzgado con el fin de proveer el cargo de oficial mayor
o sustanciador.

1.3. Con ocasión de lo anterior, a través de las resoluciones 001 del 7
de febrero de 2022 aclarada por la 002 del 11 de febrero del mismo
año, el juez nombró al señor Antonio José Arteta Reyes en el cargo de
sustanciador, actos administrativos que le fueron comunicados al
interesado a través de correos electrónicos del 11 y 15 de febrero,
respectivamente.

1.4. Describe la accionante que el mismo 15 de febrero, se practicó
una prueba de “embarazo en sangre – gravidex” en el Laboratorio
Clínico Continental en la ciudad de Barranquilla cuyo resultado fue
positivo, situación que puso en conocimiento de su nominador el 16 de
febrero, con el fin de que este adoptara las medidas de prevención y
protección a la maternidad.

1.5. El mismo 16 de febrero de 2022, se realizó en el mismo
laboratorio clínico un examen denominado BETA GONADOTROPINA
CORIONICA HCG, que arrojó como resultado un tiempo de gestación

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de entre 6 y 7 semanas. Asimismo, inició en esa fecha los controles
médicos prenatales.

1.6. El 17 de febrero de 2022, le comunicó a la Oficina de Recursos
Humanos de la Rama Judicial, Seccional Barranquilla, sobre su estado
de embarazo, con el fin de que dicha entidad, igualmente, adoptara las
medidas de protección.

1.7. El 21 de febrero de 2022, el titular del juzgado le informó al señor
Antonio José Arteta Reyes sobre la condición de embarazo de la señora
Trujillo de León; no obstante, el 22 de febrero este aceptó el
nombramiento.

1.8. Manifiesta que, hasta la fecha de presentación de la acción de
tutela, no se ha adoptado ninguna medida tendente a garantizarle la
estabilidad laboral reforzada derivada de su condición de embarazo, y
tampoco han sido tenidas en cuenta las directrices previstas por el
Consejo Superior de la Judicatura en la Circular CJC22-2 del 10 de
febrero de 2022, según la cual los jueces nominadores deben expedir
actos administrativos determinando la existencia de la estabilidad
laboral de un empleado en provisionalidad y comunicarlo al Consejo
Seccional de la Judicatura a fin de que éste proceda a realizar la
respectiva anotación en la vacante.

1.9. Tampoco se ha tenido en cuenta la Circular PSAC11-431 del 15
de noviembre de 2011 mediante la cual la Unidad de Administración de
Carrera Judicial estableció el procedimiento a seguir frente a
nombramientos en propiedad por concurso de méritos cuando hay
situaciones administrativas como el estado de embarazo de empleadas
vinculadas en provisionalidad, en cuyo artículo 3 dispuso:

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“De haberse efectuado el nombramiento en propiedad, y entre el lapso que transcurre éste
y la posesión en los términos del artículo 133 de la Ley 270 de 1996, se conoce de la
situación de gravidez de la servidora nombrada en provisionalidad, el nominador deberá
abstenerse de dar posesión en tanto persista la especial protección. De lo anterior deberá
informarse a quien deba ser designado en propiedad.

En cualquiera de las situaciones anteriores, la protección de la mujer en estado de embarazo
y del menor que esta por nacer, en aplicación del principio de solidaridad y de la estabilidad
laboral reforzada, va desde el momento mismo de la gestación, hasta el cumplimiento del
primer año de vida del menor, de no darse una manifestación de voluntad de retiro de la
servidora, respecto del cargo del cual se le está brindando la protección”.

1.10. La anterior circular fue posteriormente aclarada y comunicada a
los distintos Consejos Seccionales de la Judicatura mediante el oficio
CJO 18-2880 de 2018 de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial.

1.11. Manifiesta, entonces, que el juez nominador debía abstenerse de
posesionar al señor Antonio José Arteta Reyes en el cargo de
sustanciador hasta tanto se cumplan los presupuestos en la circular
descritos.

2. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«Se TUTELEN mis derechos fundamentales a la protección especial de la mujer en estado
de embarazo, estabilidad laboral reforzada, seguridad social, los derechos de los niños, niñas
y adolescentes de mi hijo por nacer y seguridad social de mi hijo por nacer, y en
consecuencia se ordene que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de este
fallo:

1. El JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA revoque la
Resolución No. 001 de febrero 7 de 2022 a través de la cual nombró al señor ANTONIO
JOSÉ ARTETA REYES en el cargo de Sustanciador Circuito Grado Nominado.

2. Al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA revoque la
Resolución 002 de 11 de febrero de 2022, mediante la cual aclaró la resolución 001 de
febrero 7 de 2022.

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3. Se ordene al JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
abstenerse de posesionar al señor ANTONIO JOSÉ ARTETA REYES en el cargo que
ocupo en provisionalidad hasta tanto persista la especial protección de la que debo gozar
por encontrarme en periodo de gestación.

4. Al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, cumplir
con la directriz contenida CIRCULAR CJC22-2 DE 10 DE FEBRERO DE 2022, emitida
por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en el sentido proferir un acto
administrativo y/o resolución en la que se me reconozca que gozo de estabilidad laboral
reforzada por encontrarme en estado embarazo, con la finalidad de que el CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO, publique en la vacante del cargo
que ocupo la anotación de que me encuentro gozando de estabilidad laboral reforzada por
el termino establecido por la ley y la jurisprudencia.

5. Al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA aplicar las
disposiciones contenidas en la Circular PSAC11-43 de 15 de noviembre de 2011 de la
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL, en la que se estableció
el procedimiento a seguir frente a nombramientos en propiedad por concurso de méritos vs
estabilidad laboral reforzada de servidoras judiciales vinculadas en provisionalidad y que
se encuentran en estado de embarazo

6. Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-CONSEJO SECCIONAL
DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL» (sic para toda la cita).

3. Intervenciones

Mediante auto del 7 de marzo de 2022 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar al Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Barranquilla, al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico –
Sala Administrativa y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial como accionados y al señor Antonio
José Arteta Reyes como tercero interesado.

Posteriormente, a través de proveído del 22 de abril de 2022, se ordenó
notificar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de
Barranquilla, Atlántico, para que rindiera el respectivo informe.

3.1. El juez segundo Civil del Circuito de Barranquilla informó
que dicho despacho, en cumplimiento del Acuerdo CSJATA21-253 del

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23 de diciembre de 2021, notificado mediante oficio CSJATA22-114 de
enero 14 de 2022, inició el proceso de vinculación del único postulante
y elegible al cargo vacante de sustanciador nominado en propiedad,
esto es, el señor Antonio José Arteta Reyes, por lo que profirió las
resoluciones 001 del 7 de febrero y 002 del 11 de febrero de 2022,
nombramiento que este aceptó.

Indicó, igualmente, que para la fecha en que profirió los actos de
nombramiento no tenía conocimiento alguno del estado de embarazo
de la señora Karen Liliana Trujillo de León por lo que, incluso, el señor
Arteta Reyes solicitó una prórroga para su posesión a partir del 1.º de
abril de 2022, con el fin, entre otras cosas, de permitir que la hoy
accionante devengara su sueldo hasta el 31 de marzo de 2022.

Finalmente, aclaró que la accionante ha sido enterada de todo el
trámite de vinculación, en propiedad, del señor Antonio José Arteta
Reyes, el cual se ha ajustado al debido proceso y no ha vulnerado
derecho fundamental alguno.

3.2. El señor Antonio José Arteta Reyes describió que después de
surtir todas las etapas de la Convocatoria 04 adelantada por la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, fue
ubicado en el puesto n.º 10 del registro seccional de elegibles
conformado mediante la resolución CSJATR21-1327 del 21 de mayo de
2021 para proveer en propiedad los empleos de Oficial Mayor o
Sustanciador de Juzgados de Circuito Grado Nominado en el
departamento del Atlántico.

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De acuerdo con ello, el 2 de diciembre de 2021 optó para ocupar el
cargo de oficial mayor o sustanciador del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Barranquilla, por lo que el 14 de enero de 2022, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico, comunicó al mencionado
Juzgado el acuerdo mediante el cual se formuló la lista de elegibles
destinada a proveer dicho empleo, listado en el que ocupó la primera y
única posición.

Así, después de cumplir los términos previstos en los artículos 133 y
167 de la Ley 270 de 1996, el 11 de febrero de 2022 recibió la
comunicación de la Resolución n.º 001 del 7 de febrero del mismo año
en la que se le nombró en propiedad como Sustanciador de Circuito
Grado Nominado.

Fue así como el 15 de febrero se entrevistó con el titular del despacho,
con el fin de tratar temas relacionados con las funciones y dinámicas
laborales del juzgado pero que fue solamente el 21 de febrero de 2022,
cuando en una nueva reunión, tuvo conocimiento del estado de
embarazo de la hoy accionante, a lo que este le manifestó al juez que
“para darle mayores días a la persona, una vez aceptara el
nombramiento – lo cual hice el 22 de febrero del año en curso por ser
el penúltimo día que tenía para hacerlo-; procedería a esperar los
primeros 15 días hábiles de término de posesión, pero además, a
solicitar la única prórroga a la que tengo derecho por un término igual
al inicial –lo cual hice también el 14 de marzo de 2022-, para efectos
de extender el plazo, y así proceder a tomar posesión del cargo el 1 de
abril de 2022, estando ésta fecha ya dentro de los último días con los
que cuento para tomar posesión, sumando inclusive, los 15 días hábiles
de prórroga”.

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Por tanto, precisó que no es cierto, como lo sugiere la demandante,
que este pretendió desconocer su situación particular, pues, por el
contrario, su conducta se encaminó a prolongar, en el marco de la ley,
el término señalado para la toma de posesión del cargo, a fin de que la
accionante pudiera estar vinculada hasta el 31 de marzo de 2022.

No obstante, insistió en que sus derechos derivados del concurso de
méritos también deben ser garantizados por el juez nominador, quien,
incluso, tuvo conocimiento del estado de gestación de la demandante
el 16 de febrero de 2022, esto es, días después de haber proferido el
acto administrativo de nombramiento.

En ese contexto, pidió que se tengan en cuenta las pautas señaladas
por la Corte Constitucional en las sentencias SU070 de 2013 y SU075
de 2018 en relación con la protección de los derechos de las mujeres
embarazadas, y según las cuales, en los eventos en que su
desvinculación obedece al nombramiento en propiedad de quien superó
el concurso de méritos y el nominador no cuenta con margen alguno
de maniobra para proveer otro cargo con dicha lista – como ocurre en
el presente asunto – procede el pago de las cotizaciones a la seguridad
social en salud, hasta tanto la accionante adquiera su prestación
económica producto del reconocimiento de la licencia de maternidad.

3.3. La presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico señaló que dicha entidad carece de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que, de acuerdo con lo dispuesto en los Acuerdos
PSAA08485 de 2008 y CSJATA17-647, dentro de la Convocatoria n.º
04, los deberes de dicha corporación corresponden a la elaboración del
registro y lista de elegibles dentro de los plazos establecidos,
actuaciones que efecto realizó, en tanto que lo referente a los

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nombramientos de los aspirantes es competencia exclusiva del
nominador.

Igualmente, aclaró que dicha judicatura, en ejercicio de sus facultades,
mensualmente requiere a los nominadores a efectos que informen
sobre las situaciones administrativas de los empleados de sus
despachos y/o dependencias por lo que, teniendo en cuenta dicho
informe, se publican las vacantes para que los aspirantes realicen sus
opciones de sede.

En ese sentido, el Consejo Seccional de la Judicatura actuó en ejercicio
de sus competencias, por lo que, al no tener conocimiento de la
condición de la demandante, ni ser la autoridad competente para
realizar los nombramientos de los aspirantes y, por ende, la
desvinculación de los empleados en provisionalidad – pues ello
corresponde al nominador conforme a la Circular No. CJC22-2 del 10
de febrero del 2022 –, estimó que no se le puede atribuir la vulneración
de los derechos fundamentales invocados en protección.

3.4. La Unidad de Administración de Carrera Judicial, por
conducto de su directora, igualmente señaló que carece de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que la autoridad competente para
determinar el nombramiento en el cargo de oficial mayor o sustanciador
o la existencia de estabilidad laboral reforzada es el Juez Segundo Civil
del Circuito de Barranquilla.

3.5. La Dirección Seccional de Administración Judicial del Atlántico,
pese haber sido notificada de la demanda1, guardó silencio.

1 La notificación es visible en la anotación n.º 36 del expediente digital visible en la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial – SAMAI –.

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿Las autoridades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales de la accionante, al efectuar el nombramiento en
propiedad del señor Antonio José Arteta Reyes en el cargo de
sustanciador del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Barranquilla que esta ocupaba en provisionalidad pese a
encontrarse en estado de embarazo?

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará las
pautas jurisprudenciales relacionadas con la estabilidad laboral
reforzada de la mujer embarazada, para lo cual se remitirá, además, al
criterio adoptado por esta Sala de Subsección en anteriores
oportunidades en asuntos de similares características fácticas y
jurídicas2.

2. La mujer embarazada y su estabilidad laboral reforzada

La protección a la mujer trabajadora en estado de embarazo ha sido
objeto de reiterados pronunciamientos por parte de la Corte
Constitucional, que en sentencia SU070 de 13 de febrero de 2013

2 Sentencia de tutela del 7 de julio de 2016. Radicado n.º 05001-23-33-000-2016-00961-01, accionante: PAOLA
ANDREA CORRALES MESA, accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA. M.P. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO.
Sentencia de tutela del 22 de mayo de 2017. Radicado n.º 66001-23-33-000-2017-00139-01; accionante: ALEXANDRA
MILENA RUDA RAMÍREZ; accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SECCIONAL
RISARALDA – SALA ADMINISTRATIVA.

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estableció criterios unificados sobre el alcance de la protección laboral
reforzada de las trabajadoras gestantes, en consideración a: (i) al
conocimiento del embarazo por parte del empleador, y (ii) la alternativa
laboral bajo la cual se encontraba empleada la mujer embarazada.
Asimismo, en dicha sentencia se establecieron alternativas de
protección a dichas mujeres3.

En este orden de ideas, considera la Sala que la mencionada sentencia
de unificación resulta aplicable al asunto de autos, pues la Corte
Constitucional estableció claramente en la parte motiva de la
providencia, los casos que se exceptuaban, dentro de los cuales, no se
encuentra el de la accionante, por tratarse de una funcionaria de la
Rama Judicial. Al respecto la Corte manifestó que:

«25.- Con posterioridad a la sentencia C-470 de 1997 han sido expedidas otras previsiones
legales en materia del deber estatal de protección a la mujer embarazada y a la maternidad.
Por una parte el artículo 51 de la ley 909 de 2004 señala:

“ARTÍCULO 51. PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD.
1. No procederá el retiro de una funcionaria con nombramiento provisional, ocurrido con
anterioridad a la vigencia de esta ley, mientras se encuentre en estado de embarazo o en
licencia de maternidad.
2. Cuando un cargo de carrera administrativa se encuentre provisto mediante
nombramiento en período de prueba con una empleada en estado de embarazo, dicho
periodo se interrumpirá y se reiniciará una vez culminé el término de la licencia de
maternidad.
3. Cuando una empleada de carrera en estado de embarazo obtenga evaluación de
servicios no satisfactoria, la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento se
producirá dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al vencimiento de la licencia
de maternidad.
4. Cuando por razones del buen servicio deba suprimirse un cargo de carrera
administrativa ocupado por una empleada en estado de embarazo y no fuere posible su
incorporación en otro igual o equivalente, deberá pagársele, a título de indemnización
por maternidad, el valor de la remuneración que dejare de percibir entre la fecha de la

3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU070/13: «En relación con lo anterior encuentra la Sala Plena que existen

posiciones diferentes de la jurisprudencia constitucional sobre la perspectiva desde la que se debe analizar el sentido de
la protección laboral reforzada de las trabajadoras gestantes y sobre cómo han de solucionarse estos casos para brindar
dicha protección a estas mujeres.
Por ello, la Corte deberá presentar criterios unificados para (5) la determinación del alcance mismo de la protección, en
consideración (5.1) al conocimiento del embarazo por parte del empleador y a (5.2) la alternativa laboral, bajo la cual
se encontraba trabajando la mujer embarazada.
Posteriormente, extraerá algunas conclusiones de los criterios unificados, con base en las cuales procederá a (6) resolver
los 33 casos objeto de revisión.»

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supresión efectiva del cargo y la fecha probable del parto, y el pago mensual a la
correspondiente entidad promotora de salud de la parte de la cotización al Sistema
General de Seguridad Social en Salud que corresponde a la entidad pública en los
términos de la ley, durante toda la etapa de gestación y los tres (3) meses posteriores al
parto, más las doce (12) semanas de descanso remunerado a que se tiene derecho como
licencia de maternidad. A la anterior indemnización tendrán derecho las empleadas de
libre nombramiento y remoción y las nombradas provisionalmente con anterioridad a la
vigencia de esta ley.
PARÁGRAFO 1o. Las empleadas de carrera administrativa tendrán derecho a la
indemnización de que trata el presente artículo, sin perjuicio de la indemnización a que
tiene derecho la empleada de carrera administrativa, por la supresión del empleo del cual
es titular, a que se refiere el artículo 44 de la presente ley.
PARÁGRAFO 2o. En todos los casos y para los efectos del presente artículo, la empleada
deberá dar aviso por escrito al jefe de la entidad inmediatamente obtenga el diagnóstico
médico de su estado de embarazo, mediante la presentación de la respectiva
certificación.”

De conformidad con este precepto, el fuero de maternidad presenta particularidades en los
casos de funcionarias (i) en periodo de prueba; (ii) en carrera administrativa que obtengan
una evaluación de servicios no satisfactoria; y (iii) a las cuales se les suprima el cargo de
carrera que ocupaban por razones de buen servicio, a quienes se les aplicarán las reglas
especiales previstas en el artículo antes trascrito. Ahora bien, esta disposición también es
aplicable a las funcionarias de la Rama Judicial en vista de la ausencia de norma al respecto
en la ley estatutaria de administración de justicia4. […]

47.- En la presente providencia no se hará referencia al alcance y los efectos la protección
laboral reforzada en los casos de funcionarias públicas (i) en periodo de prueba, (ii) en carrera
administrativa que obtengan una evaluación de servicios no satisfactoria y (iii) a las cuales
se les suprima el cargo de carrera que ocupan por razones de buen servicio, hipótesis
reguladas por el artículo 51 de la ley 909 de 2004, el cual también es aplicable a las
funcionarias de la Rama Judicial, por considerar que se trata de hipótesis particulares que
deben resolverse de conformidad con los hechos del caso concreto y escapan al propósito de
la presente unificación».

Igualmente, en relación con la protección especial de que goza la mujer
embarazada y lactante y el fuero de maternidad, en la misma sentencia
de unificación, la Corte Constitucional estableció:

«18.- Los múltiples fundamentos constitucionales a los que se ha hecho referencia muestran
que, tal y como la Corte lo ha indicado en reiteradas oportunidades5, la mujer embarazada y
lactante goza de la especial protección del Estado y de la sociedad, lo cual tiene una
consecuencia jurídica importante: el ordenamiento jurídico debe brindar una garantía
especial y efectiva a los derechos de la mujer que va a ser madre, o que acaba de serlo.6

4 Al respecto, las sentencias T-362 de 1999, T-885 de 2003 y T-245 de 2007.
5
Ver, entre muchas otras, las sentencias T-606 de 1995, T-106 de 1996, T-568 de 1996, T-694 de 1996, C-710 de 1996,
T-270 de 1997, C-470 de 1997.
6 Sentencia C-470 de 1997.

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19-. Este deber de protección estatal, que vincula a todas las autoridades públicas, debe
abarcar todos los ámbitos de la vida social, pero adquiere una particular relevancia en el
ámbito laboral ya que, debido a la maternidad, la mujer ha sido y sigue siendo, objeto de
graves discriminaciones en las relaciones de trabajo.

20.- En esa medida, la especial protección laboral a la mujer embarazada implica que los
principios constitucionales del trabajo adquieren mayor fuerza en estos casos, pues como ha
sostenido esta Corporación “si se admitiera que la madre, o la mujer que va a ser madre, se
encuentran protegidas por los principios laborales en forma idéntica a cualquier otro
trabajador, entonces estaríamos desconociendo la “especial protección” que la
Constitución y los instrumentos internacionales ordenan en estos eventos”7.

Por consiguiente, los principios constitucionales contenidos en el artículo 53, que son normas
directamente aplicables a todas las relaciones laborales, tal y como esta Corporación lo ha
señalado en múltiples oportunidades, adquieren, si se quiere, todavía mayor fuerza normativa
cuando se trata de una mujer embarazada, por cuanto ella debe ser protegida en forma
especial por el ordenamiento jurídico.

21.- Existe entonces, como se desprende del anterior análisis y de la jurisprudencia de esta
Corporación, un verdadero fuero de maternidad8, el cual comprende esos amparos
específicos, que necesariamente el derecho debe prever, a favor de la mujer embarazada,
tales como el descanso remunerado antes y después del parto, la prestación de los servicios
médicos y hospitalarios, la licencia remunerada para la lactancia del recién nacido y la
estabilidad laboral reforzada. Por ende, una regulación que podría ser declarada
constitucional para otros trabajadores, en la medida en que no viola los principios
constitucionales del trabajo (CP art. 53), puede tornarse ilegítima si se pretende su aplicación
a las mujeres embarazadas, por cuanto se podría estar desconociendo el deber especial de
protección a la maternidad que las normas superiores ordenan.

En tal sentido se ha pronunciado esta Corporación a partir de la sentencia C-470 de 1997, en
la cual sostuvo:

“Esta mayor fuerza normativa de los principios constitucionales del trabajo, cuando se
trata de mujeres embarazadas, es clara en materia de garantía a la estabilidad en el
empleo. En efecto, si bien, conforme al artículo 53 de la Carta, todos los trabajadores
tienen un derecho general a la estabilidad en el empleo, existen casos en que este derecho
es aún más fuerte, por lo cual en tales eventos cabe hablar de un derecho constitucional
a una estabilidad laboral reforzada. Esto sucede, por ejemplo, en relación con el fuero
sindical, pues sólo asegurando a los líderes sindicales una estabilidad laboral efectiva,
resulta posible proteger otro valor constitucional, como es el derecho de asociación
sindical (CP art. 39). Igualmente, en anteriores ocasiones, esta Corporación también
señaló que, debido al especial cuidado que la Carta ordena en favor de los minusválidos
(CP art. 54), estas personas gozan de una estabilidad laboral superior, la cual se proyecta
incluso en los casos de funcionarios de libre nombramiento y remoción. En efecto, la
Corte estableció que había una inversión de la carga de la prueba cuando la
constitucionalidad de una medida administrativa sea cuestionada por afectar los derechos
fundamentales de los minusválidos, por lo cual, en tales eventos “es a la administración
a quien corresponde demostrar porqué la circunstancia o condición de desventaja de la

7 Ibídem.
8 Ver sentencia T-568 de 1996, Fundamento Jurídico No 5.

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persona protegida por el Estado no ha sido desconocida como consecuencia de su
decisión9”.

“En ese mismo orden de ideas, la Corte considera que, por las razones largamente
expuestas en los fundamentos anteriores de esta sentencia, la mujer embarazada tiene un
derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues una de las
manifestaciones más claras de discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despido
injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, debido a los
eventuales sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las
empresas”.
[…]»

En ese contexto, una vez que la Corte Constitucional advirtió la
importancia y el alcance de la estabilidad reforzada de la madre gestante
o en licencia de maternidad, estableció dos requisitos para que
procediera la protección de los derechos fundamentales de la
trabajadora por vía de tutela, a saber: (i) que exista una relación laboral
o de prestación de servicios y, (ii) que la trabajadora se encuentre en
estado de embarazo o en los tres meses posteriores al parto. En
palabras de la Corte:

«44.- Como se ve, la puntualización requerida en este contexto, comienza por el contenido
de la posición inicial adoptada por la Corte Constitucional, consistente en aclarar que para la
procedencia de medidas protectoras resulta exigible únicamente la demostración de que la
mujer haya quedado en embarazo en desarrollo de la alternativa laboral que la vincula. Esto
significa que la protección no dependerá de si la mujer embarazada notifica a su empleador
su condición antes de la culminación del contrato o la relación laboral (como se dijo, esto
solo determinará el alcance de la protección).

[…]

46. Para efectos de claridad en la consulta de los criterios, se listarán a continuación las reglas
jurisprudenciales resultantes del análisis precedente:
Procede la protección reforzada derivada de la maternidad, luego la adopción de medidas
protectoras en caso de cesación de la alternativa laboral, cuando se demuestre, sin alguna
otra exigencia adicional: a) la existencia de una relación laboral o de prestación y, b) que la
mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguiente al parto, en
vigencia de dicha relación laboral o de prestación…».

9 Sentencia T-427 de 1992. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No 7. Ver igualmente la sentencia T-

441 de 1993. MP José Gregorio Hernández Galindo.

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Asimismo, señaló que el alcance de las medidas de protección debe estar
sujeto al hecho de que el empleador conozca o no, en el momento del
despido, el estado de embarazo de la trabajadora, y de la alternativa
laboral desarrollada por la madre, es decir, el tipo de vinculación. En ese
sentido, precisó:

«No obstante, la perspectiva adoptada en la presente unificación consiste en considerar la
procedibilidad de medidas protectoras siempre que se den los requisitos consignados en el
acápite anterior, y trasladar las consecuencias tanto de las particularidades de cada modo de
vinculación o prestación, como del conocimiento del embarazo por el empleador (o
contratista), no a la viabilidad de la protección misma, sino a la determinación de su
alcance. Es decir, se procura la protección siempre que se cumplan los requisitos, pero dicha
protección tendrá un alcance distinto según la modalidad de vinculación que presenta la
alternativa laboral desarrollada por la mujer gestante y según el empleador haya conocido o
no del embarazo al momento del despido».

De lo anterior se colige que para que proceda la protección de la mujer
trabajadora gestante, solamente se requiere que ésta se encuentre en
estado de embarazo o en licencia de maternidad al momento del
despido. Por lo que el conocimiento o no del empleador del estado
de gravidez y el tipo de vinculación, solamente deben tenerse en
cuenta para fijar el alcance de las medidas de protección.

Igualmente, la Corte Constitucional, en la SU070 de 2013, estableció
diferentes hipótesis con las respectivas medidas de protección, las
cuales dependen de los factores anteriormente descritos. Al respecto, y
por considerarse adecuadas al caso concreto, se destacan las siguientes
hipótesis:

«7.- Cuando se trata de una trabajadora que ocupaba en provisionalidad un cargo de carrera
y el cargo sale a concurso o es suprimido, se aplicarán las siguientes reglas: (i) Si el cargo
sale a concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado, deberá ser el de
la mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el cargo a ser proveído y la plaza
en la que se desempeñará quien ganó el concurso, debe ser el mismo para el que aplicó.
Cuando deba surtirse el cargo de la mujer embarazada o lactante por quién ganó el concurso
de méritos, se deberá pagar a la mujer embarazada la protección consistente en el pago de
prestaciones que garanticen la licencia de maternidad; (ii) si hubo supresión del cargo o
liquidación de la entidad, se le debe garantizar a la trabajadora en provisionalidad, la

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permanencia en el cargo hasta que se configure la licencia de maternidad o de ser ello
imposible, el pago de salarios y prestaciones, hasta que la trabajadora adquiera el derecho a
gozar de la licencia.

8-.Cuando se trata de cargos de libre nombramiento y remoción hay que distinguir dos
hipótesis: (i) si el empleador tuvo conocimiento antes de la declaratoria de insubsistencia
habría lugar al reintegro y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, (ii) si
el empleador no tuvo conocimiento, se aplicará la protección consistente en el pago de
cotizaciones requeridas para el reconocimiento de la licencia de maternidad». [Negrillas
fuera del original].

Así pues, la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
mencionada, advirtió que el juez constitucional debe valorar, en cada
caso concreto, los supuestos que rodean el despido de la trabajadora,
con el fin de determinar si subsisten las causas que dieron origen a la
relación laboral:

«En segundo lugar, es preciso señalar que el juez de tutela deberá valorar, en cada caso
concreto, los supuestos que rodean el despido de la trabajadora, para determinar si
subsisten las causas que dieron origen a la relación laboral. Así, por ejemplo, deberá
darse un trato diferenciado si se trata de cargos de temporada o de empresas pequeñas,
respecto de cargos permanentes dentro de grandes compañías o cuando la vacante dejada por
la trabajadora despedida, fue suplida con otro trabajador10» (Negrillas fuera del texto).

En este asunto, la Sala se referirá a las medidas de protección señaladas
en la hipótesis n.º 7, por cuanto la accionante venía ocupando, en
provisionalidad, un cargo de carrera que fue surtido por quien superó el
concurso de méritos y se encontraba en la respectiva lista de elegibles.

3. Caso concreto

En el presente asunto, se tiene que la accionante fue vinculada, en
provisionalidad, como sustanciadora del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Barranquilla el 2 de junio de 2019.

10 Así por ejemplo, en sentencia T-082 de 2012, la Corte Constitucional valoró las circunstancias que rodeaban los casos

estudiados y la imposibilidad fáctica en la que se encontraban los empleadores de procurar el reintegro de las mujeres
embarazadas. Por esta razón no ordenó el reintegro de las peticionarias y reconoció solamente la protección mínima
consistente en el reconocimiento de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud para garantizarles el pago
de la licencia de maternidad y la indemnización del artículo 239 del CST.

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Conforme al Acuerdo n.º CSJATA21-253 del 23 de diciembre de 2021
“Por el cual se formula lista de elegibles ante el Juzgado 2° Civil del
Circuito de Barranquilla, con el fin de proveer el cargo de OFICIAL
MAYOR o SUSTANCIADOR DE JUZGADO DE CIRCUITO GRADO
NOMINADO”, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico, el señor Antonio José Arteta Reyes ocupó el primer lugar en
la lista para el cargo de sustanciador del referido juzgado, por haber
obtenido el mayor puntaje (743,81).

Mediante la Resolución 001 del 7 de febrero de 2022, aclarada con la
Resolución 002 del 11 de febrero de 2022, el señor Arteta Reyes fue
nombrado en propiedad en el cargo.

Dicho nombramiento fue aceptado el 22 de febrero de 2022. La
posesión se programó inicialmente para el 15 de marzo de 2022 pero
fue prorrogada por el término de 15 días, conforme de señaló en la
Resolución 003 del 15 de marzo de los corrientes.

El 1.º de abril de 2022, el señor Antonio José Arteta Reyes tomó
posesión del cargo.

La señora Karen Liliana Trujillo de León tuvo conocimiento de su estado
de embarazo el 15 de febrero de 2022 y ello lo puso en conocimiento
de su nominador el 16 de febrero de 2022.

En este contexto, es claro para esta Sala de Subsección que la
desvinculación de la señora Karen Liliana Trujillo de León del cargo de
sustanciadora que ocupaba en provisionalidad no obedeció a su estado
de gravidez, de manera que no es dable concluir que esta fue
discriminatoria o injusta; por el contrario, tuvo origen en una situación

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ajena a la voluntad del nominador e incluso, de quien fue nombrado en
dicho cargo, puesto que para el momento en que este optó por dicha
sede, se conformó la lista de elegibles e, incluso, se expidieron las
resoluciones de nombramiento, ni la demanda ni su nominador tenían
conocimiento de su estado de gestación.

Por tanto, la pretensión encaminada a obtener la anulación de los actos
de nombramiento y posesión y su consecuente reintegro al cargo no
resulta plausible, pues de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, no es procedente el reintegro de la madre gestante
cuando su desvinculación obedeció a circunstancias válidas, objetivas,
generales y legítimas, por ejemplo, «cuando el origen de la
desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada ocupaba, ha
sido provisto por concurso de méritos».

Así las cosas, en atención a que la señora Trujillo de León ocupó un
cargo en provisionalidad, cuyo carácter temporal era previamente
conocido por esta, y al ser desvinculada por razones objetivas, válidas
y legítimas, como lo era el regreso del titular del cargo, no es
procedente disponer su reintegro.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en señalar que aunque en estos casos surge una clara tensión
entre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las
mujeres en estado de gravidez y las garantías fundamentales
del funcionario nombrado en propiedad después de haber
superado satisfactoriamente un concurso de méritos, el juez
constitucional «está llamado a decidir el sentido de las
controversias que se le planteen consultando, en primer lugar,
el principio de interpretación armónica del texto constitucional,

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según el cual debe preferirse aquella solución que brinde la más
amplia protección de los derechos en conflicto, lo cual supone,
a su vez, la existencia de la más alta forma de armonía entre
éstos(…) Este principio de interpretación impone al juez de tutela el
deber de proteger, dentro del mayor margen posible, los dos derechos
que se contraponen. En tal sentido, dado que ambas posiciones son
amparadas por el ordenamiento constitucional, el juez debe acoger la
solución que mejor las armonice y, así, evitar decisiones que impliquen
el desconocimiento absoluto de alguno de los dos derechos»11 (resalta
la Sala).

De esta manera, en un asunto similar al que hoy ocupa la atención de
esta Sala, la Corte Constitucional, recordando la evolución
jurisprudencial que se ha producido en torno a la protección
constitucional de la mujer embarazada, optó por disponer el pago de
los salarios dejados de percibir por la madre gestante desde su retiro
«hasta cuando el parto se produjo y tres meses más» y de los aportes
a la EPS a la cual estaba afiliada la peticionaria «desde el momento de
su retiro hasta que el menor cumpliera un año de edad, con el fin de
que tanto la madre como el niño pudieran tener acceso al Plan
Obligatorio de Salud»12, al considerar que esta era la solución que más
se acercaba a proteger tanto al funcionario que tenía derechos de
carrera administrativa, como a la madre y al bebé que estaba por nacer.
Así lo señaló la Corte:

«Ahora bien, en sentencia T-885 de 2003 esta Corporación se pronunció sobre la estabilidad
laboral de las mujeres en embarazo que prestan sus servicios a la Rama Judicial del Estado.
Luego de adelantar un abundante estudio de la jurisprudencia constitucional sobre la
materia, la Corte concluyó que el goce de este derecho fundamental que asegura la
mencionada estabilidad laboral no depende del tipo de nombramiento por el cual la mujer

11 Corte Constitucional, sentencia T- 245 de 2007.
12 Ibídem.

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se encuentra vinculada a la Rama. En tal sentido, señaló que no hay razones que encuentren
respaldo en el texto constitucional que permitan restringir el goce de este derecho a ciertas
funcionarias por el tipo de nombramiento que las vincule al empleo. Por el contrario, dado
que las circunstancias a las que se ven abocadas por el embarazo son, de hecho, idénticas,
el ordenamiento no puede dispensar un tratamiento diferente.

En esta providencia la Corte dio solución a la solicitud de amparo presentada por una mujer
embarazada que había sido nombrada en provisionalidad como Citadora Grado 3 en el
Juzgado 5° de Menores de Cali. El titular del cargo cuya vacante se encontraba ocupando
la accionante era un funcionario que había sido nombrado en propiedad, quien, a su vez, se
encontraba ejerciendo de manera transitoria el cargo de sustanciador en el mismo Juzgado.
La ciudadana fue declarada insubsistente debido a que, por acuerdo proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el cargo de sustanciador fue
suprimido, por lo cual el funcionario regresó al cargo de citador Grado 3 del cual era titular
y, en consecuencia, la accionante fue desvinculada.

La Corte dio aplicación a la consideración ya reseñada a propósito de la ilegitimidad de
cualquier restricción del derecho de estabilidad laboral que se funde en la consideración del
tipo de vínculo laboral que tenga la mujer y, en consecuencia, concedió el amparo de los
derechos fundamentales de la mujer.

En idéntico sentido, en sentencia T-173 de 2005 esta Corporación concedió el amparo de
los derechos fundamentales a una mujer embarazada que había sido vinculada en
provisionalidad en el Juzgado Sexto de Menores de Cali. Inicialmente, la trabajadora había
sido contratada para ocupar el cargo de asistente social grado 1, el cual se encontraba
temporalmente vacante, dado que el titular había solicitado al despacho judicial una licencia
de un año. Al culminar dicho período, la trabajadora fue declarada insubsistente, a pesar de
que el Juzgado había sido debidamente notificado del estado de embarazo en el que se
encontraba la accionante. La razón que motivó al Juzgado para adoptar tal decisión fue la
solicitud de reintegro del titular del cargo. En esta ocasión la Corte reiteró las
consideraciones realizadas en la sentencia T-885 de 2003, ya reseñada, para concluir que
no hay argumentos atendibles que permitan la distracción de la protección que el texto
constitucional ofrece a las mujeres embarazadas con base en el tipo de vinculación por la
cual la mujer se encuentra prestando el servicio.

En estos casos surge una colisión entre el derecho a la estabilidad laboral del
funcionario nombrado en propiedad y la estabilidad laboral reforzada reconocida a la
mujer embarazada que debe ser solucionado con base en el principio de armonización
concreta con el objetivo de asegurar la simultánea protección de estos derechos. Sobre
el particular, en sentencia C-475 de 1997, la Sala Plena de esta Corporación se pronunció
sobre los enfrentamientos normativos que se producen en el seno del texto constitucional.
Sobre el particular señaló que “la mayoría de los derechos fundamentales pueden verse
enfrentados a otros derechos o intereses constitucionalmente relevantes. En estas
condiciones, para asegurar la vigencia plena y simultánea de los distintos derechos
fundamentales y, adicionalmente, para garantizar el respeto de otros intereses

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constitucionalmente valiosos, es necesario que los derechos se articulen, auto -
restringiéndose, hasta el punto en el cual resulte posible la aplicación armoniosa de todo
el conjunto”13.

En tal sentido, el juez de tutela está llamado a decidir el sentido de las controversias
que se le planteen consultando, en primer lugar, el principio de interpretación
armónica del texto constitucional, según el cual debe preferirse aquella solución que
brinde la más amplia protección de los derechos en conflicto, lo cual supone, a su vez,
la existencia de la más alta forma de armonía entre éstos.

Este principio de interpretación impone al juez de tutela del deber de proteger, dentro del
mayor margen posible, los dos derechos que se contraponen. En tal sentido, dado que ambas
posiciones son amparadas por el ordenamiento constitucional, el juez debe acoger la
solución que mejor las armonice y, así, evitar decisiones que impliquen el desconocimiento
absoluto de alguno de los dos derechos»14 (negrillas de la Sala).

Por lo anterior, y aunque en el presente asunto es evidente que la
desvinculación de la accionante del cargo de sustanciadora en
provisionalidad no obedeció a ninguna discriminación, y por tanto, no
hay lugar a disponer su reintegro, la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado una línea encaminada a otorgar la mayor protección
posible a la madre y al bebé que está por nacer en estas circunstancias,
que consiste en que el empleador debe sufragar los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta el momento que adquirió el
derecho a gozar de la licencia de maternidad y por tres meses
posteriores a la terminación de la misma.

Como consecuencia de lo anterior, se concederá el amparo de los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad laboral
reforzada de la accionante y del menor que está por nacer y, en
consecuencia, se ordenará a la Sala Administrativa del Consejo Superior

13 En el mismo sentido, sentencia T-933 de 2005: “En relación con este tema, la Corporación viene sosteniendo

que la Carta Política no consagró un sistema jerárquico entre sus normas, sino un modelo de preferencia relativa
condicionada a las circunstancias específicas de cada caso, de manera que le compete al legislador y a los
operadores jurídicos, en el ámbito de sus competencias, procurar armonizar los distintos derechos y principios,
y cuando ello no sea posible, es decir, cuando surjan conflictos entre ellos, entrar a definir las condiciones de
prevalencia temporal del uno sobre el otro”
14 Corte Constitucional, T-245 de 2007.

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de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Atlántico que, en el término de un (1) mes contado a partir
de la notificación de esta providencia, pague a la señora Karen Liliana
Trujillo de León los salarios y prestaciones dejados de percibir desde su
desvinculación del cargo de sustanciadora del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Barranquilla hasta la fecha en que haya adquirido su derecho
a la licencia de maternidad y por tres meses más correspondientes al
periodo de lactancia, posteriores a la culminación de la licencia.
Asimismo, que efectúe los correspondientes aportes al sistema de
seguridad social, garantizando que entre la desvinculación y la
reactivación del pago, no se produzca ninguna interrupción o solución
de continuidad.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA

PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la estabilidad laboral reforzada de la señora
Karen Liliana Trujillo de León. En consecuencia,

SEGUNDO: ORDÉNASE al Consejo Seccional de la Judicatura de
Risaralda y a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Risaralda que en el término de un (1) mes
contado a partir de la notificación de esta providencia,
pague a la señora Karen Liliana Trujillo de León los

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C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 14 2 7- 0 0
A c ci o na n t e: K ar e n Li li a na T r u ji ll o D e L e ón

salarios y prestaciones dejados de percibir desde su
desvinculación del cargo de sustanciadora del Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Barranquilla hasta la fecha
en que haya adquirido su derecho a la licencia de
maternidad y por tres meses más correspondientes al
periodo de lactancia, posteriores a la culminación de la
licencia. Asimismo, que efectúe los correspondientes
aportes al sistema de seguridad social, garantizando que
entre la desvinculación y la reactivación del pago, no se
produzca ninguna interrupción o solución de continuidad.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente En comisión

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