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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01434-00

Fecha
9 de mayo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01434-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

9 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01434-00
Demandante: Bogotá, Distrito Capital, Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C. y Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos —UAESP—
Demandado: Tribunal de Arbitraje, Centro de Conciliación y Arbitraje ante la
Cámara de Comercio de Bogotá integrado por los árbitros Juan
Carlos Expósito Vélez, Héctor Mauricio Medina Casas y Felipe
Cuberos de las Casas

Temas: Tutela contra laudo arbitral/ ausencia del requisito de
subsidiariedad/ recurso extraordinario de anulación / falta de
subsidiariedad / no configuración del mecanismo transitorio como
perjuicio irremediable

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el Distrito Capital de Bogotá,
Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos—UAESP— en adelante UAESP,
contra el Tribunal de Arbitraje, Centro de Conciliación y Arbitraje ante la Cámara de
Comercio de Bogotá, en aras de obtener la protección del derecho fundamental al
debido proceso.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01434-00
Demandante: Bogotá, Distrito Capital, Secretaría Jurídica Distrital de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos -UAESP-

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el secretario jurídico de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C. y el subdirector de Asuntos Legales de la UAESP, solicitaron la
protección del derecho fundamental al debido proceso, así como el derecho a un
ambiente sano de todos los bogotanos.

Como consecuencia de lo anterior, deprecaron que se deje sin efectos el laudo
arbitral proferido por el Tribunal accionado el 8 de noviembre de 2021.

1.1.2. Los hechos

La parte accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 20 de junio de 2016 la UAESP1 solicitó ante la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico —CRA—, la verificación de motivos que
permitieran la celebración de contratos de concesión para establecimientos de área
de servicio exclusivo —ASE—, de prestación de servicio público de aseo en Bogotá
D.C.2, lo cual fue atendido a través de la Resolución 786 de 2017.

ii) El 11 de agosto de 2017, la UAESP publicó el proyecto de pliego de
condiciones del proceso de selección que hizo parte de la Licitación Pública UAESP-
LP-02-2017, junto con todos los documentos que harían parte integral de los
contratos de concesión, dentro de los que se encontraba el «ANEXO 5 –
REGLAMENTO COMERCIAL Y FINANCIERO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.», con las
condiciones de remuneración para todos los concesionarios.

1
En virtud de lo previsto en los artículos 40 de la Ley 142 de 1994; 1.3.7.6. y 1.3.7.7. de la Resolución
CRA 151 de 2001.
2
Para las actividades de comercialización, recolección y transporte de residuos no aprovechables,
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas
públicas y mantenimiento de cestas.

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Demandante: Bogotá, Distrito Capital, Secretaría Jurídica Distrital de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Unidad Administrativa Especial de Servicios
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iii) Mediante la Resolución UAESP 2 de 2018 se adjudicó a la Promesa de
Sociedad Futura —Promoambiental Distrito S.A. E.S.P.— el ASE número 1; a la
sociedad Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P el ASE número 2; a Ciudad Limpia
Bogotá S.A. E.S.P. el ASE número 3 y a la Promesa de E.S.P. Futura Bogotá Limpia
el ASE número 5. El 18 de enero de ese año se celebraron, respectivamente, los
contratos de concesión 283, 284, 285, 286 y 287 y a través de la Resolución UAESP
27 de 2018 se adoptó, como de obligatorio cumplimiento, el reglamento comercial y
financiero contenido en el Anexo 5 del pliego de condiciones.

iv) En la cláusula décima de los contratos de concesión y en el numeral tercero
del reglamento comercial y financiero, se estableció que la remuneración sería
pagada por la fiducia contratada para el efecto, de acuerdo con la liquidación
efectuada por el ente procesador de la información —EPISA—, para lo cual los
concesionarios constituyeron la sociedad Proceraseo.

v) El 6 de agosto de 2019, Promoambiental Distrito S.A. E.S.P. con fundamento
en el contrato de concesión 283 de 2018 celebrado con la UAESP, presentó
demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al considerar que la remuneración debía liquidarse de acuerdo a los
kilómetros barridos y no con aplicación del recaudo por suscriptor de cada ASE.

vi) A través de laudo arbitral del 4 de julio de 2021, fueron desestimadas las
pretensiones, al establecerse que la Resolución CRA 720 de 2015 no contempla un
mecanismo de distribución de los recursos, sino el método para calcular tarifas, que
era el previsto en el reglamento comercial y financiero, según el cual la remuneración
debía tener en cuenta lo recaudado por cada ASE.

vii) El 7 de febrero de 2019, Promoambiental Distrito S.A. E.S.P. demandó a
Proceraseo y a los otros cuatro concesionarios, ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en virtud del artículo 38 de los
estatutos sociales de Proceraseo, al considerar que este último no ejercía en debida
forma su objeto social en cuanto a la liquidación de la remuneración, por lo que
solicitó que la sociedad convocada pagara las sumas dejadas de percibir, sin que

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controvirtiera la legalidad del reglamento comercial y financiero, la Resolución
UAESP 027 de 2018 o su modificación.

viii) A este trámite arbitral no fue vinculada la UAESP. El 8 de noviembre de 2021
se profirió el respectivo laudo arbitral en el cual se sostuvo que la variable de
recaudo total (RT) de cada ASE para los concesionarios, no corresponde al recaudo
de los recursos pagados por los suscriptores de la respectiva ASE, sino por las
actividades efectivamente prestadas (kilómetros atendidos).

ix) El 23 de noviembre de 2021, el Tribunal de Arbitraje como consecuencia de
una solicitud de adición presentada por Promoambiental Distrito S.A. E.S.P.,
complementó la decisión, en el sentido de condenar a Proceraseo a pagar las sumas
dejadas de percibir por la actividad de limpieza urbana.

x) Entre el 31 de diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022, Bogotá Limpia
S.A.S. E.S.P., Proceraseo, Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Área Limpia Distrito
Capital S.A.S. E.S.P. y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., presentaron recurso
extraordinario de anulación en contra del laudo arbitral del 8 de noviembre de 2021 y
su complementario del 23 de noviembre de ese año.

xi) Desde noviembre de 2021, la Fiduciaria Credicorp Capital no ha pagado a las
concesionarias los recursos correspondientes a las actividades de limpieza urbana y
barrido, como consecuencia de la modificación realizada al laudo en lo atinente a la
regla de remuneración establecida en el reglamento comercial y financiero de los
contratos de concesión, adoptada en la Resolución UAESP 027 de 2018.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la parte accionante, el laudo arbitral del 8 de noviembre de 2021,
proferido por el Tribunal de Arbitraje, Centro de Conciliación y Arbitraje ante la
Cámara de Comercio de Bogotá, incurre en las siguientes causales: i) defecto
orgánico y ii) defecto procedimental, en atención a las siguientes circunstancias:

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i) Defecto orgánico: El Tribunal de Arbitraje excedió las limitaciones establecidas
en el pacto arbitral que le dio origen, la Constitución y la ley, al modificar el
reglamento comercial y financiero, por cuanto en la práctica determinó una nueva
forma en la que debía interpretarse la remuneración a los concesionarios,
abiertamente contraria y distinta a su contenido literal, en la medida que:

a) El reglamento comercial y financiero prevé que la remuneración de los
concesionarios depende del recaudo que cada uno haga en su ASE, según el
número de usuarios y no de los kilómetros barridos como lo estimó el laudo arbitral.

b) También modificó la Resolución CRA 720 de 2015 y el principio de suficiencia
financiera de la Ley 142 de 1994, como se puede observar en el siguiente cuadro
diferencial:

Reglamento Comercial y Financiero Modificación realizada en el laudo del 8
Resolución UAESP 27 de noviembre de 2021
“La remuneración al concesionario La remuneración al concesionario
corresponderá al Recaudo Base de corresponderá al Recaudo Base de
Remuneración (RBR). Remuneración (RBR). El Recaudo Base de
El Recaudo Base de Remuneración del Remuneración del Concesionario (RBR)
Concesionario (RBR) corresponde al corresponde al Recaudo Total de la
Recaudo Total, descontando el Recaudo ciudad, descontando el Recaudo por
por Disposición Final, el Recaudo por Disposición Final, el Recaudo por
Tratamiento de Lixiviados, el Recaudo de Tratamiento de Lixiviados, el Recaudo de
Aprovechamiento, el recaudo de Aprovechamiento, el recaudo de
componente de Comercialización destinado componente de Comercialización destinado
para la actividad de Aprovechamiento y el para la actividad de Aprovechamiento y el
balance de subsidios o contribuciones de su balance de subsidios o contribuciones de
ASE. toda la ciudad en proporción a las
En consecuencia, el RBR, en cada área actividades efectivamente realizadas por
de Servicio Exclusivo – ASE – dependerá cada concesionario en las actividades
del recaudo por componentes de colectivas para la prestación del servicio
esquema tarifario en su ASE de aseo.
correspondiente.”

c) El Tribunal de Arbitramento accionado, pese a ser consciente de la falta de
competencia para hacer dicha modificación y con alteración del reglamento comercial
y financiero, en la práctica le dio un alcance y contenido que difiere al que realmente
ostenta tal y como lo advirtió el árbitro que salvó el voto.

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d) Al considerar que la remuneración debe hacerse con base en la Resolución
CRA 720 de 2015 y la Ley 142 de 1994, lo que el Tribunal de Arbitraje hizo fue un
juicio de legalidad, que conllevó declarar la nulidad de las liquidaciones realizadas
por Proceraseo antes del laudo arbitral.

ii) Defecto procedimental absoluto: se evidencia en las siguientes circunstancias:

a) El Tribunal accionado modificó un acto administrativo de carácter general sin
haberse surtido el procedimiento establecido para ello, lo cual implicó, a su vez, la
modificación del pliego de condiciones fijado por la UAESP y de los contratos de
concesión suscritos con los demás concesionarios.

b) Conforme a lo anterior, no se surtió el procedimiento aplicable para fallar,
comoquiera que el Tribunal de Arbitraje omitió convocar a la UAESP, pese a ser la
entidad que adelantó el proceso licitatorio y celebró los cinco contratos de concesión,
lo que le impidió ejercer sus derechos de defensa y contradicción, máxime si se tiene
en cuenta que el laudo arbitral del 8 de noviembre de 2021 modificó los documentos
contractuales, la Resolución UAESP 027 de 2018, el esquema de aseo y el modelo
financiero estructurado para prestar dicho servicio en el Distrito Capital, aspectos que
implican el desconocimiento del artículo 61 del CGP.

c) Incurrió en este defecto al modificar un acto administrativo de carácter general
que no fue objeto de impugnación, dado que como consecuencia de la errónea
interpretación que realizó frente al reglamento comercial y financiero, afectó la
Resolución UAESP 027 de 2018 la cual está dotada de presunción de legalidad y no
ha sido declarada nula por la autoridad judicial competente.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 8 de marzo de 2022, se requirió a la parte accionante para
que allegara: i) memorial con manifestación juramentada de no haber presentado
otra acción de tutela sobre iguales hechos, partes o pretensiones y ii) documentación
necesaria para demostrar la legitimación por activa de quienes suscribieron el escrito
de solicitud de amparo.

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1.2.2. Una vez allegada la información, el 28 de marzo de 2022, por un lado, se
negó por improcedente la medida cautelar solicitada y por otro, se admitió la acción
de tutela, por lo que se ordenó notificar como demandados a los árbitros del Tribunal
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación,
quienes conocieron del expediente con radicado 117263, y que dio origen al presente
trámite constitucional; y como terceros interesados en las resultas de este proceso a
Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.; a Procesador de Información del Servicio de
Aseo Proceraseo S.A.S.; a Limpieza Metropolitana S.A.S. E.S.P.; a Ciudad Limpia
Bogotá S.A.S. E.S.P.; a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y a Área Limpia Distrito Capital
S.A.S. E.S.P.

Adicionalmente, se comisionó al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación, para que notificara de esta acción
constitucional a todas las personas que intervinieron dentro del trámite que se
adelantó con el radicado 117263, exceptuando a los antes mencionados, quienes
fueron vinculados como terceros interesados en las resultas de este proceso.
Igualmente, se requirió a dicho órgano para que hiciera llegar una copia del
respectivo expediente digital.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Del Tribunal de Arbitraje, Centro de Conciliación y Arbitraje ante la
Cámara de Comercio de Bogotá

1.3.1.1. Los árbitros Juan Carlos Expósito Vélez y Héctor Mauricio Medina Casas, se
opusieron a la prosperidad de la acción de tutela, con fundamento en las siguientes
razones:

i) La UAESP pudo actuar en el proceso arbitral y solicitar su anulación y no lo
hizo; además, no existe un litisconsorcio necesario con dicha entidad que obligara a
vincularla al proceso. Adicionalmente, en ningún momento el Tribunal modificó el
reglamento comercial y financiero aludido, simplemente, interpretó la fórmula allí
contenida.

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ii) No se cumple con el requisito de subsidiariedad habida cuenta que la UAESP
pudo solicitar su vinculación al trámite arbitral. Igualmente, contó con un mecanismo
judicial de defensa del que no hizo uso, como lo es el recurso extraordinario de
anulación3, comoquiera que con ocasión del auto 18 del 14 de enero de 2021 el
Tribunal de Arbitraje requirió de dicha Unidad, un informe sobre el proceso licitatorio
y la concesión de las áreas de servicio exclusivo, así como del procedimiento surtido
frente a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., cuya respuesta fue allegada
mediante oficio del 22 de febrero de 2021, por tanto, se enteró de la existencia del
proceso y pese a ello prefirió mantenerse al margen.

iii) La UAESP también conoció de la expedición del laudo arbitral y de su
contenido, pues en la demanda de tutela que ahora formula, menciona en forma
precisa y concreta los recursos extraordinarios de anulación que fueron interpuestos,
lo cual evidencia que tuvo la oportunidad de promover el mentado recurso y no lo
hizo.

iv) El Tribunal de Arbitraje analizó si había lugar o no a la vinculación de la
UAESP y concluyó que «(…) las pretensiones incorporadas en el libelo no tienen su
origen en el Contrato de Concesión No. 283 de 2018 y en ellas no se cuestiona de
manera frontal la conducta contractual de la UAESP, entidad pública que no tiene la
calidad de accionista de la convocada, razón más que suficiente para concluir que no
ostenta la calidad de litisconsorte necesario (…)».

v) El defecto orgánico fundado en que supuestamente hubo un exceso de
competencia al haber modificado el reglamento comercial y financiero, no tiene
vocación de prosperidad, por cuanto como lo reconoce la propia accionante, en la
actualidad están pendientes de resolver varios recursos extraordinarios de anulación
interpuestos por los integrantes del extremo convocado en el arbitraje en contra del
laudo arbitral del 8 de noviembre de 2021.

3
«al amparo de lo previsto en el artículo 41 numeral 4 de la Ley 1563 de 2012, norma según la cual el
laudo es anulable por “Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta
de notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad”».

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vi) En la primera audiencia de trámite el Tribunal de Arbitraje definió que era
competente para resolver la controversia planteada sobre las liquidaciones
realizadas por Proceraseo y la información que envía a la fiduciaria para el pago de
los prestadores públicos de aseo en el Distrito Capital, por lo que no es cierto que
con el laudo arbitral se hubiese modificado el reglamento comercial y financiero, pues
lo que hizo fue determinar el yerro en la interpretación que Proceraseo venía
realizando de la variable RT de la fórmula contenida en el Anexo No. 5 del
reglamento comercial y financiero, al establecer que la misma disponía que los
concesionarios se deben remunerar con el recaudo exclusivo de los ingresos
pagados por los suscriptores de su ASE.

vii) El Tribunal de Arbitraje no hizo pronunciamiento en punto de la legalidad del
reglamento comercial y financiero y tampoco lo modificó ni lo derogó vía
interpretación, dado que de acuerdo con lo solicitado, se refirió a si las liquidaciones
hechas por Proceraseo frente a dos componentes del servicio y en virtud del objeto
social para el cual se constituyó toda vez que se estaban haciendo en contravía de lo
dispuesto por la Resolución CRA 720 de 2015.

1.3.1.2. El árbitro Felipe Cuberos de las Casas, se pronunció sobre la acción de
tutela, con el fin de que se deniegue por improcedente, para lo cual expresó los
siguientes aspectos:

i) Una acción de tutela contra el laudo arbitral aquí cuestionado, con
fundamentos jurídicos equivalentes e idénticos a los alegados en esta oportunidad,
fue resuelta en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 22 de marzo de 2022, en el sentido de negar el amparo solicitado por Área
Limpia Distrito Capital S.A.S., por improcedente, al no cumplir el requisito de
subsidiariedad, dado que se encuentra pendiente de decisión el recurso de anulación
interpuesto por la accionante, quien además, no acreditó la causación de un perjuicio
irremediable. La segunda instancia aún no ha sido resuelta.

ii) La UAESP carece de legitimación en la causa por activa para presentar una
tutela contra un laudo arbitral proferido en un proceso en el cual no fue parte, pues

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permitir ello genera una grave inseguridad jurídica en detrimento de las propias
partes del proceso y de las reglas fundamentales de toda actuación.

iii) La acción de tutela pretende que se amparen los derechos a la salud y a un
medio ambiente sano para todos los bogotanos, lo cual la hace improcedente, por
dirigirse a la protección de derechos colectivos; aunado a que las accionantes no han
demostrado que exista conexidad entre la supuesta violación de sus derechos
fundamentales (al debido proceso), y los daños a los derechos colectivos que alegan.

iv) No han acreditado que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial en contra del laudo dado que los recursos de
anulación que mencionan en el escrito de tutela y que se encuentran pendientes de
decisión, se basan en argumentos relacionados con la supuesta falta de competencia
del Tribunal Arbitral, lo que contraviene el requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela. Adicionalmente, no se evidencia que se esté en riesgo de consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable y, por el contrario, lo que se aprecian son
consecuencias económicas que el laudo supuestamente tendría frente a los
concesionarios y no respecto a sus propios derechos o intereses, lo cual a todas
luces es improcedente.

v) No han demostrado que su caso tenga relevancia constitucional, comoquiera
que la acción de tutela no cumple el test que para el efecto dispuso la Corte
Constitucional en la sentencia T-131 de 2021, en la medida que se refieren a
discusiones económicas relacionadas con la condena impuesta en el laudo y que
tienen conexión con la interpretación de un contrato o su valoración probatoria por
parte del Tribunal de Arbitraje.

vi) Tampoco han demostrado el desconocimiento al debido proceso en su faceta
constitucional, pues plantean una discusión sobre la conformación de un
litisconsorcio, que es legal y no constitucional, lo cual evidencia que lo pretendido
con la acción de tutela es que el Consejo de Estado funja como una tercera instancia
para reabrir el proceso.

1.4. Intervenciones

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1.4.1. De Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

El apoderado de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., en su intervención, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se nieguen todas las
pretensiones incoadas, con fundamento en los argumentos que se exponen a
continuación:

i) En este proceso la UAESP intercede por la protección de los intereses
económicos de algunos de los concesionarios del servicio de aseo del Distrito
Capital, con el argumento de una presunta vulneración a su derecho fundamental al
debido proceso, y depreca que se deje sin efectos el laudo arbitral proferido el 8 de
noviembre de 2021, en el que fueron derrotados cuatro de los cinco concesionarios
del servicio de aseo y se les ordenó pagar una cantidad de dinero que recibieron por
servicios que no han prestado.

ii) La UAESP carece de legitimación en la causa por activa, al tenor de lo
dispuesto en el Acuerdo Distrital 257 de 2006 en cuanto a la naturaleza, objeto y
funciones básicas de la citada Unidad Administrativa Especial, así como en virtud del
artículo 367 de la Constitución Política, toda vez que el Distrito Capital no tiene la
titularidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Por tanto, no
cuenta con la facultad para exigir la supuesta protección del servicio de aseo, menos
aun cuando lo hace para proteger a alguno de los concesionarios, competencia que
le corresponde determinar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico –CRA–, que en materia de régimen tarifario y remuneratorio
rige los contratos de concesión y para el efecto, profirió la Resolución CRA 720 de
2015.

iii) El laudo arbitral objeto de la acción constitucional, no cambió las condiciones
contractuales pactadas en los contratos de concesión adjudicados y suscritos por la
UAESP al amparo de la Licitación Pública LP-UAESP-002-2017. Tampoco tiene
efecto alguno sobre la exclusividad (ASE), por el contrario, se atiene a lo decidido al
respecto por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en
la Resolución CRA 786 de 2018, y aplica en materia tarifaria y remuneratoria la

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Resolución CRA 720 de 2015. Finalmente, no se ocupa de las funciones de la
UAESP ni contraría la naturaleza o contenido de los actos administrativos que esta
entidad ha proferido.

iv) La acción de tutela interpuesta contra el laudo arbitral proferido el 8 de
noviembre de 2021, es manifiestamente improcedente, toda vez que: i) no tiene
relevancia constitucional ni evidencia ninguna irregularidad procesal con incidencia
directa en la decisión y ii) no se han agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios, ni se cumple el criterio excepcional del perjuicio irremediable para
que proceda la acción constitucional.

1.4.2. De Procesador de Información del Servicio de ASEO S.A.S. —
Proceraseo—

Por intermedio de apoderado Proceraseo se pronunció sobre la presente acción de
tutela, y advirtió que está de acuerdo con la configuración de los defectos orgánico y
procedimental absoluto alegados por la accionante, bajo los siguientes argumentos:

i) El defecto orgánico se evidencia en la modificación ilegal al reglamento
comercial y financiero que realizó el Tribunal de Arbitraje, pese a no estar habilitado
para resolver la controversia respecto de la fórmula de remuneración de los contratos
de concesión, por cuanto la cláusula compromisoria se estableció únicamente para
dirimir controversias que surgieran con ocasión de los estatutos y entre los
accionistas o entre los accionistas y Proceraseo.

ii) El Tribunal Arbitral constituido para dirimir las controversias surgidas de los
estatutos sociales de Proceraseo, y entre sus accionistas y ésta, concretamente
Promoambiental Distrito Capital S.A. E.S.P., sin ninguna competencia para ello
interpretó la fórmula de remuneración de los concesionarios respecto de los
componentes costo de limpieza urbana por suscriptor (CLUS) y de barrido y limpieza
de vías y áreas públicas por suscriptor (CBLS) y dejó como consecuencia una
alteración en la estructura tarifaria definida por la CRA en la Resolución CRA 943 de
2021.

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iii) El Tribunal accionado incurrió en defecto procedimental absoluto por no
vincular a la UAESP y decidir sobre la remuneración de los concesionarios, pues no
tuvo en cuenta los efectos que esto tiene sobre los contratos de concesión suscritos
entre dicha entidad y los prestadores del servicio y la necesidad de garantizarles el
derecho de defensa y contradicción como litisconsortes necesarios, lo cual constituye
una omisión grosera y arbitraria.

iv) También existe defecto procedimental absoluto por la modificación de un acto
administrativo con presunción de legalidad en desconocimiento de las normas
procesales que regulan la materia y, con ello, las relacionadas con la distribución de
competencias y la impugnación de actos administrativos.

1.4.3. De Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. —Lime—

La apoderada general suplente y apoderada general de Lime, coadyuvó la acción de
tutela y solicitó acceder a la totalidad de las pretensiones, teniendo en cuenta los
múltiples vicios insubsanables cometidos por el Tribunal accionado relacionados con:

i) La violación directa de la Constitución Política por el desconocimiento del
derecho al debido proceso al adoptar decisiones en contra de la UAESP, pese a no
haber sido vinculada al proceso arbitral.

ii) La comisión de un defecto material o sustantivo por imprimirle alcances
inexistentes a la Resolución 720 de 2015 de la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento.

iii) Los numerosos defectos fácticos, entre los cuales se destacan la falta
absoluta de pruebas para respaldar la declaración de nulidad de las «liquidaciones»
supuestamente irregulares efectuadas por Proceraseo S.A.S para la remuneración
de los concesionarios del servicio de aseo en Bogotá, y la consideración como
prueba lícita de un peritaje sin fundamento técnico, elaborado con el
desconocimiento de las normas aplicables, en especial el reglamento comercial y
financiero, así como la interpretación y modificación por vía de un arbitraje civil y sin
audiencia o defensa de la entidad pública de actos administrativos de carácter

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general y de contratos estatales, cuya legalidad y validez no era parte de las
pretensiones de la demanda.

iv) El defecto orgánico derivado de la falta de competencia absoluta por parte del
Tribunal accionado para pronunciarse sobre pretensiones que ya habían sido
resueltas por otra autoridad judicial, máxime cuando la sociedad allí demandante
pretendió, por dos vías procesales arbitrales, idénticas pretensiones, basadas en los
mismos hechos.

v) La tutela resulta procedente por cuanto es el único remedio judicial idóneo y
efectivo al alcance de la accionante como víctima del Tribunal demandado y con su
empleo se busca prevenir la configuración de un perjuicio irremediable, tanto en
detrimento de las empresas vinculadas a este trámite, como en contra de los
millones de usuarios del servicio de aseo y limpieza de la ciudad de Bogotá, por lo
que subsidiariamente, solicita que se suspendan los efectos del laudo arbitral, hasta
tanto se resuelvan de fondo por el juez competente, los recursos de anulación
interpuestos para evitar la afectación a la prestación del servicio público de aseo.

1.4.4. De Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. —Ciudad Limpia—

El representante legal de Ciudad Limpia se pronunció respecto de la acción de tutela
de la referencia y manifestó que la coadyuva, habida cuenta de que con el
procedimiento adelantado y el laudo arbitral enjuiciado, el Tribunal accionado vulneró
de manera grave sistemática y reiterada, varios derechos fundamentales de la
UAESP, toda vez que:

i) Negó la vinculación de la UAESP al proceso arbitral de manera arbitraria,
deliberada y consciente, a pesar de tener la obligación de hacerlo en virtud de lo
previsto en el artículo 36 de la Ley 1563 de 2012.

ii) Modificó el reglamento comercial y financiero, sin tener competencia para
hacerlo y pese a ser un acto administrativo expedido por la UAESP, sin observar los
trámites legalmente dispuestos para el efecto, decisión que goza de presunción de
legalidad y que es, además, parte integral tanto del Contrato de Concesión No. 283

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de 2018 celebrado entre la Unidad en mención y Promoambiental como de los
demás contratos de concesión suscritos para el servicio de aseo de Bogotá, D.C.

iii) Al interpretar la fórmula para calcular la remuneración de los concesionarios
por el servicio de aseo, el Tribunal modificó la sustancia y los efectos económicos de
la Resolución 27 del 2018 de la UAESP.

1.4.5. De Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. —Bogotá Limpia—

El representante legal de Bogotá Limpia, al pronunciarse sobre la acción de tutela
advirtió estar de acuerdo con cada uno de los cargos allí formulados y solicitó que se
declare la protección del derecho fundamental al debido proceso en los términos
reclamados. En sustento de su dicho expuso lo siguiente:

i) El Tribunal accionado incurrió en defecto orgánico por cuanto desconoció la
separación de poderes contenida en la carta política, al regular las tarifas de un
contrato estatal, y con ello inaplicó un acto administrativo, esto es, el reglamento
comercial y financiero y, por ende, extralimitó su competencia pues, finalmente,
interpretó la fórmula de remuneración contemplada para los contratos de concesión y
modificó la estructura tarifaria.

ii) La actuación del Tribunal constituye un defecto procedimental absoluto, pues
modificó un acto administrativo de carácter general que no fue impugnado, sin tener
en cuenta el procedimiento establecido por la ley para discutir su legalidad.

iii) Incurre en un defecto procedimental absoluto por abstenerse de vincular a la
UAESP al proceso arbitral promovido por Promoambiental contra Proceraseo, debido
a que el contenido de la decisión del laudo arbitral del 8 de noviembre de 2021 afectó
los contratos de concesión de los que hace parte la entidad distrital.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

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De acuerdo con lo previsto en el numeral 9 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las
acciones de tutela dirigidas contra los Tribunales de Arbitraje serán repartidas, para
su conocimiento en primera instancia, a la autoridad judicial que conoce del recurso
de anulación», en concordancia con lo previsto en el artículo 149 numeral 7 del
CPACA que establece que la Sala Plena del Consejo de Estado, por medio de sus
secciones y subsecciones conoce del recurso extraordinario de anulación, esta Sala
de decisión es competente para conocer la presente acción de tutela, promovida
contra el Tribunal de Arbitramento, Centro de Conciliación y Arbitraje ante la Cámara
de Comercio de Bogotá, por la expedición del laudo arbitral del 8 de noviembre de
2021.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir el laudo arbitral del 8 de noviembre de
2021, proferido por el Tribunal de Arbitramento, Centro de Conciliación y Arbitraje
ante la Cámara de Comercio de Bogotá integrado por los árbitros Juan Carlos
Expósito Vélez, Héctor Mauricio Medina Casas y Felipe Cuberos de las Casas. En
caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción del referido laudo
se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante y si se
configuran las causales de procedibilidad defecto orgánico y defecto procedimental
absoluto.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones
arbitrales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

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El Decreto 2591 de 1991 reglamentó el ejercicio de la acción de tutela y estableció
en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la
Corte, no puede hablarse de un atentado contra la seguridad jurídica de los
asociados.

Dichos eventos, en virtud del artículo 116 de la Constitución Política, resultan
igualmente aplicables a las decisiones de los particulares que transitoriamente son
investidos con funciones jurisdiccionales, para resolver un conflicto en el que los
interesados voluntariamente acuden al arbitraje en orden a dirimir sus diferencias.

En materia de arbitraje4, cuando las partes en conflicto deciden habilitar a un tercero
para ejercer funciones jurisdiccionales, las decisiones proferidas por el árbitro en
virtud de la investidura transitoria ostentan la calidad de providencias judiciales.

De allí que las decisiones arbitrales, puedan, al igual que las decisiones judiciales,
ser objeto de acción de tutela de manera excepcional, de tal suerte que es dable que
sean analizadas bajo las reglas generales de procedencia consolidadas en la
sentencia C-590 de 20055, en cuanto a las causales genéricas, es decir, aquellas
que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción,

4
De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, el arbitraje es un mecanismo alternativo de
solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia
relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice.
5
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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dado que las específicas de procedibilidad, en virtud de la naturaleza especial de la
justicia arbitral, han sido determinadas con mayor rigurosidad, a fin de verificar su
procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las
siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso siempre
que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de una acción de tutela contra
una sentencia de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen
exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra las decisiones
arbitrales de naturaleza «excepcional».

Como se indicó, respecto de las causales de procedencia especial de la acción de
tutela contra decisiones arbitrales, la Corte Constitucional a través de la sentencia
SU-174 de 2007, previó una mayor exigencia en los requisitos, en atención a la
autonomía de la voluntad de las partes para acudir a este mecanismo de solución de
conflictos y habilitar transitoriamente a particulares para ejercer la función pública de
administrar justicia, que concluye con la expedición del laudo arbitral, el que tiene
fuerza vinculante y hace tránsito a cosa juzgada.

La jurisprudencia constitucional en mención consideró que los laudos arbitrales
gozan de estabilidad jurídica, por lo que el respeto al margen de interpretación legal y
contractual del tribunal arbitral conlleva a que el juez de tutela, en principio, no pueda
pronunciarse sobre el fondo del asunto, salvo que se incurra en vías de hecho que
impliquen una vulneración directa a un derecho fundamental.

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En igual sentido, la sentencia T-466 de 2011, se ocupó de señalar y desarrollar las
causales específicas de procedibilidad, las cuales son aquellas que se centran en el
estudio de la decisión que se ataca, vale decir: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto
orgánico, (iii) defecto fáctico, y (iv) defecto procedimental.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20126, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, decisión que resulta aplicable en relación con los laudos
arbitrales, y que admite que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de decisiones que resulten violatorias de derechos fundamentales
relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el
derecho de defensa, para lo cual se observarán los parámetros fijados por la ley y la
jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 20147 se acogió un plazo seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término
de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, y que resulta aplicable
tratándose de decisiones emitidas por los tribunales arbitrales y en consonancia con
los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de
Arbitraje, Centro de Conciliación y Arbitraje ante la Cámara de Comercio de
Bogotá, el 8 de noviembre de 2021 en virtud de la demanda arbitral promovida
por Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., contra Procesador de Información
del Servicio de Aseo S.A.S.

2.4.1. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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2.4.2. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que la providencia censurada fue proferida con ocasión de la demanda
arbitral interpuesta por Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., contra Procesador de
Información del Servicio de Aseo S.A.S.

2.4.3. El asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que se invoca la
protección del derecho fundamental al debido proceso.

2.4.4. Se presentó con inmediatez porque el laudo cuestionado es del 8 de
noviembre de 2021, fue adicionado el día 23 de igual mes y año y la acción de tutela
se instauró a través de correo electrónico del 28 de febrero de 2022, con lo cual se
satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el
término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.

2.4.5. Se agotaron los medios de defensa judicial. Con la finalidad de establecer
si se cumple con este requisito se hará una relación de los siguientes:

2.4.5.1. Hechos probados

2.4.5.1.1. El 15 de julio de 2019, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad Promoambiental Distrito
Ambiental S.A.S. E.S.P —Promoambiental— por medio de apoderado, presentó
demanda arbitral en la que convocó a la sociedad Procesador de Información del
Servicio de Aseo —Proceraseo—, con fundamento en la cláusula compromisoria
establecida el artículo 38 de los estatutos sociales de la convocada, prevista para
todo conflicto que surja en relación con los estatutos, entre los accionantes entre sí o
con la sociedad, y que no puedan ser solucionados directamente, en atención al
carácter de accionista de la convocante.

2.4.5.1.2. En las pretensiones de la demanda y su reforma se solicitó, entre otros
aspectos, que se declare que conforme al Acta de Constitución No. 001 y los
estatutos respectivos, que a Proceraseo, en cumplimiento de su objeto social, entre
otras actividades, le corresponde suministrar la información y dar instrucciones

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respectivas con base en las cuales la fiduciaria Credicorp Capital Fiduciaria S.A.
efectúa la liquidación y hace la distribución y el pago de los dineros recaudados vía
tarifas que le corresponde como remuneración de las actividades efectivamente
prestadas a los cinco prestadores del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C.,
bajo el esquema de áreas de servicio exclusivo (ASE), entre ellos, Promoambiental,
en desarrollo y cumplimiento de lo prescrito en la Licitación Pública UAESP-LP-02-
2017 (Anexo 5) y los consecuentes contratos de concesión suscritos.

2.4.5.1.3. Fueron designados como árbitros, de común acuerdo, los doctores
Juan Carlos Expósito Vélez, Héctor Mauricio Medina Casas y Felipe Cuberos de las
Casas, y el Tribunal de Arbitramento se instaló el 29 de octubre de 2019.

2.4.5.1.4. Mediante auto del 2 de febrero de 2019, el Tribunal de Arbitramento
vinculó como litisconsortes necesarios a las sociedades Lime, Ciudad Limpia, Bogotá
Limpia y Área Limpia y a través de providencia del 26 de marzo de 2020 negó la
vinculación de la UAESP y de Credicorp.

Respecto a la vinculación de la UAESP al trámite arbitral como litisconsorte
necesario, advirtió que las pretensiones que fundamentan la demanda no tienen su
origen en el Contrato de Concesión 283 de 2018, es decir el suscrito entre la
mencionada Unidad Especial y Promoambiental, ni se relacionan con la conducta
contractual de la UAESP, entidad pública que tampoco tiene la calidad de accionista
de Proceraseo.

2.4.5.1.5. Una vez concluida las etapas de instrucción y alegaciones, el 8 de
noviembre de 2021, el Tribunal de Arbitramento profirió laudo arbitral y resolvió:

PRIMERO.- Negar la recusación presentada tanto respecto del perito Ricardo Felipe
Herrera Carrillo como del perito Julio Ernesto Villarreal Navarro.
SEGUNDO.- Denegar, en su totalidad, las excepciones de mérito propuestas por los
integrantes del extremo Convocado, en los estrictos términos y por las razones
expuestas en este laudo.
TERCERO.- Declarar que la sociedad PROCESADOR DE INFORMACIÓN DEL
SERVICIO DE ASEO S.A.S. surgió por mandato contractual, con motivo del
adelantamiento y adjudicación de los contratos de la Licitación Pública N° UAESP-
LP-02-2017, adelantada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, declaración que se realiza en los precisos
términos y con los alcances indicados en la parte motiva de esta providencia.

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CUARTO.- Declarar que, conforme al Acta de Constitución No. 001 de 2018 y
estatutos respectivos, a la sociedad PROCESADOR DE INFORMACIÓN DEL
SERVICIO DE ASEO S.A.S., en cumplimiento de su objeto social, entre otras
actividades, le corresponde suministrar la información y dar las instrucciones
respectivas con base en las cuales la fiduciaria CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA
S.A. efectúa la liquidación para la distribución y el pago de los dineros recaudados vía
tarifas, que les corresponde como remuneración por las actividades efectivamente
prestadas a los cinco (5) prestadores del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá
D.C., bajo el esquema de áreas de servicio exclusivo (ASE), en desarrollo y
cumplimiento de lo prescrito en la Licitación Pública N° UAESP-LP- 02- 2017 y en los
contratos de concesión suscritos con base en la misma, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este laudo y con los alcances allí señalados. QUINTO.- En los precisos términos indicados en las consideraciones de este laudo,
declarar que PROCESADOR DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S.,
en cumplimiento de su objeto social, para dar las instrucciones respectivas a la
fiduciaria CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., con base en las cuales se
efectúa la liquidación para la distribución y el pago de los dineros recaudados vía
tarifas, que les corresponde como remuneración por las actividades efectivamente
prestadas a los cinco (5) prestadores del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá
D.C., debe considerar y aplicar lo prescrito en los términos de referencia de la
Licitación Pública N° UAESP-LP-02-2017 y los contratos de concesión respectivos,
en los cuales se previó, para efectos de la definición, liquidación, cobro y recaudo de
las tarifas a los usuarios del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., durante la
vigencia de los contratos, la aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015 y demás
normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. SEXTO.- Declarar, de acuerdo con las consideraciones plasmadas en la parte motiva
y con los precisos alcances allí señalados, que PROCESADOR DE INFORMACIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S., al momento de dar las instrucciones respectivas a
la fiduciaria CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., con base en las cuales se
efectúa la liquidación para la distribución y el pago de los dineros recaudados vía
tarifas, que les corresponde como remuneración por las actividades efectivamente
prestadas a los cinco (5) prestadores del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá
D.C., debe hacerla teniendo en cuenta la Resolución CRA 720 de 2015, y, en
especial, los criterios tarifarios de que trata el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, entre
ellos, el de suficiencia financiera, asegurando que con estas sumas de dinero
obtenidas vía tarifa se sufrague a los prestadores por la efectiva realización de las
actividades de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas y de Limpieza Urbana y
teniendo en cuenta que, en uno y otro evento, se está frente a las denominadas
“tarifas ciudad” y/o "componentes ciudad”.

SÉPTIMO.- Declarar que durante la vigencia de la Resolución CRA 720 de 2015, las
instrucciones que en cumplimiento de su objeto social la sociedad PROCESADOR
DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S. da a la fiduciaria CREDICORP
CAPITAL FIDUCIARIA S.A. y/o a quien corresponda, con base en las cuales se
efectúa la liquidación para la distribución y el pago de los dineros recaudados vía
tarifas, que les corresponde como remuneración a los cinco (5) prestadores del
servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., por la prestación de las actividades de
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, la liquidación se efectué en función de las
actividades efectivamente realizadas por cada uno de los prestadores, esto es
expresada en el número de kilómetros efectivamente atendidos por cada uno de ellos,
declaración que se efectúa conforme a las precisas consideraciones y con los
alcances plasmados en este laudo. OCTAVO.- Declarar que, conforme a las precisas consideraciones incorporadas en la
parte motiva, durante la vigencia de la Resolución CRA 720 de 2015, las
instrucciones que en cumplimiento de su objeto social la sociedad PROCESADOR
DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S. da a la fiduciaria CREDICORP
CAPITAL FIDUCIARIA S.A. y/o a quien corresponda con base en las cuales se

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efectúa la liquidación para la distribución y el pago de los dineros recaudados vía
tarifas, que les corresponde como remuneración a los cinco (5) prestadores del
servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., por la prestación de las actividades de
limpieza urbana, la liquidación se debe efectuar en función de las actividades
efectivamente realizadas por cada uno de los prestadores. NOVENO.- Declarar que las instrucciones e información que en cumplimiento
indebido e inadecuado de su objeto social la sociedad PROCESADOR DE
INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S. da a la fiduciaria CREDICORP
CAPITAL FIDUCIARIA S.A. y/o a quien corresponda, con base en las cuales se
efectúa la liquidación para la distribución y el pago de los dineros recaudados vía
tarifas, que les corresponde como remuneración a los cinco (5) prestadores del
servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., en cuanto a las actividades de barrido y
limpieza de vías y áreas públicas, y de limpieza urbana, son actos o negocios
jurídicos al constituir manifestaciones de voluntad del ente social directa y
reflexivamente encaminadas a producir efectos jurídicos, de conformidad con los
términos y alcances señalados en la parte motiva. DÉCIMO.- Declarar, con los alcances y contornos señalados en la parte motiva, que
las instrucciones e información que en cumplimiento indebido e inadecuado de su
objeto social la sociedad PROCESADOR DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE
ASEO S.A.S. da a la fiduciaria CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. y/o a quien
corresponda, con base en las cuales se efectúa la liquidación para la distribución y el
pago de los dineros recaudados vía tarifas, que les corresponde como remuneración
a los cinco (5) prestadores del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., en
cuanto a las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, y de limpieza
urbana, se han producido desconociendo el concepto de “tarifa ciudad” o
"componentes ciudad". DÉCIMO PRIMERO.- Declarar, conforme a lo señalado en las motivaciones del laudo
y en los precisos términos indicados, la nulidad de las liquidaciones de la
remuneración efectuadas por CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. y/o a quien
corresponda, en virtud de las instrucciones impartidas por la sociedad
PROCESADOR DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S. y/o sus
accionistas. DÉCIMO SEGUNDO.- Condenar a la sociedad PROCESADOR DE INFORMACIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S. al pago de la suma de TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRECE
PESOS CON DOCE CENTAVOS ($36.940.516.013,12), que corresponde a la
totalidad de las sumas que PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. no recibió
con ocasión de las liquidaciones y distribuciones efectuadas en contravía de lo
dispuesto en la Resolución CRA 720 de 2015, condena que corresponde a lo
calculado entre los meses de marzo de 2018 y febrero de 2020. Esta condena deberá pagarse a favor de la Convocante por parte de la sociedad
PROCESADOR DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S. dentro de los
diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este laudo. DÉCIMO TERCERO.- Condenar a la sociedad PROCESADOR DE INFORMACIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S. al pago de la cantidad de dinero que corresponda a
la totalidad de las sumas que PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. no
recibió con ocasión de las liquidaciones y distribuciones efectuadas en contravía de lo
dispuesto en la Resolución CRA 720 de 2015, entre los meses de marzo de 2020 y
octubre de 2021, para lo cual seguirá estrictamente la metodología aplicada por el
perito Julio Ernesto Villarreal Navarro en el dictamen pericial aportado en este
proceso y de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia, en los estrictos
términos y por las razones expuestas en este laudo arbitral. DÉCIMO CUARTO.- Condenar a la sociedad PROCESADOR DE INFORMACIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S. al pago a favor de PROMOAMBIENTAL DISTRITO
S.A.S.

E.S.P., de los intereses comerciales de mora, a la más alta tasa vigente,

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liquidados sobre la anterior suma de dinero desde la ejecutoria de este laudo y hasta
que se produzca su pago total.
DÉCIMO QUINTO.- Condenar a la sociedad PROCESADOR DE INFORMACIÓN
DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S. a pagar a favor de PROMOAMBIENTAL
DISTRITO S.A.S. E.S.P., la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS ($1.595.279.989), por concepto de costas, conforme a la liquidación
incorporada en la parte motiva.
(…)

2.4.5.1.6. El Tribunal de Arbitraje consideró que la controversia planteada por las
partes gira en torno a determinar si las liquidaciones que realiza Proceraseo y la
consecuente información que envía a la fiduciaria para el pago de los prestadores del
servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., accionistas de la sociedad, se
han realizado correctamente, para lo cual afirmó lo siguiente:

En síntesis, la disputa está centrada en la comprensión y aplicación de una de las
variables de la ecuación mediante la que se construye el Recaudo Base de
Remuneración del Concesionario (RBR) en cada ASE, y que se halla prescrita en el
Numeral 3 del Anexo 5 de la Licitación Pública UAESP No. 002 de 2017, denominado
ESQUEMA FINANCIERO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. En efecto, es la
variable RT (Recaudo Total del ASE) la que ocasiona lecturas y comprensiones
diferentes entre las convocadas y la convocante, toda vez que, las primeras
comprenden que el recaudo y destinación de los recursos tarifarios en cada ASE
constituye de manera absoluta su remuneración, mientras que la Convocante
comprende que los ingresos tarifarios que se recaudan en cada ASE obliga a
distinguir la fuente tarifaria de cada una de las actividades y componentes, según se
trate de las actividades de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos que tienen
una connotación meramente de zona o individual, o de actividades colectivas como
son las de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas y las de Limpieza Urbana.

Resalta el Tribunal que la controversia no está referida a la legalidad de la fórmula de
remuneración contenida en el Anexo 5 - Reglamento Comercial y Financiero referido,
aspecto no solicitado por la Convocante y sobre el cual el Tribunal carece de
competencia, sino en la forma como dicha fórmula se ha ejecutado, como actividad
comprendida en el objeto social de PROCERASEO

2.4.5.1.7. Respecto al recaudo total del área de servicio exclusivo – ASE-, el Tribunal
precisó el desacuerdo que sobre este aspecto expresaron las partes y, para el
efecto, indicó:

Es la variable RT (Recaudo Total del ASE) la que ocasiona lecturas y comprensiones
diferentes entre las convocadas y la convocante, toda vez que las primeras
comprenden que el recaudo y destinación de los recursos tarifarios en cada ASE
constituye de manera absoluta su remuneración, independientemente de lo
establecido en cuanto a los precios techos de las fórmulas tarifarias, al considerar que
estos aplican frente al suscriptor pero no para efectos de remuneración, y, la
segunda, comprende que ese recaudo total no es absoluto, sino que para tales
efectos es perentorio considerar conforme a la regulación tarifaria y remuneratoria

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que rige la contratación (esto es la Resolución CRA 720 de 2015 en concordancia con
los criterios y principios tarifarios que contiene la Ley 142 de 1994 y la verificación de
motivos verificada por la CRA mediante Resoluciones CRA 786 y 797 de 2017) que
los ingresos tarifarios que se recaudan en cada ASE obliga a distinguir la fuente
tarifaria de cada una según se trate de las actividades de Recolección y Transporte
de Residuos Sólidos que tienen una connotación meramente de zona o se trate de las
actividades colectivas del servicio de carácter colectivo que tienen una connotación
de ciudad como son las de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas y las de
Limpieza Urbana. Bajo esta última lectura y comprensión, afirma la Convocante, que
en ningún caso los prestadores y concesionarios del servicio resultan sobre-
remunerados o remunerados por actividades que no realizan, y se respeta el precio
techo tarifario regulado para cada actividad y a los precios ofertados en la Licitación
Pública UAESP No. 002 de 2017, incluyendo debidamente el DCM (Descuento del
Costo Máximo) para el caso de las actividades de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas
Públicas.

Una vez puesto de presente el régimen de regulación tarifaria para la prestación del
servicio público de aseo y de resaltar la imperatividad que las disposiciones que
sobre la materia expide la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico, en especial la Resolución CRA 720 de 2015 y los criterios de eficiencia
económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad
y transparencia previstos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, y con fundamento
en el acervo probatorio, concluyó que:

En efecto, debe anotarse que la Convocada ha entendido de manera incorrecta la
variable RT de la fórmula contenida en el Anexo No. 5 – Reglamento Comercial y
Financiero, al establecer que la misma dispone que los concesionarios se deben
remunerar con el recaudo exclusivo de los ingresos pagados por los suscriptores de
su Área de Servicio Exclusivo.

Este entendimiento es equivocado, porque desconoce que el mismo Anexo No. 5 –
Reglamento Comercial y Financiero indica que la liquidación se hará por
componentes, lo que impide generalizar que, como los componentes CRT, CBLS y
CLUS están unidos en el concepto RT, todo el RT comprende la tarifa pagada por la
zona, como se hace en el CRT.

El entendimiento correcto de la fórmula, es aplicarla siguiendo la directriz establecida
en el Anexo No. 5 – Reglamento Comercial y Financiero, que indica que debe tenerse
en cada componente, situación que obliga a tomar para las actividades colectivas la
tarifa ciudad y para las individuales las pagadas por los suscriptores del ASE.

Se reitera entonces que únicamente bajo esta comprensión y aplicación correcta de la
variable en cuestión se cumple de manera armónica con los demás documentos
contractuales que la rigen bajo la premisa de que a los concesionarios se les
remunera por componentes y actividades efectivamente prestadas y a los precios
ofertados, sin que en ningún caso se pueda superar el precio techo tarifario
regulatoriamente establecido como lo prevé efectivamente la Resolución CRA 720 de
2015 en armonía con la Ley 142 de 1994.

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Y es que, no puede pasar por alto el Tribunal que la aplicación de la fórmula bajo la
lectura propuesta por la Convocada desconoce i) los precios techo que son de
obligatorio cumplimiento y que no pueden modificarse por las partes por expresa
disposición legal, y, ii) se aleja de los precios propuestos por cada prestador en su
oferta. En efecto, encuentra el Tribunal -con apoyo en los documentos anexos al
Dictamen del Perito JULIO ERNESTO VILLAREAL NAVARRO- que, al aplicar la
fórmula bajo la lectura de la Convocada, se tiene como resultado una sobre
remuneración de algunos prestadores, en la medida en que reciben varias veces el
precio techo con descuento que ofertaron, mientras que otros reciben menos de ese
precio techo con descuento ofertado.

Por el contrario, la lectura de la variable RT por componentes, permite que cada
prestador reciba el monto que ofertó, lo cual a todas luces guarda armonía con el
régimen regulatorio y la naturaleza de toda la operación.

(…)

En conclusión, ajustar la distribución de los recursos de la prestación de las
actividades de barrido y limpieza, de acuerdo con los kilómetros totales en los que
cada prestador desarrolla la actividad no está modificando la tarifa final al usuario en
ninguna de las ASE, ni los montos recaudados por este concepto, pero el ajuste sí
garantiza que el mecanismo de distribución permita que la remuneración recibida por
cada concesionario corresponda efectivamente a las actividades que cada uno
desarrolló y a cubrir los costos en que incurrió para el cumplimiento de las
actividades, situación que le reafirma al Tribunal que la lectura de la variable RT que
realiza la Convocada es errada.

La Licitación número UAESP – LP – 02 – 2017 de la UAESP no contempló traslado
de excedentes de un área a otra. Aclara el Tribunal que no se trata de hacer ajustes
entre Áreas de Servicio Exclusivo, ni de compensar superávits de un área con déficits
de otras, ni tampoco de compensar pérdidas de un área deficitaria con las de un área
eficiente, se trata de la correcta aplicación de la fórmula de remuneración, como fue
convenida para ser liquidada por la sociedad PROCERASEO, de distribuir
correctamente los recursos, sin que existan excedentes para repartir y cuya
repartición no previó el contrato. En otros términos, el sistema concebido,
correctamente aplicado, no genera ningún desequilibrio, lo cual para el Tribunal
guarda armonía con lo dispuesto sobre no compensación de excedentes entre áreas.

(…)

Así, cuando en la distribución de los recursos se desconoce que los costos asociados
a la actividad de barrido y limpieza están relacionados con el número de kilómetros; y
por el contrario, la distribución de la remuneración se realiza a partir del número de
usuarios de cada ASE, se está violando el principio de suficiencia financiera, pues se
impide al prestador recuperar sus costos, en los términos en los que previó esa
recuperación, que no es otro distinto al precio techo con descuento que se ofertó.

2.4.5.1.8. El árbitro Felipe Cuberos de las Casas, a través de salvamento de voto, se
apartó de la decisión contenida en el laudo arbitral del 8 de noviembre de 2021 y,
para el efecto, analizó los siguientes aspectos:

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(…) (i) la interpretación de la fórmula con base en la cual se hace la liquidación,
distribución y pago de los dineros recaudados vía tarifas que les corresponde como
remuneración a los cinco (5) prestadores del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá
D.C., en cuanto a las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, y de
limpieza urbana, junto con las consecuencias derivadas de tal interpretación y (ii) la
naturaleza y alcance de la actividad de liquidación de la remuneración
correspondiente a los concesionarios del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá,
D.C, junto con las consecuencias derivadas de tales naturaleza y alcance.

2.4.5.1.9. El 23 de noviembre de 2022, el Tribunal de Arbitraje, negó la solicitud de
corrección del laudo arbitral formulada por la convocante y expidió laudo
complementario en el que resolvió:

PRIMERO.- ADICIONAR o COMPLEMENTAR el numeral décimo segundo del Laudo
Arbitral proferido y leído el día 8 de noviembre de 2021, de acuerdo con la solicitud
formulada por la parte Convocante.

SEGUNDO.- En consecuencia, el referido numeral décimo segundo, quedará así:

“DÉCIMO SEGUNDO.- Condenar a la sociedad PROCESADOR DE
INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO S.A.S. al pago de las siguientes
cantidades de dinero:

12.1.- A la suma de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA
MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRECE PESOS CON DOCE
CENTAVOS ($36.940.516.013,12), que corresponde a la totalidad de las
sumas que PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. no recibió con
ocasión de las liquidaciones y distribuciones efectuadas en contravía de lo
dispuesto en la Resolución CRA 720 de 2015, condena que corresponde a lo
calculado entre los meses de marzo de 2018 y febrero de 2020, por concepto
de barrido y limpieza de vías y áreas públicas o CBLS.

12.2.- A la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS MIL DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y
DOS CENTAVOS ($2.279.400.016,92), que corresponde a la totalidad de las
sumas que PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. no recibió con
ocasión de las liquidaciones y distribuciones efectuadas en contravía de lo
dispuesto en la Resolución CRA 720 de 2015, condena que corresponde a lo
calculado entre los meses de marzo de 2018 y febrero de 2020, por concepto
de limpieza urbana o CLUS.

Esta condena deberá pagarse a favor de la Convocante por parte de la
sociedad PROCESADOR DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO
S.A.S. dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este laudo.”

TERCERO.- En lo demás, el Laudo Arbitral se mantiene.

2.4.5.1.10. Los concesionarios Limpieza Metropolitana S.A.S. E.S.P., Ciudad Limpia
Bogotá S.A.S. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital

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S.A.S. E.S.P., interpusieron por separado, recurso extraordinario de anulación contra
el laudo arbitral del 8 de noviembre de 2021 y el laudo complementario del 23 de
noviembre de 2021.

Dichos recursos de anulación coinciden en alegar la falta de competencia del
Tribunal de Arbitraje y la omisión en la vinculación de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos —UAESP—, como causales de nulidad de las
mencionadas decisiones arbitrales.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

La Corte Constitucional en reciente pronunciamiento,8 examinó la procedencia del
recurso extraordinario de anulación previsto en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012 9
contra el laudo arbitral y, en ese sentido, consideró que este es un instrumento de
defensa judicial al cual debe acudirse para estimar superado el requisito de
subsidiariedad, salvo que se acuda al amparo constitucional como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Lo anterior en virtud a que la mentada acción constitucional no es un mecanismo de
defensa adicional dado que las partes no pueden acudir a ella una vez agotadas las
instancias judiciales ordinarias pretextando la afectación de un derecho fundamental,
excepto cuando esto en realidad haya ocurrido.

En apartes de la decisión se indicó lo siguiente:

(…)

Como se anotó en el acápite 2.1. de esta sentencia, en el caso de las acciones de
tutela contra laudos arbitrales, es preciso tener en cuenta que, en virtud de la renuncia
que hacen las partes a la aplicación de la justicia estatal, los medios de control de
esas decisiones tienen un alcance limitado o restringido. Por esto, no están diseñados

8
Sentencia T-131/21 del 7 de mayo de 2021, referencia expediente T-8.020.923, acción de tutela
instaurada por la Refinería de Cartagenera SAS contra el Tribunal de Arbitramento del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá conformado por los árbitros María Lugari
Castrillón, Jorge Gabriel Taboada Hoyos y Néstor Iván Osuna Patiño, magistrada ponente: Cristina
Pardo Schelesinger.
9
Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones.

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para revisar íntegramente la controversia resuelta por los árbitros, como podría ocurrir
si se tratara de una segunda instancia. Esto significa que, a través de aquellos, solo se
pueden invocar aspectos formales o de orden procesal.

Conforme a lo anterior, los laudos arbitrales únicamente pueden ser atacados mediante
los recursos extraordinarios de anulación —en materia laboral, civil, comercial y
contencioso administrativa— y de revisión, contra la sentencia que resuelve el recurso
extraordinario de anulación.

(…)

Igualmente, se señaló que en la sentencia SU-081 de 202010, la Sala Plena explicó
que este recurso tiene las siguientes características: i) es excepcional, por cuanto no
constituye una instancia adicional, lo que implica que el juez no puede pronunciarse
sobre el fondo de la controversia, ni calificar o modificar los criterios, motivaciones,
valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal de
arbitramento11; ii) es extraordinario, toda vez que la justicia arbitral es de única
instancia y el recurso solo puede ser interpuesto contra laudos debidamente
ejecutoriados y que han hecho tránsito a cosa juzgada; iii) es restrictivo, pues para su
sustentación solo se pueden invocar las causales que la ley prevé para el efecto, las
cuales excluyen la posibilidad de alegar motivos de invalidez distintos a ellas,
subsumir como parte de un vicio cuestiones de fondo o solicitar una revisión in
integrum de lo decidido; iv) es formal, ya que busca la corrección de errores
procesales (in procedendo) que comprometan la validez de las actuaciones, mas no
de errores sustanciales (in iudicando), con lo cual se respeta la decisión de las partes
de someter sus controversias a la justicia arbitral; y v) se sujeta al principio
dispositivo, en la medida en que es el recurrente quien, con base en las causales
legales, delimita el objetivo del recurso, por lo que al juez no le es dable interpretar lo

10
Con base en la jurisprudencia constitucional, la Sala encontró que la sentencia del Consejo de
Estado, por la cual se había denegado la nulidad del laudo arbitral atacado con base en la causal en
comento, no había incurrido en un defecto sustantivo. Al respecto, alertó sobre el hecho de que «la
misma alegación que se realizó ante el Consejo de Estado se propone ahora al juez de tutela,
desconociendo que el recurso de amparo no opera como un medio alternativo o adicional de defensa
judicial, lo cual se refuerza con el hecho de que no se cuestionó lo resuelto por el máximo Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, al momento de resolver el recurso de anulación propuesto.
Precisamente, para la citada autoridad, el laudo no fue proferido ni equidad, ni en conciencia, pues se
soportó en el examen del régimen jurídico aplicable al servicio público de televisión y tuvo en cuenta
el contrato de concesión, los pliegos de condiciones, la Resolución 429 de 1997 y el Acuerdo 003 de
2009. Por lo demás, se afirmó que el hecho de que la decisión se haya apartado de lo conceptuado
en el dictamen pericial, no significaba que el laudo haya dejado de ser en derecho, toda vez que
dicho medio probatorio se apreció en conjunto con las demás pruebas aportadas y recaudadas en el
proceso, de acuerdo con las reglas de la sana crítica».
11
Artículo 42 de la Ley 1543 de 2012.

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expresado por el recurrente para entender o deducir el alcance de la causal alegada
o inferir la invocación de causales distintas.

En el caso sub-lite, los accionantes, en especial la UAESP, formulan la acción de
tutela bajo el entendido de que el laudo arbitral del 8 de noviembre de 2021 vulneró
su derecho al debido proceso y se subsume en las causales de procedibilidad por
defecto orgánico y procedimental absoluto, debido a que la decisión se produjo sin
que hubiera sido vinculada como litisconsorte necesario, en razón a que fue el
órgano que llevó a cabo la Licitación Pública UAESP 002 de 2017 mediante la cual
se adjudicaron los contratos de concesión de prestación del servicio de aseo para el
esquema de área de servicio exclusivo ASE en la ciudad de Bogotá. Distrito Capital.

Igualmente, se señala que la vinculación al proceso arbitral también obedecía a la
necesidad de defender la legalidad de los actos administrativos que expidió en el
marco del reglamento comercial y financiero y la Resolución UAESP 027 de 2018,
las que, según lo afirma, fueron modificadas e interpretadas indebidamente con la
decisión arbitral.

La Sala avizora que los argumentos sobre los cuales las accionantes, en especial la
UAESP fundan su inconformidad con el laudo arbitral, no son del resorte de la acción
de tutela, sino que hacen parte del ámbito excepcional del recurso extraordinario de
anulación, y en ese orden de ideas, no corresponde al juez constitucional verificar
situaciones que deben ser examinadas en virtud del mentado recurso.

Las afirmaciones precedentes, no significan que la UAESP está legitimada para
incoar el recurso extraordinario de anulación o que se reúnen las exigencias
atinentes a la caducidad de la acción o las causales para su procedencia, 12 dado que

12
Ley 1563 de 2012. ARTÍCULO 40. RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN. Contra el
laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá interponerse debidamente
sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta
(30) días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración,
corrección o adición. Por secretaría del tribunal se correrá traslado a la otra parte por quince (15) días
sin necesidad de auto que lo ordene. Vencido aquel, dentro de los cinco (5) días siguientes, el
secretario del tribunal enviará los escritos presentados junto con el expediente a la autoridad judicial
competente para conocer del recurso.

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la conclusión sobre el particular, corresponde al juez de conocimiento; empero, lo
que resulta evidente, es que la acción de tutela no está llamada a desplazar el
análisis que debe llevar a cabo el operador judicial competente sobre las razones por
las cuales no se produjo la intervención de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos UAESP, vale decir, si ello obedeció a su propia omisión o a la de
los árbitros quienes consideraron que ello no era necesario.

A su turno, sobre la afectación de los derechos colectivos al medio ambiente sano, la
acción de tutela también se torna improcedente, en virtud a que no se cumplen las
condiciones para desplazar la acción de protección de los derechos e intereses
colectivos prevista en el artículo 144 del CPACA, las cuales se plasmaron por esta
corporación en la sentencia del 18 de noviembre de 2021,13 la que se transcribe en
los apartes pertinentes:

Conforme a lo expuesto, se evidencia que la presente acción de tutela no supera el
examen de procedencia requerido, pues las circunstancias traídas como fundamento
de la pretendida violación o amenaza de derechos fundamentales no dan cabida para
excluir de aplicación el requisito de subsidiariedad, toda vez que ellas no resultan
relevantes para pretermitir esta exigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia SU-1116 de 2001,
reiterada, posteriormente, en Sentencias T-197 de 2014, T-343 de 2015 y T-596 de

ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son causales del recurso de
anulación:1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La inexistencia, invalidez absoluta o inoponibilidad del
pacto arbitral.2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia.
3. No haberse constituido el tribunal en forma legal.
4. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de notificación o
emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad.
5. Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar
una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión
oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión.
6. Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del
vencimiento del término fijado para el proceso arbitral.
7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia
aparezca manifiesta en el laudo.
8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio
de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en
ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.
9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido
más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.
Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de
ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia.
La causal 6 no podrá ser alegada en anulación por la parte que no la hizo valer oportunamente ante el
tribunal de arbitramento, una vez expirado el término.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 11001-03-15-000-2021-06618-00
(AC), actor: Jesús David Suárez López.

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2017, entre otros, unificó los criterios materiales de procedencia de la acción de tutela
por perturbación de derechos colectivos:

Conexidad. Debe existir conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la
vulneración o amenaza del derecho fundamental, de suerte que “el daño o la
amenaza del derecho fundamental sea "consecuencia inmediata y directa de la
perturbación del derecho colectivo”].

Legitimación. El peticionario debe ser la persona directamente afectada en su
derecho fundamental, dada la naturaleza subjetiva de la acción de tutela.

Prueba de la amenaza o vulneración. La amenaza o vulneración a los derechos
fundamentales no debe ser hipotética, sino real, es decir, debe estar probada en el
expediente.

Objeto de la pretensión o efecto hipotético de la orden judicial. La orden judicial
del juez de tutela debe orientarse al restablecimiento del derecho fundamental
afectado y “no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su
decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza”.

Estos criterios materiales de procedencia tienen por objeto establecer pautas
relativamente precisas para determinar cuándo, a pesar de la alegación de una
violación de derechos colectivos, procede la acción de tutela.

Luego de la adopción de la Ley 472 de 1998 la Corte también estableció la
importancia de realizar en ese tipo de casos un juicio de eficacia de la acción
popular allí regulada.14 Se hace necesario entonces, que los jueces analicen los
casos sometidos a su conocimiento para determinar si la acción procedente es la
acción consagrada en la ley 472 de 1998, o la acción de tutela, pues ésta tiene que
conservar su naturaleza de mecanismo subsidiario al que debe recurrirse
únicamente cuando esté demostrado que, a través del ejercicio de la acción popular
no sea posible el restablecimiento del derecho fundamental que ha resultado
lesionado o en amenaza de serlo por la afectación de un derecho de carácter
colectivo. Para el efecto, entonces, se hará necesario demostrar que, pese a
haberse instaurado la acción popular, ésta no ha resultado efectiva para lograr la
protección que se requiere.

Conforme a ello, la Corte precisó la incidencia en el juicio de procedencia de la
acción de tutela para el amparo de derechos colectivos cuando su violación
implicara al mismo tiempo la afectación de derechos fundamentales. En esa
dirección sostuvo que la acción de tutela podría interponerse únicamente cuando, (i)
se verifica que con la acción popular no ha sido posible la protección solicitada o (ii)
se cumplen los requisitos para concederla como medio transitorio de protección.
Destacó además este Tribunal que “la acción popular se convertirá en el mecanismo
idóneo para lograr no sólo el restablecimiento del derecho colectivo, sino los
individuales que pueden resultar lesionados, como miembros de la comunidad
afectada”, es decir, que mediante la acción popular pueden protegerse –como ya se
ha señalado– no solo derechos colectivos, sino también aquellos fundamentales que
resulten lesionados a causa de la afectación de los primeros

14
En la actualidad acción de protección de los derechos e intereses colectivos prevista en el artículo
144 del CPACA,

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En síntesis, el aspecto relevante es que la acción de tutela no cumple con el requisito
de subsidiariedad consistente en que se hayan agotado los medios de defensa
judicial, por cuanto con el análisis de fondo: i) esta se asumiría como un mecanismo
de protección alternativo; ii) se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales; iii) se concentrarían en la jurisdicción constitucional
todas las decisiones inherentes a ella y iv) se propiciaría un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de la jurisdicción constitucional. 15

Es sabido que la exigencia que se echa de menos en el expediente busca evitar que
el instrumento tutelar se convierta en un mecanismo para reemplazar las
competencias que el ordenamiento jurídico ha previsto para impugnar las decisiones
judiciales ante las instancias ordinarias, pues en ello reside el carácter excepcional
de la vía de amparo.

Por ese motivo, de admitirse el estudio de fondo de las pretensiones formuladas en
la acción de tutela, fundadas en los aspectos que se detallaron en el acápite de los
fundamentos de hecho y de derecho, se desnaturalizaría el carácter excepcional de
la mentada vía de amparo.

2.5.1. Análisis del perjuicio irremediable

La Corte Constitucional en sentencia de reiteración de jurisprudencia T-318 de 2017
señaló las pautas para examinar la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, pese a la existencia de otro medio de defensa
judicial.

En ese sentido se indicó que esa corporación, ha expresado en forma reiterada:

i) Aun cuando la acción constitucional ha sido prevista como un mecanismo de
defensa judicial para la protección inmediata de los derechos fundamentales, la carta
política, le reconoce un carácter subsidiario y residual lo cual significa que solo es
procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de defensa a

15
Sentencia de la Corte Constitucional T-126-2019, magistrado ponente: José Fernando Reyes
Cuartas, sentencia del 12 de marzo de 2019, radicado: T-7.006.202

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los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se presente para evitar la
ocurrencia de este perjuicio.

ii) La acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado
al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar
cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los
derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y
objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una
conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos
señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se hace en concreto,
tomando en consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona,
eventualmente afectada con la acción u omisión.

iii) No puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la
acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o
complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que, al
afectado en sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico.

iv) La nota definitoria de subsidiaridad de la acción de tutela impone la obligación
al interesado de desplegar todo su actuar para poner en marcha los medios
ordinarios de defensa consagrados en el ordenamiento jurídico y así lograr la
protección de sus derechos fundamentales. De ahí que, para acudir a la acción de
amparo el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y
procedimientos ordinarios porque la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de la acción constitucional.

v) La jurisprudencia constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela:

vi) La primera está consagrada en el artículo 86 constitucional al indicar que aun
cuando existan otros medios de defensa judicial, la tutela es procedente si con ella
se pretende precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

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vii) La segunda, está prevista en el artículo 6 el Decreto 2591 de 1991, cuando
señala que también procede la acción constitucional cuando el mecanismo ordinario
de defensa no es idóneo, ni eficaz para la protección inmediata y plena de los
derechos fundamentales, caso en el cual emerge como mecanismo definitivo de
protección.

viii) En cuanto al primer supuesto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
precisado que únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable cuando,
de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea: (a) cierto e inminente
–esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una
apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien
o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el
afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable
su prevención o mitigación para evitar que se consuma un daño antijurídico en forma
irreparable.

ix) Conforme a estos criterios, la Corte ha conceptualizado el perjuicio
irremediable, así:

x) De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio irremediable
se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal
magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo
por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen. Sobre las características
jurídicas del perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo siguiente:

xi) En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para
superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser

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impostergables, esto es, que correspondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.

xii) Asimismo, ese Tribunal, ha destacado que cuando se trata de esta hipótesis,
el accionante deberá acreditar: “(i) una afectación inminente del derecho -elemento
temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir
la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del
derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección
de los derechos en riesgo.

xiii) Ahora bien, en cuanto al segundo supuesto, que hace referencia a la
idoneidad del mecanismo de defensa judicial al alcance del afectado, se tiene que
este ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para
lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. La idoneidad del
medio judicial puede determinarse, según la Corte lo ha indicado, examinando el
objeto de la opción judicial alternativa y el resultado previsible de acudir a ese otro
medio de defensa judicial. Así, el juez constitucional deberá efectuar un análisis
particular del caso concreto, pues en este podría percatarse que la acción ordinaria
no permite resolver la cuestión en una dimensión constitucional o adoptar las
medidas necesarias para la protección de los derechos fundamentales afectados.

xiv) En síntesis, la acción constitucional no puede desplazar al juez ordinario y solo
subsidiariamente, en eventos excepcionales definidos por la jurisprudencia, aquella
puede invocarse para solicitar una protección transitoria, o una protección definitiva.
Cuando se invoca el perjuicio irremediable, el peticionario debe acreditarlo o aportar
mínimos elementos de juicio que le permitan al juez constitucional comprobar la
existencia de este elemento.

xv) Acorde con lo expuesto en precedencia, se puede indicar que, de acuerdo con
el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, esta resulta improcedente
cuando se utilice como mecanismo alternativo de los medios judiciales ordinarios de
defensa previstos por la ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios
judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será
procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los mecanismos y

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recursos ordinarios de defensa no resultan lo suficientemente idóneos y eficaces
para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o
amenazados; (ii) se requiere la protección constitucional como mecanismo
transitorio, pues, de lo contrario, el afectado se enfrentaría a la ocurrencia inminente
de un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial
protección constitucional.

2.5.2. El recurso extraordinario de anulación y la acción de protección de los
derechos e intereses colectivos

En el sub-lite, se aprecia que ninguno de los elementos expuestos ut supra se
invocan en el asunto, es decir, ni siquiera se expresa en el libelo introductorio la
procedencia del mecanismo transitorio dado que sin ninguna otra consideración,
se aduce que el laudo arbitral del 8 de noviembre de 2021 debe ser dejado sin
efectos por vulnerar derechos fundamentales.

Tampoco avizora la Sala que el juez constitucional deba desplazar el recurso
extraordinario de anulación, en razón a que los accionantes no aportaron los
mínimos elementos de juicio que le permitan al juez constitucional comprobar la
existencia del mecanismo transitorio debido a que no le es posible a esta
corporación determinar (i) que el recurso y la acción referida no resultan lo
suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos
presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) que se requiere la protección
constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el afectado se
enfrentaría a la ocurrencia inminente o próxima a suceder de un perjuicio
irremediable frente a sus derechos fundamentales; (iii) que sea grave es decir que
represente un detrimento sobre un bien significativo; (iv) que estén plenamente
acreditadas medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del
perjuicio, y que armonice con las particularidades del caso, y (v) que las medidas
sean impostergables esto es, que correspondan a criterios de oportunidad y
eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.

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Con fundamento en lo expuesto, como tampoco se ofrecieron al juez constitucional
factores que permitan establecer la falta de idoneidad de los mecanismos judiciales
al alcance, y no se tienen elementos para inferirlo, no es dable, para el caso en
concreto, examinar la vía de amparo como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto contra el laudo arbitral
del 8 de noviembre de 2021, emitido por el Tribunal de Arbitraje, Centro de
Conciliación y Arbitraje ante la Cámara de Comercio de Bogotá integrado por los
árbitros Juan Carlos Expósito Vélez, Héctor Mauricio Medina Casas y Felipe
Cuberos de las Casas no se cumple con el requisito de subsidiariedad consistente
en que se hayan agotado los medios de defensa judicial y tampoco se reúnen las
exigencias para que proceda la vía de amparo como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela promovida por Bogotá,
Distrito Capital, Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP— conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Segundo: Si no fuere impugnada remitir el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

M.E.C.G

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